Las transferencias, obedecen a un porcentaje que el estado central o federal gira a los entes locales para atender delegaciones, como la educación, salud entre otras. Los recursos propios provienen de los impuestos a la propiedad, al consumo, a la riqueza, al igual que otros ingresos de menor importancia denominados no tributarios La mayor fuente de financiamiento de los países de la comunidad andina de naciones proviene de las transferencias del orden nacional, con destinación específica predeterminadas en normas, en orden de importancia, sigue las rentas de carácter propio del ente local, cuya fuente están dadas en los impuestos a la propiedad, al consumo y la riqueza, tasas y tarifas y otros ingresos que no son de carácter obligatorio.
Se observa en los gráficos que se relacionan, la dependencia de recursos provenientes de las transferencias del orden nacional en las diferentes municipalidades de la comunidad andina de naciones.
BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA LOS ENTES LOCALES.
En esta nueva dinámica territorial, los gobernantes deben proveer al ente de los recursos suficientes para garantizar el financiamiento del plan aprobado. Debido a las concepciones gubernamentales de carácter administrativo y la carencia de empoderamiento, no ha permitido que desarrollen nuevas fuentes de financiamiento que permita proveer de recursos suficientes para atender el compromiso legal y Constitucional.
Por otro lado el desfinanciamiento se produce en las obras públicas en infraestructura, de servicios, de equipamiento municipal, de apoyo al sector privado, obligaciones del crédito y sus respectivos gastos financieras (amortizaciones, intereses y otros gastos), éstas reducen la capacidad de accionar y por ende el cupo de endeudamiento.
El nuevo orden económico mundial, ofrece diferentes posibilidades a los gobiernos nacionales, territoriales (departamentos, municipios) para obtener los mayores logros económicos y sociales, en un mundo cada día más globalizado.
Los capitales con sus diferentes oportunidades que ofrecen a los agentes económicos tanto públicos como privados, provienen del sector financiero, en América latina y en especial en Colombia está regido por los mercados de dinero y los mercados de capitales.
El mercado de dinero lo ofrecen los bancos comerciales, con aceptación de corto plazo y los mercados de capitales integrados por una serie de participantes que compra y vende títulos valores e instrumentos de crédito, con la finalidad que los financistas cubran sus necesidades de capital y los inversionistas coloquen su exceso de capital en negocios que generen rendimiento.
Estas opciones, en América latina y en especial en Colombia, son aprovechadas con poco dinamismo por las entidades gubernamentales como fuentes para atender sus compromisos y tan solo se centra en las tradicionales.
Por otra parte, uno de los aspectos importantes para el desarrollo de las localidades hace referencia a la gestión de los mandatarios en lo administrativo y fiscal. Gestión enfocada a la optimización de sus recursos mediante la utilización de modernos instrumentos administrativos y financieros combinados con el uso de las tecnologías de la información, también la gestión debe involucrar activamente a la ciudadanía por intermedio de las veedurías ciudadanas.
Las oportunidades planteadas desde una óptica descriptiva y analítica para que los entes locales las implementen en virtud a su modo de raciocinio y capacidad administrativa y fiscal sin contradecir los parámetros constitucionales y legales que los enmarcan.
Titularización
Las condiciones económicas por las que atraviesa el mundo capitalista en los últimos tiempos, producto de acoplamientos internacionales en la materia, han producido descompensaciones en diferentes generadores de esta actividad que se ven reflejados en las entidades locales que no son capaces de cumplir con sus planes de desarrollo debido al desfinanciamiento por causa entre otras de la crisis financiera mundial.
Esta situación lleva a que los agentes ajusten sus niveles de consumo, inversión y gastos, reduciendo la capacidad de los mismos y por ende disminución en los ingresos para los entes.
El dinero es un recurso escaso, por lo que la obtención de efectivo en el corto plazo puede resultar difícil y muy costosa para la mayoría de entes locales, si se recurre exclusivamente al mercado de dinero (la banca comercial), como fuente de financiamiento. El costo de los recursos y la fuente de estos recursos, son los aspectos más relevantes a la hora de desarrollar cualquier proyecto, por eso los gobiernos deben ser cada vez más selectivos y recursivos en la búsqueda de fuentes económicas. El mercado de valores ofrece la titularización de activos como una salida para el cumplimiento de los diferentes programas previsto en los planes de gobierno.
Proceso Histórico en América
La titularización se inició en la década de los 70 en Estados Unidos, en Europa se implementó en la década de los ochenta, iniciando en Inglaterra, Francia y España.
En Inglaterra, se inicia con la titularización de cartera hipotecaria a través de la figura de las sociedades especializadas de objeto social único.
En Suramérica, Argentina y Brasil comenzaron el proceso en el año 2000, y en Colombia se empieza a encontrar el mecanismo de la titularización en 1955, con la ley 50 que estableció la posibilidad de emitir cédulas y títulos representativos de derechos sobre inmueble, mecanismo que no tuvo acogida.
El desarrollo de la titularización se vio favorecida por un ambiente regulatorio y legal amplio. Hay un gran desarrollo al punto que se está a la vanguardia en el total de emisiones efectuadas bajo el sistema de titularización frente a los demás países europeos.
GRAFICO 8
TITULARIZACIÓN EN AMERICA LATINA 2004
TOTAL DE EMISIONES: 7,9 BILLONES DE DÓLARES
En Colombia
El sector financiero en Colombia está regido por los mercados de dinero y los mercados de capitales (valores).
Según la Superfinanciera en el mercado de valores en Colombia encontramos: Aceptaciones Bancarias, Bonos Ordinarios, bonos convertibles en acciones (BOCEAS), Bonos Públicos, Bonos de Garantía General, Bonos de Garantía Especifica, Certificado de Depósito a Término (CDT), Papeles Comerciales, Títulos de Tesorería (TES), Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) y Titularizaciones. La titularización de activos se constituye en una de las oportunidades de financiamiento que puede ser utilizada por los gobiernos locales para el desarrollo de sus proyectos. Dichas titularizaciones de activos son autorizadas por la Superfinanciera a través de fondos, previo requisitos establecidos en la Resolución 400 de 1995 y en la ley 964 de 2005.
Posteriormente en 1991 se empieza a perfilar lo que después se denominaría base de titularización. En 1992 la Superintendencia de Valores (Hoy Superfinanciera) inició el desarrollo de la titularización, lo cual se logró cristalizar a través de la Resolución 645 de agosto de 1992. La firma que más se destacó en esta labor fue Oikos entre 1992 y 1997 y en el año 2002, Colombia obtuvo el primer lugar en América Latina con una participación del 34 % de las emisiones.
