Empresas transnacionales e integración en América Latina y el Caribe: principales problemas y perspectivas (página 2)

Otra desventaja que la CEPAL encontraba para este proceso, era la deficiencia tecnológica de las industrias latinoamericanas y el alto costo de mantenerse actualizado y de tener acceso a ella. A partir de este análisis plantea que es preciso contar con la participación de las empresas transnacionales, como medio imprescindible para el acceso de la industria nacional al desarrollo tecnológico. No obstante el Estado debía orientar, controlar y regular las actividades de estas empresas, de manera que sus actividades se orientaran a determinados sectores de la economía. Probablemente este factor de transferencia tecnológica, es el más importante dentro del modelo de desarrollo.

Como complemento, la propuesta contemplaba la integración del mercado latinoamericano, ya que esta ofrecería a las nuevas industrias un mercado ampliado y, a su vez, a través de la coordinación de políticas entre los países integrados, se protegería las economías de la región de la IED.

Los acuerdos de cooperación e integración que se crearon tenían una gran amplitud temática, los que iban desde los aspectos comerciales, hasta los aspectos financieros, fiscales y de inversión extranjera; también incluían trato preferencial a países de menor desarrollo, entre otros aspectos. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC dio grandes aportes en este último aspecto, al estructurarse un sistema de trato diferenciado para los países de la región que pertenecían al acuerdo.

El Pacto Andino en ese momento, creó un novedoso y amplio sistema institucional que incluía órganos supranacionales, a través de las cuales fue posible la adopción de un grupo de decisiones importantes: la Decisión 24 que estableció un "Régimen común para el capital extranjero", la Decisión 49, acerca de "Políticas de Armonización Industrial", la Decisión 46, sobre "Políticas del Tratamiento del Capital Subregional" y la Decisión 47, sobre "Las Corporaciones Multinacionales Andinas".

Sin embargo este modelo de industrialización encontró su principal opositor en Estados Unidos, ya que este no estaba interesado en el desarrollo de América Latina, y el tipo de integración que deseaba para esta región era el que le garantizara la apertura a su comercio y a sus inversiones. Consideró que el control y regulación que realizaría el Estado sobre las empresas transnacionales y la IED, obstaculizaban su camino y, por lo tanto, negó a América Latina los recursos económicos que esta requería según las necesidades del propio modelo, y a su vez mantuvo las condiciones favorables que requerían sus grandes empresas para la inversión en la región.

Para la década de los 60 este modelo en América Latina había dado algunos resultados en el sector industrial y se había convertido en el motor de la economía de los países más grandes y crecía en importancia en el resto de la región. Sin embargo las importaciones de bienes de capital habían aumentado considerablemente, lo que afectó la balanza de pagos. Paralelamente a estos sucesos, en esta década aparece la "teoría de la dependencia", cuyos adeptos afirmaban que el subdesarrollo de la región no se debía al modelo de desarrollo, sino que era una consecuencia del desarrollo del sistema capitalista en su conjunto. La Revolución Cubana es partidaria de esta teoría y además aporta una nueva forma de analizar y buscar soluciones a los problemas de América Latina y el Caribe.

A su vez Estados Unidos, con el objetivo de disminuir el ejemplo cubano para Latinoamérica ante el temor de su gran influencia en la región, lanza en 1961 el programa conocido como "La Alianza para el progreso", el cual se basaba en que supuestamente a través del desarrollo del llamado Tercer Mundo, se podría enfrentar la amenaza que representaba Cuba para sus intereses. Este programa estaba de acuerdo con el modelo de industrialización, con respecto a la necesidad de inversión extranjera directa y entonces destina para la región 20.000 millones de dólares en un plazo de 10 años. Sin embargo a mediados de la década, debido a la complicada situación política interna de Estados Unidos, los malos resultados en Vietnam y la inestabilidad del Tercer Mundo, la ayuda económica estadounidense se alejó del desarrollo económico de América Latina y se concentró en la guerra.

Con este panorama se hace un rediseño del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en donde se detectan varios aspectos que afectaban el proceso: era necesario reorientar la industrialización hacia los sectores de las manufacturas y los bienes de capital para equilibrar la balanza de pagos, ya que el problema no estaba solo en el aumento de las importaciones sino también en la falta de dinamismo de las exportaciones, unido a un deterioro de los precios de intercambio comercial. Por lo tanto se determinó que se debían diversificar los mercados destinos, para aumentar las exportaciones de manufacturas y defender las relaciones de precios de intercambio.

América Latina no contaba con otra alternativa para acceder a la tecnología que requería para aplicar el modelo de desarrollo, que acceder a las empresas transnacionales, como "núcleos de irradiación tecnológica"; pero "el control monopólico que ejercen estas empresas sobre este factor y su "transferencia" al Tercer Mundo, refuerzan la dependencia que han sufrido nuestros países de los centros capitalistas de poder".

Con la premisa de la estimulación y el fomento a las exportaciones, se consideró que estas empresas transnacionales podrían contribuir a esta tarea junto al proceso de integración. Se planteaba que un proceso integracionista regional fomentaría aún más la industrialización nacional, gracias a la especialización y los mercados ampliados y a su vez, esta podría hacer frente a la industria extranjera combinándose con ella. El proceso integracionista debía entonces fomentar también la investigación que condujera a un desarrollo tecnológico adecuado y eficiente.

Sin embargo las empresas transnacionales utilizaron los procesos de integración en la misma medida en que contribuían a sus intereses. La implantación de este tipo de empresas en Latinoamérica y el Caribe operó con bastante rapidez: la tasa de expansión de las ventas de las subsidiarias fue muy superior a la tasa de expansión del producto nacional.

Junto a la expansión acelerada de las empresas transnacionales y una nueva etapa en la sustitución de importaciones en Latinoamérica, comienza una fase de desnacionalización y sucursalización de la industria latinoamericana. "El mundo se encontraba en una nueva modalidad del modelo centro-periferia, en donde ocurría un redimensionamiento de la división internacional del trabajo, en el que los oligopolios manufactureros transnacionales se convertían en sus agentes principales". Esto traería consecuencias considerables, ya que promovía y perpetuaba el carácter monoexportador que se quería detener. Las empresas transnacionales aumentarían el problema de la deuda externa y la integración; tal como estaba diseñada, podía eliminar la empresa privada nacional al favorecer la industria extralatinoamericana, y desaparecer la protección con la que debía contar.

Es así como en está década la IED en América Latina aumentó considerablemente; nuevas empresas transnacionales se incorporaron a la región para ocupar las principales posiciones en la producción de bienes manufacturados e intermedios. Sin embargo fue una desilusión, ya que con frecuencia el capital se reunía a nivel local; muchas inversiones representaban la adquisición de una firma ya existente y no habían garantías de que el vendedor fuera a reinvertir el producto de la compra en el mercado local; además las inversiones más importantes en el sector de las manufacturas, se realizaron en los países desarrollados, y en los países subdesarrollados se dirigió fundamentalmente a la industria extractiva, principalmente el petróleo.

