La síntesis anterior es la visión que también compartimos quines elaboran el presente trabajo, en virtud de que logra fusionar dos aspectos fundamentales para obtener resultados de resolución de conflictos sociales (objetivo de la política) en base a las mayores vías posibles; tomando en cuenta la relación y disposición situacional entre los individuos pero no obviando la carta del control de los recursos por el ente dominante de la coacción física (Por hablar de un ejemplo de recurso que se considera uno de los más importantes).
Ahora bien, el otro concepto que nos queda en la palestra antes de establecer determinadas relaciones con el poder político es pues el de la legitimidad. La misma, la podemos definir sencillamente como el alto grado de aceptación sobre una decisión o propuesta que los individuos tenemos. "Una capacidad para consentir que sean aceptados los límites que el poder impone." (Vallés, 2000: 39)
La legitimidad implica aceptabilidad en los actores sociales no porque se ven forzados a aceptar y a rechazar decisiones sino porque al contrario se ven motivados y luego impulsados a ejecutarlas porque dichas determinaciones que provienen del gobernante se lograr concatenar con los valores e intereses particulares o colectivos de los individuos.
Hacer legitima una acción o decisión es considerarla válida socialmente; empalmada de nuestras convicciones y valores en sociedad y, por consiguiente, es una situación que conduce por una vía, sin necesidad de emplear los mecanismos coactivos, a la ejecución de actividades que el otro (quien ejerce el mandato) espera de nosotros.
La legitimidad es una vía de construcción del orden y la disminución de los conflictos sociales.
Lograr la legitimidad puede deberse a cuatro fuentes fundamentales. Las tres primeras las engloba Weber por la tradición, lo carismático y lo racional (Weber en Vallés, 2000; Ritzer, 2001, 285). Y la cuarta la presenta Vallés a partir del reconocimiento y resultados de quien ejecuta y establece las decisiones políticas.
Así tenemos que, legitimar la acción y decisiones de una determinada autoridad puede estar dada por la fuente de legitimidad tradicional, aquella por la cual opera en el individuo la historia y tradición de ejecución de roles de autoridad por parte de sus gobernantes. Ver la consecución de decisiones desde lo que siempre ha sido así lo arrastra (sin sentirse forzado) a legitimarlo sin ningún problema y a encauzar sus acciones dentro de los lineamientos del mandatario. (Vallés, 2000; Ritzer, 2001:288)
Así mismo, los individuos también legitiman acciones y decisiones de quienes las ejecutan porque llegan a considerar a estas medidas ajustadas y razonables a los fines propuestos. Así pues bien a esta fuente de legitimidad se le denomina Racional. (Vallés, 2000)
La fuente de legitimación carismática ocurre cuando los individuos atribuyen cualidades excepcionales de empatía y gracia al gobernante haciéndolas concatenar con sus propias personalidades que llegan a conducir a la admiración, la confianza y finalmente el acatamiento y aceptación de acciones y decisiones de los gobernados o sobre quienes se esta ejerciendo la decisión hacia quien propone y establece dichas acciones o proposiciones, el gobernante. (Weber en Vallés 2000, Weber en Ritzer, 2001: 289)
Por ultimo, otra de las fuentes de legitimidad se presenta a través del rendimiento. Una condición inherente a los resultados y cuentas positivas de la gestión, decisiones y propuestas de los gobernantes o bien de quien ejerce la función de mandatario en una relación sobre el gobernado o bien, quien se ha visto inclinado a ejecutar acciones esperadas de dichas proposiciones. "Si el resultado es recibido como satisfactorio y se ajusta a las expectativas generales, la legitimidad del gobernante queda reforzada y los mensajes y ordenes que emite son bien recibidos" (Vallés, 2000: 42).
Integrando el análisis anterior, sostenemos que la legitimidad puede ser el resultado de la combinación de algunas o todas estas cuatro fuentes anteriormente explicadas y que son muy tomadas en cuenta por los gobernantes y proyectos de lideres políticos para ganar adeptos que se sumen a su línea política.
Sólo por citar un ejemplo, el desempeño político de Marcos Pérez Jiménez , para la década de los 50, devenía no solo de una alianza de los ejes estratégicos que controlaban los recursos económicos (empresarios), coactivos (militares) y hasta ideológicos(como la iglesia) (Tinoco, 1994) sino, a su vez, era un plan que en su seno infundaba una búsqueda de la aceptación o valoración de la sociedad manejada a través de los valores del patriotismo y exaltación de tradiciones y que se estableció en la plan del Nuevo Ideal Nacional (Cartay, 1999). Aquí esto funge como una estrategia pero, querámoslo o no, logró propiciar una imagen de exaltación y legitimidad de sus acciones auque por un período en la sociedad en su conjunto. Adentrándonos a sus causas nos llevaría a reflexiones que se desviarían de nuestros objetivos fundamentales en este análisis.
Tanto el poder político como la legitimidad gozan de una interdependencia que hacen posible el funcionamiento y operatividad de la ejecución de mandatos provenientes de quien los propone.
La legitimidad constituye necesariamente un fundamento y parte esencial del poder político. No solo por la vía de la coacción los gobernantes esperan que sus mandatos puedan ser ejecutados sino al contrario donde ésta se vea reducida es la mayor bienvenida al recurso de la legitimidad; por parte de la misma sociedad. También, como expresa Vallés (2000) quien ejerce el poder político espera que sus subordinados o gobernados puedan acatar las ordenes porque las consideran válidas y empalmadas con sus valores y creencias.
La legitimidad es un complemento necesario para ejercer el poder político que logra, por una vía pacifica, la cohesión y la adherencia a las normas devenidas del líder político, gobernante o como pueda denominársele, bajo el desvanecimiento del conflicto social. Y desde el punto de vista pragmático, la legitimidad es y constituye una herramienta fundamental de apoyo a planes y propuestas políticas.
La legitimidad es una vía de construcción del orden y la disminución de los conflictos sociales en las sociedades.
El conflicto social merma porque los individuos no invalidan las decisiones de sus gobernantes sino al contrario, por las diferentes vías de legitimación que puedan ser, logran dar justificación y aprobación a determinadas decisiones de los mismos, haciendo que poco a poco el poder político ejercido logre una revitalización y establezca como ultimo recurso la utilización de la coacción por vías físicas, utilización de armamento u otras medidas sin condicionantes de legitimidad.
Sin embargo, la legitimad, como establecimos anteriormente a través del ejemplo del Nuevo Ideal Nacional, puede ser bastante aprovechado o utilizado como un objetivo de gobierno que puede ir más allá que el logro consecutivo de lograr aceptabilidad. ¿Cuánto puede costar la legitimidad de la sociedad? ¿Qué puede sacrificarse por lograr la aceptación sobre quienes imparten las decisiones políticas?
La legitimidad ciertamente por ser un elemento que nace del valor y las creencias sociales, visiblemente disminuye los costos de esfuerzos ante el acatamiento de normas por el gobernante (que al hacerlas por vías de la legitimidad no se ven como coerción). Pero para quien ejerce el mandato y busca la legitimidad en la otra posición de acatamiento de la relación puede volverse un objetivo y un arma de doble filo.
Por un lado, puede lograr el camino de la aceptabilidad social como lo logró Pérez Jiménez (por citar el mismo ejemplo) a través de la exaltación de los valores nacionales y la apertura a servicios sociales de forma gratuita, pero por otro lado puede desarticular el ámbito de la política como una estructura integrada para obedecer a un ámbito exclusivamente demagógico y populista para no despegarse de quienes aplauden su propuesta por vías legitimas como ocurrió con el mencionado expresidentes a través de la sociedad y no con el bloque de poder conformado, que luego desconoció su mandato para el 23 de Enero de 1958.
