El lavado de dinero (página 2)

El Act Australiana de 1997, por su parte, lo define como la participación directa o indirecta en transacciones que involucren dinero u otros bienes provenientes de un delito. Para la legislación inglesa, es el "convertir o participar de cualquier modo en ayudar a que se controlen o retengan las ganancias del tráfico de drogas, resguardar dichos fondos o facilitar su inversión". La Ley de Suiza de 1985 anota que es la realización de un acto susceptible de frustrar la verificación de la procedencia, el hallazgo o la confiscación de valores patrimoniales sabiendo o debiendo presumir que provienen de un crimen.

En términos generales, el lavado de dinero se refiere a cualquier bien, dinero, beneficio o ganancia económica obtenida en forma ilícita, y entre tales modalidades a todos aquellos otros bienes que provengan del comercio ilegal de drogas y otros actos ilícitos, cuyos fondos se destinen a sociedades o negocios legítimamente constituidos (Solís, 2001).

Luego entonces ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero consiste en la actividad por el cual una persona, o una organización criminal, se procesen las ganancias financieras, resultado de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas. Como en cualquier negocio legítimo, una empresa criminal necesita tener un rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de su ciclo de negocios (venta de bienes o servicios). (Solís, 2001).

A diferencia de un negocio legítimo, la empresa criminal no puede operar abiertamente. Debe conceder "la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de beneficios" producidos por su "negocio", para evitar ser detectado por las autoridades competentes. Entonces, a través del lavado de dinero, el criminal (sea una persona, una organización, o una persona especialista en el lavado de dinero) transforma las ganancias monetarias derivadas de una actividad criminal en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal (Solís, 2001).

En términos generales, no existe una definición única de lo que es el lavado de dinero, y en algunos casos ni siquiera se ofrece una definición del término (como sucede en las leyes anti-lavado de Estados Unidos, Titulo 18 sección 1956 y 1957). Sin embargo, puede afirmarse que toda la actividad del lavado de dinero cae en una de dos categorías: conversión o movimiento (Solís, 2001).

La conversión tiene lugar cuando los productos financieros cambian de una forma a otra, como cuando se compra un negocio o un automóvil con ganancias ilícitas: los productos ilícitos originales han cambiado de forma: de dinero en efectivo, a un negocio o a un automóvil. Por otra parte, se produce un movimiento, cuando los mismos productos financieros cambian de localidades, como cuando los fondos son transferidos electrónicamente a otra localidad (Solís, 2001).

Una de las dificultades en identificar los movimientos del lavado de dinero es que los empresarios legítimos hacen cada día los mismos tipos de conversiones o movimientos por la operación de sus negocios (adquisiciones de capital, inversiones, ventas de productos, distribución de dividendos, pago de salarios). En el proceso de lavado de dinero, el criminal tiene la misma intención: ayudar a su negocio; sin embargo, tiene además un interés adicional: las conversiones y movimientos del lavado de dinero le permiten disfrazar la verdadera procedencia ilegal de los fondos (Solís, 2001).

La historia de siempre

En cualquier país, día a día, se está haciendo una práctica común en diversas actividades económicas y sociales, sea ese país industrializado o de desarrollo medio; esa práctica es la corrupción, no importando para ello el régimen político. Lamentablemente esa actividad va cobrando mayor fuerza por su estrecha vinculación al narcotráfico y con los flujos de dinero que acompañan dicha actividad.

El lavado de dinero es un concepto en expansión y una frase de origen no muy antigua, aunque su práctica se diese desde que la sociedad ha fungido como tal. Además, no se contaba con un entendimiento global de sus efectos nocivos, sus montos no eran tan grandes (o por lo menos así parecía) como los de hoy, y los sistemas financieros no se encontraban tan regulados con respecto a la necesidad de tales estratagemas. Aunque hay algunos ejemplos de planes que ocultan la naturaleza u origen delictivo de una transacción (y se puede encontrar desde la función del sistema bancario), comúnmente en torno a la función de funcionarios públicos, la frase lavado de dinero se empieza utilizar con mayor frecuencia junto con el desarrollo lucrativo de los mercados masivos de droga en la década de 1960 (Solís, 2001).

No obstante, como mencionamos, el cuento comienza un par de décadas atrás. Hagamos una breve reseña histórica. En varios casos se argumenta que los primeros capitales blanqueados se dieron en los Estados Unidos, en la época de los gánsteres y de la llamada Ley seca. Para ese entonces, se dice que en Chicago, en la década de 1920, un grupo de delincuentes con negocios en el alcohol, el juego, la prostitución y otras actividades ilícitas, compraron una cadena de lavanderías. Al final de cada día, juntaban las ganancias ilícitas a las ganancias provenientes de otros negocios, quedando en conjunto justificadas como obtenidas en actividades legales (Solís, 2001).

Así, el origen del término "lavado de dinero", que es relativamente reciente, se remonta a la época del mafioso norteamericano Meyer Lanski, bien conocido en el tiempo de la prohibición. Este delincuente, por aquel entonces creó en Nueva York una cadena de "lavanderos" que servían para blanquear los fondos provenientes de la explotación de casinos ilegales. Bastaba con poner cantidades importantes de efectivo, que recogía de los casinos, dentro de la caja de su cadena de lavanderías; para que esos fondos ingresaran al círculo bancario (Solís, 2001).

Sin embargo, se ha practicado cierta forma de lavado de dinero desde que surgió la necesidad de ocultar la índole o la existencia de ciertas transferencias financieras por razones ya sean políticas, comerciales o jurídicas.

