El Capítulo III contiene una breve descripción de las características de la sociedad boliviana, la crisis económica y las consecuencias sociales, económicas y políticas de la implementación de la política neoliberal en nuestro país.
El capítulo IV expone los criterios fundamentales para considerar al Estado como principal generador de la inseguridad ciudadana.
El Capítulo V contiene una aproximación a las manifestaciones sociales como respuesta a la insatisfacción de sus necesidades básicas.
El Capítulo VI expone en forma detallada los delitos generados por la inseguridad ciudadana, y que se consideran el efecto necesario y permanente de la implementación de la política neoliberal.
Finalmente, el capítulo VII contiene las conclusiones del estudio y las recomendaciones correspondientes.
Se espera que el presente estudio tenga una utilidad teórica y metodológica a los interesados en el tema.
1.1 Planteamiento del problema
Se vive una serie de profundas contradicciones y paradojas, en contramano con una profunda crisis, de la cual la dimensión económica constituye la faceta de la mayor fuerza y con una decisiva influencia en las conductas sociales e individuales, y donde sale a la vista una notable contradicción entre los objetivos que persigue la política neoliberal entroncada a la globalización con las finalidades propuestas planteadas en la denominada Seguridad Ciudadana.
Es en este sentido que nos proponemos analizar la "Seguridad Ciudadana", entendida como las condiciones básicas que requieren las personas para ejercer sus libertades individuales y colectivas, sus derechos ciudadanos, así también el respeto a las leyes, y a las normas en vigencia, para lograr de esta manera la paz, la convivencia y la justicia, aplicada con eficiencia a la dignidad humana, llegando de esta manera al bienestar común.
La Seguridad Ciudadana debe ser entendida como una idea superior a la de proporcionar resguardo físico o simplemente seguridad material en favor del ciudadano, por medio de la acción del Estado para proporcionar a los estantes y habitantes niveles económicos satisfactorios, confianza en la justicia, libertad, instituciones con bases solidaridad y democracia, de tal manera que los ciudadanos vivan en una sociedad que les otorgue garantías de seguridad y bienestar social, familiar y comunitario. Sin embargo, la Seguridad Ciudadana entendida así, tiene en sí misma factores de inseguridad que nacen del mismo Estado, en este caso concreto la Política Económica imperante en el Estado Boliviano: el neoliberalismo. Las características de ésta constituyen el primer obstáculo para los principios y fines de la Seguridad Ciudadana, la elevación constante del costo de vida, la pobreza, el desempleo, la migración campo ciudad, los conflictos sociales, la delincuencia juvenil, la falta de recursos destinados a la educación, la salud, etc., son muestras de esta situación.
Las preguntas e interrogantes que más nos acercan a la investigación son las siguientes:
¿Cuáles son los verdaderos alcances de la Seguridad Ciudadana?
¿La Seguridad Ciudadana implica simplemente proporcionar resguardo físico? O, por el contrario, ¿implicará la Seguridad Ciudadana una conceptualización mucho más amplia que se manifiesta como la capacidad del Estado de proporcionar a los estantes y habitantes de un territorio niveles económicos, políticos y sociales satisfactorios basados en las libertades democráticas y los derechos ciudadanos?
Concebida así la Seguridad Ciudadana, ¿podrá implementarse en función de sus Principios y Fines dentro de un marco de una Política Económica Neoliberal como la nuestra?
¿No será que la inseguridad ciudadana nace precisamente del propio Estado al implementar este tipo de políticas?
¿De qué manera la Política Neoliberal se constituye en el principal factor atentatorio a la Seguridad Ciudadana?
¿De qué manera la Política Neoliberal se constituye en un factor determinante atentatorio a la Seguridad Ciudadana generando conductas sociales e individuales contrarias al Orden Jurídico establecido?
¿De qué manera las reformas imperantes en el campo del derecho realizadas por el Estado Boliviano podrán ser efectivas y acordes con la Seguridad Ciudadana, mientras exista una Política Neoliberal?
¿No será necesaria la búsqueda de una mayor Justicia Social y Bienestar Común de parte del Estado como una forma de garantizar la implementación de la Seguridad Ciudadana?
1.3 Delimitación del tema de la tesis
Se considera una Delimitación Temática, una Temporal y otra Espacial
El tratamiento del tema objeto de la investigación, Seguridad Ciudadana y Neoliberalismo, se dará dentro de una óptica Jurídico Social, debido a la necesidad de confrontar los principios y fines de la seguridad ciudadana con la realidad Nacional, la particular con la Política Económica el Neoliberalismo.
El parámetro temporal establecido para la presente investigación adquiere gran trascendencia en la actualidad, sin embargo se ha visto conveniente realizar una investigación retrospectiva del problema desde el año 1985, año en que se implementa en Bolivia la política Neoliberal mediante el Decreto Supremo 21060.
Es un hecho indiscutible que este fenómeno de investigación tiene una repercusión nacional toda vez que la Política Económica tiene trascendencia nacional sin embargo con el propósito de recabar información para efectos de diagnósticos se ha visto por conveniente circunscribir la investigación en la ciudad de La Paz y El Alto de La Paz aunque los resultados y la propuesta de la misma podrá aplicarse sin considerar estos límites.
1.4 Fundamentación e importancia del tema de la tesis
Seguridad Ciudadana y Neoliberalismo, dos criterios muy manejados en la actualidad, pero también a la vez se constituyen en criterios contradictorios en cuanto se refieren a sus principios y sus fines aplicados a una realidad concreta, en este caso la realidad boliviana. En este sentido, que Neoliberalismo y Seguridad Ciudadana, están expresando la complejidad de la problemática social boliviana no sólo en el campo económico o aspectos políticos, sino en forma decisiva en aspectos sociales, familiares y valorativos, etc. Existen varias perspectivas que se puede optar para abordar este tema desde el punto de vista ético, político, social, económico, histórico, jurídico; sin embargo, la perspectiva de análisis del presente problema en el trabajo que realiza nos tiene una óptica totalizadora que nos permite comparar y de esta manera demostrar las grandes contradicciones existentes, tanto teóricas como prácticas en su aplicación.
El Estado boliviano, se constituye precisamente en el primer factor de Inseguridad Ciudadana al implementar políticas divorciadas de justicia social y el bien común. Este es el propósito que reúne el presente trabajo que fundamentalmente se constituye en una reflexión sobre nuestra realidad hacia sectores mayoritarios del país.
1.5 Objetivos del tema de la tesis
Fundamentar que mientras exista una Política Neoliberal, los factores facilitadores para la no-implementación de la Seguridad Ciudadana en Bolivia, nacerán del propio Estado.
Establecer los verdaderos alcances de la "seguridad ciudadana".
Demostrar su verdadera importancia que tiene la Seguridad Ciudadana como factor de garantía sociales, jurídicas, políticas y económicas que tienen las personas, individual y colectivamente.
Determinar que la política Neoliberal es el principal factor atentatorio proveniente del Estado que no permite conseguir los verdaderos alcances de Seguridad Ciudadana.
Caracterizar tipos de conductas estatales en diferentes campos Seguridad Estatal Jurídica Política atentatorios a los principios y fines de la Seguridad Jurídica.
