Area de libre comercio de las Américas (ALCA)

Indice1. Introducción 2. Contenidos en Grupos de Negociación y Comités Especiales: Perspectiva de contenidos y efectos 3. Previsibles Repercusiones Económicas, Sociales e Institucionales 4. Políticas y Acciones

1. Introducción

De acuerdo a documentos a los que se ha tenido acceso, a pesar de la notable discreción con la cual al menos en un inicio se condujeron las negociaciones del ALCA -lo que promueve más previsible oposición de la sociedad civil– lo que se busca es establecer básicamente una expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN. Esta generalización del TLCAN o bien la extensión de sus principios básicos implicaría establecer: (i) primero, acuerdos preferenciales de comercio los que permitirían bajar los aranceles o tarifas dentro de los países miembros; y (ii) segundo, establecer la zona de libre comercio. Lo que se vislumbra es que los acuerdos extenderían el alcance del libre comercio a nuevos sectores sobre la base de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio –OMC. La declaración original en donde se menciona la creación del ALCA, subscrita en Miami, en diciembre de 1994, incluía, como principios básicos y objetivos, los siguientes:

1. Integración económica del hemisferio;
2. fomento de la integración de mercados de capital;
3. coherencia en relación con la Organización Mundial de Comercio;
4. eliminación de barreras comerciales arancelarias y no arancelarias;
5. eliminación de subsidios para exportaciones agrícolas;
6. eliminación de barreras para inversiones extranjeras;
7. marco jurídico para proteger a inversionistas y sus inversiones;
8. medidas para mejorar las compras del sector público; e
9. nuevas negociaciones para la inclusión de servicios.

Es de tomar en cuenta que hay temas preocupantes para ALC y el proceso de desarrollo que no están incluidos de manera específica, tales como medioambiente, derechos de los trabajadores y papel del estado. Se consideró que estos temas son muy importantes, producto de lo cual en el capítulo sobre elementos para posibles políticas se incluyen consideraciones sobre ellos, no obstante no formar parte del contenido de los grupos de negociación o comités especiales. Las implicaciones generales más favorables para ALC consistirían en que:

1. Estados Unidos y Canadá abrieran efectivamente sus mercados a los productos de mayor competitividad que se producen en la región. Esto es particularmente importante si se desean aprovechar las ventajas comparativas de los diferentes países. En este tema es vital el incluir a productos agrícolas, textiles y de manufacturación que tienen barreras arancelarias y no arancelarias en los mercados del norte;
2. El ALCA no se convirtiera en un freno para las políticas de desarrollo económico en general y de innovación tecnológica en particular dentro de las naciones latinoamericanas. Si la apertura al comercio es clave en generar un aprovechamiento de las ventajas comparativas de los países, el aspecto aquí mencionado es indispensable para promover y vigorizar, incluso dentro de los mecanismos de mercado, las ventajas competitivas de las diferentes sociedades. No hacerlo equivaldría a perpetuar condiciones en las cuales la región continuara ofreciendo únicamente la "competitividad" de mano de obra barata, poca observancia sobre problemas de contaminación y el uso no sostenido de sus sistemas naturales;
3. El ALCA no entorpezca los esfuerzos por ampliar los mercados internos de los países, ni al desarrollo científico y tecnológico. Este es un tema muy importante. El ALCA no debe ser el fin a alcanzar sino un instrumento para el desarrollo de las sociedades y para mejorar el nivel de vida. En la medida que los acuerdos sirvan para una mejor inserción de en los circuitos económicos internacionales, sirvan para promover acceso a recursos financieros productivos, y se promueva una mayor demanda efectiva por la población, en un contexto de desarrollo sostenible, se pueden generar escenarios para la mejora en los niveles de vida. Así como los mercados internacionales son un motor para el crecimiento, los mismos no se oponen ni mucho menos a no considerar al mercado interno como un motor del desarrollo económico y social. Con esto último se fortalecerían las condiciones mediante las cuales los diferentes grupos sociales pueden aspirar a una mejora en sus ingresos, se lograrían ampliar las oportunidades para los grupos sociales, especialmente para aquellos más vulnerables. Las condiciones de mercado serían quienes permitirían la asignación más efectiva de los recursos en tanto se eliminan las trabas burocráticas en la gestión institucional.
4. Los esfuerzos de integración regional dentro de los estados miembros de AMLYC, no sean detenidos por el ALCA. Este punto trata de subrayar la necesidad de que los países de la subregión continúen en sus esfuerzos por promover una integración efectiva, con apoyos recíprocos especialmente en las áreas de

(i) la complementariedad comercial y de intercambios generales; (ii) cooperación en los esfuerzos de estabilidad en los problemas monetarios; (iii) promoción del financiamiento para el desarrollo; el ALCA establece una relación que debe crear comercio, más que desviar los intercambios, pero aún así, no es la culminación del esfuerzo integrador. El esfuerzo debe ser alcanzado básicamente entre los países de ALC dado que, entre otras razones, sus niveles de desarrollo no son tan dispares como los que existen entre ellos y Estados Unidos y Canadá. En este punto los países de ALC debe manifestar oportunamente y constantemente un asumir de sus propias responsabilidades en función de una búsqueda de mecanismos de desarrollo conjunto.

