Tensión en las fronteras de Colombia como efecto de su conflicto interno (página 2)
Enviado por Jos� Luis Cadena Montenegro
PLANES REGIONALES EN LATINOAMÉRICA Y CAMBIOS EN EL DISPOSITIVO MILITAR
La nueva agenda de seguridad de los Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo internacional, han generado nuevos planes en América Latina, que pasan estratégicamente por Colombia y que alteran las relaciones inter fronterizas entre los Estados considerados en esos planes.
El Plan Colombia: fue publicitado por Washington y Bogotá a finales de la década de 1.990 como "un Plan Integral para el Fortalecimiento del Estado, la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz de Colombia", pero luego su verdadera metamorfosis lo llevó a mostrarse como la solución militar del complejo conflicto socio-político-militar de este País. Y es que este plan da prioridad y asigna mayores recursos a su componente militar, cuyas aristas llegan al puerto ecuatoriano de Manta a través de tres componentes: 1- la transferencia de tecnología de punta, 2- la inteligencia electrónica y el rastreo satelital, que posibilitarían el éxito del nuevo instrumento con miras a garantizar la hegemonía de Estados Unidos en Suramérica, 3- la reconversión política y militar latinoamericana hacia la "lucha antidrogas" y a las concepciones estratégicas del antiterrorismo para neutralizar las llamadas "nuevas amenazas internas" (SALAZAR: 2.002, 11).
El Plan Puebla Panamá: Lanzado desde México en 2.001 como la solución a problemas endémicos de ocho estados mexicanos y siete países centroamericanos, mediante la implementación de grandes iniciativas económicas, después de seis años nada en concreto puede mostrar. A Colombia se le prometió que podría incorporarse como miembro asociado al PPP hasta después de junio del 2.005, cuando se cumplieran cuatro años del mecanismo regional, y mientras tanto participaría como observador. En calidad de tal, Colombia podrá proponer temas y discutirlos con los ocho países fundadores del PPP, sin embargo, hasta que sea miembro asociado podrá tener derecho a voz y voto, explicó Taylor, coordinador del PPP durante un seminario sobre el plan. Estas fueron algunas de sus declaraciones:
El Plan Puebla Panamá tiene la limitación de que no va a tener asociados sino hasta después del 15 de junio del 2.005, cuando cumple cuatro años. Entonces, el tiempo más cercano para Colombia sería en ese cuarto aniversario para que él o cualquier otro país pueda tener calidad de asociado, añadió. El PPP estipula tres figuras para los países miembros: observador, asociado y fundador. Esta última figura sólo la pueden tener las naciones que iniciaron el mecanismo: México, Belize, Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador (BID: 2.002)
Efectivamente, en el 2.007, Colombia pasó a ser miembro asociado del Plan Puebla Panamá pero la primera referencia pública de la intención de Colombia para ingresar al mismo fue hecha por el presidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de una visita a México el 30 de mayo de 2.004, sin embargo la cancillería colombiana ya había notificado a los miembros del plan, su interés de participar. La comisión ejecutiva del PPP había sugerido a las cancillerías de los países miembros incorporar a Colombia como observador, las cuales tendrán la decisión final.
Es paradójico que se acepte el ingreso de este nuevo socio al PPP cuando precisamente uno de los argumentos del mismo consiste en negar a Colombia y Venezuela las posibilidades de incidir económicamente en la región de acuerdo con la misión y visión del plan. El presidente Álvaro Uribe Vélez había anunciado que de ser aprobado su ingreso al PPP, Colombia iniciaría obras de infraestructura para unir a Centroamérica con Suramérica. El tramo del Darién en límites con Panamá es la única parte de carretera que falta construir para completar la Vía Panamericana, el cual no se ha podido ejecutar por diferentes problemas entre los que se pueden mencionar, falta de recursos, el conflicto armado interno en Colombia, pues la zona es teatro de operaciones entre bandas de narcotraficantes, de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, además del desinterés de los inversionistas por las razones anteriores, entre otras.
El primer proyecto sería la construcción de una carretera que una Colombia con Panamá, por un sitio diferente al tapón del Darién y una línea de interconexión eléctrica. También buscaría un acuerdo con Venezuela para construir desde ese país y hasta Panamá un gasoducto, el cual se firmó efectivamente después de una visita que el mandatario colombiano hiciera a principios de julio de 2.004 a Venezuela y en la que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías estuvo de acuerdo, posiblemente, por su intención de exportar hidrocarburos hacia el lejano oriente por el Océano Pacífico. Taylor afirmó que el Plan Puebla Panamá "está vivo" y avanza, aunque reconoció que ha faltado una estrategia para dar a conocer entre la gente los beneficios y lo que se ha hecho. Aseguro también que en México se iniciará una campaña de difusión en radio y televisión para informar sobre el PPP. Muchos críticos, entre los que se cuenta quien esto escribe, aseguran que el PPP nació muerto por falta de recursos económicos y de capital político (CADENA: 2.005).
Iniciativa Regional Andina: Hipotéticamente es una extensión del Plan Colombia, que incluye aspectos militares y comerciales dirigidos a siete países de América del Sur. Fue activado en el año 2.001 con del financiamiento de Estados Unidos y abarca Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú (denominados países Bolivarianos en honor al Libertador Simón Bolívar), Brasil y Panamá. Es conveniente aclarar que Venezuela se negó desde el año 1.999 a que su espacio aéreo fuera utilizado por aviones plataforma para tareas de guerra electrónica e interdicción con el pretexto de luchar contra las bandas de narcotraficantes. De igual forma, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exigió a los Estados Unidos el retiro de su misión militar acantonada en el Fuerte Tiuna, un complejo militar ubicado en Caracas, en el cual habían permanecido por varias décadas. Por este motivo las relaciones entre Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela se encuentran deterioradas en el aspecto político, más no en el comercial. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en su página web define así la Iniciativa Regional Andina:
La región Andina representa un reto significante y una oportunidad para la política exterior de los Estados Unidos en los próximos años. Dentro de la región se están enfrentando intereses nacionales importantes para los Estados Unidos. La democracia esta bajo presión en todos los países de los Andes. El desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es inconsistente. Los Andes continúan produciendo virtualmente toda la cocaína del mundo y han incrementado las cantidades de heroína, por lo tanto representan un reto directo a nuestra salud pública y seguridad nacional. Todos estos problemas están interrelacionados. Los problemas de la región necesitan ser considerados comprensivamente para el avance de los intereses de los Estados Unidos en sus relaciones exteriores dentro de la región.
La Administración esta proponiendo una iniciativa para proveer asistencia a los países Andinos. El presupuesto requerido por la Administración para el año fiscal 2.002 es de $882 millones de dólares para el financiamiento de asuntos internacionales para programas contra el narcotráfico, construcción de instituciones democráticas, y asistencia para el desarrollo en los siete países incluidos en la iniciativa: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, y Venezuela. En contraste al último año de suministros al Plan Colombia, menos de la mitad de la asistencia será para Colombia y solamente el 50 por ciento será para el fortalecimiento de la ley y asistencia en seguridad. Hemos informado esta iniciativa en términos generales a los otros países donantes y a las naciones receptoras, y ha sido bien recibida. Hemos empezado consultas con el Congreso en lo concerniente con nuestra presentación del presupuesto de la Administración. Quizás la contribución más grande a corto plazo para el crecimiento económico y la prosperidad en los Andes seria la renovación del Tratado de Comercio de Preferencia Andina (ATPA) y expansión de sus beneficios. Nosotros creemos que la renovación del ATPA es una parte integral de la Iniciativa Andina. La legislación fue originalmente promulgada para proveer alternativas económicas al narcotráfico en Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia, y ha sido exitosa hasta ahora. (Departamento de Estado EE.UU: 2.001 original en inglés).
LAS CINCO FRONTERAS POROSAS DE COLOMBIA
Además de los continuos conflictos fronterizos, el secuestro de 12 ciudadanos extranjeros en 1.999 en Tarapoa, población ecuatoriana limítrofe con Colombia, disparó las alarmas en ese país y en los vecinos y dejó claro que la militarización intensiva no es la solución a los viejos problemas relacionados con inseguridad fronteriza. En años anteriores, el gobierno de Ecuador había ordenado a sus jefes militares en repetidas oportunidades el despliegue inmediato de tropas en sectores limítrofes con Colombia para repeler ataques y secuestros por parte de grupos de la guerrilla colombiana en zona de frontera. En el caso de los 12 secuestrados, fueron las FARC las responsables del ilícito y la reacción de los vecinos de Colombia no se hizo esperar. Brasil y Perú enviaron más de 5.000 soldados a la frontera con su vecino común. A raíz de ese acontecimiento, efectivos de la Guardia Nacional panameña ocuparon las selvas del Darién, incluso la presidenta de ese país, Mireya Moscoso, visito la línea fronteriza y la recorrió con algunos de sus colaboradores.