Demostrar que la falta de una Política Económica con mayor Justicia Social, y en busca del Bien Común, permite la negación de una verdadera aplicación Seguridad Ciudadana y por el contrario será determinante para motivar conductas atentatorias al ordenamiento jurídico vigente.
Mostrar indicadores sociales de opinión pública responsables que permita una referencia base para dar solución al problema de investigación motivo del tema de la tesis
El año 1985 se introdujo en Bolivia la Nueva Política Económica, conocida como "Neoliberalismo", política que cambia esencialmente la función del Estado, que deja de ser un Estado productor con participación directa en la economía y pasa a ser un Estado controlador de la economía, dejando en manos de particulares la inversión y la producción.
Junto a las transformaciones económicas existieron también una serie de cambios sociales y políticos, cuyo costo social recargó fundamentalmente en los sectores marginados del país, quienes se debaten en el hambre y la miseria. En ese contexto histórico que actualmente se maneja el término de "Seguridad Ciudadana" entendida como la capacidad del Estado de proporcionar a estantes y habitantes niveles económicos satisfactorios, confianza en la justicia, libertad, etc., de manera que los ciudadanos vivan en un ambiente de seguridad y libertad, y no de una subsistencia precaria como sucede en nuestra sociedad, no pudiendo hablarse de "Seguridad Ciudadana" donde la pobreza y sus graves consecuencias son características propias de las mayorías nacionales.
Para el análisis del tema elidido considero que una primera aproximación esta relacionado con un enfoque jurídico – social, entroncada cada a la escuela del positivismo sociológico, puesto que de esta manera podemos ver al Derecho como un Hecho Social y poder acercarnos a analizar, cuestionar, reflexionar el objeto de estudio.
Así, partiendo de la caracterización de Bolivia como país capitalista, atrasado y dependiente inmerso en una política neoliberal, la misma que genera pobreza, marginalidad social económica, jurídica política, etc., de los sectores mayoritarios para contraponer a los principios y finalidades de la teoría de la Seguridad Ciudadana extendida este como las condiciones básicas que requieren las personas para ejercer su libertades individuales y colectivas como sus derechos ciudadanos.
Tomamos para el presente trabajo de investigación los siguientes conceptos básicos que serán utilizados a lo largo de todo el desarrollo de la Tesis.
Son innumerables las definiciones que se han dado a lo largo de la historia de lo que es el Derecho, sin embargo nosotros manejamos la más accesible, justa y descriptiva:
El Derecho es una ciencia social que estudia las normas jurídicas y las instituciones jurídicos sociales que norman y reglamentan las actitudes y conductas individuales y colectivas de una sociedad orientándolas hacia un principio de justicia.
El Derecho constitucional es una ciencia social que estudia las normas fundamentales que rigen el estado y las organizaciones jurídico – sociales que le son inherentes.
Estudia las normas fundamentales que organiza el Estado; establece los poderes del Estado, sus atribuciones, sus instituciones, derecho y libertades, relaciones entre gobernantes y gobernados. Es una ciencia social que estudia la norma constitucional y las instituciones, normas y principios de las relaciones sociales.
Son condiciones básicas reconocidas y aceptadas universalmente que permiten a las personas desarrollarse íntegramente en un ambiente adecuado y con plena libertad.
Toda persona, independientemente de raza, color, sexo, religión, idioma, opinión, política, nacionalidad, posición económica o cualquier otra condición tiene un conjunto de principios que son comunes para todos, estos principios son las Derechos Humanos.
Muchos podríamos confundir el concepto de la Seguridad Ciudadana con la idea de proporcionar resguardo físico o simplemente seguridad material en favor de un ciudadano. No estamos alejados de la verdad si consideramos esta aparente acepción.
Debe entenderse por seguridad ciudadana, la capacidad de Estado de proporcionar a estantes y habitantes de un territorio, niveles económicos satisfactorios, confianza en la justicia, instituciones con sólidas bases democráticas, libertad de conciencia y religión, de tal manera que los ciudadanos vivan en su sociedad y un sistema que les otorgue, garantías y seguridad. Y no de una subsistencia precaria como sucede en mayor parte de los países no industrializados, sino de una gama de oportunidades como las mencionadas; muchas de ellas son substanciales con una existencia digna, de plena confianza en justicia, en la libertad de derecho a la vida, a la salud y a un desarrollo humano edificante.
La esencia del neoliberalismo, según el especialista Pablo Ramos Sánchez, se traduce en asegurar la más absoluta libertad para que las fuerzas del mercado establezcan las relaciones fundamentales de la economía y la sociedad. Toda intervención del estado debe ser suprimida o contrarrestada. El mejor estado es el que reduce su actividad las funciones generales de administración, justicia, defensa, policía y relaciones exteriores. El modelo neoliberal se estructura a partir de ciertas piezas claves. Entre ellas destacan la libertad de precios y salarios, libertad cambiaria, apertura total al exterior, libre contratación y traslado de las actividades económicas rentables a la empresa privada.
Siendo las definiciones de Democracia diversas y hasta contradictorias daremos la que más se ajusta a la materia de investigación.
Democracia es aquel régimen político que institucionaliza la participación de todo el pueblo, en la organización y ejercicio del poder político mediante la intercomunicación entre gobernantes y gobernados y el respeto de los Derechos y Libertades fundamentales dentro de una justa estructura socio económica.
El presente concepto de democracia es una descripción ideal de todos lo que quisiéramos, que sea la democracia, empero lamentablemente en la práctica política, por lo menos en nuestro país esta situación no existe
1. Constitución Política del Estado Art.: 5 al 35
2. Derechos Humanos
– Primera Generación
– Segunda Generación
– Tercera Generación
3. Código Penal Boliviano Títulos del iv al xii
4. Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985
5. Seguridad Ciudadana
6. Plan Operativo Contra la Pobreza
7. Ley 1599 contra la Violencia en la Familia o Doméstica
1.7.1 Planteamiento de la hipótesis
"La carencia de una Política Estatal Basada en Principios de Justicia Social y el Bien Común, constituye el primer factor atentatorio a la Seguridad Ciudadana constituyéndose de esta manera en un aspecto determinante de conductas individuales y sociales atentatorias al Derecho"
– Política Estatal basada en principios de Justicia Social y Bien Común
– Seguridad Ciudadana.
Variables Independientes.- La carencia de una Política Estatal Basada en Principios de Justicia Social y del Bien Común.
Variable Dependiente.- Primer factor atentatorio de la Seguridad Ciudadana.
Conductas individuales y sociales atentatorias al Derecho.
NEXO LÓGICO:
Constituye
Constituyéndose
1.8. Métodos y técnicas empleadas en la tesis
Utilizaremos el método dialéctico por tener un carácter universal que permite realizar un estudio de las contradicciones que generan pugna en la esencia misma de las cosas, en sus relaciones, en los procesos de desarrollo; es por esta razón que el mismo nos permitirá comprender las causas y las consecuencias que generan el desencuentro entre la "Seguridad Ciudadana" y el "Neoliberalismo".
Este método nos permitirá la desagregación del objeto de investigación para dar con la estructura básica de los elementos, relaciones y propiedades que lo sustentan así como de sus condicionantes.