2. Contenidos en Grupos de Negociación y Comités Especiales: Perspectiva de contenidos y efectos

Grupos de Negociación

1. Acceso a Mercados

2. El mandato de este grupo se refiere a seleccionar una metodología y un cronograma para la eliminación de aranceles y las barreras no arancelarias. Se requiere también que se establezca un programa de acciones para implementar este mandato. Debe notarse aquí que el gran riesgo y una herramienta o instrumento que puede fácilmente utilizarse con fines políticos es la de las barreras no arancelarias. Prácticamente estas barreras comprenden todo lo que hacen los gobiernos, incluso la prestación de los servicios y la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos. Es de prever que el mayor poder para ejecutar medidas no arancelarias vendría de las naciones de mayor poder económico. Si una nación pequeña establece un arancel por si sola, se expondría fácilmente a represalias comerciales, como ha sido el caso en varias ocasiones.

   Estas disposiciones expandirían los alcances del acceso a mercados con repercusiones importantes. Se incluiría por ejemplo, que los bienes importados provenientes de otro país del ALCA deberían ser tratados no menos favorablemente que los bienes nacionales. No obstante, el tratamiento nacional que se tiene en el TLCAN no se extiende a las compras del sector público o a subsidios nacionales, y se le aplica a los servicios de manera limitada. Un tratamiento específico y una cláusula de salvaguarda al respecto podría permitir proteger a ciertos programas nacionales en caso de que se les cuestione el tratamiento nacional. En este aspecto como en la mayor parte de las disposicones, el establecimiento de la institucionalidad legal que ventilara las querellas judiciales es clave. En esto, los gobiernos y/o las corporaciones multinacionales o transnacionales que dispusieran de los recursos más abundantes tendrían acceso a los abogados que les fueran más eficazmente favorables (juicio legal estricto) y a medios de publicidad para presentar sus casos (consideración del caso ante la opinión pública). En estas condiciones la tendencia es que las reglas de acceso a los mercados tendrán una cobertura más amplia en los servicios. Esto puede afectar como se teme en varios aspectos de los posibles contenidos del ALCA, el funcionamiento y operativización de instituciones públicas. Se verían afectadas de manera restrictiva, por ejemplo, las compras que hacen los gobiernos con el fin de proteger a proveedores locales, dado el mandato de expansión de las disposiciones a compras del sector público. Otra de las tareas que este grupo puede abordar es el de la eliminación de las barreras técnicas del comercio, las cuales tienen una relación directa con el tratamiento de problemas del medio ambiente. De conformidad con los lineamientos de la OMC, el acuerdo sobre las barreras técnicas al comercio es un régimen internacional para armonizar las normas aplicables al medio ambiente y otros sectores que efectivamente crean un techo y no un mínimo para la reglamentación concreta sobre este tema. Según este acuerdo, una nación al ser cuestionada debe demostrar que sus normas ambientales y de seguridad son necesarias y requieren de medios menos restrictivos desde el punto de vista comercial, a fin de lograr las metas en materia de conservación, seguridad alimentaria o de normas sanitarias. Una de las mayores dificultades en este punto consiste en determinar la capacidad de cumplimiento, en recursos financieros y técnicos con lo que podría establecerse, por parte de las naciones especialmente aquellas que tienen mercados más reducidos y un contexto institucional más débil. De nuevo, el riesgo más evidente aquí es que se tome la decisión de establecer condiciones en pro de un relajamiento en las disposiciones ambientales y laborales, o abordar procesos judicialmente complicados, por demás prolongados y de resultados inciertos.

   El mandato del grupo de negociación de agricultura es eliminar los subsidios de exportación agropecuaria que afectan al comercio en el hemisferio, sobre la base del acuerdo sobre agricultura (AOA) de la OMC. Se trataría también de disciplinar otras prácticas agrícolas que distorsionan el comercio, y garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen como una barrera oculta al comercio, utilizando al acuerdo de la OMC como modelo. Las implicaciones aquí apuntarían a las restricciones que están relacionadas con el apoyo a los agricultores, la capacidad de mantener reservas de alimentos, el establecimiento de medidas para seguridad alimentaria y de suministro de alimentos. Las disposiciones que se tienen en el TLCAN no impondrían normas específicas. Los países estarían facultados para poner en práctica las normas sanitarias y fitosanitarias (SPS) de la OMC. Mientras el TLCAN promueve a las partes para que armonicen sus medidas sobre la base de normas internacionales pertinentes, la OMC tiene como meta retirar el poder de decisión de los gobiernos nacionales con respecto a salud, alimentación y seguridad, y otorgárselo a entidades normalizadoras internacionales como Codex Alimentarius, un grupo élite de científicos con sede en Ginebra, controlado mayormente por las grandes empresas agroalimentarias. Una de las mayores dificultades que pueden ofrecer las disposiciones en agricultura es acrecentar la dependencia de las grandes industrias agroalimentarias y de Estados Unidos en materia de aprovisionamiento de alimentos básicos. Por ejemplo, durante los primeros tres años del TLCAN, las exportaciones de maíz desde Estados Unidos se incrementaron de 75 millones de dólares a 1,000 millones de dólares. De conformidad con la interpretación rápida de leyes económicas esto puede entenderse como un apoyo con mayor cantidad del grano y precios más baratos que ayudan a los consumidores, pero tal y como lo presenta Sara Anderson, hay otras implicaciones importantes. El resultado ha sido que los campesinos han abandonado sus tierras. Con anterioridad estos campesinos eran capaces de alimentar a sus familias y de proporcionar bienes y servicios, aunque en cantidades familiares marginales, si se contribuía al abastecimiento al mercado nacional. Estas repercusiones hacen aumentar los niveles de pobreza en México. Se estimaba que en 1994 la mitad de la población subsistía en condiciones de pobreza. En 1999 esa cantidad habría alcanzado a dos terceras partes de los mexicanos. Este aumento de desposeídos y marginados presiona por un aumento constante y significativo en los flujos migratorios especialmente a Estados Unidos. Esto último hace que los costos de los controles migratorios en las fronteras se aumenten. Tomando en cuenta que los volúmenes de exportación han aumentado, el congreso estadounidense amenaza con disminuir los subsidios y apoyos a los agricultores en ese país. Lo que deja a estos productores a merced de las volátiles condiciones mercantiles y da mayor poder a las grandes transnacionales de aprovisionamiento de alimentos. Estas corporaciones también presionarían para que se instalen y expandan los compromisos de "libertad de mercado" que terminan siendo el condicionamiento de mercados oligopólicos.

