Esta es la más reciente de varias leyes de amplio alcance aprobadas por el actual Congreso estadounidense. De todos modos, la reforma financiera, la ley de estímulo de 2009 y la reestructuración del sistema de salud de este año -grandes logros legislativos se mire por donde se mire- no se han traducido en respaldo para la Casa Blanca. Los índices de aprobación de la gestión de Obama han caído a sus niveles más bajos en algunas encuestas en medio de un sombrío panorama económico y crecientes dudas sobre la efectividad de sus políticas económicas.
– Cambio de reglas en Wall Street (El País – 18/7/10)
La reforma de "lo posible" deja muchos insatisfechos y problemas sin resolver
(Por Sandro Pozzi) Lectura recomendada
"No más Lehman Brothers, no más AIG", cantaba a los cuatro vientos Timothy Geithner en un intento por dar con los votos que necesitaba para sacar adelante en el Senado las nuevas reglas que gobernarán Wall Street. Pero era, sobre todo, un golpe de mesa del responsable del Tesoro de Estados Unidos ante las críticas por cómo quedó la versión final de la reforma financiera. Unos, los conservadores, porque va demasiado lejos. Otros, a la izquierda, por las omisiones. ¿Pero servirá para acabar con los excesos que llevaron a la crisis?
El presidente Barack Obama no quería que llegara el segundo aniversario del terremoto financiero sin reglas que eviten una quiebra caótica como la de Lehman, que forzó a las autoridades públicas -Tesoro, Reserva Federal (Fed) y Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC)- a inyectar 11,5 billones de dólares en el sistema para evitar que cayera por el precipicio, saliendo al rescate de colosos como la aseguradora AIG, los conglomerados Bank of America y
Citigroup o las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.
Tras un año de negociación, la reforma salió adelante el jueves. Se vende como el mayor cambio en la estructura de supervisión desde la Gran Depresión. Geithner la resume en una frase, en la que afirma que la nueva legislación "restringirá la asunción de riesgos, limitará el nivel de apalancamiento de las entidades y forzará requerimientos de capital y de liquidez mucho más conservadores, para que las entidades sean mucho menos vulnerables frente a los errores, muchos más capaces de soportar los choques".
Es decir, en sus palabras, se atacará al "imprudente". La firma Deloitte lo condensa en la información remitida a sus clientes en dos objetivos relativamente simples. El primero, rebajar el riesgo en el sistema financiero, limitando las actividades de riesgo en las que se embarcan las firmas individuales y ampliando el abanico de organizaciones que estarán bajo el control de la red de supervisión. Segundo, reforzar la protección del consumidor.
En la práctica, esto se traduce en que los reguladores tendrán más margen de maniobra para poner fin a comisiones abusivas en las tarjetas de crédito hasta desmantelar un banco cuya situación financiera ponga en riesgo al conjunto de la economía. Y al arrojar luz en las esquinas más oscuras de mercados como los derivados, en última instancia afectará al precio de la gasolina o la leche.
Estos son, en síntesis, los puntos principales de una reforma en la que la Casa Blanca promete que "remodelará" la manera en la que se hace negocio en Wall Street y "redefinirá" el papel de los reguladores, para que el público confíe en el sistema y se sienten las bases "para el crecimiento económico y la creación de empleo". Eso sí, una reforma de 2.323 páginas con las debidas concesiones para que la gran banca se adapte sin sobresaltos:
– Protección del consumidor: se crea en el seno de la Reserva Federal una agencia con la autoridad y la independencia necesarias para asegurar que el consumidor reciba una información clara y veraz sobre los términos asociados a productos financieros como hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos a estudiantes. Se trata de evitar abusos y costes ocultos. Excluye los relacionados con la automoción.
– Alerta temprana: el Tesoro de Estados Unidos formará un consejo que identificará los riesgos potenciales al sistema que pueden amenazar la economía. Con el secretario del Tesoro presidiendo, estará integrado por los 10 reguladores del sistema financiero (entre ellos la Fed, la FDIC y la SEC), un experto independiente en seguros y cinco representantes de la industria financiera.
– El gran vigilante: la Fed conservará la autoridad de supervisión sobre la gran banca y tendrá voz ante las miles de pequeñas firmas financieras locales (community banks). El Congreso de Estados Unidos realizará una única auditoría relativa a los programas de emergencia activados durante la crisis. El sector financiero ya no podrá elegir a los presidentes de los bancos regionales que integran la Fed.
– Liquidación ordenada: se establece un mecanismo que permitirá a la FDIC desmantelar entidades problemáticas. Es el fin del principio "demasiado grande para quebrar", para evitar que el contribuyente pague rescates como el de AIG. Para no llegar a ese extremo, y limitar el tamaño de las entidades, se imponen requisitos más estrictos de capital y un mayor colchón de liquidez. Las grandes firmas someterán un "plan de su funeral" que marque una hoja de ruta para el caso en que deba ser intervenida.
– Productos exóticos: los bancos deberán escindir en filiales algunos de sus negocios más rentables y de más riesgo en el mercado de los derivados, como los que tumbaron a AIG. Para dar transparencia, la mayoría de estos productos -incluidos los seguros de impago de deuda (CDS)- se negociarán en cámaras de compensación centralizadas o en mercados organizados bajo la supervisión de la CFTC (regulador de futuros).
– La Regla Volcker: la legislación restringe que los bancos inviertan sus recursos propios en operaciones especulativas a través de fondos de alto riesgo (hedge funds) y firmas de capital riesgo (private equity). Esas inversiones estarán limitadas al 3% de sus fondos propios (Tier 1). No podrán negociar por cuenta propia con los depósitos, salvo que lo hagan en nombre de sus clientes.
– Agencias de calificación: los árbitros del riesgo se someterán a un mayor control del regulador del mercado de acciones (SEC), que a su vez ve ampliado su papel con autoridad sobre los hedge funds y los private equity. Se les da mandato para elaborar un estudio sobre posibles conflictos de interés, lo que podría llevar en el futuro a reforzar la supervisión.
– Accionistas: la legislación da más voz entre bastidores a los inversores, al facilitar al pequeño accionista la nominación de representantes en los consejos de administración de las entidades. También podrán pronunciarse sobre las remuneraciones a ejecutivos y empleados de las firmas financieras, aunque, en este caso, el voto del accionista no será vinculante.
El presidente Barack Obama ya dijo antes de que se produjera el voto final en el Senado que estas medidas "pondrán fin a la era de irresponsabilidad que llevó a perder ocho millones de empleos y billones de dólares en riqueza". La reforma, uno de los pilares de su primer mandato, "es buena para las familias, es buena para los negocios, es buena para el conjunto la economía".
Básicamente, la mayor transformación tendrá lugar entre los supervisores. La estructura reguladora creada en la legislación ayudará a las agencias a detectar y esquivar potenciales crisis, como la que se le escapó a la Reserva Federal con el colapso del mercado hipotecario. Y en el caso de que fracasaran, contarán con los instrumentos legales para responder cuando comience.
Harry Reid, líder de los demócratas en la Cámara, explica que el objetivo último es "asegurarnos de que los grandes bancos no juegan con nuestro futuro". O dicho con palabras que llegan mejor al electorado de Nevada (que debe decidir en noviembre si Reid les seguirá representando en Washington), la reforma "va a limpiar Wall Street" y "arreglar el sistema que causó la recesión". "Se acabó este casino que les enriqueció", afirma.
¿Compra el público el mensaje? Una reciente encuesta de Bloomberg reveló que cuatro de cada cinco estadounidenses mostró poca o nada de confianza en la reforma. Es más, opinan que está diseñada más para ayudar a la industria financiera que a la gente de la calle, la denominada Main Street. Es lo que piensa también el senador Tom Coburn. Y para ello se remite a una afirmación del consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en la que dijo que "el gran beneficiario de la reforma es el propio Wall Street".
En este sentido, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, cree sospechoso "que los grandes bancos apoyen la legislación y que no guste a los pequeños ni al público". Es más, considera que la Casa Blanca y sus aliados demócratas en el Capitolio están fracasando con esta legislación a la hora de atajar las causas reales de la crisis financiera, y lo que consiguen en su lugar es "crear más burocracia".
Más allá de la retórica política, Brian Bethune, economista de IHS Global Insight, cree que la reforma "afronta importantes puntos de vulnerabilidad" en la estructura financiera actual que actuaron como detonante de la crisis. El más destacado, opina, son las medidas para limitar la especulación en los derivados y que se someta a las agencias de calificación a un mayor control. Pero sobre todo, valora el mecanismo para liquidar entidades sistémicas.
Simon Johnson, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), cree que el paquete legislativo diseñado por Barney Frank y Christopher Dodd va a conseguir un cambio fundamental en la forma de operar de la banca, equiparable al que hace 120 años se logró con la Ley Sherman de Antimonopolios, por la que se constriñó por primera vez el poder que debían tener las grandes corporaciones en el mundo de los negocios.