Los procesos de titularización podrán iniciarse a partir de la conformación de fondos o patrimonios con sumas de dinero destinadas a la adquisición de cualquiera de los bienes; sólo en los procesos de titularización efectuados para el desarrollo de obras públicas, se podrán utilizar proyecciones de flujos futuros como base de la estructuración del proceso.
Es importante mencionar que en el esquema de financiamiento colombiano existen de corto y largo plazo; los primeros se utilizan principalmente para solventar pasivos menores a un año, su principal fuente es espontánea y su ofrecimiento esta dado por la banca comercial, en cuanto al segundo tipo están dirigidos a desarrollar grandes proyectos o activos de largo plazo y sus principales fuentes de financiamiento son la banca comercial y el mercado de capitales, siendo la fuente más barata.
La Ley 35 de 1.993, abrió el camino para incorporar al mercado público de valores colombiano los documentos emitidos en desarrollo de procesos de titularización en su artículo cuarto definió los aspectos en que el Gobierno puede intervenir en el mercado de valores, estableciendo normas de carácter general y qué tipo de documentos son susceptibles de ser colocados por oferta pública; aquellos que tengan el carácter y prerrogativa de los títulos valores, sean éstos de contenido crediticio, de participación o representativos de mercaderías.
De esa forma se llegó a la reglamentación actual que está consagrada en la Resolución 400 de 1.995 expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores (Hoy Superfinanciera), la cual se constituye en la norma que reúne todos los requisitos y características de los procesos de titularización en Colombia.
Adicionalmente, mediante el decreto 1495 de 1.996, se definió el manejo de los requerimientos de Patrimonio Técnico y provisiones para los establecimientos de crédito originadores de procesos de titularización.
Por último, se incorporó en la Circular Externa 100 de 1.995 (Básica Contable y Financiera) expedida por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superfinanciera), la metodología aplicable para la valoración de títulos de participación emitidos en desarrollo de procesos de titularización inmobiliaria.
Adicionalmente, facilita el acceso a nuevos participantes en el mercado que encuentran beneficios al actuar como originadores de procesos, sin verse obligados a cumplir con las exigencias que tendrían como emisores de valores.
Posteriormente, la titularización permite adecuar la estructura financiera del originador a sus propias necesidades, bien sea disminuyendo su nivel de endeudamiento o reduciendo sus niveles de activos fijos o improductivos para asignar su valor al capital de trabajo o a invertir en nuevos proyectos.
En un país como Colombia, es indispensable contar con alternativas de bajo costo para la financiación de proyectos de infraestructura y de servicios públicos. Bajo esta premisa, la titularización se convierte en un esquema ideal para proveer de recursos a estos proyectos, mediante modalidades que se ajusten a sus necesidades específicas de plazo, costo y demás características financieras.
Por la magnitud de los montos requeridos, el diseño de esquemas con destino al mercado nacional y extranjero, podría convertirse en una atractiva alternativa para atraer la inversión extranjera de portafolio en Colombia.
GRAFICO 9
PROCESOS DE TITULARIZACIÓN EN COLOMBIA
1993 – 2005
Descripción del proceso
Los procesos de titularización pueden conformarse mediante la transferencia de bienes o activos para constituir con ellos un patrimonio autónomo, mediante un contrato de fiducia mercantil irrevocable. Esta es la práctica utilizada para la estructuración de procesos de titularización en Colombia
La normatividad actual contempla también la posibilidad de generar nuevos títulos valores emitidos por fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa o por fondos comunes administrados por sociedades fiduciarias.
El Originador, es quien transfiere los bienes o activos base del proceso de titularización, pueden personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. El originador no se requiere para los casos de titularizaciones estructuradas a partir de fondos.
El Agente de Manejo, es el vocero del patrimonio autónomo. Se encarga de recaudar los recursos provenientes de la emisión y se relaciona con los inversionistas en virtud de tal vocería, de acuerdo con los derechos incorporados en los títulos. El agente de manejo debe velar por el manejo seguro y eficiente de los recursos que ingresen al patrimonio.
En Colombia se encuentran facultados para actuar como agentes de manejo en procesos de titularización las sociedades fiduciarias y las demás entidades financieras autorizadas para celebrar contratos de fiducia. También las sociedades comisionistas de bolsa pueden ser agentes de manejo a través de fondos de valores administrados por ellas.
Un punto importante a tener en cuenta, es que cuando el originador se encuentre vinculado con el agente de manejo, se debe nombrar a una persona independiente para que actúe como representante de los tenedores de los títulos, con el fin de evitar un posible conflicto de interés.
El Administrador, es la entidad encargada de la administración, custodia y conservación de los activos o bienes objeto de la titularización, así como del recaudo y transferencia al agente de manejo de los flujos provenientes de dichos activos o bienes.
El colocador, es la entidad que, facultada por su objeto social, puede actuar como suscriptor profesional o underwriter61 de una emisión. Aunque la existencia de esta entidad no es indispensable en un proceso de titularización, puesto que el mismo agente de manejo puede efectuar directamente la colocación de los títulos en el mercado, se considera que la actuación de un underwriter puede asegurar el éxito del proceso.
Los títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización, tienen las prerrogativas de los títulos valores. Es decir, deben mencionar el derecho que incorporan y la firma de quien los crea. Además, deben inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y ser susceptibles de ser colocados mediante oferta pública.
En cuanto a la ley de circulación, estos valores pueden ser nominativos o a la orden. En los procesos de titularización es factible emitir tres modalidades de títulos:
1) Títulos corporativos o de participación: En los que el inversionista adquiere una parte alícuota del patrimonio autónomo o fondo y participa de las utilidades o pérdidas que éste genere. Se asimilan a títulos de renta variable y se encuentran normalmente referenciados en unidades de participación. Pueden ser redimidos antes de la extinción del patrimonion autónomo o fondo, debido a la liquidación de parte de sus activos o bienes.
2) Títulos de contenido crediticio: Incorporan derechos a percibir la cancelación del capital y de los intereses de acuerdo con las condiciones señaladas en el título. Se asimilan a los títulos de renta fija y los activos que conforman el patrimonio autónomo respaldan el pasivo con los inversionistas.
3) Títulos mixtos: Es la mezcla de los dos anteriores. Esto es, que pueden contemplar una rentabilidad mínima o una máxima o las dos. También pueden incorporar derechos de participación y ser amortizables.
