Las regulaciones del trabajo de enseñar Vocación, Estado y Mercado en la configuración de la docencia (página 2)

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5. Funcionario de Estado y trabajador/a sindicalizado/a

Hemos visto cómo a fines del siglo pasado en la Argentina el Estado tuvo un papel central para la constitución de la Nación. Avanzados los años 30 de este siglo, de la mano del keynesianismo, el Estado fortaleció su intervención en la economía a través de una planificación destinada a mejorar la racionalidad económica y de un poderoso desarrollo del sector público en áreas estratégicas de la producción y los servicios (Filmus, 1996).

A partir de allí y en el contexto de la expansión industrial por la sustitución de las importaciones se desarrolló el Estado de Bienestar, que puso en el centro la cuestión social a través de un proceso de redistribución de los recursos entre los trabajadores. A diferencia de los países centrales, los derechos sociales se expandieron ligados a la constitución de la categoría de trabajadores formales más que a políticas asociadas directamente a la expansión de la ciudadanía (Grassi y otros, 1994). Los derechos sociales fueron vistos aquí como derechos específicos de los trabajadores en un contexto de casi pleno empleo y con posibilidades de financiar un gasto público creciente.

El Estado de Bienestar significó no sólo una forma de expansión de los derechos y de la protección social sino a la vez una forma de contención política y social de los trabajadores que permitió regular su capacidad de acción y reproducir las relaciones fundamentales del régimen de acumulación vigente. El Estado aparecía como equilibrador de las relaciones laborales a través de mecanismos tales como la negociación colectiva o la legislación laboral.

Entre 1940 y mediados de los ´70 Argentina conoció la fase de consolidación de un régimen social de acumulación que hoy está en severa crisis, como se verá en el capítulo siguiente. Se trató de un período de fuerte movilidad social y particular expansión de los sectores medios acompañados de un constante proceso de salarización: en 1947 más de la mitad de los miembros de la clase media trabajaban en relación de dependencia; en 1980 ese porcentaje había subido a casi las tres cuartas partes. Los profesionales (especialmente en el sector público) y los técnicos (sobre todo en la industria) fueron las categorías de mayor crecimiento (Nun, 1987).

También desde la década del '50 aumentó progresivamente la participación de la mujer en el mercado de trabajo, producto de la industrialización y modernización en el sector terciario bajo condiciones de expansión económica y movilidad ascendente. En ese contexto, las protagonistas fueron mujeres de sectores medios con alta educación (Cortés, 1993).

Desde fines de los '50 la concepción desarrollista fue hegemónica en la región. De acuerdo con esta posición desarrollada desde el seno de la CEPAL, la prosperidad nacional dependía de adecuadas conexiones entre economía, estructura social y sistema educativo. Si estas articulaciones eran debidamente planificadas por el Estado, el resultado necesariamente sería un desarrollo armónico, sin conflictos. La desigualdad social pasó a ser explicada en base a problemáticas individuales, medida en términos de diferencias en la productividad económica, que a su vez dependía de los años de escolaridad (Gagliano y Cao, 1995).

La planificación centralizada de las políticas fue la herramienta que privilegió el Estado para garantizar la racionalidad y eficiencia del proceso acorde con el discurso de diferentes organismos internacionales (OEA,UNESCO,CEPAL). La educación debía atender los requerimientos del desarrollo económico a través de la formación de recursos humanos calificados para el trabajo. Así, la educación era vista como un canal óptimo para la modernización (Sowtell, 1997). La teoría del capital humano fue uno de los pilares de la expansión educativa en todos los niveles, particularmente en el nivel medio.

En este contexto, se produjo la instauración de una clara división técnica del trabajo escolar basado en la relación entre objetivos y medios, con fuerte confianza en la tecnología. La enseñanza pasó a ser más un problema técnico que pedagógico. A través de administradores y equipos técnicos, se pautaron las habilidades docentes requeridas y se racionalizó el trabajo por medio de la formación de docentes en dichas competencias y la producción de materiales (Apple, 1987). Los componentes vocacionistas se entretejieron con el modelo tecnocráticoeficientista que devino en "compromiso técnico".

Se reguló el trabajo docente a través de la restricción de la participación de los que enseñaban en la concepción y planificación del sistema educativo, tarea para la cual se constituyeron equipos de expertos a la par que se consolidó el sistema de control burocrático sobre las escuelas. El docente normalista, que tenía un fuerte lugar asignado en la construcción de los valores de lo público, pasó a ser concebido como un agente neutro, experto en técnicas, que sólo debía pronunciar la palabra normativamente prevista (Davini, 1995).

Se trataba entonces de un Estado planificador, que "innovaba" porque planificaba y tecnificaba la tarea de enseñar a través de una más eficiente división del trabajo. A la par que se reforzaba esa división del trabajo y como parte de ese movimiento, en esta etapa se diseñaron sistemas de perfeccionamiento docente y se terciarizó la formación de maestras/os. Los sistemas de perfeccionamiento fueron las instancias privilegiadas de formación de docentes en ejercicio para la implementación de los cambios planificados. Por su parte, la terciarización tuvo el objetivo explícito de profesionalizar la tarea y probablemente también el de reducir la "superproducción" de docentes. En los contenidos de los nuevos planes de formación, se incorporaron como asignaturas y orientaciones estructurantes las preocupaciones vinculadas con la planificación y el desarrollo a nivel áulico (27) (Davini, 1997).

El avance del discurso tecnocrático/profesionalizante fue paralelo a la consolidación de la sociedad salarial que está en la base de la condición de trabajador del docente. Justamente estos años marcaron la consagración de nuevos dispositivos de regulación del trabajo docente.

En esta regulación confluyeron por un lado las tendencias tecnocráticas de división técnica del trabajo y por el otro la consagración legal que requiere la consolidación de la sociedad salarial.

El Estatuto del Personal Docente Nacional, sancionado en 1958 le daba a los docentes un tratamiento específico, distinguiéndolos del resto de los trabajadores. En particular, normando la estabilidad y el ingreso, ascenso y destino de los maestros (28).

"Nos reuníamos los domingos para tratar los temas gremiales. Por ejemplo: la calificación del maestro. Para que el maestro pudiera ascender y ser trasladado por mérito y no por apoyo político de algún amigo. Ahora se habla de acoso sexual, entonces se hablaba de "tirarse un lance". ¿Quiénes se tiraban el lance? Los caudillos, naturalmente. Cualquier infeliz que tuviera algún carguito y pudiera prometer un puesto, quizás sin cumplirlo. Nosotros conseguimos la evaluación y calificación del trabajo de maestro, para el traslado. Fue una conquista gremial que actualmente ni se valora! También el concurso de oposición, antecedentes y título para el ascenso. Y después de una lucha grande, el ingreso a la docencia por concurso" (extraído de una entrevista a Rosita Ziperovich).

Como señala Rosita Ziperovich, el estatuto del ´58 fue particularmente reivindicado porque eliminaba la intervención arbritraria del poder político y partidario. Para ello, sancionó un modelo de inclusión en el gobierno escolar de los propios docentes a través de las juntas de clasificación. A la vez, el aparato burocrático escolar (atravesado por el conductismo) incorporó la medición del trabajo docente a través de tecnologías específicas (Batallán y otros, 1990).

Como parte de este fenómeno, y luego de arduos y renovados debates, el sindicalismo docente afirmó su identidad frente al Estado a través de la construcción de una organización gremial nacional , la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y su consecuente incorporación a la Confederación General del Trabajo (CGT) (29). Se puede señalar allí un punto de inflexión en el que se produjo un desplazamiento en el que el servidor/a público/a dio lugar al trabajador/a sindicalizado/a.