Que nos permite la conjunción o articulación de cada uno de los elementos analizados en el proceso de desagregación con el propósito de tener un planteamiento totalizador del problema.
Se utilizará este método para poder interpretar las diferentes disposiciones normativas relacionadas con la investigación.
Para comprender cuál es el interés jurídicamente protegido en las diferentes disposiciones legales relacionadas con la investigación.
Que nos permitirá un análisis normativo ubicando a éstas en un determinado tiempo y espacio.
Se utilizará las técnicas de la entrevista, encuestas, la técnica bibliográfica, fichas de análisis y crítica.
NEOLIBERALISMO E INSEGURIDAD CIUDADANA
El neoliberalismo tiene como antecedente histórico a escala mundial al Liberalismo, que fue una corriente dominante en el pensamiento inglés y francés del siglo xviii. Inicialmente se manifestó contra toda forma de dominación del Estado sobre los individuos. Es este el tipo más antiguo de liberalismo, que designaba más el respeto a la libre empresa que el progreso universal y que no estaba asociado necesariamente con el pensamiento democrático. Para la escuela liberal clásica, la conciliación entre los intereses individuales y el interés general es automática. El Estado y los grupos privados no deben entorpecer con su intervención este libre juego benéfico de la concurrencia entre los individuos. El liberalismo moderno es sobre todo político, tanto en sus motivaciones como en su expresión en la acción partidista. Este liberalismo intenta, por una parte, poner al individuo al abrigo de los poderes públicos, y por otra preservar las libertades políticas y la libertad de pensamiento.
Alcanzó su momento de mayor esplendor durante la Revolución Francesa (1789). Como señalan Avdakov, Poliansky y. o. (1965: 278-283) la Revolución Francesa tuvo por fruto inmediato el derrumbamiento del régimen feudal francés, lo cual tuvo repercusiones históricas en toda Europa. Sin embargo, este proceso no fue llano para su desarrollo. Los autores citados informan que algunas reivindicaciones del liberalismo económico representaron un papel positivo en el desarrollo de la revolución. Por ejemplo, en 1791, sendos decretos de la Asamblea constituyente abolieron la reglamentación gubernamental del trabajo en la industria y declararon suprimidos los gremios. En abril del mismo año se proclamó la libertad de comercio. Salta a la vista la índole progresiva de tales medidas. Pero la propia burguesía fue inconsecuente en la realización de estos principios. En particular, las tarifas aduaneras decretadas en marzo de 1791 resultaron ser, en buena parte, proteccionistas. Respecto a los obreros, la burguesía no deseaba aplicar los principios del liberalismo económico, por considerarlos peligrosos para los intereses de su clase. Por ello, una reglamentación posterior manada de la Asamblea constituyente prohibió las asociaciones obreras y las huelgas.
El liberalismo se desarrolló en medio de sus propias contradicciones. Donde fue implementado chocó con la resistencia y la rebeldía de algunos sectores. En Bolivia no puede hablarse de la existencia de un liberalismo en sentido estricto, aunque sí se puede hacer referencia a los efectos directos e indirectos sobre la economía nacional, así como la participación política de los propugnadores del liberalismo en Bolivia. Herbert S. Klein (1999:169-180) comenta sobre el particular lo siguiente:
"Para un economista, Bolivia era un ejemplo clásico de economía abierta. Como el núcleo principal de su poder interno de compra procedía del sector minero de vanguardia, era muy vulnerable a los altibajos en los precios de sus exportaciones fundamentales. Además, hasta la segunda mitad del siglo xx, incluso en el sector minero, se trató de una economía dominada por un solo mineral. Hasta 1900 este mineral fue la plata y a partir de entonces y hasta fechas muy recientes, el estaño. La fluctuación, por tanto, en los precios mundiales repercutía directa e inmediatamente en la economía local. Las élites regionales podían desaparecer de la noche a la mañana como efecto de los cambios bruscos en los precios internacionales, lo que daba lugar al desbarajuste de los mismos cimientos de la élite gobernante […] A pesar del crecimiento del nuevo sector exportador, de la expansión de la nueva élite blanca y de los cholos y de la caída masiva en la propiedad india de la tierra en el campo, Bolivia seguía presentando un aspecto sorprendentemente tradicional en sus rasgos sociales. Por consiguiente, los liberales no se sintieron apremiados a preocuparse por los graves problemas clasistas y étnicos que agrietaban su sociedad multinacional. No sólo esto, los liberales demostraron incluso mayor agresividad contra las comunidades que sus antecesores conservadores, llegando a desarmar y destruir a los indios que les habían prestado su colaboración e la revuelta de 1899; también se justificaron ante las mismas élites mineras prosiguiendo el poderoso apoyo gubernamental al sector minero […] Una vez en el poder, los liberales adoptaron prácticamente las posiciones de los conservadores, hasta entonces denostados. Abandonaron por completo la ideología federalista; crearon un régimen centralista en La Paz. Obsesionados por la idea fija de terminar la red ferroviaria y de modernizar las ciudades, no tuvieron reparo en desprenderse en partes considerables del territorio nacional y de posiciones internacionales, política que dejó a Bolivia totalmente privada de su acceso al mar y con unas deudas cuantiosas […] El primer régimen liberal estuvo encabezado por el general José Manuel Pando, el gran líder del partido en sus años de oposición. Los hombres que le siguieron fueron mucho más pragmáticos y exclusivamente interesados en el poder. El más prominente de estos nuevos hombres fue Ismael Montes, el segundo presidente del período liberal. Durante su gobierno pudo ampliarse considerablemente la burocracia estatal, medio que también aprovechó para comprar a toda posible oposición. Además, la nueva era liberal también compensó efectivamente a la élite nacional con un programa masivo de obras públicas."
Así, vemos cómo en los hechos el liberalismo en Bolivia fue aplicado de manera incompleta, con el añadido de que no modificó sustancialmente la política económica imperante hasta entonces y la propia política interior no había sido sustituida, habiéndose agudizado, por el contrario, la explotación y marginación de las masas indias del país.
Una nueva versión del liberalismo, el Neoliberalismo, que es el tema principal de la presente investigación, surge en Bolivia motivada por factores externos antes que internos. Se plasma en forma de política estatal por medio de la promulgación del D.S. 21060 de 29 de agosto de 1985. Álvaro García L. (1999: 21) comenta al respecto lo siguiente: "Si bien es cierto que una referencia ineludible para ubicar históricamente los cambios [en el país] es el D.S. 21060, en los hechos esto solo toma en cuenta aspectos jurídicos de una intencionalidad gubernamental mucho más vasta; se trata entonces de la representación epidérmica de unos hechos sociales más vigorosos que es necesario rastrear a fin de eludir la tentación de invisibilizar unos furores sociales desencadenados o coaccionados a lo largo de estas décadas y que son el fondo profundo y verdadero de los sordos cataclismos sociales que han dado lugar a esta nueva fisonomía económica y política del país".
Al momento de su implementación, el país vivía un desorden producto de diversos factores que ocasionaron la renuncia del entonces presidente de la República, Dr. Hernán Siles Zuazo. Entre dichos factores conviene resaltar la economía en ruinas que de los sucesivos regímenes militares subversivos había heredado la UDP. Siles, en los hechos, demostró ser un administrador incompetente y pobre negociador político. A los pocos meses de su elección ya se había enajenado el apoyo del MIR y de sus demás aliados principales demostrando su incapacidad para controlar una economía en grave bancarrota. La combinación de estos factores destruyó la credibilidad en su régimen.