Por lo tanto, si bien es cierto, que la legitimidad lograda por las diferentes fuentes es una herramienta fundamental para lograr la aceptación y realización por una vía pacifica de las decisiones y propuestas políticas de los mandatarios y gobernantes y por lo tanto hacer que se cumpla por un lado el poder político, puede ser transformada en un recurso de manipulación por quienes encabezan las decisiones políticas y hacerlas legitimar frente a la sociedad conociendo sus valores y cultura previamente.
Aunque, también, las legitimidades fundamentalmente las racionales y las de resultado tienden a ser fortalezas ante simples manipulaciones o ante cualquier proyecto político, logrando así ser las constructoras de valores en la sociedad por vía de la lógica y demostración que van enseñando a quien ejerce el poder político se estructura constantemente sus elementos de articulación de intereses y capacidades de respuesta en términos de Easton (1979) y Almond y Powell (1978).
El funcionamiento del Sistema Político Venezolano
Se analizará el
Sistema Político Venezolano a partir de los siguientes indicadores
a) fuentes de tensión política, en los términos de Easton
b) capacidades del Sistema Político, en los términos de Almond y Powell.
En base al primer indicador a analizar, en términos de la realidad venezolana, estableceremos como primordial destacar algunos aspectos teóricos del modelo del sistema político de David Easton inherentes pues al planteamientos de las fuentes de tensión política.
Easton (1979: 115-116) nos habla de los peligros y desequilibrios a los cuales puede estar enfrentándose el sistema político por dos grandes fuentes generales de tensión a las cuales denomina internas y otras externas. Dentro de las mismas están inmersas todas aquellas inherentes a las tensiones por niveles valorativos, de cantidad, de eficiencia y de amenazas externas al cúmulo de interacciones que pueda estar operando dentro del mismo sistema político. Analíticamente por lo tanto estos niveles de tensión pueden ser subdivididos en cinco de los cuales consideramos dos para el análisis de la realidad del sistema político venezolano.
Así tenemos, a) cuantiosos números de elementos de demandas, con gran diversidad y contenido b) formas de comunicación inadecuadas, claves (en su forma positiva) para el buen funcionamiento de la unidad básica del sistema: la interacción. c) prevalencia de elementos de corrupción bajo niveles intolerables, malversación y despilfarro, (extraída esta característica a partir del valor de flujo adecuado de recursos en el sistema como apoyos para la operatividad del sistema político, que al efectuarse por modo contrario se deduce pues este elemento de tensión), d) deterioro de los apoyos o por ser los mismos ya escasos (apoyos concernientes a la legitimidad, lealtades y obediencias). Y Finalmente, otra de las fuentes o nivel de tensión política que puede poner en riesgo la funcionalidad y operatividad del sistema político se traduce en e) Las agresiones o amenazas tanto del interior como al exterior del sistema pudiendo ser devenidos de conflictos internos y amenazas de corte bélico y ambiental. (Easton, 1979:159-175)
En base a estos cinco niveles de tensión política según el modelo de Easton uno de los que podemos considerar como presente y de menester analizar resulta el de la presencia de corrupción, malversación de fondos públicos y despilfarro.
Esta característica y nivel de tensión es al parecer, en base a muchas investigaciones, un mal del que ha estado presente a lo largo de la historia del país en las conductas administrativas de muchos gobiernos y se ha transformado en una cultura y práctica común en los ciudadanos (Coronel, 2006; Camacho, 2000).
Es un antecedente que enraíza y justifica hasta la forma de percibir los actos de corrupción como una práctica cotidiana pero que lamentablemente resquebraja y ha venido resquebrajando los niveles de confianza y legitimidad ya no solo del gobernante sino del normal equilibrio del sistema político democrático venezolano.
Según el informe de la organización Transparency International (2006), el índice de percepción de corrupción administrativa lo posee Venezuela en unos 2, 3 puntos. Índice altamente grave considerando que la escala de mediación que va del 0 al 10 es inversa con respecto a los índices con mayores niveles de corrupción administrativa. Es decir, en la media en que está más cercano al "0" el nivel de percepción de corrupción es grave, así, por el contrario, en la medida en que se aleja disminuye el nivel de percepción, cosa que incrementa en todo ámbito los niveles de legitimidad y lealtad para con el sistema político, situación que tiene un bajo índice en Venezuela.
La apropiación y desvíos de fondos económicos públicos es una realidad latente en Venezuela. Por citar un ejemplo recogido en un artículo de Prensa del diario El Nacional (2008), para ese año las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y de los Andes expidieron un informe detallado de la malversación de recursos empleados para la campaña del oficialismo promoviendo la aceptación (el "Si") para la aprobación de la reforma constitucional de Diciembre de 2007.
Este informe estableció un conteo de las horas exactas por las cuales fue utilizada la señal televisiva de Venezolana de Televisión, sin interrupciones para transmitir la marcha de proselitismo político (que incluyo la participación de funcionarios públicos y el discurso del actual presidente), el discurso del actual presidente y el saldo "positivo" y comentarios respectivos de la jornada. (Diario el Nacional, 2008). Así mismo, se presentan todo un conteo de mensajes proselitistas y campaña publicitaria a través de otros canales con señal abierta y diarios de circulación.
Esto es un evento que, por vida propia de quienes elaboramos este trabajo, lo percibimos como una ametralladora de mensajes, en toda ocasión, de campañas electorales, teniendo necesariamente que expresar no solo nuestro rechazo sino concluir y abrir los ojos a fondo para determinar el saldo que este tipo de acciones arroja.
Es un gasto que deja de ser empleado para fines públicos precisamente para transformarse en cuotas de atribución personalistas para quienes se entronizan en el poder. Estos logran un objetivo de saturación mediática para la adhesión a sus toldas políticas pero también logran y contribuyen a la inoperatividad de la administración para saldar necesidades más urgentes que el proselitismo electoral. Contribuyen a cuajar las desesperaciones de quienes esperan una inversión positiva en términos de desarrollo para el país así como también este tipo de acciones de corrupción tachan las verdaderas virtudes para la resolución de los conflictos que representan la ejecución de sus cargos públicos y los hacen pintar de sinónimos de inviabilidad con un bajo nivel de funcionalidad, elementos que por ende refuerzan las tensiones para el equilibrio del sistema político.
Otro de los niveles de tensión del modelo de Easton (1979) es el concerniente a los conflictos internos del sistema político, que para el caso venezolano lo ejemplificamos a partir de la falta de acuerdos entre los representantes de la administración pública, que de sus propios grupos sectorizan así mismo el nivel de conflictividad de la sociedad civil en torno a la resolución de los problemas que aquejan al sistema sociopolítico del país.
Sanjuan (2005) presenta cuatro puntos claves en desacuerdo que dentro del proceso político actual están siendo y han sido altamente peligrosos para el equilibrio del sistema y resolución de los conflictos sociales.
Así tenemos los puntos del "Rol del Estado en la Sociedad, El manejo y propiedad de la industria petrolera, las alternativas de políticos para la resolución de los principales problemas del país (exclusión social, desempleo, pobreza, educación, seguridad social, seguridad ciudadana, el tipo de democracia tanto la liberal vs. Social como la representativa vs. La participativa) y desacuerdos en materia de política exterior y alineación Nacional". (Sanjuan, 2005: 6)
Este es un nivel de conflictividad que puede constatarse a nivel interno de nuestro sistema político que rompe los límites normales de inaceptabilidad de las diferencias para convertirse en intolerancia política que lamentablemente desvirtúa el camino del bienestar para todos los ciudadanos independientemente de los colores políticos. Esta es una condición que nos debilita no sólo como sistema político sino como humanos pensantes y reflexivos que debiéramos sopesar entre las contrariedades constantes de los discursos agresivos y amenazadores (también presente como elemento analítico de Sanjuan) y lo que como dirigentes políticos y sociedad civil organizada debiéramos tener en pro de todos los que habitamos y convivimos en el territorio.