Los títulos no podrán tener un plazo superior al de la duración del patrimonio autónomo o fondo. De otra parte, el agente de manejo debe presentar a la Superintendencia Financiera, la metodología que se aplicará para la valuación del patrimonio o de las unidades que lo conforman.
Por último, los valores emitidos en los procesos de titularización deben estar calificados para su inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios en la Superfinanciera, salvo que se encuentren totalmente avalados o garantizados por un establecimiento de crédito o por una entidad aseguradora.
La normatividad existente en Colombia es muy amplia en cuanto a la gama de activos o bienes que son susceptibles de titularizarse. Ellos se pueden clasificar en las siguientes categorías: Titularización de Créditos, inmobiliaria, obras de infraestructura y servicios públicos, de valores
La normatividad vigente deja las puertas abiertas al desarrollo de nuevos esquemas estructurados sobre otros activos o bienes, al estipular que la Superintendencia Financiera podrá autorizar estos nuevos procesos, previo concepto de su Sala General.
Inversión extranjera directa
La teoría de la inversión extranjera directa, tal y como lo explican Krugman y Obstfeld (2000), sugiere que ese fenómeno se presenta cuando existen motivos de localización de la producción en diferentes países y las firmas tienen incentivos de internacionalización, es decir, estímulos para mantener control sobre los procesos productivos.
Los motivos de localización se dan al haber diferencias en las dotaciones y los precios de los factores o al existir costos de movilización entre países, ya sea por costos de transporte o por barreras de política al flujo de bienes y servicios. Los de internacionalización se ofrecen cuando se desea garantizar un flujo estable de insumos entre subsidiarias de la misma firma, cuando hay problemas de apropiabilidad o de protección de derechos de propiedad sobre investigación y desarrollo, o cuando existen economías de escala en el proceso corporativo (administración e investigación y desarrollo) y/o en el proceso productivo.
La Inversión Extranjera Directa (IED) puede clasificarse en tres grandes grupos: vertical, horizontal con productos homogéneos y horizontales con productos diferenciados.
La IED vertical, ocurre cuando el tratamiento de elaboración de un producto se puede separar a bajo costo en un proceso corporativo y otro productivo, concentrando el primero en un país relativamente bien dotado de capital, y ubicando al segundo en un país con bajos costos de producción.
La IED horizontal con productos homogéneos se presenta cuando una firma tiene plantas en muchos países debido a que los costos de transporte y las barreras de política al comercio son lo suficientemente altos como para justificar este esquema productivo. Esta clase de IED puede darse entre países con dotaciones de factores similares. Entre más distinta sea la dotación de factores y mayores las Diferencias de costos de esos factores, el monto de este tipo de IED disminuirá en la medida en que las diferencias de costos de producción más que compensen los costos de movilización de bienes entre países.
La IED horizontal con productos diferenciados se manifiesta cuando hay economías de escala a nivel de la producción de una variedad. Esta clase de IED es complementaria al comercio internacional al promover los flujos de comercio intra-industria. Levy, Stein y Daude (2001) señalan que una gran proporción de la IED entre países desarrollados es de este tipo.
Inversión extranjera en Colombia.
La inversión extranjera directa, en Colombia en los últimos años presenta balance positivo para su economía, producto de un manejo consciente de las políticas económicas en sectores productivos, garantizando a los capitales extranjeros los beneficios, legales, de seguridad y logísticos para quienes quieren invertir en nuestro país.
En el campo económico Colombia ha mejorado sus indicadores económico, Según La Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el año 2005 ocupada el quinto lugar más favorable de América latina, (Proexport, 2007, 57) adicionalmente, en el reporte Doing Business 2005, del Banco Mundial, Colombia ocupa el segundo puesto entre 145 economías en mejoras en el clima de los negocios al facilitar determinadas regulaciones y políticas que incentivaron la inversión, la productividad y el crecimiento.
En su edición de Mayo 28 de 2007, la revista Business Week en su artículo de portada identifica a Colombia como el mercado emergente más intenso, y lo califica en un tono positivo.
La inversión extranjera se ha visto incrementada desde hace unos años, gracias al ambiente de inversión logrado por el gobierno actual.
Lo positivo que destaca la publicación es su recuperación económica debido a su crecimiento en el PIB, en un porcentaje mayor al promedio latinoamericano, como consecuencia de su avance en la lucha contra la inflación pues en los últimos años la reducido a un 5 por ciento, disminución del conflicto armado como resultado de la seguridad democrática, además el índice de desempleo se disminuyó en 3 puntos del 16 que tenía hace 5 años. Estas acciones permiten calificar a Colombia como un país estratégico para la inversión extranjera.
De acuerdo con la balanza de pagos, el registro de todas las entradas y salidas de dólares al país en el primer semestre, que hace el Banco de la República, podemos destacar, la importancia de la inversión extranjera que en un solo semestre llegó a los 4.109 millones de dólares, con un aumento del 43%, frente al año 2006 ($ US 2.876 millones), destacándose en sectores, petrolero, establecimientos financieros, manufacturas, comercio, restaurantes., entre otros.
De los US $ 2.113 millones recibidos en el segundo trimestre del año 2007, US $ 417 Millones se concentraron en el sector comercio, restaurantes y hoteles, petróleo, establecimientos financieros, manufactureras, transportes, almacenamiento y comunicaciones, explotación de minas y canteras y electricidad, gas y agua.
De los países que invirtieron, en orden de importancia en inversión extranjera directa, en el Segundo Trimestre de 2007, podemos destacar, ¨Estados Unidos ($38%), Anguila (26%), Francia (11%) Panamá y México (11%).
Visiones sobre inversión extranjera en la Comunidad Andina de Naciones.
Las economías de los países miembros actualmente se encuentran en una etapa de crecimiento, su seguridad ha mejorado sustancialmente. Sin duda, estos factores han propiciado expectativas positivas logrando incremento en la IED, Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en el contexto internacional hay un boom de IED hacia economías emergentes y que, de hecho, la participación de América Latina y el Caribe en este boom de IED han descendido.
En el índice 2006 de "Doing Business" del Banco Mundial que mide el ambiente regulatorio entre ellos tenemos a Colombia en el puesto 75 entre 79 países del mundo, en donde sobresalen, Singapur, y países como Puerto Rico, Chile y México ocupan los puestos 9, 28 y 43 respectivamente.