Hemos recuperado en este primer capítulo elementos que constituyeron la matriz de origen del trabajo de enseñar en nuestro país porque consideramos que esta trayectoria ha sedimentado y dejado huellas que retomaremos más adelante. En esta matriz confluye el protagonismo de un Estado que visualizo en el sistema educativo una tecnología disponible para la construcción de la nación. Para ello, transformó profundamente el trabajo de enseñar construyendo regulaciones específicas en la intersección de las dinámicas del Estado, el empleo y el género que hicieron de una profesión libre, una profesión de Estado. En el capítulo siguiente analizaremos desde una perspectiva sociológica los nuevos modos de regulación que afectan hoy al trabajo docente.

CAPITULO II. El empleo docente: una mirada desde/hacia un estado que cambia (30)

El panorama que se despliega frente a este fin de siglo muestra significativas rupturas con los modos de regulación reseñados en el capítulo anterior. Vivimos un proceso de mutación del Estado que pone en cuestión sus lógicas de intervención en lo social, en lo económico, en lo político sobre las que se asentaba el "consenso keynesiano" (Peñalva, 1996). Así, se están construyendo nuevas regulaciones del trabajo docente, nuevos modos en que los docentes y las instituciones educativas se conducen a sí mismas disputando y negociando con las tradiciones reseñadas.

Nos proponemos a lo largo de este capítulo analizar las transformaciones haciendo hincapié en el contexto de ajuste estructural y su incidencia en la docencia como empleo recuperando herramientas de la sociología del trabajo. Nos interesa abordar analíticamente el mercado de trabajo específico vinculándolo con el general, entendiéndolo portador de relaciones con el conjunto de la sociedad (Rojas y Proietti, 1996). Para ello, nos basaremos en la información recogida en el trabajo de campo realizado en 40 escuelas primarias y secundarias según se detalla en el Anexo.

A lo largo de este capítulo, a partir de una caracterización general del contexto global de ajuste, profundizaremos en las dinámicas contemporáneas del mercado de trabajo en Argentina.

Desde ese marco, analizaremos la docencia como empleo público, sus características particulares, y las dinámicas de género que la atraviesan.

Vamos a plantear por un lado, cómo la situación del mercado de trabajo y la búsqueda o preservación de un empleo estable sobredeterminan la producción de estrategias de los docentes y las instituciones educativas. Por el otro, como se introducen y legitiman elementos propios de las lógicas de mercado para el funcionamiento de lo estatal tales como la competencia interinstitucional, la marketización, etc. que irrumpen en la cultura escolar generando nuevos sentidos, constituyendo nuevas regulaciones.

1. Las dinámicas del mercado de trabajo y el Estado en la Argentina de hoy.

Vivimos tiempos de transformaciones profundas: procesos de globalización financiera creciente, de desregulación de los mercados, de reconversión productiva, de modificación de los parámetros de representación política, de circulación acelerada de la información. Se trata de un mundo con fronteras permeables, intercomunicado, interdependiente y a la vez fragmentado. En la economía global, el conocimiento y la información aparecen como recursos fundamentales y de allí la centralidad que se le otorga a la educación.

Simultáneamente se desarrolla un proceso de polarización y exclusión social a escala planetaria, que registra uno de sus puntos más altos en América Latina (Kliksberg, B., 1994).

Uno de los signos es el "crecimiento sin empleo" en el que se reducen los requerimientos de mano de obra y crecen los niveles de desocupación. Se profundiza la crisis del Estado Benefactor en su potencialidad incluyente.

Desde mediados de los '70 se desmanteló el modelo de sustitución de importaciones por medio de un proceso creciente de desindustrialización y simultánea apertura. Argentina se abrió a los flujos internacionales del comercio con un tipo de cambio bajo que, sumado a la caída de la tasa de interés, generó una coyuntura que alentó a ciertos grupos de empresas a comprar bienes de capital modernos que reemplazaron a los antiguos y a la mano de obra asociada a ellos. Así, no sólo muchos trabajadores quedaron desocupados sino también descalificados respecto de las demandas técnicas de la producción moderna (Gerchunoff, 1995).

A partir de los '90, la Argentina vive un proceso de estabilización de la economía posterior a la crisis hiperinflacionaria. En ella hicieron eclosión componentes conflictivos que llevaban muchos años de presencia en la economía argentina, pero a la vez se crearon las condiciones técnicas y políticas para una profunda transformación del sistema institucional que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, ampliando el margen de maniobra de la política monetaria y fiscal y controlando las demandas de los sectores más débiles (Lo Vuolo, 1995). Se trata de un proceso de ajuste estructural: en este marco se produce una reconversión económica que implica una modificación de la estructura del empleo, afectando negativamente la demanda de empleo formal y el poder adquisitivo de los trabajadores. Se realizan ajustes polarizados, que recaen sobre un sector particular de la sociedad, acentuando la distribución regresiva del ingreso.

Al mismo tiempo, también afectan la situación de los trabajadores los cambios más generales en la organización del trabajo. En el esquema fordismo-keynesianismo, se proponía el desarrollo de la gran empresa al mismo tiempo que el crecimiento del sector público y de la gestión estatal de la fuerza de trabajo en un modelo de relaciones estables y expansivas. Con la acumulación flexible, se rompen los muros de las fábricas, se fragmentan los procesos de producción y se rearticulan a través de redes más laxas, basadas en nuevas tecnologías (Alonso, 1997; Palacio, 1994). Se trata de un contexto de complejización tecnológica y organizativa del control de los procesos de trabajo en el capitalismo tardío. Esto sucede junto con la burocratización y transformación del trabajo intelectual en asalariado.

Desde la política económica, la mejora de la competitividad pasa a ser el supremo objetivo. Se argumenta que para poder participar de la competencia externa hace falta disminuir costos. Para ello se plantea como imprescindible por un lado el ajuste de las cuentas públicas (entre otras cuestiones, la privatización de las empresas públicas) y por el otro la reducción de los costos laborales a través del incremento de la productividad y de la disminución del costo de cada trabajador (reducir salarios, otros costos laborales no salariales, impuestos al trabajo, etc.).

Todo esto se realiza en un contexto de debilidad y desactivación de los sindicatos en general (31). Tras la normalización institucional de la década pasada, de cara al nuevo modelo de acumulación, el deterioro estructural de las prácticas sindicales junto al desmoronamiento de su representatividad social, muestran la crisis del modelo sindical creado a mediados de siglo (López y Lozano, 1993).

La otrora vigorosa presencia social y política del sindicalismo organizado se desmorona.

La segmentación del mercado de trabajo, el desempleo masivo, la precarizacion jurídica tienden a degradar su poder de negociación, su cohesión interna y su propia identidad (Bisio y Tomada, 1993).

Las diferentes organizaciones sociales (entre ellas, los gremios) están en proceso de reconstitución como consecuencia de la redefinición del Estado y su papel social, que desarticula los movimientos reivindicativos de orden nacional. Este proceso incluye la asunción de funciones sociales (salud, educación, saneamiento ambiental) lo que genera tensión entre estructuras diseñadas para otro tipo de acciones (que tendían a asumir dimensiones de movimientos político-sociales nacionales en su búsqueda de eficacia política) y los requerimientos de la gestión de servicios (que supone la delimitación de ámbitos locales de usuarios y plantea otras necesidades de organización, otros criterios de representatividad y de eficacia) (Coraggio, 1992).

Gran parte de las organizaciones gremiales, con comportamientos diferenciales según el sector, han modificado su rol confrontativo para adoptar uno conciliador. Sin embargo, en los sectores de la administración pública la situación es más heterogénea y los conflictos no cesan.

Particularmente, las organizaciones sindicales docentes resisten al ajuste por medio de variadas medidas de fuerza (32).

Del otro lado, quienes hoy sostienen que la perspectiva del ajuste y reconversión estructural es la única salida a la crisis económica, esgrimen que el mercado de trabajo debe adecuarse a un contexto cambiante y que para ello es necesario modificar el sistema de regulación de las relaciones de trabajo que es considerado anacrónico (Marshall, 1990). En el contexto de la globalización, que opera también a nivel del mercado de trabajo, se plantea que las necesidades de inserción competitiva modifican la organización del trabajo en las empresas y desde allí apelan a la retórica de la flexibilidad. Esta tendría el valor, además, de ser una estrategia de atención al creciente desempleo (33).