Sin embargo, lo bueno y lo malo de la reforma dependen de la perspectiva desde la que se examinen los detalles de la legislación. Hasta el propio Paul Volcker, ex presidente de la Fed y asesor de Barack Obama, le pone un "suficiente raspado". El enfado de Volcker tiene lógica, porque se diluye la iniciativa que lleva su nombre para evitar que los bancos especulen con el dinero de sus clientes. Están también los que la califican de inadecuada e irrelevante por las omisiones.
En la recta final de la negociación cayó el impuesto a la banca y los grandes hedge funds, con el que la Casa Blanca esperaba recaudar 19.000 millones de dólares en 10 años para financiar la liquidación ordenada de las entidades en apuros. Fue el peaje que pagaron los demócratas para conseguir el voto de tres republicanos. A cambio, la FDIC elevará la prima de seguro a la banca y se liquidará el fondo de rescate bancario (TARP).
Russ Feingold fue el demócrata que más se opuso a la reforma, porque dice que no es lo suficientemente progresista. Las nuevas reglas son tan tímidas, añade, que teme que haga más daño que beneficio. Su argumento es que no habrá un cambio mayor en la estructura de Wall Street, salvo por las exigencias de la Regla Volcker, y eso podría permitir a los más grandes hacerse con más poder, a pesar de los límites que se imponen.
Se mire como se mire, lo cierto es que la legislación no es tan dura como la vendió hace un año la Administración de Obama a la hora de levantar ese muro que proteja a Main Street de los excesos en Wall Street. Los bancos contarán con un amplio margen de tiempo para adaptar sus modelos y podrán mantener buena parte de las operaciones con derivados, como seguir contratando coberturas de divisas y permutas de tipos de cambio.
Y está por ver, además, cómo reaccionarán Goldman Sachs y Morgan Stanley, a los que se animó a que se transformaran en holdings para acercarlos más a la banca comercial y darles acceso a los fondos de rescate. Ahora podrían plantearse volver al estatus de banca de inversión para evitar, precisamente, las restricciones. Los grandes perdedores serán los grandes supermercados financieros como JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup.
Como explica Deloitte, el impacto se notará en toda la industria de los servicios financieros, no solo en la bancaria. Pero, en concreto, en las firmas que, como las antes citadas, tengan que separar las operaciones más arriesgadas. Y apuntan que los nuevos requisitos de liquidez conllevarán un margen de beneficio menor en el futuro de las actividades especulativas que ahora son más rentables.
Pero el área más importante a la que no hace frente esta reforma es la referida al sistema hipotecario, y en concreto, las firmas semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac, que incentivaron a los bancos a ofrecer préstamos a gente que no se los podía permitir. Es uno de los puntos que destaca el FMI en su análisis de la economía estadounidense. Un sistema que considera "costoso, ineficiente y complejo" y que ha demostrado ser "insostenible".
El senador republicano Judd Gredd, otro de los miembros más activos durante la negociación, también insiste en este punto como uno de los aspectos más "negativos" de la reforma, porque dice que se "está fracasando a la hora de afrontar un problema que explica gran parte de lo sucedido en el pasado y que seguiremos teniendo en el futuro". El Tesoro admite que es necesaria una reforma de Fannie y Freddie, pero no en este momento.
Más allá de estas omisiones, el Fondo considera que en términos generales la reforma pactada en EEUU es un paso "mayor" en la buena dirección, que corregirá algunas de las "lagunas" que destapó la crisis en la regulación y en la supervisión. Sin embargo, también cree que "se pierde la oportunidad" para reducir el número de agencias actuales. El reto está ahora, añade, en aplicarla sin que "limite" el crédito, "para no minar el repunte".
Y eso es lo que temen en el mundo de los negocios. No es tanto el contenido de la legislación, sino el momento en el que empiezan aplicarse las nuevas reglas en el sistema financiero y el impacto que tendrán en una economía muy débil, donde el crédito a las pequeñas y medianas empresas y las familias brilla por su ausencia. Y también por su efecto combinado con otras de las legislaciones bandera de la Administración de Obama, como la de la reforma sanitaria o la futura normativa energética.
La Business Roundtable -asociación que agrupa a los principales ejecutivos de las mayores corporaciones- teme que esta triple batería legislativa cree aún más incertidumbre y desanime a las empresas a contratar. Desde la Cámara de Comercio, su presidente, Bruce Josten, cree que el gran problema es que nadie entiende realmente cómo las nuevas reglas cambiarán el juego. Eso hará "que el capital se mantenga al margen durante años", dice. "Menos capital disponible y más caro", indica el republicano Robert Corker.
Timothy Geithner dejó constancia de que la Administración de Obama tiene claro que "se necesitan bancos que asuman riesgos para que los negocios crezcan y sean prósperos". Pero también dijo que corresponde al Gobierno asegurar "que esos riesgos no amenacen la salud de la economía en su conjunto". Y en este sentido insiste en que la reforma "ayudará a que los bancos sirvan a las necesidades de sus clientes, no para tomar ventaja de ellos".
Otra de las dudas concierne al peso de Wall Street como centro de negocios si los socios del G-20 no imponen reglas similares. Los analistas de IHS Global Insight no creen que la reforma vaya a suponer una seria desventaja competitiva para las grandes firmas estadounidenses en el mercado financiero global, porque "al final se impuso un hilo de sentido común, algo que fue difícil de detectar al inicio de la negociación".
Lo que preocupa a Judd Gregg y a algunos analistas es que para evitar todas estas restricciones, como en los derivados o las operaciones con recursos propios, los grandes bancos con presencia internacional "hagan estas actividades restringidas en el extranjero". Eso, añade, supone una desventaja competitiva para las firmas más pequeñas que concentran su negocio en EEUU y limitará el acceso de los estadounidenses al crédito.
A pesar del rechazo casi frontal de los republicanos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el paquete final que esta semana será firmado por Barack Obama incluye enmiendas propuestas por el ala conservadora, orientadas a proteger las pequeñas entidades. Pero Richard Shelby, el negociador en la oposición, opina que "esto no es una reforma real". "Es ineficiente, anticompetitiva y amplía la burocracia", dice.
Christopher Dodd admite que "no es perfecta". Y explica que tuvo "que anteponer lo posible a lo deseable". Para el demócrata, lo esencial es que se crea una arquitectura, con una nueva generación de reguladores, con instrumentos "que minimizarán los riesgos". "No se puede legislar la integridad, pero sí se pueden crear los mecanismos para protegernos y que nunca más pasemos por lo que hemos pasado durante los últimos dos años".
Su compañero de filas Byron Dorgan destacó que se trata de un punto de partida, "no de un punto final". De hecho, ahora arranca otra fase en la que legisladores y supervisores deben transformar las miles de páginas en regulaciones específicas. La labor de lobby de Wall Street se espera intensa en este proceso, que puede durar entre 12 y 18 meses. Se trata de entender lo que significa la legislación y de limar asperezas que puedan ser contraproducentes.
Ese esfuerzo por llevar la reforma del papel a la realidad, como dicen los analistas, es una labor titánica. Y ponen como ejemplo de la dificultad la nueva oficina de protección del consumidor, que, según la legislación adoptada, debe estar funcionando en un año. ¿Cómo se define su autonomía cuando va estar integrada en la Reserva Federal y financiada con sus recursos? ¿Y a quién deberá designar el presidente para dirigirla?
Otro ejemplo es el desmantelamiento de la Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS, por sus siglas en inglés), cuyas responsabilidades serán integradas en el Controlador de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés). Solo fundir las dos plantillas es todo un reto. Pero, sobre todo, será interesante ver cómo se define su nueva misión sin que eso cree duplicidades con el trabajo que hará la SEC y con el nuevo consejo de riesgos sistémicos. "Tenemos ya a grupos de trabajo planificando", indican desde la OCC.
En total, habrá que llevar a la práctica 243 regulaciones incluidas en la ya bautizada como Ley Frank-Dodd. Son el triple que las que requería la Sarbanes-Oxley. Los reguladores deberán realizar a su vez 67 estudios, y los comités del Congreso, redactar casi un centenar de informes. Y a esto se sumarán las recomendaciones de la comisión independiente que investiga las causas que llevaron a Wall Street a crecer sin control.
A Mike Konczal, miembro del Instituto Roosevelt, no le extraña que la legislación cree tanto escepticismo, porque al final, dice, no hay reglas verdaderamente duras. En su lugar, señala, se encarga a los reguladores hacer estudios, sobre los que se basarán para decidir dónde pondrán los límites cuando vean una amenaza a la estabilidad. Y a la vista de lo sucedido con
AIG y Lehman Brothers, eso no es muy alentador, opina.
Es ese margen de maniobra que se da a los reguladores para ir en diferentes direcciones lo que podría crear más incertidumbre ahora a los bancos. Austan Goosbee, consejero de la Casa Blanca, explica que lo que establece la legislación "son unos principios básicos para áreas en las que queremos unas reglas más justas". "Habrá costes para la banca, claro, pero, aquí, de lo que se trata es de proteger el sistema y al contribuyente", explicó.