Problemas en la Frontera Colombo-Venezolana
Esta franja fronteriza se define por la extensión territorial de 2.219 kilómetros que sirve de límite entre 7 departamentos (Guajira, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Arauca, Vaupés y Guainía) y cuarenta y tres municipios en Colombia y cuatro estados (Zulia, Táchira, Apure y Amazonas) y veinte municipios en Venezuela. Definitivamente es la frontera más conflictiva en la región.
Cuando del análisis de conflictos fronterizos se trata, es importante considerar en primer lugar los aspectos culturales, antropológicos, etnográficos, sociológicos y los procesos históricos y políticos que han dado lugar a la conformación del Estado. En el pasado, en América del Sur, la regla general era que el poder estatal no alcanzaba a llegar a las zonas fronterizas de los territorios nacionales y las fronteras fueron fijadas por el famoso Uti Possidetis de 1.810 que dio origen a conflictos y desacuerdos político-fronterizos en los dos siglos anteriores, inclusive llegó a modificar el mapa político del continente, aunque no alcanzó a afectar la vida de los pueblos en forma vital y permanente.
No se entendía y parece que aún hoy no se entiende que la frontera es el producto del movimiento del poder estatal, en contraste con un límite natural que es a la vez una zona de contacto de una región natural con otra. El Estado-Nación se caracterizó y simbolizó simultáneamente por un territorio, una historia, una sociedad, una moneda, una cultura, etc. Sin embargo, como producto de la globalización, la formulación e instrumentación de proyectos nacionales están siendo condicionados por nuevas determinaciones externas. Esta situación provoca que la soberanía de las naciones esté cada vez más acotada y condicionada, sobre todo en aquellos países cuyos gobiernos manifiestan una situación de debilidad para defender ciertos intereses nacionales frente a agentes, instituciones y organizaciones de carácter internacional. (GASCA: 2002).
La frontera colombo-venezolana ha sido objeto de estudio de numerosos tratadistas e historiadores por la serie de problemas que en ella se han generado y que han repercutido en las relaciones bilaterales de los dos países; para abordar esta situación, los diferentes gobiernos han designado misiones diplomáticas destinadas a desarrollar la compleja situación que se presenta a lo largo de la línea fronteriza, agravada por delitos conexos con la emigración ilegal que se suele practicar por parte de ciudadanos de los dos países. Se puede decir que a lo largo de esa frontera existe un ambiente de seguridad vulnerable que ha impedido el desarrollo y la integración. A raíz de estos problemas, los dos países hermanos han contemplado en sus planes estratégicos, hipótesis de guerra con alternativas de ataque y defensa.
La permanente tensión fronteriza se refleja en la densa hemerografía que se alimenta diariamente con las informaciones en el ámbito de las declaraciones de autoridades que tienen que ver con lo que allí sucede y por eso no resulta difícil obtener abundante información con detalles y planteamientos del problema despertando gran interés entre quienes desean conocer esta circunstancia geopolítica de dos países con una historia enraizada en el mismo proceso de la independencia, pregoneros del pensamiento bolivariano, practicantes de una sola cultura, víctimas de una violenta colonización y hermanos en la pobreza incrementada por luchas políticas y gobernantes inescrupulosos de corte caudillista que con intenciones chauvinistas despertaron falsos sentimientos de patriotismo en décadas anteriores. Pese a tantas cosas en común, no ha sido posible un desarrollo rural y fronterizo sustentable para una convivencia pacífica y por el contrario, estas zonas generalmente son las más deprimidas por inasistencia estatal.
Teóricamente el desarrollo rural fronterizo se fundamenta en tres ejes a saber: 1- satisfacción de las necesidades básicas de la población y cubrimiento de las necesidades insatisfechas de los pobres del mundo 2- potenciamiento de la capacidad de la esfera de vida para absorber los efectos de las actividades humanas, así como previsión del impacto sobre los recursos del ambiente 3- consideración que los límites del desarrollo están dados por el estado actual de la organización tecnológica y social (FAO/CONAZA/SEDESOL: 1994). Ninguna de estas condiciones se ha dado en esta extensa y problemática frontera y por el contrario, allí reina la violencia, la pobreza, la ignorancia y los daños ambientales.
Se mencionan en este artículo algunas de las variables más críticas en esa relación que ha tenido sus vaivenes y momentos álgidos, pero que aún subsisten a pesar de las aparentes buenas intenciones que subyacen en la sociedad civil de esas regiones, más que en las autoridades de ambos Estados. Es un tema complicado en el que intervienen numerosos factores que en razón del espacio editorial no es posible tratar en extenso y en tal virtud se plantearán los problemas más frecuentes y algunas características de esta singular relación de dos países hermanos inmersos en un diferendo generado por lo que se ha llamado una frontera conflictiva que requiere no solamente de un diagnóstico cuidadoso, sino de soluciones que satisfagan las pretensiones de los involucrados en el problema y den inicio a un proceso de entendimiento profundo y provechoso, teniendo como base la diplomacia, el diálogo, el sentido común y el derecho internacional.
Características de la Región Fronteriza:
La región fronteriza colombo-venezolana se ha caracterizado por la ausencia significativa del Estado, notoria a simple vista por deficientes y en algunos casos inexistentes servicios de salud, educación, recreación, infraestructura, entre otros, fuerte militarización y la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos a la población que habita en esta región. En los últimos años, la tensión se ha incrementado por el fenómeno del narcotráfico que dejó de ser un problema exclusivo de Colombia para afectar a toda la región latinoamericana. En las montañas limítrofes se siembra coca y amapola y se realiza el proceso completo desde la siembra hasta la exportación, con participación de ciudadanos de los dos países, amparados por la violencia de los grupos armados delincuenciales a los que me referiré con algún detalle.
La seguridad fronteriza teóricamente ha sido una cuestión de Estado para Venezuela y Colombia; sin embargo desde hace dos décadas, (escribo en 2.007) por las consecuencias negativas que las acciones de grupos guerrilleros, paramilitares y de la delincuencia común generan, al desplazarse desde territorio colombiano hasta territorio venezolano y viceversa, han despertado mayor interés en Venezuela. A tal punto llegó la tensión que algunas autoridades venezolanas encargadas del control e ingreso de extranjeros, identificaban la nacionalidad colombiana como sinónimo de guerrilla, tráfico de drogas o secuestro y tendían a verlos como enemigos y a atribuirles la responsabilidad de sus desdichas, en una evidente expresión de xenofobia. Las incursiones de guerrilla y paramilitares colombianos han servido de justificación para que distintas autoridades detengan y maltraten en oportunidades a los habitantes de esta zona, acusándolos de pertenecer a esos grupos o de colaborar con ellos. Las comunidades indígenas han sido las víctimas más frecuentes de la acción policial o militar.
Antecedentes Históricos:
Nada parece provocar más controversia entre los científicos sociales, y particularmente entre los geógrafos, que la definición de región fronteriza. El dilema consiste en conciliar la heterogeneidad de un área tan vasta con el denominador común que representa la vecindad con otras culturas.
Los problemas fronterizos entre Venezuela y Colombia se iniciaron inmediatamente después de haberse consumado la desintegración de la Gran Colombia, cuyo proceso histórico va desde el año 1.833 hasta 1.941 lapso en el que se firmaron tratados de amistad, alianza comercial, límites y navegación entre los presidentes de Venezuela y Colombia. A raíz de la firma de los mismos comenzaron a surgir descontentos en la zona fronteriza por parte de los dos países, provenientes de la demarcación de fronteras, debido a que en estos convenios según algunos venezolanos, su país estaba perdiendo la soberanía que tenía en importantes áreas en la península de la Guajira, en el Zulia y en el Táchira. Todas estas discrepancias fueron dirimidas mediante el Tratado de Límites entre Venezuela y Colombia, firmado el 05 de abril de 1.941. No obstante la firma de ese Tratado, en las últimas décadas han surgido nuevos problemas, los cuales pueden clasificarse fundamentalmente en tres aspectos: geográficos, socioeconómicos, político-culturales.
Los problemas de orden geográfico: algunos teóricos venezolanos argumentan que se deben a la artificialidad de la frontera, pues según ellos, no está determinada en muchos tramos por accidentes geográficos, sino por líneas establecidas mediante cálculos de latitud y longitud; a esto se le suma la inestabilidad de la línea de demarcación, como es el caso de algunos ríos que alteran su curso constantemente. Desconocen quienes así piensan que las fronteras son básicamente de dos tipos: naturales y artificiales y que dependiendo de los arreglos debidamente firmados por representantes de los gobiernos, tienen validez ante la comunidad internacional (LÓPEZ: 1.999).