Según Meik y Zas, cuando se habla de flexibilidad se alude con una palabra nueva a un viejo problema. La mayor parte de las veces se la entiende como opuesta a rigidez y dogmatismo y con ese sentido es invocada (34).

Otros autores sostienen que el término flexibilidad ha adquirido valor de fetiche. En su proceso de difusión, el concepto ha tomado una fuerza importante en el lenguaje de gobiernos y empresarios, pero también en las prácticas de gestión y negociación laboral, por lo cual es necesario reconocer su vigorosa influencia ideológica, como medio de reducir el debate de la reestructuración capitalista a un "problema" en el despliegue de la mano de obra. Por debajo de la retórica de la flexibilización, probablemente el principio básico de la reestructuración sea la subordinación a criterios fijados por rígidas imposiciones presupuestarias de rentabilidad en el corto plazo (Pollert, 1994).

Actualmente, las condiciones de trabajo se están modificando fuertemente en nuestro país. En primer lugar, a nivel del rol del Estado en la regulación de las relaciones capital-trabajo.

En las sociedades modernas, industrializadas y abiertas, la negociación colectiva constituyó una pieza clave del sistema social. Fue un instrumento idóneo para que las partes acordaran distintos aspectos de las relaciones del trabajo, particularmente los niveles salariales (Bisio y Tomada , 1993).

En nuestro país, desde la segunda mitad de los años ´40, se pusieron en vigencia políticas intervencionistas y protectoras de la fuerza de trabajo. Es la época en que se crean, por ejemplo, los Tribunales de Trabajo. Es ese modelo de protección social desarrollado como universalismo social e históricamente restringido el que se está transformando (Peñalva, 1996).

Hoy en la Argentina, se plantea la desregulación de los mercados y el Estado recorta su protagonismo en la resolución de los conflictos laborales. Simultáneamente se produce una activa intervención estatal para debilitar las estructuras protectoras del derecho laboral y evitar los pactos colectivos.

Si bien el escenario es de globalización, paradójicamente la discusión laboral se lleva a niveles microsociales, cuando no individuales. Los cambios actuales en las relaciones capitaltrabajo se expresan en los derechos de los trabajadores: se trata de trabajadores que, formalmente igualados, negocian privadamente sus condiciones de contratación. Cuando el trabajador colectivo deja de existir como categoría social, los derechos asociados a aquella figura pierden sustento (Grassi y otras, 1994). Así, los argumentos para la flexibilización se focalizan en la descentralización de las negociaciones colectivas y en la flexibilización de la contratación.

En otro nivel, hay discusiones sobre qué transformaciones incluye la "flexibilización laboral". La incertidumbre del mercado de trabajo y los cambios en la organización de la producción obligan hoy a los trabajadores de todo el mundo a procesos de adaptación, recalificación y nuevas capacidades vinculadas con la gestión y la generación de iniciativas.

Pero el eje de las propuestas en Argentina está focalizado en la llamada flexibilización laboral externa. Se denominan así aquellas políticas que permitirán disminuir o hacer desaparecer la "rigidez" del mercado laboral para contratar y despedir personal, lo cual, a su vez, permitiría disminuir costos laborales y por lo tanto obtener mayor competitividad internacional y menor desempleo. Se aplica para acelerar los movimientos de entrada y salida de la fuerza de trabajo: contratos de duración limitada, flexibilidad horaria y temporal alterando uno de los núcleos del derecho social del trabajo: el principio de estabilidad (Testa y Figari, 1997). De este modo, los ajustes que provocan las variaciones del mercado son soportados por los trabajadores.

También, aunque en menor medida, está presente la propuesta de flexibilidad interna (para otros autores, flexibilidad funcional) basada en un incremento de la polivalencia de funciones y movilidad de los trabajadores al interior de las empresas, en el contexto de modernización de la producción. Se trata de cambiar la estabilidad en el puesto de trabajo por la estabilidad en el empleo.

La flexibilidad interna implica la eliminación de normas que restringen la capacidad de la institución contratante para generar movimientos internos de personal. Otros hablan de movilización de recursos humanos en la lucha por la calidad y productividad teniendo en cuenta la estabilidad. En este sentido, la movilidad permitiría reconocer el conjunto del proceso productivo que realiza el colectivo, no para usarlos de "comodines" por polivalencia de funciones sino en términos de una habilitación profesional más compleja (Lipietz, 1994).

Algunos autores también aluden a la flexibilización interna cuando refieren a la flexibilización salarial como la posibilidad de variar las remuneraciones según la situación de la empresa, del mercado, etc.

Estas modificaciones avanzan en la normativización. Existe una ofensiva gubernamental que se plasma, no sin resistencias y ambigüedades, en una serie de proyectos y nuevas legislaciones que incluyen la flexibilización laboral, la reforma de los regímenes de negociación colectiva, la ley de obras sociales y la ley de jubilación privada. La nueva ley de empleo (24013/91) modifica las formas de contratación, la reglamentación del derecho a huelga, la modificación de las leyes de accidentes de trabajo y los aumentos salariales por productividad.

Desde aquí claramente se plasma desde la normativa y el Derecho un rol diferente para el Estado, que aunque siga proporcionando el marco regulatorio, abdica de una intervención directa en las relaciones de trabajo para dar lugar a la autonomía de los convenios entre las partes.

Una modificación reciente de la legislación laboral puede ejemplificar estas transformaciones profundas que están ocurriendo: cuando se altera la legislación de accidentes de trabajo disminuyendo la indemnización, por supuesto que se disminuyen costos laborales.

Pero fundamentalmente se realiza un debilitamiento de las estructuras protectoras del derecho laboral. En ese acto se disminuye la responsabilidad del empleador, y se ubica en una aparente paridad el vínculo empleador-empleado reduciendo uno de los factores de riesgo de quien obtiene las ganancias, como es hacerse cargo de una eventual inhabilitación para el trabajo de sus empleados. Se desdibuja la responsabilidad colectiva y se individualizan y privatizan los riesgos (que pasan a ser responsabilidad de cada uno).

Así, esta versión de la flexibilidad parece venir de la mano de la precariedad. La organización de la producción hoy se caracteriza por la movilización de la productividad basada en el endurecimiento del trabajo, la reducción de las reservas de estabilización y la intensificación de los ritmos de trabajo (Pollert, A. 1994). A partir de allí es que se hace referencia a la precarización y vulnerabilidad en el empleo.

La precarización laboral involucra la pérdida no sólo de la estabilidad laboral sino también de otras medidas protectoras de los trabajadores. Se considera trabajo precario a todo aquel que se encuentre en evasión total o parcial de la norma, asi como al trabajo temporario y con deficiencias de protección (Torrado, 1992). Pero más allá de la legalidad, la flexibilidad y la precarización laboral muestran la vulnerabilidad creciente a la que están expuestos los trabajadores. La mayor expresión de esta situación es el desempleo.

1.1. Las nuevas condiciones de trabajo y el impacto del desempleo

Como ya señaláramos, históricamente el sujeto de los derechos sociales en nuestro país ha sido el trabajador. Por las altas tasas de empleo, la mayor parte de la PEA estaba incluida ya que hasta principios de los setenta las tasas de desempleo abierto eran moderadas en el sector urbano (oscilantes entre el 4 o 5%). También el subempleo visible era relativamente reducido y no existían indicios de un volumen significativo de desempleo oculto (Beccaria y Orsatti, 1990).