Ante este panorama crítico, el Congreso de la Nación, previa renuncia muy bien disimulada de Siles, convocó a elecciones generales en 1985, de las cuales salió como ganador relativo el Gral. (r) Hugo Banzer S. (29%), quien no obstante su triunfo no contaba con el apoyo suficiente en el Congreso. Así, fruto de una maniobra política, el Dr. Víctor Paz E. fue elegido en esa segunda instancia como presidente de Bolivia. Echando por la borda posiciones tradicionales, aceptando reformas radicales, sin contemplaciones y rápido en sus reacciones políticas, no tardó en conducir la vida nacional de una manera que recordaba su primer período presidencial. Sin duda su acto más impresionante fue su llamado Nuevo Plan Económico (NPE). Haciendo suyas muchas de las propuestas de la ADN e incluso firmando un pacto oficioso con ella, Paz Estensoro impuso un programa económico, a la vez tradicional en su estructura y extraordinario en su contexto.
Así pues, y para sorpresa general, Paz Estensoro adoptaría los principios del liberalismo económico y rechazaría la ideología del nacionalismo económico y del capitalismo de Estado en cuya implantación en la Bolivia contemporánea había jugado un papel fundamental. Las razones para este rechazo eran de doble tipo: por un lado, los efectos que por segunda vez la hiperinflación dejaba sentir en la historia moderna boliviana, crisis que prácticamente aniquilaba el funcionamiento de la economía nacional; por otro, el derrumbe total del costoso sistema de la minería estatal, basado en una industria del estaño que agonizaba rápidamente. Estos dos hechos inesquivables significaban que se debía adoptar una solución radical. Con el asesoramiento de expertos extranjeros y entidades internacionales, en cosa de pocos meses Paz Estensoro llevó a cabo un clásico shock económico tradicional de manual de política económica conservadora. Se cambió la denominación de la moneda de "peso boliviano" ($bs) a Boliviano (Bs); se implantó un tipo de cambio flotante, uniforme y libre; se eliminaron todos los controles de precios y de salarios, subieron considerablemente los precios del sector público, se redujo drásticamente el gasto público, disminuyeron los salarios reales de los empleados públicos y se suspendió temporalmente el pago de la deuda externa de Bolivia. En el sentido histórico de la aplicación del modelo neoliberal, estos son los momentos y los hechos más significativos. Las características esenciales del modelo serán desarrolladas en el siguiente subtítulo.
Los resultados de la implementación de esta política gubernamental son verificables hoy, a quince años de promulgado el mencionado decreto. El presente estudio examinará tales resultados en sus manifestaciones externas e internas, analizando la incidencia de la tasa de criminalidad que va en aumento, más en ciudades pobres como El Alto, donde se pueden observar a simple vista, pero requieren de un enfoque crítico.
2.1.2 Principales características
El Neoliberalismo en Bolivia responde, como se señalaba en el anterior subtítulo, a una corriente "modernizadora" que proviene del exterior. En realidad, Bolivia se correspondió siempre con las características socioeconómicas y políticas imperantes en el globo, tomando en cuenta su condición de sociedad dependiente y atrasada. En este subtítulo se analizará brevemente las principales características, algunas de ellas señaladas en el anterior subtítulo, del Neoliberalismo.
Esta es una de las premisas del sistema ideológico liberal. La frase "Dejar hacer y dejar pasar" puede resumir este cuadro. Las barreras que se oponen a esta libertad tienen que ver sobre todo con el perjuicio a la sociedad que puede manar de un acto individual. La tesis fundamental es la posibilidad que tiene el individuo de desarrollar sus aptitudes. Sin embargo, esta aseveración, bella en el verso, se halla limitada por la inexistente libertad económica, lo cual significa que la propiedad sobre los medios de producción determina que solo ciertos sectores privilegiados tengan acceso a la realización de sus potencialidades.
b) La igualdad entre individuos
Este postulado no siempre es aplicable. Supuestamente todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, vemos cómo la aplicación de las leyes tiende a favorecer a ciertos individuos pertenecientes a las clases privilegiadas. La corrupción en la administración de justicia, en este sentido, es un mal que atenta el propio principio de igualdad ante la ley. Un aspecto sin duda relevante es el hecho de que aunque existe la posibilidad de igualdad ante la ley, esta igualdad no se reproduce en el ámbito económico. La propiedad privada de los medios de producción determina que existan capitalistas y trabajadores asalariados, clases sociales muy bien definidas y diferenciadas, con lo cual no se haría efectiva la igualdad económica.
c) Regulación de los precios por la oferta y la demanda
Esto implica que el Estado no interviene más en la fijación de precios. Sin embargo, se reserva el derecho de evitar comportamientos económicos que promuevan el retorno a la especulación y la desaparición artificiosa de productos de primera necesidad o consumo básico.
d) Cambio de la denominación de la moneda
El peso boliviano, moneda oficial hasta 1985, había sido seriamente castigada por la hiperinflación (período caracterizado por el ocultamiento, el agio y la especulación de productos de consumo básico, habiendo sido frecuentes los denominados "paquetes económicos" o "paquetazos" que presentaban las listas de precios que en los hechos no era respetado por el capitalismo comercial). Se apeló a la emisión de cheques de gerencia por determinados valores en ausencia de papel moneda. El valor de tales cheques y los billetes anteriores a éstos llegó a extremos de pasar los mil pesos bolivianos hasta los diez millones de pesos bolivianos. Irónicamente, se llegó a afirmar que vivíamos en un país de "mendigos millonarios". A partir del año 1985, la denominación de la nueva moneda, el boliviano, estableció que un millón de pesos bolivianos equivaldrían al nuevo "un boliviano", y sus múltiplos y submúltiplos equivaldrían en sus correspondientes escalas.
El tipo de cambio del dólar estadounidense, una vez eliminada la "desdolarización" del período anterior, fue dejada a la libertad de las fuerzas del mercado. Desde entonces, el tipo de cambio sufrió favoreció siempre al dólar, en una paulatina nueva devaluación de la moneda boliviana.
La parte patronal es libre de efectuar el tipo de contrato que más convenga a sus intereses. Los beneficios sociales son hechos a un lado a favor de la ganancia capitalista. El D.S. 21060, en su Art. 56 establece:
"Se establece transitoriamente el Beneficio de Relocalización, para la defensa y racionalización del empleo, que regirá tanto para el sector público como para el privado".
g) Reducción del gasto público
Las inversiones sociales dejan de ser primordiales. Solo la educación (fundamentalmente la primaria) y en segundo grado la salud continúan siendo atendidas por los fondos públicos.
h) Limitación del papel del Estado
El estado ya no es más proveedor de fuentes de trabajo. Deja de existir el Estado capitalista. Su función principal es garantizar las garantías individuales; ya no es intervensionista.