La extensa frontera terrestre colombo-venezolana, constituye un eje amplio y de geografía heterogénea, por ejemplo, la zona norte o de la Guajira, es plana y básicamente desértica, no obstante en otras zonas pueden encontrarse selvas y montañas muy pronunciadas, como las del Catatumbo, así como grandes ríos entre los cuales están el Arauca y el Orinoco en pleno límite. Gran parte de los caudales hídricos que surten a Venezuela tienen origen en las cuencas colombianas, pues este país tiene páramos como pocos en el mundo, los cuales comúnmente son llamados fábricas de agua, por asuntos relacionados con el fenómeno de la evapotranspiración.
Los problemas de orden socioeconómico: el principal ha sido el contrabando, que en décadas anteriores se debió principalmente a la diferencia del poder adquisitivo de las monedas de los dos países. El Bolívar venezolano tenía mayor valor que el peso colombiano, en consecuencia el contrabando se realizaba desde Colombia hacia Venezuela, a través de la Depresión del Zulia y del Río Orinoco. Esta actividad beneficiaba el comercio informal de algunas ciudades colombianas como Maicao, Cúcuta, Arauca y Puerto Carreño. Hoy en día (2.007) la situación funciona a la inversa porque la moneda de Venezuela se encuentra por debajo de la colombiana. La gasolina venezolana es de bajo costo y por lo tanto el contrabando de ese combustible ha sido permanente hacia Colombia, transformándose en una fuente de empleo informal para miles de personas que por física necesidad, acogieron esa actividad como una forma de vida.
Los niveles y expectativas económicas son desiguales a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Mientras por un lado existen zonas que carecen de los más elementales servicios, como la Guajira venezolana y el Arauca colombiano, en cambio otras localidades desarrollan tareas de gran proyección económica, como la actividad petrolera en los municipios Venezolanos de Jesús Enrique Losada, Rosario de Perijá, Catatumbo y la actividad comercial y turística en el eje Cúcuta-San Antonio-San Cristóbal. Esta desigualdad económica genera problemas sociales relacionados estrechamente con la calidad de vida de los habitantes de la región pues las regalías en uno y otro país se han manejado localmente sin que haya solidaridad de carácter regional, nacional y menos internacional. Hasta comienzos de la década del 2.000 el Estado venezolano ha logrado incidir en las administraciones locales para que, con carácter solidario inviertan en proyectos de gran impacto social.
Desde hace varios años, Venezuela ha construido carreteras de primera categoría en los límites fronterizos mientras Colombia carece de vías suficientes que puedan generar desarrollo y bienestar en su territorio. La diferencia es marcada a favor de Venezuela en ese aspecto como complemento a su dispositivo militar fronterizo. Ese país ha implantado los Teatros de Operaciones, que actúan con base en grandes guarniciones compuestas básicamente por fuerzas terrestres, aéreas y fluviales o navales.
Gran importancia ha dado Venezuela a la protección de sus Parques Naturales en la frontera mientras Colombia apenas hace presencia en los suyos. La situación es de tal magnitud, que para llegar al Parque Nacional Natural El Tuparro, es más conveniente entrar por Venezuela. Los incendios en este parque han alcanzado hasta 40.000 hectáreas en tiempo de sequía sin que el Estado colombiano haya sido capaz de sofocarlos; allí las guerrillas de las FARC han establecido uno de sus santuarios desde hace décadas. Recordando al geógrafo colombiano Ernesto Guhl, bien vale la pena decir que "Un Estado no es imaginable sin una base espacio territorial y son el poder político y militar estatales los que determinan el dominio territorial del mismo, fijando sus fronteras como una realidad política" (GUHL: 1.991). Pues bien, en esta zona no ha existido dominio territorial, haciéndose realidad aquella máxima que dice que "un espacio no controlado por el Estado al que pertenece, es ocupado por otro" (CADENA: 2.002).
Para los venezolanos, su infraestructura vial en el occidente permite un desplazamiento ágil de tropas de superficie. Además, sus bases navales y aéreas garantizan la movilidad en la región. Igualmente, monitorea la frontera con radares y tecnología de punta. Pese a esto, la porosidad de esa extensa frontera permite la generación de problemas relacionados con el viejo concepto de la soberanía nacional. Así las cosas, la tranquilidad de la región y la integración latinoamericana están ligadas a la solución del conflicto interno colombiano, por las vías del diálogo, que aun no se presenta porque a pesar del dispositivo militar gigantesco, las operaciones irregulares de grupos armados delincuenciales logran romper los cercos y cumplir sus objetivos.
En décadas pasadas, muchos colombianos emigraron hacia Venezuela en búsqueda de trabajo en razón de las buenas condiciones económicas del vecino por la bonanza petrolera; ellos contribuyeron sobre todo en las labores del campo y en la dirección de algunas empresas, pues no fueron pocos los cerebros fugados que dejaron su país ante ofrecimientos de salarios difíciles de percibir en Colombia. Sin embargo, la situación social para estas personas se volvió difícil, pues su salario generalmente fue más bajo que el corriente y no eran sujetos de seguridad social. Su situación de migrantes ilegales los convertía en ciudadanos de tercera categoría y fueron muchas las ocasiones de las deportaciones masivas después de detenciones y malos tratos, perpetrados en el pasado por la temible Guardia Nacional. Algunos de estos colombianos que habían emigrado desde la segunda mitad del siglo XX, apenas resolvieron su situación gracias a las políticas del gobierno de Hugo Chávez que ha ofrecido soluciones tangibles. Ahora, una buena parte de ellos son ciudadanos venezolanos y datos sin confirmar dan cuenta de cuatro millones de colombianos que forman parte del Movimiento Bolivariano que apoya a Chávez en sus iniciativas políticas y sociales.
Los problemas de orden político-cultural: están representados principalmente por la división del Pueblo Guajiro que se desplaza indistintamente en cualquiera de los dos países en búsqueda de recursos para sus subsistencia y cuya mayoría tiene doble nacionalidad; y los indocumentados que representaron el mayor inconveniente socio-económico en la región ya que la mayoría pertenecían a la condición social más baja de los dos países y en ella se agrupaban algunos extranjeros de trabajo itinerante, dedicados a las labores agrícolas, a los servicios domésticos, al comercio informal entre otros. Los malos tratos a que han sido sometidos ciudadanos de los dos países, han causado malestar en la zona de frontera que se traduce en reclamos para que los Estados hagan presencia efectiva e impidan las violaciones territoriales y principalmente de los derechos humanos de sus ciudadanos. Por tradición los estados con democracias en etapa de consolidación asumen que la presencia estatal se resuelve con la acción policial o las operaciones militares episódicas, dejando de lado las soluciones de índole socioeconómica.
La zona fronteriza colombo-venezolana permanece en constante tensión política, por los problemas de delimitación pendientes entre las dos naciones y por la delicada situación que enfrenta el gobierno Colombiano con la guerrilla desde hace más de cincuenta años, con repercusiones en ambos lados de dicha frontera. Generalmente en Venezuela en décadas pasadas, algunos gobernantes trataron de despertar el falso nacionalismo, más conocido como patrioterismo para disfrazar anómalas situaciones políticas, sociales o económicas internas. La historia de estos dos países está llena de reclamos, escaramuzas, conflictos y alertas de ataque y defensa. En las hipótesis de guerra de los dos países hermanos, la prioridad siempre ha sido su vecino y en ocasiones las tropas han tomado posición en el terreno en espera del día "D". Los dispositivos de las Fuerzas Militares de los dos países, están montados y sufren reajustes continuamente dependiendo de las informaciones de inteligencia sobre cambios en la situación del hipotético oponente.
Es normal que en zonas de frontera de la Guajira especialmente, los pobladores sintonicen estaciones de radio y de televisión de Venezuela, sometiéndose inconscientemente a procesos de aculturación. Tal vez en Colombia no se tenga claro que una de las principales formas de ejercer soberanía, es mediante el uso del espectro radioeléctrico. En la frontera del departamento Norte de Santander, tradicionalmente muchos niños venezolanos asistían a clases en escuelas colombianas por comodidad y distancias. Es posible que con las nuevas políticas generadas por el actual gobierno de Venezuela y sus misiones para mejorar la educación, esa situación esté cambiando. Otro Problema que también caracteriza la zona fronteriza es la presencia de enfermedades de alto riesgo que suelen propagarse en los dos lados de la frontera.