El período 1976-1990 está marcado por los cambios en la oferta de mano de obra (disminuyó la migración interna, aumentó la presencia femenina) y en los requerimientos de fuerza de trabajo (reducción del empleo industrial, crecimiento del empleo en la pequeña empresa). Además, aumentó el desempleo y se precarizaron las relaciones contractuales. El nivel de los salarios descendió (afectado por las políticas salariales, el aumento del desempleo, el debilitamiento de los sindicatos y la inflación acelerada), lo cual se reflejó en la desigualdad en la distribución del ingreso, que alcanzó su punto máximo en 1989 (Marshall, A. 1994).

A partir de 1990 se inicia un programa económico basado en el cambio fijo, el control de la emisión monetaria, la apertura a las importaciones y el control del déficit fiscal que logró la estabilización de precios. El año 90 decreta un punto de inflexión ente economía y empleo en la Argentina. Hasta ese momento el crecimiento del PBI era acompañado por el crecimiento de las tasas de empleo. De ahí en más, el crecimiento de la economía nacional es seguido por el aumento de la desocupación (Feletti y Lozano, 1996). Justamente en el período de estabilidad de precios, según A. Marshall, se incrementa la oferta de fuerza de trabajo disponible, así como disminuye la demanda de mano de obra. Los bajos salarios, junto al bajo nivel de las jubilaciones y el crecimiento del desempleo masculino provocaron la llegada de nuevos sectores al mercado de trabajo: se incrementó la tasa de participación femenina en la actividad económica y se elevó la tasa de participación de los grupos de edad más avanzada. Por otra parte, la sobrevaluación del peso incentivó la inmigración desde países vecinos.

Pero los sustentos estructurales del desempleo son otros: por un lado la desindustrialización por el predominio de la valoración financiera y la apertura importadora, por otro un aumento de la productividad por la intensificación del trabajo y la incorporación de tecnología y por último, la expulsión de asalariados durante el proceso de privatización de empresas estatales (Basualdo, 1996). Entre 1989 y 1993 el empleo público nacional disminuyó a la mitad, así como creció a nivel provincial por la transferencia de los servicios educativos (Marshall, A. 1994).

Es así que grandes grupos han sido expulsados del mercado de trabajo y la producción o han modificado su empleo y sus condiciones de trabajo. Se gestan entonces nuevas formas de asimetría social. Los indicadores hoy muestran cambios muy significativos: entre 1990 y 1995 se triplicó el índice de desempleo. Las últimas cifras (octubre de 1996) ubican en el 17,6% la tasa de desocupación a nivel nacional y en el 13,6% la de subocupación, señalando un triste e histórico record que no parece dar señales de reversión en el corto plazo. Según el Instituto para el Desarrollo Industrial de la UIA, los índices de población activa con problemas de inserción laboral en las provincias llegan a triplicar los índices de desempleo. En la actualidad, la búsqueda de empleo no proviene solo de los desocupados sino que los mismos ocupados ejercen una presión mayor sobre el mercado en la búsqueda por sumar otro empleo (Pok, 1997).

Esta dinámica parece similar a la segmentación del mercado de trabajo global que muestra una polarización de la fuerza de trabajo. Su indicador más claro es el nivel de protección: por un lado un sector más formalizado y protegido y por el otro un sector totalmente desprotegido, en el que se ubican los desempleados, los subempleados y los que perciben ingresos más bajos. A la vez, se produce un proceso de masculinización de la desocupación que es complementario a la feminización de la ocupación. Hay un reingreso a la actividad económica de las mujeres que se convirtieron en el sector menos protegido de la fuerza de trabajo asalariada (Cortés, R., 1994).

En el contexto específico de nuestra modernidad periférica, la desocupación y la marginación pueden concebirse como factores de presión en el desarrollo de la implicación y compromiso social. El problema no es solo la desocupación sino también las características de los empleos existentes. Hay un nuevo mapa sociolaboral: la crisis del empleo es un fenómeno nuevo, que ha emergido y transformado el mercado de trabajo de modo convulsivo en el último lustro. Este fenómeno no parece de reversión inmediata (35). En una sociedad dualizada, la tendencia es hacia dos grandes grupos: por un lado, los incluidos y por el otro, un grupo constituido por desempleados y subempleados, jubilados y otros sectores que conforman un bloque con pocas posibilidades de movilidad social ascendente y trabajo estable. Así, la presencia de desocupados tiene un fuerte efecto regulador: funciona como una presión constante hacia la aceptación de las nuevas condiciones laborales y la pérdida de derechos históricos. A la vez, la prolongación del tiempo de desocupación y la desactualización técnica hace que grupos significativos de desocupados no constituyan una amenaza como "ejército de reserva", por una "pérdida gradual de la empleabilidad" (Offe, 1997). Como veremos más adelante, no es ésta aún la situación en la docencia.

1.2. La reforma del Estado y el empleo público

Otra transformación importante del mercado de trabajo deviene de la reforma del Estado. El Estado argentino ha desempeñado tradicionalmente un papel importante como empleador. Desde su formación, ha ido incorporando mano de obra paralelamente a su expansión en actividades económicas y sociales como la producción de insumos básicos y la nacionalización de servicios públicos y sociales, entre otras (CEB, 1993).

Como señalamos en el capítulo anterior, bajo el Estado de Bienestar el sector público nacional fue creciendo por la progresiva expansión y diversificación de funciones. Desde mediados de los '70, comienza una transformación estructural en la que el Estado declina su rol empleador, y se favorece la descentralización administrativa (transfiriendo a las provincias hospitales y escuelas primarias).

Pero a partir de la crisis hiperinflacionaria del '89 y con el crecimiento de la opinión de la incidencia del déficit fiscal en la misma, se inicia un drástico retraimiento estatal en la producción y distribución de bienes y servicios y en la redistribución social (36). En este camino se va construyendo un nuevo rol para el Estado, que implica nuevas regulaciones de las relaciones estado y sociedad, estado y mercado, sociedad y mercado (Marafioti, 1993).

A nivel nacional, se avanza en el proceso de privatización de empresas públicas y desplazamiento de la intervención en la actividad económica (37). En dicho marco se diseña una reforma administrativa que tiene entre sus ejes la reducción y reorientación del gasto público y el redimensionamiento de su estructura. Para ello, se lleva a cabo una política de reducción del personal por medio de "retiros voluntarios" indiscriminados, que redunda en el éxodo del Estado de buena parte del personal técnico más capacitado (Thwaites Rey, 1995).

Simultáneamente, se deteriora significativamente la remuneración real de los empleados de la administración pública. A la vez, se revisan los convenios colectivos de las empresas estatales y se reglamenta el derecho de huelga en los servicios públicos. También se desmantela gran parte de los programas sociales existentes con la consecuente reducción de recursos y personal en esas áreas.

CUADRO N° 5: PROMEDIO ANUAL DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO (Base enero 1984=100)

Nota: El poder adquisitivo del salario mide la capacidad de compra del salario en el momento en que se percibe. Fuente: Carta Económica, citada en Las políticas sociales en la Argentina, PRIES – Cono Sur, Agosto de 1994.

Dora Orlansky, en un balance de la composición del sector público nacional en 1993, posterior a la reorganización de la administración pública nacional y a la privatización de las empresas estatales, analiza la recomposición funcional de todo el sector público. En su opinión, el aparato estatal nacional hoy es un ámbito que ha intensificado su perfil político y prácticamente ha eliminado las funciones sociales y económicas. Esto tiene incidencia numérica en el empleo público nacional: por un lado se restringe como fuente de empleo en tanto tienden a desaparecer los programas sociales de ejecución centralizada (que son intensivos en personal), pero por el otro crece numéricamente el personal en funciones políticas (Orlansky, 1994).

Por otra parte, en esta reconfiguración del Estado, la descentralización es una de las estrategias en juego. Más allá de las potencialidades de las políticas de descentralización en general, en la Argentina y en el sistema educativo diversos estudios abonan la hipótesis de enmarcarla como una política vinculada con la desresponsabilización financiera de la Nación a la vez que una estrategia de gobernabilidad. Aparece así como un recaudo para diluir los reclamos y para hacer más prolijas las cuentas de la Nación. Se trataría de una fuerte decisión de política central que procuraría descentralizar y balcanizar los conflictos (Wainfeld, 1993; Weiler, 1992; Kisilevsky, 1996).