¿Y por Europa, cómo van las reformas? (los radares y la torre de control)
"Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) dieron hoy luz verde al nuevo sistema de supervisión financiera común, que pretende detectar a tiempo los grandes riesgos para el sistema y evitar prácticas abusivas del sector financiero que puedan llevar a una nueva crisis"… Los Veintisiete aprueban la nueva arquitectura de la supervisión financiera (Cinco Días – 7/9/10)
Desde principios de 2011 se crearán tres autoridades europeas de vigilancia que supervisarán las actividades de los bancos, las aseguradoras y los mercados bursátiles, además de una junta europea para la prevención de los grandes riesgos sistémicos que estará encabezada por el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.
"Nos ayudará a prevenir efectivamente riesgos sobre la estabilidad financiera" de la Unión Europea, dijo el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, tras la aprobación.
El comisario de Servicios y Mercado Interior, Michel Barnier, se refirió a las nuevas estructuras como "los radares y la torre de control" europeos que eran necesarios para evitar futuros colapsos del sector financiero a escala continental.
Barnier se felicitó asimismo por el hecho de que los europeos hayan sido capaces de mantener "en paralelo con Estados Unidos" el calendario de reformas señalado por el Grupo de los 20 (G-20).
Trichet también se congratuló por la decisión de los Veintisiete y aseguró que la entidad que dirige está "preparada" para desempeñar el papel que se le reserva en la reforma. Además, añadió: "Necesitamos más que nunca este tipo de refuerzo de la vigilancia".
Según lo acordado, la supervisión individual continuará siendo una competencia nacional, de modo que las cuatro nuevas autoridades europeas trabajarán conjuntamente con cada país para "salvaguardar la solidez financiera" a través de la vigilancia de las compañías financieras que tengan una dimensión trasnacional.
Barnier dijo en una rueda de prensa que en los países europeos la mitad de los bancos que operan en un país proviene de otros estados miembros, como media.
Además, los gobiernos tendrán la última palabra si llega el caso de que tengan que emplear fondos públicos para salvar bancos de la quiebra, pero las autoridades europeas podrán dirimir disputas entre los supervisores nacionales, prohibir actividades arriesgadas y tomar decisiones directas sobre los actores en casos de emergencia.
La aprobación del nuevo marco de supervisión financiera ha sido posible después de que la presidencia de turno belga y representantes del Parlamento Europeo (PE) llegaran a un acuerdo sobre esta cuestión la semana pasada, tras salvar los últimos escollos.
Está previsto que el acuerdo alcanzado hoy sea ratificado en la sesión plenaria de la Eurocámara que se celebrará a finales de mes.
Los impuestos a los bancos es la misión (imposible) de los ministros de finanzas de la Unión Europea
Los países de la UE han pagado sumas que ascienden al 16,5% del Producto Interior Bruto del bloque para apuntalar las entidades financieras durante la crisis crediticia, según cifras de la UE, haciendo subir como la espuma la deuda pública de los Estados. Los Gobiernos están muy interesados en garantizar que los bancos y el resto de instituciones financieras que han causado la crisis contribuyan al costo de los futuros rescates.
Dos tipos de impuestos dominarán los debates de los ministros de Finanzas de los 27.
En el centro del escenario se sitúa un plan para imponer una tasa anual a bancos y firmas financieras con la que se podrían recaudar millones de euros destinados a crear una red de seguridad para las futuras pérdidas bancarias.
Alemania, Francia y Reino Unido han acordado ya actuar de forma conjunta para introducir ese tipo de cuota desde enero. Otros países de la UE probablemente llegarán a un principio de acuerdo que establecerá que es necesario un enfoque coordinado de la Unión Europea para evitar que surja un mosaico de diferentes tasas en toda la UE o de múltiples tasas para las empresas multinacionales, según diplomáticos.
Pero será difícil lograr el consenso en los detalles técnicos del impuesto, tales como la cantidad a que debe ascender, cómo debe calcularse y el uso que se le dará.
Algunas naciones, incluida Francia y Reino Unido, quieren que la suma de dinero vaya a los presupuestos nacionales para recuperar los fondos de rescate. Otras prefieren que el dinero se mantenga como reserva para cualquier futura crisis financiera, mientras que otros temen que la creación de dicho fondo podría alentar a los bancos a asumir riesgos, seguros en la certeza de que existe una red por si sus aventuras fracasan.
"Tenemos que tratar de reducir el riesgo moral para que no aliente a los organismos financieros a asumir riesgos en el conocimiento de que los gobiernos pagarán la factura", dijo la Ministra de Economía española, Elena Salgado, cuando el asunto se debatió por última vez en junio.
El tono de los debates marcará la propuesta de una tasa para toda la UE que redactará la Comisión Europea a finales de este año (2010). Los ministros también quieren encontrar una posición común para la próxima reunión del Grupo de las 20 principales economías del mundo, que tendrá lugar en Seúl bajo la presidencia francesa el 11 y 12 de noviembre. Habitualmente, los progresos son más difíciles de lograr en el G-20.
También estará en el marco de la discusión otro impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como la "tasa Tobin", llamado así por la propuesta del economista estadounidense James Tobin en 1978 de una tasa a las operaciones de cambio de divisas. Las deliberaciones en la Unión Europea incluirán la ampliación de esta idea a las acciones, bonos y derivados. Aquí la opinión está fuertemente dividida, explicaron varios diplomáticos.
Los defensores dicen que reducirá el comercio especulativo y permitirá obtener ingresos sustanciales. El Parlamento europeo ha respaldado la idea, pidiendo que los ingresos se utilicen para engrosar el presupuesto de la UE. El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, ha sugerido que los ingresos que se recauden con la tasa podrían ayudar a financiar proyectos de cambio climático en los países en desarrollo.
Sin embargo, otros países como Suecia se oponen totalmente y pocos países están dispuestos a introducir el impuesto de manera unilateral, por temor a que, simplemente, se transfieran los negocios a mercados que no cuenten con este gravamen. "El impuesto necesita un mínimo de consenso global para ser viable. Lo hacemos todos juntos o no lo hacemos", dijo un diplomático de la UE.
Verde que te quiero verde (como siempre, el Reino Unido quiere ir por libre)
"La City en el blanco mientras la Unión Europea consigue nuevos poderes". Mala traducción de un titular del gratuito especializado en negocios que una legión de paquistaníes entrega a los trabajadores del centro de Londres cada mañana a la salida del metro. Un titular de la semana pasada a propósito de la iniciativa, aprobada este martes por los ministros europeos de finanzas, de creación de un tridente orgánico a partir del Consejo Europeo de Supervisión de Riesgos Sistémicos al objeto de poner un poco de orden en el sindiós que nos tiene en un ay desde hace un par de años"… Los afanes reguladores del continente disgustan a los británicos (El Confidencial – 9/9/10)
El órgano de opinión de la City obvia la estruendosa necesidad de atar en corto a los bancos, funestos autorreguladores. Prefiere arrimar el ascua a su sardina y propone una interpretación en clave de contubernio germano-francés para acabar con una industria señera del Reino Unido como es la financiera. Un argumento legítimo que encuentra eco en la eurofobia de buena parte de la masa lectora.
Lo cierto es que el plan europeo no debería quitar el sueño a los supuestos afectados. Muchas son las dudas que presenta, empezando por la infradotación económica y humana (se habla de una cincuentena de personas), siguiendo por la descriptible pericia de las instituciones comunitarias a la hora de poner de acuerdo a órganos radicados en distintos países (Londres se ocupará de los bancos, París de los mercados y Frankfurt de las aseguradoras), y terminando por la timidez con que, precisamente por no incomodar en demasía a las autoridades británicas, se ha apoderado a los tres nascituri. Así, cualquier acción que tenga un efecto directo en las cuentas de un Estado miembro de la UE está fuera de su alcance. Es decir, que tendrán que en caso de crisis como la vivida, podrán prohibir las ventas en corto, pero no forzar a un rescate bancario, por ejemplo. Y todo fomentando la cultura del absoluto consenso que reina en el proceso de decisión europeo y que algunos ven como causa fundamental de esa enfermedad endémica tan poco conveniente cuando las circunstancias llaman a la acción: la europarálisis.
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y bestia negra de nuestros amigos los bankers, se muestra entusiasmado ante el nuevo esquema, que verá la luz, Dios y parlamentarios europeos mediante, el 1 de enero de 2011. En la humilde opinión del que suscribe, sólo habrá razón para el entusiasmo si éste resulta en un primer paso para poner coto a esa gran externalidad que resulta del riesgo sistémico de las operaciones bancarias. Y ahí es donde tal vez temen los británicos por la salud del sector financiero. A fin de cuentas, las exportaciones financieras representan un 3,5% de su PIB, y el sector da trabajo a un porcentaje similar de la fuerza laboral. Porque a raíz de la iniciativa de Bruselas cobran fuerza las voces que reclaman pasos más valientes en forma de mecanismos como la tan aireada tasa sobre las transacciones financieras, algo también discutido en la reunión del martes de ministros del Ecofin. Discutido sin mucho éxito.