3. Agricultura
4. Compras del Sector Público

El mandato del grupo de este grupo se refiere a ampliar el acceso a los mercados para las compras del sector público de los países del ALCA. Esto se lograría mediante un marco normativo que asegure la apertura y la transparencia en los procedimientos de las compras del sector público, que asegure la no discriminación en las compras y un examen imparcial y justo para la resolución de los reclamos y apelaciones. Las disposiciones aquí, nuevamente, pueden desembocar rápidamente en poner más restricciones a las instituciones públicas en la promoción de la economía nacional. Las medidas a adoptar incluirían a aquellas que favorecen a proveedores locales o nacionales. Mientras que las normas de la OMC no indican explícitamente la ejecución de reglas de acceso a mercados o tratamiento nacional en la compra de bienes y servicios, las normativas del ALCA si lo pueden estipular. Esto último correspondería a abrir todos los contratos, servicios, y bienes de gobierno a licitaciones en las que pueden participar todas las empresas o países del ALCA. Al parecer existe evidencia de que este grupo ha solicitado un inventario de los sistemas de clasificación internacionales al respecto, así como estadísticas respecto a las compras que efectúan los gobiernos. Sería de esperar que en aquellas áreas que representaran una inversión o gasto de capitales más significativos, las empresas de mayor capacidad puedan presentarse a licitación y obtener los contratos. No es algo desdeñable desde el punto de vista económico y que se encuentra en consonancia con el aprovechamiento de capacidad instalada, manejo técnico y economías de escala. El problema nuevamente es si estas medidas repercuten o no en la ampliación de la demanda agregada dentro de los mercados nacionales o si conllevan más egresos incluso al exterior de los recursos nacionales o de empréstitos. Los que en muchos casos crean más vulnerabilidad y sólo permiten márgenes de maniobra económica en términos coyunturales. (d) Derechos de Propiedad Intelectual. El mandato del grupo de propiedad intelectual es el de reducir las distorsiones del comercio hemisférico y promover y asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual. La categoría de propiedad intelectual aquí designa esencialmente a las patentes, las cuales otorgan un título de propiedad exclusivo. Generalmente se extiende este derecho exclusivo por las empresas a otros países signatarios del acuerdo. Este aspecto ha contado con mucha de la consideración y trabajo de las naciones más desarrolladas. Es en ellas en donde de una manera abrumadora se realiza la mayor parte de la investigación científica. Aunque en esos países el peso de las actividades del estado es aún considerable, muchas de las patentes y de la investigación se encuentra en poder de grandes empresas transnacionales o multinacionales, quienes son las dueñas de las patentes. Varias de esas corporaciones tienen un volumen de ventas muy superior al producto geográfico bruto de varias naciones en ALC y el mundo. Relacionado con este aspecto se sabe que a partir del 1 de enero del 2000, muchos países de ALC están sujetos a las reglas del acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual con el comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés). Se trata de un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Se considera que el TRIPS tiende a favorecer en protección y compensación a las empresas privadas, y no necesariamente a los individuos más creativos de la sociedad, especialmente en las condiciones de muchos países latinoamericanos en donde los estados de derecho tienen instituciones no totalmente consolidadas y los regímenes legales adolecen de deficiencias.