Los discursos excluyentes, las actitudes de divorcio entre funcionarios y entes de diferentes toldas políticas y la incapacidad de llegar a acuerdos para la resolución de problemas que atañen a todos, alimentan una radicalización, siendo obstáculos para una mediación democrática del conflicto político y para una representación global de la pluralidad de la sociedad Venezolana (Sanjuan, 2005)
El poco nivel de cohesión y acuerdos para la decisión de candidatos a los próximos comisiones electorales regionales del presente año 2008 que tanto por el lado de los oficialistas como por el lado de la oposición (Hernández y Suárez, 2008) han sido sin cesar balancines de indecisiones, es uno de los ejemplos que podemos citar para reflexionar sobre este bajo nivel de aceptabilidad de liderazgos y de buena gestión entre los mismos integrantes de los partidos. Factor que los conduce a una pelea por el "trono" del poder para figurar como el omnipotente ante las decisiones del país.
Hay pues, evidentemente, un concepto errado de la gerencia administrativa que trastoca las opiniones y decisiones de la sociedad en su conjunto en virtud de la poca capacidad de acuerdos que demuestran y venden estos sectores partidistas. De manera que se vuelven los futuros comicios una pelea para la posición el enriquecimiento del "tesoro público" y no con miras de conducir un proyecto de país en conjunto aceptando las diferencias, en torno al respeto pero teniendo la capacidad de llegar eficazmente a los acuerdos para solucionar conflictos y problemas de la sociedad, cosa que mediante su no ejecución arrastran elementos de inoperatividad del sistema político por los cortes constantes de interacción pacifica.
Esto es un efecto dominó que desconecta las posibilidades de articulación total de demandas e intereses por una vía sana y efectiva y por ende conduce al desvanecimiento de las probabilidades de recepción de respuestas y solución de problemas a la sociedad de parte de la administración pública parcializada.
Ahora bien, con respecto a las capacidades del sistema político del modelo teórico de Almond y Powell (1978: 33) cabe destacar que se presentan cuatro fundamentalmente. La capacidad regulativa, extractiva, distributiva y de respuesta, aquellas por las cueles se traza uno de los brazos de funcionamiento para el sistema político y, a través de ellas es posible evaluar los niveles de eficacia en tanto a la resolución de problemas del sistema.
Estas capacidades son "flujos de actividades orientadas hacia el interior y el exterior del sistema. Nos dicen cómo se comporta un sistema en su medio, cómo modela a éste y de que modo es modelado por él" (Almond y Powell, 1978: 33)
Para nuestro análisis en base a la realidad Venezolana, hemos seleccionado las dos requeridas en cuanto a la capacidad extractiva y de respuesta, siendo el resto también dignas de analizar bajo nuestras contextualidades pero que por espacio omitiremos en desarrollo y profundidad.
Por el lado de la capacidad extractiva desde el punto de vista económico y financiero, el sistema político venezolano tiene evidentemente una estructura para la recaudación y extracción de los recursos que tendría que disponer para la transformación de demandas en productos en términos de Easton (1979) o en términos de Almond y Powell (1978).
En el caso Venezolano esta capacidad extractiva de recursos económicos esta soportada en por una estructura impositiva de diferentes tipos de impuestos sobre las compra-ventas y transacciones financieras, administradas básicamente por una política fiscal proveniente del gobierno de turno y una política monetaria ejecutada por el Banco Central de Venezuela, que son recaudados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat. (Seniat.gov.ve, 2008).
Los diversos tipos de impuestos para cumplir con esta capacidad extractiva se concentran en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Seniat.gov.ve) del cual para el cierre del 2006( por citar un ejemplo) fue capaz de abanderar entre los diversos tipos de impuestos, el mayor recaudo: 13.060/ 30.000 millones de dólares (sortu.es), el Impuesto sobre la renta (ISLR), la renta aduanera, el impuesto a las transacciones financieras o ITF de las empresas privadas, los impuestos provenientes de la compra venta de cigarrillos, licores entre otros (seniat.org, 2008) y por ultimo un nuevo tipo de impuesto, expedido en gaceta oficial el 15 del presente año 2008 sobre la contribución especial sobre precios extraordinarios del mercado internacional de hidrocarburos (grupo macleoddixon, 2008 ).
Por el lado de los impuestos se obtienen una suma cuantificable de entrada de dinero al país pero no se comparan con la cuantiosa capacidad extractiva de las entidades correspondientes a partir de la venta del crudo en mercados internacionales que para el 2006m, según Coronel (2006) se ubican estos ingresos con una representación de un 47% del total de todos los insumos económicos del país.
Las formas y tipos de impuestos en conjunto con los recaudos a través de los productos nacionales como el petróleo no sólo debieran operar para el pago de los entes que elaboran en la administración y sector público sino que constitucionalmente tienen una función de redistribución y transferencias hacia las demandas de la sociedad a través de organismos como El fondo de Desarrollo (FONDEN), El Banco de Desarrollo (BANDES) y el Banco del Tesoro. En otro análisis respecto a la capacidad distributiva del sistema pudiera llegarse a la conclusión, en base a datos y estadísticas de la realidad, de que estos mismos fondos son pésimamente distribuidos y retornados a la población en términos de calidad de vida y Servicio Social (Coronel, 2006)
En cuanto a la capacidad de respuesta es para el caso venezolano mas que un síntoma de operatividad y eficiencia del sistema político está en obsolescencia en nuestra realidad, mostrándose como una incapacidad o baja capacidad de respuesta ante las múltiples demandas de obtención de mejores condiciones de vida que las podemos ver reflejada solo por citar un primer ejemplo, de cientos que tenemos en nuestras localidades, las de inoperatividad de los servicios de hospitales públicos por ausencia de personal especializado, deterioro en la infraestructura para albergar a enfermos, ausencia de equipos especializados y medicamentos adecuados para las prescripciones.
Lo anterior se puede contemplar no solo en la realidad de nuestras vidas cotidianas sino a través de los medios comunicacionales e informativos de manera diaria. Anteriores datos sin embargo nos dimos a la tarea de puntualizarlos a través de un solo artículo de la realidad metropolitana no ajena a todas las latitudes en Venezuela, del diario el Nacional en septiembre de 2007.
Así mismo, por el lado de los servicios públicos se vive una inoperatividad cada día más en el sistema de Transporte Urbano, situación que Urdaneta (2006) nos constata a partir del caso del Municipio Maracaibo. Estado Zulia.
Esta situación de nuestra municipalidad tiene un nivel de colapso que no logra satisfacer en cuanto a eficiencia las demandas requeridas por los marabinos. El sistema de transporte interurbano presenta una obsolescencia infraestructural de más de 30 años y una mala organización en cuanto a rutas que impacta en los tiempos de espera de los Marabinos siendo de gran magnitud. Se suma el elevado costo en las tarifas y de manera progresiva la insatisfacción de los usuraos, de quienes laboran el sistema y quienes viven alrededor la falta de organización de un sistema vital como este para la vida de los marabinos (Urdaneta, 2006)
Que se presenten estas irregularidades tanto en el sistema de salud como en el sistema de transporte público alteran los ejes de demandas en cuanto a las legitimidades de los ciudadanos frente al funcionamiento del sistema y se llega a tomar como natural y adscrito a la funcionalidad publica precisamente lo contrario: La no funcionalidad de los sistemas de servicios públicos. Se generan pues inconformidades y por supuesto la evidencia de incapacidad de respuesta del sistema para operar con sus instancias publicas a las demandas de la población.
Lo anterior, a sabiendas de tener instituciones con una misión de reinvertir los extractos financieros de los ciudadanos, como el Fondem, Bandes y el Banco del tesoro, como se estableció anteriormente, al igual que las instituciones pertinentes y responsables del funcionamiento de este sistema como Fontur y para el caso de Maracaibo el IMTCUMA (Urdaneta, 2006). Entidades que al ras de serias investigaciones (exceptuando las dos anteriores) han quedado como inoperativas y de utilización de recursos por vías personalistas de quienes representan el gobierno para uso ilícitos y ajenos a la misión social de respuesta a las demandas de la población. (Coronel, 2006).