El periodo de la década de los años 70 se caracterizó por ser un periodo de inestabilidad financiera, de bajo crecimiento de los países industrializados y aumento de la inflación, además de la crisis del petróleo de 1973, que puso fin a la "edad dorada" y favoreció el aumento considerable de la deuda externa de los países latinoamericanos. Estados Unidos era principalmente en esta época un inversor en el extranjero más que un exportador de manufacturas; las empresas transnacionales radicadas en este país realizaron la mitad de estas inversiones y los principales receptores de estas inversiones eran los países subdesarrollados más grandes considerados menos pobres, dentro de los cuales se encontraban Brasil, México y Argentina. El valor de las inversiones extranjeras directas en 1971 en el mundo subdesarrollado era de 40.000 millones de dólares, mientras que las inversiones en los países desarrollados llegaban a 95.000 millones de dólares.

En esta época la participación de los países subdesarrollados en las exportaciones mundiales de manufacturas había aumentado de manera sensible, lo que coincidía con el plan de industrialización y desarrollo de la región latinoamericana para superar el subdesarrollo y acceder a nuevas tecnologías. Sin embargo la relación que existía entre este proceso de industrialización y las empresas transnacionales, comprueba que se les impone a los países de la región una nueva forma de dependencia para convertirlos en exportadores de manufacturas simples, en medio de un sistema de transnacionales de producción y comercialización, en tanto continúan importando bienes de capital.

En la década de los 70 la penetración de las empresas transnacionales en la industria manufacturera latinoamericana era muy marcada, ya que correspondía entre el 30% y 40% de la producción total en los países más grandes.

En cuanto a los productos básicos, el grado de control ejercido por las empresas transnacionales sobre la comercialización es impresionante. De hecho, todo el comercio internacional de productos primarios exportados por los países subdesarrollados, era dominado por las trasnacionales en este periodo.

La orientación hacia el mercado local fue más acentuada en los países de mercado interno más amplio, como fueron los casos de Argentina, Brasil y México, que realizaban las tres cuartas partes de la producción industrial de la región y en donde las ventas locales llegaron a constituir entre el 80% y 95% de las ventas totales de las firmas transnacionales radicadas en esos países.

A pesar de la preferencia por los mercados internos de los países miembros de la ALALC, el valor de las exportaciones de las empresas transnacionales fue superior al de las exportaciones de las empresas latinoamericanas, es decir las empresas transnacionales desde el principio, aprovecharon en toda la amplitud de la palabra los acuerdos de integración latinoamericana, se beneficiaron de las ventajas que le daban a la industria local, instalándose en cada uno de los países de la región y realizando un comercio intrafirma, dándole la apariencia de comercio intraregional entre países soberanos.

El dinamismo de la inversión extranjera directa aumentó en la década de los 80, los flujos de la IED se duplicaron, principalmente entre los países desarrollados. Estados Unidos se consolidó como el mayor receptor y emisor de capitales del mundo en los años 80. En estos años, el 66% de las entradas de inversión extranjera directa se concentró en 10 países, mientras que 100 países recibieron tan solo el 1%.

En la década de los ochenta, con la crisis de la deuda de los países subdesarrollados, el fomento de las inversiones extranjeras directas era más factible que los créditos proporcionados por los bancos y por tanto cambia la percepción de las inversiones y con ello las políticas de los países latinoamericanos, que terminaron por orientarse definitivamente hacia la liberalización de las economías y promoción de los flujos de inversiones, dejando cada vez más a un lado las regulaciones y controles a que eran sujetas como parte de la política de desarrollo de la región. En el periodo 1980-1985, según la UNCTAD, las inversiones extranjeras directas fueron de 50.000 millones de dólares como promedio anual y entre 1986-1990 aumentaron en 115.4 mil millones de dólares.

En contraste con el avance del neoliberalismo y el auge de la inversión extranjera directa que era parte importante del nuevo modelo, en la década de los ochenta la integración presenta un estancamiento. En general el proceso de integración latinoamericano basado en la sustitución de importaciones resultó ser un fracaso, pues no logró los objetivos propuestos en términos de desarrollo industrial y complementación económica y comercial. Es entonces cuando La CEPAL hace una mezcla entre el modelo de "desarrollo hacia adentro" y la política neoliberal del FMI, para satisfacer los deseos norteamericanos y desarrolla el llamado "regionalismo abierto", que se muestra absolutamente dominado por las fuerzas de la política neoliberal, las empresas transnacionales y las privatizaciones masivas.

En la década de los noventa América Latina se convirtió en un centro de atracción para la inversión extranjera, debido a la apertura de mercados comerciales y financieros, los programas de privatización, así como la liberalización de las regulaciones y controles aplicados a las inversiones privadas; todo esto por supuesto, dentro del marco de las políticas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar el pago de la deuda externa y, por supuesto, el gran auge del proceso integracionista en la región, caracterizado tanto por los nuevos acuerdos firmados, como por las reformas de los ya existentes como es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Grupo de los 3 (G-3) para la primera categoría y la nueva Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la segunda.

Estos nuevos acuerdos de integración y las reformas a los ya existentes, estuvieron dentro del marco de las exigencias del neoliberalismo, que se caracterizaba principalmente por el reforzamiento del estrecho carácter comercial, ya presente desde los inicios del proceso integracionista; la irrupción de acuerdos comerciales bilaterales y, finalmente, el nacimiento de acuerdos entre países con niveles de desarrollo muy desiguales.

Los países, además de modificar sus leyes para dar garantías al capital extranjero, realizan acuerdos internacionales sobre inversiones, multiplicándose en particular los tratados bilaterales. Un resumen del número de países que en el mundo realizan cambios en materia de IED desde el año de 1991 hasta el año 2002 se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 1

La gran mayoría de los cambios son favorables a la IED. Los acuerdos entre países que se presentan como acuerdos comerciales, tienen un amplio capítulo en materia de inversiones, como en el caso del TLCAN, Comunidad Andina, MERCOSUR y el proyecto del ALCA. En el año 1997, 76 países establecieron tratados bilaterales sobre inversiones (TBI), muchos de ellos con países de su propia región, cantidad que disminuyó en los inicios de la década del 2000.

En el marco de los acuerdos y negociaciones entre la UE y países o grupos de países de América Latina (UE-México, UE-Chile y UE-MERCOSUR), los aspectos relacionados a las inversiones, ofrecen cada vez más derechos a las empresas transnacionales. Las cláusulas que liberalizan completamente la repatriación de las ganancias a las casas matrices, así como la prohibición de todo tipo de preferencia a los inversionistas nacionales, privan a los gobiernos de herramientas de regulación y de política industrial. De igual manera se prohíbe todo tipo de requerimientos de comportamiento que pueden condicionar la inversión, por ejemplo de parte de las autoridades locales o municipales para asegurarse que una inversión no afecte al medio ambiente.

Las Empresas transnacionales pueden obtener reparaciones financieras por cualquier medida política que traiga consecuencias negativas sobre sus actividades. Concretamente, hay una superioridad de los derechos de las ET a obtener sus ganancias sobre el derecho de las comunidades a proteger el medio ambiente, la salud pública o las condiciones laborales.

Los mecanismos de control, que generalmente han sido utilizados por los países receptores de la inversión de las empresas trasnacionales, son cuotas de exportaciones de bienes y servicios, obligatoriedad de cierto contendido nacional en los productos, establecimiento de preferencias nacionales en cuanto a compras a realizar dentro del territorio nacional donde se realiza la inversión, relacionar volúmenes de m con x, transferir tecnología y procesos de conocimiento a personas del territorio, entre otras; sin embargo los países que reciben la inversión se encuentran cada vez más imposibilitados para poner en práctica estos controles, debido a las diferentes exigencias que hacen las empresas trasnacionales. Un claro ejemplo son las ET en México que operan en el sector maquilador, en donde el 88% de los insumos que utilizan son importados, sin producir ningún beneficio al sector productivo mexicano y beneficiándose de la mano de obra barata de ese país.