Por ejemplo, al prohibir la iglesia católica la usura en la Edad Media, tipificándola no sólo como delito sino también como pecado mortal, los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses por los préstamos otorgados innovaron prácticas muy diversas que se anticipan a las modernas técnicas de ocultar, desplazar y lavar el producto del delito. Su objetivo evidente era hacer desaparecer por completo los cobros por concepto de intereses (ocultando su existencia) o hacerlos aparentar ser algo que no eran (disfrazando su índole). Este engaño se efectuaba de varias formas:

Cuando los mercaderes negociaban pagos a distancia, se les ocurría elevar artificialmente los tipos de cambio para que cubrieran al mismo tiempo el pago de los intereses. Llegado el caso, alegaban que los intereses cobrados no eran sino una prima especial cobrada para compensar el riesgo (Solís, 2001).

Otra forma era pretender que los pagos de intereses surgieran como beneficios, recurriendo a artificios similares a lo que hoy se llama "empresas ficticias" o empresas pantalla; prestaban capital a una empresa que recuperaban como beneficios.

Asimismo, los refugios financieros también tienen una larga historia en la que aparecen como una pieza necesaria para esa práctica. Entre los primeros usuarios de los refugios financieros figuran los piratas que apresaban las naves comerciales europeas en el atlántico a comienzos del siglo XVII. Había puertos que abiertamente ofrecían su hospitalidad a los piratas para disfrutar del dinero que gastaban y a la hora de retirarse de sus actividades, los piratas buscaban a menudo refugio en el extranjero (Solís, 2001).

Así, ciertas ciudades sobresalientes del mediterráneo competían entre sí, tal y como los países que hoy en día proporcionan refugios financieros, al ofrecer residencia a los piratas (y a su dinero).

Al mismo tiempo, los piratas en ocasiones utilizaban su dinero para comprar perdones que les permitían regresar a su país de origen. De hecho, en el año 1612 puede haberse registrado la primera amnistía moderna otorgada a capitales de origen delictivo. Inglaterra ofreció, en esa fecha, a los piratas que abandonaran su profesión, un perdón incondicional y el derecho a conservar el producto de sus fechorías, anticipándose en más de tres siglos y medio a los tratos similares que ciertos prominentes barones de la droga han solicitado a algunos estados Modernos (Solís, 2001).

Otros más precisan que está práctica se había originado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Alemania e Italia, que vendieron a Suiza oro que obtuvieron de los países invadidos. Sólo Alemania, durante ese período, vendió más de 1,600 millones de francos, esto es, diez veces más que sus reservas federales de ese metal. Es decir, del blanqueo de capitales proveniente de actividades ilícitas como hecho económico y social significativo, se tiene noticias desde al menos hace 60 años. Sin embargo, como fenómeno criminal surge relativamente hace poco tiempo, o lo que es lo mismo, a nivel internacional sólo es en los últimos años cuando se define como conducta delictiva (Solís, 2001).

Más recientemente, el concepto de lavado de dinero se origina dentro del marco de crecimiento del fenómeno de tráfico de drogas. Las políticas contra el lavado de dinero a nivel nacional e internacional tienen poco tiempo, además que con frecuencia se les considera dentro de la estructura legislativa de las drogas. Aunque la necesidad de lavar las utilidades provenientes de un delito siempre se han conectado con una amplia gama del crimen, por lo mismo muchos países sólo penalizan el lavado de dinero producto de las drogas. Esto impide comprender las consecuencias económicas del crimen organizado y limita la implementación de políticas (Solís, 2001).

La incautación de activos no es tampoco nada nuevo en causas penales. Muchos de los antecedentes de la legislación moderna que facilitan la congelación y fiscalización o el decomiso de ingresos y bienes procedentes de delitos tienen sus raíces en la noción medieval de donadíos, y han pasado al derecho moderno en muchos países e través de la tradición del common law inglés (Solís, 2001).

Originalmente, la mayoría de las confiscaciones consistían en penas impuestas por delitos políticos más que económicos. Posteriormente, con arreglo al common law, toda condena por delitos de particular gravedad (felony) podía tener como pena la confiscación de los viene inmuebles y de los bienes raíces.

Si bien la confiscación no suele ser tan usual, se observa una cierta continuidad básica en su motivación. Las confiscaciones iníciales se justificaban en términos parecidos a los de las modernas leyes de ocultación de bienes. De hecho, al igual que sucede con algunas leyes modernas de decomiso o confiscación, esa pena se imponía, a menudo, por los ingresos que reportaba el tesoro público (Solís, 2001).

Incluso después de que decayera la política de privar a todos los delincuentes peligrosos de sus bienes, se practicó en tiempos de paz el decomiso y la confiscación de bienes en aplicación de los reglamentos de aduana y, en tiempos de guerra, contra los enemigos o los simpatizantes del enemigo. De esa tradición –la incautación de los artículos de contrabando y el derecho de la guerra- dimana en su mayor parte la racionalización moderna de la incautación o los decomisos de bienes[2](Solís, 2001).

Si bien los actos de lavado de dinero, la búsqueda de refugios financieros y las prácticas de incautación legal, tiene precedentes históricos, sólo recientemente se han tipificado como delito el acto o la tentativa de lavar los ingresos o los bienes provenientes del delito (Solís, 2001).

El término lavado de dinero, como se mencionó antes, surgió en estado Unidos durante la década de 1920 cuando cierto grupo de delincuentes trataron de buscar un origen aparentemente legítimo para el dinero que sus negocios turbios generaban. Los motivos para ello pudieron haber sido los siguientes:

• Ocultar su éxito financiero de una policía corrupta que trataba de extorsionar pagos por conceptos de protección.

• Evitar despertar el interés de sus competidores.

• Evitar la posibilidad de ser inculpados por evasión de impuestos, arma que se utilizó en 1930 contra delincuentes respecto de los cuales no prosperaba ningún otro cargo.