Así pues bien, evaluando los anteriores indicadores en cuanto a las tensiones del sistema político (siendo estos los niveles de corrupción y las coyunturas y conflictos internos entre las diferentes toldas políticas) y las dos capacidades tanto extractiva como de respuesta, el diagnostico parcial (por no tomar todos los indicadores) del funcionamiento del sistema político no es positivo, sino que al contrario puede decirse que esta empañado de muchos antivalores y falta de operatividad de las instancias institucionales que permean la cultura política en términos de Almond y Powell (1978) y de todos sus integrantes funcionarios, públicos y ciudadanos generando un constante ambiente de tensión entre quienes nos se ven beneficiados de las respuestas de operatividad del sistema y quienes codician constantemente puestos de poder.
Considerando las capacidades extractivas de recursos económicos de Venezuela, cabe destacar que las mismas son de un gran potencial para reestructurar nuestras capacidades de respuesta y hacerlas eficientes, teniendo necesariamente que ser también asumidas desde la nueva óptica de un Estado que no se ahogue en las dádivas de su servicio para lograr convivir con nuevas formas de estructuración social (que no competen en este análisis) pero lograr así finalmente no tanto la cohesión entre los ciudadanos sino lograr que se den las capacidades de interacción entre estos y las administración pública para encaminarse al ser de la política: la resolución de los conflictos sociales por la vía del mayor respeto y paz posible.
Los procesos de globalización, crisis del Estado de bienestar e individuación y sociedad civil.
Estableceremos por lo menos dos consecuencias de esas relaciones expuestas en el titulo de este apartado en cuanto al funcionamiento de los sistemas políticos democráticos, en especial el caso venezolano, en los albores del siglo XXI.
A partir de los años 70 y hasta la actualidad, la situación crítica en diversos aspectos de la vida cotidiana de las sociedades occidentales, que habían apostado por formas de organización estatal diferentes a las liberales a ultranza, amenaza la estabilidad de regímenes que se habían instalado desde la lógica del bienestarismo, visto este ultimo como elemento legitimador de gobiernos que se sobrecargaban de demandas y de características nefastas como la partidización clientelar y el sobreendeudamiento, producto de las políticas de corte social improductivas por los mismos vicios de dicha gestión.
En esta misma línea, el resquebrajamiento de los pisos institucionales tanto desde el punto de vista económico, político y social traen consigo el reordenamiento de las instancias reguladoras de la interacción entre los ciudadanos y comienzan a detectarse conexiones implícitas entre procesos como la globalización y la institucionalización del individuo devenidos en cierta medida de la crisis del Estado de bienestar y que activan de alguna forma el fortalecimiento de ciudadanos más protagónicos en el escenario de la gestión pública, cuestión que rediseña la concepción de lo público como elemento ya no tan despegado del alcance ciudadano sino que lo sitúa como elemento de posible intervención mediante la organización. Por esta razón a continuación se abordaran cada uno de estos procesos y su impacto en el funcionamiento de los sistemas políticos democráticos del siglo XXI.
La década de los 70 marcó el inicio de la crisis del estado de bienestar que buscaba aliviar la crisis que había atacado a los países de occidente después de los periodos de posguerra y que debilitaron integralmente el imaginario de sociedades que veían en franco crecimiento sus demandas y en franco deterioro los sistemas políticos que debían articularlas y responder eficientemente. Es así como el Estado de bienestar comienza a ser insuficiente, comienza a ser dadivoso y ciego, es decir, no supo mirar claramente las transformaciones por las que atravesaba la sociedad, no supo adaptarse y por ende no pudo reestructurarse en función de incorporar categorías que ciertamente como resultado de su intervención económica garantizaran un aumento en la calidad de vida de los ciudadanos. Es bueno aclarar que no solo la crisis económica marco su crisis sino, la creciente demanda de derechos y de espacios de acción se encargaron de ir desgastando al Estado de bienestar.
Para Giddens "el Estado benefactor ya no representa una vía para el futuro y precisa ser reformulado radicalmente sobre las bases de los principios de la devolución de poder y la subsidiariedad, y que los programas de asistencia social deberían fomentar la autonomía, la iniciativa y la responsabilidad personal, es más, las políticas sociales deberían aspirar al establecimiento de un nuevo equilibrio entre riesgo y seguridad en la vida de las personas, y el estado debe reestructurarse siguiendo el movimiento de la globalización, lo cual supone la delegación ascendente de poderes en organismos transnacionales y la instauración de nuevos gobiernos regionales" (Giddens, 1999:34)
A tal respecto, este autor realiza una lectura bastante acertada de cómo el Estado si se reduce solo a la gestión encerrada y localista tiende a desaparecer en virtud de que en la actualidad están desplegadas toda una serie de redes de relaciones globales que se han fortalecido gracias a la tecnología y la apropiación que los individuos hacen de ellas para intercambiar experiencias, problemáticas y soluciones. En tal sentido, el Estado benefactor se ha ido desvaneciendo para convertirse, por llamarlo de un modo, en "asistente". Esto debido al auge de organizaciones para estatales que se encargan de la gestión de un sinfín de problemáticas en las cuales el Estado sólo acompaña y observa cómo el poder si no es cedido es ocupado desde el conocimiento empírico y la necesidad real de ir desburocratizando el Estado.
Desde este punto de vista, los procesos de globalización vienen a propiciar la necesaria transformación del Estado benefactor en razón de mirarlo desde lo productivo que puede ser como sistema, pero que necesariamente debe deslastrarse de la visión meramente partidista en virtud de la incorporación mucho más directa de los ciudadanos en la solución de problemáticas que salen de esferas y se colectivizan en consonancia con la realidad y la instalación de nuevos patrones políticos que sin lugar a dudas van reconfeccionando elementos de la cultura política de estas sociedades. En tal sentido puede verse cómo la crisis del Estado de bienestar y la globalización mantienen una relación directa en cuanto a lo fértil del espacio para la creación de nuevas formas de vivir la política desde lo global para actuar en lo local (Beck, 2004).
En esta misma línea, la globalización, según (Beck, 2007) es la creciente interconexión que existe en asuntos políticos y económicos, por lo cual el Estado- nación o la sociedad nacional ya no es la unidad exclusiva de interacción social y comunicación. La globalización es un nuevo juego de poder mundial que implica redefinir las reglas del poder entre los estados nación, el capital y los movimientos de la sociedad civil".
Es decir los procesos de globalización presuponen trastocar lo que clásicamente se conocía como relaciones de poder; significa mostrar un nuevo rostro de la interacción política desde la revitalización que implica, por ejemplo que el espacio político se virtualice cuestión que amplía la cantidad de información y modifica de cierta forma la concepción de participación en lo político. Ya no hace falta, por ejemplo, obstaculizar vías y llevar a cabo procesiones a organismos públicos, hoy puede recurrirse a la cyber- protesta, vehículo bastante novedoso en el planteamiento y procesamiento de demandas.
Es así como los procesos de globalización han creado nuevos actores desde el punto de vista de la organización civil en cuanto a la intervención en la gestión y a la denuncia; al respecto Beck presenta lo siguiente "la globalización ha desarrollado un nuevo grupo de actores: los movimientos de la sociedad civil…, estos grupos tienen un poder especial en base a múltiples recursos. Uno de ellos es la información que utilizan para denunciar" (Beck, 2007), de allí que los sistemas políticos han debido ampliar sus filtros, esto es, adaptarse a la entrada de peticiones desde campos mucho más diversos que aumentan sin lugar a dudas el cúmulo de demandas y que incluyen nuevas visiones mucho más sofisticadas debido al intercambio con otras latitudes de lo que debe ser una gestión pública eficiente.
