Seguridad Ciudadana y Neoliberalismo (página 3)

En medio de este panorama sociocultural, es posible definir a Bolivia como una sociedad heterogénea, con una multiplicidad de culturas y grupos lingüísticos, con rasgos somáticos distintivos. Sus habitantes se hallan diseminados en una extensión territorial que peca de ser enorme para la capacidad transformativa de sus recursos naturales. Con una clase dominante mezquina y carente de visión patriótica, Bolivia se debate en su dependencia como Estado y la pobreza de la mayoría de sus habitantes. Tal la realidad en la cual se desarrolla el presente estudio.

3.2 La crisis económica

El hecho de enmarcarse en un contexto capitalista, con las fuerzas productivas poco desarrolladas y una tecnología de punta consumida (no producida), Bolivia sufre los efectos del capitalismo mundial. En este sentido, los períodos difíciles en el ámbito internacional repercuten negativamente en el país, afectando de modo particular a las clases más desprotegidas. Esto no quiere decir, sin embargo, que la crisis económica afecte exclusivamente a estos sectores mayoritarios.

En la ciudad de El Alto, que se caracteriza por un crecimiento desordenado y una incipiente vocación industrial, la crisis económica golpea con un efecto multiplicador, ocasionando, como las fichas de dominó, el resquebrajamiento de instituciones anteriormente sólidas, como la familia, lo cual incide en una degradación del sentido de solidaridad y reciprocidad, y el respeto a la autoridad y las leyes. A diario podemos informarnos por los medios de comunicación masiva sobre los múltiples hechos de violencia y sangre, cuya curva va en peligroso ascenso (véase el capítulo vi de este documento). Eduardo Galeano (Ob. Cit.: 462) afirma al respecto:

"Ya se sabe quiénes son los condenados a pagar las crisis de reajuste del sistema. Los precios que la mayoría de los productos que América Latina vende bajan implacablemente en relación a los precios de los productos que compra a los países que monopolizan la tecnología, el comercio, la inversión y el crédito. Para compensar la diferencia, y hacer frente a las obligaciones ante el capital extranjero, es preciso cubrir en cantidad lo que se pierde en precio [cursiva del autor]. Dentro de este marco, las dictaduras del Cono Sur han cortado por la mitad los salarios obreros y han convertido cada centro de producción en un campo de trabajos forzados".

La crisis y la corrupción, dos elementos que devienen del modo de producción capitalista y su concepción ideológica, el liberalismo y neoliberalismo, tienen por efecto último la depauperación de la calidad de vida de los sectores mayoritarios, las perspectivas casi nulas y una tasa delincuencial en permanente crecimiento.

3.3 El neoliberalismo y las consecuencias sociales, económicas y políticas

El régimen político y económico en el cual se desenvuelve actualmente nuestro país tiene consecuencias de diverso orden. En el capítulo anterior (véanse subtítulos 1.2 y 1.3) se sintetizó las características de esta doctrina. En el presente apartado se sintetizará con una visión crítica los resultados de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país.

Una de las condiciones fundamentales para la existencia del Estado (ya sea moderno o atrasado) es su capacidad de poner en marcha mecanismos de integración. Félix Patzi Paco (2000: 115) comenta que cada cierto tiempo, el Estado renueva tales mecanismos, ejerciendo permanentemente una acción formadora de disposiciones duraderas, a través de todas las coerciones y de las disciplinas corporales y mentales que impone uniformemente al conjunto de los agentes. Es necesario entender bajo dicha lógica las reformas estatales implementadas a partir de 1994 (durante el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada).

Si bien el Estado de 1952 desarrolló diferentes mecanismos de homogeneización e integración, éstos no fueron suficientes para incorporar por completo las culturas originarias. Patzi complementa, en su obra citada, que "el etnocidio frontal, más que integrar, fue creando FOCOS DE RESISTENCIA Y DE REBELDÍA [texto resaltado por el autor]. Por ello, esta forma de llevar adelante el proyecto de integración entró en una notoria crisis […] Una vez fracasado el Estado del 52, los liberales fueron preocupándose más y más por las estrategias o formas de transplantar las instituciones liberales a las naciones y culturas tradicionalmente excluidas". Para ello, según Patzi, el Estado no abandona su carácter integracionista y asimilacionista, dejando sin embargo de emplear métodos abiertos y frontales de etnocidio cultural y opta por otros más sutiles, encubiertos y enmascarados, por medio de la promulgación de reformas atrayentes para las nacionalidades, creando condiciones para la participación de los individuos en el proceso de destrucción de su nación.

Estas medidas de distribución de recursos (Ley de Participación Popular), integración de la comunidad en el proceso educativo (Reforma Educativa) y el denominado Bonosol (producto de la "Capitalización" de las empresas estatales estratégicas) son la expresión legal de una estrategia política cuya finalidad es la liberalización de las fuerzas productivas, de modo tal que se concluya el proceso de inserción en un orden mundial capitalista, creando las condiciones necesarias para presentar una clase laboral sometida.

Lo cierto es que podemos observar un deterioro cada vez mayor de las condiciones de vida de un sector ampliamente mayoritario de la población boliviana. El poder adquisitivo de los salarios está por los suelos. Los denominados "tarifazos" son una constante que altera la vida cotidiana de la población empobrecida. La tasa de delincuencia se ve incrementada por los factores de riesgo referidos en el capítulo anterior. La familia, como núcleo básico de la sociedad, se halla en su punto más bajo, ya que los hijos no respetan la autoridad de los padres y son frecuentes las denuncias de incesto, acto del cual son las principales víctimas los niños de corta edad. El hacinamiento da lugar a un alto riesgo de contactos de este tipo. Paralelamente, el narcotráfico, que deformaba sustancialmente la vida del país, dejó de subvencionar la economía nacional, producto de las presiones unilaterales del gobierno estadounidense. Los sectores políticamente organizados (sindicatos, asociaciones y otras organizaciones que pugnan por reivindicaciones) se hallan en un proceso de marginación social como resultado de una política estatal dirigida a conservar los márgenes de tolerancia para presentar un escenario atractivo a las inversiones del exterior.