2.1.3 El neoliberalismo como doctrina y praxis
Esta doctrina fue implementada tanto en Francia como en Inglaterra, aunque no íntegramente, como observa Guillermo Bedregal (1994: 147). En el resto del mundo la situación fue similar, aunque cabe destacar que la difusión de la doctrina favoreció siempre a la burguesía de las naciones y creó, paralelamente, la dependencia de unos estados con respecto a otros. Eduardo Galeano, en su ensayo Las venas abiertas de América Latina plantea la definición de la división de clases en el ámbito internacional denominando Metrópoli a las sociedades industriales y Periferia a las sociedades proveedoras de materia prima y consumidoras de productos acabados, como el caso de Bolivia. En este ensayo, el autor uruguayo demuestra que el liberalismo, donde fue aplicado, tendió siempre a favorecer a una determinada clase dominante, y en el caso particular de América Latina a un sector parasitario de latifundistas y burócratas en desmedro de los marginales y cuya contribución final fue el desarrollo de las industrias de las sociedades dominantes.
Para explicar la doctrina y praxis del neoliberalismo, es necesario retomar el análisis del liberalismo instaurado en el país en décadas pasadas. Antes, sin embargo, es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones que señalan que en el país nunca hubo una aplicación efectiva del liberalismo (Bedregal, 1994), por lo cual hablar de neoliberalismo sería antihistórico. Sin embargo, al observar que la denominación se hizo frecuente en diversos círculos de discusión, continuaremos haciendo uso del término "Neoliberalismo" y todas las voces derivadas de ésta, como "neoliberal". Durante el régimen liberal que se instauró en el país, como señala Herbert Klein (Ob. Cit.: 177), la política se tradujo en "la defensa del libre comercio, tributación mínima de la minería y de las élites terrateniente y adinerada, subvención gubernamental de la construcción de ferrocarriles. Incluso dentro de su propiedad ideológica política, los liberales no se mostraron más liberales que sus predecesores. Al igual que los conservadores antes de ellos, este nuevo cenáculo de dirigentes políticos también se negó a ceder el sillón presidencial a sus opositores; a pesar del tremendo crecimiento de la economía nacional, el gobierno seguía constituyendo una fuente importante de empleo y el presidente era el principal garante de ese empleo".
En la actualidad, vemos que el neoliberalismo obedece, aunque no del todo, a los postulados señalados en el subtítulo anterior (v. 1.2.1 a 1.2.8) que vienen a conformar la doctrina de libertad del individuo, fundada en el Racionalismo y la Reforma europeos.
El sentido histórico del liberalismo se debe a la liberación de las fuerzas productivas. El neoliberalismo, por su parte, solo vino a confirmar la doctrina. Por los medios que emplea el liberalismo en la procura de alcanzar el bienestar, es fácil advertir el carácter clasista del mismo. Bedregal (Ob. Cit.: 157-158) sostiene, en defensa del liberalismo (y por ende del neoliberalismo) que "el factor global del desarrollo industrial en las sociedades avanzadas provoca elementos de dependencia y dominación que trascienden radicalmente la visión individualista y personal de la axiología liberal".
En lo referente a la praxis, vemos cómo la implementación de esta política gubernamental socava los cimientos en que vivían, incluso durante la etapa anterior a 1952, las naciones originarias: la comunidad, con sus sistemas tradicionales de reciprocidad y solidaridad. Se gesta una progresiva ruptura de los vínculos socioeconómicos que se sustentaban en la explotación de la tierra por medio de la neomercantilización de ésta (Ley INRA). Los sindicatos fueron erradicados de las pequeñas y medianas empresas, tal como veremos en el subtítulo 2 de este capítulo. La fragmentación de la gran empresa posibilitó este proceso de reconversión laboral y domesticación del obrero.
2.2 Seguridad Ciudadana
Sería fácil confundir el concepto de Seguridad Ciudadana con la idea de proporcionar resguardo físico o solo seguridad material a favor de un ciudadano. Aunque éstos son elementos básicos del concepto global de Seguridad Ciudadana, es necesario enmarcarlos en su justa dimensión: solo dos elementos más de la Seguridad Ciudadana entendida como una visión integral de bienestar físico, material y anímico del ciudadano.
Con la finalidad de tener una visión esclarecedora de lo que es y cómo se debe entender la Seguridad Ciudadana, retomamos el punto de vista de Edgar Montaño (1997: 28) quien afirma: "Debe entenderse por seguridad ciudadana, la capacidad del Estado de proporcionar a estantes y habitantes de un territorio, niveles económicos satisfactorios, confianza en la justicia, instituciones con sólidas bases democráticas, libertad de conciencia y religión, de tal manera que los ciudadanos vivan en una sociedad y un sistema que les otorgue garantías y seguridad. Y no de una subsistencia precaria como sucede en la mayor parte de los países no industrializados, sino de una gama de oportunidades como las mencionadas; muchas de ellas son consubstanciales con una inexistencia digna, de plena confianza en la justicia, en libertad de derecho a la vida, a la salud y a un desarrollo humano edificante".
Como vemos, se puede diferenciar al menos los siguientes elementos de discusión para la comprensión de la Seguridad Ciudadana: resguardo físico, seguridad material, proporción de seguridad económica, confianza en la justicia, instituciones democráticas y libertad de religión. A continuación, desarrollamos estos puntos, procurando definirlos de la manera más precisa.
Es la protección que ofrecen las fuerzas del orden a la ciudadanía. Sin embargo, observamos que para un adecuado resguardo físico no basta con las rondas policiales de patrullaje. Como es de público conocimiento, existen zonas que no cuentan con iluminación pública, lo cual hace que los habitantes se desenvuelvan con cierta inseguridad, especialmente en altas horas de la noche. Esto nos demuestra que para un buen resguardo físico es necesaria la participación de todas las instituciones (Gobierno central, Gobierno Municipal, Policía Nacional, etc.) El Código Penal, en su libro iii, títulos v, viii y xi establece sanciones para quienes atentan contra la seguridad física de las personas.
Puede entenderse seguridad material como las garantías institucionales para la preservación de los bienes materiales que posea un individuo o una colectividad. El Código Penal, en su libro ii, Título xii establece las sanciones para quienes cometen delitos contra la propiedad privada.
La seguridad económica es el resguardo que ofrece el Estado boliviano para la correcta explotación de los Recursos Naturales y el buen desarrollo de los Recursos Humanos. La Constitución Política del Estado (art. 133) de manera concreta esta afirmación en estos términos: "El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano".
Esta confianza puede ser entendida como la fe del ciudadano en el Poder Judicial, es decir, en la justicia administrada por los jueces: una justicia justa con una administración transparente y creíble. Sin embargo, las acciones y denuncias de la existencia de jueces designados por favoritismo o prebendalismo merman sensiblemente esta confianza en la justicia.
En un Estado de Derecho se proporciona diferentes instituciones como ser el Defensor del Pueblo, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, etc. Estas instituciones son garantías para el ciudadano, los cuales deben ser no solo respetados y promovidos, sino también ejercidos. La misión de estas instituciones, que en ocasiones se ve entorpecida por una serie de factores, es justamente velar por que los derechos de los individuos sean ejercidos sin interferencia de los entes estatales.