A pesar del aumento de la IED en Latinoamérica en este periodo y lo que esto pudiera significar para la región en materia de desarrollo industrial y tecnológico, de diversificación de mercados y aumento de las exportaciones, es en esta década cuando se producen profundas crisis como la llamada ´"Efecto Tequila" en México, precisamente en gran parte debido al papel jugado por las empresas transnacionales, las cuales aplicaron acciones estratégicas para mejorar su participación en el mercado a nivel de bloques económicos, aprovechando las condiciones proporcionadas y de donde podemos decir que las formas y destinos de inversión extranjera son determinantes y que su aumento no necesariamente trae consigo beneficios.

Cabe preguntarnos ¿por qué si ya se contaba para estos años con la inversión extranjera directa y la integración regional como medios planteados por América Latina y el Caribe para garantizar su objetivo de desarrollo, este no ha podido ser alcanzado al nivel que requieren sus economías? La respuesta pudiéramos encontrarla en la naturaleza misma de la IED y la integración, que hasta este momento se ha dado en Latinoamérica; estos se han debido precisamente a las estrategias y políticas impuestas por las grandes potencias y por lo tanto están diseñadas para beneficiarlas y no son fruto de un proceso lógico y contundente con origen en el principal interesado en el desarrollo regional.

La inversión extranjera directa tiene beneficios potenciales si es manejada y controlada a través de políticas adecuadas que garanticen el desarrollo de la industria y el aumento de las exportaciones; es decir puede proporcionar acceso a nuevos recursos financieros, tecnologías y mercados. Sin embargo, América Latina se ha caracterizado por ser una región en donde la IED y las empresas transnacionales, pueden tener altos niveles de repatriación de beneficios, lo que disminuye las transferencias financieras reales, una región en donde el coste de los incentivos para atraer a los inversores es elevado y donde existe una gran evasión de impuestos. Por cada dólar de inversión extranjera, unos 30 centavos son repatriados mediante la transferencia de beneficios.

Como sabemos los economistas, no toda inversión es buena. En términos de desarrollo, una inversión de calidad transfiere formación y tecnología, y crea vínculos dinámicos con empresas locales. Buena parte de la IED no entra en esta categoría. En América Latina el aumento de la IED, ha ido acompañado por una reducción relativa de la capacidad de investigación y desarrollo, y por una creciente dependencia de la importación de tecnología. Por otra parte, la inversión de las empresas transnacionales genera un ingreso de divisas por concepto de exportaciones, pero genera mayores egresos por vía de ganancias remitidas, insumos importados, pago por tecnología e intereses. Los países subdesarrollados pagan 4 veces por el capital que reciben: primero por el pago de las importaciones cuando el capital entra en forma de maquinaria, equipos, etc; segundo por concepto de las ganancias remitidas al país de origen de las transnacionales; tercero por pago del precio de tecnologías, y cuarto por pago de la amortización y el servicio de la deuda.

Otras modalidades de gran relevancia de la inversión extranjera directa en América Latina en la década de los 90 y a las que se debe principalmente su gran aumento, son en primer lugar la adquisición de empresas ya existentes, ya fueran estatales o privadas; proyectos de reestructuración y modernización de las empresas extranjeras ya existentes en la región y nuevas inversiones relacionadas con modernización de las empresas estatales privatizadas. Como vemos son inversiones que no favorecen el desarrollo económico e industrial de la región.

En este periodo, la mayoría de los gobiernos de los grandes países de la región latinoamericana, entre ellos el de Carlos Menem de Argentina, Fernando Collor de Melo de Brasil y Ernesto Cedillo de México, pusieron en venta, a precio de remate, el patrimonio de sus países a través de las famosas privatizaciones.

Las empresas transnacionales encontraron en el MERCOSUR uno de los mercados más importantes, teniendo en cuenta que es un mercado amplio, y aprovechando la apertura y la desregulación en el sector de los servicios en Brasil y Argentina, ambos países miembros de este bloque; así como en Chile aumentaron significativamente la IED. Sobre todo se pudo observar este fenómeno a través de las fusiones y adquisiciones en forma de privatizaciones y concesiones en telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad, operación de aeropuertos y compras de empresas privadas nacionales en los servicios financieros y el comercio minorista.

En el Mercado Común Centroamericano (MCCA), las políticas gubernamentales de algunos países como es el caso de Costa Rica, han estado enfocadas a atraer IED de empresas que buscan expandir sus sistemas internacionales de producción integrada, especialmente en actividades de tecnologías sofisticadas. Las recientes firmas de tratados de libre comercio de Estados Unidos con países de esa subregión, favorecen también una mayor penetración del gran capital de ese país, lo que en la práctica resulta un atentado a los procesos integracionistas de la región.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es la región preferida por las empresas transnacionales que buscan acceso a los recursos naturales, principalmente el gas natural, el petróleo y la minería. Bolivia trató de atraer IED a través de su estrategia de desarrollo conocida como "Plan para todos", contentiva de un sistema de privatizaciones como el "Plan de capitalización" y un conjunto de regulaciones que paradójicamente se llamó "Ley Corazón", que buscaba canalizar la IED y establecer una especie de zona franca y exportar energía. Esta estrategia encajaba perfectamente bien con los intereses de las empresas transnacionales, de buscar recursos naturales y de apoderarse de las economías latinoamericanas.

México es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera directa; pudiera decirse que principalmente por dos razones fundamentales: en primer lugar por su participación en el Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos y Canadá, que garantiza el acceso de las empresas norteamericanas a su mercado, y en segundo lugar por su mano de obra abundante, eficiente y barata. Una muestra de ello son las corporaciones estadounidenses Ford y General Motors, las que instalaron plantas de ensamble de automóviles en México, con el objetivo de competir con los autos de producción asiática.

En el cuadro se presentan datos sobre el ingreso de IED a América Latina y el Caribe, excluidos los centros financieros, en el periodo 1991-2000. Se observan algunas tendencias. En primer lugar, la entrada de IED aumentó de un promedio anual de 20.200 millones de dólares en el período 1991-1995 a 70.600 millones en 1996-2000. América del Sur siempre ha recibido más IED que México y la Cuenca del Caribe, pero se incrementó de 8.400 a 17.500 millones de dólares.

Cuadro 2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INGRESO NETO DE IED POR SUBREGIÓN, 1991-2000 a

(En millones de dólares)

Fuente: La Inversión extranjera en América Latina y el Caribe. 2005

a No se incluyen los centros financieros.

b Promedio anual.

Gráfico 1

Fuente: Informe sobre la Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 1998. CEPAL

De acuerdo al país de origen de la IED, casi la totalidad de estas inversiones en América Latina y el Caribe para esta década, procedían de Europa y Estados Unidos. Si se consideran en particular los países de proveniencia de las inversiones, se advierte una predominancia de Estados Unidos. Sin embargo, existió un sostenido aumento de las inversiones europeas, que en 1997 llegaron al nivel de las estadounidenses; dentro de los países europeos sobresale España, seguida por el Reino Unido (véase el cuadro siguiente).