Las políticas a diseñar deben atraer IED, mostrando las ventajas comparativas del país y ciertos aspectos estructurales que generen confiabilidad en el inversionista extranjero como consolidar un marco jurídico que facilite la entrada de IED. Las políticas activas incluyen medidas específicas destinadas a atraer tipos de inversión que tienen un mayor potencial para traducirse en externalidades positivas para el país (encadenamientos productivos, generación de valor, conocimientos y empleo, entre otros).
Es importante mencionar el impulso que pueden dar a los entes locales la IED, y éstos deben ofrecer beneficios, uno de ellos se ha venido consolidando y en la actualidad la mayoría de entes locales en Colombia, han elevado a norma municipal un tratamiento especial en materia tributaria a las empresas que generen empleo directo, ya sean las que están establecidas o las que inician labores, por otra parte reciben beneficios por operaciones de exportación.
De igual manera el gobierno nacional con la ley que modifico las Zonas Francas, les ofrece a empresas que se instalen garantías tributarias del orden nacional. Estas zonas han venido incrementándose notablemente hace 50 años eran de 11 y hoy se cuenta con 47 complejos en diferentes ciudades y se espera que en otros municipios se implementen.
Varias empresas extranjeras provenientes de diferentes países del mundo decidieron invertir en el municipio de Dosquebradas que prevé incentivos tributarios en los impuestos predial e industria y comercio, invirtiendo en alimentos: Comestibles la Rosa (USA); Nestlé, Alpina (Suiza); En Textiles: Textiles Omnes (Francia); Confecciones Nicole (USA), Confecciones Naga (Líbano); En eléctrica: ABB Transformadores (Suiza); En Química: Interpack (Alemania); en Comunicaciones: Alcatel (España).
La idea es conocer directamente de las regiones los sectores más promisorios en esta materia para apostarle a éstas. Diversas empresas internacionales se han hecho presente para desarrollar actividades de call center o software, que crean nuevos empleos con mayor valor agregado
Este sector se destaca, de hecho, por aportar una de las dos experiencias que se dieron de llegada de inversionistas al Triángulo del Café, con el inicio de operaciones de una firma española en ParqueSoft Quindío para la producción de software.
Asimismo existe la prioridad departamental en dinamizar aun más la zona franca del eje Cafetero y ParqueSoft como prioridades para la entidad local, por lo que serán incluidos en el portafolio que se pretende mostrar en el ámbito internacional.
Fondos de cohesión social
La fuente proveniente de los fondos de cohesión se convierten en otra oportunidad, para acceder a recursos de países que busquen equilibrar las diferencias sociales, convirtiéndose un tema esencial en los proceso de integración.
Para la UE, la implantación del mercado único puso aún más de manifiesto la necesidad de reducir las disparidades regionales. En un mundo que cada vez impone más limitaciones en nombre de la competitividad, es poco probable que el libre cambio y las fuerzas del mercado puedan asegurar un desarrollo equilibrado, lo que puede desembocar en un mayor deterioro de la situación comparativa de las regiones más pobres.
Se destaca que los Estados miembros han acordado destinar a la reducción de las disparidades regionales en Europa ha ido aumentando progresivamente. Actualmente, la mitad de la población de la Comunidad es beneficiaria de los Fondos estructurales, instrumento de financiación de la política regional de la Comunidad.
Como principio se deberá revisar constantemente sus políticas regionales para sacar de ellas el máximo provecho y asegurar que el crecimiento de las regiones menos desarrolladas se traduce en la creación de puestos de trabajo y en la obtención de progresos duraderos hacia la convergencia económica de Europa.
En el caso de la comunidad andina de naciones, luego se una serie de reuniones y que se precisaron en la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,
América Latina y el Caribe, celebrada en Guadalajara en mayo de 2004, los países participantes, entre los que se encontraban los andinos, se comprometieron a trabajar por la cohesión social, siendo una primera expresión de ese trabajo en la Comunidad Andina es el
Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) que ya está en marcha, paralelamente a las acciones encaminadas a diseñar una estrategia comunitaria de cohesión social.
A partir del PIDS, se está trabajando en el desarrollo de una estrategia comunitaria de cohesión social, cuyos probables ejes de acción que permita obtener la superación de asimetrías sociales (pobreza, exclusión e inequidad), territoriales al interior de la CAN, superación de la debilidad institucional y del ejercicio de la ciudadanía. Para ello crea el fondo Social Andino y el fondo Humanitario Social. Así como también, se está trabajando en el desarrollo de una estrategia comunitaria de cohesión social, cuyos probables ejes de acción serían los siguientes: Superación de asimetrías sociales (pobreza, exclusión e inequidad); Superación de las grandes asimetrías territoriales al interior de la CAN; Superación de la debilidad institucional y del ejercicio de la ciudadanía; Superación de la discriminación y la conflictividad interétnica; Creación de un Fondo Social Andino; Fondo social y el fondo Humanitario Social
Los términos de la constitución del Fondo serán considerados por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta con los Ministros de Finanzas de los Países Miembros, en su próxima reunión extraordinaria a realizarse en Caracas, en diciembre del presente año.
Paralelamente a ello, se está trabajando en el diseño de un Fondo Social Andino que sería complementario al Fondo Humanitario Social propuesto por el gobierno de Venezuela.
Está próxima a constituirse la Red andina de organizaciones sociales no gubernamentales y entidades académicas en apoyo al PIDS, dispuesta en la Decisión 553 de la CAN, complementaria a la participación de estos actores en los Comités Nacionales del PIDS, dispuesta en la Decisión 601.
Principales características del PIDS
a) El PIDS contiene un conjunto de propuestas, presentadas como perfiles de proyectos, cuyo fundamento son los objetivos de las cumbres sociales de Copenhague y del Milenio. Sin embargo, no atiende adecuadamente a todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (ODM).