Por fortuna el Gobierno actual de la república Bolivariana de Venezuela, ha mostrado marcado interés en la solución racional del diferendo; en 1.995 el precandidato a la presidencia Hugo Rafael Chávez Frías dijo textualmente a quien esto escribe: "el problema de la demarcación marina debemos solucionarlo como hermanos y si es necesario, explotaremos las riquezas entre los dos países, pero debemos acabar las escaramuzas que nada bueno han dejado". En esta época (2.007) lo escucho decir lo mismo en su programa Aló Presidente. Es conveniente entonces que Colombia adopte una posición semejante con miras a dar por terminado este diferendo que se ha constituido en un motivo de discordia y de conflicto en una de las más importantes fronteras de América Latina–
Relaciones Bilaterales Colombo-Venezolanas:
Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela han abarcado, entre otros, aspectos muy importantes como la integración, el intercambio comercial, el desarrollo fronterizo, la seguridad, la cooperación judicial, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, la problemática de la doble nacionalidad y la migración ilegal. Estas relaciones presentan características muy particulares y poco usuales entre los países de la región, debido a la gran diversidad de factores que las mismas involucran y por constituir su frontera de 2.219 kilómetros, una de las más extensas y activas del hemisferio.
En los últimos años, estas relaciones se han visto seriamente perturbadas por la agresión violenta de grupos armados que operan impunemente en zonas limítrofes. Venezuela vive de manera continua acciones delictivas de grupos que pertenecen al narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia y el bandolerismo, que desafían permanentemente el entendimiento civilizado y la convivencia pacífica en la frontera de dos países vecinos, y violentan el desarrollo y la vida cotidiana de sus habitantes. Generalmente, estas actividades delincuenciales constituyen motivo de retaliación pero no contra los causantes y sí en contra de humildes campesinos que habitan la región y que se encuentran por lo menos entre dos fuegos. Por desgracia, mientras la prensa muestra evidencias de los vejámenes y atiza los falsos nacionalismos, los altos funcionarios de los dos Estados, niegan la realidad o hacen acusaciones en términos extra diplomáticos, asumiendo la posición de víctimas.
Acuerdos bilaterales:
Los Gobiernos de Venezuela y Colombia en diferentes oportunidades y con el fin de buscar soluciones a los asuntos pendientes, decidieron que serían objeto fundamental del dialogo político bilateral algunos temas preseleccionados. En tiempos recientes y en virtud de ese interés, en reuniones permanentes firmaron el acta de San Pedro Alejandrino el 06 de marzo de 1.990, en donde definieron como asuntos prioritarios de su relación bilateral, las cuencas hidrográficas y los ríos internacionales, demarcación de fronteras terrestres, delimitación de áreas marinas y submarinas, las migraciones, el transporte internacional, la utilización de los recursos naturales que se encuentran en la frontera, y la cooperación y asistencia mutua en casos de catástrofe y calamidad.
En los últimos ocho años desde la llegada al poder de Hugo Chávez, las guerrillas colombianas han tratado de influir en las relaciones políticas de los dos países, pregonando una gran admiración y estrecha amistad con el mandatario venezolano y aunque no han logrado su cometido como parte de su estrategia contra el gobierno colombiano, no han sido pocos los incidentes en los que las cancillerías de los dos países han tenido que salir a desmentir versiones que la prensa amarillista que, más de mala que de buena fe, reproduce en forma irresponsable. Los paramilitares también han puesto su cuota dañina en estas relaciones y han perpetrado acciones delictivas comprobadas, llegando incluso a incursionar en Caracas como parte de un diabólico plan de la oposición venezolana de desestabilizar su propio país. En los días que este artículo escribo, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, propició el indulto de un grupo de paramilitares colombianos que habían sido apresados como responsables de un intento de apoyo armado a la oposición venezolana.
Causas de Tensión Fronteriza:
Además del inconformismo por la delimitación de áreas marinas, la frontera colombo-venezolana es desde hace varios años un foco de tensión bilateral y de violencia, materializada al penetrar grupos rebeldes colombianos a territorio de Venezuela para secuestrar personas, robar aviones, lanchas, vehículos y atacar puestos fronterizos, además del tradicional contrabando y tráfico de drogas. Las agresiones armadas por parte de criminales de derecha y de izquierda, contra civiles y militares, es cada día más grave y preocupante. Al número de soldados y civiles venezolanos y colombianos muertos y heridos, víctimas de la acción armada de la narcoguerrilla de izquierda y de derecha, hay que sumarle el hostigamiento diario que se comete contra la vida productiva económica y social de la región, contra trabajadores, productores comerciantes y empresarios secuestrados y chantajeados con pago de vacunas y rescates, a cambio de sus vidas y las de sus familiares.
En los últimos tiempos se han conformado bandas de delincuencia con ciudadanos de los dos países, dedicadas especialmente al robo de automóviles, secuestro, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y pertrechos militares. Especialmente a partir del año 2.003, la aviación comercial venezolana se ha visto diezmada por acciones de la Fuerza Aérea colombiana que ha derribado varios aviones pequeños al tratar de llevar coca de Colombia a Venezuela y a otros países. Las estadísticas de las autoridades colombianas muestran que año tras año las operaciones aéreas no autorizadas desde Venezuela se han intensificado hacia territorio de Colombia para el transporte de narcóticos, armas y municiones. Es apenas lógico suponer que estas actividades delincuenciales son realizadas por bandas organizadas y no cuentan con el aval de las autoridades. Sin embargo, queda la duda sobre los controles que ejercen las mismas y la eficiencia de los dispositivos militares de los dos lados de la frontera.
La Guerrilla y el Narcotráfico:
Aunque este ha sido un problema interno de Colombia, el mismo ha desbordado sus propias fronteras y para el caso específico de Venezuela, estos grupos delincuenciales de izquierda y de derecha, operan en la zona limítrofe, creando nuevas fuentes de tensión y conflicto por los continuos hechos violentos que perturban la estabilidad y la paz social nacional. Venezuela se ha quejado del abandono de estas áreas por parte del gobierno colombiano y este a su vez, se queja cuando el Ejército del país vecino penetra tierras colombianas en persecución de delincuentes. Es la violencia que envuelve la vida en la frontera; la presencia de guerrilleros en Venezuela no es nueva y actualmente también preocupa la presencia de paramilitares actuando en la región para explotar criminalmente lo que se ha denominado las industrias ilícitas.
El narcotráfico fue una amenaza particular para Colombia pero su accionar ha crecido de manera alarmante por el apoyo logístico que recibe de las guerrillas y los paramilitares asentados en zonas rurales fronterizas, a pesar de los esfuerzos realizados con ayudas bilaterales y multilaterales. En los últimos años, esta frontera ha sido utilizada para sacar droga de Colombia hacia Venezuela como puerto de exportación a los Estados Unidos y Europa, vía aérea o marítima o para el intercambio por armas.
Los carteles de la droga han conformado toda una industria del delito, apoyada en la organización que tienen la guerrilla y los paramilitares. Estos ha asumido todas las funciones que van desde la siembra hasta la exportación y comercialización en dólares o canjeada por armas. Esta industria criminal se ha transformado en una transnacional con capacidad de corrupción sobre instituciones y personajes de otros países como el reconocido Vladimiro Montecinos en Perú y Fernandiño en el Brasil, quienes fueron socios de las FARC y les ayudaron a comprar grandes cantidades de armas y pertrechos militares. Actualmente Montecinos es procesado en Colombia por el apoyo a las FARC en la compra de 10.000 fusiles que fueron negociados en Europa y lanzados en paracaídas en territorio limítrofe colombo-venezolano.
Diversos ataques y emboscadas a puestos fronterizos venezolanos, el terror sembrado en productores del campo venezolano y colombiano y la destrucción del ecosistema de algunos parques nacionales protegidos por el Estado, en los que se han detectado sembradíos de amapola a lo largo de los años, son ingredientes que generan mayor tensión.
Otro problema coyuntural generado por el conflicto interno colombiano es la situación de los desplazados; Venezuela ha recibido solicitudes de refugio en varias oportunidades y en una ocasión el problema se suscitó con una población entera de aproximadamente 3.500 campesinos que huyeron al estado del Táchira por los ataques de la guerrilla en su territorio. Esta situación está ligada al tema de los derechos humanos, pues en repetidas ocasiones, la población civil ha sido víctima de guerrillas y paramilitares por su supuesta participación en el conflicto. No hay que olvidar que según cifras establecidas por organismos internacionales, en Colombia el número de desplazados, supera los dos millones y medio.