Cuadro 3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(Excluyendo los centros offshore). Salidas netas, en millones de dólares

Fuente: Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2000. SELA

Los flujos de inversiones europeas crecieron significativamente durante el decenio de 1990. Desde 1994 los mayores flujos son los de España y el Reino Unido. En 1999, el flujo de España aumentó sustancialmente por la compra de la principal empresa petrolera argentina (YPF) por la suma de 14.855 millones de dólares.

Para algunos países europeos, América Latina y el Caribe representan el principal destino de las inversiones fuera de la OCDE, en especial para Alemania, (60%), Países Bajos (55%) y Reino Unido (44%). Dentro de esos flujos, en 1995 y 1996, la industria manufacturera recibió el 82% de las inversiones británicas, el 81% de las holandesas, el 72% de las italianas y el 67% de las alemanas. Asimismo, con motivo de las privatizaciones, el sector de servicios ha recibido importantes  inversiones españolas y francesas. Por la aplicación de los acuerdos suscriptos por la Unión Europea con el MERCOSUR (diciembre de 1995), con Chile (junio de 1996) y con México (diciembre de 1997) las inversiones se intensificaron.

En el año 2000, una época en que los flujos de inversión extranjera directa mundial aumentaron un 21%, el grupo de países subdesarrollados recibió solo un 20% de los recursos totales, y de estos el 95% se concentró en Asia, América Latina y el Caribe; y los principales países destino en esta región fueron Argentina, Brasil y México. También en este año se observó una reducción de un 20% en la llegada de inversiones extranjeras directas a la región en comparación con el año anterior 1999, según el informe de la CEPAL del 2001. A lo largo de este año, Brasil y México recibieron un 60% de las entradas de capital de América Latina y el Caribe.

Sin embargo los países desarrollados en el 2001, recibieron el 71% de las entradas mundiales y el 82% de las salidas, concentradas en Estados Unidos, La Unión Europea y Japón. A esto se suma que el 90% de las 100 empresas transnacionales tenían su sede en estos tres centros de poder. Además en el año 2003 entre 500 y 600 transnacionales monopolizaban cerca del 80% de la producción y el comercio mundial.

El descenso continuó en el año 2002, el volumen de entradas de inversión extranjera directa alcanzó aproximadamente 534.000 millones de dólares que contrastan con los 735.000 millones de dólares del año 2001. Un factor importante que influyó en la disminución de los flujos de inversiones fue la desaceleración de la economía mundial, la disminución de la IED se debió en gran parte a la reducción del número de fusiones, adquisiciones y privatizaciones.

Cuadro 4

INDICADORES SELECTOS DEL CRECIMIENTO DE LA IED

Fuente: Expansión de las empresas transnacionales y profundización del subdesarrollo, p. 3 Gregorio Vidal

Con respecto a la disminución de las privatizaciones, esta no se debió a la buena voluntad de las transnacionales, sino a que la cantidad de empresas que podían ser compradas ya no eran tantas, por un lado, y por el otro a los diferentes cambios de gobierno y políticas en países de la región, que se habían caracterizado por ser grandes receptores de inversión extranjera directa por la vía de las privatizaciones, como es el caso de Brasil y el gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva, Argentina con Kishner y Venezuela con Hugo Chávez, que frenaron la venta del patrimonio nacional de estos países, lo que repercutió en el total de Inversiones en América Latina y el Caribe.

A pesar de este comportamiento en los inicios del nuevo milenio, las corrientes de IED hacia América Latina y el Caribe sumaron en el 2005, 68.046 millones de dólares, una cifra mayor en un 11% que la del año anterior, sin embargo este aumento fue de menor dinamismo que en otras regiones subdesarrolladas.

En el 2005 Estados Unidos se consolida como principal país inversionista en América Latina y el Caribe, al que corresponden cerca del 40% de las inversiones, en segundo lugar se encuentran los países bajos a los que les corresponde un 12% y en tercer lugar España, que ha sido rezagada por lo dos anteriores con una participación del 6%

En cuanto al destino sectorial de las entradas de inversión extranjera directa, aunque podemos ver un aumento de las inversiones en el sector de las manufacturas con una participación del 38% entre 2000 y 2005, el sector de los servicios sigue siendo de la preferencia de la IED con una participación en el total de las inversiones de un poco más del 50%. El sector de los recursos naturales cuenta con el 10% de la IED.

Con respecto al destino de las IED en el 2005, los países que resultaron más atractivos fueron México y Brasil. Colombia ha aumentado sus ingresos de inversión extranjera directa y Venezuela y Perú en menor proporción, también lo han hecho. Sin embargo de acuerdo al comportamiento de las corrientes de inversiones, América Latina continúa recibiendo cada vez una proporción menor; en lo que va de esta década ha recibido tan solo un 8% de la IED mundial, frente a un 10% en los años 90.

Gráfico 2

Gráfico 3

La Comunidad Andina de Naciones, excluida Bolivia, tuvo un incremento de la IED en el año 2005 de un 120% respecto al año anterior, lo que se puede explicar por los llamativos ingresos que tuvo Colombia, en gran parte debido a la venta de la cervecera Bavaria a Sab Miller. En el MERCOSUR este tipo de inversión durante este año, fue de 20.398 millones de dólares, un 10.3% menos que en 2004.

Las exportaciones de las mayores empresas transnacionales ubicadas en América Latina y el Caribe, representaron el 58% de las exportaciones totales de la región en el 2004. Sin embargo durante eL periodo 2000-2004 se presentó una disminución generalizada de la participación de las empresas transnacionales en las ventas y exportaciones en todos los sectores frente a la década anterior.

Gráfico 4

Fuente: La IED en América Latina y el Caribe 2005. CEPAL

Alrededor de un 85% de las ventas de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe se realizan en México, Brasil y Argentina, y por esto mismo, los resultados de estas empresas tienen una relación directa con la situación de estos países, lo que explicamos anteriormente.

Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron en 2004 en un 21% con respecto al año anterior. Los sectores en los que operan las 200 mejores empresas ubicadas en América Latina reflejan el patrón exportador de la región, es decir los recursos naturales, especialmente el petróleo, el gas y los productos mineros, a los que corresponde la mitad de las exportaciones de este grupo de empresas. Una menor proporción le corresponde a los productos agroindustriales, seguidos de automóviles. En lo que respecta a la propiedad de de estas compañías, las empresas estatales controlan la mayoría de las exportaciones del sector primario, aunque existen importantes empresas privadas. Las trasnacionales también están presentes sobre todo en el sector de las manufacturas de Brasil y México. Las mayores empresas exportadoras de la región, además de las petroleras estatales, son las filiales en México de las estadounidenses General Motors, Delphi, HewlettPackard, Lear y General Electric, y de las alemanas DaimlerChrysler y Volkswagen, así como las filiales en Brasil de Cargill y Bunge (Estados Unidos).

Cuadro 5

Fuente: LA IED en América Latina y el Caribe 2005. CEPAL

Las ventas consolidadas en América Latina y el Caribe de las 50 mayores empresas transnacionales no financieras, ascendieron a 259.000 millones de dólares en 2004, lo que supone un alza de un 12% respecto al año anterior.