Frente a la desestructuración de sus economías regionales, las provincias no construyeron estrategias de reconversión productiva. La Nación, por su parte, para descargar de erogaciones al Fisco Nacional, no solo realiza una transferencia directa de gastos a las provincias sino que les agrega servicios públicos esenciales no susceptibles de ser privatizados por no ser rentables (algunos FFCC o Agua y Energía). Este ajuste exige a las provincias la asunción íntegra del rol social del Estado, tanto en prestaciones directas (como salud y educación) como en el subsidio de los servicios públicos. Así se acentúan los desequilibrios e inequidades regionales y con ellos avanza la fragmentación.

Con las transferencias, la administración nacional flexibilizó completamente su gasto, suprimiendo sus componentes rígidos (privatización de empresas, transferencia, racionalización del personal, etc.). Como contrapartida, se rigidizó el gasto público provincial y se redefinieron las relaciones tributarias Nación-Provincias (Lozano y Feletti, 1996).

CUADRO N° 6: VARIACION DEL NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS PROVINCIALES: Y SU RELACION CON LA PEA, 1983-1993 – PROVINCIAS SELECCIONADAS –

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Asistencia a las Provincias: Situación de las provincias argentinas, Enero-Marzo de 1997, Buenos Aires.

Por otra parte, por los procesos de transferencias y como paliativo de la crisis social, se expandió el empleo público provincial (con salarios bajos), que pasó a constituir un porcentaje importante de la PEA: así, en algunas jurisdicciones se convirtió en un subsidio por desempleo encubierto, tal como lo fue en otros tiempos el empleo público nacional (Braslavsky, 1987).

Con déficits presupuestarios previos, la actual recesión económica ha agudizado la situación de las provincias (disminución de la recaudación, ausencia de recursos extraordinarios, etc.) que se encuentran frente a la "inevitabilidad" del ajuste y sus costos sociales. Una de las áreas básicas para el ajuste será el empleo público provincial, que es uno de los factores claves de desequilibrio en un contexto donde se carece de actividades productivas que puedan absorber la desocupación (Lozano y Feletti, 1992).

El discurso del gobierno nacional, y fundamentalmente del Ministerio de Economía, procura una traslación del ajuste ya realizado en la Nación, a través de condicionar sus aportes a las provincias en períodos de ahogo financiero a la privatización de las empresas públicas provinciales (bancos, empresas de energía, etc.) y la transferencia de las Cajas Previsionales a la Nación. La resistencia a estas medidas que aún persiste en algunas gestiones provinciales se vincula, fundamentalmente, al alto costo social y político que las mismas implicarán en contextos con fuerte dependencia del aparato estatal.

El avance en este proceso implicó instalar nuevos sentidos en la sociedad civil y para ello, desmontar un andamiaje construido junto al Estado Benefactor. A la par del deterioro y descrédito del Estado y de lo público en general, creció la revalorización cultural del individualismo. El Estado Benefactor fue perdiendo simultáneamente la legitimidad ideológica y las bases de sustentación político-económica que la hacían posible (Wainfeld, 1993).

La nueva distribución de funciones entre la nación y las jurisdicciones se instala sobre la pérdida de confianza social en el centralismo burocrático estatal como modalidad de gestión del sistema educativo. Se construyen imágenes que tienden a deslegitimar las instituciones públicas, aludiendo al "gigantismo" de lo estatal y poniendo en cuestión la calidad de los servicios y de sus agentes desde esos argumentos (38). En el caso de las empresas estatales de servicios públicos, el discurso oficial hizo hincapié en su carácter intrínsecamente ineficiente, señalando que los servicios públicos sólo se desarrollan mejor por medio de la competencia entre intereses privados. Esto abrió el camino para políticas tales como las privatizaciones, el cierre de instituciones, la imposición de aranceles, etc. En algunos sectores operó luego una transferencia del esquema de análisis a la cuestión educativa (Gentili, 1997). Como parte de este proceso, la devaluación docente fue unida a la devaluación del Estado.

Esta nueva distribución de funciones hace que la responsabilidad financiera y administrativa, luego de las transferencias educativas de 1978 y 1991, quede radicada en las provincias que sólo tienen margen presupuestario para sostener parcialmente los gastos corrientes. En esta última etapa, la usina de producción de propuestas está en la Nación, así como los financiamientos adicionales en general vinculados con el desarrollo de las innovaciones que ésta propone: capacitación, proyectos especiales, infraestructura, etc. Opera entonces una creciente fragmentación del sistema nacional por los recursos básicos diferentes a los que está librada cada jurisdicción y porque en esas diferencias se inscriben los mandatos homogéneos de la Nación y sus recursos específicos (Tiramonti, 1996).

Así, se construye una nueva representación de la nación que repercute directamente en la percepción y gestión de los conflictos. Veamos una escena: el 3 de marzo de 1997, en la inauguración del ciclo lectivo, el presidente Menem sostuvo: "Pido a los gobernadores que renuncien a cualquier cosa, que sacrifiquen cualquier aspecto de la vida de la comunidad de los pueblos que conducen, pero jamás el salario de los docentes".

Se visualiza aquí como se reformula y escinde la dirección de las demandas: la provisión de los recursos básicos tales como los salarios corresponden a las provincias (y esto explicaría la atomización inicial de las huelgas docentes) (39) y, en la mayoría de las provincias, las propuestas de innovación se esperan de la Nación. Pero no se trata de un proceso homogéneo: otras jurisdicciones (MCBA, Córdoba o Bs.Aires), en general con una trayectoria y margen mayor de recursos técnicos y materiales propios y con proyectos políticos más autónomo, han logrado imprimirle un perfil propio a la reforma (40). En ellas, la "transformación educativa" tiene también un fuerte referente jurisdiccional.

En síntesis, con la descentralización hay un desplazamiento de responsabilidades, se intercalan filtros de aislamiento entre los conflictos locales y el resto del sistema (Weiler, 1996) y se regulan las expectativas de los sujetos a partir de redireccionar sus demandas.

La docencia como trabajo (en particular, como empleo público) está inserta en este contexto. Desde esta perspectiva abordaremos en el próximo apartado cómo impactan y se procesan estas transformaciones.

2. La docencia como empleo público

Como se ha señalado, las transformaciones económicas y culturales se sitúan en un contexto de explosión tecnológica altamente competitivo, donde el significado y las características del trabajo cambian. Por un lado, hay transformaciones en la estructura y volumen del empleo: se innova en los procesos productivos y de organización del trabajo, surgen nuevas formas de gestión y simultáneamente crece la desocupación. Por otra parte, en el actual proceso de ajuste estructural, la reforma del estado implica modificaciones no sólo en sus funciones sino también en tanto fuente de empleo. Pero esto es particularmente contradictorio con el diseño histórico del sistema educativo cuya democratización dependía de su creciente extensión y por lo tanto requería el incremento del número de empleados/docentes para atender a los nuevos incluidos/alumnos.

¿Cómo repercute el ajuste estructural en el trabajo docente? La docencia es un empleo público en tanto se trata de contratos en relación de dependencia con el estado, sea éste nacional, provincial o municipal, remunerados bajo la modalidad salarial. Cuenta con rasgos que tienen una larga tradición en la administración pública (como la estabilidad, incorporada desde 1958 en sucesivas legislaciones) (41) además de rasgos específicos sancionados por el Estatuto Docente.

Como ya planteamos en el Capítulo I, el proceso histórico de implantación del magisterio corrió paralelo al progresivo desarrollo de la burocratización de las funciones del Estado, aplicando a la docencia un modelo semejante al que opera para el resto de los empleados públicos (42).