Presencia Militar en la Frontera:
En el marco de las soluciones concertadas entre Colombia y Venezuela se ha insistido prioritariamente en la necesidad de reforzar militarmente la zona fronteriza común, debido a que la narcoguerrilla y los narcoparamilitares actúan en esta a su anchas, aunque de diferentes maneras pero igualmente su accionar criminal afecta la política de los dos países e incluso se ha hablado de la posibilidad de permitir la persecución de facinerosos de ambos lados de la frontera, es decir por parte del gobierno Venezolano y el Colombiano. Esta tesis tomó el nombre de persecución en caliente pero no prosperó por asuntos relacionados con el derecho internacional. No obstante, no se puede negar que las relaciones fronterizas continúan siendo perturbadas por la persistencia de fenómenos de violencia.
La Fuerza Armada Nacional Venezolana (FAN) ha incrementado su presencia en la frontera que comparte con Colombia, con el fin de repeler ataques de los grupos guerrilleros de las FARC y del ELN, así como de los paramilitares que tienen campamentos en territorio Venezolano. El ejército venezolano en 1.999 contaba con 20.000 militares distribuidos en 105 puestos a lo largo de la frontera de 2.219 kilómetros para frenar la acción de contrabandistas y el hampa común. A partir del 2.002 esa cifra se ha incrementado en forma logarítmica, pero sólo ellos conocen las cifras exactas.
Colombia ha reajustado su dispositivo militar permanentemente, pero a partir de la década del 80 del siglo pasado con mayor énfasis. Se activó la Primera División del Ejército con sede en Santa marta, la Segunda División en Bucaramanga, la Brigada No. 17 en Arauca, la Brigada Blindada en la Guajira, el Comando Aéreo de Combate en Barranquilla, se instalaron radares en la Guajira, se activó un batallón de infantería mecanizada, la Armada Nacional mejoró sus recursos y activó la aviación naval; en fin, el mejoramiento de las Fuerza Militares colombianas ha dependido de su situación política interna y de la situación política de Venezuela y de los cambios en el aparato militar de su potencial enemigo. Definitivamente los que ganan con estas locuras son las grandes empresa que venden armamento y equipó militar, especialmente norteamericanas, israelíes, brasileras, surafricanas, rusas, chinas, alemanas y otras europeas.
Chávez respalda el proceso de paz en Colombia
Venezuela apuesta al proceso de paz en Colombia como la mejor forma para resolver un conflicto que no le es ajeno ni por los secuestros y extorsiones de delincuentes colombianos en contra de hacendados venezolanos en la frontera, ni por las recientes amenazas de los paramilitares colombianos. Al facilitar su territorio para encuentros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el gobierno y con la sociedad civil, el presidente Hugo Chávez ha ratificado su intención de convertirse en protagonista del proceso de paz colombiano. Lo motiva el interés por resolver un conflicto que podría terminar contaminando a Venezuela pero también su deseo de catapultarse como líder regional. Chávez se opone firmemente a una intervención militar en Colombia por dos razones: 1- el temor de agudización del conflicto 2- el riesgo de desestabilización política en Venezuela con efectos colaterales en otros países de la región. A partir del mes de agosto de 2.007 el Presidente Chávez pasó a ocupar los titulares de los principales diarios del mundo por su nuevo papel de mediador para un posible intercambio humanitario entre secuestrados por las FARC y presos de esa agrupación irregular, propuesto por el gobierno de Colombia.
Ecuador: Un respeto a la tesis de no intervención
Esta frontera se extiende a lo largo de 586 kilómetros, los cuales sirven de límite entre dos departamentos y trece municipios en Colombia y tres provincias y veinte municipios en Ecuador.
Algunos hechos relevantes entre estos dos países son los siguientes: en 1.916 se firmó el Tratado Suárez-Vernaza que fija límites terrestres y marítimos. En 1.989 se hace pública la Declaración Barco-Borja para crear la Comisión de Vecindad e Integración. En 1.990 se firmó el Convenio sobre tránsito de personas, vehículos y embarcaciones. En 1.996 se creó la Comisión Binacional de Fronteras (COMBIFRON) para el intercambio de información e inteligencia militar. En 1.998 se activó el Comité Binacional de Control, Seguridad y Vigilancia Fronteriza. En 1.998 se firmó el Acuerdo sobre Derechos Humanos, Asentamientos en Frontera y Asuntos Laborales y Migratorios. En 1.999 los paramilitares asesinaron en Ecuador al diputado de izquierda, Jaime Hurtado, invitado por las FARC al Caguán. En septiembre 11 del mismo año un grupo armado secuestró en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos a 12 europeos y al ser acusadas, las FARC negaron su autoría. En 2.001 enero 11 se presentó un enfrentamiento armado entre militares ecuatorianos y guerrilleros colombianos en Puerto El Carmen. En enero 25 las FARC atacaron por cuarta vez el Oleoducto Trans-ecuatoriano en la vía Lago Agrio-Balao. En febrero 23 del mismo año capturaron un guerrillero de las FARC intentando comprar armas en Quito. En noviembre de 2.002, se desmanteló un campamento guerrillero en Bermejal. En noviembre 19 se capturó en Ecuador una banda procedente de Colombia con 2,4 toneladas de coca, incluido un coronel ecuatoriano. En 2.007 continúan las escaramuzas entre los dos países por actividades de las FARC y los paramilitares en la frontera y en territorio ecuatoriano.
Los pocos destacamentos militares de Colombia que había en la frontera a finales de la década del 90 -en Candelilla de la Mar, en el Pacífico, y otro en Puerto Ospina, sobre el río Putumayo- fueron retirados. Ataques de las FARC contra guarniciones como Las Delicias y Coreguaje en Putumayo y Puerres en Nariño, llevaron a los militares a cambiar de táctica. "No queremos tener bases fijas, están revaluadas. Nuestro sistema operativo es móvil", había dicho entonces el general Carlos Alberto Fracica, director de Inteligencia del Ejército.
Pese al esfuerzo de las autoridades por bajar los índices de criminalidad en las ciudades fronterizas ecuatorianas, se dispararon las actividades de narcotráfico; así lo demostró el decomiso de unas 20 toneladas de coca en la costa pacífica colombiana y la destrucción en 2.002 de cinco campamentos de la guerrilla en territorio ecuatoriano, uno de ellos, según el comandante de la cuarta División del Ejército Ecuatoriano, con capacidad para albergar a 400 hombres y con sistemas de comunicación satelitales. Sin embargo, la fórmula estaba lejos de ser perfecta, entre otras, por la desconfianza que existe entre las fuerzas militares de las dos naciones. A pesar de que la COMBIFRON con Ecuador -esquema de cooperación militar- fue la primera en entrar en funcionamiento, uniformados colombianos aseguraban en ese tiempo que no había tenido mayor fluidez e incluso había quienes dudaban en compartir información por los escándalos en los que aparecieron involucrados algunos militares ecuatorianos por presunto tráfico de armas y municiones para las FARC. La relación entre los dos países ha pasado por tiempos azarosos.
El repentino y frecuente cierre del puente fronterizo Rumichaca, el pedido de mantener una faja de 10 kilómetros en la que no se fumiguen cultivos ilícitos, la incomodidad por los desplazados colombianos copando las calles y los brotes de xenofobia son síntomas de descontento entre los ecuatorianos. Pero hay también factores que han contribuido a amortiguar esos efectos de la guerra: unos férreos vínculos históricos entre las poblaciones indígenas y negras de ambas naciones y una relación de fraternidad entre los habitantes de la frontera, un intercambio comercial de casi 1.200 millones de dólares al año, que hace de Ecuador el tercer socio de Colombia.
Según la Cancillería colombiana, es en esa frontera donde la tarea de integración está más avanzada. A diferencia de lo que no se ha logrado con los otros vecinos, ya se dio inicio al Plan de Desarrollo Binacional -establecido por canje de notas diplomáticas -que debe llevar a una legislación común en cuanto al uso de todo tipo de bienes y servicios y a la convalidación de estudios, entre otras actividades.
Desde la Constitución de 1.991, Colombia ha avanzado mucho en una legislación en favor de las minorías étnicas. En los últimos 35 años el Estado ha destinado 234 mil millones de pesos a adquisición y mejora de tierras indígenas. La ley 715 del 2.001 determinó entregar a los resguardos el 0,52 por ciento de las transferencias. En el 2.002, se les asignaron 57.300 millones de pesos. Pero, como lo acepta Planeación Nacional, en Los Pueblos Indígenas de Colombia (2.002) -el estudio más reciente y completo sobre la cuestión- "las políticas públicas en materia de indígenas no suelen considerar a los que viven en las zonas de frontera". Se ha ampliado la cobertura en educación primaria, pero la pobreza es tal que la deserción es muy alta, y hay quejas porque la educación no toma en cuenta las particularidades indígenas.
