Microfinanzas: reformas y desarrollo rural (página 2)

Santa Cruz es un departamento estratégico para la disponibilidad de alimentos. Allí, la superficie cultivada en verano, que es la de mayor producción, bajó de 1.6 millones de hectáreas en 2009 a 1.1 millones en 2010. Las reducciones más importantes se produjeron en soya, maíz y arroz, que son precisamente algunos de los cultivos sujetos a las restricciones de exportación por parte de las políticas gubernamentales. El acercamiento del gobierno a los gremios agropecuarios producido entre diciembre de 2010 y los primeros meses de 2011 tuvo al parecer resultados favorables en la superficie sembrada, pues ésta alcanzó las 760,000 ha en la campaña 2010-2011, batiendo un record histórico en el cultivo veraniego.

1. Arroz

El área cosechada de este producto se mantuvo relativamente estable en los últimos años, con un ligero incremento en 2011 e incluso con rendimientos que parecen mejorar desde 2008, con lo cual la producción tiene tendencias al alza. El 72 por ciento de la producción proviene de Santa Cruz y se destina en lo fundamental al mercado interno.

2. Maíz

Este es uno de los cultivos más importantes, pues representa el 50 por ciento de la producción de cereales y después de la soya tiene la mayor superficie sembrada. Santa Cruz, tiene el 70 por ciento de esa superficie, donde se cultiva tanto en verano como en invierno. Su siembra decayó de manera importante después del 2008 debido a la prohibición de su exportación y a los problemas climáticos, por lo que las importaciones son desde entonces relativamente importantes. Su rendimiento promedio es uno de los más bajos de la región (2.8 T/ha) debido a que se trata de un cultivo exigente en mecanización, tecnología, tratamientos fitosanitarios y riego, mientras que en Bolivia se lo trabaja en suelos de poca fertilidad, con semilla de baja calidad, insuficiente disponibilidad de riego y bajo control de plagas.

3. Trigo

Bolivia no produce todo el trigo que consume, aunque su producción se ha venido incrementando de manera sostenida principalmente en Santa Cruz, de donde proviene el 61 por ciento del total nacional. La superficie sembrada no ha dejado de crecer desde su inicio en la década del '80 al igual que los volúmenes de producción. La demanda de 728,000 toneladas es cubierta en 22 por ciento por producción nacional, 30 por ciento por importaciones, 16 por ciento por harina de contrabando y 5 por ciento por donaciones. La declinación de las importaciones entre 2008 y 2011 podría deberse al contrabando.

4. Papa

Es un tubérculo de altiplano y valles del que La Paz es el principal productor e involucra a más de 200,000 familias. Su superficie de cultivo se incrementó desde 2008 junto con los volúmenes producidos, pero sus rendimientos son decrecientes desde hace bastante tiempo, con la productividad más baja de la región (5.4 T/ha)14 debido a la precariedad tecnológica de los pequeños productores, una pequeña proporción de los cuales utiliza parcialmente la mecanización.

La extrema parcelación de la propiedad de los pequeños productores constituye una traba permanente para mejorar la productividad, pues impide la aplicación de técnicas modernas, mecanización y finalmente constituye la principal razón de su masiva migración a las ciudades en el altiplano de La Paz.

5. Azúcar

La caña de azúcar es un cultivo en expansión por el incremento sistemático de la superficie sembrada, con una lenta mejoría en los rendimientos que continúan siendo los más bajos de América Latina (45 T/ha) a pesar de las mejoras tecnológicas introducidas tanto a nivel de variedades como de manejo de finca, debido al deterioro de suelos. Las zonas de cultivo más importantes están en Santa Cruz (90 por ciento) y Tarija.

6. Cultivos oleaginosos

En soya la producción vino creciendo a ritmos importantes, especialmente debido a la expansión de los cultivos, pues los rendimientos se incrementan con lentitud; son todavía bajos, pero ya dejaron de ser los más bajos de la región (entre 2 y 2.3 T/ha). En el sub sector soyero existen 14 mil productores, de los cuales el 77 por ciento son pequeños, mientras que el 1 por ciento posee áreas superiores a 1,000 ha17. En cambio, la tecnología empleada por la industria aceitera está desarrollada con inversiones en almacenamiento y procesamiento. Sin embargo, existe una alta dependencia a insumos y tecnología extranjera. Entre 2008 y 2010 se han producido algunas importaciones de aceites vegetales y animales.

7. Carnes

En carne vacuna la producción continúa en aumento mientras la productividad se mantiene estancada (167 kg/animal en carcasa); es decir, es uno de los más bajos de la región. Su producción se desarrolla en lo fundamental en Beni y Santa Cruz. Las importaciones no tienen una tendencia estable y oscilan en función de los precios y los factores que afectan la producción forrajera y de alimentos.