Uno de los aspectos importantes de los TRIPS es que privatizan y pueden permitir la monopolización de productos derivados de la biodiversidad. Bajo el amparo de estas provisiones, las corporaciones tienen derecho a patentar productos, procesos y material orgánico en el campo de la biotecnología y medicina. Esto abre toda la controversia de por ejemplo medicamentos en función de enfermedades mortales para las que no existe cura. En cuanto a la biodiversidad, siempre ha sido tratada como propiedad de la comunidad. Los problemas que se pueden crear serían múltiples si por ejemplo una transnacional de semillas (Monsanto, para citar un caso) señala que una comunidad viola sus derechos por la utilización secuencial de una semilla en cosechas sucesivas. La firma de los países de ALC respecto a TRIPS ocurrió a pesar de los esfuerzos de varios grupos regionales que defienden la soberanía y el derecho comunitario a su conocimiento tradicional y su diversidad biológica. Debe tomarse en cuenta que América Latina tiene dos centros, de los ocho que hay en el mundo, respecto a la diversidad biótica, uno entre Guatemala y México (tierras altas centroamericanas) y el otro en la frontera entre Perú y Bolivia. TRIPS facilita de manera más rigurosa los derechos y propiedad de empresas monopólicas u oligopólicas.

1. Inversión

Este grupo tiene el mandato de establecer un marco legal justo y transparente para promover las inversiones mediante la creación de un entorno estable y previsible que proteja al inversionista, sus inversiones y flujos relacionados, sin crear obstáculos para las inversiones provenientes del exterior del hemisferio. El mandato de este grupo es particularmente importante. Nótese que conllevaría un peligrosísimo riesgo: el de hacer que prácticamente la estructura institucional estuviese al servicio de los capitales de inversión. De manera que pareciera que el objetivo es promover el beneficio de los inversores casi a cualquier costo. Si este es el espíritu y esto es lo que se lleva a la práctica, se sacrificarían en función de ello otros intereses tales como el desarrollo nacional, la sustentabilidad del manejo de los sistemas naturales, los derechos de trabajadores, e incluso muchas de las políticas macroeconómicas si es que las mismas constituyen "obstáculos" para las inversiones. Según lo expresa el analista Barry Appleton, "este es el espíritu del TLCAN". De ser así se confirmarían muchas de las críticas más drásticas contra el librecambismo comercial, el poder de las transnacionales y la defensa de sus estrechos intereses inmediatistas. Se trataría de poner en ejecución el controversial Capítulo 11 del TLCAN, el cual podría permitir que intereses privados de empresas, corporaciones o de sectores productivos tengan prioridad por encima de los gobiernos. Se considera que el grupo de negociación sobre inversiones ha incluido otros aspectos que dan una mayor cobertura al mandato de este grupo. Estas otras disposiciones estarían encaminadas a:

• Definiciones básicas de inversión e inversionista;
• alcance de aplicación de las cláusulas de inversión;
• tratamiento nacional en el sentido de que ningún país puede discriminar a favor de su sector nacional;
• tratamiento de nación más favorecida, es decir que el acceso que se otorgaría a inversionistas de un país miembro de ALCA deberá otorgársele a inversionistas de todos las naciones miembros de ALCA;
• expropiación e indemnización por pérdidas, esto podría muy bien provocar que un inversionista o empresa puede reclamar indemnización financiera por ganancias y negocios que se pierdan debido a la creación o establecimiento de reglamentos, leyes ambientales, por parte del gobierno participante;
• movimientos de personal clave, lo que podría permitir a empresas o corporaciones trasladar a su personal más importante sin mayores restricciones de los procesos de migración;
• requisitos de desempeño;
• solución de controversias, en este punto el temor sería que un grupo de expertos o técnicos pudiera declarar como no pertinentes disposiciones reglamentarias. Con base en ello una empresa podría reclamar pago de indemnizaciones.

En general los críticos más persistentes del ALCA temen que esta sea la forma de como se introduciría en la región el funcionamiento del Acuerdo Multilateral de Inversiones. Este acuerdo fue propuesto por la OCDE, pero fue abandonado por protestas de la sociedad civil. El planteamiento habría consistido básicamente en colocar muchos de los intereses de las inversiones por encima de disposiciones de las instituciones públicas.

(f) Políticas de Competencia El mandato de este grupo consiste en garantizar que los beneficios del proceso de liberación del ALCA, no sean menoscabados por prácticas empresariales anticompetitivas. El grupo ha acordado avanzar hacia el establecimiento de una cobertura jurídica e institucional a nivel nacional, subregional o regional que proscriba la ejecución de prácticas empresariales anticompetitivas. También se ha tomado en cuenta el desarrollo de mecanismos que faciliten y promuevan el desarrollo de la política de competencia y garanticen la aplicación de las normas sobre libre competencia entre y dentro de los países. La medida aparentemente es congruente con buscar que los mecanismos de mercado sean los que determinen la colocación y uso de los recursos. Esos mecanismos deben operar en condiciones de competencia. El problema es que las medidas de este grupo pueden terminar operando contra la fortaleza que en determinado momento pudieran tener empresas nacionales o regionales. La medida atentaría más contra ellas, dada la vulnerabilidad en cuanto a costos, cobertura y economías de escala que pudieran implementar, que contra monopolios u oligopolios que están conformados por las grandes corporaciones transnacionales. Por otra parte estas grandes empresas teniendo mayores recursos pueden mostrar mayores influencias y protección para sus intereses. Esta protección a las corporaciones multinacionales se podría ver complementado con las disposiciones acerca de los derechos intelectuales (TRIPS), y los acuerdos de servicios financieros.