Es la posibilidad de ejercer el derecho a la disconformidad con el orden establecido mediante los actos reconocidos por ley. Cabe recordar que esta libertad tiene sus límites. El exceso en que eventualmente se incurre puede ser considerado delito, y por lo tanto sancionado por las disposiciones legales en vigencia. El Código Penal, en sus artículos 109, 121, 123, 124-129, establece las sanciones específicas contra este tipo de delitos.
El ejercicio irrestricto de la voluntad en cada persona de pertenecer a cualesquier religión. Si bien el Estado reconoce (Art. 3 CPE) la religión católica como oficial, también garantiza el ejercicio público de cualquier otro culto. Esto, sin embargo, también debe ser regulado, ya que es frecuente ver embaucadores que aprovechan la ingenuidad de la población iletrada para engañarlos y exaccionar dinero con el argumento de "la salvación de almas".
2.2.2 Principios de la Seguridad Ciudadana
Los principios que sustentan la Seguridad Ciudadana son:
Responsabilidad. Es el primer principio de la seguridad ciudadana como la Obligación de responder por las consecuencias de las propias acciones, o de los otros. La responsabilidad de la Seguridad Ciudadana es tarea de todos, como un conjunto de responsabilidades compartidas que logren disminuir la inseguridad en todos los aspectos de la vida cotidiana. El ciudadano común tiene una concepción simple sobre la seguridad y se define en la certeza de no ser robado, atracado, que sus bienes se mantengan inalterables, y que se pueda gozar de libertad sin ser engañado. Así de sencilla es la concepción del ciudadano, que ha delegado toda la responsabilidad en la Policía y no reconoce su responsabilidad en la prevención de la inseguridad.
Interacción. Las tareas conjuntas en seguridad, emprendidas por la comunidad y la Policía Nacional, forman parte de una cultura de seguridad que todo el pueblo debe tener y practicar como acciones compartidas para una mejor convivencia ciudadana.
Participación comunitaria. La Policía Nacional es parte integral de la comunidad y le corresponde asegurar la tranquilidad y convivencia pacífica, pero es una tarea conjunta con la misma comunidad. Si los factores de riesgo son minimizados la tarea de la Policía será mucho más efectiva y de mayor calidad.
Convivencia. La Seguridad Ciudadana promueve el buen ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano, la práctica respetuosa de los derechos ajenos. Colabora con las iniciativas de la comunidad, es solidario con el bien común, conservador del medio ambiente. Para este propósito la seguridad ciudadana es la conciencia de la importancia de vivir con solidaridad como miembro de la comunidad, capaz de actuar por el interés común para mejorar que las impuestas legalmente.
Podemos concluir, entonces, que Seguridad Ciudadana es aquel ambiente de convivencia social, alcanzado sobre la base de la interacción policía – comunidad, donde las personas en cumplimiento de sus deberes y ejercicio de sus derechos fundamentales, pueden realizar sus actividades lícitas en un clima de paz, tranquilidad, respeto y confianza, dignidad y libertad inviolables.
2.3.1 Conceptualización de la Inseguridad Ciudadana
Si bien la Seguridad Ciudadana puede ser comprendida como se indicaba en el punto 2.1 (2.1.1 a 2.1.6) la Inseguridad Ciudadana puede ser entendida como la suma de los factores que impiden a una sociedad desarrollarse en armonía y tranquilidad. Entre dichos factores pueden citarse los políticos, económicos y sociales. Sin embargo, esta clasificación corresponde solo a fines de organización de este documento, ya que los elementos que corresponden a cada categoría se entrelazan y motivan la aparición de otros factores en una distinta categoría, como por ejemplo la pobreza (factor económico) deriva en el acceso diferenciado a la educación superior (factor social).
2.3.2 Factores que generan Inseguridad Ciudadana
a.1 Falta de coordinación interinstitucional
La coordinación interinstitucional puede ser identificada como el mecanismo necesario para la toma de acciones efectivas. La falta de dicha coordinación trae como consecuencia la ineficacia de las acciones. Por esta razón, el gobierno, a través de sus reparticiones correspondientes, debe asegurar una adecuada coordinación interinstitucional, con el fin de efectivizar las acciones pertinentes para asegurar la Seguridad Ciudadana.
Son aquellos movimientos focalizados o masivos cuyo fin es desestabilizar el orden instituido. Sus métodos varían y también su perspectiva ideológica y política. Sin embargo, el elemento común a todos estos movimientos es el descontento con la situación en que se desarrolla determinada sociedad, en este caso la boliviana.
Eventualmente resultado del factor mencionado en el inciso anterior, las actividades terroristas pueden ser definidas como el conjunto de acciones destinadas a sembrar el temor en la ciudadanía, y puede ser producto de la acción de grupos antigubernamentales o bien del propio gobierno, que eventualmente utiliza este tipo de acciones encubiertas con la final de desestabilizar o descabezar ciertos movimientos populares reivindicativos.
a.4 Lucha política de intereses
En el decenio anterior existía una pugna casi constante entre gobierno y dirigencia sindical en torno a temas conflictivos como el alza de los productos de consumo básico o el acceso a determinados beneficios sociales. En la actualidad, sin embargo, esta lucha se ve circunscrita al tema salarial, y los actores de ahora (principalmente el magisterio) reemplazaron a los de ayer (mineros). Otros sectores (como los gremiales y campesinos) también hicieron su aparición en el escenario político con reivindicaciones propias de su sector (pago de impuestos o erradicación de cocales). Estos actores involucran una lucha política de intereses y su acción, generalmente en las calles de las principales ciudades del país, inciden en el riesgo físico de transeúntes ajenos al problema y la inestabilidad emocional que se puede provocar en éstos.
a.5 Movimiento político sindical
Este factor, íntimamente ligado con el anterior, se traduce en la filiación ideológica de sectores sindicales, los cuales, al responder a un interés político partidista, tienden a desestabilizar la tranquilidad que eventualmente puede alcanzar la sociedad.
La sociedad boliviana, vistas sus características y analizando sus elementos, aún no se halla madura para desenvolverse en un régimen democrático, tomando en cuenta que tanto gobernantes como gobernados hacen un uso no idóneo de sus atribuciones y facultades, incurriendo a menudo los primeros en actos de corrupción y los segundos en desacato a las normas legales en vigencia.
Estos factores son todos aquellos relacionados con las actividades de producción, circulación y consumo de productos, así como la distribución del excedente generado por este proceso. Se puede mencionar, entre otros, los siguientes factores:
b.1 Elevación del costo de vida
Diferentes artículos de consumo básico (alimentos y vestimenta) así como servicios básicos (agua, luz, telefonía) y complementarios inciden en un progresivo deterioro del poder adquisitivo para la mayoría de la población. En el caso de los productos agrícolas, sin embargo, existe la paradoja de que la elevación de precios no siempre beneficia al productor, sino principalmente a los intermediarios que ofrecen el producto al consumidor final. Las condiciones de una sociedad de consumo pero poco desarrollada, así como la dependencia de tecnología resultante de este hecho, provoca que se agudice la marginación social de sectores mayoritarios de la población boliviana.
La insatisfacción de las necesidades básicas de la población tiene por consecuencia la pobreza de sectores cada vez mayores. Los cinturones de marginalidad de las grandes ciudades se extienden producto de la creciente migración campo – ciudad. Este fenómeno puede apreciarse con mayor claridad en la ciudad de El Alto, la más joven y pobre del país.