3.4 Sinopsis histórica y análisis social de la ciudad de El Alto

El libro La ciudad prometida (SANDOVAL, Godofredo y SOSTRES, María Fernanda 1989), que contiene los resultados de una investigación analítico – descriptiva, nos permite una aproximación reflexiva a las características de esta ciudad. En el presente subtítulo se presenta una síntesis de los datos proporcionados por dichos investigadores.

El Alto fue elevada a rango de ciudad el 20 de septiembre de 1988. Sin embargo, la fecha histórica para esta joven ciudad es el 6 de marzo, ya que en 1985 se crea la Cuarta Sección de la provincia Murillo, con su capital El Alto. Exactamente tres años después, el Congreso aprueba en sesión ordinaria el Proyecto de elevar dicha población a rango de ciudad.

El Alto se convirtió en ciudad impulsada fundamentalmente por su crecimiento demográfico y expansión territorial. Sin embargo, esta urbe no cuenta con los servicios básicos necesarios, ni con el equipamiento suficiente para otorgar una aceptable calidad de vida a sus pobladores. Por ello, resulta paradójico que esta ciudad ocupe, numéricamente, la cuarta posición, ubicándose entre las principales ciudades del país, mientras su imagen es solo la de un populoso y extendido barrio marginal de la ciudad de La Paz.

El crecimiento de la ciudad de La Paz, así como el desplazamiento intraurbano de la población, está asociado a la migración de personas provenientes de otras provincias del departamento, en especial de las regiones del altiplano, así como de otros departamentos del país. En 1985, los migrantes de El Alto constituían cerca del 63% del total de la población de esa ciudad, lo cual representaba una población migrante proporcionalmente mayor que la del conjunto urbano de La Paz.

La masiva presencia de población de origen campesino en El Alto, fueran éstos migrantes antiguos o recientes, influye fuertemente en sus formas de inserción en el medio urbano, en la conformación sociocultural de sus habitantes y en la configuración de la naciente ciudad. Al igual que en otras ciudades andinas, la sociedad campesina de donde proviene la mayoría de los migrantes, influye en el funcionamiento y expansión de El Alto a través del desarrollo de relaciones sociales e interfamiliares, de redes de parentesco y compadrazgo, de sus formas de producción y de sus modos de apropiación del espacio. Los migrantes ex campesinos prolongan el mundo rural hasta la ciudad alteña, y ésta, a su vez, pesa en su entorno.

La inserción ocupacional de los migrantes que radican en El Alto, casi siempre estuvo condicionada por el estrecho mercado de trabajo y por la precariedad de la industria urbana, situación que por lo general fue enfrentada por medio de la conformación de una economía informal a partir de sus propias lógicas y reglas de juego, de sus formas de producción y relaciones interfamiliares practicadas cotidianamente en sus comunidades. Ejemplos de dicha economía son las ferias que semanalmente se llevan a cabo en diferentes zonas de El Alto (de las cuales la más importante es la de la zona 16 de Julio) y la preferencia de los migrantes por actividades ocupacionales independientes, donde destacan la pequeña artesanía y el comercio, así como el sector de servicios tales como mantenimiento y reparación de automóviles, carpintería, metalmecánica, etc.).

Para los migrantes de origen campesino, mantener lazos estrechos con su lugar de origen es un modo más de asegurar su tránsito e inserción en la urbe (Gill Ob. Cit.: 34). De ahí que, sea cual fuere su tiempo de residencia en la ciudad, los migrantes rurales mantienen sus lazos de parentesco, intereses económicos –tierras, animales, viviendas-, y un fuerte apego a su comunidad.

En El Alto, al igual que en La Paz – ciudad, existe una heterogénea gama de ocupaciones, donde está inserta la Población Económicamente Activa (pea) de la nueva ciudad. Allí destacan sectores de trabajadores insertos en las escasas actividades industriales grandes y medianas, cuyo número alcanzaría a 5.000 permanentes y más de 1.000 eventuales. También se debe tomar en cuenta los funcionarios públicos, de los cuales un importante número desarrolla sus actividades laborales en la hoyada paceña. Por otro lado, se encuentra una amplia gama de trabajadores del llamado sector informal: Trabajadores por Cuenta Propia (tcp), ayudantes, empleados y aprendices (véase 2.3.2 – b del presente estudio), que llegarían cerca de los 18.000 individuos, junto a otros 10.000 comerciantes ambulantes, que rotan diariamente por mercados y ferias. Conviene aclarar que en el presente estudio se dejará a un lado el análisis cuantitativo de los sectores asalariado y no asalariado, tomando en cuenta el riesgo de desviar el tema principal de investigación.

De todos modos, se puede resaltar en una y otra población laboral la fuerte presencia femenina. Los mencionados autores señalan (Pág. 43) que "en el marco de las relaciones interfamiliares o de compadrazgo, numerosas jóvenes prestan atención a las familias que las acogen, recibiendo a cambio apoyo en alimentación, vivienda y, a veces, ‘capacitación informal’ en alguna rama de actividad. Para comprender estas situaciones de ocupación, donde también existen varones, no hay que perder de vista que El Alto es el mayor receptor de mano de obra migrante, no calificada, de origen campesino".