(g) Servicios El mandato de este grupo es amplio. El mismo se refiere a establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el comercio de servicios, de modo que permita alcanzar un área hemisférica de libre comercio, en condiciones de certidumbre y transparencia y desarrollar un marco que incorpore derechos y obligaciones en servicios de alcance integral. La intención aquí se evidencia en términos de hacer compatibles los logros de este grupo de negociación con lo que es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Este acuerdo se está negociando en la actualidad en la Organización Mundial de Comercio –OMC. Se espera que un acuerdo general entre Europa, Estados Unidos y Canadá pueda lograrse para diciembre de 2002. La modalidad que se sigue aquí es la de lograr un acuerdo tipo "marco multilateral". Con base en ello se definiría primero un campo amplio de alcances y luego se podrían ir agregando nuevos sectores y reglas mediante negociaciones específicas. Las finalidades del GATS y la puesta en ejecución acerca de los acuerdos a que se llegue pueden limitar drásticamente las acciones de los gobiernos. Específicamente se podrían ver limitadas las sanciones jurídicas respecto a prácticas comerciales o de prestación de servicios ejecutadas a tenor de lo establecido por la OMC. Se tendría una restricción en la dotación de servicios por parte de los gobiernos, posibilitando que sean empresas privadas las que los provean. Las áreas incluirían sanidad, cuidado hospitalario, atención domiciliaria, odontología, educación en los diferentes niveles, museos, cárceles, bibliotecas, servicios jurídicos, energía, servicios hídricos, de protección ambiental, propiedad inmobiliaria, seguros, servicios postales, transporte y medios de comunicación social. El acuerdo establecería una cobertura universal de los sectores de servicios. Con base en ello, los gobiernos podrían establecer regulaciones, pero las mismas deberían ser compatibles con las disciplinas establecidas en el ALCA. Se incluirían al respecto los elementos siguientes:

• cobertura sectorial;
• tratamiento de nación mas favorecida (el acceso otorgado a inversionistas o empresas de un país del ALCA deberá ser otorgado a inversionistas o empresas de todos los demás países del ALCA);
• tratamiento nacional (deberá darse a los inversionistas o empresas de todos los países del ALCA el mismo tratamiento que se da a los proveedores de servicios nacionales o locales);
• acceso a mercados (disciplinas adicionales en relación con medidas que restringen la habilidad de los proveedores de servicio para ingresar en mercados);
• transparencia (que hagan de conocimiento público todas las medidas pertinentes que podrían incluir, entre otros aspectos, nuevas leyes, reglamentos, directrices administrativas y acuerdos internacionales adoptados por todos los servicios de gobierno que afecten al comercio de servicios);
• denegación de servicios (los miembros del ALCA contarán con la capacidad para denegar los beneficios del acuerdo de servicios a un proveedor que no cumpla con los criterios establecidos. Los criterios incluirán propiedad, control, residencia y actividades empresariales substanciales).

De incluirse los derechos de tratamiento nacional en el ALCA, prácticamente la totalidad de servicios públicos de los gobiernos podrían quedar abiertos a la competencia de servicios prestados por empresas extranjeras con fines de lucro. Se limitaría además, el apoyo que los gobiernos pudieran dar a empresas nacionales que puedan prestar los servicios. No se trata aquí de invalidar lo que aparece como la mayor capacidad de ejecución y flexibilidad de la empresa privada ni de los mecanismos de mercado en cuanto a asignar recursos. Ni se trata tampoco de ignorar los notables problemas de burocracia e incompetencia que muchas ocurren en entidades públicas. Los problemas en última instancia, ocurren por la misma naturaleza de las unidades de producción. Las empresas privadas están diseñadas para hacer máximas las utilidades. Se produce para quien posea demanda efectiva en el mercado, quien tenga la capacidad económica de tener acceso a los satisfactores. Si alguien no posee esa capacidad, no tiene acceso a los mecanismos de mercado y no puede adquirir los bienes o servicio. A eso debe agregarse el concepto de que los precios para que funcionen en el modelo de mercado deben corresponder a condiciones de libre competencia (en esas condiciones los precios se igualarán a los costos marginales y las empresas pueden dar cobertura a mayor demanda). Si las condiciones son de oligopolio o monopolio, los precios se tenderán a elevar (el precio aquí tenderá a tener más relación con los ingresos marginales, elevando su cuantía y limitando las demandas efectivas). En muchos de los casos de los servicios públicos y en casos de bienes públicos y no privados, se dan las condiciones para que ocurran monopolios naturales.