Las diferencias entre miembros y la conciencia de que un mecanismo así sólo funcionaría si pudiera instaurarse de manera global imposibilitan, hoy por hoy, cualquier acuerdo al respecto. Y, sin embargo, al mirar mercados altamente especulativos, como el de divisas, donde el volumen transado representa unas setenta veces el flujo comercial internacional que en teoría esas transacciones deberían cubrir, y conociendo el efecto que la volatilidad en la cotización de las distintas monedas tiene sobre sectores reales, no parece una idea del todo descabellada la implantación de un mecanismo de este tipo. No parece el todo idiota tratar de dotar al volante loco del mercado de una suerte de servodirección que además sirva para paliar el enfermizo vacío de las arcas públicas. Incluso después de tener en consideración experiencias anteriores, como la sueca durante los años ochenta, cuyo carácter fallido tal vez tenga que ver con la competencia fiscal internacional en un entorno de movilidad cuasiperfecta del capital.
En fin, sea como fuere, pasarán muchas lunas y muchos bonus hasta ver materializarse iniciativas de este estilo. Los reyes de la City pueden estar tranquilos.
(15/9/10) Dos años después de Lehman, ¿las reformas en marcha evitarán que se repita?
Las regulaciones aprobadas en el verano del 2010 tanto en EEUU como en Europa, encaminadas a evitar futuras catástrofes, apuestan por un sistema más supervisado, seguro y con una mayor protección para el inversor. "No más Lehman Brothers, no más AIG", se convirtió en el lema más usado por el secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, para asegurarse los votos necesarios que validasen las nuevas normas que regirán Wall Street.
El Senado de EEUU aprobó la reforma financiera el pasado mes de julio (2010), una legislación que restringe la asunción de riesgos, limita el nivel de apalancamiento de las entidades y exige requerimientos de capital más conservadores, para que las entidades sean menos vulnerables y más capaces de soportar futuros problemas.
En definitiva trata de reducir el riesgo en el sistema financiero, ampliar la red de supervisión y proteger al consumidor. La nueva ley racionaliza la supervisión financiera, hasta ahora muy fragmentada, con el objetivo de anticipar crisis potenciales. Para ello, convierte a la Reserva Federal en el gran vigilante del sistema y asigna competencias bien definidas a la Oficina del Interventor de la Moneda y a la gestora del Fondo Federal de Garantía de los Depósitos.
La ambiciosa reforma incluye también otras medidas importantes como la creación de un consejo de reguladores -dirigido por el Tesoro- para detectar riesgos; prohíbe a los bancos invertir a beneficio propio con los depósitos de sus clientes; crea una Agencia de protección al consumidor para poner fin a comisiones abusivas, obliga a los hedge funds a registrarse en la SEC, regula los derivados y pone fin a los rescates financieros al crear una autoridad para imponer una liquidación ordenada en caso de emergencia.
Un firme propósito de intenciones que tardará cerca de dos años en hacerse efectivo ya que los supervisores tienen el encargo de aprobar unas 533 reglas y realizar más de medio centenar de estudios que completarán el desarrollo legislativo de la reforma. Eso sin contar con las normas relativas a la capitalización que lleguen de Basilea III o los acuerdos sobre estandarización de contabilidad internacional que también han de incluirse.
Europa no ha querido quedarse atrás y acaba de dar un paso decisivo al aprobar tres nuevos órganos para supervisar todas las actividades de la banca, aseguradoras y sociedades de Bolsa que operan en Europa. Una normativa que sigue la misma filosofía que la de EEUU. "No vimos venir la crisis. No teníamos los medios de vigilancia suficientes para detectar los riesgos.
Y cuando la crisis golpeó, no disponíamos de medios para actuar. Con la nueva arquitectura estamos armados de cara al futuro", destacó en la segunda semana de septiembre (2010) Michel Barnier, el comisario europeo de Mercado Interior. Según el acuerdo alcanzado la supervisión ordinaria seguirá siendo una competencia nacional y los gobiernos tendrán la última palabra a la hora de emplear su dinero en salvar a un banco de la quiebra, pero se crea un marco de vigilancia común para casos de emergencia, desacuerdos entre países o incumplimiento de la legalidad europea.
Las nuevas autoridades tendrán poder para dictar normas -incluso para prohibir temporalmente actividades que consideren arriesgadas como las ventas a descubierto- y podrán intervenir los bancos o sociedades con problemas en caso de que la autoridad nacional no actúe de acuerdo a las leyes comunes.
El acuerdo, que será aprobado definitivamente por el Parlamento Europeo a finales del mes de septiembre, incluye también la creación de una cuarta autoridad, el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, (CERS) para prevenir situaciones de peligro. Novedades a las que se sumarán también el desarrollo de una legislación financiera común para toda Europa y medidas para proteger a los consumidores. La regulación que salga de Basilea III será otra pieza fundamental a encajar en el puzle. Evitar otro colapso de la economía mundial implica bancos mejor capitalizados.
El problema es que conseguir esos colchones de seguridad para soportar imprevistos significa también ampliaciones de capital, daño al accionista y menos crédito para un sistema que aún no está bien engrasado. El Comité de Supervisión Bancaria debatirá las nuevas reglas y detalles como el periodo transitorio para que se apliquen los criterios adoptados, las exigencias de capital exactas o los instrumentos que se puedan computar como capital tienen al sector en vilo por sus efectos futuros en los resultados. Los esfuerzos regulatorios no sorprenden.
Nadie quiere otro terremoto como el desatado por la quiebra de Lehman. Un acontecimiento que forzó a EEUU a inyectar 11,5 billones de dólares en el sistema y la movilización del 13% del PIB de Europa para garantizar la supervivencia del sistema financiero. El desastre desatado por las hipotecas subprime y toda la gama de productos estructurados vinculados a estos créditos aún no ha amainado.
El mundo ha logrado salir de la recesión y evitar una Gran Depresión pero la fragilidad de la recuperación, cada día más evidente en EEUU, y el traslado de la crisis a la economía real plagan el futuro de nubarrones. Aún se desconoce si afrontamos años de crecimiento bajo o si hay amenaza de recaída, mientras cada día gana peso el apelativo de Gran Recesión en referencia al momento actual.
Todo ello, además, con la banca, epicentro de la crisis, aún necesitada de cuidados especiales. El sector continúa purgando las heridas y en ciertos casos, como demuestran los problemas de la banca irlandesa, aún con necesidades importantes de capital. La OCDE reconoció a mediados de septiembre que la recuperación va a un ritmo más lento de lo esperado por la debilidad del consumo y el paro. La organización espera que el crecimiento en los países del G7 caiga al 1,5% en el segundo semestre (2010) tras haber aumentado el 3,2% en el primer trimestre y el 2,5% en el segundo. Al menos considera "poco probable" una nueva recesión. Una posición, por ahora, dominante entre los expertos. La fotografía del mundo dos años después de la quiebra de Lehman sigue siendo preocupante.
El endeudamiento del sector financiero ha pasado a manos de los gobiernos, lo que reduce el margen de maniobra para afrontar futuras recaídas en un momento en el que la fragilidad de la recuperación se hace cada vez más evidente. EEUU se ha visto forzado a ratificar esta misma semana otro plan de estímulo para reactivar la economía por un total de 274.000 millones, un lujo al que pocos países podrían optar.
En Europa se ha impuesto la tesis de la austeridad. Los gobiernos necesitan financiarse en los mercados y los inversores, cada vez más exigentes, ya han avisado que o se reducen los déficit o dejan de prestar. La capacidad de financiación de EEUU nunca se ha cuestionado, algo bien distinto a lo que podría ocurrir en otros países como demostró la crisis que atravesó Grecia este año. Un aviso a navegantes que terminó desembocando en un plan de ayudas de la UE al país. La vía de los ajustes dolorosos se ha impuesto en Europa para garantizar la solvencia de las economías, una decisión que dificulta la senda del crecimiento.
Todo ello en un entorno en el que el papel de los bancos centrales como prestadores de última instancia sigue siendo fundamental, lo que retrasa el retiro de las medidas de estímulo, todavía necesarias para evitar una sequía del crédito. Si en el inicio de la crisis los bancos no se prestaban entre sí por miedo a los activos tóxicos en manos de las entidades hoy en día la preocupación se centra en las cantidades de deuda gubernamental que pueblan sus balances. Los cambios regulatorios, por tanto, llegan en un momento delicado.
El dinero aún no fluye con normalidad hacia los particulares y las pequeñas empresas -clave para una reactivación económica sostenida- el riesgo de recaída económica persiste y la austeridad dominante limita tanto el crecimiento como la generación de empleo, principal obstáculo para la recuperación. "Reducir el gasto limita el empleo. El problema ahora es qué hacer para crear empleo", explica Robert Tornabell, profesor de finanzas de Esade y autor del libro El día después de la crisis. Los nuevos modelos regulatorios apuestan por la seguridad pero está por ver cuál es el precio a pagar.