En general, los trabajadores incorporados como obreros o empleados en El Alto, desempeñan sus actividades en condiciones de sobreexplotación, no solo por los bajos salarios que perciben y la carencia de beneficios sociales, sino también por la intensidad de horas de trabajo, que en no pocos casos excede las 48 horas semanales. En El Alto, junto al lento desarrollo de ocupaciones asalariadas estables y al predominio de ocupaciones no relacionadas directamente con el aparato productivo, se destaca el pequeño pero importante grupo que se declara como patrones o socios. Estos constituyen los "nuevos ricos" de esta ciudad. Distribuidos en distintas actividades y desarrollando una alta habilidad de acumulación económica y organizativa de sus unidades de producción o comercialización, crecen en poder económico y político, en las distintas zonas de esta urbe. A partir de sus empresas, comercios o negocios, estos individuos estructuran una amplia red de intermediación monopólica que involucra a componentes del sector informal. Cabe destacar que inclusive los trabajadores que se encuentran como obreros y empleados, según aumentan en edad, buscan independizarse, lo cual se puede apreciar con mayor nitidez en sectores de la pea de origen campesino. Ellos logran organizar un tipo de economía en la ciudad a partir de su experiencia anterior, de sus propias lógicas y reglas de juego, frente a la estrechez, inseguridad y precariedad del empleo urbano.

La situación de crisis ha empujado a importantes sectores de la pea y la Población Económicamente Inactiva (pei), es decir, amas de casa, estudiantes y rentistas, a subemplearse en actividades marginales y temporales de la creciente economía informal; otros se incorporaron en los "interesados" programas de empleo temporal promovidos en su momento por el Fondo Social de Emergencia y luego por el Fondo de Inversión Social, así como todas aquellas entidades estatales y Organizaciones No Gubernamentales (ong) que intentaron aliviar la situación dramática de la población alteña. Las mujeres, particularmente las amas de casa, se adscribieron a los programas de asistencia alimentaria denominados Alimentos Por Trabajo (apt) con financiamiento de diverso origen. Sin embargo, a medida que la recesión económica se profundiza, aumenta el número de trabajadores que se encuentran sin fuentes de ocupación y crece la incorporación de los miembros de la familia, inclusive los niños, en las actividades de supervivencia.

En este contexto general, la población alteña se va desarrollando en medio de sus propias contradicciones. Los sectores que más sufren los efectos de la crisis generalizada y las necesidades insatisfechas son aquellos cuya vulnerabilidad es más patente: la infancia, tercera edad y la población femenina en general, sobre todo tomando en cuenta la composición particular de la sociedad. En los siguientes capítulos intentaremos profundizar en estos aspectos, de modo tal que se pueda manifestar la situación general del conglomerado social.

 CAPÍTULO IV

EL ESTADO: PRINCIPAL GENERADOR DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Como se había señalado en los anteriores capítulos, la actual situación del país es de crisis económica y moral generalizada. Los diversos factores analizados permiten detectar otros elementos que impiden el progreso del país. El objetivo del presente capítulo es determinar el grado de insatisfacción de las necesidades básicas de la población boliviana y de la alteña en particular, así como la violación de los Derechos Humanos (dd.hh.) y el accionar de los mecanismos de justicia.

4.1 La insatisfacción de las necesidades básicas de la población

Uno de los aspectos fundamentales en lo concerniente al desarrollo de toda sociedad es la satisfacción de sus necesidades. Antes de analizar la satisfacción de las necesidades, efectuaremos una breve conceptualización de lo que se puede entender por necesidad. Para ello, nos basaremos en los puntos de vista de Agnes Heller (1986: 43) quien considera que "la necesidad del hombre y el objeto de la necesidad están en correlación: la necesidad se refiere en todo momento a algún objeto material o a una actividad concreta. Los objetos ‘hacen existir’ las necesidades y a la inversa las necesidades a los objetos. La necesidad y su objeto son ‘momentos’, ‘lados’ de un mismo conjunto. Si en vez de analizar un modelo estático analizamos la dinámica de un cuerpo social, entonces la primacía corresponde al momento de la producción: es la producción la que crea nuevas necesidades. En efecto, también la producción que crea nuevas necesidades se encuentra en correlación con las ya presentes". Con base en estas observaciones, podemos afirmar que el hombre crea los objetos de su necesidad, pero también los medios para satisfacerla. La génesis del hombre es en el fondo la génesis de las necesidades. Existe una serie de necesidades básicas las cuales todo ser humano debería ser capaz de satisfacer. Sin embargo, en el país gran parte de la población carece de los más elementales medios que le permitan acceder a una vida socialmente productiva y digna.

Susana Donoso (1990: 91) agrupa las necesidades básicas en dos tipos primarios: sociales y de los hogares. Las necesidades básicas sociales son: a) servicios sanitarios básicos (agua potable y sistemas de saneamiento básico); b) servicios sociales básicos (educación y salud); c) servicios de infraestructura básica (energía, caminos, comunicaciones y transporte inter e intraurbano). Las necesidades básicas de los hogares son: alimentación, vivienda y vestimenta.

Toda sociedad evoluciona sobre sus necesidades, y los medios de que disponga para su satisfacción determinarán el grado de desarrollo alcanzado. Ante este hecho, debemos notar adicionalmente que al margen de las necesidades básicas existen otras derivadas, muchas de ellas artificiales, como resultado de la penetración cultural del consumismo o consumidorismo. Nos referimos al deseo de poseer artículos suntuosos, aparatos electrónicos de sonido, y otros sin cuya existencia la vida se desarrollaría de todos modos. Para la presente investigación, sin embargo, analizaremos solo la satisfacción de las necesidades básicas, tomando en cuenta las características de la población de estudio.