La baja productividad se debe a que son pocos los sistemas industriales que emplean alta tecnología, pues la mayor parte de la ganadería del país es extensiva, basada en acceso a praderas nativas y agua, sin aplicación de tecnología ni servicios. En el occidente es trabajo es más precario aún, pues se realiza en fincas pequeñas, con suelos erosionados, sobre pastoreo, uso de genotipo nativo o naturalizado e insumos caros y escasos.

8. Leche

La producción nacional de leche fresca ha venido creciendo de manera sostenida, con la hegemonía de Santa Cruz (62 por ciento) y Cochabamba (23 por ciento), aunque destaca el crecimiento importante de La Paz. A pesar de ello, no cubre el requerimiento de la industria láctea, por lo que las empresas importan leche en polvo. Además, Bolivia ocupa el último lugar de Sudamérica en el consumo promedio de leche por habitante (38 litros al año, vs un mínimo recomendable de 120).

IV. La agroindustria alimenticia

Para diferenciar la agroindustria de otras industrias no siempre se cuenta con estadísticas que la desagreguen de otras ramas industriales. El gráfico 9 ubica a la agroindustria en el contexto más general de la industria manufacturera y da cuenta de su importancia en la economía nacional, pues más de la mitad (el 52.2 por ciento) de las empresas existentes trabajan en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco. A su vez, tanto en la generación de valor agregado como de empleo, es el rubro de mayor incidencia dentro de la manufactura

V. El comercio exterior alimenticio

Las exportaciones no conspiran contra la seguridad alimentaria pues constituyen un incentivo de ingreso sostenido muy importante para los productores y se traducen a la larga en incrementos en producción y productividad y en la generación de valor agregado, tal como ha sucedido con el complejo oleaginoso que se inició con la producción de semillas (granos) y hoy tiene su punto fuerte en los derivados.

En la evolución reciente del valor de las exportaciones de alimentos, no se visualizan las restricciones impuestas en los últimos años, debido a que el incremento de los precios permitió compensar los menores volúmenes ofertados en el mercado exterior, especialmente en derivados de soya, girasol, azúcar y maíz, productos que sumados representan el 70 por ciento de las exportaciones alimenticias del país. Aún así el maíz y los granos de soya y girasol tuvieron reducciones en el valor exportado durante 2010

Por otra parte, las exportaciones agropecuarias constituyen una fuente de ingresos estratégica para el país, pues a diferencia de la minería y los hidrocarburos se trata de recursos naturales renovables, con efectos multiplicadores en otros sectores de la economía, generadores de empleo y con crecientes procesos de agregación de valor. De hecho, son exportaciones que pasaron de US$ 35 millones en 1980 a US$ 712 millones en 2008, implicando una tasa de crecimiento promedio anual de 17 por ciento. Su incidencia porcentual en el total de las exportaciones pasó del 4 por ciento en 1981 al 34 por ciento en 2004 (antes del auge de los precios de los hidrocarburos que la redujo al 10 por ciento).

Si bien las importaciones agropecuarias crecieron también de manera importante entre 1980 y 2008, pasando de US$ 15 millones a US$ 211 millones, se evidencia que el saldo comercial sectorial resulta favorable para el país, incluso si se le suman los US$ 97 millones que solamente en 2008 se importaron en bienes de capital27. En 2010 las importaciones de alimentos y bebidas y de insumos para la agricultura tuvieron un incremento importante.

VI. Coca: cultivo sin competencia

Durante los 90, la coca representó el 3 por ciento del PIB con una movilización de recursos de US$ 200 millones por año. A su vez la salida de sus derivados representó un 14.5 por ciento de las exportaciones del país. El desarrollo del producto tiene más o menos la siguiente historia:

• Hasta 1990 creció la superficie y la producción con rendimientos de 2.3 TM/ ha.

• Entre el 90-98 se mantuvo la producción y la superficie, pero los rendimientos cayeron a 2.2 TM/ha.

• Con el Plan Dignidad, en el 2000 la superficie bajó de 37,921 ha a 19,953 ha.

• Del 2000 en adelante se volvieron a incrementar las superficies y la producción al calor de los movimientos sociales del Chapare.

• En 2007 la superficie llegó a 27,537 ha con 18,847 toneladas de producidas.

• En 2008 se llegó a 30,500 ha.

• Las estimaciones señalan que en 2010 se estaría en 35,000 ha.

Por otro lado, los rendimientos de la coca se reducen de manera sistemática, induciendo con ello a los productores a incursionar en nuevas áreas tropicales, preferentemente vírgenes, a fin de mantener su productividad por hectárea (ver gráfico 10). Es decir, la expansión de los cultivos no se debe tanto a la incorporación de nuevos productores, debido al férreo control sindical existente para evitar nuevos competidores, sino de manera especial, a la racionalidad económica de los antiguos en la búsqueda de productividad.