"No hay garantía de que funcione porque ya estábamos en un mundo regulado. Frena la innovación y es costosa en términos de crecimiento. Veremos menos crédito y más caro", advierte Javier Díaz-Giménez, profesor de economía del IESE. Eso sin mencionar la posibilidad de que se sienten las bases para futuros problemas. "Uno siempre regula la crisis anterior y luego causa la siguiente", añade este experto. "La regulación implica una mayor seguridad para inversores y ciudadanos pero el gran problema normativo es limitar la creatividad del sistema", añade Lorenzo Dávila, profesor del IEB. El dilema está servido y el tiempo de adaptación a la nueva normativa será clave.
Dulce porvenir (I) (¿se podrán controlar las armas de destrucción masiva?)
"Las operaciones de derivados deberán negociarse en una cámara de contrapartida, según un proyecto de Reglamento que la CE aprobará el próximo miércoles. La norma pretende reforzar la fiabilidad de un mercado en el que cientos de millones de euros se exponen sin suficiente respaldo de capital"… Bruselas impone el control de los derivados para reforzar su fiabilidad (Cinco Días – 13/9/10)
El proyecto de reglamento establece la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones de derivados a través de una cámara de contrapartida autorizada para ello por las autoridades nacionales.
La nueva norma obliga, además, a registrar las operaciones (o sus modificaciones) en un plazo de 24 horas en una base de datos electrónica cuya supervisión correrá a cargo de la nueva Autoridad europea de mercados bursátiles (ESMA, según sus siglas en inglés).
El reglamento, según la CE, pretende mejorar la transparencia de un mercado valorado a finales de 2009 a nivel mundial en más de 21 billones de dólares (17 billones de euros) y con un riesgo financiero asociado superior a los 3 billones de dólares (2,5 billones de euros).
La cobertura de ese riesgo financiero es precisamente el gran objetivo de un reglamento que llega como respuesta al cataclismo provocado por el colapso de Lehman Brothers hace dos años.
Los reguladores descubrieron entonces que el riesgo asociado a numerosos contratos bilaterales de derivados era mucho mayor de lo estimado y se habían realizado sin contar con el respaldo de capital necesario.
Todavía hoy, a pesar de la caída de la actividad en el mercado, se calcula que alrededor de 1,4 billones de dólares en derivados siguen sin contar con los colaterales adecuados para compensar su riesgo, según las cifras manejadas por la CE. Bruselas pretende mitigar ese peligro a través de las cámaras de contrapartida, que sólo podrán aceptar como colateral valores con gran liquidez y con un cierto nivel de calidad. El reglamento también obliga a las cámaras a cumplir unos requisitos mínimos de capital mínimo y a contar con un "fondo para impagos".
El reglamento prescribe asimismo ciertas normas para reducir el riesgo financiero y operativo de los derivados que queden exentos de la obligación de negociarse en una cámara de contrapartida.
En esos casos, las partes contratantes deberán prever, de entrada, que los términos del contrato queden registrados electrónicamente siempre que sea posible.
Y en segundo lugar, deberán gestionar y auditar de manera precisa los riesgos asociados a su cartera de derivados, cuyos contratos deberán computarse diariamente a valor de mercado.
La exención de pasar por la cámara de contrapartida está pensada, sobre todo, para derivados de empresas no financieras, que utilicen ese tipo de operaciones para su actividad comercial habitual. El proyecto de Reglamento menciona, por ejemplo, el caso de las compañías de energía que vendan futuros sobre su producción.
Aun así, Bruselas confía en que la mayoría de los derivados se negocien de manera controlada. Para lograrlo, el reglamento concede a la ESMA y al nuevo Comité Europeo de Riesgos Sistémicos (presidido por el Banco Central Europeo) la potestad de localizar tipos de contratos que se negocian bilateralmente e imponerles la obligación de pasar por la cámara.
También propondrá cortar en gran medida las ventas a corto al descubierto -inversiones prohibidas en su totalidad en España, permitidas en EEUU y que son operaciones que consisten en vender a plazo acciones que no se tienen, con la esperanza de poder comprarlos en un momento más cercano a un precio inferior- y los seguros para cubrir el impago de la deuda (CDS, por sus siglas en inglés) en situaciones de emergencia.
"Se ha terminado la época de apostar si la casa de los demás se incendia o no", aseguró ante el Parlamento Europeo el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, en alusión a los inversores que compran o venden cierto tipo de derivados sin poseer el activo subyacente. Su amenaza se cumplirá cuando el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, presente su propuesta legislativa para restringir y, en ciertos casos, prohibir algunos tipos de operaciones a corto o al descubierto.
Bruselas considera especialmente perniciosas las que afectan a los llamados credit default swaps (CDS), los títulos que un comprador utiliza para protegerse de un riesgo que, si no llega a materializarse, redunda en beneficio del vendedor.
Barnier quiere imponer mucha más transparencia en ese mercado, después de que en los últimos se hayan registrado numerosos movimientos especulativos en relación a los CDS de la deuda soberana de los países de la zona euro.
La nueva normativa comunitaria aspira a armonizar los controles que aplican los reguladores a ese tipo de operaciones, así como las condiciones en que se pueden prohibir temporal o definitivamente.
Los CDS suponen el 8,3% de los 21,6 millones de dólares del valor bruto del mercado de derivados mundial, lo que los convierte en la segunda categoría más importante de derivados. Los relacionados con el tipo de interés suponen el 14%, según los datos manejados por la CE. Y los relativos al tipo de cambio el 2,1%.
La UE domina estas dos últimas modalidades, con una cuota del 63% y 54% respectivamente (en 2007) frente al 24% y 15% de Estados Unidos.
Dulce porvenir (II) (¿alcanzaremos a ver el fin de la reserva fraccionaria?)
"El Parlamento británico debatirá una propuesta revolucionaria. Una reforma financiera para restaurar la reserva 100% en los depósitos a la vista, lo cual implica eliminar la reserva fraccionaria, principio sobre el que se asienta el actual sistema bancario, y clave para entender los ciclos económicos"… Reino Unido debate restaurar la reserva 100% en los depósitos bancarios (la mayor revolución en dos siglos) (Libertad Digital – 16/9/10)
El Parlamento británico ha aceptado debatir a partir del próximo noviembre (2010) una propuesta que supone una auténtica revolución para el actual sistema bancario. Steve Baker y Douglas Carswell, diputados conservadores de la Cámara, presentaron el miércoles (15/9), con el apoyo de otros miembros de su partido, una reforma financiera inédita, consistente en limitar la reserva fraccionaria de la banca. Es decir, el privilegio legal por el cual una entidad puede prestar los depósitos a la vista de sus clientes, expandiendo así el crédito.
Así, por ejemplo, cuando un cliente deposita 100 euros en una cuenta a la vista (cuenta corriente), su dinero, en realidad, se esfuma ya que, automáticamente, la entidad está autorizada legalmente por el gobierno para prestar hasta el 98% de esa cantidad. Esos 98 euros son, a su vez, depositados en otra cuenta y, nuevamente prestados a otro cliente con tal de reservar el 2% (coeficiente de caja), y así sucesivamente en un proceso que puede repetirse hasta 50 veces, aumentando de forma exponencial la oferta monetaria.
El sistema de reserva fraccionaria es la base sobre el que se sustenta el funcionamiento de la banca desde hace casi dos siglos. Consiste en que un banco tiene derecho a prestar el dinero de sus clientes, al mismo tiempo que tiene la obligación de devolvérselo de forma inmediata en el momento que lo reclamen.
Por tanto, sólo es viable si todos los depositantes no deciden retirar su dinero de forma simultánea (corrida bancaria). El banco tan sólo está obligado por ley a conservar en caja el 2% de los depósitos a la vista para pagar a los clientes que deseen retirarlo, el resto lo presta una y otra vez. Según la Escuela Austríaca de Economía, ésta es una de las principales claves para entender los recurrentes ciclos de auge y recesión propios de nuestra época.
La reforma que ha presentado Baker pretende poner fin a esta práctica, permitiendo al cliente elegir la forma de su depósito. Los impulsores reconocen explícitamente que su propuesta está inspirada en la obra Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, de Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.
Tal y como explica Baker en The Wall Street Journal, la reforma no consiste en prohibir la reserva fraccionaria sino en que el consumidor pueda elegir constituir depósitos 100%. Es decir, que el banco no preste su dinero sin su consentimiento.
En esencia, se trata de restaurar la Ley de Peel de 1844, sólo que extendiéndola a los depósitos bancarios. Dicha ley exigía un coeficiente de caja del 100% en oro a los bancos privados, pero tan sólo respecto a la emisión del papel moneda (patrón oro), olvidándose de aplicar el mismo requisito a los depósitos.
Según Baker, la reforma ofrecerá a los consumidores la posibilidad "de elegir cómo van a utilizar los bancos sus depósitos. Si usted pide en préstamo una pintura a un amigo y le promete que la va a devolver cuando él la pida y a continuación, presta la misma pintura a otra persona, usted está cometido un fraude. Estas normas no se aplican, sin embargo, a los banqueros. Los parlamentarios británicos tienen hoy la oportunidad de cambiar esto, y espero que así lo hagan".