Para lograr esos objetivos las bandas criminales adquirían a veces negocios de servicios pagaderos en metálico, y frecuentemente optaban por comprar lavanderías, servicios de lavado de coches, con la finalidad de mezclar fondos legales e ilegales y declarar sus ingresos totales como ganancias de sus negocios tapadera (Solís, 2001).

Al hacerlo combinaban en una sola etapa las tres fases del ciclo normal del lavado de dinero. Por elemental que parezca este proceso, sigue siendo la médula de la mayoría de las estrategias actuales de lavado de dinero. Esquemáticamente el dinero sucio o ilegal seguirá estas diferentes etapas:

Colocación

Consiste en ingresar a la economía el dinero obtenido de un ilícito y donde resulta muy importante multiplicar los circuitos para disminuir los riesgos asociados. La colocación se lleva acabo principalmente por la introducción de recursos económicos al sistema financiero, además de otros sectores que cuentan con mucha liquidez. Dos formas para aumentar los circuitos por donde transita el dinero de procedencia ilícita son las siguientes:

• Transportar el efectivo clandestinamente a varios paraísos fiscales, y

• Hacerlo circular en el país de origen, a través de compañías que manejan efectivo y cuya actividad es difícil de controlar (casinos, giras de show-busines, clubes nocturnos, exportación, turismo, estacionamientos, oficinas de apuestas).

Dispersión

Consiste en enredar las pistas con el objetivo de complicar y ocultar gradualmente el origen de los recursos ilícitos. Se puede hacer por medio de la instalación de sociedades pantalla en plazas financieras conocidas por su respeto al sector bancario[3]El dinero, siempre fraccionado, circula entre ellas por transferencias electrónicas múltiples, de esa manera se diluye dentro de montajes financieros complejos.

Integración

Consiste en reconstruir las sumas iníciales a partir de las sociedades pantalla, distribuidas en todo el mundo (o distribuidas en varios bancos locales). Así, el dinero bajo la formas de facturas falsas o préstamos ficticios, converge a una plaza financiera mayor, como Wall Street, y está a cargo de empresas financieras o comerciales completamente legales, pero bajo la influencia de organizaciones criminales. De aquí en adelante se reinvierte en círculos económicos ordinarios.

Finalmente, este circuito permite que el dinero circule libremente en la economía mundial (a través del comercio bienes inmobiliarios, bolsa, metales preciosos, obras de arte, entre otras cosas) y a la disposición de sus dueños, que en adelante serán dueños de una importante casa de comercio (Solís, 2001).

Cualquiera que sea el agente que se sirva del lavado del dinero o cualquiera que sean los laberintos que utilice, los principios operacionales son básicamente los mismos.

Aquí cabe aclarar que el lavado de dinero es algo más que contrabandear u ocultar fondos de origen turbio, aunque esas actividades son un ingrediente esencial del proceso. Es decir, la operación de ocultar el dinero delictivo, por ejemplo, gastándolo de forma anónima o desplazándolo a un país donde no existen sanciones contra el uso de dinero de origen ilícito, esa operación no es propiamente lavado de dinero, porque lo único que se ha hecho es ocultar la existencia de fondos ilícitos de las autoridades de vigilancia del lugar donde se cometió el delito subyacente. Ahora bien, si se le da al dinero la apariencia de una procedencia legítima en algún lugar donde existen sanciones contra su origen ilícito, entonces si cabe decir que ha sido lavado, ya que se ha disfrazado su origen (Solís, 2001).

Pese a que ya es un asunto de amplia difusión, puede afirmarse que aún no adquiere la reacción y atención que pudiera esperarse, o hasta hace muy poco se le ha prestado un poco de atención[4]Es como enfrentarse a un fenómeno generalizado de crímenes bajo el signo de la impunidad o el disimulo. Sin embargo, reconocer la existencia de la corrupción y el lavado de dinero no es suficiente para comprender el por qué y el cómo se desarrolla, la naturaleza, las estrategias, la manera de penetrar en círculos estratégicos de una nación, la definición de sus objetivos entre un lugar y otro, ni tampoco permite entender los motivos por los que se ha convertido en un problema tan importante para la sociedad, amén del gran reto y riesgo para los gobiernos y organismos multinacionales (Solís, 2001).

Elementos coadyuvantes al lavado

Desde luego, la corrupción está presente en esta acción. En no pocas ocasiones se le ve como acción accidental de deshonestidad y, sobre todo, porque se asocia al elemento discreción, además de que evade los controles del poder estatal, al participar una persona que brinda algo a cambio de evadir la ley, en tanto otra permite y favorece esa conducta, vulnerando con ello el estado de derecho (Solís, 2001).

Más aún, la corrupción dificulta la creación de empresas y no fomenta la generación lícita de empleos y por ende no contribuye con el desarrollo del mercado doméstico. Por otra parte, debilita la unidad nacional, aumenta los problemas sociales, innegablemente debilita la imagen del gobierno y tiende a poner en peligro la estabilidad política de toda la nación. Los actos de corrupción también dañan la relación entre los gobernantes y los gobernados, genera irritación social –que cada vez es más frecuente- y cuando se le vincula con la impunidad, reduce la confianza de la población en sus instituciones[5]Por ello la corrupción debe ubicarse como un fenómeno global cuyos efectos pueden variar, desde impedir el desarrollo económico, hasta corromper valores sociales y limitar la estabilidad social de una determinada región geográfica (Solís, 2001).

La corrupción llega a tomar diversas formas, independientemente de que existan grados, niveles y medios de manifestación. Así, puede ser política, ideológica, individual, organizada, pública o privada. La podemos asociar al grado de institucionalización, al ritmo con el que cambia el tejido social y el desempeño cultural. Si bien implica transacciones voluntarias de soborno, también significa extorsión, en tanto que la amenaza de una sanción, la violencia de una autoridad, el poder del corruptor o el corrompido, o simplemente la negativa de un funcionario a cumplir sus obligaciones, obligan a entrar en la transacción[6](Solís, 2001).