Gráfico 5

Fuente: LA IED en América Latina y el Caribe 2005. CEPAL

La situación de América Latina y el Caribe ilustra el hecho de que, aunque la IED de las empresas transnacionales ha incrementado la productividad y las exportaciones (UNCTAD, 2002), no ha contribuido al desarrollo del sector interno, que es el responsable del crecimiento económico a largo plazo. La liberalización económica ha permitido a las empresas transnacionales explotar las capacidades y ventajas existentes en los países de la región con más libertad y sin ningún control, y por sí misma no han proporcionado oportunidades de crecimiento y mucho menos de desarrollo, ya que no existe un sector interno con la necesaria capacidad de absorción —determinada por el nivel de educación de la población, la formación de la mano de obra, la presencia de instituciones sólidas, una infraestructura física, científica y tecnológica adecuadas y un gobierno que proteja su industria nacional. Es decir "la burguesía industrializante no cumplió con su tarea de hacer cambios estructurales imprescindibles, ni defendió el mercado nacional ni regional de la penetración y dominio de las empresas transnacionales". Todos estos factores hicieron que América Latina y el Caribe no se beneficiara de la actividad de las empresas transnacionales. Los países de América Latina y el Caribe requieren de mejores políticas de IED, en el contexto de estrategias de desarrollo más coherentes, para obtener beneficios a largo plazo de la inversión de las empresas transnacionales.

La integración de América Latina y del Caribe, como instrumento del modelo de desarrollo para la región, ha venido fracasando en la medida en que ha permitido el dominio de las empresas transnacionales en sus procesos productivos y sus mercados, al abrirles las puertas eliminando todo tipo de restricción a la IED a través de los llamados "incentivos"; esto no es de extrañar si se tiene en cuenta la influencia que también han tenido las transnacionales y los respectivos centros de poder económico, en la concepción y diseño de la integración latinoamericana. Esto a su vez, ha hecho que el proceso de integración latinoamericano haya tenido varias características que no le han permitido que se den los resultados que necesita la región para su desarrollo económico y social:

• En primera instancia los países no han podido realizar los cambios estructurales necesarios para la implementación de los acuerdos de integración que permitan un avance real para las economías de la región; por ejemplo las reformas agrarias que se han dado en algunos países, han sido demasiado blandas y han permitido la "administración de tierras" como parte de la política neoliberal, y en otros ni siquiera ha habido una reforma.
• En segundo lugar la integración latinoamericana desde sus inicios, ha sido concebida meramente desde el aspecto comercial y, por lo tanto, sus avances han sido medidos por el crecimiento del comercio intraregional, lo que a la larga suele ser engañoso si tomamos en cuenta los análisis realizados, en los que pudimos encontrar que ese aumento del comercio intraregional se ha caracterizado principalmente por las ventas entre filiales de las empresas transnacionales, ubicadas en los diferentes países de las región y que se hace para evadir impuestos, pero que se reportan como exportaciones soberanas y aparecen como comercio internacional. "Las empresas transnacionales, haciendo uso de los acuerdos de integración, organizan sus procesos productivos de acuerdo a sus necesidades; producen espacios de competencia y permiten la exportación de manufacturas, aumentando ficticiamente las exportaciones".
• En tercer lugar la liberalización comercial y económica que se ha aplicado en los países miembros de los distintos acuerdos de integración, no ha tenido en cuenta suficientemente las diferencias entre ellos. Es decir no ha habido un trato diferenciado o preferencial sostenido y coherente, en consideración de los niveles de desarrollo de los países que hacen parte de un acuerdo. Por ejemplo, no se puede aplicar el mismo trato a Brasil que a Uruguay si hablamos del MERCOSUR. Ha habido una alta concentración de los beneficios de la integración en los países más fuertes, como consecuencia de la ausencia del trato preferencial. El diseño de integración del modelo neoliberal no contempla trato preferencial y propone las mismas políticas de compras gubernamentales, de inversión extranjera y de apertura comercial a países muy diferentes entre si.
• En cuarto lugar, los países de América Latina y el Caribe han fijado como destino de sus exportaciones el mercado Estadounidense, y todas sus estrategias comerciales se centran en lograr este objetivo, dejando de lado relativamente el mercado nacional y regional, lo que al final lleva a la marginalización de la región. Esto es fácil de corroborar cuando observamos la tendencia a la firma de TLC con el país norteño.
• Finalmente, la oleada de privatizaciones que ha sufrido toda la región como resultado de la aplicación del modelo neoliberal, ha afectado negativamente el proceso de integración, al despojar a los Estados de hacer política económica y de regular el funcionamiento de la economía en bien del propio Estado-nación.

Observando este panorama, queda preguntarnos ¿qué alternativas tiene América Latina y el Caribe para enfrentar a las empresas transnacionales, piezas clave del modelo neoliberal en la contemporaneidad, las que progresivamente se han ido apoderando de sus recursos naturales y humanos y que obtienen cuantiosas utilidades a costa de la desaparición de la industria doméstica que no puede competir con ellas; empresas que dominan el mercado y que no han cumplido básicamente su función de aportar al desarrollo de la región, a través de la inversión y la transferencia de tecnología?

Las empresas transnacionales latino caribeñas integradas

Es importante señalar que la integración de América Latina y el Caribe debe fomentar y contribuir al desarrollo económico-social de la región, y este "desarrollo debe ser liderado por la industria regional de propiedad latinoamericana, donde el Estado tenga una función más protagónica y dinámica".

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados anteriormente, Latinoamérica y El Caribe requiere de una integración que genere un verdadero desarrollo económico, social y político en la región; una integración diferente a la que hasta hoy a tenido, que tenga en cuenta cada una de sus necesidades y características para lograrlo, que no se reduzca solo al comercio, que no sea dirigida por Estados Unidos y sus empresas transnacionales y por lo tanto, que sea autónoma y soberana. Una integración que proteja su industria nacional y regional del capital transnacional, sin desconocer la importancia de la inversión extranjera directa regulada y controlada. Así que consideramos necesario crear una alternativa a las empresas transnacionales capitalistas, dentro del marco de una integración renovada, que tenga en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo de los países de la región y exista un trato especial y preferencial en dependencia de estas, que respete los principios de igualdad y de soberanía de los Estados, de no injerencia en los asuntos internos, la libre determinación y el derecho de cada Nación a decidir su sistema económico, político y social y que por supuesto genere desarrollo verdadero en América Latina y el Caribe.

La creación de Empresas Transnacionales Latino-caribeñas Integradas dentro del ALBA enfocadas a la integración renovada, como alternativa a las empresas transnacionales capitalistas de los países que son potencia, puede ser uno de los medios para generar el desarrollo socio-económico que requiere la región.

Las Translatinas: copia de las empresas transnacionales capitalistas

En América Latina y el Caribe surgieron las llamadas Empresas Transnacionales Latinoamericanas, conocidas como translatinas, las cuales pudieran entenderse como una alternativa originaria de la región a las grandes transnacionales de los centros de poder; sin embargo, al igual que ha sucedido con el proceso de integración, estas translatinas han estado basadas en los principios capitalistas y no han servido más que para beneficiar los intereses de las elites de las burguesías nacionales y de las grandes empresas de los centros económicos muy vinculadas a las primeras. Estas empresas provienen principalmente de cuatro países de la región: en primer lugar encontramos a Brasil y Argentina y luego a México y Chile.