Con el 70 por ciento de selvas y sabanas casi intactas, los territorios indígenas fronterizos ocupan, según constata Planeación, "el mayor remanente de ecosistema originario y de biodiversidad" sujeto a presiones colosales. Buscadores de oro en el Guainía, petróleo en Putumayo y Arauca, tala de madera en Chocó y Amazonas, vastos frentes cocaleros que avanzan desde Guaviare y Caquetá hacia Vichada y Vaupés, se combinan con abusos de los grupos armados, reclutamiento, desplazamiento, miseria y abandono inmemoriales.
En la frontera colombo-ecuatoriana el panorama es crítico y en los últimos años los problemas se han incrementado. El ejército de ese país disponía en 1.999 de aproximadamente 400 hombres en un batallón de infantería en la fronteriza ciudad de Tulcán y dos compañías en El Oro y Lago Agrio. En esa zona opera el bloque sur de las FARC, que utiliza la frontera para el tráfico de insumos, drogas, explosivos y armamento. Las fumigaciones a cultivos de coca y amapola en esta zona no han solucionado la situación y el presidente Rafael Correa impetró una denuncia en la Haya contra Colombia por los daños colaterales que según se afirma, no acaba con los cultivos ilícitos y si con los de pancoger de los campesinos ecuatorianos. Continuas notas entre cancillerías han tenido lugar entre 2.006 y 2.007 sin que la solución definitiva al problema se avizore.
La tesis de neutralidad de Ecuador
En Ecuador ha hecho camino la tesis de no intervención en Colombia y menos la intención de adherirse a ningún plan continental para atacar a la guerrilla. El Gobierno ecuatoriano, había dicho que lo único que haría, sería reforzar la vigilancia militar en la frontera para evitar que cualquier grupo armado, sea insurgente, delincuencial o paramilitar, tratara de diversos modos de penetrar el territorio ecuatoriano. Y es que más allá de lo formal, el Ecuador no deseaba verse involucrado, de ninguna manera, en un conflicto al que teme. Sin embargo, muchos críticos opinaron que al permitir una base estadounidense en Manta, ya se había involucrado.
Los secuestros en territorio ecuatoriano exasperaron los ánimos. A raíz del plagio de 12 extranjeros en 1.999 veinticuatro horas después, Venezuela también reacciono. El alto gobierno anuncio que todo colombiano que aspire a trabajar en fincas o empresas en su territorio será carnetizado. La medida pretendía evitar la infiltración de guerrilleros y garantizar la seguridad en el área. Pero más allá de las amenazas de Carlos Castaño -jefe de los paramilitares- de las incursiones de las FARC en la Amazonia ecuatoriana y del miedo que estos actos produjeron entre la población, surge una pregunta: ¿Colombia y sus vecinos están en capacidad de controlar 6.341 kilómetros de fronteras naturales y contrarrestar la amenaza paramilitar y guerrillera?
"Es imposible para Colombia y para cualquier país vecino hablar de un control del cien por ciento de las fronteras, cuando esos lugares son selváticos, las condiciones y la lejanía del territorio no permiten que haya grandes bases militares y menos, apoyo rápido y eficaz" (CADENA: 1.999). Germán Castro García y Jorge Puentes Soto, militares en retiro, en un documento titulado "Los verdaderos responsables de la inseguridad nacional", afirman que Colombia nunca se ha preocupado por montar una infraestructura que le permita defender dignamente sus fronteras. "es evidente que ante los desafíos de la subversión no hay dinero para la defensa ni para las obras de frontera que nos permitan mantener nuestra dignidad".
A juicio del general Rafael Hernández López, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares de Colombia en 1.999, "cada país debe responder por la seguridad de su área limítrofe". Pero la realidad es, según dicen otros expertos, que el accionar de paramilitares y guerrilleros en zonas de frontera supera la capacidad de los estados para proteger sus líneas divisorias. Al comenzar el nuevo milenio (2.000) en los más de 6.000 kilómetros que Colombia compartía con sus países vecinos operaban 71 frentes guerrilleros -con cerca de 15.000 combatientes- y 45 grupos de autodefensas -que totalizaban cerca de 12.000 efectivos-(HERNÁNDEZ:1.999).
Esta amenaza armada, unida al narcotráfico y al creciente accionar de la delincuencia común pretendía ser controlada, en el caso colombiano, por menos de 30.000 efectivos militares y policiales. Esta fuerza estaba dotada con fusiles, morteros, cañones de limitado alcance y no más de 100 vehículos, a los que escasamente se les hacía mantenimiento. Eso sucedía a finales de la década de 1.990 pero la activación del Plan Colombia propició la llegada de nuevas armas, helicópteros, lanchas, vehículos terrestres y activación de nuevas unidades de soldados profesionales.
Cuando el presidente Lucio Gutiérrez llegó al poder en el 2.003, Ecuador pasó a ser, entonces, aliado de la estrategia estadounidense y colombiana, al aceptar la consolidación de una base militar extranjera y al insertar su futuro a la visión de Estados Unidos para la región. Los tres últimos gobiernos respondieron con mayor militarización en la frontera con Colombia, cuyo pie de fuerza militar superaba en el 2.003 los 12 mil hombres, la más alta cifra de concentración de tropas en la historia de Ecuador. El centro gravitacional estratégico de las Fuerzas Armadas había sido desplazado a Colombia de manera irreversible. A pocos kilómetros de allí, en la Amazonía brasileña, los Estados Unidos pretendieron apoderarse de la base de Alcántara, pero el gobierno local se resistió a cederles esa zona y la controlan ellos mismos.
Ecuador activó un Plan de Defensa Interna que pretendía ubicar 10.000 efectivos más y una unidad helitransportada a menos de 100 kilómetros de la frontera. Para ello, E.U. también donó 18 helicópteros en el marco de la Iniciativa Regional Andina. El sistema parece haber logrado algún control gracias a que los batallones móviles antinarcóticos del Plan Colombia han estado operando en la zona. Cuando terminen de asentarse los nuevos soldados ecuatorianos y sus equipos, habrá que revisar entonces si la presión de Estados Unidos y la colaboración de Colombia y Ecuador logran cambiarle la cara a la frontera y darle un giro al que hasta ahora es considerada el eslabón más débil del vecindario.
Brasil: si hay problemas fronterizos pero no son nuestros
Los 1.645 kilómetros de frontera limitan con tres departamentos y cinco municipios en Colombia y un estado y cinco municipios en Brasil. El concepto de la cancillería brasileña resume así la visión de su país: "Para nosotros, lo que hoy es llamado como problema colombiano es sin duda un problema, pero está lejos de ser considerado una amenaza para nuestro país". La idea oficial es que se trata de un problema interno y debe ser resuelto por los colombianos. Brasil se opone tajantemente a cualquier forma de intervención militar en Colombia y ya le anunció a los Estados Unidos que solo intervendrá con fuerzas de paz -no de combate- si el gobierno colombiano lo pide muy claramente. Brasil se niega a ser empujado a una guerra en la que, dicen, "seria fácil entrar pero difícil salir" y se opone a patrocinar un mayor intervencionismo estadounidense.
Completa el cuadro de los efectos del conflicto colombiano la tragedia de los refugiados, cuya magnitud, objeto de diversas estimaciones es, en cualquier caso, notable y creciente y ha generado peligrosos procesos de xenofobia. La respuesta ha sido un aumento notable en el pie de fuerza fronterizo del vecindario, en parte gracias a la Iniciativa Regional Andina. Con los cinco países limítrofes, Colombia ha organizado las llamadas COMBIFRON, dedicadas al problema de seguridad. Brasil se ha blindado por su cuenta y está estrechando la cooperación. Sin embargo, actitud reactiva y desconfianza mutua son la norma y por eso es urgente diseñar e implementar una política de seguridad regional, construyendo una verdadera política de fronteras.
Insisten, como lo dijo un alto responsable de inteligencia, en la necesidad de una ley de seguridad de fronteras. Puede debatirse qué tan grande es la amenaza que el conflicto colombiano representa para la región. Pero una cosa parece fuera de toda duda: las fronteras siguen siendo lugares lúgubres y después de casi un siglo de abandono, hoy es, paradójicamente, la guerra la que las está sacando del olvido.
En lo militar Brasil dispone de una brigada en la población de Tabatinga, con 8.000 militares aproximadamente, cuatro bases aéreas relativamente cercanas y un puesto fluvial en el Amazonas. Con esta fuerza controla las esporádicas incursiones de la guerrilla, que utiliza la frontera para el tráfico de armas, de material de intendencia, drogas y alimentos. Estos destacamentos fronterizos dependen de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas.