Luego entonces, los actos de corrupción llegan a ser medios para ejercer influencia, que puede ser ilícita e ilegítima. Al llegar a influir en las decisiones públicas, aquellos que la emplean procuran participar en la formulación de la toma de decisiones o en la decisión misma, en la aplicación de las normas relacionadas con la administración pública, así como en la definición y aplicación del marco normativo contra los infractores[7](Solís, 2001).

Básicamente, en los niveles en los que la corrupción influye se limitan transacciones entre individuo y autoridad, aunque es en realidad el propio Estado el que puede llegar a estar formado como una organización mafiosa, donde la corrupción es resultado de transacciones entre los grupos sociales y los miembros de la comunidad política. Por lo mismo, las personas, si bien pueden carecer de una cultura cívica, estarían ciertamente obligadas a participar en operaciones corruptas, en tanto que la Ley sería sólo un formalismo imposible de cumplir y la negativa de entrar al juego se podría traducir en violencia por parte de las instancias de autoridad (Solís, 2001).

Abriendo un paréntesis, en el caso particular de México, podemos decir que el problema de la corrupción se agudiza debido a la existencia de tolerancia y permiso, así como a la práctica de no presentar denuncias por temor a sufrir represalias, además de los factores culturales que han permitido la reproducción de esquemas con la misma naturaleza.

La corrupción también se distingue entre ideológica anteriormente llamada de "izquierda" y patrimonial conocida como la de "derecha"[8]. En diversos países en desarrollo, la corrupción se ve como parte de la vida diaria pública oficial, es decir, como forma organizada ante la falta de una real sanción. Esto trae como consecuencia el deterioro no sólo de las instituciones, sino también de las propias autoridades.

La corrupción, y con ella el crimen organizado, tiene otras implicaciones que vale la pena mencionar. Puede presentarse en niveles específicos de la jerarquía oficial o en toda la estructura nacional. Por lo anterior, se considera como actos de corrupción:

• El fraude.

• El soborno.

• La extorsión.

• La malversación de fondos públicos.

• El lavado de dinero, durante los últimos años.

El soborno se entiende como la promesa u otorgamiento de cualquier pago indebido u otras ventajas, de forma directa o a través de terceras personas físicas o morales, para instar a la autoridad para que actúe o deje de realizar la función que le compete con el propósito de crear o conservar un negocio. En particular, esta práctica efectuada por personas y empresarios debilita la eficiencia del gobierno y al sistema de supervisión (Solís, 2001).

Es oportuno indicar que la medición del producto total de una nación es una ciencia imperfecta, aún en aquellos países donde las estadísticas gubernamentales son confiables. La actividad económica no reportada (la economía subterránea o el mercado negro) es una de las características más importantes en el escenario económico mundial, ocasionando usualmente que la recaudación sea baja (con altas tasas impositivas para los participantes de la economía formal), menores gastos en seguridad social y altibajos en las regulaciones públicas (Solís, 2001).

Así por ejemplo, de entre los países industrializados y de mayor desarrollo, la economía subterránea en Italia se estima cerca del 26% de su producto interno bruto para el año 1994, seguida por Bélgica con 21%, Suecia, Noruega y Dinamarca con 18.3, 17.9 y 17.6%, respectivamente (Solís, 2001). En varias de estas naciones desarrolladas este tipo de economía depende del nivel de corrupción, aunque esta es una variable difícil de medir, por lo que el índice se basa en el producto y percepción de la gente trabajando en instituciones y negocios de cada país; por ello la definición que pudiera utilizarse sobre corrupción es: el mal uso del poder público para usos privados (Solís, 2001).

Cuadro 1

Frente a estos escenarios, Nigeria se percibe como la nación con mayor corrupción para 1997, seguida de Bolivia y Colombia. México aparece, inmediatamente después de Rusia y Pakistán, en el lado opuesto de la moneda, se clasifica a Dinamarca como el país con menor corrupción, seguida por otros dos países europeos: Finlandia y Suecia.

Cuadro 2

¿Qué condiciones o factores promueven la corrupción? En concordancia con el Fondo Monetario Internacional, las restricciones comerciales, los controles de precios, los subsidios gubernamentales, la existencia de tasas múltiples de cambio y los bajos salarios de servicios públicos, son elementos que la favorecen. Por tanto, las consecuencias de la corrupción y un menor crecimiento económico ocasionan la mala aplicación de los recursos, desmotiva la inversión y reduce la efectividad distributiva del ingreso (Solís, 2001).

Droga factor determinante

El desarrollo del mercado internacional de drogas, pasando de una industria casera a un comercio global de miles de millones de dólares, puede remontarse al enorme brote de la demanda de drogas en los Estados Unidos y Europa Occidental durante la década de 1960 y 1970[9]Así, el tráfico de drogas es una de las actividades comerciales más lucrativas del mundo. Los cálculos del valor de todas las ventas del mundo al menudeo de drogas ilícitas van desde 100 mil hasta 400 mil millones de dólares anuales (Solís, 2001).

Ese brote desencadeno una rápida expansión de la producción mundial y el tráfico de drogas para satisfacer la demanda de esos mercados en expansión. Mientras tanto, las mejoras en comunicaciones, transportes y tecnologías de la información han hecho que las fronteras internacionales sean más porosas. Las drogas ilícitas, como los bienes, servicios, dinero y traficantes. Vale la pena hacer algunos comentarios y dar antecedentes de lo que es la droga y lo que su venta implica en su metamorfosis a dinero y la lucha contra el lavado de este último (Solís, 2001).