En el caso venezolano, por ejemplo, existen espacios de denuncia y de presentación de demandas a organismos oficiales, es decir el sistema político venezolano ha debido ampliar sus redes de manejo de demandas a través de la creación de portales electrónicos que clasifican las demandas de los diversos actores; por otro lado, agremia a las organizaciones que hacen vida en el campo de la política, no sólo como cotidianidad sino como elemento de acción organizada con fines bastante particulares como lo es Victimas de Venezuela (Victimas de Venezuela) que le proporciona asistencia a las víctimas de violencia o inseguridad en el país y modalidades de tele gestión política (herramienta de los procesos de globalización) como los programas de tv: El Pueblo Vale, De Acuerdo, Avanza, la Hojilla, cuyos moderadores hoy aspiran espacios de poder en alcaldías y gobernaciones.
Por otro lado, los procesos de individuación no hay que entenderlos en la línea neoliberal de la autarquía del individuo, es decir, los procesos de individuación no nos remiten al individualismo cruel que convierte al individuo en centro único de su generación de demandas. En contrapartida el individuo hoy, gracias a los procesos de hiperconexión traídos de los procesos de globalización y las nuevas tecnologías de información y comunicación, puede construir espacios múltiples de acción que pudieran llamarse integrales en cuanto a la variedad de interacciones que se tejen entre ellas, una de las más revitalizadas es la acción política en virtud de que los procesos de individuación "permiten la confluencia de las diferencias de los grupos sociales y las identidades que las sustentan en un marco universal que posibilita su reconocimiento pleno e inclusivo en el conjunto de las sociedades contemporáneas. Los procesos de individualización de los actores sociales y de promoción asociativa de sus demandas e intereses se insertan" (Macedo, 1999:1)
De lo anterior puede extraerse que si bien las demandas surgen de manera más reflexiva desde el punto de vista individual, su articulación y promoción se realiza desde la colectivización, hoy por hoy mucho más cotidiana, de la participación ciudadana, tema hoy en boga en la mayoría de los sistemas políticos mundiales. Cuestión que muestra como hoy, si bien el individuo se particulariza en cuestión de sus preferencias, posee cada vez más elementos de selección y, el terreno de la política no escapa de esta realidad, por el contrario autores como Beck y Guiddens expresan la existencia de procesos de cotidianización de la política y por ende la reorganización de los espacios en los que la gestión en este sentido tiene lugar (físico o ciberespacio político), es decir, lo público se privatiza cada vez más en sentido de la intervención de organizaciones "privadas".
En esta misma línea, es importante presentar la visión de un autor que refleja perfectamente la integralidad de eventos que de manera compacta modifican la visión de interacción social, de convivencia y de rol del individuo, cuestión que trastoca lo político. Esta modificación deviene sin lugar a dudas de la existencia de elementos técnicos que hacen propicia la afirmación del individuo informado y protagonista en razón de las crisis que las concepciones de Estado ya caducas desde hace varias décadas siembran en las sociedades: "es el momento histórico en el que todas las trabas institucionales que obstaculizaban la emancipación individual se resquebrajan y desaparecen, dando lugar a la manifestación de deseos personales, la realización personal…Las grandes estructuras socializadoras pierden su autoridad…el campo social ya no es más que la prolongación de la esfera privada" (Lipovetsky, 2006:24).
Y en este sentido pudiera decirse que lo privado no es que se convierte en la única esfera sino que al existir ausencia de los grandes referentes que aportan sentido, lo individual se construye de la interacción y se vierte nuevamente en lo colectivo en forma de demanda (en este caso política) ya auto procesada y estructurada, en busca de la agregación y la acción, es en este sentido en el que se comienza a conformar redes sociales de acción política o la sociedad civil que deviene de procesos organizativos que no deberían ser vistos como privados, sino como espacios delegados de acción política en pro de el logro de una mayor eficiencia en la gestión.
En tal sentido es importante conocer la definición aportada por el Banco Mundial de sociedad civil para comprender cómo los anteriores procesos como la crisis del Estado de bienestar, los procesos de globalización y de individuación transforman en cierta medida la forman en la que se concibe teórica y operativamente la sociedad civil: "Amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas.. el término sociedad civil abarca una gran variedad de organizaciones: grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones". (Banco Mundial, 2008)
Desde esta definición, un elemento importante lo constituye la amplitud de organizaciones que se encuentran en este concepto y de allí que la relación con procesos anteriormente descritos en virtud de que las situaciones críticas y la revitalización de procesos de interconexión tecnológica fueron aportando legitimidad a organizaciones para-gubernamentales en relación a lo importante de gestionar soluciones desde el conocimiento local de la problemática a abordar. Elemento que el anquilosamiento de ciertos sistemas no permitió, abriéndole paso a formas bastante eficientes de organización que hoy por hoy cuentan con el apoyo de instituciones como el Banco Mundial que ha visto en ellas herramientas para el desarrollo.
"En estos tres decenios de interacción, el Banco Mundial ha aprendido que la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en los programas y proyectos de desarrollo gubernamental realza su desempeño operacional debido a que éstas contribuyen con conocimiento local y experiencia técnica y multiplican el capital social. Aun más, las OSC pueden aportar ideas y soluciones nuevas, así como enfoques de participación, para la solución de problemas locales". (Banco Mundial, 2008)
Por lo tanto las organizaciones de la sociedad civil están destinadas a seguir fortaleciéndose y para ello cuentan con herramientas tan potentes como la globalización entendida como proceso de interconexión que promueve la confección de redes de agregación de intereses políticos, en las cuales lo local y lo global coquetean y los procesos de individuación se colectivizan dejando pasar entre ellos el ideal de gestión que busca la calidad, y el cambio de las visiones de gestión que se instalan en cada uno de los países del mundo.
Por lo tanto, pueden detectarse como consecuencias de los procesos descritos anteriormente, por un lado, la deslegitimación de la mayoría de los partidos políticos en Venezuela debido a que dejaron de responder eficientemente desde el punto de vista de que su rol se ha ido desvirtuando progresivamente en el país y en otras latitudes
"Insistimos que el agotamiento y declive de la forma partido se produce desde el momento en que en el interior de dichas organizaciones se origina un deterioro, por no decir abandono, de la función pedagógica, dándose así una desconexión y cierta desvinculación entre los partidos, la sociedad y la propia opinión pública, lo cual entre otras cosas altera lo concerniente a los procesos de socialización política". (Rivas, 2000)
En esta misma línea, lo planteado por el autor no remite necesariamente a la idea de despolitización de la sociedad sino que por el contrario ha servido de la mano con los procesos de globalización y de individuación para redefinir los escenarios políticos y el abordaje de la gestión pública desde concepciones mucho mas actualizadas y compactas de las nuevas formas de interacción no solo social sino política que coexisten en las sociedades contemporáneas.
Otra de las consecuencias la constituye la conformación de las organizaciones de la sociedad civil cuyo florecimiento comienza en la década de los 70 y aun hoy siguen gozando de gran legitimidad dado que han logrado cierta flexibilidad y apertura, cuestión que les ha permitido permearse de las configuraciones sociales diversas por la que han atravesado las sociedades en estas tres décadas, marcadas por la ebullición globalizadora y la toma de espacios no convencionales para la acción política.
Las organizaciones de la sociedad civil no quedaron solo en el barrio local; ellas intervienen con gran fuerza en el barrio global en el que se maneja gran cantidad de información y se coordinen acciones para lo local. Ciertamente Beck no se equivocó al sugerir que para vivir estos tiempos se necesitaban raíces y alas, es decir, raíces locales fuertes que permitan emprender el vuelo seguro hacia una mayor efervescencia de la acción política encaminada a la calidad.