Tabatinga es la última escala, el último punto limítrofe brasileño con Colombia, en el extremo sur de los 1.640 kilómetros de frontera común. Una desdibujada callejuela, la separa de Leticia, capital de la provincia de Amazonas en Colombia. Entre las dos hay un abismo cultural. Del lado brasileño solo se habla portugués, del colombiano, español. Los 30 mil habitantes de esta ciudad -que se completan con 10.000 indígenas- tienen cuatro fuentes de empleo: la Alcaldía, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y el narcotráfico. Unas 2.000 personas viven de la explotación pesquera, aunque también transportan droga escondida dentro de las barcazas. EN 2.002 tropas especiales del ejército fueron desplegadas desde Río de Janeiro para combatir al narcotráfico. Se trataba de 1.100 hombres especialmente reclutados de las principales unidades del ejército, denominada Brigada de Operaciones Especiales (BOPE), con sede en Goiania con poder de policía para realizar acciones de comando, antiguerrilla.
El principal aporte brasileño al negocio del narcotráfico son los pilotos y la flota aérea. En bimotores se transporta la cocaína pura hacia el Atlántico. Los aviones cruzan la selva del Amazonas, con escalas en pistas clandestinas brasileñas, hasta Surinam, la ex colonia holandesa. De Surinam, poblado por 300.000 habitantes, la droga sale en los barcos cargueros holandeses, que abastecen el consumo europeo. ¿Por qué Holanda no los reprime?-Hay un problema político. Surinam vive del comercio con Holanda. El ingreso del país es de U.S. $ 1.400 millones al año que provienen en 90% del tráfico de droga. Este es un caso típico de la nueva geopolítica que muestra como el desarrollo continuo de la economía global terminará por socavar el Estado-Nación y favorecerá la región. Esto representa un anatema para aquellos que creen que un estado grande, centralizado, es la única vía para dirigir la política, la sociedad, la economía y la cultura (OHMAE: 2005).
Perú: Una extensa y selvática frontera en el abandono
Con una extensión de 1.626 kilómetros, dos departamentos y tres municipios de Colombia, un departamento y dos municipios del Perú, población peruana de 919.505 personas y colombiana de 436.371 esta selvática frontera presenta las condiciones favorables para construcción de pistas clandestinas y comercio de insumos para el procesamiento de drogas ilícitas.
En tiempos del presidente Alberto Fujimori se tomó en serio la "amenaza" que representaba el conflicto interno que vive Colombia y en tal virtud incrementó de 100 a dos mil los militares que aseguraban la frontera después de los acuerdos de paz con Ecuador. El gobierno peruano justificó la movilización por la posibilidad de que el problema colombiano se desbordara. Sin embargo, algunos analistas, dijeron en ese tiempo que el Gobierno sobredimensionaba el tema, para garantizar el protagonismo de los militares, quienes habían pasado a un segundo plano luego del acuerdo de paz con Ecuador.
Otros argumentaban que gracias a la estrategia anti subversiva de Fujimori, Perú se había salvado de llegar a los niveles de violencia que hoy azotan a Colombia. El asunto fue favorable para Fujimori quien preparaba su segunda reelección. El 63% de la población apoyó las medidas de protección de las fronteras.
El gobierno de Perú cuenta con un puesto fluvial, tres batallones de infantería y un grupo de artillería cercanos a la frontera que dependen de una división de selva en Iquitos. En total, Perú tiene 2.500 militares en la frontera con Colombia, incluyendo una compañía de la Guardia Republicana. En la frontera peruana está latente la amenaza del bloque sur de las FARC y las incursiones continuas de las bandas de narcotraficantes de ambos países que han sido socios por muchos años.
La selva amazónica en esta frontera tiene dos caras. Una es la del turismo de aventura, del que gozan americanos y europeos, cansados de la vida confortable en sus países de origen. Otra es la de la miseria y la violencia que sufren, día a día quienes viven en la región en forma permanente.
Panamá: Con muchas amenazas y sin ejército
Con una extensión de 225 kilómetros, su frontera va del Atlántico al Pacífico; Los límites con Colombia se materializan por un departamento y tres municipios, y por Panamá con dos departamentos y cuatro municipios. Esta frontera es un caso especial. Ese país no tiene ejército y el control ciudadano está a cargo de 1.500 hombres de la Guardia Nacional.
Las actividades más relevantes entre los dos países pueden resumirse así: en 1.903 Panamá se separó de Colombia. En 1.914 se celebró el Tratado Urrutia- Thompson, por el cual Colombia reconoció la independencia de Panamá. Estados Unidos se comprometió a pagarle 10 cuotas de 250.000 dólares. En 1.924 se firmó el Tratado Vélez-Victoria que delimitó la frontera terrestre. En 1.976 se legalizó el Tratado Liévano-Boyd, sobre límites marítimos. En 1.992 se firmó un acuerdo mediante el cual reconoció Panamá a los refugiados colombianos la figura de ‘protegido humanitario’ temporal. En marzo del mismo año se creó la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña. En 1.997 primero de abril las FARC asesinaron a cuatro personas en La Bonga y Titiná (Panamá). En noviembre 15 del mismo año, las FARC asesinaron a un policía en Boca de Cupe. En 1.998, se firmó el Acuerdo de Asistencia Mutua sobre Tráfico de Estupefacientes. En 1.999 abril 20 las FARC atacaron la población de Sapzurro. En noviembre del mismo año, paramilitares hostigaron a la Policía panameña en el hito fronterizo. En diciembre 12 una cruenta toma de las FARC a Juradó provocó un masivo éxodo de civiles a Jaqué (Panamá). En octubre del 2.000 las FARC atacaron La Darienita de Nazaret (Panamá). Entre septiembre y octubre descubrieron en Panamá varios arsenales destinados a Colombia. En 2.002 diciembre 18 los presidentes de ambos países acordaron reiniciar reuniones bilaterales. En 2.003 enero 18, paramilitares asesinaron a cuatro autoridades indígenas kuna, en las aldeas fronterizas de Paya y Pucurú. En abril 11 del mismo año, se firmaron la Directiva y el Manual de Procedimiento Operativo de la COMBIFRON, entre funcionarios de ambos países, y el Tratado de Cooperación Policial. En abril 21del mismo año 109 desplazados colombianos fueron deportados desde Panamá a Colombia.
Entre 1.999 y 2.004 Panamá fue gobernada por Mireya Moscoso quien reemplazó a Ernesto Pérez Balladares y una de sus primeras acciones de gobierno fue recorrer la frontera con Colombia. La visita a la frontera de la recién posesionada presidenta panameña, demostró que este vecino estaba realmente preocupado por la creciente penetración de guerrillas y paramilitares colombianos en su territorio. Moscoso anunció entonces que se reforzaría los 1.500 policías que cuidaban la frontera -este país no cuenta con ejército desde la invasión de Estados Unidos en 1.989- pero las autoridades panameñas saben que carecen de pertrechos y entrenamiento para tener una fuerza con capacidad de defender la frontera y por eso insisten en una mayor presencia de las Fuerzas Armadas colombianas. Lo que más preocupaba en ese entonces a nivel interno, era que el tema pudiera ser utilizado para justificar la continuidad de las tropas de Estados Unidos más allá del mes de diciembre de 1.999 cuando debería hacerse efectiva la devolución del Canal.
El 31 de diciembre de 1.999 al medio día, Panamá asumió la administración de la vía interoceánica. En el Edificio de la Administración del Canal se congregó el cuerpo diplomático acreditado en ese país, además asistieron, con grandes muestras de patriotismo, diversas organizaciones populares. Esto dio origen al nuevo Ministerio de Estado para Asuntos del Canal.
Los gobiernos de Colombia y Panamá realizaron una cumbre bilateral y se comprometieron a velar por la seguridad de su frontera común. La reunión y la movilización de tropas se convirtieron en la respuesta a la amenaza de Carlos Castaño Gil, líder de las autodefensas, de convertir en objetivo militar a los miembros de la Guardia Nacional de Panamá que apoyaran a las FARC quienes en 2006 le enviaron una carta al presidente Martín Torrijos en la que lo felicitan por su política fronteriza en clara muestra de actividad diplomática internacional.
DIFERENDO CON NICARAGUA, TOQUE DE CAMPANA
Además de los problemas conocidos en las cinco fronteras mencionadas, Colombia en la actualidad afronta problemas con Nicaragua por la delimitación de las áreas marinas. El antecedente más antiguo es un tratado suscrito en Managua en 1.928 entre los dos países que fue declarado nulo por Nicaragua en 1.980 alegando que el mismo se firmó bajo presión cuando el país estaba bajo ocupación extranjera. Este Tratado, llamado Bárcenas Meneses-Esguerra, fija la frontera en el meridiano 82.