Un antecedente histórico acerca del tráfico de drogas y la riqueza que se obtiene de su venta procede de las Guerras del opio sostenidas por Inglaterra en contra de China –una en 1839 y otra en 1856- motivadas, por los controles que los gobernantes chinos intentaron establecer sobre los barcos ingleses que introducían ilegalmente el opio traído de la India a China, por la oposición de Inglaterra bajo el interés de no perder una forma importante de acumulación y de extracción de riquezas[10](Solís, 2001).

El opio es una planta utilizada con fines medicinales en Asia desde que los turcos la introdujeron en el resto del continente, entre los siglos IX y X. es convertido en un producto negociable e incorporado en el mercado regional en calidad de mercancía de gran valor cuando surge el capitalismo y su búsqueda insaciable de trabajo, ganancias y mercado.

Los primeros en explotar el opio como mercancía fueron los portugueses, pero los que verdaderamente utilizaron esta vía como una forma de acumulación de capitales y riqueza fueron los ingleses en el siglo XIX, aunque igualmente norteamericanos y franceses aprovecharon ampliamente el negocio.

Esto se da porque cuando Asia fue descubierta por los países europeos poco podían estos países ofrecerle a ese continente lleno de oro, plata, seda, especies y cerámicas finas. Por eso, en un principio los europeos tenían que deshacerse de sus propias riquezas (fundamentalmente oro y plata) para comprar en Oriente las maravillas de que carecían. Esto no resultaba un buen negocio para ellos, que rápidamente descubrieron la vía del colonialismo como forma de apropiarse –a cambio de nada- de las riquezas, y en los países en que esto no podía hacerse, el opio emergió como una salida idónea para resolver el conflicto (Solís, 2001).

La British East India Company, compañía privada a la que el gobierno británico había prácticamente concedido el control político y económico de la colonia india, fue la encargada de llevar adelante la mayor empresa económica vinculada a la comercialización del opio. La base de esto fue el expandir e impulsar la adición al opio en toda Asia, y particularmente en la enorme población China, en donde introducían enormes cantidades del producto hindú llegadas en barcos que retornaban a Inglaterra cargados de los preciados productos y, más aún, cargados de oro y plata (Solís, 2001).

Resultó ser un negocio redondo la venta del opio, donde prácticamente todo eran ganancias, pues la producción en la India salía a precios muy bajos para la explotación colonialista de la mano de obra.

En esos momentos ni remotamente le conviene a ninguno de esos países que estaban haciendo uso de tan lucrativo negocio incluyendo entre estos a Estados Unidos Americanos, hablar de la ilegalidad del opio. Muy por el contrario, cuando los gobernantes chinos se dieron cuenta de los cambios operados en su población y de la sangría de riqueza que estaba ocurriendo, en parte por razones éticas y más aún por razones económicas, dictaron las Reglas Manchu que marcaron una política anti-opio que obligaba la inspección de los barcos que llegaban a los puertos a y a la confiscación del opio encontrado. Entonces los comerciantes norteamericanos se quejaron y los ingleses se rehusaron, recibiendo el apoyo del Parlamento Británico que decidió declararle la guerra a china en 1839 (Solís, 2001).

El interés por no perder las múltiples ganancias obtenidas de este negocio fue lo que llevo a esta guerra y a la siguiente. El papel económico jugado por el opio en la consolidación del proceso de acumulación de los países capitalistas fue muy importante. Se calcula que durante un tiempo la venta del opio proveía entre un 40 y un 50% de los ingresos de los gobiernos coloniales de la región (Solís, 2001).

Para países como Inglaterra la acumulación en dinero y riquezas fue definitivamente muy importante, calculándose que aproximadamente un 15% de la industrialización de ese país se debió al negocio del opio (Solís, 2001).

Para los norteamericanos, aunque en menor cantidad, fue también de gran relevancia económica. El negocio americano era menor que el de sus competidores ingleses, sin embargo, era amplio, beneficioso e importante para el desarrollo del capitalismo americano. Entre 1816-1818 había un volumen anual de 672,900 libras de opio manejadas por los comerciantes norteamericanos. Esta cantidad de opio, de acuerdo con los historiadores Latourette y Dulles, formó el capital que fue básico para el crecimiento y la industrialización de la Nueva Inglaterra. Los beneficios provenientes del negocio del opio fueron invertidos en los textiles de Massachusetts y en otros estados de Nueva Inglaterra. Además, el opio ayudó a crear una fuerza de trabajo para la expansión capitalista en Asia y América y los beneficios provenientes de este proveyeron el capital para el desarrollo del sistema fabril en Nueva Inglaterra (Solís, 2001).

Mientras el negocio del opio fue económicamente funcional a los intereses de los países desarrollados, no se contemplo su ilegalidad sin que, por el contrario, fueran los mismos países que ahora promueven el prohibicionismo los que antes promovieron y se aprovecharon de los beneficios económicos que les respetaba el tráfico y consumo del opio.

Paradójicamente ocurre una situación que debería ser altamente significativa para los actuales políticas con relación a las drogas: como puede comprobarse históricamente, el negocio del opio comenzó a declinar y a dejar de ser tan lucrativo cuando China, después de la Segunda Guerra del opio, fue obligada por Inglaterra a legalizar la producción y el consumo del opio en su territorio.

Resultando contrario a lo que esperaban los ingleses, si bien el negocio en el momento inmediato se incrementó con la legalización, rápidamente comenzó a declinar, siendo la clave de esto el derecho que se había reservado el gobierno chino de aplicar impuestos a todo el opio importado, y el hecho de que los campesinos chinos tuvieron la posibilidad de sembrar su propio opio, con lo que la competencia arruinaría tan lucrativo negocio de importación (Solís, 2001).