VII. Algunas conclusiones

• Un elemento fundamental que emerge de todos los diagnósticos es que el departamento de Santa Cruz es estratégico para la seguridad alimentaria nacional, pues genera los volúmenes más importantes de los productos que son básicos para atender los requerimientos de alimentación de la población. Constituye el nuevo granero de Bolivia. Ese departamento es también fundamental para la generación de divisas, empleo e ingresos para un número creciente de habitantes poblacionales que viven o migan hacia allí. Por esta última vía -la generación de ingresos- tiene también que ver con la seguridad alimentaria, en tanto genera condiciones de acceso a los alimentos por la capacidad de compra.

• Los precios internos de los alimentos continuarán teniendo presiones al alza como producto de la incidencia de los factores inflacionarios externos, pero también por las condiciones internas, entre las que corresponde destacar el incremento del ingreso de estratos pobres de la población producido en los últimos años a raíz de la confluencia de los precios externos de los productos de exportación, las remesas, las políticas públicas redistributivas y las actividades informales. Es decir, existe una inflación por demanda que incide en el índice de precios al consumidor. A ello deben agregarse los problemas tanto estructurales como coyunturales que tiene el sector agrario boliviano, los mismos que inciden de manera significativa en restricciones en la oferta alimenticia.

• Las políticas públicas han sido relativamente exitosas en la contención de la inflación y la disponibilidad física de alimentos, pero han sido de corto plazo, atacando en lo inmediato el precio y la escasez con altos costos para el erario nacional, pero sin promover el desarrollo de la oferta a largo plazo. Al contrario de ello, tanto los lineamientos macroeconómicos (tipo de cambio) como los específicos sectoriales (controles de precios, restricciones a las exportaciones, importaciones subvencionadas) han castigado a los productores en aras de proteger al consumo, generando pérdidas y desincentivos para la inversión y el crecimiento de la oferta.

• Es evidente que la exportación de alimentos no es la causa del eventual desabastecimiento del mercado interno o del incremento de los precios, sino que más bien se requieren incentivos de precios (externos e internos) a los productores para crear la capacidad adquisitiva rural y superar la pobreza.

• No es menos evidente que el incremento del precio de los alimentos afecta a los hogares más pobres, gran parte de los cuales tiene diversos niveles de desnutrición crónica, pero ello no debe llevar a que las políticas públicas sacrifiquen a los productores, sino que debe ser objeto de acciones específicas y focalizadas.

• La visión de corto plazo de las políticas públicas está llevando al país a perder la oportunidad de aprovechar sus recursos naturales renovables y el posicionamiento en el mercado internacional de los productores nacionales. En este sentido, es evidente que la crisis de precios hacia arriba constituye una oportunidad tanto para posicionar al país en el mercado como para aprovechar el mejoramiento de los términos de intercambio campo-ciudad para reducir la pobreza rural, que es la de mayor incidencia y profundidad.

• En el largo plazo la seguridad alimentaria de Bolivia ha mejorado, especialmente en los últimos 30 años de estabilidad macroeconómica, pues se han sustituido importaciones en diversos productos componentes de la canasta alimentaria, quedando solamente el trigo como producto con insuficiente oferta interna. De todos modos, con excepción de sus ciudades capitales, los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y La Paz son vulnerables en términos alimentarios

• En el plano estructural es evidente que el ciclo benéfico de la Reforma Agraria se agotó debido a la institucionalización de la pequeña propiedad de ella emergente como una propiedad de segunda clase, impedida de apalancar recursos de crédito y de incrementar sus límites mediante procesos de compra-venta. Ello ocasionó que la pequeña propiedad dotada a los campesinos en el Occidente (altiplano y valles) se parcele por efecto de la sucesión hereditaria hasta conformar unidades inviables, con cultivos que en promedio tienen 2 ha, incapaces de generar economías de escala, con baja productividad y sin mejoras tecnológicas. Finalmente, los campesinos migran a las ciudades haciendo que el país cuente rápidamente con una población mayoritariamente urbana, demandante de alimentos que su entorno rural produce cada vez en menores cantidades y con mayores costos.

• En general existe en el país un culto a la pequeña propiedad que ignora las limitaciones de la escala micro en la economía y que tiende a castigar al que crece, generándole inseguridad jurídica mediante políticas punitivas, como la reversión de la tierra por causas menores.

IV. Las políticas deseables

A continuación, se proponen acciones para el mejoramiento de la seguridad alimentaria nacional y el desarrollo agropecuario en general, algunas de las cuales fueron tomadas de la agenda del Grupo DRU y otras emergen de los estudios de la presente publicación.