Para abortar la calidad de la democracia en Venezuela se tomará como referencia lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la analizaremos con ejemplos pertinentes de la actual práctica gubernamental a nivel central, utilizando los siguientes indicadores:
Operatividad del Estado de Derecho
Descentralización
Capacidad de respuesta
Derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos
La cuestión de la eficiencia de los sistemas democráticos del hemisferio y la calidad de los gobiernos que los encarnan representan, desde los años 90, un tema de gran complejidad y de necesario estudio y discusión, en virtud del impacto directo que las gestiones gubernamentales tienen sobre cada uno de los ciudadanos de un país y en este caso de Venezuela. (Brito, 2002). Es así como en la actualidad este concepto es de vital importancia no solo a nivel local sino a niveles globales en relación a lo que se persigue como ideal de calidad en cuanto a la gestión política cada vez mas interconectada e influenciada por tendencias globales que se adaptan y se asumen como modelos locales en los cuales la autogestión parece ser la salida.
En este sentido, a continuación se abordara la evaluación del sistema político venezolano desde la operatividad gubernamental central y cómo los indicadores antes mencionados se comportan en el sistema político nacional, cuestión que permitirá detectar cuan consustanciada con la realidad se encuentra la calidad de la democracia venezolana y si aun esta última es una utopía nacional.
Para poder comprender como se comporta el indicador de la operatividad en la realidad nacional, es bueno tener en cuenta la definición de Estado de derecho para de esta forma determinar si la carta magna venezolana y la realidad gubernamental caminan en dirección correcta en cuanto a los postulados ideales de presencia o no de estado de derecho en el país. "Sumisión del poder al derecho, mediante la limitación jurídica de su acción frente al Estado absoluto. El Estado de derecho se fundamenta en la separación de poderes, el respeto de los derechos fundamentales, el principio de legalidad de la actuación administrativa y la responsabilidad del Estado, facilitada por el reconocimiento de su personalidad jurídica" (Diccionario Jurídico Espasa,2006: 659)
Atendiendo a dicha definición el Estado venezolano de acuerdo al artículo 2 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) se define de la siguiente forma " Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político" (CRBV, 1999: articulo 2)
Este articulo nos muestra las características del Estado de derecho como principal guía de la acción de los poderes nacionales y una serie de derechos derivados de la actuación racional de estos poderes, cuestión que garantiza la presencia del Estado de derecho desde el punto de vista constitucional legal; para determinar su comportamiento tangible, es importante presentar las consideraciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace sobre el caso Venezuela.
"El presente informe identificó las debilidades del Estado de Derecho en Venezuela y se concentró prioritariamente en el análisis de los factores y causas que inciden negativamente en la crisis institucional que afecta al país provocando el deterioro del Estado de Derecho".(cidh.org, 2003)
El Estado de Derecho en este caso se encuentra plasmado en la carta constitutiva de la nación, más su operatividad se reduce, en cuanto que existen sesgos en el comportamiento de los poderes públicos y su accionar en la cotidianidad. Un ejemplo de ello lo encontramos en el accionar de la Asamblea Nacional la cual como representante del poder legislativo acata las líneas emanadas del poder ejecutivo, cuestión que lesiona en ocasiones los intereses de los ciudadanos en su conjunto.
De lo anterior establecemos como ejemplo la presentación el 15 de Agosto de 2007 del proyecto de reforma constitucional en el cual estuvieron representados todos los poderes nacionales (incluido el poder electoral que tendría la responsabilidad de llevar a cabo el referéndum de aprobación o no de dicho proyecto de reforma constitucional), ofreciendo un frontal apoyo a dicho proyecto aun desde el desconocimiento de los artículos reformados, es decir, la clara separación de poderes expresada en la constitución nacional no opera del todo en la realidad nacional tan llena de impunidad e intervención ejecutiva en cada uno de los estamentos del Estado. Situación vista con preocupación por parte de organismos como la O.E.A, La Comisión interamericana da los Derechos Humanos y el Banco Mundial que coinciden en ver al estado de derecho como el único piso sólido para la gestión de gobiernos que cada día están más llamados a respetar categorías como esta. (Posteriormente hubo la eleccion perdio y luego habilitaron dichas leyes y con un artificio jurídico se hizo una reforma)
Pasemos ahora al análisis de la descentralización. Según la constitución promulgada en 1999 "La República Bolivariana de Venezuela es un estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad" (CRBV, 1999: articulo 4)
Por su parte el articulo 6 expresa "El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo y descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables" (CRBV, 1999: articulo 6)
En este sentido la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 plantea como elemento central de guía de la acción gubernamental y Estatal la descentralización, comprendida como la clara delimitación de funciones en cuanto a la gestión pública remitida a lo local desde una esfera en la que cada entidad cuenta con cierta autonomía para la gestión enfocada a la solución de problemas, mediante el procesamiento de las demandas, en tal sentido es importante manifestar que "los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con responsabilidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir esta constitución y las leyes de la república" (CRBV,1999: articulo 159)
Es decir, la confección del marco legal venezolano contempla la autonomía de cada entidad política en las áreas de incumbencia gubernamental a través de la existencia administrativa de fondos destinados a soportar económicamente cada gestión desde lo regional, municipal (FIDES y LAEE) y en la actualidad con mucha mayor fuerza lo comunal a través de organizaciones instaladas en el actual gobierno como poder estatal pero con una serie de vicios que devienen de códigos culturales políticos que están ya insertados en el imaginario del venezolano. El funcionamiento eficiente de la instalación de este poder comunal pasa por la cuestión de que los ciudadanos sientan la necesidad de organizarse en torno a ciertos problemas a solucionar y no por una imposición oficial cargada de recursos que se diluyen entre la malversación y el partidismo.
En tal sentido si bien la descentralización es un proceso que aunque efectivo por la delegación misma del poder a escalas mucho mas particulares, debe ser constantemente evaluado regionalmente en virtud de la deficiencia en el abordaje de ciertas problemáticas locales. Problemáticas que no van concatenadas con los parámetros de calidad gubernamental que en la actualidad nos permiten detectar el buen y el mal gobierno, al igual que debe revisarse la gestión municipal y comunitaria. Una revisión que implique trabajos de reeducación de los ciudadanos desde los niveles básicos hasta los superiores del sistema educativo. Reeducación que pase por reconstruir pisos éticos y morales, y de respeto por lo público como patrimonio de construcción, mediante la productividad de las potencialidades locales de nuevos paradigmas de gestión pública mucho más atractivos para la participación.
En cuanto a la capacidad de respuesta tenemos lo siguiente. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela si bien es una de las mas actualizadas de América Latina en relación a las garantías ciudadanas otorgadas, se contrasta con que las demandas concretas que en ocasiones terminan siendo el recuerdo de que existe un marco constitucional hermoso que se queda en tinta y papel y que hace sucumbir a gran cantidad de ciudadanos ante la desesperanza. En este sentido es bueno acotar que las demandas que se generan en un sistema político son ilimitadas cuestión que genera inevitablemente fuentes de tensión en dichos sistemas (Easton, 1979), fuentes de tensión que van agotando en la mayoría de los casos la legitimidad del gobierno que roza el abismo pero que cuenta con la manipulación del estado de derecho y de sus elementos.
En tal sentido se ha querido presentar como ejemplo las demandas que recibe el gobierno en la actualidad con respecto al problema de la vivienda en el país. En esta misma línea, es bueno precisar que en cuanto al sector vivienda existe una situación irregulares en cuanto a las adjudicaciones de viviendas y de créditos hipotecarios al interior del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el cual se encuentra sobrecargado de demandas, situación que ha hecho insostenible la configuración de un sistema de vivienda regular y estable para nuestro país.
Así mismo según la constitución de la República Bolivariana de Venezuela " toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.el Estado dará prioridad a las familias y garantizara los medios para que estas y especialmente la de escasos recursos puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas" (CRBV,1999: articulo 82).
De esto puede deslastrarse como la situación en cuanto al comportamiento de este indicador, se denota una desoperativización de la capacidad gubernamental en muchos sectores de la vida nacional entre ellos la seguridad, salud, educación; pero el sector vivienda vive una crisis que aun que silenciosa esta presente y desestabiliza los núcleos familiares y por ende sociales. Un ejemplo palpable lo constituye por ejemplo a situación que se vive en la urbanización Altos del Sol Amada, Maracaibo, con la malversación de las viviendas en cuanto a su adjudicación y en la gran cantidad de invasiones repartidas a lo largo no solo del Zulia sino del país entero como bien lo apuntan los siguientes artículos de prensa.