Argentina, que ha sido pionera en este tipo de empresa, actualmente solo posee tres que han sobrevivido a las traumáticas experiencias de los años noventa. La inversión extranjera directa en Argentina se ha caracterizado por ser un fenómeno concentrado en un reducido número de industrias. En 1997, por ejemplo, durante el auge de estos flujos de capital, casi dos tercios de las inversiones directas en el extranjero de Argentina, correspondían a tres compañías: Pérez Companc, YPF y Techint (Kosacoff, 1999). En segundo lugar, muchas de estas compañías ya no existen en su condición de translatinas. De las mayores, dos de la industria de hidrocarburos, fueron posteriormente adquiridas por compañías extranjeras. La desnacionalización de las principales translatinas, así como la venta de participaciones importantes de capital o activos a otras compañías (Quinsa, Macri y Mastellone), es uno de los aspectos que definen la experiencia de Argentina.

Las principales translatinas brasileñas se especializan en recursos naturales o en manufacturas basadas en recursos naturales. Entre las diez principales translatinas brasileñas, seis eran previamente estatales (o aun con alguna participación gubernamental), lo que señala la influencia de las políticas públicas en su creación y desarrollo. Las translatinas brasileñas han evidenciado muchos de los problemas que han experimentado otros países de América Latina. En los últimos años, muchas empresas que se internacionalizaron (piezas de automóviles) fueron adquiridas por empresas extranjeras. La cervecera AmBev, que fue absorbida por una empresa transnacional, es el caso más reciente y significativo.

Las inversiones de las translatinas chilenas están concentradas —aparte de la energía eléctrica y los fondos de pensiones— en un pequeño número de actividades ligadas a los recursos naturales, los servicios y las manufacturas basadas en recursos naturales. Muchas han sido adquiridas por empresas trasnacionales cuando se extendieron demasiado o construyeron redes regionales que las hicieron muy atractivas (Enersis, Gener, Masisa, fondos de pensiones). Con todo, no hay empresas chilenas entre las principales empresas transnacionales de países en desarrollo.

El ALBA y la necesidad y posibilidad de nuevos tipos de empresas latino-caribeñas integradas

El ALBA como una propuesta de integración diferente, apunta a relaciones internacionales bajo principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, cooperación y sustentabilidad; es decir hacia un mayor equilibrio y equidad internacionales. El ALBA se diferencia de los otros pactos regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), porque pretende ir más allá del intercambio comercial y asentarse sobre nuevos valores y principios de relaciones entre las naciones. Hasta el momento, la CAN, el MERCOSUR y los acuerdos promovidos por Estados Unidos soslayan esos principios, para concentrarse en criterios estrictamente mercantilistas, como la competencia extrema y el ánimo de ganancia a cualquier costo.

El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones, que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio y considera que la integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de avanzar hacia niveles más altos de desarrollo, es el único mecanismo para satisfacer las necesidades de los pueblos latinoamericanos y caribeños, en medio de la creciente formación de grandes bloques regionales que ocupan posiciones predominantes en la economía mundial. Teniendo en cuenta estos aspectos, el ALBA ha iniciado el proceso de creación de órganos e instituciones -que bien pueden ser el antecedente de las Empresas Transnacionales Latino-caribeñas Integradas– que tienen por objeto contribuir a la transformación de las sociedades de la región, haciéndolas más justas, cultas, participativas y solidarias, y por ello se trata de un proceso integral que promueve la eliminación de las desigualdades sociales y fomenta el desarrollo, la calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos en la conformación de su propio destino.

En estado incipiente, estos órganos se ubican en sectores de la economía regional de gran importancia y sensibilidad que requieren de la completa atención de los gobiernos para fomentar el desarrollo Latinoamericano. A la vanguardia se encuentra PETROCARIBE, creado como órgano habilitador de políticas y planes energéticos, dirigido a la integración de los pueblos caribeños, mediante el uso soberano de los recursos naturales energéticos, en beneficio directo de la región. En tal sentido, PETROCARIBE se encarga de coordinar y gestionar lo relativo a las relaciones energéticas en los países signatarios del Acuerdo. Con el fin de garantizar el logro de los objetivos y dado el dinamismo y la complejidad de la materia energética, este organismo nace como una organización capaz de asegurar la coordinación y articulación de las políticas de energía, incluyendo petróleo y sus derivados; cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura energética, así como el aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la energía eólica, solar y otras.

Otro buen ejemplo de este tipo de organismos es también la recientemente creada TRANSALBA, órgano del sector del transporte marítimo y aéreo para facilitar las operaciones del comercio exterior que se genere entre los países que pertenecen al Acuerdo.

Consideramos que la creación de estos órganos, es la base fundamental para la formación de Empresas Transnacionales Latino-Caribeñas Integradas, que representen una verdadera alternativa para el desarrollo de la región. Estas empresas deben corresponder a las necesidades de Latinoamérica y estar fundadas en los principios de colaboración y reciprocidad, para ayudar a los países más débiles a superar sus desventajas; deben garantizar la más beneficiosa complementación productiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas existentes en los países de la región, ahorro de recursos, ampliación del empleo útil; todo dentro del marco de una integración que garantice el acceso a mercados sustentado en una verdadera solidaridad que potencie la fuerza regional y que proteja su industria de la acción dominante de las empresas transnacionales capitalistas

Estas empresas deben enfocarse a las áreas de mayor relevancia en las economías latinoamericanas, concentrándose en aquellos sectores de mayor competencia a escala internacional, de manera tal que les permita no solo competir con sus homólogas transnacionales de los centros capitalistas, sino además operar con éxito en el marco de las reglas impuestas por los organismos económicos y financieros internacionales, dominados por el gran capital transnacional.

Existen tres sectores que pueden considerarse esenciales para la construcción de empresas transnacionales latinoamericanas tipo ALBA, para contribuir al desarrollo económico y social integracionista de la región:

En primer lugar encontramos el sector energético. Uno de los proyectos más importantes en Estados Unidos es el que llama "Integración energética del hemisferio", para lo que el gobierno de ese país ha hecho énfasis en la creación de una asociación energética sólida e interdependiente en las Américas, que en la práctica considera la preocupante situación global con los energéticos de origen natural. Sin embargo este proyecto, bajo el enfoque que promueve el gobierno de ese país para éste continente, busca, ante todo, asegurar al Norte industrializado un acceso seguro a la energía requerida para el mantenimiento de los irracionales patrones de consumo energético que prevalecen en esa área. EE.UU. muestra un consumo per cápita de energía comercial que supera las 8 toneladas de petróleo equivalente (TPE) al año; mientras que América Latina y el Caribe, siendo una región exportadora neta de energía, sólo registra un consumo per cápita de energía comercial de 1.2 TPE anuales, según datos de Naciones Unidas para 1997.

Entre los atractivos energéticos de América Latina y el Caribe, cabe señalar que la región en su conjunto es exportadora neta de hidrocarburos. En esta zona se localiza el 11% de las reservas mundiales de petróleo y se produce cerca del 15% del crudo que se extrae a nivel internacional. Además, América Latina cuenta con cerca del 6% de las reservas internacionales de gas natural, grandes reservas de carbón mineral -suficientes para unos 288 años de explotación- y abundantes recursos renovables, como la hidroenergía de la que cuenta con casi 23% del potencial mundial.

En los últimos 30 años la región ha sido considerada, con más fuerza que nunca, como un área estratégica sobre todo para Norteamérica, debido a la cercanía geográfica y a la mayor estabilidad política en comparación con otras regiones exportadoras del área subdesarrollada, dígase por ejemplo el Medio Oriente. Además, se calcula que Latinoamérica cuenta con reservas suficientes para más de 33 años, mientras las reservas petroleras de EE.UU. apenas alcanzarían para unos 10 años, de mantenerse el nivel de extracción de los últimos años.