8. Solución de Controversias.

9. El objetivo de este grupo es establecer un mecanismo justo, trasparente y eficaz para la solución de controversias entre los países del ALCA. Además se propone diseñar medios para facilitar y fomentar el uso del arbitraje y otros medios alternativos de solución de diferencias para resolver controversias privadas en el marco del ALCA. El mandado del grupo incluiría además, tomar en cuenta, entre otros, el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de controversias de la OMC. En ese caso los mecanismos, de seguirse, se asemejarían más a los que prevalecen en la OMC que en el TLCAN, para la resolución de controversias. En el TLCAN, no se imponen un conjunto regulado de leyes y disposiciones sobre el comercio. Los paneles de solución de disputas actúan con base en las leyes existentes en los países importadores. Si un país pierde una disputa debe aceptar el fallo del panel de solución y pagar "indemnizaciones adecuadas" a la contraparte, el otro gobierno. De lo contrario se expondría a que fuera objeto de represalias en función de "beneficios equivalentes". En la OMC, los paneles lo que tratan de identificar en un sentido particular es si las prácticas que emplean los estados constituyen o no un obstáculo para el libre comercio. Se invalida la práctica que se lleva a cabo, si ese es el caso. En el sentido de deliberación de la OMC, un país que generalmente actúa en función de los intereses de empresas, puede cuestionar y llevar al alegato de la discrepancia, las leyes y disposiciones de la otra nación. En caso de pérdida un país tiene tres alternativas: (a) pagar indemnizaciones al país ganador; (b) cambiar la legislación de manera que corresponda con las disposiciones de la OMC; o bien (c) ser sujeto de las sanciones comerciales que imponga el país ganador. Uno de los riesgos claros aquí es el dominio de los Estados Unidos en materia de disputas y de representación de grandes corporaciones. Ese papel lo ha jugado contra Europa en cuanto al problema de las cuotas bananeras y las prácticas de discriminación de importación de la fruta de los países de América Latina. El caso aquí es que Europa y Estados Unidos mantienen una relación de interdependencia y las represalias pueden ser recíprocas. Una situación distinta es enfrentar a Estados Unidos con Francia o Alemania que hacerlo con Haití, o con alguna de las numerosas economías reducidas en AMLYC. Por otra parte las conclusiones de los paneles de expertos, en el caso de que favorecieran a un país pequeño, no tienen la garantía de cumplimiento. No existen mecanismos de cohercitividad en el sentido de hacer imponer a un país poderoso, Estados Unidos o Canadá, una decisión. ¿Qué sanciones le puede imponer un país como Haití, Nicaragua, El Salvador o Guatemala, a la economía estadounidense? Las decisiones pueden quedarse en el limbo de lo escrito, careciendo además, de un peso estrictamente legal. Además deberá tomarse en cuenta la vulnerabilidad de los países en cuanto a los efectos que pueden tener las sanciones. Los países de economías más grandes estarían más a resguardo. Los países de economías pequeñas y dependientes de la exportación de unos pocos productos pueden llegar a tener consecuencias devastadoras de un fallo en su contra. Esto lleva también a otro punto: lo más probable, y esa ha sido la evidencia empírica en la OMC, es que sean las naciones más poderosas las que emprendan los alegatos.

10. Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios.

El mandato de este grupo cubre dos aspectos básicos:

1. Examinar maneras de profundizar, si correspondiera, las disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, y lograr un mayor cumplimiento de las disposiciones de dicho acuerdo de la OMC;
2. Llegar a un entendimiento común con miras a mejorar, cuando sea posible, las reglas y procedimientos relativos a la operación y aplicación de las legislaciones sobre dumping y subvenciones, a fin de no crear obstáculos injustificados al comercio en el hemisferio.

Este punto claramente deja en ambigüedad lo que se puede y no se puede desarrollar. Establece notables condicionantes, lo atajos acostumbrados para interpretaciones notariales y de abogacía: si correspondiera, cuando sea posible. Con ello, la voluntad política y la disposición de las partes juega un papel medular en el avance o no avance en la formulación de los acuerdos. En todo caso este punto afecta más a los países más poderosos que están en la capacidad de establecer medidas dumping, o en subsidiar amplios programas productivos. En términos económicos el subsidio y las medidas dumping podrían verse como beneficios al consumidor. Se trata de que en última instancia los consumidores de una sociedad, se benefician de los subsidios que los habitantes de otros países dan a sus productores. O en otro caso, de los precios más ventajosos que se pueden tener (aún bajo los costos de producción).

Los problemas se derivarían de dos aspectos:

1. generalmente esos bajos precios no son permanentes; una vez que los competidores han sucumbido a las prácticas del dumping, se establecen condiciones de monopolio u oligopolio; precisamente las condiciones que contravienen las normas de la libre competencia; y

(b) lo que está en juego desde el punto de vista de la economía política es la vulnerabilidad de los países. Entre una nación que es proveedora de alimentos y la otra que vende frutas exóticas o flores, como exportaciones, es claro que quien controla los alimentos tiene un instrumento no sólo económico, sino también un medio que se puede utilizar como presión política.

El aspecto mediante el cual la OMC establece límites y prerrogativas entre lo que puede ser sujeto de subsidio o no, ha sido un tema que se ha considerado por muchos países en desarrollo como un favor a las naciones más desarrolladas. Complementariamente el artículo XXI de la OMC eximiría de cobertura en estos aspectos a las actividades militares. Esto puede desembocar en subsidios masivos a una determinada empresa o línea de producción o distribución, en nombre de la "seguridad nacional" de los estados. Esto de paso, protege a las industrias bélicas de cuestionamientos en la OMC. Estas condiciones otorgan una notable ventaja competitiva a las naciones con industrias armamentistas poderosas.