Hoy Nicaragua reclama derechos sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, además de algunos cayos, que fueron materia de otro tratado entre Colombia y Honduras en 1.986. La historia de este diferendo es larga y refleja rasgos característicos de la antigua geopolítica. A continuación, algunos datos necesarios para situar mejor los orígenes y razones del litigio entre Colombia y Nicaragua.
Colombia suscribió con Estados Unidos el 8 de septiembre de 1.972 un tratado, conocido como Saccio-Vázquez Carrizosa. Por él, Estados Unidos cedía y traspasaba la soberanía de los cayos y Bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño a Colombia, poniendo fin de esa manera a lo acordado en las notas Olaya-Kellog. El tratado de 1.972 provocó una vehemente reacción en Nicaragua, que de inmediato expresó su firme oposición. A finales de 1.979 se abrió paso en la Cancillería de Nicaragua la preocupación por la defensa de los intereses territoriales del país.
La Cancillería nicaragüense llevó la querella territorial a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mientras el gobierno colombiano reafirmó su soberanía en la extensa zona y ha reiterado en numerosas declaraciones su derecho a estos territorios. "Quiero dejar el problema resuelto al terminar mi mandato", declaró entonces la Presidenta Chamorro en 1.999 mientras técnicos y juristas preparaban el camino para que la resolución sea favorable a Nicaragua.
Ante los reclamos de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció la celebración de una serie de audiencias para examinar sus competencias, cuestionadas por Colombia. La CIJ, es la máxima instancia judicial de la ONU y juzga los diferendos entre Estados, especialmente territoriales. Sus decisiones son definitivas y sin posibilidad de apelación, pero no está capacitada legalmente para obligar a ningún país a ejecutarlas. Colombia impugnó la competencia de este tribunal, una objeción recogida en sus "excepciones preliminares" presentadas en julio de 2.003. Antes que nada, la Corte deberá estudiar estas cuestiones de procedimiento, algo que podría tomar un largo tiempo, y únicamente si se declara competente podrá estudiar a fondo el caso.
En concreto, Nicaragua solicitó en diciembre de 2.001 al Tribunal que reconociera su soberanía sobre unas islas y territorios marinos en el Caribe Occidental, reivindicadas por Colombia y ricas en petróleo. El Instituto de Energía de Nicaragua anunció la apertura de un concurso para una prospección petrolífera que incluye los territorios disputados. Por su parte, la empresa Nacional de Hidrocarburos de Colombia, ECOPETROL, autorizó a la multinacional noruega INSEIS llevar a cabo exploraciones en esta misma zona.
Nicaragua argumentó que un documento firmado en 1.803 tuvo vigencia formal durante escasos tres años y que ha servido hasta hoy para que Colombia dispute a Nicaragua islas y cayos que, por geografía y por historia son parte del territorio centroamericano y más específicamente, del territorio nicaragüense, pues se encuentran claramente ubicados frente a sus costas. En litigio están también los límites de la plataforma marina -rica en pesca y minerales– en la que se encuentran estas islas y cayos. Al llegar en 2.007 por segunda vez a la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega ha iniciado las reclamaciones con vehemencia y actualmente se espera el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia.
CONCLUSIONES
1- El desinterés del Estado colombiano por sus fronteras no permite registrar en detalle ni medir los fenómenos fronterizos en el ámbito municipal y departamental como unidad de análisis. Así las cosas, ha sido muy difícil explorar la intensidad y extensión territorial de los fenómenos fronterizos. Sólo malas noticias se conocen en las fronteras colombianas sin que exista una bitácora con índices reales que permita planear una verdadera política fronteriza.
2- La lucha que mantiene Colombia con sus focos guerrilleros desde hace más de cinco décadas, ha traído inestabilidad y una gran cantidad de muertes a lo largo de sus fronteras. A esto se añade la problemática de los paramilitares, los cuales, conjuntamente con las células guerrilleras colombianas han sido catalogados como terroristas por la comunidad internacional y actúan sin recato alguno, tanto en Colombia como en países vecinos, obligando en gran medida a estos a involucrarse en los problemas internos de Colombia.
3- A esta altura del conflicto colombiano, es claro que las acciones extraterritoriales de los delincuentes, buscan debilitar al Estado comprometiendo sus relaciones políticas con los vecinos para tratar de internacionalizar el conflicto con miras a obtener dividendos. Se deduce entonces, que a las operaciones militares del Estado en las fronteras les hace falta el análisis político para asegurar la victoria y para el correcto manejo de las relaciones internacionales en la Región Andina especialmente.
4- La prioridad en las relaciones entre gobiernos de países vecinos y Colombia, dentro del marco de la política Internacional, se manifiesta en encuentros de Presidentes, Cancilleres, Vicecancilleres y titulares de los respectivos ministerios, adelantando acciones para la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan en las líneas limítrofes, pero la inexistencia de políticas claras para el tratamiento de estos temas, convierten esos encuentros en coyunturales y transitorios sin que en realidad sirvan para sanar viejas heridas y para proyectar la región fronteriza como el escenario de lo que debería ser la puerta de entrada y salida de diferentes actividades entre países hermanos, libertados por la misma espada.
5. La frase utópica de "un mundo sin fronteras" que pregonan quienes creen que la globalización es la solución para muchos problemas del mundo, no es aplicable en Colombia, pues las fronteras en pleno siglo XX se constituyen en los más resistentes muros que aíslan al País de sus vecinos. Y lo peor es que el Estado continúa de espaldas a la realidad.
6- Militarizar cualquier frontera tiene sus riesgos porque soldados bien entrenados listos a vencer a cualquier enemigo crean una situación de alta tensión en el área y se corre el riesgo de que cualquier persona que sea vista en esa zona se convierta en objetivo militar. Las operaciones militares fronterizas deben ser un medio y no un fin para lograr el desarrollo y la integración de los pueblos.
7- La percepción de riesgo regional atribuida al conflicto interno colombiano se expresa en una preocupante escalada de la estrategia militar del Pentágono en la Región Andina observable en la creación de sendos teatros de operaciones en las fronteras colombianas, la negociación de soportes militares menos evidentes en el área y una campaña psico-social en los ámbitos académicos norteamericanos que permitan el levantamiento de hipótesis realistas y encuadren una intervención en coalición enfatizando la corresponsabilidad subregional sobre el tema.
8- La Orinoquia y la Amazonia colombianas han tenido presencia histórica de las FARC dada su ubicación estratégica para el tráfico de drogas y de armas por los ríos hacia Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Adicionalmente, recibe los efectos de las estrategias de seguridad nacional aplicadas en los departamentos vecinos (Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo), específicamente del Plan Patriota y del Plan Colombia en su componente de erradicación forzada por aspersión aérea.
9- Las zonas de frontera colombianas del sur-oriente se están configurando como la manifestación de ineficacia de las políticas de seguridad, en la medida en que en estos territorios no se han mejorado los niveles de protección de la vida e integridad personal de sus habitantes en los que, la presencia de la fuerza pública en décadas anteriores no ha sido permanente ni significativa y, por ende, han sido vulnerables a los mecanismos de regulación social, económica y territorial impuestos por los grupos armados irregulares; han sido susceptibles de vincularse a redes del narcotráfico y otras formas del crimen organizado ante la ausencia de proyectos de desarrollo regional. Allí el poder formal es superado por el poder real de los violentos.
- Tradicionalmente en América del Sur las fronteras han sido concebidas como espacios de seguridad por parte de los Estados. En la región andina la prioridad desde hace muchos años es fortalecer la presencia militar para prevenir o contener la expansión del conflicto armado colombiano hacia los países vecinos y para tratar de lograr el control territorial por parte del Estado colombiano. Esta concepción ha dejado de lado, en la política pública de los Estados, el carácter urgente de la ayuda humanitaria en regiones fronterizas y las necesidades de protección de la población civil que huye de la confrontación armada hacia los países vecinos. ¿Cuando entenderemos que las fronteras deben unir y no separar a los pueblos hermanos?
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José Luis Cadena Montenegro, Ph.D
Geógrafo y Politólogo colombiano, Profesional en Ciencias Militares. Magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes; Magíster en Planeación Socioeconómica, Universidad Santo Tomás; Magíster en Geografía y Ordenamiento Territorial, convenio UPTC-IGAC. Doctor en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Geopolítica. Presidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE), Miembro de la Asociación de Historiadores de la Ciencia y la Humanidades, México, Miembro del Instituto de Política y Democracia, Brasil, Consultor internacional en Defensa y Seguridad. Ensayo escrito y revisado en septiembre de 2.007. Comentarios a: jlcadenam@ yahoo.com.
GEOGRAFÍA POLÍTICA
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