En el pensamiento hegemónico aparece como dato indiscutible que la crisis fiscal del Estado requiere de la reducción del gasto público. Así se empiezan a diseñar algunas medidas tales como el despido y congelamiento del ingreso de empleados públicos. Pero, ¿qué sucede si se intenta aplicar estos criterios al sistema educativo y al empleo docente, si se procura administrar el aparato estatal en base a estos criterios de racionalidad y rentabilidad? Quizás no resulte tan fácil congelar el ingreso a la docencia como en otras ramas de la Administración Pública, pero sí es posible alterar sus condiciones laborales para cumplir el objetivo de disminución del gasto público.

2.1. La búsqueda de un empleo estable

Las características del mercado de trabajo en general y las del empleo docente en particular se articulan en dinámicas específicas. La incertidumbre del mercado de trabajo ya reseñada, el deterioro de los salarios de maestros/as y profesores/as y la tradición de estabilidad confluyen en abandonos y retornos al empleo docente. La trayectoria social de quienes ejercieron y ejercen la tarea de enseñar tampoco es ajena a esta dinámica.

Como se señaló en el capítulo anterior, el origen social de las primeras generaciones que asistieron y egresaron de las escuelas normales como maestras/os fue heterogéneo, ya que provenían de distintos sectores sociales. No fue así en el caso de quienes enseñaban en los colegios nacionales, que eran mayoritariamente universitarios y varones. Justamente, una de las motivaciones para la inclusión de las mujeres en el magisterio fue la perspectiva de movilidad social ascendente. Como se observa en el Cuadro N° 7, estas tendencias históricas de ascenso social y diferenciación entre maestras primarias y profesores/as secundarios se mantienen vigentes en la muestra de esta investigación y se manifiestan particularmente por el nivel de estudios alcanzado por los progenitores de los docentes.

CUADRO Nº 7: NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES DE MAESTROS/AS Y PROFESORES/AS

NOTA: (1) se consideran estudios completos e incompletos.

Hoy pareciera que en las motivaciones para la inclusión de las mujeres en la docencia, ocupa un lugar importante el sostenimiento o completamiento básico de la canasta familiar.

Justamente el incremento de la presencia femenina en la PEA, paralelamente al aumento del desempleo de los jefes de hogar (Cortés, 1990), muestran que este fenómeno atraviesa el conjunto del mercado de empleo.

Al parecer, las dinámicas generales del mercado de trabajo regulan los movimientos al interior del mercado de trabajo docente. Ante el incremento de los desocupados y subocupados, hay más ingresantes en la carrera docente y un mayor retorno a ella de quienes hace años que no ejercen porque ahora necesitan un aporte más al presupuesto familiar, porque fueron despedidos de otro empleo, porque el trabajo por cuenta propia se ha resentido. Así, la docencia aparece como un puerto seguro. En cambio, cuando hay otras perspectivas laborales, la docencia tiende a abandonarse.

En el mercado de trabajo general, la incertidumbre atraviesa tanto las condiciones de contratación como las demandas del puesto de trabajo. En cambio, el trabajo docente con su configuración laboral histórica, aún es apetecible porque permite, frente a la falta de certezas que caracteriza esta década, cierta estabilidad (43). Todavía sostiene algunos rasgos característicos del empleo público en el Estado de Bienestar.

En el sector docente (ya en ejercicio) se registran dos tendencias sucesivas: en un contexto de estabilidad y "optimismo" económico, con oportunidades de empleo (como el Plan Austral y el inicio de la Convertibilidad), algunos sectores que tradicionalmente aspiraban a la movilidad, ya no visualizan a la docencia como posibilidad de ascenso social e intentan otras alternativas. Por el contrario, en períodos de restricción del mercado de trabajo (como la hiperinflacion de 1989 o la recesión que se agudiza a partir de 1995) hay sectores crecientes que, ante el temor de quedar excluidos del mercado laboral, valorizan a la docencia como una alternativa laboral estable, más allá de las características específicas de la tarea.

En esos casos, puede señalarse la resignificación de las motivaciones "vocacionales" en la tarea docente (apostolado, voluntarismo, optimismo pedagógico) y su adecuación a los parámetros más generales que caracterizan cualquier trabajo. En este caso también se encuentran tanto maestras/os como profesoras/es que habían abandonado la docencia y vuelven a ella en la búsqueda de la estabilidad perdida. Se activa una "reserva laboral ante coyunturas apremiantes" (Ezpeleta, 1992). Una maestra contaba: "Trabajé de maestra de jovencita, también cuando me casé. Pero ya con las dos nenas era imposible. Así que dejé la escuela, hace ya 12 años. Mi marido trabajaba bien, como técnico mecánico en una fábrica textil muy grande.

Cuando las nenas entraron a la escuela, empecé a atender un consultorio, dos veces por semana. Pero hace dos años la fabrica cerró (si las telas importadas están mucho más baratas!) y ahora mi marido tiene trabajo de vez en cuando.

Así que decidimos que yo vuelva a la escuela. Conseguí una cerca, es un trabajo que me agrada. Sobre todo da tranquilidad que haya un sueldito todos los meses…" (Maestra, Rosario).

CUADRO N° 8: TITULO DE LOS PROFESORES DE NIVEL MEDIO, SEGUN SEXO, 1994 (en porcentajes)

Nota: (1) Se incluyen las siguientes categorías censales: maestros normales, egresados de terciarios o universitarios y distintas combinaciones que involucren formación docente. Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Docentes y Establecimientos Educativos '94. Secretaría de Programación y Evaluación Educativa, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Buenos Aires, 1996.

Estas búsquedas también alcanzan a los/as egresados/as universitarios en su recurrencia a la docencia. Cuando egresan de una misma carrera universitaria, en general mujeres y hombres toman caminos diferentes: la tendencia para las mujeres es la administración pública y la docencia, mientras que para los varones lo es la actividad privada o el ejercicio independiente de la profesión. Como se observa en el cuadro n° 8, para la mayor parte de los varones que trabajan como profesores en el nivel medio hoy, no figuraba en sus proyectos laborales la docencia cuando siguieron una carrera terciaria o universitaria. Además, muestran, en general, una permanencia discontinua en la enseñanza. Su inclusión ha sido tardía en la docencia, producto de la situación económica y la carencia de opciones de desarrollo en su campo profesional.

"La competencia es desleal porque ahora cualquiera quiere dar clase: competís con los que quieren "currar", pero igual no es como en el comercio, que allí es la ley de la selva… Cada vez son más los técnicos o ingenieros que se presentan en cargos de materias técnicas y también de Física y Matemática…No nos engañemos, hay poco trabajo y algunos los absorben para mantenimiento pero no hay tantas fábricas en la zona." (profesor, Mendoza).

Por otra parte, la inflación de los títulos no es excluyente de la docencia ni de nuestro país. Se trata de una tendencia a nivel mundial. Se podría pensar, al interior del sistema educativo, si el empobrecimiento de las condiciones salariales e institucionales del trabajo docente no contribuyen a una subutilización de la formación de los sujetos que en ella trabajan.

CUADRO N° 9: DOCENTES VARONES EN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, Y HOGARES CON NBI POR JURISDICCION

Fuente: Elaboración propia en base a: (1) Censo Nacional de Docentes 1994, Red Federal de Información Educativa, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y (2) Anuario Estadístico 1995, INDEC, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Buenos Aires, 1995 (los datos de NBI son de 1991).

Aunque la presencia de los varones ha sido tradicionalmente significativa en el nivel medio de enseñanza, se trataría de una tendencia en ascenso en esta década (44).

Si se observa con detenimiento el cuadro N° 11, en el caso de la enseñanza primaria la presencia de varones muestra un rasgo particular: las jurisdicciones donde el porcentaje de docentes varones está por encima de la media nacional son aquellas donde los hogares con NBI también superan la media nacional, y viceversa (a excepción de Santa Cruz y Entre Ríos). Se podría hipotetizar entonces, que la presencia de varones en el magisterio se incrementa en regiones donde la pobreza adquiere rasgos más dramáticos, vinculada seguramente a la restricción de las oportunidades de empleo (45.)