En cuanto a EUA, la primera ley prohibiendo el opio apreció en 1886, y fue el resultado de un acuerdo con China en el que este país se comprometía a controlar la inmigración china hacia EUA (ya que se había desbordado la necesidad d emano de obra barata para construir los ferrocarriles), a cambio de que EUA redujera la introducción de opio a China a través de barcos norteamericanos. Como el negocio involucraba ya a un grupo reducido de navieros, el gobierno norteamericano accedió y votó la ley (Solís, 2001).

Loa droga derivada de la Papaver Sommniferum no fue consumida sólo por los hombres sometidos sólo por el colonialismo. En EUA al principio del siglo XX los consumidores de opiáceos y en menor medida de cocaína sumaban 200,000 personas, lo que representaba un adicto por cada 400 habitantes. Esto llevó a EUA a convocar la conferencia mundial de Shanghái en 1909 para buscar la regulación del tráfico del opio. Y años más tarde fue promulgada la Harrison Act, para prohibir el consumo de opio y cocaína (Solís, 2001).

En el siglo XX, las potencias capitalistas se disputaron el control de la producción y comercio de narcóticos. Su dominio fue más urgente en épocas de guerra. Al finalizar la década de 1930 el capital británico ejercía el mayor control. La producción en La India, Egipto, Irán, Afganistán, los Balcanes y el Sur de África estaban bajo su dominio. EUA participaba en menor medida mientras que Alemania buscaba el control de la producción de Turquía (Solís, 2001).

El inicio de la Segunda Guerra Mundial determinó que muchos de los interesados buscaran territorios alternativos para la siembra de la amapola. Por ejemplo, el flujo de materias primas comenzó a escasear en América. El gobierno de EUA y los comerciantes ilegales resintieron la caída de Shanghái a manos de los japoneses y la guerra en el Mediterraneo y el Atlántico (Solís, 2001).

Entonces, el gobierno de EUA solicita al de México el permiso de cultivar la amapola en su territorio y poco después las tierras del estado de Sinaloa se destinaban a ese propósito con el fin de atender las necesidades de la industria farmacéutica durante la guerra. Paralelos a los capitales del gobierno de EUA vinieron también los capitales de las organizaciones del crimen de aquel país (Solís, 2001).

Al finalizar la Segunda Guerra mundial la disputa por el manejo mundial de las drogas entre las potencias capitalistas era un hecho. Gran Bretaña perdía terreno frente al ascenso del imperio norteamericano. Así como EUA se imponía en todas las áreas productivas, en ele territorio de la producción y comercio de drogas os capitales de la nación norteamericana salían adelante para ganarse a los consumidores del mercado. Fue así como se desató en los primeros años de postguerra una lucha a muerte entre Occidente y Oriente con México de por medio, por conservar el control universal del opio. Si Oriente ganaba, terminaría la corta pero sensacional vida de México como productor de opio. Si Occidente triunfaba, el gigantesco trust asiático-europeo, sostenido por dinero inglés, se derrumbaría, y México a pesar de todos los esfuerzos del gobierno continuaría en la primera línea de producción de goma de amapola (Solís, 2001).

Sin embargo, las cosas fueron diferentes.

Con la independencia de la India en 1947 y el triunfo de la Revolución China se modificó la situación para el capital inglés. Mientras tanto, EUA lograba reducir significativamente, con la ayuda del gobierno mexicano, la producción y el tráfico de opio para su territorio (Solís, 2001).

Si bien, el mercado del opio permaneció, su abastecimiento se redujo y estuvo bajo control por dos décadas. Tendría que producirse la gran movilización revolucionaria a escala universal con la revolución vietnamita, los movimientos de las naciones oprimidas por EUA, el movimiento contra la guerra imperialista y la insurgencia estudiantil obrera de las naciones europeas y latinoamericanas a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 para que el mercado se reactivara y adquiriera proporciones cada vez mayores, en la medida que distintos productores –con sus diversas drogas ilegales- ganaban progresivamente terreno en el mercado creciente de consumidores de EUA y otras naciones industriales[11]

Más recientemente, también la globalización ha afectado profundamente los incentivos y las oportunidades de producir, traficar y consumir drogas.

La técnica ha hecho posible producir, cultivar y refinar drogas en lugares distantes, mientras que la expansión del comercio, el transporte y el turismo han facilitado la distribución de drogas hasta remotos mercados. Más aún la creciente integración del sistema financiero global ha ofrecido a los traficantes de drogas muchas más oportunidades de "lavar" las ganancias ilícitas y con ello el poder necesario para corromper economías, instituciones democráticas y, en algunos casos, gobiernos enteros (Solís, 2001).

Durante gran parte del siglo pasado, el XX, las drogas ilegales consumidas por norteamericanos se producían en el extranjero, en un pequeño número de países. Sin embargo, esa nación inició presiones diplomáticas, así como ayuda económica y aplicación de la ley, a cambio de su cooperación para combatir el mal (Solís, 2001).

Por ejemplo, en 1969 el presidente Richard Nixon bloqueo un cruce clave de la frontera norteamericana-mexicana para obligara a México a emprender acciones contra la producción de heroína y de marihuana, que estaba abasteciendo el mercado de drogas en EUA. Después EUA aportó más de 100 millones de dólares para apoyar la campaña del gobierno mexicano para erradicar las cosechas de esos productos mediante herbecidas; este ejercicio logró reducir la producción de opio y marihuana en México a finales de la década de 1960 (Solís, 2001).