Desde hace casi dos siglos, los bancos gozan del privilegio legal de la reserva fraccionaria, "lo cual significa que pueden prestar lo que ya deben a sus depositantes. Al prestar e invertir los depósitos a la vista, los bancos crean dinero mediante la extensión de crédito. Cuando las inversiones del banco se vuelven agrias, y las inversiones a menudo se vuelven agrias, el banco no puede devolver los depósitos y se declara en quiebra. A menos que se las arregle para convencer a los políticos de que es demasiado grande para caer (too big to fail), en cuyo caso serán rescatados con dinero de los contribuyentes", explica el diputado.
"Esta relación asimétrica entre los depósitos bancarios y el contrato y los derechos de propiedad normales, combinada con la intervención del Estado, como en el caso de la planificación central de las tasas de interés (en alusión a la banca central), y diversas garantías adicionales, es la causa de los auges y crisis financieros", aclara. Baker señala que esta propuesta está siendo seguida muy de cerca en EEUU y Europa. No es de extrañar si se tiene en cuenta que supondría una auténtica revolución para el sistema bancario.
"Nuestro proyecto de ley permitiría a los británicos elegir cómo se utiliza su dinero". Es decir, que la entidad lo custodie sin posibilidad de prestarlo, garantizando la reserva 100% a cambio de pagar una comisión, o bien que el cliente permita explícitamente a la entidad prestar su dinero por un período de tiempo determinado, o lo que es lo mismo, un depósito a plazo a cambio de un determinado rendimiento (tipo de interés).
De este modo, según Baker, "el crédito seguiría existiendo", sólo que ahora sí estaría "respaldado por ahorro real". Además, el depositante "sería plenamente consciente de los beneficios y los riesgos a la hora de optar entre depositar su dinero en custodia (depósito a la vista) o invertirlo durante un período definido (depósito a plazo)".
"Hace dos años la economía mundial entró en crisis, sin embargo, nada se ha hecho para tratar de evitar nuevas crisis. Poner fin a la banca de reserva fraccionaria ha sido propuesto en algunas ocasiones por varios economistas de las tres grandes escuelas tradicionales – keynesianos, monetaristas y austríacos-. Uno podría preguntarse por qué el clamor para poner fin a este privilegio legal y anti-capitalista de la banca de reserva fraccionaria no ha planteado con anterioridad ni con más fuerza".
Baker tiene muy claro cuál es el problema clave que padece el sistema bancario contemporáneo y propone su solución de forma meridianamente clara: "Los enemigos de la libertad muestran la crisis financiera como un fracaso del capitalismo. Sin embargo, el mercado en realidad no otorga privilegios legales a la banca tales como la reserva fraccionaria, los políticos sí. El privilegio legal de la reserva fraccionaria destruye los mecanismos sanos de propiedad y derecho contractual propios del capitalismo. Esperamos poner fin, hoy, a este privilegio".
(A continuación el artículo de referencia, tomado de The Wall Street Journal – Opinion Europe section – Sept. 15, 2010)
– Un proyecto de ley para luchar contra el capitalismo "crony" (con favorecimientos)
(Por Steve Baker) Lectura recomendada
La medida reformatoria dará a los consumidores la forma de elegir cómo van a utilizar los bancos sus depósitos.
Si usted pide en préstamo una pintura a un amigo y le promete que la va a devolver cuando él la pida y a continuación, presta la misma pintura a otra persona, usted está cometido un fraude. Estas normas no aplican, sin embargo, a los banqueros. Los parlamentarios británicos tienen hoy la oportunidad de cambiar esto, y espero que así lo hagan.
Hoy en día, los bancos gozan del privilegio legal de banca de reserva fraccionaria, lo cual significa que pueden prestar lo que ya deben a sus depositantes. Al prestar e invertir los depósitos pagaderos a la vista, los bancos crean dinero mediante la extensión de crédito. Cuando las inversiones del banco se vuelven agrias, y las inversiones a menudo se vuelven agrias, el banco no puede devolver los depósitos y se declara en quiebra. A menos que se las arregle para convencer a los políticos de que es demasiado grande para fallar, en cuyo caso serán rescatados con dinero de los contribuyentes.
Esta relación asimétrica entre los depósitos bancarios y el contrato y los derechos de propiedad normales, combinada con la intervención del Estado, como en el caso de la planificación central de las tasas de interés, y diversas garantías adicionales, es lo que causa Auges y Crisis financieros. Hoy voy a apoyar a mi colega Douglas Carswell, miembro del Parlamento por Clacton, ya que presenta un proyecto de ley para eliminar el sistema bancario de Reserva Fraccionaria. Nuestros amigos en los EEUU y Europa están siguiendo el caso muy de cerca, ya que el capitalismo "crony" aflige a todo el mundo.
Antes de la reciente crisis financiera, los bancos solicitaban préstamos (y los siguen solicitando) a tasas de interés absurdamente bajas de los bancos centrales. Sus vendedores entonces inundaron de hipotecas (con comisión) a aquellos que no tenían esperanza de amortizar el capital con sus ingresos. Esta chatarra fue empaquetada y prestada de nuevo, esta vez de forma anónima, a desafortunados inversionistas dispuestos a creer que los precios de la vivienda sólo podrían aumentar, y que el riesgo del incumplimiento no estaba incluido en sus carteras. Este es sólo uno de los muchos errores del capitalismo financiero contemporáneo.
Nuestro proyecto de ley Reglamentario de Depósitos y Préstamos permitiría, a los británicos, elegir cómo se utiliza su dinero. Tendrían la opción ya sea de depositar su dinero en custodia, o de guardarlo por un período que el banco lo podría invertir a renglón seguido. Si la custodia es su elección, usted podrá tener su dinero de regreso al solicitarlo. Sus derechos de propiedad estarían intactos – seguiría siendo el dueño de su depósito. Usted probablemente no ganaría intereses, de hecho podría tener que pagar por el privilegio de acceder directamente a él a través de sucursales y cajeros automáticos. Sin embargo, si usted quisiera un rendimiento, podría optar por en cambio depositar su dinero por un período de tiempo. El banco podría invertirlo de nuevos, con lo cual usted tendría, potencialmente, un nuevo ingreso.
Crédito seguirían existiendo, respaldado por ahorro real. El ahorrado estaría plenamente consciente de los beneficios y de los riesgos a la hora de elegir entre depositar en custodia el dinero y ahorrarlo a término definido.
Hace dos años la economía mundial entró en crisis, sin embargo, nada se ha hecho para tratar de evitar nuevas crisis. Poner fin a la banca de reserva fraccionaria ha sido propuesto en algunas ocasiones por varios economistas de las tres grandes escuelas tradiciones – keynesianos, monetaristas y austríacos. Uno podría preguntar ¿por qué el clamor para poner fin al privilegio legal, y anti-capitalista, de la banca de reserva fraccionaria no había sonado antes ni con más fuerza?
¿Es escandaloso sugerir que a los banqueros les guste más bien la socialización del riesgo y el fácil acceso a dinero de los demás, y que su éxito en este sistema requiera el amparo de los políticos adecuados? En contraste con los empresarios heroicos de "La Rebelión de Atlas" de Ayn Rand," el financiero contemporáneo percibe una remuneración asombrosa para reportar ganancias no realizadas. Mientras tanto, no comparte ninguna de las inevitables pérdidas inherentes a un sistema basado en modelos fatalmente viciados de comportamiento del mercado. En lugar de prestar sólo a personas de su confianza, el actual sistema conduce a que los financieros contemporáneos se limiten a prestar a alguien, siempre y cuando puedan trasladar posteriormente el riesgo a otra persona o entidad.
Las pérdidas han sido socializadas por el poder del Estado. Los bonos se han pagado a directivos de los bancos rescatados y el staff de apoyo piensa que es justo porque no fueron ellos quienes hicieron los negocios. Ejecutivos que, en otra época, habrían perdido todo como socios con abierta responsabilidad, han salido ahora como jubilados ricos.
Si hay hoy un conflicto de clases dentro del capitalismo, no es entre los trabajadores y los empresarios-propietarios, sino entre contribuyentes, ejecutivos de banco y accionistas. Los accionistas han entregado desde hace mucho tiempo el control de sus bienes y el pequeño inversionista encuentra escasos beneficios. Mientras tanto, los capitalistas financieros apuestan el dinero de otras personas sobre la base de modelos y teorías que han resultado ser una tontería, al mismo tiempo que nos dicen cuánta riqueza están creando y cuanto merecen compartir. Esa rara especie, el accionista a largo plazo, no tiene ningún recurso después de las pérdidas o los pobrísimos dividendos, y es el contribuyente quien luego queda obligado a pagar la factura pendiente.