La última información censal da cuenta que, en 1991 el peso del número de trabajadores de la enseñanza en la PEA casi alcanzaba al 5%. Pero fundamentalmente muestra las dinámicas de género y de empleo hoy. Por un lado, el número de hombres que componen la PEA se mantiene estable comparado con el incremento del número de mujeres que han salido al mercado de trabajo en la última década. Por otra parte, los datos censales muestran que mientras para las mujeres la enseñanza representa 1 de cada 11 opciones de trabajo, para los hombres es 1 cada 100 (46).

CUADRO N° 10: PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN LA P.E.A., POR SEXO. CENSOS 1895, 1914, 1980 Y 1991 (en valores absolutos y porcentajes)

Fuente: INDEC, Censos Nacionales.

La lucha es por permanecer dentro del mercado formal de trabajo. Algunos autores refieren a la pelea de los trabajadores por pertenecer e ingresar a las ramas que favorecen la capacitación y la estabilidad, acrecentando la puja intraclase entre los trabajadores y de éstos frente a los marginados del mercado laboral (Dinerstein, A. 1994). Mientras en el mercado de empleo se modifica la composición de la mano de obra asalariada, registrándose un crecimiento del trabajo asalariado transitorio (se formaliza la inestabilidad) (47) (Gomez, 1997), el trabajo docente titular todavía reúne ambas condiciones: salarización y estabilidad. Trabajar de docente permite un nivel básico de protección social por el acceso a los beneficios sociales y a la vez no obtura el trabajo parcial e independiente en otras áreas.

A la vez, esta necesidad de permanecer dentro del mercado formal de trabajo ha modificado expectativas y estrategias de los docentes que no se sienten satisfechos con su trabajo. En una investigación que realizamos en 1993 encontramos un grupo considerable de maestras y maestros que deseaban abandonar la docencia. En las entrevistas a ex-maestras/os, aparecía que la estrategia que habían desarrollado para abandonar la tarea de enseñar partía de tomar un 2do. o 3er. empleo y ponerse a prueba. En la medida en que este trabajo permitía por lo menos "los mismos ingresos con menor desgaste" y simultáneamente la docencia les brindaba pocas gratificaciones, la abandonaban. No eran ajenas a los relatos las conductas expulsivas del propio sistema (Braslavsky y Birgin, 1994).

El período transcurrido entre 1993 y 1996 permite hipotetizar que esta tendencia se ha revertido. Del mismo modo que con la matrícula de inscripción en las instituciones de formación docente, ante el crecimiento del desempleo y el subempleo, es decir ante la restricción de otras oportunidades laborales, las expectativas de abandono de la docencia han disminuido, como lo muestran los registros ya mencionados. Sin embargo, no están ausentes de los deseos.

Justamente en el cuadro siguiente se observa que un porcentaje significativo de docentes de esta muestra manifiesta que si volviera a empezar, optaría por otra ocupación. Los motivos se vinculan fundamentalmente con la devaluación simbólica y material de su tarea. Los datos mostrarían una insatisfacción mayor en el nivel primario que en el medio, tanto en la opción profesional como en el desprestigio social que perciben las maestras y maestros respecto de los profesores y profesoras.

CUADRO N° 11: DOCENTES QUE OPTARIAN POR OTRA OCUPACION Y MOTIVOS, POR JURISDICCION

La deserción de los cuadros docentes no es un fenómeno de los países subdesarrollados, sino que ya había empezado a preocupar en Europa (Francia, Suecia, España) a comienzos de los '80, vinculado con el esfuerzo síquico que demanda la tarea (Esteve, J. 1994) (48). En este sentido, y más allá de las características agravadas por el contexto actual, manifiesta una problemática específica de este trabajo que es atendida en otros países desde medidas estimulantes para el ingreso a la carrera tales como el acceso a becas, el año sabático, la flexibilización del período de permanencia frente a alumnos, la rotación de funciones, etc., y, por supuesto, un incremento en los niveles salariales. No es ése el caso de la Argentina.

2.2. El salario de los docentes: ¿escaso pero seguro?

Como parte del proceso de ajuste estructural, los salarios de la administración pública sufren un lento e "inexorable" deterioro respecto de otros salarios. Esto adquiere ribetes particulares en la docencia, entre otras cuestiones porque su peso relativo en el volumen del empleo público provincial es muy alto, incrementado más aún a partir de la transferencia de servicios de nivel medio y superior (49). Como se ve en el cuadro N° 12, hoy la docencia es el sector más numeroso en la planta de personal público. Según datos del Censo Nacional Docente de 1994, en la Argentina hay en actividad 560.443 docentes.

Visualizando esta situación, algunos documentos del Banco Mundial proponen contribuir a la reforma educativa haciendo hincapié en un desplazamiento de la inversión hacia los insumos del proceso educativo: producción de textos, curriculos regionales, materiales didácticos. Una tecnología centrada en el maestro implicaría alto costo en salarios para motivar a los mejores y, si se elevase el salario, habría que agregarle un costo indirecto por la presión salarial del resto de los servidores públicos (Coraggio, J. L. 1993). Este argumento se cruza con otro: el salario docente ocuparía sólo el octavo lugar como factor de incidencia en el mejoramiento de la calidad de la educación (Coraggio, 1993; Torres, 1997).

CUADRO N° 12: PLANTA DE PERSONAL PÚBLICO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, SANTA FE, Y MENDOZA. AÑOS 1987-1993. ESCALAFONES: DOCENCIA, SEGURIDAD, JUSTICIA Y SALUD

(1) Para la provincia Buenos Aires, corresponde a la planta ocupada en marzo de 1993; para Santa Fe, a septiembre de 1992 ; para Mendoza, los datos de 1993 y de 1992 corresponden a la planta ocupada a junio de 1992. Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias, citado en: Ministerio del Interior, Secretaría de Asistencia para la reforma económica provincial (1994): Datos para el análisis del sector público de las distintas jurisdicciones de la República Argentina, Buenos Aires.

En el cuadro N° 13 se observa cómo el salario de un/a maestro/a de grado es comparativamente el más bajo respecto de otros salarios de la administración pública con categorías "equivalentes", aunque no tienen los mismos requisitos para el ejercicio (por ejemplo, poseer por lo menos título de nivel medio como Maestra Normal) (50).

Como se ha dicho, el deterioro del salario docente es parte de un proceso que involucra a amplios sectores de la población argentina que habían logrado posicionarse como capas medias.

La reestructuración productiva ha generado procesos de empobrecimiento que afectan a los sectores obreros y penetran también en las capas medias: crecen los hogares con necesidades básicas insatisfechas y a la vez se incorporan nuevos sectores a este universo llevados por la dificultad para alcanzar los consumos necesarios, pero no afectados por las mismas carencias que los pobres estructurales. Se trata de una extensión de la pobreza, un fenómeno de emergencia de nuevos pobres y por lo tanto de heterogeneización de la pobreza (Murmis y Feldman, 1992). Entre 1980 y 1990 se cuadruplicó el grupo de los considerados pobres por ingreso o nuevos pobres (Beccaria, 1993).

Los pauperizados en este proceso son trabajadores cuyas condiciones personales y profesionales no son distintas de las de quienes consiguen participar afirmándose en el proceso de reestructuración. Los nuevos pobres no habían registrado privaciones en sus necesidades básicas.

Pero estos nuevos pobres no tienen en común con los pobres estructurales la historia, y por ella cuentan con una significativa acumulación previa de recursos en términos educativos (certificación y formación por acceso a la enseñanza), de experiencias y en bienes materiales (barrio, vivienda, aparatos domésticos). Ambos grupos comparten las tasas de desocupación o subempleo, las dificultades para la subsistencia básica, el sistema de salud precario.