Una primera tarea en el camino de contar con una estrategia de cohesión social habrá de ser, por tanto, explicitar todos los objetivos sociales compartidos por los cuatro países andinos a través del proceso de formulación del PIDS, a la vez de completar los que faltarían para cumplir con los compromisos del Milenio.
b) Una segunda característica del PIDS es el enfoque integral para acometer los desafíos de la pobreza, la exclusión y la inequidad social. Parte de la premisa de que esos son fenómenos multi causales y que, por tanto, una estrategia para enfrentarlos no puede sersectorial sino integrada. Es de fundamental importancia, por tanto, que los comités nacionales continúen activos, que se aprovechen adecuadamente las ventajas derivadas de su integración interinstitucional y que participen en ellos los sectores más representativos de la sociedad civil y académica en cada país miembro.
c) Una tercera característica del PIDS, importante de destacar, es que, salvo contadas excepciones, fundamentalmente el Plan Andino de Salud en las Fronteras (PASAFRO) y algunas otras acciones que se definan para zonas fronterizas, sus proyectos no lo son de acción directa. Ello responde al principio de subsidiariedad ya señalado en la DEC 553 como uno de los criterios rectores del PID.
d) En cuarto lugar hay que señalar que la mayor parte de los proyectos del PIDS tienen como propósito, de manera explícita o no, contribuir a la convergencia de las políticas públicas en los ámbitos que toca: el fomento al empleo digno, derechos fundamentales de los trabajadores, la educación y la cultura, la salud y la nutrición, el desarrollo rural, la seguridad alimentaría, la gestión de los recursos hídricos y el aprovechamiento sustentable de los recursos de la biodiversidad, etc.
e) Un quinto aspecto que tiene relación directa con los dos anteriormente señalados, es el proyecto del PIDS para armonizar los indicadores sociales de los cinco países andinos. La elaboración de un sistema integrado de indicadores sociales de la CAN (SIISCAN), se encuentra ya en proceso. Permitirá a los países miembros, además, efectuar el seguimiento comunitario de los ODM y demás objetivos y metas sociales compartidos, con base en indicadores formulados conjuntamente, con criterios comunes y, por tanto, compatibles y comparables entre sí.
f) Otra propuesta del PIDS a destacar por la importancia que reviste es el Programa Andino de Cooperación Técnica Horizontal en políticas sociales, cuyas siglas, PACTHO, simbolizan adecuadamente el potencial que seguramente representa en dirección al fortalecimiento de la integración social de la Comunidad Andina. El PACTHO de alguna manera sintetiza lo que el PIDS propone en su conjunto, al destacar el aprendizaje mutuo, la difusión y el intercambio de experiencias.
g) Por último, es también importante señalar que el PIDS es un instrumento idóneo para instrumentar acciones de cooperación y convergencia en materia social con los demás países miembros de la Comunidad Sudamericana de Naciones actualmente en vías de concreción.
El programa previsto permite que las zonas rurales con enfoque territorial con características disímiles con vocación productiva agraria generen cambios en el nivel de vida a través de la asistencia, capacitación y dotación, crédito e investigación, en sus actividades que vienen desarrollando.
Los entes locales para acceder a estos programas de la comunidad andina deberán contener en sus planes de desarrollo aprobados un programa social que contenga los lineamientos del PIDS, además deberán formular un proyecto justificado y con capacidad de cofinanciación el cuál deberá presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para su tramite nacional y luego ser presentado a la comunidad andina de naciones.
Búsqueda de lo social bajo la perspectiva de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
ALBA, se convierte en el querer de los mandatarios que la componen el ámbito social y en ella consideran que la pobreza, la inequidad y la exclusión social han alcanzado en el hemisferio niveles sin precedentes, afectando el desarrollo y sostenimiento de numerosos países, lo que a su vez se ha traducido en incremento de los niveles de desnutrición, analfabetismo, propagación de enfermedades y en general, de un deterioro económico, social y moral de nuestras sociedades.
Teniendo en consideración que los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM), los mandatarios se comprometen a realizar los máximos esfuerzos para alcanzar las metas propuestas de reducción de la pobreza. La desigualdad social constituye en un tema álgido, en este momento y para este tiempo, es por lo que los países miembros declaran alcanzar el desarrollo social significa que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de obtener la mayor suma de felicidad posible; consideraciones que los llevan a adoptar el compromiso de hacer valer el conjunto de Deberes y Derechos que conforman esta.
Uno de los aspectos importantes que persigue el ALBA, es poder irradiar integración no sólo en lo económico, sino promover los social, es por ello, que deciden buscar, desde esa perspectiva, la cohesión social, a través de la integración, aunque, en éstos momentos tan sólo ausculta el pensar y algunas acciones de manera independiente, por parte de países que buscan irradiar estrategias para disminuir la pobreza, como principio rector de la alternativa.
Este proceso de integración está dirigido por una serie de principios rectores en lo social, forma de tratar de exponer el ideario que guía este proceso de integración, uno de ellos va dirigido a la propuesta de atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, todas las personas tienen derecho a recibir protección integral del Estado, especialmente quienes que se encuentren en las siguientes situaciones: Tercera edad, · Con discapacidad, Desempleo, Orfandad, Desplazamiento forzado, Violencia, Hambre.
Cooperación financiera internacional
La Corporación Andina de Fomento (CAF), El banco Centroamericano y del Caribe (BCEI), y EL Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). Estas Instituciones fueron creadas en los años sesenta con el propósito de respaldar los procesos de integración subregional correspondiente y prestan esencial servicio al los países pequeños y medianos de la región. La Corporación Andina de Fomento es una entidad única por estar constituida exclusivamente por países en desarrollo.
PRODUCTOS Y SERVICIOS CAF
Son diversos los campos de acción de la CAF, y en los últimos años se ha preocupado por el desarrollo de las regiones con líneas de financiamiento que permita el fortalecimiento de las instituciones locales, buscando la integración de los países y el desarrollo sostenible de los estados desde lo endógeno municipal.
En el transcurso de la gestión 2006, ¨las aprobaciones totales a favor de Colombia alcanzaron un monto de ¨US$ 1.001 millones, cifra que representa un 18% del total del año, mientras que los desembolsos ascendieron a US$ 654 millones (22% del total). Al cierre del ejercicio, la cartera total del país fue de US$ 1.703 millones, equivalentes a un 19% del total.
Del conjunto de operaciones aprobadas, US$ 458 millones se destinaron a aquéllas con riesgo soberano, a fin de contribuir con la dotación del servicio de agua y alcantarillado en varias entidades territoriales, así como a la estabilidad macroeconómica, otorgando prioritaria atención a importantes reformas en el ámbito de gestión de pasivos públicos que ejecuta actualmente la Nación. Asimismo, se asignaron recursos para favorecer iniciativas de inversión con riesgo no soberano por US$ 542 millones que se destinaron hacia el desarrollo social, destacando la atención al desarrollo de la infraestructura relacionada con la mejora de la cobertura de servicios públicos del país, así como a la pequeña y mediana empresa a través del sistema financiero para favorecer la producción exportable y la generación de energía.
La cultura es una preocupación bastante importante para la entidad financiera comunitaria CAF, en especial algunos municipios y lugares que tienen inconvenientes de identidad cultural y problemas sociales, en drogadicción y bandas delincuenciales como el caso de ciudad Bolívar, el distrito de
Agua Blanca y la comuna nororiental de Medellín, donde el proyecto permite atender estas necesidades en un espacio de recuperación del tiempo libre a jóvenes.