SANDOVAL y SOSTRES (Ob. Cit.: 47-56) efectúan un diagnóstico de las necesidades de vivienda, servicios colectivos, salud y educación. Afirman que esta urbe se desarrolló en el abandono, la pobreza y la postergación de otras tantas zonas populares, acumulando en silencio los males de la marginalidad urbana. "En su expansión, señalan los autores, acogió a miles de viviendas precarias y algunas urbanizaciones o planes de vivienda. En estas últimas destacaban como lunares sus calles empedradas y viviendas con infraestructura y servicios. Sin embargo, estas zonas privilegiadas tampoco viven en la comodidad. Es en comparación con el resto de las villas, que estos barrios aparecen como residenciales o ‘lujosos’."

Acerca de la vivienda, caracterizan a ésta de la siguiente manera: cerca de un 50% de la población posee vivienda propia, pero este dato no contempla la calidad ni las condiciones de estas viviendas. De todos modos, no se debe ignorar la inmensa cantidad de pobladores que no cuentan con dicho beneficio, ya que muchos habitan precarios cuartos como inquilinos o alojados. Por otra parte, conviene destacar que el crecimiento de El Alto se apoya básicamente en la autoconstrucción y el autofinanciamiento de la vivienda, sistema que permite el nacimiento de la mayor parte de las villas existentes en la ciudad. Otro aspecto que no se debe descuidar es que los lotes de terreno son adquiridos de tramitadores y loteadores, quienes con el tiempo consolidaron su poder frente a la creciente demanda de este bien, a raíz de la llegada de importantes contingentes humanos migrantes, sobre todo en la década de los setenta. Los autores puntualizan su criterio respecto a este poder (Pág. 48) apuntando: "Si ayer fueron los terratenientes los propietarios de la tierra, hoy son los loteadores los que tienen el control del suelo urbano".

Los autores además informan que el acceso generalizado de vivienda propia se da a través del sistema de autofinanciamiento y autoconstrucción, lo cual implica que muchas viviendas sean precarias: construidas en estrechas superficies, de 30 a 50 m2, con paredes de adobe, techos de calamina, piso de tierra, carentes de equipamiento y servicio. Estas casas no son más que piezas sueltas –por lo general de entre una y tres habitaciones- que cumplen múltiples funciones.

Una encuesta llevada a cabo por Surpo (1988, citada por los autores), además de mostrar diferencias significativas en la calidad de las viviendas, constata que las condiciones de las casas construidas por las familias nucleares, tienden a ser más precarias que las viviendas de las familias extensivas en términos de superficie construida, número de cuartos y el material empleado en la construcción. Estas características están muy relacionadas con el tamaño del hogar y el nivel de ingreso de la familia.

Otra forma de acceso a la casa propia en El Alto es a través de los programas estatales y privados de vivienda. Estos programas de vivienda, tanto estatales como privados, contribuyeron a sustanciales modificaciones en la morfología y la expansión urbana de El Alto. Con las urbanizaciones se estructura un mundo distinto de aquellas villas de carácter tradicional, que nacen del esfuerzo personal de sus habitantes. Las primeras, llamadas comúnmente "viviendas" están dotadas de casi todos los servicios, incluyendo áreas verdes y escuelas, y presentan una fisonomía muy distinta a la de las villas pobres.

La población que accede a las urbanizaciones procede, normalmente, de la clase media, con usos, costumbres y valores relativamente diferentes a los de la población popular, que se instala alrededor de estos "condominios", aprovechando la infraestructura existente. Estas distinciones de asentamientos y composición social son causa de conflictos socioculturales entre vecinos y de divisiones en sus organizaciones sociales.

En este marco de hábitat, las múltiples viviendas de adobe y techo de calamina, distribuidas en villas y barrios, como si formasen un extenso tramado de laberintos, hacen de la populosa ciudad de El Alto un extenso pueblo del altiplano, que se confunde con los colores y rigores de la tierra que la produce y se pierde en su horizonte no limitado.

En lo concerniente a servicios colectivos, es posible afirmar que El Alto es la ciudad más abandonada del país. Al parecer, esta ciudad tuvo que crecer para la llamar la atención de las autoridades y dirigentes sobre las profundas deficiencias que existen en sus barrios y villas. La precariedad de la vivienda, de hecho, no solo se mide por su tamaño y la calidad de los materiales empleados en su construcción, sino también por la infraestructura y el equipamiento social dentro y cerca de las viviendas. Los datos de la mayoría de los estudios realizados en esta ciudad en cuanto a servicios individuales y colectivos, muestran la precariedad de la vida en gran parte de estos pobladores.

La dotación de los servicios colectivos en El Alto sigue la lógica del proceso de urbanización diferenciado y marginalizador, sin ignorar que dentro de la morfología urbana de El Alto también existen diferencias de zona a zona. Analizando en términos globales las características del equipamiento y la infraestructura básica del ambiente residencial de El Alto, y precisando que su desarrollo fue desigual, diversas investigaciones coinciden en señalar que para el aprovisionamiento de agua, la mayoría de las viviendas dependen de piletas públicas. El resto de los vecinos se ve obligado a comprar ese elemento de los denominados cisternas aguateros, o bien para acudir a los pozos naturales, vertientes o riachuelos de la zona.