El esquema anterior es incompleto y la mayoría de los jugadores que participan en este sistema no tienen la intención de explotar a los demás. Pero es explotación, cuando un grupo se ve obligado a cubrir las pérdidas derivadas de malas apuestas realizadas por un segundo grupo con el dinero que pertenece a un tercero. Este sistema de relaciones no es saludable. La antigua Regla de Oro, "haz lo que quisieras que te hicieran," ha sido reemplazada por "haz a los demás antes que te lo hagan a ti." Deberíamos preguntarnos si es esta la forma en que queremos vivir.
Los enemigos de la libertad muestran la crisis financiera como un fracaso del capitalismo. El mercado en la realidad no otorga privilegios legales, tales como la banca de reserva fraccionaria – los políticos si los otorgan. El privilegio legal de la banca de reserva fraccionaria destruye los mecanismos sanos de propiedad y derecho contractual del capitalismo. Esperamos poner fin, hoy, a este privilegio.
(El Sr. Baker es miembro del Parlamento británico por el partido conservador por Wycombe)
Parlamento Europeo: "las instituciones financieras ya no puedan dedicarse a apostar sin regulación ninguna a costa de los contribuyentes" (sic) (¿lo dirán en serio?)
"El pleno del Parlamento Europeo ha ratificado definitivamente la legislación para reforzar el sistema europeo de supervisión financiera con el objetivo de prevenir futuras crisis"… La Eurocámara ratifica la reforma de la supervisión financiera (Cinco Días – 22/9/10)
La reforma creará a partir del 1 de enero de 2011 un sistema de alerta que detecte riesgos para la economía y tres nuevas autoridades comunitarias de supervisión (bancaria, bursátil y de seguros) para mejorar la coordinación entre supervisores nacionales, que seguirán siendo los máximos responsables de las tareas de control.
Las nuevas normas garantizarán que "las instituciones financieras ya no puedan dedicarse a apostar sin regulación ninguna a costa de los contribuyentes", ha afirmado el presidente de la Eurocámara tras la votación. "Es la primera respuesta seria de la UE para paliar las causas que condujeron a la crisis económica y para evitar que, en caso de crisis futuras, sea otra vez el contribuyente quien corra a cargo de la factura", ha resaltado por su parte uno de los ponentes de las nuevas normas, el parlamentario del Partido Popular José Manuel García-Margallo.
Tras casi un año de negociaciones, la Eurocámara ha logrado que los Gobiernos refuercen los poderes de las nuevas autoridades europeas de supervisión, cuya misión inicial se limitaba a elaborar normas comunes, supervisar a las agencias de calificación de riegos y mediar de forma vinculante cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.
Gracias a las presiones del Parlamento, los Veintisiete han aceptado que las nuevas autoridades tengan además poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto. Asimismo, en situaciones de emergencia, podrán dirigir directamente a los bancos decisiones de obligado cumplimiento, aunque sólo cuando haya una vulneración de la legislación comunitaria.
En todo caso, las autoridades no podrán adoptar ninguna decisión que pueda afectar a las responsabilidades fiscales de los Estados miembros, es decir, que le obligue por ejemplo a inyectar dinero a un banco con problemas. Esta era la máxima preocupación de Reino Unido, que obtuvo una cláusula de salvaguarda reforzada que le permitirá apelar ante el Ecofin cualquier decisión de las autoridades que considere que pueda tener impacto presupuestario. Esta especie de freno de seguridad significa que la última palabra la tendrán los ministros de Economía de la UE.
Además de las tres autoridades de supervisión, la reforma creará un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, cuya función será observar y evaluar las posibles amenazas para la estabilidad financiera, emitir alertas de riesgo y recomendaciones de actuación y vigilar su aplicación. Sin embargo, las medidas correctivas que aconseje para evitar una crisis no tendrán carácter vinculante y podrán ser ignoradas por los Estados miembros.
El nuevo órgano estará formado por los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, así como por representantes de la Comisión y de las tres nuevas autoridades de supervisión.
Entre los riesgos que examinará el nuevo órgano destacan la solidez de la situación de los bancos, la aparición de burbujas o el buen funcionamiento de las infraestructuras del mercado. Una vez identificado el riesgo, el Consejo dirigirá una recomendación al país o grupo de países afectados. Pero esta recomendación no será de obligado cumplimiento, y a veces ni siquiera se hará pública. Eso sí, el país que decida no seguirla deberá justificar el motivo.
Para mejorar la visibilidad y la credibilidad del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, el presidente del Banco Central Europeo (BCE) presidirá este órgano durante los primeros cinco años.
2 – Basilea III: La reforma del nunca jamás (ni intensiva, ni intrusiva, ni rápida)
El vacilón de Basilea (las respuestas ingenuas sólo empeoraran las cosas)
"Representantes de las autoridades reguladoras bancarias y de bancos centrales, reunidos a puerta cerrada esta semana en la ciudad suiza de Basilea durante dos días, parecen abiertos a diluir las propuestas presentadas en diciembre, después de la intensa presión de los grandes bancos y algunos gobiernos para poder alcanzar un compromiso global para la fecha límite de noviembre"… Tras la presión de bancos y gobiernos, las propuestas reguladoras de Basilea se diluirían (The Wall Street Journal – 15/7/10)
En medio de un consenso general de que los bancos necesitan contar con mayores reservas de capital de las que tenían antes de la crisis financiera global, las conversaciones de ahora se centran en resolver varios asuntos clave:
¿Qué cuenta como capital? ¿Qué límite de endeudamiento habría que permitirles a los bancos? ¿Cuánto dinero en efectivo deberían tener? ¿Cuán flexibles deberían ser las reglas para los diferentes sistemas bancarios nacionales? ¿Cuánto tiempo tendrán que acatar los bancos los estándares más estrictos para evitar una contracción de crédito?
Un acuerdo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea tendrá un impacto más global y, en algunos casos, más potente sobre las ganancias, operaciones de préstamos e inversiones bancarias que el proyecto de ley de reforma financiera que podría aprobar hoy en el Congreso estadounidense.
Las conversaciones, que concluyen el 15/7, reúnen en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BPI) a 44 agencias de 27 países, cada uno con sus propias prioridades. Los franceses exigen cambios que permitan que sus tres mayores bancos -Société Générale SA, Crédit Agricole SA y BNP Paribas SA- sigan conservando filiales de seguros sin enfrentar sanciones. Y los estadounidenses quieren que sus grandes bancos estén autorizados a considerar como capital los derechos de titularización de hipotecas.
Entre los principales puntos en discusión se destaca la creación de un límite sobre cuánto pueden endeudarse los bancos, una "relación de apalancamiento". Los negociadores de varios países, incluyendo Alemania -preocupado por las implicaciones para Deutsche Bank AG- piden flexibilidad sobre la aplicación de la nueva relación, en lugar de tener que acatar reglas vinculantes globales. Otros representantes responden que esta situación minaría el propósito de la reglamentación.
El progreso en Basilea es esencial para alcanzar un acuerdo a tiempo para que los líderes del G-20 puedan celebrarlo cuando se reúnan en noviembre en Corea del Sur. Con ese fin, entre los participantes se habla de aparcar los temas más polémicos.
Para reducir la resistencia a las reglas, los reguladores están optando por que los bancos puedan excluir partes del capital existente que no se incluirían bajo las nuevas reglas y eximir a los bancos de tener que reemplazar ciertos tipos de capital. Además, es probable que les concedan a los bancos entre cinco y 10 años para acatar las nuevas reglas sobre capital, según fuentes cercanas a las negociaciones.
Los delegados reunidos en Basilea discuten varios estudios que estiman el impacto de las reglas propuestas. Los análisis muestran que la versión contemplada en diciembre exigiría que los bancos de todo el mundo recauden casi US$ 1 billón (millón de millones) en nuevo capital, según fuentes cercanas al proceso. La cifra, si bien aún gigantesca, es considerablemente menor a las estimaciones de varios billones de dólares publicadas por varios grupos de la industria.
Una de las manzanas de la discordia es la posible implementación de la llamada "relación estable de financiamiento neto", que obligaría a los bancos a conservar más financiamiento a largo plazo para hacerles menos susceptibles a un congelamiento de los mercados. La propuesta ha levantado polémica, ante las quejas de varios analistas de que podría costarles a los bancos billones de dólares en nuevos fondos. La idea podría ser archivada, según fuentes familiarizadas con la situación.
Otro tema en disputa es un requisito para que los bancos reserven una cantidad superior al capital mínimo exigido para asegurarse que puedan superar épocas de crisis. Los reguladores discrepan sobre la sanción a imponerles a los bancos que no alcancen ese monto de seguridad, y si deberían limitar los paquetes de remuneración o pagos de dividendos en los bancos que incumplan este requisito.
Los cambios en la regulación bancaria anunciados por el Comité de Basilea no pueden considerarse demasiado exigentes. Y aún así, pueden resultar bastante incómodos para bancos como el Deutsche Bank.
Uno suele retrasar las cosas que son más difíciles de hacer. Pero los bancos han tenido un montón de tiempo para hacer algo bastante fácil.
Al verse presionado por la industria bancaria, el cuerpo que establece las nuevas normas bancarias de regulación ha anunciado que va a hacer que algunas de sus propuestas sean más fáciles de cumplir. En particular, el Comité de Basilea ha dicho que en 2018 los bancos deberán tener una ratio de apalancamiento mínima del 3%.