Comités Especiales

1. Comercio Electrónico

2. Es importante el tema si se toma en cuenta lo que parece ser ahora el crecimiento exponencial del comercio electrónico. Se considera que en el 2000 las ventas por internet en Estados Unidos habrían llegado a cerca de 30,000 millones de dólares, un aumento de 75 por ciento sobre las cifras del año anterior. Para el 2005 el comercio electrónico podría cubrir una cuarta parte del total de comercio. Este crecimiento del comercio electrónico lo caracteriza por ser un sector emergente que promete gran dinamismo en su desarrollo. Se considera que la comunidad mundial de abonados a Internet conoce un crecimiento exponencial y representa actualmente el 26% de la población de Estados Unidos, pero menos del 1% del conjunto de los países en desarrollo. Se considera que el número de utilizadores de Internet, estimado en 142 millones en 1998, debería ser al menos de 420 millones en 2003. La competencia especialmente intensa ocurriría entre empresas estadounidenses, europeas y japonesas por controlar las redes. Los países en desarrollo y sus empresas, salvo alguna excepción, están por completo al margen de esta nueva fuente de riquezas. Esto se relaciona a una poca capacidad de decisión e influencia de parte de las naciones en desarrollo, especialmente las más pequeñas. Con el afán de atraer capitales, este tema sería considerado como marginal y de muy poca influencia en las sociedades de los países del Gran Caribe. La perspectiva de desarrollo del mandato de este grupo consistiría en evitar cualquier impuesto al comercio electrónico. Este tipo de impuestos junto al que se propone para las transacciones financieras (impuesto Tobin) han tenido cierto debate en algunos círculos de Estados Unidos y Europa. Muchos de los grupos que se pronuncian por controlar más a nivel de estados los procesos de la globalización se inclinan por este tipo de mandatos. Con ellos el poder de los gobiernos como instancias promotoras del desarrollo y representativas de la sociedad tendría un mayor papel. El impuesto Tobin, denominado así en referencia a James Tobin –Premio Nobel de Economía en 1981- consitiría en la aplicación de un impuesto de 0.25 por ciento en los intercambios financieros mundiales. Se pretende con ello dar cierta estabilidad al sistema financiero mundial, a la vez que las naciones podrían tener espacio para la conducción de políticas fiscales y monetarias. Se estima que este impuesto, en esta tasa propuesta se traduciría en una recolección de unos 250,000 millones de dólares por año, lo que se podría destinar para impulso del desarrollo en las naciones más necesitadas. La ayuda para el desarrollo, según cifras de la OCED se ha reducido en 15 por ciento en la última mitad de la década de los noventas.

   Este comité especial surgió a raíz de reconocerse las asimetrías entre las economías de ALC. Lo que se propondría alcanzar es un plan a fin de crear oportunidades para la participación total de las economías más pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo. La finalidad de establecer algunos "gradientes" de acción es importante, pero se trata de una labor muy complicada. En cierta forma, algo parecido ha tenido que hacer la Unión Europea al hablar de la Europa de "dos velocidades". Las naciones con economías más dinámicas y desarrolladas establecieron un modelo de cooperación con los países de mercados internos más reducidos. Esto último abarcó a Irlanda, España, Portugal, Grecia y hasta cierto punto a la zona sur de Italia. La iniciativa europea ha permitido establecer condiciones especialmente de infraestructura productiva que sean capaces de promover una competencia en el mercado con las naciones más desarrolladas, tal el caso de Francia y Alemania. Para establecer este plan para las economías pequeñas se requiere de mucha voluntad política y cuidado en que las medidas no vayan a distorsionar el dramático empuje pragmático que se sospecha tiene la iniciativa completa del ALCA: abrir mercados de parte de las economías de AMLCY, liberar flujos financieros y recortar acciones del estado. En ese sentido sería poco lo que se podría hacer en economías cuyas poblaciones tienen bajo poder de compra. Otro aspecto para la operativización sería la demarcación de lo que son pequeñas economías. ¿Se considerarían allí las economías medianas pequeñas (Uruguay, Ecuador, Guatemala y República Dominicana)? Si el criterio es la carencia de poder de compra, o el poco desarrollo de mecanismos de mercado, una característica que surgiría es la consideración de quienes viven en condiciones de pobreza en los países. Esta aproximación sería más rigurosa si lo que se desea es ampliar los mercados internos, promover más la demanda efectiva de la población, disminuir el número de personas viviendo en marginalidad, y favorecer un clima de más oportunidades para la gente. Con esas ideas como finalidades si se generarían condicionantes que pueden sustentar con mayor consistencia los mecanismos de mercado, dentro y entre los países.