Además, compete tomar en cuenta los puntos de vista del Dr. Ramiro Otero Lugones en torno al hecho de que la pobreza puede inducir a creer en la subversión, ya que, como señala el entrevistado, "en Bolivia existe una crisis política que puede derivar en una crisis revolucionaria, abriendo el camino para una acción insurreccional, subversiva, guerrillerista". Sin embargo, los actores de tal probable proceso no serían los identificados en anteriores actos subversivos (tales como el CNPZ, el EGTK u otros) ya que, como lo declaran sus propios miembros actualmente detenidos, "pese a que en Bolivia están dadas las condiciones para un movimiento armado, ya no existen hombres y mujeres con ideología propia para hacer una revolución". La posible aparición de nuevos frentes guerrilleros y subversivos debe ser tomada en cuenta a partir de los indicadores de pobreza existentes en el país, y muy particularmente en El Alto, ciudad caracterizada por la pobreza galopante de sus habitantes, rebajados en la actualidad a la categoría de ciudadanos de segunda.
b.3 Desempleo y subempleo
Como consecuencia a largo plazo de la aplicación del D.S. 21060 se dio el incremento del desempleo y subempleo, modalidad esta última que reviste diferentes formas de presentación. Tal como lo señala Álvaro García (Ob. Cit.: 115-137) existen variadas formas de explotación que permiten al sector patronal contar con un número importante de empleados y obreros, pero evitando la amenaza del sindicato, la carga de los beneficios legales exigidos por ley y el debilitamiento organizacional de los trabajadores.
Los factores antes citados son la causa y efecto de la crisis económica. Ésta se presenta por medio de los indicadores clásicos de la pobreza: niveles críticos de subsistencia para sectores mayoritarios (mendicidad), acceso diferenciado y restringido a los servicios básicos, educación y salud (los cuales serán expuestos en el siguiente subtítulo), etc.
Son aquellos que tienen una permanencia mayor en el tiempo, es decir, que sus consecuencias no son inmediatas, pero que provocan un menor grado de desarrollo conjunto. Entre estos se destacan:
El abandono por parte del gobierno, el propio descuido de los campesinos y las condiciones climáticas adversas en el área rural ocasionan el incremento en el flujo migratorio campo – ciudad. Las condiciones hostiles que el migrante halla en la urbe, la falta de oportunidades y el acceso diferenciado a los servicios públicos, constituyen un factor de riesgo potencial para la tranquilidad y seguridad ciudadana. La ciudad de El Alto, por sus características culturales heterogéneas y la pobreza extrema que debe soportar la mayoría de sus habitantes, constituye un potencial polvorín de reacción. Este aspecto será analizado en mayor detalle en capítulos posteriores.
La llegada y permanencia de súbditos extranjeros en el país sin contar con la debida documentación constituye un factor de riesgo, por cuanto no se cuenta con un control sobre éstos. Eventualmente se sabe de bandas de atracadores compuestas por ciudadanos foráneos y que cuentan con sistemas diferentes de organización y manejo de tecnología de punta, elementos ante los cuales la Policía Nacional no se halla capacitada para enfrentar.
c.3 Conflictos sociales
Surgen como una manifestación de los problemas sin resolver. En nuestro medio están frecuentemente relacionados con el alza de tarifas, el descuido de las autoridades locales o nacionales, el recorte presupuestario a los sectores de salud y educación, el abuso de los organismos estatales de orden y seguridad, etc.
En este punto, conviene aclarar que no todos los grupos constituyen un factor de inseguridad ciudadana, ya que algunos se dedican solo a actividades deportivas, musicales, artísticas o de otro tipo que no representen una amenaza para la tranquilidad. Sin embargo, existen otros grupos que se forman alrededor de un líder belicoso, que disputan el dominio de territorios urbanos con otros grupos y en tal afán incurren en actos de violencia, o bien ejercen atracos planificados aprovechando la oscuridad y la falta de vigilancia policial en diferentes zonas de la ciudad de El Alto. Este aspecto se ve seriamente impulsado por el libre e irrestricto consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, de los cuales derivan otros actos tipificados como delitos. La Policía Técnica Judicial (PTJ) informa la existencia de más de 200 pandillas juveniles en esta ciudad (El Diario, 10 de agosto de 2000).
c.5 Acceso diferencial a la educación
En el país existe un elevado índice de analfabetismo y personas con educación incompleta frente a una escasa cantidad de profesionales. Ello se debe a las profundas diferencias entre sectores de la población que acceden a la educación formal. Uno de los aspectos más importantes, que paulatinamente se va modificando, es el acceso negado a la población femenina. Afortunadamente, este hecho que era bastante frecuente, sobre todo en el área rural, va cambiando. Por otra parte, la expulsión del sistema educativo de los estudiantes, principalmente por razones económicas, incide en el hecho de que la situación tienda a reproducirse, es decir, que los analfabetos o poco letrados de hoy puedan engendrar hijos que repitan la situación y vivencias de sus padres, como ya sucede en la actualidad. Es bien sabido que el conocimiento es una posibilidad para mejorar el nivel de vida de los individuos, pero, por los diversos factores que se cita en este capítulo, la educación continúa siendo un privilegio de pocos y anhelo de muchos.
La precariedad en que muchos hogares de la ciudad de El Alto deben desarrollar sus actividades, incide en un desarrollo humano con profundas desigualdades. Casas con paredes de adobe, techo de lata (ni siquiera de calamina), chiqueros urbanos y otros detalles, inciden en una pobre imagen y por lo tanto la baja autoestima de los pobladores de las diferentes zonas. Esto, paulatinamente, genera actos de tensión entre los marginados y los privilegiados.
c.7 Delincuencia y crimen organizado
Como efecto de todos los factores antes citados, la delincuencia se presenta en escala ascendente. En ocasiones, incluso, rebasa las posibilidades y la disponibilidad de medios de la institución del orden. Los delitos concretos generados por los factores de riesgo serán expuestos y analizados en el Capítulo vi (subtítulo 6.1), así como el grado de organización con que cuentan algunos de estos grupos irregulares.
Todos los factores pueden ser determinantes de la inseguridad cuando son causa de la inconducta ciudadana destacándose los factores facilitadores y aceleradores de la delincuencia e inseguridad, mismos que serán expuestos en el subtítulo 6.2 – Causas facilitadoras y factores aceleradores.
El narcotráfico se presenta como un fenómeno tanto social como económico. Particularmente desarrollado por la expulsión de los obreros mineros al ejército de reserva industrial a mediados de los 80, y fomentado por los consumidores del América del Norte y Europa, el narcotráfico penetró en todo tipo de instituciones y entidades. Miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los tres poderes del Estado, junto a mulas y los canales de distribución urbanos, tejen todos una intrincada red de conexiones y protección a esta actividad delictiva y altamente riesgosa para la salud y la integridad física y moral de los seres humanos.
c.9 Violencia intrafamiliar o doméstica
Consideramos éste otro factor de importancia, ya que la consecuencia previsible de la violencia familiar (por diversos motivos, prevaleciendo el económico) es la desintegración familiar. De ésta deriva, casi inevitablemente, la delincuencia juvenil e infantil.