Cooperación multilateral
En este tipo de cooperación las fuentes multilaterales son los organismos internacionales en los cuales participan varios países con intereses determinados de carácter político, regional o sectorial. Estos organismos multilaterales otorgan o ejecutan cooperación con sus propios recursos o con fondos entregados por los países miembros para programas concretos.
La base para acceder a todos los programas que ofrece los diferentes países y sus organizaciones, es tener la voluntad de conseguir recursos de ellos, por otra parte contar con una dependencia encargada de elaborar y presentar de proyectos de las municipalidades o de lo contrario acceder a los organismos departamentales o nacionales para su apoyo, pero lo más importante es incluir en su plan de desarrollo partidas presupuéstales que cofinancien dichos proyecto y se presenten ante los diferentes Ministerios que son los entes encargados de proponerlos en su conjunto.
Un organismo que se ha preocupado durante muchos años por la cooperación internacional es el Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN), por ello me permito referirme sin desconocer los anteriores que han servido en muchos programas como el campo de la educación donde han aportado recursos a sectores desprotegidos y de extrema pobreza, con el programa de Mejoramiento de la Calidad de Vida y Pertenencia educativa para poblaciones diversas y en Condición de Vulnerabilidad propiciado por ACNUR, con un monto de ciento noventa millones de pesos, con aplicabilidad en varias localidades del choco y de Nariño, entre otros municipios.
El Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN) es un grupo de 15 países donadores bilaterales similares que tienen un interés común en el intercambio de informaciones y experiencias en la evaluación de la eficacia de organizaciones multilaterales. Cada año, MOPAN realiza un estudio de percepción de tres organizaciones multilaterales. En 2008, el estudio se llevó a cabo en diez países para examinar el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, el Banco Mundial y, por primera vez, la Comisión Europea.
Siendo los miembros del MOPAN son: Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Países Bajos, Noruega, Austria, Suecia y Suiza. Nuevos miembros del MOPAN desde diciembre de 2008 son Australia, Alemania, la República de Corea y España.
La COSUDE es responsable de la cooperación de Suiza con las instituciones del sistema de Naciones Unidas encargadas de actividades de desarrollo. Junto al Secretariado de Estado para la Economía (SECO) y la Administración Federal de las Finanzas (AFF), defienden la posición de Suiza en el seno de las instituciones financieras internacionales.
Las delegaciones suizas pueden participar en la definición de las actividades de estas instituciones ejerciendo su derecho de voto o de elección y pronunciándose en el seno de sus órganos de dirección o de control.
La cooperación bilateral de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) al desarrollo de los países del Sur tiene como objetivo establecer las bases materiales y humanas para generar dinámicas autónomas de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la naturaleza de esta cooperación es subsidiaria y se basa en un trabajo a largo plazo, además de dar apoyo a proyectos, servicio que se viene prestando desde sus inicios, con la cooperación también se pretenden fomentar cada vez más las condiciones generales para el desarrollo de los países del Sur.
Adicionalmente, el alto riesgo de desastres naturales en Colombia motiva a COSUDE a poner mayor énfasis en la gestión de estos riesgos, es decir en aspectos de prevención y de preparación.
Otras opciones
Redes de Ciudades
Las ciudades, como actores subnacionales, encuentran una nueva realidad de integración en la cual pueden desarrollar sus potencialidades, estableciendo a partir de la participación y asociación en redes la posibilidad de alcanzar nuevos objetivos y dar respuesta a problemáticas específicas dadas.
La cooperación, no es fin en sí mismo, sino un medio para la consecución de otros objetivos superiores. Sin lugar a dudas, las ciudades recurren a la opción de política internacional de cooperación e integración en la búsqueda de dar respuestas a necesidades y problemáticas no resueltas por el accionar de los Estados nacional y provincial.
Las oportunidades que provienen de la cooperación de las redes de ciudades permiten satisfacer los requerimientos de desarrollo local a través de soluciones compartidas, coordinadas y consensuadas para prevenir, enfrentar y combatir problemas considerados comunes.
Es por ello que las "organizaciones de ciudades", no son reconocidas y aceptadas bajo el como sujeto de Derecho Internacional Público, toda vez que las únicas organizaciones que poseen personalidad jurídica internacional son las conformadas por los Estados-Nación (también llamadas gubernamentales).
Se pude precisar algunos casos en América: Los sistemas federales de Argentina, Brasil y Venezuela presenta importantes diferencias en el reconocimiento de los actos internacionales firmados por las unidades subestatales. En tanto que Argentina y Brasil favorecerían la actuación de los gobiernos subnacionales (Brasil con un procedimiento más rígido de previa aprobación por el Senado Federal); Venezuela no reconocería ciertos márgenes de actuación internacional para sus unidades subástateles.
Quizás no sea tan directa la consecución de recursos que centra el estudio, pero esta opción podrá ofrecer nuevos horizontes a los gobernantes de los entes locales, en un nuevo escenario de red, que si se aprovecha puede obtener ingresos para su territorio, dependiendo de las acciones que emprendan podrán beneficiarse los diferentes actores que la componen.
Razón por la cual se deja planteado y con la esperanza que los administradores públicos la acepten.
Contribución por Valorización y Plusvalía
Esta fuente de financiamiento de origen en el decreto 1604 de 1966, que toma un viraje para los entes locales debido al fallo C-115de 2003, dejando en permanencia la ley 48 de 1968, donde precisa que el establecimiento, la distribución y de la contribución de valorización se hará por la respectiva entidad del orden nacional, departamental y municipal que ejecute las obras y el ingreso se destinará a las misma obras u obras de interés público que proyecte la entidad correspondiente.
En lo pertinente a la plusvalía es la obligación que tiene el propietario o poseedor de un inmueble de pagar un porcentaje del mayor precio que adquiere el bien por las acciones urbanísticas que realiza el municipio y que incrementan su aprovechamiento. La legalidad 128 de dicha fuente lo establece la constitución del 91 donde contempló la participación de las entidades públicas en la plusvalía regulada por la Ley 388 de 1997.
Corresponde a los Concejos Municipales y Distritales fijar mediante acuerdo la participación en sus respectivos territorios. Son muy pocos los municipios que a la fecha han adoptado este sistema como una fuente adicional de ingresos que le permitan mejorar sus finanzas. Con excepción de Bogotá que ha registrado importantes recaudos, los demás municipios y distritos colombianos aún no han desarrollado esta importante fuente de ingresos.