Ese mismo presidente amenazó con reducir la ayuda exterior a Turquía a menos que dejara de producir opio, el cual abastecía a los traficantes de la "conexión francesa", por entonces la principal fuente de heroína que entraba a EUA con una ayuda norteamericana de 50 millones de dólares, Ankara se las arregló para dar otros medios de vida a los campesinos que habían sido perjudicados por su nueva política de prohibir el cultivo tradicional de opio. Sin embargo, al paso del tiempo permitió que un número ilimitado de campesinos cultivaran la papaver bracteatum, más fácil de controlar, pues requiere un importante proceso industrial para extraer el narcótico (Solís, 2001).

No obstante estas medidas, los éxitos logrados en ambos países fueron pasajeros, ya que los traficantes de Asia y el Medio Oriente comenzaron a aumentar la producción, amén de encontrar nuevas rutas de contrabando para abastecer de heroína a los mercados norteamericano y de Europa Occidental. Esta pauta ha continuado, pero ahora en mayor escala, pues el combate efectivo en un punto de la cadena de abastecimiento sólo ha provocado la apertura de nuevos frentes[12]Por eso, las legislaciones nacionales e internacionales se han modificado de forma acelerada para sancionar a sus productores y comerciantes (Solís, 2001).

La introducción de reformas a los códigos penales por los delitos contra la salud se generaliza[13]No obstante, las leyes no han desalentado el consumo y la producción de drogas. Por ejemplo, en EUA la Ley General de Control para evitar el Abuso de las Drogas, de 1970, se ha modificado en múltiples ocasiones porque la lucha contra las producciones ilícitas ha fomentado la rápida transformación ene le campo de las drogas. Por ejemplo, el combate a las drogas naturales ha llevado a su sustitución por otras sintéticas, producto de las industrias químico-farmacéuticas. De esta manera cuando una droga es prohibida por las leyes penales, eso incita a la producción de sucedáneos y se vuelve un juego de "perro que se muerde la cola".

Los primeros métodos de fiscalización de drogas concentraban sus esfuerzos en el tráfico, asumiendo medidas represivas. La estrategia de la década de 1970 evolucionó. En la década de 1980 surgió el concepto del enfoque equilibrado, en el cual se atacó con igual vigor a cada etapa del proceso de producción, tráfico y distribución de las drogas ilícitas. En este sentido, se propuso que para eliminar el cultivo ilícito fuera posible darle al agricultor el acceso a otras fuentes de ingreso. Las estrategias instrumentadas en la década de 1970 cambión en las siguientes 1980 y 1990 hacia políticas más amplias de desarrollo, tomando en cuenta aspectos socioeconómicos determinantes en el cultivo de hoja de coca y de la amapola, así como en la producción de heroína y drogas químicas[14](Solís, 2001).

Al margen del uso de las drogas, se ha generado su tráfico ilícito con incrementos económicos de dimensiones gigantescas, particularmente en los últimos veinte años, formándose empresas de narco o cocadólar, los cárteles y las mafias, en los denominados países productores o proveedores de tales sustancias, especialmente en EUA, Italia, China, Francia, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, México, Panamá, Jamaica, Chipre, Macao, Honduras, y Singapur entre otros países. Debe tenerse siempre presente que las operaciones de la droga se hacen en efectivo, siendo el dólar norteamericano el comúnmente usado, y en billetes de baja denominación, introduciendo inmensas cantidades de ellos a la circulación (Solís, 2001).

Por ello, una de las principales preocupaciones en la mayoría de los países es la pérdida del control sobre el aparato estatal por la infiltración de la corrupción, donde en más de una ocasión se conoció públicamente el soborno a miembros clave de la policía, el ejército o el poder judicial y sobre todo la creación de una red de redes vinculadas con el narcotráfico y el lavado de dinero en áreas específicas de esos países (Solís, 2001).

Tomando los indicadores anteriores como base, aquí cabe mencionar algunos ejemplos en el ámbito latinoamericano para el tema que estamos tratando sobre el lavado de dinero y actividades ilícitas y de corrupción. El de Bolivia (tras el golpe de estado de 1980 relacionado con el narcotráfico), Panamá (la supuesta relación del general Manuel Noriega con el cártel de Medellín) y Colombia ( el arresto del tesorero de campaña del presidente Ernesto Samper por su aparente aceptación de contribuciones del cártel de Cali) (Solís, 2001).

Bajo ese esquema, una de las prioridades relacionadas con la corrupción es el combate al narcotráfico y el consecuente lavado de dinero. Debido a sus alcances y a la relación con diversas actividades, estos fenómenos representan una real amenaza para el bienestar de la sociedad y el orden público. Por ello no es simplista decir que la defensa de la soberanía mexicana es un principio fundamental de política exterior y de seguridad nacional. En torno a este último tema, debe trabajarse en estrategias y líneas de acción para garantizar, por un lado la seguridad nacional del país, la coordinación y unidad de criterios entre las distintas dependencias involucradas en el combate al narcotráfico y el lavado de dinero y, por el otro, la cooperación internacional para el intercambio de información y el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Por lo expuesto hasta aquí, puede decirse que la corrupción y el lavado de dinero son fenómenos antisociales con implicaciones de carácter internacional que afecta no sólo intereses patrimoniales e individuales, sino también sociales, y en cuyo desarrollo se involucran, por lo general, organizaciones delictivas que disfrazan sus operaciones bajo aparentes actividades licitas, como son las comerciales, empresariales o financieras.