3. Economías más Pequeñas
4. Sociedad Civil

El propósito de ese comité especial sería el de tomar en cuenta la participación de la sociedad civil. Ha sido evidente en muchos casos -especialmente en los países más desarrollados, en donde la sociedad civil tiene mayores posibilidades de organizarse debido a que no existen los niveles de represión que han tenido lugar en algunos países de AMLYC- que existe una notable presencia contra los acuerdos de liberación de comercio y desmantelamiento de la capacidad de los estados. En ALC en donde los partidos políticos no son exactamente instancias de intermediación social, en el sentido de representar con permanente autenticidad intereses de muchos sectores sociales, surgen asociaciones de diverso índole. Aquellas que tienen sus intereses más en los aspectos comerciales, industriales, financieros y en general de los círculos empresariales es muy probable que tengan representación en las decisiones del ALCA. Se trata por lo general de grupos influyentes a nivel de los formuladores de la política pública y con presencia en los parlamentos. No obstante, los grupos de trabajadores, pobladores y consumidores no tienen una presencia importante, en general, en los círculos de toma de decisión. Estos sectores son importantes dentro de la sociedad civil. Tal y como se encuentran en las condiciones actuales no han podido tener mucha protección a sus intereses. No tomar en cuenta a los sectores de representación más amplia de la sociedad civil es hacer que los acuerdos puedan tener la legalidad estricta, pero no el apoyo ni la legitimidad concreta que les puede dar el respaldo de grupos amplios de la población.

3. Previsibles Repercusiones Económicas, Sociales e Institucionales

Una de las más importantes repercusiones del ALCA sería el contar con la efectiva apertura de mercados de Estados Unidos y con un mayor acceso a capitales productivos que aumentaran la formación de capital fijo. Esto sí podría favorecer la creación de condiciones para que el incremento de producción, el crecimiento económico no se tradujera en un mayor número de personas viviendo en condiciones marginales. Un sentido crítico del ALCA, que no deja de tener bases de proyección al observar muchos de los efectos del TLCAN en México, apuntaría a resaltar que uno de los efectos sociales sería la expansión de empleo manteniendo la pobreza. Se refiere aquí a la previsible expansión de zonas francas de producción mayormente conformadas por un parque industrial de maquiladoras. Estas industrias de ensamblaje reportan poco efecto en la ampliación del mercado interno. Sin embargo es de reconocer que hasta ahora la elites políticas y económica no han podido establecer un programa constante de desarrollo. Los defensores de este impacto del ALCA argumentarían que es cierto la expansión de este empleo barato, pero que al final es algo mejor que las actuales condiciones de miseria y violencia endémica que se vive especialmente en las zonas más pobres de los países Centro Americanos y del Caribe. Se reconoce que la búsqueda de los capitales productivos debe reconocer el impacto que tiene el gran dinamismo del sector financiero internacional. El volumen de la economía financiera es 50 veces superior al de la economía real y sus principales actores -los fondos de pensión estadounidenses, británicos y japoneses- dominan los mercados financieros. Ante ellos, el peso de naciones como las pequeñas economías del Gran Caribe, resulta muy poco significativo.

Acrecentar los "costos sociales" sociales de las privatización repercutiría en una menor capacidad de los estados y el entorno institucional en la sub-región. Cada vez más países que han vendido sus empresas públicas al sector privado internacional se han convertido de hecho en propiedad de los grupos multinacionales, que actualmente dominan sectores enteros de la economía del sur. En ocasiones pueden servirse de los estados locales para ejercer presión sobre los foros internacionales y obtener las decisiones políticas más favorables a su papel preponderante en lo global. Todo esto se reconocería aún cuando también conviene señalar que casi siempre, con la excepción de México, la capacidad de los estados ha sido muy reducida en las naciones del Gran Caribe. De allí que no haya demasiado espacio para privatizaciones. Los efectos económicos sociales e institucionales del ALCA estarán relacionados con la correspondencia entre estabilidad macro y el potencial de mejora de niveles de vida en indicadores concretos. Es imprescindible tener presente que las estabilidades macroeconómicas de las naciones deben traducirse en beneficios para los grupos más vulnerables y no sólo en escenarios para acción de capitales.

Las políticas de ajuste estructural impuestas a los países en desarrollo desde los años 80 han dado resultados satisfactorios a escala macroeconómica, pero han significado un costo social exorbitante y contraproductivo. Los gobiernos han "saneado" las economías favoreciendo con mucho las inversiones internacionales al tiempo que se ha desgarrado la cohesión del sistema de integración social. La capacidad institucional de los estados está relacionada con la mayor vulnerabilidad económica externa. Esto ha sido la evidencia con la aceleración de la globalización y las crisis financieras de los años 1997 y 1998. Estas condiciones provocaron una reducción aún mayor de los gastos públicos en salud y educación en nombre de la lucha contra el déficit fiscal y un aumento de las desigualdades y de la pobreza. Es cierto que en los países en desarrollo éstas no son producto exclusivo de las políticas de ajuste, pero la evidencia es que hasta ahora esas políticas han contribuido a acrecentar un menor número de oportunidades. También hay que tomar en este sentido en cuenta los círculos viciosos de la pobreza -escasos recursos productivos, baja productividad, baja producción, escasa capacidad de satisfacción de necesidades básica y exiguos niveles de ahorro interno de recursos. Además también imperan condiciones reñidas con el mantenimiento pleno del estado de derecho. En los impactos sociales e institucionales es importante reconocer la baja capacidad de las entidades públicas. De allí surgen varios factores que repercuten en climas de ingobernabilidad. Los resultados se relacionan con condiciones caóticas, al margen del estado de derecho, en una condición de barbarie en donde sectores de mafia imponen su ley. Aparecen nuevos peligros: crimen organizado, delincuencia explosiva, inseguridad generalizada, fanatismos étnicos o religiosos, corrupción masiva.