La información se vuelve preocupante cuando se trata de analizar la información referida a la dotación de alcantarillado sanitario. La cobertura alcanzaría a cerca del 40% de las viviendas, dejando un porcentaje elevado por atender. La eliminación de aguas contaminadas en los patios de las casas y en las calles producen permanentemente riesgos a la salud de los pobladores y crean condiciones para la información de focos de infección. Estos riesgos de infección se agudizan porque el servicio de recolección de basura domiciliaria alcanza a un bajo porcentaje de la población. La mayoría de los alteños echa su basura "a campo abierto", en las esquinas de sus barrios o en los barrancos.

Uno de los pocos servicios colectivos algo más extendido entre los pobladores de El Alto es la electricidad. Cerca del 85% del área ocupada estaría dotada de este servicio. Pero, a pesar de esta constatación, significativos porcentajes de viviendas de las zonas Norte y Sur no poseen este servicio, sobre todo aquellas que se asientan en barrios de reciente formación.

La precaria realidad de El Alto también se observa en la escasez del transporte público. El existente, abastece con serias limitaciones a la población. Sin embargo, es bueno hacer notar los avances en este rubro, ya que el número de unidades se incrementó sensiblemente en los últimos años. Empero, este incremento es cuantitativo antes que cualitativo. De todos modos, las zonas más desfavorecidas continúan siendo aquellas cuya ubicación resulta más alejada. Este, como otros factores, retrasan el desarrollo integral de los pobladores de esta ciudad. La insuficiente distribución de líneas de transporte público implica un derroche agigantado de tiempo, a lo cual se debe sumar el hecho de la concepción muy distinta que tienen los pobladores de esta ciudad lo que es el tiempo, dada sobre todo la condición de muchos de ellos como migrantes de primera generación.

En lo referente a la salud, observamos que el número de centros hospitalarios y personal médico difícilmente abastece a la población alteña en constante crecimiento. El siguiente cuadro, tomado sobre la base de un estudio efectuado en dos zonas de El Alto, puede graficar esta situación.

Cuadro n.º 1

Infraestructura de salud instalada en El Alto Norte y Sur

(*) Sin información.

Fuente: Sandoval y Sostres (Ob. Cit.: 69)

Un médico por cada 10.000 habitantes y un hospital con treinta camas: estos datos sintetizan la situación de los servicios de salud de esta ciudad. Al presente, el déficit que expresa la información del cuadro n.º 1 en materia de medios para atender a la población de El Alto, no sufrió cambios sustantivos. Pese a las acciones de organismos no gubernamentales, la Iglesia, el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Sanitaria por atender las demandas de la población, los centros y programas de salud son limitados.

Otro dato dramático es la participación en los sistemas de seguro. Sandoval y Sostres (Ob. Cit.: 54) informan: "La vida de los alteños se presenta aún más crítica si se toma en cuenta que el 75% del total de los jefes de hogar de ambos sexos no participan de ningún seguro social, realidad que determina la inseguridad e incertidumbre de miles de vecinos, en caso de enfermedad y vejez". Tema de especial preocupación es la salud de los niños. Existe desnutrición de diversos grados (desde leve hasta crónica), además de complicaciones gastrointestinales y respiratorias. Esta situación guarda estrecha relación con las precarias condiciones de vida de la mayor parte de los barrios populares de El Alto.

En cuanto a la educación, se puede afirmar que la profunda crisis económica que atraviesa el país y las medidas de la Nueva Política Económica, han afectado directamente a sectores sociales de bajos ingresos en su posibilidad de acceder a este elemental servicio. Para miles de pobladores, la disminución del ingreso familiar exige una disminución en los gastos de educación, en función de satisfacer las necesidades vitales. La "deserción escolar" incrementada en los últimos años en sectores de la población popular alteña está ligada a la necesidad que tiene la familia del aporte económico de todos sus miembros, hecho que conduce a cientos de niños y jóvenes a cambiar la escuela o el colegio por cualquier ocupación en el llamado sector informal. Según datos proporcionados por el mencionado estudio, con base en una encuesta de la entidad Surpo, en El Alto, de 180.276 que declaran no asistir al colegio, un 35% lo hacen por razones de trabajo y un 7% debido a que no existe un colegio en el barrio o zona donde residen. Sin embargo, en comparación con las altas tasas de analfabetismo, existe un cierto optimismo para esperar el futuro en el rubro educativo, ya que existe en los padres de familia cada vez mayor conciencia de la necesidad que tienen los hijos de recibir educación formal.

Si bien en El Alto es la educación fiscal la que mayormente acoge a la población en edad escolar, los frecuentes recortes del Estado al presupuesto a este servicio inciden, por un lado, en la falta de infraestructura y en el escaso número de profesores para atender a la creciente población estudiantil, y por otro, en la creación indiscriminada de colegios particulares que, en muchos casos, no cumplen con los requerimientos pedagógicos mínimos de funcionamiento. Si bien los esfuerzos de diversas entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, muestra resultados positivos, es aún temprano para asegurar que la educación en esta ciudad va por buen camino. El siguiente cuadro efectúa una breve mención de la cantidad de unidades educativas y el personal que las compone.

Cuadro n.º 2

Personal y número de establecimientos educativos en El Alto, 1988*

Fuente: Sandoval y Sostres (Ob. Cit.: 70)

4.2 La violación de los Derechos Humanos

Uno de los aspectos más negativos de la sociedad boliviana en la coyuntura actual sea la violación en los derechos humanos. Es preciso recordar que los Derechos Humanos (DD.HH.) es mucho más que una defensa del derecho a la vida, la nacionalidad y un nombre. Comporta una atribución total de reconocimiento de la persona por parte del Estado, así como las garantías necesarias para desarrollarse y progresar sin restricciones de ningún tipo.