Conclusiones

Una medida eficaz para avanzar en el combate al lavado de dinero, es la unificación de legislaciones en parte importante en la barrera que debe construirse; la otra, establecer una estrecha cooperación internacional entre las autoridades judiciales y administrativas de los diferentes países, ya que los delincuentes en su actividad de blanqueo precisan del escenario internacional. Así, la cooperación regional y multinacional debe jugar un papel importante en torno al llamado secreto bancario, que a pesar de constituir un aspecto muy valioso, ha de suprimirse para impedir que, tras el mismo, se oculten los beneficios por actividades ilícitas. Además deben reconocerse que los controles que se establezcan deben de jugar un papel central en la prevención del lavado de dinero, y no solamente utilizarse para notificar determinada información a la autoridad. Los controles también deben de obedecer a una estrategia completa de negocios basada fundamentalmente en que los intermediarios financieros (y deseablemente los no financieros también) conozcan adecuadamente a sus clientes, de tal forma que les permita identificar el patrón de comportamiento de sus actividades financieras y reportar a las autoridades cuando sus clientes salen de su patrón normal de comportamiento.

Nacional e internacionalmente es importante lograr que las instituciones financieras declaren ágilmente las operaciones sospechosas, pero sin alertar a los clientes de los que se presume depositan fondos provenientes de actividades delictivas. En contra partida a la colaboración, debe eximirse a tales empresas, a sus directivos y empleados, de responsabilidad alguna, como resultado de una información proporcionada de buena fe.

Para reforzar esta tesis, dichas instituciones deben de reforzar los procedimientos de auditoría interna, asegurar la información y velar por la capacitación del personal respecto a las normas y principios fijados para combatir el blanqueo. Resulta importante señalar que las medidas y recomendaciones establecidas por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF) no son específicamente complicadas o difíciles, siempre que exista voluntad política de actuar, además de que tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas, ni amenazan el desarrollo económico, aunque debe buscarse un equilibrio para que estas recomendaciones no resulten una carga excesiva para el sano funcionamiento del sistema financiero.

Independientemente de los controles o barreras que se establezcan para combatir el lavado de dinero, cualquier normatividad nacional e internacional siempre deberá tener en mente el principio fundamental de instaurar una cultura de ética profesional y a las leyes, el acatamiento inquebrantable del Estado de Derecho.

No hacer lo anterior afectaría irremediablemente la estabilidad política, económica y social de las naciones.

Bibliografía

• SOLÍS Leopoldo (Comp.) 2001. El lavado de dinero: distorsiones económicas e implicaciones sociales. México: Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alemán, A. C.

• ESCOBAR, Raúl Tomás. 1992. El crimen de las drogas. Buenos Aires, Argentina: Universidad.

• BULIT G. Roberto J. 2001. El lavado de dinero en la legislación y jurisprudencia americana. Revista Jurídica Argentina, La Ley. No 103. Buenos Aires, 30 de abril 2001. Tomo C, p. 1109.

• ADRIOSOLA, Gabriel. 1994. El nuevo derecho sobre tóxicos y el nuevo lavado de dinero de las drogas. Montevideo, Uruguay: Fundación de cultura Universitaria. P. 63.

Datos del autor.

José Luis Villagrana Zúñiga

Licenciado y Maestrante por la Unidad Académica de Economía, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

Zacatecas, Zac., Estados Unidos Mexicanos, Diciembre de 2008.

[1] De esa manera el lavado de dinero sucio no solamente compromete al proveniente del narcotráfico, sino de cualquier actividad delictiva de crimen organizado como por ejemplo: la trata de blancas, secuestros terroristas, delitos ecológicos y defraudación tributaria, entre otros.

[2] De aquí se traslada la noción de guerra a la lucha contra la droga o contra la delincuencia.

[3] Los antecedentes del secreto bancario estas en el sistema suizo, remontándose a 1916, iniciativa que en realidad no se concreto pues estaba en plena la Primera Guerra Mundial, aunque sirvió de base para la futura Ley Bancaria de 1934; no obstante, más de uno la vincula con el crack de Wall Street de octubre de 1929.

[4] Por ejemplo en México apenas se está iniciando a tomar cartas en el asunto de manera más consiente, sin embargo, el impacto del crimen organizado y el lavado de dinero se ha convertido en un "fenómeno social" que es mal visto mientras no beneficie.

[5] También llega a establecer patrones de conducta política entre gobernantes y gobernados, sustentadas en prácticas como el corporativismo.

[6] Cabe mencionar que la coerción no se desvanece en la transacción corrupta, constantemente está presente y puede utilizarse en cualquier momento con el fin de garantizar la satisfacción de intereses privados.

[7] Se hace con pagos ilícitos, entendidos estos como cualquier ventaja económica ofrecida, pagada o proporcionada de cualquier forma a un funcionario público, con el fin de que lleve a cabo actos u omisiones violatorios de sus obligaciones legales.

[8] Por ejemplo, se señala que la corrupción de los ex-países socialistas se escudaba en lo que se calificaba como la inocencia culpable: "nosotros, los socialistas, somos los buenos, los portadores de los valores y la representación de las clases explotadas; en tanto que buenos, entre nosotros el mal es imposible". Aunque los países más representativos del régimen capitalista, tampoco quedan fuera: "Dios está con nosotros".

[9] Informe de una fuerza de trabajo independiente. Reflexiones sobre el control internacional de drogas, nuevas directivas para la política norteamericana.

[10] Ana Josefina Álvarez Gómez: la droga y su funcionalidad social y económica.

[11] Para finales del siglo XX se estimaba que el mercado de drogas abarcaba más de 250 millones de personas, aunque la producción de cocaína pudiese abastecer a 600 millones de potenciales adictos (Solís, 2001:13).

[12] Para muestra el gran esfuerzo realizado por el gobierno de Calderón Felipe en México. Donde al parecer el impacto del crimen organizado en la sociedad civil ha incrementado.

[13] A escala internacional, se legisló y estableció la Convención Ãsnica de 1961 sobre estupefacientes de la ONU y en 1972 se probó un protocolo de modificaciones. Se buscaba que el producto no llegue al consumidor.

[14] Declaración política de Naciones Unidas.