En el ajuste, los aportes del Estado en términos de infraestructura y servicios sociales disminuyen notoriamente. Esto implica un incremento de los costos de reproducción básica familiar: desde la compra a cargo del usuario de elementos básicos para la atención de su salud en un hospital (jeringas, placas radiográficas, etc.) hasta la creciente importancia de la contribución a la cooperadora escolar.

En este contexto la situación se torna más compleja también en el marco familiar, en la medida en que implica una participación simultánea de los conyuges en el mercado de trabajo y en las tareas del hogar. La unidad doméstica es sede del diseño de estrategias adaptativas para amortiguar la caída. Desde esta situación se instala la conciencia de una gran vulnerabilidad y fragilidad. Aunque resistida, la sensación de irreversibilidad puede ir demoliendo el mito del progreso permanente y la movilidad social ascendente (Karol, J., 1992).

CUADRO N° 13: REMUNERACION REAL DEVENGADA EN LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, SANTA FE, Y MENDOZA. SEPTIEMBRE 1991, 1992 Y 1993 (en pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia, en base a C.F.I., citado en: Ministerio del Interior, Secretaría de Asistencia para la reforma económica provincial (1994): Datos para el análisis del sector público de las distintas jurisdicciones de la República Argentina, Buenos Aires.

Si desde las condiciones de trabajo comparativamente más estables la docencia vuelve a ser un trabajo buscado, no lo es desde el punto de vista del salario. Más aún, si la docencia fue una opción laboral que facilitó la movilidad social ascendente, hoy por el contrario se ubica a sus miembros en una dinámica social descendente (Feijóo, 1992).

En el contexto de las políticas económicas actuales, la falta de recursos aparece naturalizada. De allí deviene la "imposibilidad" de un incremento salarial: se esgrime que no hay otra manera de gestionar la crisis o que hay un agotamiento de los fondos públicos. La recuperación salarial aparece ligada al aumento de la productividad (se caracterice como se caracterice en el empleo docente), sin referencia a los derechos básicos a un ingreso digno.

Al respecto, un estudio sobre la evolución de los salarios reales entre 1935 y 1990 muestra que en este último año, un maestro de grado nacional cobraba el 21,4% de lo que cobraba en 1935 (Gurman y Lemos, 1991). Otro estudio, realizado por la OIT sobre la evolución de los sueldos reales de los docentes del sector público en los decenios 80 y 90 muestra que Argentina está entre los tres países de América Latina con un mayor deterioro en los salarios docentes. Para el mismo período, todos los países de la OCDE muestran un incremento en las remuneraciones (OIT, 1996). Por otro lado, no se observa un ensanchamiento de la brecha salarial al interior del sector (como en otras áreas) sino que el achatamiento es generalizado.

El análisis de los salarios docentes ("congelados" desde 1992) muestra el ajuste también en su composición: cuando hubo incrementos en los salarios de bolsillo, estos fueron por adicionales no bonificables, por lo cual no se computan sobre ellos la antigüedad, ni las cargas sociales, ni la jubilación (51) (Maffei, 1997).

CUADRO N° 14: SALARIO INICIAL DE MAESTROS Y MAESTRAS DE GRADO EN 1995 POR JURISDICCION (en pesos)

(a) Fuente: datos oficiales de cada una de las jurisdicciones. Corresponden a maestro de grado de jornada simple. A estos básicos deben agregársele las sumas fijas o premios por presentismo. Los sueldos básicos no varían desde 1992. (b) Debido a los descuentos jubilatorios y de obra social, los maestros reciben como sueldo de bolsillo, en promedio, un 17% menos que el sueldo bruto. A los afiliados a gremios se les descuenta, además, una cuota sindical. (c) A estos salarios no se les efectuó el descuento vigente en algunas provincias (Véase cuadro N° 15).

Como se observa en el cuadro N° 14, el panorama salarial es muy heterogéneo según las jurisdicciones: varía tanto el monto como la composición por adicionales del salario, llegando éstos en algunos casos a más que triplicar el sueldo básico.

Asimismo, cuando hay un incremento de recursos (por ejemplo, el Plan Social de la Nación, el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense o los Programas Especiales desarrollados por Mendoza), se vincula a destinos específicos: retribución por proyectos, por capacitación, por presentismo. El salario en tanto derecho, permanece incólume.

Estos incentivos son efímeros: "Primero aprendimos a hacer los proyectos y avanzamos un montón con el subsidio. Ahora nos sentimos castigados: a medida que fuimos progresando, y eso en las horas que nos pagaban, nos las quitan para dárselas a otras escuelas" (maestra, Mendoza).

Como señala otra maestra mendocina entrevistada, el salario es un índice inequívoco del valor atribuido al trabajo y a los trabajadores. Así, para los docentes, el desprecio por su función se manifiesta también desde la remuneración que se le otorga.

(La desvalorización social del magisterio)"es un menosprecio, con razón o sin ella, desde las familias hacia los docentes de sus hijos, que con sus críticas, opiniones o actitudes desmerecen la tarea de los docentes. Porque la mayoría no toma en serio la educación. Desde el gobierno tampoco se lo valoriza… eso lo dicen los sueldos" (maestra, Mendoza).

La crisis de las economías provinciales en el marco del incremento de sus responsabilidades financieras tiene nuevos indicadores, cada vez más agudos. Al deterioro del poder adquisitivo del salario se suman atrasos muy significativos en el pago de los sueldos de los empleados públicos, emisión de bonos provinciales para el pago de una parte de los salarios (que fluctúan su valor según el respaldo de las arcas provinciales) (52), rebaja en los salarios de los empleados públicos con porcentajes que varían por jurisdicción según el monto que cobre cada empleado, etc.

CUADRO N° 15: MEDIDAS RESTRICTIVAS DEL GASTO DIRIGIDO AL SECTOR DOCENTE, POR PROVINCIA, 1996

Fuente: Birgin, A. (1996) y CTERA (1996), UNTER, UEPC, (1997).

La reducción salarial (que en algunos casos llega al 29% del salario) es nombrada con distintos eufemismos por las distintas gestiones provinciales. En Tucumán y Salta se llama "aporte solidario reintegrable", en Rio Negro "préstamo al gobierno", en Misiones "impuesto solidario".

En este contexto, la noción de derecho adquirido se pierde y se observan entonces situaciones inéditas que ponen en cuestión la asociación básica acerca de que el trabajo da derecho a un salario. Así lo establece, por ejemplo, el siguiente decreto de la provincia de Córdoba, que transcribimos in extenso por su elocuencia: "art. 1: La designación de personal suplente o interino se efectuará con carácter ad-honorem hasta el 29 de diciembre de 1995 (…) art. 4: En caso de ausencia del director, asumirá ad-honorem el vicedirector; si no lo hubiere, asumirá con igual carácter (ad-honorem) el docente de mayor antigüedad en el establecimiento(…) art. 7: Las designaciones que se efectuaren en el marco de este régimen deberán contar con la expresa conformidad del docente, atento a su carácter voluntario y honorífico, de la que no resulta derecho remuneratorio alguno por ningún concepto." (Decreto Nº 1248 de 1995).

Hoy en Neuquén o en Río Negro los docentes consideran una conquista laboral que se vuelva a cobrar el mismo salario que se cobraba dos años atrás, antes de la emergencia económica provincial. Es así que la pelea por el incremento de un salario pobre se ha transformado en la pelea por cobrarlo, y sin descuentos. Es en este sentido que señalamos una fuerte regulación de las expectativas (Bell, 1996): de aquellas que soñaban con el mejoramiento del nivel de vida familiar a partir de un incremento salarial a aquellas que sólo aspiran a mantenerlo.

Todas estas situaciones muestran el deterioro de la condición asalariada y socavan el imaginario que delineaba el empleo docente como un empleo seguro, estable a la vez que importante para el desarrollo de la Nación.