Antes de analizar brevemente la violación de los derechos humanos en Bolivia, identificaremos los principios e intentaremos una clasificación de los DD.HH. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se produjo el 10 de Diciembre de 1948. En primera instancia, los DD.HH. están basados en los siguientes principios: universalidad, indivisibilidad e interdependencia entre sí..

El principio de universalidad permite implementar una misma normatividad para todos los países, en el entendido de que cualquier mujer y varón son la misma persona en cualquier parte del mundo: todos somos iguales, no importando las condiciones particulares, étnico culturales o económicas de los diferentes países o sociedades.

El principio de la indivisibilidad plantea que las generaciones de DD.HH. tienen igual importancia, que la vigencia de un derecho no puede afectar la vigencia de otro, lo cual permite tener una concepción global de los DD.HH..

El principio de la interdependencia es el que establece una relación íntima, intrínseca de retroalimentación entre la democracia, DD.HH. y desarrollo.

Los DD.HH. se clasifican artificialmente y para fines explicativos siguiendo el proceso evolutivo que tuvieron, pero en su conjunto representan una sola unidad. Las normas sobre DD.HH. aparecieron como generaciones destinadas a tratar temas específicos, por lo que se clasifican en de Primera, Segunda y Tercera generación.

Primera Generación: Derechos Humanos civiles y políticos. Los DD.HH. civiles y políticos son los más conflictivos. Están referidos a la libertad de las personas y al ejercicio de autoridad. Se refieren a la libertad de la persona a la vida, la seguridad, la integridad y los derechos de participación individual en la formación de los poderes del Estado (participación pública).

Segunda Generación: Derechos Humanos económicos, sociales y culturales. Estos DD.HH. están relacionados más con la dignidad humana de tener derecho a la vida, derivando su derecho en el acceso al empleo, al salario justo, a la educación.

Tercera Generación: Derechos Humanos de solidaridad y de los pueblos. Da impulso a los DD.HH. colectivos de los pueblos. Determina el derecho al desarrollo armónico, el derecho a la autodeterminación nacional, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, que en definitiva es la seguridad para lograr las condiciones de convivencia pacífica. El conjunto de derechos se resumeg en:

Derechos civiles

Derecho a la vida

Derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Derecho a no ser tenido en estado de esclavitud o servidumbre.

Derecho a la libertad y la seguridad de la persona, incluido el derecho a juicio justo.

Derecho a la intimidad e inviolabilidad en el hogar y la correspondencia.

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Derechos políticos

Derecho a la libertad de opinión y expresión libre del pensamiento

Derecho a la libertad de reunión y de asociación

Derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos

Derecho a elegir y ser elegido

Derecho a demandar o a pedir atención a la autoridad pública

Derechos económicos, sociales y culturales o de igualdad

Derecho al trabajo

Derecho a condiciones laborales justas y favorables

Derecho a un salario justo

Derecho sindicales

Derecho a la seguridad social

Derecho a la protección económica en condiciones de desvalidez

Derecho a la alimentación, el vestuario y albergue adecuados

Derecho a la protección y asistencia de la familia, madres e hijos

Derecho a un nivel de vida adecuados

Derecho a un nivel de salud física y mental progresivamente mejor

Derecho a la educación, a la instrucción, a la ciencia y la cultura

Derechos de los pueblos o de la solidaridad

Derecho a la paz

Derecho al desarrollo

Derecho a la comunicación

Derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad

Varios de estos derechos fundamentales son violados más frecuentemente de lo que se supondría debido a la implantación de la política económica del neoliberalismo. A continuación, efectuamos un breve recuento de los derechos violados por el sistema actual de producción y distribución de las ganancias.

En primer lugar, recordamos lo que señala el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Esto implica una garantía integral del Estado para que sus ciudadanos se desarrollen en una armonía deseable, sin el temor a ser reprimido, asaltado, violado o asesinado. En este sentido, observamos que el Estado boliviano no proporciona las suficientes garantías para que los ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, vemos cómo la indigencia, la extrema pobreza y la pobreza moderada ocasionan la mortalidad por enfermedades curables, cuyo origen es precisamente la falta de atención en cualesquier el sistema de seguridad social y salud pública.

El siguiente artículo (23), en su inciso 1 es más específico al respecto, pues señala: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". El Estado, en la implementación de la política neoliberal, atenta sustancialmente contra este derecho elemental, ya que promueve la competencia entre trabajadores manteniendo los salarios congelados, lo cual impide un acceso a fuentes de trabajo por parte de todos los individuos económicamente activos.

No se desea, en realidad, que el Estado vuelva a su antiguo papel de proveedor de fuentes de empleo, que en la práctica demostró ser inadecuada, por cuanto proveía el crecimiento burocrático desmedido y el parasitismo estatal. Sí se juzga inconveniente, en cambio, que el Estado desampare al sector productivo. Un caso ilustrativo al respecto es la libre e irrestricta importación de ropa usada que es expendida en diferentes puntos de las ciudades del país y que en la Feria "16 de Julio" de la ciudad de El Alto adquiere dimensiones desproporcionadas. Este fenómeno, propio de las décadas 80 y 90, cercena la capacidad productiva de la industria textil y de la vestimenta.