BREVE ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA
El propósito del presente capítulo es describir brevemente las características de Bolivia en la actualidad, lo cual es el resultado de un proceso histórico peculiar. Para ello, se acudió a la revisión de fuentes documentales, acompañando dicha revisión de comentarios críticos en torno a los diversos aspectos que se discuten.
3.1 La sociedad boliviana: principales características
No es sencillo hablar de "sociedad boliviana" sin entrar en una presunción epistemológica. No se lo puede hacer enfocando a ésta como una totalidad monolítica. Existen, a simple vista, diferencias fundamentales entre el estilo de vida urbana y el rural, entre los hábitos culturales de occidente y del trópico, así como diferencias étnicas, en cuanto a la cosmovisión, y todo lo que impide un análisis único. De hecho, por ejemplo, la región tropical del país apenas es "descubierta" por la Bolivia oficial durante el siglo que agoniza (KLEIN, Herbert: 1999) producto de la vertebración caminera impulsada sobre todo durante el septenato banzerista, el cual impulsó el desarrollo de la ciudad de Santa Cruz, que en un período relativamente breve alcanzó una importancia significativa en la economía boliviana.
A lo largo de la historia republicana el territorio de Bolivia tuvo un desarrollo desproporcionado. La baja densidad poblacional contribuyó a este hecho, lo mismo que las políticas gubernamentales, así como otros factores que analizaremos en el presente y posteriores capítulos. El sector rural, que recibió un impulso discreto después de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria (1953) no sufrió modificaciones sustanciales, habiéndose producido una involución histórica en el régimen de propiedad de la tierra (del feudalismo a la comunidad) no habiendo sido posible la transición a la economía capitalista de explotación agrícola (KLEIN, Ob. Cit.: 260). La industrialización en nuestro medio continúa siendo escasa, aunque esto no implica aceptar la equívoca creencia de que somos "un país de comerciantes".
Otro elemento que no debe descuidarse en la presente investigación es lo concerniente a la raza. La composición heterogénea en lo que hace a lo étnico y cultural de Bolivia define lo complejo de un análisis que, de modo concreto, no se podría llevar a buen término en unas cuantas páginas. De todos modos, se intentará retomar los elementos principales de este aspecto, con lo cual se tratará de explicar su importancia. Desde la conquista y la posterior colonización del territorio andino (Klein, Ob. Cit.; Wachtel, 1971; Galeano, 1989; Arguedas, 1979) los indios o nativos que habitaban estas tierras sufrieron una desestructuración de sus sistemas políticos, económicos y sociales, lo cual se vio agudizado con el uso que la colonia hizo de las instituciones nativas como el mitanaje y el yanaconazgo, mismas que sufrieron una distorsión con el transcurso de los años y los siglos que duró este período histórico. Los nativos fueron un elemento vital en la explotación agrícola y la minería de la plata en el occidente del Alto Perú, lo mismo que en los domicilios urbanos, donde las mujeres nativas eran obligadas a prestar servicio doméstico a cambio solo de migajas y un rincón junto a los animales donde dormir (GILL, Lesley: 1995).
La República no representó, en los hechos, la liberación de las cadenas que llevaban los nativos. El pongo continuó siendo explotado por el hacendado blanco. Los nativos del oriente boliviano, que solo pudieron desarrollarse con la guía de los jesuitas, sufrieron la persecución y varias matanzas, sin llegar a ser explotados en la intensidad de sus pares occidentales. Tan solo algunas etnias, como los chiriguanos o chiquitanos, subsisten hasta hoy, con sus sistemas de organización que lentamente son modificados por misiones de la iglesia protestante, fundamentalmente. Este aspecto podría ser objeto de algún otro estudio detallado sobre el particular.
La Reforma Agraria, en los hechos, significó un salto sin duda importante, pero los sucesos posteriores quebraron el principio fundamental de desarrollo a partir de la explotación de la tierra, con lo cual los trabajadores del agro vieron estancado su desarrollo. Esto significó, con el transcurso del tiempo, el éxodo del campo a las ciudades (principalmente las del denominado "eje troncal", siendo el principal foco receptor la ciudad de Santa Cruz). Este fenómeno se vio incrementado a partir del año 1985, aunque el nuevo ingrediente lo constituyen los mal llamados "relocalizados" de la COMIBOL.
En la ciudad (GILL, Ob. Cit.) los migrantes se enfrentan con una realidad distinta a la por ellos conocidos hasta entonces, lo cual no impide, sin embargo, que constituya una suma de atractivos que los impulsen a desarraigarse, al extremo de negar abiertamente su origen rural y su pertenencia a un grupo étnico determinado. Es en el contexto urbano, fundamentalmente, donde se desarrolla la corrupción, que en ocasiones deriva en una corrupción institucionalizada. Las consecuencias de estas actividades ilegales derivan en nefastas consecuencias para la democracia en el país. Las diferentes denuncias, con hechos comprobados en muchos casos (Dante Escóbar-FOCSSAP, Germán Monroy-ex alcalde, Gabriela Candia-ex alcaldesa, José Luis Lazcano – ex director del FDC, entre otros) dan una pauta de la corrupción extrema en que se halla envuelta la clase política.
Según estimaciones del BID, los estados de América Latina y el Caribe gastan entre el 10% y el 15% de su Producto Interno Bruto (pib) en compras de bienes y servicios, lo cual hace una cifra de aproximadamente 250 millones de dólares estadounidenses anuales. Pero no siempre las compras estatales son un beneficio para la comunidad, y en muchos casos constituyen un negocio privado para funcionarios corruptos que rara vez son fiscalizados de manera conveniente.
Las formas de corrupción individual e institucionalizada varían entre contratos con sobreprecios, provisión de servicios públicos con mala calidad, estipulaciones poco transparentes en pliegos de licitación, sobornos e ineficiencia, entre otras. Aunque dicho reporte no efectúa una clasificación por país, el informe señala que el BID estima que solo si se eliminaran las ineficiencias en las compras estatales, que serían la causa de los sobreprecios de hasta el 20%, América Latina tendría un ahorro de 50 millones de dólares en su presupuesto.
Precisamente en países como Bolivia, donde una de las prioridades económicas es bajar el gasto público, este tipo de ahorro tendría un triple y benéfico aspecto. Por un lado, significaría controlar mejor las compras, de manera que la calidad de bienes y servicios que se incorporen estén de acuerdo con lo que demanda la sociedad. Por otro, evitaría recortes con fuerte impacto social, como los que se aplican sobre los salarios de los trabajadores estatales. Finalmente, está el beneficio del ahorro en sí mismo, con cuyos recursos se puede mejorar otras prestaciones públicas.
Considerando el nulo costo político que tendrían correcciones de este tipo, no se comprende bien por qué no se aplican. Pero la clave, como siempre, está en el rédito personal que tienen muchos funcionarios con este sistema, la costumbre de pagar favores desde el poder y hasta el financiamiento poco claro de los partidos políticos en algunos países como el nuestro. El informe que se comenta aquí observa el hecho de que la corrupción no es perceptible cuando el país crece y todo va bien, como no se la veía cuando estaba presente en el tendido de los ferrocarriles en los Estados Unidos, durante el siglo pasado, cuando hubo sobornos y presiones sobre los propietarios de tierras.
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