En medio de la compleja situación económica mundial y teniendo en cuenta el errático curso de los precios internacionales del petróleo en las últimas décadas, el desarrollo de la cooperación energética regional continúa siendo una alternativa para enfrentar los efectos de la crisis socioeconómica. Pero esta cooperación energética no es la diseñada por Estado Unidos cuyo único interés es saquear los recursos de Latinoamérica y el Caribe, sino aquella que esté dentro del marco de la integración regional basada en los principios de solidaridad y reciprocidad.

En el sector energético, podemos observar un avance con los proyectos de PETROCARIBE, PETROSUR, PETROANDINA. La integración latinoamericana y la creación de Empresas Latino-caribeñas integradas tipo ALBA en este sector, deben partir de las necesidades de la región y de sus pueblos, para poder contribuir al fortalecimiento de la soberanía y seguridad energética de Latinoamérica y el Caribe. La creación de estos órganos es una muestra del inicio del camino.

Este sector se ha caracterizado por el consumo desmedido de energía por parte de las naciones industrializadas, como parte del modelo de desarrollo históricamente seguido por ese grupo de países, conduciendo progresivamente a una abusiva y descarada explotación de las fuentes de energía de los países subdesarrollados, abocando al mundo a una crisis energética global. En esto han jugado un papel primordial las empresas transnacionales, que han contado con la ayuda de los acuerdos de integración, muchos de ellos des-reguladores de las inversiones extranjeras directas, permitiendo la explotación indiscriminada de los recursos.

No es casualidad que el gobierno de los Estados Unidos, uno de los que más se beneficia, esté controlado por intereses corporativos. De hecho, en el gabinete actual de la administración prima la presencia de ex directores de grandes transnacionales en las posiciones claves. El vicepresidente Dick Cheney, fue director de Halliburton, empresa de servicios petroleros más grande a nivel mundial, que mantiene grandes intereses y es conocedora de muchísima información sobre yacimientos de hidrocarburos, por ejemplo en Colombia; Condoleeza Rice, Secretaria de Estado, fue parte del directorio de Chevron Texaco, empresa que juega un papel clave en el control de yacimientos.

Las empresas latino-caribeñas de este sector, deben estar sometidas al estricto control de los gobiernos de los países latinoamericanos, quienes deben decidir sobre las políticas y procesos relacionados con los recursos energéticos, desde su extracción hasta su distribución, incluyendo la política de precios; es decir deben constituirse en empresas soberanas, lo que permitirá la redistribución justa y equitativa de energía y de recursos económicos en la región, bajo el principio de la complementariedad solidadria. Debe recordarse que el potencial energético de la región se encuentra muy desigualmente distribuido. Consecuentemente, las exportaciones latinoamericanas se concentran preferentemente en apenas cinco países (Venezuela, México, Ecuador, Trinidad-Tobago y Colombia) y dos de estas naciones (México y Venezuela) concentran alrededor del 86% de las reservas petroleras probadas de la región. La mayoría de los países latinoamericanos dependen básicamente de las importaciones de petróleo para el funcionamiento de sus economías y es por eso que es de vital importancia esa redistribución justa de la que hablamos.

En segundo lugar vemos el sector farmacéutico. Las grandes empresas transnacionales que trabajan con biotecnología en farmacéutica y agricultura, y que son las principales interesadas y destinatarias comerciales de los recursos biológicos de los países Latinoamericanos, utilizan la "biopirateria" como medio para la apropiación y privatización de recursos genéticos y conocimientos indígenas y de comunidades locales, incrementando sus utilidades. "Biopiratería" es la utilización o reproducción sin autorización de sus innovaciones patentadas.

Los biopiratas utilizan diferentes mecanismos de propiedad intelectual para reclamar para sí, el uso de recursos tangibles e intangibles de pueblos localizados primariamente en el Sur. Básicamente la biopiratería privatiza los recursos que siempre han sido públicos, comunitarios y para el bien de la humanidad, para el beneficio y lucro de un puñado de empresas transnacionales. Aunque una empresa o institución haya firmado un contrato que alegue seguir la legalidad vigente nacional o internacional, aunque incluya cierto grado de consulta o participación de comunidades y/o estados y alguna forma de "reparto de beneficios", sigue siendo biopiratería, porque la protección y primacía de los derechos indígenas y campesinos, de las comunidades locales, que son los principales actores del proceso de la biodiversidad y sus componentes, no sólo es totalmente insuficiente, sino que en muchos casos niega estos derechos fundamentales, legitima el saqueo y mina las bases mismas sobre las que fue construido históricamente el acervo de recursos de la diversidad biológica y cultural.

Las medicinas tradicionales y el conocimiento indígena y local han adquirido un alto valor comercial. Aproximadamente tres cuartas partes de los medicamentos de receta, derivados de plantas en el mundo, fueron utilizados primero por indígenas, lo que permitió su "descubrimiento" posterior por empresas y laboratorios de países industrializados. Se calcula, según cifras de 1996, que la industria farmacéutica global tiene ganancias de más de 32.000 millones de dólares estadounidenses anuales, gracias al uso de remedios tradicionales que incorporó a medicamentos de receta. Entre 1950 y 1980, las medicinas derivadas de plantas utilizadas en la industria farmacéutica significaban más del 25% de los fármacos de receta vendidos en los Estados Unidos. Se estima que el valor económico total anual de las drogas derivadas de plantas es más de 68.000 millones de dólares anuales, solamente en Estados Unidos.

Según las investigaciones del Grupo ETC, para el año 2001 las 10 mayores compañías farmacéuticas controlaban aproximadamente el 48% del valor del mercado mundial, calculado en $317 mil millones de dólares y las 10 mayores compañías farmacéuticas veterinarias el 60% del valor de ese mercado, que es de USD $13,6 mil millones.

En la actualidad se estima que más de 200 compañías de investigación en todo el mundo, están evaluando compuestos de origen animal y vegetal en busca de propiedades medicinales. Este aumento del interés, se debe en parte a nuevas tecnologías que han revolucionado las posibilidades de análisis y eventual aplicación posterior en fármacos u otros productos comerciales, y a la expansión de los sistemas de propiedad intelectual a ámbitos donde nunca habían llegado, particularmente a los seres vivos y a los procesos biológicos. Sin embargo esa investigación farmacéutica no se orienta hacia la salud de la población mundial, si no a la satisfacción de las necesidades de los sectores más ricos. Según el Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU en el año 2001, de 1223 nuevas medicinas lanzadas al mercado entre 1975 y 1996, sólo 13 se diseñaron para atacar enfermedades de los pueblos pobres.

La industria biotecnológica ha buscado una fórmula que resulta muy eficaz para adueñarse de la materia prima que utiliza y asegurarse el monopolio de su utilización futura: las patentes biotecnológicas. El sistema de patentes es una norma para la protección de la propiedad intelectual, que concede derechos exclusivos sobre una invención al autor de la misma. En una época que pregona el liberalismo económico, las patentes se han convertido en una fórmula extraordinariamente provechosa de proteccionismo legal, a la que las grandes compañías recurren para afianzar su primacía y asegurarse el monopolio de determinados sectores de la producción. No por casualidad el proyecto del ALCA era portador de un capítulo dedicado al asunto.