"Agrietadas las casas de Altos del Sol Amada IUn número promedio de 120 viviendas ubicadas en su mayoría en la avenida principal del sector, se encuentra afectado por la ruptura de las paredes debido a la mala compactación de los terrenos. Vecinos del sector miembros del movimiento vecinal prodefensa de las casas en derrumbe han denunciado el problema ante Fondur". (infoviviendavirtual.com, 2002)
"Más de cinco mil invasores en Maracaibo y San Francisco esperan por reubicación". (laverdad.com, 2007).
Luego de observar dichas realidades puede detectarse como algunos sectores de la sociedad civil se organiza entorno a la ocupación de espacios bastante improvisados y en muchos casos riesgosos en búsqueda de soluciones en cuanto a vivienda se refiere, esto concatenado con lo que genera consecuencialmente las coyunturas criticas en este caso en cuanto a vivienda.
En cuanto a los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos tenemos: Los derechos a los cuales tienen acceso los ciudadanos de un país son muestra de cómo el sistema político de ese país concibe el devenir ciudadano y la compactación del mismo mediante la inserción y otorgamiento de legitimidad al régimen que represente al andamiaje estatal; en esta misma línea, la constitución ya en el caso de Venezuela garantiza toda una batería de derechos que de aplicarse forma integral pudieran mostrar nuevos índices de revitalización de lo político gestionario como producto de la legitimación de mayorías ciudadanas mas no de unanimidades en virtud de los procesos de individuación descritos con anterioridad.
Dentro de los derechos sociales el Estado contempla la protección desde el embrión hasta la ancianidad de las personas, reflejándose en el capitulo V en materia de derechos sociales y familiares, paseándose por los artículos del 76 al 81 (CRBV, 1999). Evidencia aún el carácter proteccionista de resguardo a la vida teniendo en consideración las acciones y medidas necesarias de diversas instituciones y órganos para responder a dichas prioridades en la carta magna. Derechos que en ocasiones son vulnerados en relación a las fallas en la capacidad de respuesta tanto de los derechos que el estado según su doctrina en lo nacional debe proveer a los ciudadanos como en cuanto a la satisfacción de demandas que cada día son de mayor alcance.
e) Derechos políticos.
El aspecto sobre los derechos políticos opera ya más directamente el planteamiento de acciones en pro de la defensa de una posición en cuanto al quehacer político, cuestión que activa y coloca en la palestra a grupos de ciudadanos organizados en cualquiera de las formas posibles en torno a la petición de reivindicaciones y de soluciones a distintos problemas que protagonizan el panorama público nacional. Entre ellos las violaciones a los derechos humanos, el ataque oficial a la libertad de expresión y cada una de la políticas de creación de una sociedad unánime que pretende el gobierno actual a través de las modificaciones legales que planteó en 2007 y seguirá planteando en lo sucesivo según declaraciones de los mismos personeros del gobierno y del propio presidente venezolano.
En este orden de ideas aparece el pronunciamiento como elemento a garantizar tanto jurídicamente (que de derecho esta garantizado) a través del articulo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el que se expresa lo siguiente "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley..Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público".
Pero que de hecho esta capacidad ciudadana a la acción política sigue recibiendo bombas lacrimógenas y baños que pretenden callar las voces y amarrar los brazos de hombres y mujeres que deciden soñar en la realidad mediante acciones concretas que buscan cambiar en algún aspecto la debacle de gobiernos venezolanos que han transitado caminos nefastos para la nación y sus ciudadanos. (BBC mundo, 2007)
Dentro de los derechos económicos el Artículo 114 referido al ilícito económico, expresa que la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, son penados severamente de acuerdo con la ley. Es decir, el estado interviene en los procesos de comercialización económica para regular el comportamiento de las transacciones económicas y así proteger los capitales tanto de inversionistas como de los consumidores quienes en resumidas cuentas terminan cargando con los vicios que se enquistan en los aparatos económicos nacionales.
Por lo que existe toda una penalización dispuesta en el cuerpo legal venezolano para castigar estas practicas ilegales y garantizar la tranquilidad del ciudadano en cuanto a las interrelaciones comerciales que teje con estas estructuras en su cotidianidad. Por lo tanto, puede decirse que en cuanto al cumplimiento de estos derechos el gobierno actual realiza sus esfuerzos para atacar estas practicas pero por otra parte las mismas trabas institucionales en materia de producción interna y de importación de productos obligan en muchos casos a la mayoría de los empresarios a recurrir a vías como la recompra de divisas, contrabando de mercancías y acaparamiento de productos. Elementos que trastocan todo el piso económico y crean incertidumbre en dicho aspecto de la vida nacional.
En cuanto a la participación política tenemos: Para poder visualizar el comportamiento de este indicador de calidad de la democracia es importante remitirnos al artículo 70 de la CRBV. "Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad".
Este pues es un articulo que refleja el ajuste de la nueva concepción del Estado Venezolano a legitimar y justificar las diferentes vías por los cuales los ciudadanos pueden participar estar organizados para resolver sus asuntos inherentes a los problemas sociales y económicos. Es una oportunidad legal abierta para el desarrollo endógeno y la activación de la comunidad desde sus propias localidades sin necesidad de depender en ninguna materia de las directrices centralistas sino al contrario abrirse el camino ante el protagonismo político que el Estado es capaz de legitimar como un derecho constitucional.
En la realidad Venezolana no negamos que ha habido en los últimos años una movilización para viabilizar las vías de participación ciudadana y transformarlas en poder político a partir de las organizaciones de los consejos comunales y por vías económicas de las cooperativas pero que sin embargo transitan por caminos de interrupción por los antivalores y elementos que desde la administración pública y la cultura social manchan la funcionalidad de estas modalidades de participación.
Por lo tanto, luego de presentar varios artículos de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y constatar diversas realidades que se viven al del país es bueno acotar que el gobierno actual continua abordando las distintas áreas de problematización social, económica y política y en base a dicha intervención ha, perdido de vista el marco constitucional como referencia de la acción y de cómo está configurado el pacto en el que cada uno de los ciudadanos esta reflejado, en consonancia con la convivencia nacional.
Es así como hoy cuando los parámetros que permiten medir la calidad de los gobiernos se encuentran en boga y sirven de controles para poder llegar a establecer algunas formulas en cuanto a lo que los gobiernos que ocupen progresivamente los escaños de poder deben jerarquizar y gestionar como elementos de soluciones y de flexibilizaciones para lograr aperturar los sistemas políticos en virtud de que en la actualidad nuestro país no cuenta con gobiernos de calidad tanto a nivel central como regional, municipal y comunal situación que obligatoriamente en Venezuela debe invitarnos a repensar los parámetros de gestión política y descubrir cuales son los caminos que deben transitarse para lograr instalar nuevos paradigmas de gestión eficiente.
CONCLUSIONES
Luego de haber efectuado el análisis anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones.
Respecto a la relación entre el poder político y la legitimidad se constata que ambos se dan de la mano para ejercer la función de ejecución por quienes asumen determinados mandatos. El poder político entendido como una relación puede ser posible en un aspecto gracias a los elementos legitimadores que le proporciona el gobernado al gobernante. Los mismos pueden provenir de diferentes fuentes tales como el elemento tradicional, legal, carismático y de respuesta.
El sistema político Venezolano en cuanto a dos fuentes de tensión como lo son los altos niveles de corrupción y la poca capacidad de establecer acuerdos entre los sectores políticos, dan luz a un diagnóstico negativo de funcionalidad del mismo sistema, en virtud de la desconexión constante y poca capacidad de interacción pacifica para la resolución de los conflictos sociales que se gestan entre los sectores de las entidades administrativas y la misma sociedad civil.