Esto no es para nada oneroso. Significa que un banco tiene que mantener un dólar de capital por cada 33 dólares en activos. Aún así, los bancos tienen más de siete años para situar su capital a ese nivel. Sin ninguna duda, el sistema financiero no puede permitirse estar tan poco capitalizado.
En realidad, todo depende del lugar de dónde es el banco en cuestión. Las entidades estadounidenses parecen más fuertes si se mira la ratio de apalancamiento, en parte porque han tenido que cumplir con una ratio similar durante años, al contrario de lo que ocurre con los bancos europeos.
Las nuevas propuestas de Basilea no especifican qué tipo de activos se consideran capital para calcular esta ratio de apalancamiento. Pero una aproximación puede ser el uso de las ratios de "Tier 1 common capital" para entidades estadounidenses y de "Tier 1 core capital" para las europeas. Con este supuesto, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase tienen una ratio del 5% y superan el umbral del 3% que exigiría Basilea. Wells Fargo parece tener más del 6%.
Sin embargo, el ratio de apalancamiento de Deutsche Bank, si se ajusta el core Tier 1 y se calculan los activos al estilo estadounidense, la ratio se queda en el 2,5%.
Alemania ha dicho que sus preocupaciones sobre Basilea III se refieren a los bancos pequeños. Pero unos ratios de apalancamiento más estricto, y un calendario más estricto para llegar ahí, pueden ser una piedra en el zapato de Deutsche.
Basilea, paredón y después… (una banca no muy diferente de la actual)
"El Banco Internacional de Pagos (BIS) de Basilea ha dado un importante paso en la reforma del sistema financiero. El organismo acordó anoche incrementar la calidad y cantidad de capital que se exige a los bancos comerciales para mejorar los estándares de liquidez. El grupo de gobernadores y directores de supervisión destacó en un comunicado que están "profundamente comprometidos" con esta mejora para desalentar el excesivo nivel de apalancamiento y de riesgo"… El BIS acuerda incrementar la calidad y cantidad del capital exigido a los bancos (El Confidencial – 27/7/10)
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, dijo que este acuerdo es "un logro para fortalecer la resistencia del sector bancario de una manera que refleja las lecciones principales de la crisis". Además, destacó que los líderes de la supervisión financiera "han asegurado que las reformas son rigurosas y promueven la estabilidad a largo plazo del sistema bancario".
El grupo de gobernadores y directores de Supervisión acordaron también en la reunión en la sede del Banco de Pagos Internacionales aumentar "la consistencia internacional del capital" de los bancos y desalentar un excesivo apalancamiento y toma de riesgos, así como reducir el comportamiento procíclico de los bancos. Los bancos aumentan la concesión de créditos en años buenos y la reducen en los malos.
Los supervisores alcanzaron un amplio acuerdo sobre el diseño general del paquete de reforma de capital y liquidez. Esta reforma incluye la definición de capital, el tratamiento de los riesgos de crédito de contrapartida, el ratio de apalancamiento y el estándar de liquidez global.
El grupo de gobernadores y directores de supervisión, que es un órgano del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, se reunió el 26/7 en Basilea para revisar la reforma, apenas tres días después de la publicación de los test de estrés a la banca europea por parte del Consejo Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS). Sólo siete de las 91 entidades que se sometieron a las pruebas de solvencia suspendieron el examen (por tener un ratio de solvencia Tier 1 inferior al 6%), un resultado que ha sembrado dudas sobre los criterios aplicados entre los expertos.
Por su parte, el gobernador del Banco de Holanda y Director del Comité de Basilea, Nout Wellink, añadió que "un sector bancario fuerte es una condición necesaria para lograr un crecimiento económico sostenible".
Hace un par de semanas, el director general del BIS, Jaime Caruana, aseguró que la reforma financiera es uno de los tres retos a los que se enfrenta la economía mundial y tendrá que moverse hacia requisitos de capital "más exigentes", tanto en cantidad como en calidad. En el sistema financiero, explicó Caruana a mediados de julio, "ha habido un exceso de toma de riesgos y un exceso de apalancamiento", y la solución para el futuro requiere, a su juicio, que la banca tenga "un mayor capital y mayor capacidad de reaccionar ante este tipo de situaciones".
En esta línea, agregó, es necesario, como otro de los retos para solucionar la crisis, concluir la elaboración de nuevas reglas globales para el sector financiero, proceso que ya está en marcha bajo el nombre de Basilea III y que ya ha registrado "progresos notables".
Berlín levanta un muro de dudas (los "ortodoxos" monetarios marean la perdiz)
"El regulador bancario alemán ha rechazado que su país esté preocupado con la propuesta de Basilea revelada esta semana para reforzar a los bancos frente a crisis financieras. Jochen Sanio, jefe de Bafin, el supervisor de servicios financieros, dijo que Alemania espera alcanzar el acuerdo este mismo año, pero ha expresado sus reservas esta semana porque hay elementos importantes de las propuestas que todavía no están claros"… Berlín espera llegar a un acuerdo sobre Basilea III antes de noviembre (Expansión – Financial Times – 28/7/10)
Alemania fue el único país que se quedó fuera del acuerdo cuando el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria anunció el lunes 26/7 "los principales elementos del diseño" de las propuestas para una futura regulación, incluyendo un endurecimiento de los requisitos de capital a la banca y sus estándares de apalancamiento.
El Comité, formado por gobernadores de bancos centrales y reguladores, dijo que "un país" -Alemania- "todavía tiene dudas y se ha reservado su postura" hasta final de año. Sanio aseguró al diario Financial Times: "Uno sólo puede alcanzar un acuerdo definitivo sobre todo el acuerdo sobre capital. Hasta ahora sólo hemos vistos pequeñas partes. Estamos esperando a que se termine el paquete de medidas de Basilea III. Queremos que el acuerdo esté listo para la cumbre del G20 que se celebrará en noviembre en Corea".
El Comité de Basilea tiene todavía que definirse sobre un elemento clave: la cantidad de capital que los bancos deben conservar en relación a sus activos ponderados por el riesgo. "Algo que todavía no se ha calibrado", afirma Sanio. "Sin esto no podemos calcular el impacto en el sector financiero alemán".
Otras autoridades alemanas se mostraron preocupadas por el impacto de la normativa en las pequeñas cajas de ahorro alemanas, que proveen de financiación a muchas pymes. Estos bancos no pueden emitir acciones y dependen en gran medida de su capacidad para generar beneficios.
Sanio negó que ninguna parte del sistema financiero alemán esté particularmente amenazado por las propuestas. Pero afirmó: "El programa de Basilea III no es sólo incrementar la cantidad de capital sino también refinar la calidad de este capital. Y al hacerlo, eliminaremos parte de lo que ahora es la base de capital de la banca, lo que al final, acabará dificultando que las entidades incrementen la cantidad de capital. Esta es la razón por la que es una importante definir qué será capital y qué no".
Sucumbiendo al lobby: Basilea III termina cocinando un menú a gusto de la banca
"Los gobernadores de los Bancos Centrales y reguladores del Comité de Basilea sucumbieron a un intenso lobby de parte de los bancos y edulcoraron las propuestas sobre un nuevo marco reglamentario para el sector de cara a nuevas crisis, indicaron el martes analistas"… Basilea III cede a la presión bancaria (El Economista – 28/7/10)
Después de la crisis financiera de 2008, el Comité de Basilea inició una reforma reglamentaria cuyo resultado debe ser sometido al G20 de Seúl en noviembre (2010) y aprobado por los dirigentes de los principales países desarrollados y emergentes.
Pero las nuevas reglas -denominadas oficiosamente Basilea III- serán más flexibles en cuanto a la calidad del capital y el monto de los activos requeridos para sustentar los préstamos bancarios que lo inicialmente previsto.
Las nuevas disposiciones, aprobadas por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria en una reunión el lunes (26/7) por la noche, también darán más tiempo a los bancos comerciales para su aplicación.
La participación de los bancos
Además, los reguladores y los gobernadores de los bancos centrales aceptaron tomar en cuenta, en cierta medida, la participación de los bancos en otros establecimientos financieros, lo que no estaba previsto inicialmente.
"El comunicado de anoche (lunes) mostró una flexibilización de algunas de las propuestas iniciales de modo que el Comité aparece tomando un enfoque más práctico para implementarlas, viendo la necesidad de permitir a los bancos sostener la reactivación económica", indicó el analista Eamonn Hughes, de Goodbody Stockbrokers.
"Parece que las actividades de intenso lobby de los grandes bancos europeos han funcionado", afirmó de su lado el experto Joshua Raymond, de London's City Index.
Alivio en los mercados bursátiles
El alivio en los mercados bursátiles era evidente el martes (27/7), con las acciones de las compañías de servicios financieros en clara alza. Las ganancias mejor de lo esperado de los bancos suizo UBS y alemán Deutsche Bank también ayudaron al sector.
| Página siguiente |