Estas dos herramientas, que la normatividad les ofrece, su dinamismo muy escaso. El distrito capital, es un ejemplo de aplicabilidad, siguiendo, Medellín, Cali, Neiva, Ibagué, Barranquilla, otras capitales de departamentos empiezan a su implementación para atender sus programa de infraestructura muy requeridos para atenderlos en un mundo cada vez más globalizado.
Estrategias para el mejoramiento de las Finanzas Públicas Locales.
Las estrategias a implementar dependerán del grado de aplicabilidad de cada uno de los actores que componen el mundo administrativo local, desde una perspectiva de desarrollo del ente aceptando coherencia única de los agentes que participan en dichas decisiones por medio de los entes administradores públicos destinados a garantizar los recursos éstos servirán aún más al dinamismo de un país en coordinación con el sector privado y las fuerzas vivas, en busca de garantizar la eficiencia y eficacia de los recursos que se puedan obtener.
Las opciones planteadas ofrecen un nuevo horizonte para el administrar público, bajo su capacidad de acción de combinarlas con los actuales modelos financieros aplicados, para garantizar las fuentes requeridas para el cumplimiento de planes de desarrollo, herramienta importante en el nuevo papel local en un ámbito nacional e internacional.
Constituciones latinoamericanas
EN BRASIL
Según el Artículo 239. El objetivo de la recaudación de las contribuciones al Programa de Integración Social, establecido por la Ley Complementaria N º 7, 7 de septiembre de 1970, y el Programa de Capacitación para el Patrimonio de servicio público, modificado por la Ley Complementaria N º 8 de 3 de diciembre de 1970, que asegura que a partir de la promulgación de esta Constitución, que se financiarán en virtud de la cual la ley exige, el programa de seguro de desempleo, y subsidios a que se refiere el apartado 3.
Los párrafos del antes mencionado, dictaminan que los recursos a destinar para financiar a los programas para el desarrollo económico, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, en busca de la equidad y dichas fuentes deben estar en un rango de por lo menos un 45% bajo el precepto Constitucional de 1988, le entrega la competencia a los entes locales con la capacidad de recaudo y propiedad de tributos e ingresos, para financiar los diferentes programas (Art. 30), mediante los programas de inversión plurianuales.
EN ECUADOR
La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento en los últimos años, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009, a pesar de no tener moneda propia. A partir de 2007 se dio un cambio de timón en la política económica, pagando toda la deuda con el FMI y alejándose de sus imposiciones que limitaban el gasto público en el país. Era tal la sumisión a este organismo que tenía un piso entero dentro del Banco Central del Ecuador, desde donde monitoreaba la economía nacional, y ni siquiera pagaba arriendo.
La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.
EN EL SALVADOR
El Consejo de Ministros, también denominado Gabinete de Gobierno, es el órgano estatal que está constituido por el Presidente y Vicepresidente de la República, y los Ministros de Estado, conforme al artículo 166 de la Constitución del país.
En El Salvador, el poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, elegido por voto popular, para un mandato de cinco años. Conforme al artículo 159 de la Constitución salvadoreña, para llevar a cabo la gestión de los negocios públicos, el presidente ha de crear las Secretarías de Estado, en el número que sean necesarias. Cada Secretaría debe estar a cargo de un Ministro y de uno o varios Viceministros
Para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los Municipios, se creará un fondo para el desarrollo económico y social de los mismos.
Los Concejos Municipales administrarán el patrimonio de sus Municipios y rendirán cuenta circunstanciada y documentada de su administración a la Corte de Cuentas de la República. La ejecución del Presupuesto será fiscalizada a posteriori por la Corte de Cuentas de la República, de acuerdo a la ley.
EN GUATEMALA
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) pertenece al Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo de Guatemala, el cual es de creación constitucional. Está entidad reúne a varios representantes de los distintos sectores de la población y de los Consejos Regionales de Desarrollo, en donde, se representa la participación de la población en general, es decir, tanto social como económicamente. Entre Sus funciones están:
1. Formular políticas de desarrollo urbano y rural y ordenamiento territorial.
2. Promover sistemática mente tanto la descentralización de la administración pública como la coordinación interinstitucional.
3. Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo, en especial de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural y velar por el cumplimiento de sus cometidos.
4. Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral de la Nación.
EN HONDURAS
Se ha caracterizado por ser una país republicana, democrático, y representativo, y está dividido en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El organismo ejecutivo está a cargo del presidente de la república, el vicepresidente y Asesora al presidente un gabinete de secretarios (ministros).
El ejecutivo ejecuta lo que el congreso decreta. Es decir, el poder ejecutivo cumple lo que el pueblo decide a través del congreso. Si el congreso, como representante legítimo del pueblo, decidió que el presidente no debería serlo más, entonces el pueblo decidió que el presidente no debería serlo más.Y el presidente en primer lugar, como encargado del poder ejecutivo, tiene que acatar esa decisión soberana.
El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación adecuada. La ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas.
EN MEXICO
Actualmente, el gobierno de México se encarga de hacer las leyes y vigilar que se cumplan, además de garantizar la libertad y la seguridad de todas las personas que viven su territorio. Pero México no siempre ha tenido la misma forma de gobierno, pues ésta ha cambiado a lo largo de su historia.
El poder ejecutivo es independiente del legislativo y es dirigido por el Presidente, aconsejado por el gabinete de ministros, a los cuales se les llama oficialmente secretarios de Estado. El poder legislativo recae en el Congreso de la Unión, un cuerpo legislativo bicameral compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El poder judicial se encarga de la judicatura, conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, así como por los Juzgados de distrito.
Claramente en el código electoral de México, establece que solo los partidos políticos pueden presentar el registro de las candidaturas a nivel municipal, estatal y federal; excluyendo por completo las candidaturas ciudadanas independientes; aunado a que no existen representantes de distritos o barrios municipales electos por votación.
La ley alentara y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta constitución.
La ley facultara al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinara los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades176federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
EN PANAMÁ
La intervención del Estado puede ser orientativa, en el sentido que incentiva a la economía privada, para que ésta realice determinadas acciones. La acción del sector público sobre la economía puede tomar la forma de regulación de los distintos procesos económicos, mediante la actividad legislativa conforme el marco institucional dentro del que se desarrolla la producción, el comercio y las finanzas o mediante la manipulación y control de las variables económicas significativas que guían la iniciativa privada, a través de la política fiscal, monetaria o comercial. Así mismo, la intervención estatal puede realizarse a través de la intervención directa del sector público en la actividad económica.