Venezuela cuenta con una capacidad extractiva extraordinaria que le permite obtener recursos financieros de gran cuantía pero que se desvanecen mediante la mala gestión de los administradores para reflejarla dentro de la incapacidad de respuesta del sistema político. Situación que se constata a partir de las inoperatividades del sistema de servicio de salud y Transporte Urbano.
En la era de la globalización que vivimos en la actualidad sumado a las tendencias de crisis del Estado y las nuevas tecnologías comunicacionales e informacionales, el Estado como tal se reconfigura en conjunto con las nuevas expectativas de la sociedad y su capacidad para organizarse en diferentes modalidades. Modalidades que hacen mirar los planes de la administración y la forma jurídica de otras formas para legitimarlas y darle un protagonismo frente a las decisiones del país. Se deja a un lado en cuanto a la vía constitucional el mero protagonismo del estado frente a los planes de gestión para promover a la sociedad civil como protagonista, sin embargo no deslastrándose de la misión proteccionista para garantizar dichos medios.
Una misión proteccionista que constatándola en las evidencias de la realidad vía medios comunicacionales y por vivencia propia no se ajusta a las propuestas de garantías constitucionales en gran medida si nos referimos a los derechos sociales, políticos, económicos, así como a la descentralización, la capacidad de respuesta del mismo Estado ante las demandas numerosas y la misma operatividad.
Una misión proteccionista que constatándola en las evidencias de la realidad vía medios comunicacionales y por vivencia propia no se ajusta a la propuesta de garantías constitucionales en gran medida si nos referimos a los derechos sociales, políticos, económicos, la descentralización, la capacidad de respuesta del mismo Estado ante las demandas numerosas y la misma operatividad que aun presenta deudas con los ciudadanos que apuestan por formas de gobierno que persigan niveles de calidad, calidad que se traduce en cumplimiento de expectativas y aumento progresivo de la condición ciudadana desde la integralidad vivencial que requiere el individuo para interactuar de acuerdo a todas sus capacidades.
La calidad de los gobiernos en la actualidad es una cuestión que interesa mucho a la mayoría de las sociedades en virtud de la revitalización del espacio informativo y de auge de la opinión publica como elemento de control de la gestión de los gobernantes que necesariamente para lograr legitimidad deben aprender a abrir sus ventanas y sus oídos para recibir mediante los mecanismos descritos por Easton las demandas del entorno y poder generar respuestas que le garanticen legitimidad, estabilidad a fin de cuentas poder, como elemento ultimo que motiva la acción de los "lideres políticos", liderazgo que se tambalea ante la organización de la sociedad civil y ante el deterioro progresivo del elemento partido.
Para finalizar es importante destacar que los procesos de revitalización fulgurante de la sociedad civil como este organizado de gran efectividad aun necesita en Venezuela asumir su protagonismo, pero un protagonismo verdadero alejado de los partidos tradicionales cuyas concepciones no van en sintonía con la ebullición de los tiempos por los que atraviesa el país. Muchas son las situaciones reales que requieren de una intervención de la sociedad civil, organizada, conciente y comprometida y consustanciada con las realidades globales y locales y sobre todo dispuestas a vencer desde la preparación técnica los viejos paradigmas de gestión política que hoy por hoy se niegan a morir, ese debe ser el camino que como jóvenes propiciemos desde la preparación teórico – practica y en este sentido conceptos para el análisis político constituye una herramienta de gran valía.
FUENTES
TEXTOS
– Almond y Powell (1978). Política Comparada. Buenos Aires. Paidós. Capitulo2
– Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999).
– Dávila, L (1991) La democracia Venezolana: Orígenes ideológicos y sociales. Universidad de los Andes.
– Diccionario Jurídico Espasa (2006).SA, Madrid
– Easton, D (1979). Esquema para el análisis político. Amorrortu. Buenos Aires. 113-171
– Lipovestky, G (2006). Los tiempos hipermodernos. Anagrama. Barcelona
– Ritzer, G (2001). Teoría Sociológica Clásica. McGrawGill. Madrid. Capitulo 6.
– Tinoco, E (1994) "Comedia y Tragedia del Poder" Manual práctico de Castro a Pérez. Panapo (Venezuela) págs. 67-100
– Vallés (2000). Ciencia Política: una introducción. Ariel. Barcelona. 31-43
Bibliografía y Hemerografía vía WEB
– Banco Mundial (2008). Sociedad Civil. {En línea} http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20621415~menuPK:1502582~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924,00.html Fecha de consulta: 25 de Julio de 2008
– Beck (2007) En la globalización necesitamos tener raíces y alas a la vez. www.clarin.com/suplementos/zona/2007/11/11/z-04015.htm Fecha de Consulta: 26 de Julio de 2008
– Camacho (2000). La corrupción en Venezuela (Introducción). {En línea} http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/6653119.asp Fecha de consulta: 26 de Julio de 2008.
– Chirinos (2007). Caracas: incidentes por RCTV. Articulo del Diario BBC MUNDO.28 de mayo. {En línea} http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6697000/6697259.stm Fecha de consulta: 26 de Julio de 2008.
– Cartay (1999) La Filosofía del Nuevo Ideal Nacional. {En línea} http://150.185.136.100/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-24671999000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es Fecha de consulta 5 de Julio de 2008
– Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008. {En línea} www.cidh.org/countryrep/venezuela2003sp/conclusiones.htm Fecha de Consulta: 26 de Julio de 2008.
– Coronel (2006). Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chávez. {En línea}http://www.elcato.org/pdf_files/ens-2006-11-27.pdf fecha de consulta: 26 de Julio de 2008.
– Guiddens (1999) "El futuro del Estado Benefactor". Revista estudios públicos. {EN LINEA} www.cepchile.cl/dms/archivo_982_799/rev74_giddens.pdf Fecha de Consulta 27 de Julio de 2008
– Grupo Macleoddixon. http://www.macleoddixon.com/documents/Boletin_Ley_de_Contribucion_Especial.pdf Fecha de consulta. 26 de Julio de 2008.
– Macedo, F (1999). ¿A Puertas Cerradas?
Percepciones de la ciudadanía de jóvenes cajamarquinos de los
Noventa. {En línea}. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/1999/macedo.pdf . Fecha de Consulta 26 Julio de 2008.
– Pereira (2008). El CNE no ha podido contener el gasto público en campañas. Articulo de Prensa, el Nacional del 12 de Febrero de 2008. {En linea} http://www.atravesdevenezuela.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=11454
Fecha de Consulta: 26 de Julio de 2008.
– Sanjuan (2005). El cuadro político Venezolano en el 2006: La crisis por falta de Consenso. {En línea}
http://observatorio.iuperj.br/artigos_resenhas/El%20Cuadro%20Politico%20Venezolano%20en%20el%202006.pdf
Fecha de consulta: 26 de Julio de 2008.
– Seniat (2008). http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5.4ESTADISTICAS Fecha de Consulta: 26 de Julio de 2008.
– Transparency International (2006). Índice de Percepción a la corrupción Administrativa, Informe {En línea} www.transparency.org/content/download/10826/92860/version/1/file/CPI_2006_presskit_es.pdf
26 Fecha de Consulta: 26 de Julio de 2006
– Rivas, A (2000). Transformaciones y crisis de los partidos políticos. La nueva configuración del sistema de partidos en Venezuela. {En línea} http://www.gumilla.org.ve/files/documents/La%20nueva%20conf.%20de%20los%20partidos%20en%20Venezuela.pdf Fecha de consulta: 27 de Julio de 2008.
– Urdaneta (2006) Políticas y Calidad de Servicio del Transporte Público Urbano en el Municipio Maracaibo. {En línea}http://www.voxlocalis.net/revistas/num14/doc/docviii1.pdf fecha de consulta: 26 de Julio de 2006.
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Autoras:
Linares Yvers Jesús
Méndez Losi Blanca
Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad del Zulia
Maracaibo Abril 2009
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