El reparto de los títulos de patente, sin embargo, es enormemente desigual: el mundo industrializado, donde se lleva a cabo un 84% del I+D mundial, detenta nada menos que el 97% de todas las patentes, la mayor parte de las cuales están en manos de grandes empresas. Los diez países más ricos acaparan igualmente un 90% de los pagos trans-fronterizos de royalties y tasas por licencias de patente, realizándose un significativo 70% de los mismos desde las filiales de transnacionales en el extranjero a la casa matriz.

En 1998 el gasto global en investigación para la salud fue de 70 mil millones de dólares, pero menos del 1% de ese dinero se utilizó en encontrar vacunas para el SIDA o para aliviar una enfermedad como la malaria. Según un reciente informe de Oxfam, once millones de personas morirán de enfermedades infecciosas este año por falta de acceso a medicamentos adecuados. Mientras tanto Glaxo/Smithkline Beecham, una de las cuatro transnacionales que dominan la industria farmacéutica mundial, obtuvo unos beneficios récord de 5.320 millones de libras esterlinas en el año 2000: nada menos que 14 millones de libras esterlinas en ganancias diarias

Es importante resaltar que los Tratados de Libre Comercio que Estados Unidos "impone" a los países latinoamericanos -y que está utilizando como alternativa ante la negativa de la gran mayoría de naciones del Sur a firmar el ALCA-, tienen un importante contenido sobre este aspecto y por medio de los llamados Derechos de Propiedad Intelectual, otorgan las patentes a empresas transnacionales y despojan a los pueblos de sus conocimientos ancestrales, además de prohibir la producción de medicamentos genéricos que tienen un menor costo y que son mas accesibles a la población.

Por lo tanto es imprescindible que la integración latinoamericana tenga en cuenta las serias afectaciones que los pueblos latinoamericanos y del Caribe tienen con el saqueo de sus recursos naturales y sus conocimientos ancestrales sobre la utilización de los mismos. Se impone la necesidad de dar mayor relevancia a la investigación y el desarrollo en el campo de la biotecnología, sector que Cuba ha desarrollado ampliamente, siendo este comparable con muchos países avanzados, lo mismo sucede con Brasil y Argentina, por solo mencionar a los más destacados en el área. Los avances biotecnológicos en estos países y en otros de la región, deben ser coordinados y dirigidos complementariamente hacia formas institucionales trans-fronterizas, que permitan enfrentar con éxito la competencia y el saqueo de las empresas transnacionales extra-regionales y favorezcan el aprovechamiento de los desarrollos en la biotecnología y la industria farmacéutica, en bien de nuestros pueblos.

En tercer lugar encontramos el sector del transporte: la globalización capitalista ha incrementado los fenómenos de intercambio a escala mundial, lo que ha fomentado el control del mercado internacional por parte de los países desarrollados y ha acentuado las diferencias con los países menos desarrollados

A pesar de la promulgación del "libre cambio", el sector del transporte goza de gran protección de la industria nacional en los países desarrollados. El sector del transporte aéreo es un caso típico de oligopolio, cuyas empresas líderes operan estrategias globales de competencia, basadas en el uso intensivo de recursos de la frontera tecnológica, siendo al mismo tiempo, fuertemente protegidas en sus respectivos mercados domésticos. En Estados Unidos el mercado local es reservado a las empresas nacionales, que sólo pueden emplear a extranjeros en sus líneas internacionales. Además, el "Fly America Act" les asegura la reserva adicional del transporte de cargas y de pasajeros, costeado con recursos públicos. En base a esos privilegios y al diversificado conjunto de acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos, las empresas aéreas con sede en ese país controlan actualmente cerca del 50% del mercado internacional de pasajeros y el 43% de los fletes internacionales.

En el transporte marítimo, los patrones de protección son aun más restrictivos. Tal como en diversos países, este sector funciona como un cártel legalmente establecido en los Estados Unidos, exento de la legislación anti-trust, bajo el mando de la Federal Maritime Commission (FMC), cuyas atribuciones incluyen la fijación de precios a través de las llamadas "conferencias de fletes", distribución de fracciones de mercados y fiscalización de la conducta de los miembros del cártel en el país y en el exterior.

En el sector de cabotaje, que genera empleo para cerca de 124 mil personas, está vedada cualquier especie de competencia externa: el transporte de carga entre dos puertos americanos, aun cuando incluya escalas en puertos extranjeros, sólo puede hacerse mediante navíos construidos en los Estados Unidos, cuyos propietarios y operadores sean empresas con por lo menos el 75% de capitales nacionales, y cuya tripulación esté integrada exclusivamente por ciudadanos norteamericanos. Con excepción del origen del navío, estas reglas también se aplican a la flota con bandera americana usada en el transporte internacional. Como esta norma implica costos elevados para los armadores, la mayor parte del comercio internacional de los Estados Unidos es transportada por navíos con bandera extranjera, aunque los propietarios sean empresas americanas. De hecho, la flota con bandera nacional sólo sobrevive debido a la política de reserva de mercado que le asegura el 50% de la demanda gubernamental y el 100% de las cargas militares y operaciones financiadas por el Export-Import Bank.

Finalmente y a manera de conclusión por así decirlo, es imprescindible que los pueblos Latinoamericanos se integren en un nuevo proceso de cooperación y solidaridad para enfrentar las negativas consecuencias que hasta hoy han dejado en la región las actividades de las empresas transnacionales y la inversión extranjera directa. Es necesario que ese nuevo proceso integracionista emane de los propios países de América Latina y El Caribe, es decir una integración que sea autónoma y soberana cuyo principal objetivo sea elevar el nivel de desarrollo social y económico regional, una integración que cree nuevas Empresas Transnacionales Latino-Caribeñas que enfrenten las ET capitalistas y que regule y controle la inversión extranjera directa que también es necesaria.

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Zulma Donelly Ramírez Cruz Bogotá – Colombia

Estudios realizados: – Profesional en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia – Tecnóloga en comercio exterior de la Universidad Autónoma de Colombia – Diplomado en Integración y Desarrollo en la región Latino-Caribeña. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara-Cuba Experiencia profesional: Colombia: – Auxiliar de Comercio Exterior y Mercadeo en INVESTIGAR LTDA Año 1998-1999 Bogotá. – Coordinadora de Comercio Exterior en TROMEC LTDA Año 2000. Bogotá. – Auxiliar de Comercio Exterior en Flexo Spring S.A: año 2001-2004 Bogotá. Cuba: – Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en Santa Clara, en las carreras de Economía y Contabilidad y Finanzas desde 2005 hasta la actualidad. Asignaturas impartidas: Economía internacional, macroeconomía, economía política. – Perfil investigativo: Integración y desarrollo económico latinoamericano. Eventos y publicaciones: – Evento Municipal de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba ANEC Mayo 2007 Santa Clara-Cuba. Ponencia: "Empresas Transnacionales e Integración en América Latina y el Caribe: principales problemas y perspectivas" Obtuvo Mención. – Encuentro Internacional sobre Globalización y problemas del desarrollo. Febrero 2007, La Habana-Cuba – V Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales. Oct 30-Nov 1 de 2006 Santa Clara- Cuba. Publicación CD Room. "Empresas Transnacionales e Integración en América Latina y el Caribe: principales problemas y perspectivas" Pais, ciudad y fecha en donde se realizó el trabajo: Santa Clara- Cuba Septiembre 2006