También vemos cómo se vulnera los derechos humanos cada vez que un miembro de la sociedad pone en entredicho los postulados del sistema (del cual el gobierno de turno es un elemento integral). El artículo 19 de los (DD.HH.) dice concretamente: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Recordamos, por ejemplo, las investigaciones de Ronal Méndez Alpire, abogado y periodista cruceño, sobre las quiebras de los bancos, en cuyos hechos estuvo involucrado el entonces Superintendente de Bancos y Entidades Financieras Luis del Río, prominente miembro de un partido político, y cómo se tomó represalias contra el mencionado periodista habiéndolo encarcelado dos veces, omitiendo además lo dispuesto por la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925, por las revelaciones contenidas en libros tales como Puzzle financiero. Como ejemplo adicional, podemos citar el caso de la revista Informe R, cuyo número que contenía revelaciones sobre el Plan Cóndor quiso ser secuestrado por funcionarios del Ministerio de Gobierno, en un flagrante atentado a la libertad de expresión.

La represión, el terrorismo de Estado, la marginación, la dependencia, son todos elementos cuya suma inevitable es una sociedad en caos creciente y una alta tasa de criminalidad.

4.3 El accionar de los mecanismos de justicia

El Poder Judicial en Bolivia, en uso de las atribuciones conferidas por la CPE (Arts. 59, 116 a 131) es la encargada de velar el cumplimiento de las leyes bolivianas por parte de autoridades y ciudadanos. Sin embargo, esta noble y delicada función tropieza con la existencia de malos funcionarios que desprestigian a la entidad y sus instancias. Probablemente el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional, órganos de reciente creación, hayan contribuido a devolver la imagen de credibilidad al Poder Judicial. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

La retardación de justicia continúa siendo el talón de Aquiles de la justicia boliviana. Por otra parte, actos de corrupción de jueces, como los denunciados y confirmados en diversas oportunidades, también ponen en entredicho la transparencia de los actos judiciales. La prebenda, la coima, el prevaricato y otras acciones contrarias a la honestidad judicial, merman sensiblemente la credibilidad ciudadana en los mecanismos de justicia.

En lo referente a la aplicación de las leyes, es innegable el favoritismo que existe hacia los sectores privilegiados. El caso denominado "hijitos de papá" o "viernes negro", en el cual se vieron involucrados los estudiantes del colegio Calvert, de gran renombre en la sociedad paceña, aún no arroja a culpables identificados. La acción judicial que se siguió en este caso es rescatable, pero los resultados tangibles hacen pensar que será un caso más que se eche al olvido, pese a las serias acusaciones por la comisión de diversos delitos perpetrados por los miembros "de las mejores familias del país".

Puede considerarse a la lucha contra la corrupción uno de los mejores modos para luchar contra la pobreza. En este sentido, cabe destacar la labor realizada por jueces probos como el Dr. Alberto Costa o el Fiscal adscrito a la Alcaldía Municipal de La Paz, Dr. Moreira, quienes lideran una lucha frontal contra la corrupción encarnada en corruptos probados tales como Germán Monroy Chazarreta (ex alcalde municipal) Dante Escobar (ex presidente del FOCSSAP) entre otros.

CAPÍTULO V

CONFLICTOS SOCIALES

Los conflictos sociales pueden ser identificados como la expresión popular del descontento con el modelo socioeconómico y político vigente. Los anteriores capítulos proporcionan una visión general de la situación económica, política y social del país en general y de El Alto en particular. El propósito del presente capítulo es efectuar una valoración de los conflictos sociales, sus causas finales y sus probables consecuencias.

Comenzaremos desarrollando la definición efectuada en el anterior párrafo de los denominados conflictos sociales. Durante todo el período de la Colonia, la marginación de los grandes sectores nativos tuvo la resistencia pasiva en unos casos y en otros activa de los indios moradores de la tierra (KLEIN, Herbert Ob. Cit.). El hito más importante de la historia nacional contemporánea, y por lo tanto el referente ineludible de todo trabajo de investigación histórica y social, es la revolución del 9 de abril de 1952, hecho que dio paso a las profundas transformaciones que se vivió en los años posteriores. Dicho hito fue acaso la expresión más importante de los resultados de un conflicto social que se va labrando a lo largo de los años y los siglos.

Observamos, por otra parte, que los conflictos sociales de hoy derivan de la insatisfacción laboral, la angustia ante los abusos de particulares (violaciones, atracos, asesinatos, etc.) y otros factores diferentes de los de antaño. Sin embargo, la esencia continúa siendo la misma: insatisfacción de las necesidades humanas (v. 4.1 Insatisfacción de las necesidades básicas). Las consecuencias son imprevisibles, pero se puede augurar la agudización de las tensiones y la posibilidad de un movimiento subversivo popular, imposible de controlar en los hechos. Como es bien sabido, son los movimientos populares los que dan, en última instancia, el curso que seguirá la sociedad después de un salto de esta naturaleza (como la ya referida Revolución de abril de 1952). No es algo así lo que se desea, obviamente, por los ríos de sangre que ello implica, sino simplemente hacer notar lo que podría suceder en un futuro no muy lejano en caso de no cambiar la situación actual.

5.1 Las reivindicaciones sociales

Las reivindicaciones de la sociedad pasa por el conjunto necesario de sus intereses y aspiraciones. Así, las clases sociales dominantes pedirán seguridad y resguardo en sus barrios exclusivos, mientras que las clases sociales marginales clamarán por seguridad existencial que se traduce el derecho al pan, el techo, la salud y la educación. Sin embargo, cabe insistir en el hecho de que la seguridad ciudadana, ya analizada en el Capítulo ii, no se refiere solo a la proporción de resguardo físico y bienestar material (v. 2.2.1 e incisos correspondientes).