A lo largo la historia moderna el papel del Estado ha sido de diversas maneras:
Se desarrollaba el papel del Estado como gerente social de la igualdad de oportunidades, creando la estructura económica de una sociedad de bienestar que proporciona educación, sanidad y protección, mediante la generación de los subsidios y pensiones a todos los ciudadanos.
El Estado interviene en la economía para corregir situaciones de crisis originadas por la expansión de la gran industria en el siglo XIX.
Así como ha jugado diversos papeles, también ha tenido diversos objetivos, algunos de estos han sido:
La intervención del Estado tiene como finalidad aumentar el gasto público e incrementar los impuestos en una cantidad igual, es decir; sin crear un déficit público, sin aumentar la deuda pública y al mismo tiempo, generando un efecto positivo sobre el producto y el empleo. En una situación de elevado desempleo, la política económica es capaz de reactivar la producción y el empleo manteniendo finanzas públicas "sanas".
Fortalecimiento del Estado mediante las nacionalizaciones y expropiaciones de empresas; lo cual dio comienzo a la formación del sector público en los sectores claves de la economía.
El Estado debe poner orden en la economía, reorientar las políticas y adoptar medidas para reactivar las economías, salvaguardando el interés y la seguridad nacional.
EN REPÚBLICA DOMINICANA
La República Dominicana es un país en vías de desarrollo de ingreso medio, dependiendo, principalmente, de la agricultura, comercio, servicios y el turismo. Aunque el sector servicios ha sobrepasado a la agricultura como el principal proveedor de empleos (debido, sobre todo, al auge y crecimiento del turismo y las Zonas Francas), la agricultura todavía se mantiene como el sector más importante en términos de consumo doméstico y está en segundo lugar (detrás de la minería) en términos de exportación.
Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza, así como la difusión en el mismo de la cultura y la tradición religiosa del pueblo dominicano.
EN URUGUAY
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto o OPP de Uruguay es una dependencia de la Presidencia de la República encargada de asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes, programas y políticas nacionales y departamentales así como también en la definición de la estrategia económica y social del Gobierno.
El Director deberá reunir las condiciones necesarias para ser Ministro y ser persona de reconocida competencia en la materia. Su cargo será de particular confianza del Presidente de la República.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto se comunicará directamente con los Ministerios y Organismos Públicos para el cumplimiento de sus funciones. Formará Comisiones Sectoriales en las que deberán estar representados los trabajadores y las empresas públicas y privadas.
EN VENEZUELA
En la actualidad, en Venezuela se difunde por algunos medios masivos que el Estado "desea convertirse en empresario para desplazar y destruir al sector privado del país en sus funciones dentro del aparato productivo nacional", y esto es, según algunos "expertos", la razón de las medidas de control cambiario y de precios adoptadas por el Gobierno Bolivariano. Sin embargo, no se hace ninguna observancia al efecto dinamizador promovido por el Estado venezolano representado en el Ejecutivo nacional al sector de las pequeñas y medianas industrias (Pymis) a través de las compras gubernamentales; de la inserción de las comunidades organizadas en las actividades productivas mediante las cooperativas; de los convenios binacionales pautados con Colombia y Brasil; de la reactivación de la construcción; del desarrollo de varias vías ferroviarias (únicas en Latinoamérica); entre otras.
El Estado venezolano de hoy, signado por valores bolivarianos de integración, solidaridad e igualdad, no pretende destruir el aparato productivo nacional privado, por el contrario fomenta la capacidad productiva desde perspectivas integrales y sociales, tales como la del desarrollo establecida en la Constitución.
El Gobierno Bolivariano respetuoso de la libertad económica, persigue disminuir los desequilibrios y desigualdades existentes dentro de su población, para arribar a mejores niveles de bienestar social general.
Por ello, Venezuela, bajo la concepción bolivariana, pretende sustentarse en un desarrollo endógeno, que potencie cada una de las capacidades del país, generando soluciones para mejorar la calidad de vida de su población, sin desprenderse del entorno internacional y así constituir unidades internas de producción generadoras de empleo, bienes y servicios en función de la sociedad. Por ejemplo, recientemente Venalum y CVG iniciaron varios proyectos de desarrollo endógeno contando con la participación activa de la comunidad.
El Estado venezolano cumple un rol esencial al contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los venezolanos (as), además de regular el funcionamiento de un mercado que no corresponde a la transparencia en su funcionamiento, puesto que todos los agentes económicos no tienen el mismo peso dentro de la estructura productiva, lo cual se hace claro ante la influencia de las grandes comercializadoras que son intermediarias entre los productores primarios y los consumidores finales.
Lo que busca el Estado venezolano es, al igual que otros a nivel mundial, procurar las condiciones idóneas para que en su debido momento la economía y la sociedad en general estén preparadas para determinados cambios, principalmente los que imperan a escala planetaria (competitividad, liberalización amplia de mercados de capitales, bienes y servicios). De otra forma aumentaría la desigualdad y por ende de la pobreza.
EN BOLIVIA
El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.
La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo.
Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas.
El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.
EN PERU
Hoy en día el Estado, en cumplimiento de su deber de velar por el bien común y lograr una distribución equitativa de la riqueza, debe intervenir en la economía. Esto lo hace de diversas maneras, ya sea a través del desarrollo de la política económica, desarrollando directamente alguna actividad económica por sí mismo o a través de sus empresas o bien, regulando determinadas actividades económicas que por su importancia para las personas, deben estar reguladas para evitar abusos y mejorar su funcionamiento.
De esta manera el Estado cumple variados roles en la economía, como regular el funcionamiento del sistema económico nacional y fiscalizar el cumplimiento de las normas que aseguran que el mercado sea abierto, informado y competitivo.
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
EN COLOMBIA
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno.
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los miembros del Consejo Nacional serán destinados por el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades.
La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión en las condiciones que ella determine. Los respectivos presupuestos en cada país son preparados por los diferentes órganos del estado ejecutivo y sometido a los entes legislativos para su aprobación, según sus normas presupuéstales que indican la manera como se ejecutar los planes de desarrollo mediante el instrumento denominados presupuestos.
Autores:
GUTIERREZ JESSY
ORTA NOSLEN
RONDÓN RAFAEL
BLANCO NELSON
LEZAMA ELENNY
VIAMONTE ERIKA
PROFESOR: MSc. Ing. Iván Turmero
CIUDAD GUAYANA, JULIO DE 2.013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA FINANCIERA
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