Derechos sociales tales como la educación, la salud, infraestructura y equipamiento vecinal, y sobre todo la generación de fuentes de trabajo y las condiciones de estabilidad, se ven vulnerados por la situación socioeconómica que atraviesa el país en su conjunto. Ante esto, las marchas de protesta, las manifestaciones públicas y el rechazo generalizado ante la indiferencia de las autoridades, no hacen sino poner en claro las serias dificultades que atraviesan los sectores populares, las mayorías marginadas del desarrollo del país.

5.2 La desobediencia civil y los grupos de presión

Los recursos a que apela la población para manifestar su descontento con la situación imperante se traduce también en la desobediencia civil, forma de protesta no armada que caracteriza a los movimientos populares. Ésta, sin embargo, puede ser alentada por sectores liderizados ideológicamente por el radicalismo de izquierda, lo cual constituye un riesgo para la estabilidad de la democracia, la cual, por sí sola, se debate en medio de sus propias contradicciones. La situación actual no es sino un serio llamado de atención a las autoridades cuya mentalidad es netamente plutócrata y se inclinan solamente por intereses sectarios y particulares antes que por resolver los problemas de la colectividad.

Alipio Valencia Vega (1983: 107) hace referencia a una forma particular de organización que hace frente a las equivocaciones y desaciertos de los gobernantes: los grupos de presión. Estos, según el autor, surgen como resultado de las condiciones especiales creadas por el régimen capitalista, producto del proceso demo-liberal. Se caracterizan por no poseer finalidades expresamente políticas, pero que se organizan y se vinculan en torno a determinados intereses comunes, cuya defensa realizan mediante su influencia sobre los órganos estatales y los partidos políticos, tratando de orientar la acción de éstos en un determinado sentido.

Los métodos por los cuales los grupos de presión ejercen su influencia pueden ser de diversa índole, pero de una manera general cabe señalar los siguientes modos: influencia en las elecciones mediante el apoyo indirecto a un partido para el cumplimiento de una determinada plataforma electoral; contacto directo con los legisladores, funcionarios y miembros de los poderes públicos y finalmente por medio de la propaganda para arrastrar a la opinión pública tras de sus proposiciones, Los sindicatos obreros constituyen típicos grupos de presión, aunque seriamente mermados en su capacidad de convocatoria dadas las condiciones actuales (v. 3.2 de este documento).

CAPÍTULO VI

LA INSEGURIDAD CIUDADANA COMO FACTOR DIRECTO DE LA INCONDUCTA CIUDADANA

Como habíamos señalado en el Capítulo II, la inseguridad ciudadana puede ser señalada como "la suma de los factores que impiden a una sociedad desarrollarse en armonía y tranquilidad". En este sentido, puede entenderse la inseguridad ciudadana como el factor directo de la inconducta de los ciudadanos, es decir, la causa primera y fundamental, tomando en cuenta que la ciudadanía en general se halla abandonada y sin perspectivas de superar su situación crítica de pobreza y extrema pobreza.

6.1 Delitos generados por la inseguridad ciudadana

El presente subtítulo contiene una lista de los delitos cometidos en la ciudad de El Alto, y que son el resultado inmediato de la inseguridad ciudadana existente en el país. En primer lugar, se presenta los cuadros estadísticos generales de casos presentados ante la Policía Técnica Judicial (PTJ) de El Alto. Luego, se efectuará un análisis del incremento percibido en los últimos años, para, posteriormente, efectuar un recuento de la tipificación y la sanción dispuesta para los diferentes delitos.

Cuadro 1

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División

Gestión 1995

Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

Sandoval y Sostres (Ob. Cit.) informan que en esta ciudad, al momento de efectuar su estudio (1989), la tasa de criminalidad era insignificante. Sin embargo, como se puede apreciar en el cuadro 1, la tasa se hace significativa.

Cuadro 2

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División

Gestión 1996

Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

El siguiente cuadro presenta una diferencia comparativa entre ambas gestiones.

Cuadro 3

Diferencia comparativa entre las gestiones de 1995 y 1996

Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

Como podrá observarse, el incremento total de casos en la gestión 1996 es de 471 (10.57 %) sobre la gestión de 1995. Si bien existe un decrecimiento en algunas divisiones (por ejemplo Delitos Contra las Personas y Menores y Familia) en otras existe un sensible incremento (Corrupción Pública, con un 24% y Crimen organizado, con el 60%). Estos índices nos dan una pauta del crecimiento paulatino en unos casos e incontrolable en otros que tienen por consecuencia a largo plazo la inestabilidad del sistema democrático en su conjunto.

Cuadro 4

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División

Gestión 1997

Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

Como podrá observarse, existe un incremento general de 107 casos registrados en todas las divisiones correspondientes. Este dato muestra que existe un incremento paulatino pero importante en las actividades delictivas, existiendo un mayor incremento de casos en la División Delitos contra las Personas (153 casos, que representan un 9.8%).

Cuadro 5

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División

Gestión 1998

Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

El cuadro 5 muestra un sensible incremento general de 1.233 casos con respecto a la gestión 1995, lo cual hace un 21.7%. Por su parte, el cuadro 5 presenta los datos del número de caso atendidos por División durante la gestión 1999.

Cuadro 6

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División

Gestión 1999

Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

Este cuadro nos muestra un ligero incremento con respecto a la gestión anterior (10 casos que representan el 0.17%). Por último, se presenta un cuadro comparativo por División y gestión en el número de casos atendidos, con el análisis del incremento detallado.

Cuadro 7

Comparación entre las gestiones de 1995 a 1999 por División

Página anterior

Volver al principio del trabajo

Página siguiente