Inmediatas:

• Es imperativo eliminar las restricciones comerciales, de precios y de exportación a los productos alimenticios que frenan el desarrollo a mediano y largo plazo de la producción e implican un castigo a los productores.

• Incentivar la inversión privada agropecuaria orientada a la producción de alimentos mediante la facilitación del acceso a financiamiento adecuado, tanto en crédito como en otras modalidades.

• Orientar la inversión pública hacia el desarrollo de la infraestructura productiva, principalmente en riego, para lo cual es imperioso contar con las iniciativas de los gremios y asociaciones de productores que conocen las necesidades y posibilidades existentes. Asimismo, es necesario eliminar las restricciones que tienen los gobiernos municipales y departamentales para financiar sistemas de riego mayor.

• Moderar y/o reducir la sobrevaloración de la moneda nacional con objeto de evitar la pérdida de competitividad de la producción nacional.

• Subsidiar directamente el consumo de alimentos de los sectores más vulnerables, previa identificación y focalización, y evitar el subsidio generalizado al consumo.

• Generalizar la práctica del desayuno escolar en todos los municipios del país, con compras de productos nacionales y locales.

• Liberar de impuestos la importación de semillas de alimentos y de fertilizantes.

• Acelerar el saneamiento de tierras en las áreas más productivas, especialmente en Santa Cruz, con objeto de dotar de seguridad jurídica plena a los productores e incentivar sus inversiones.

• Dejar de ver la crisis alimentaria mundial como una amenaza y orientar las políticas públicas y el accionar privado a transformarla en una oportunidad, tanto para aprovechar los precios para el desarrollo de la economía nacional como para acelerar el estrechamiento de los términos de intercambio campo-ciudad y apoyar por esa vía la reducción de la pobreza.

• Ampliar a 5 años la frecuencia de verificación del cumplimiento de la FES, de modo que los productores agropecuarios pequeños, medianos y grandes puedan realizar inversiones de largo plazo, sin estar sujetos a que las contingencias climáticas de un año los ponga en riesgo de reversión de sus tierras.

• Modificar la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria con objeto de que sus beneficiarios sean de verdad productores y no organizaciones político- territoriales no vinculadas directamente a la producción.

• Reconocer a las asociaciones de productores y las OECAs como los interlocutores válidos de los pequeños productores del Occidente con objeto de concertar políticas productivas de apoyo a la seguridad alimentaria.

• Promulgar la Ley de Garantías muebles y prendarias con objeto de facilitar el acceso al crédito a aquellos productores que carecen de garantías inmobiliarias.

Mediatas:

• Recuperar la potencialidad productiva del occidente del país, para lo cual es necesario:

• Titular a los pequeños propietarios rurales y dotarlos de un sistema de registro y catastro con objeto de proporcionarles también a ellos seguridad jurídica plena y facilitarles el aprovechamiento pleno de su propiedad.

• Igualar la pequeña propiedad rural con las otras formas de propiedad de modo de que: 1) jurídicamente deje de ser equiparable a la propiedad de un menor de edad; 2) económicamente deje de ser un bien de usufructo para transformarse en un medio de producción. Ello supone eliminar las restricciones legales que le impiden apalancar crédito y la inhabilitan para un aprovechamiento más intensivo y tecnificado de las parcelas.

• Orientar el reagrupamiento de las propiedades extremadamente parceladas mediante mecanismos regulados de mercado, de manera tal que: i) los minifundios se vayan transformando en pequeñas y medianas propiedades con economías de escala para el trabajo mecanizado y tecnificado; ii) la tierra de altiplano y valles vuelva a cumplir su función económico-social y deje de permanecer en condiciones de semi-abandono.

• Crear sistemas descentralizados de extensión agropecuaria y asistencia técnica, utilizando la capacidad instalada existente de recursos humanos en instituciones, ONGs, proyectos y empresas.

• Aclarar la división de roles entre el Ministerio de Salud, las Alcaldías y el SENASAG e institucionalizar este ultimo de modo que cumpla su misión de certificar las condiciones exportables de la producción nacional y de garantizar la inocuidad de los alimentos que consume la población.

La capitalización: apuntes para una evaluación

1. Antecedentes: las empresas estatales bajo el modelo del 52

El proceso de capitalización iniciado en Bolivia en 1994 constituye un intento por dar salida a la crisis del Estado del 52, la misma que presenta síntomas terminales desde principios de la década de los años 80 y se caracteriza por los siguientes elementos substanciales.

• Agotamiento del ciclo de la Reforma Agraria, como consecuencia de la extrema parcelación de la tierra y el deterioro de la base de recursos naturales.

• Este agotamiento trajo como consecuencia un vertiginoso aceleramiento de la migración rural-urbana, la conformación de cinturones de pobreza en las principales ciudades y el crecimiento del sector informal.

• Pérdida del eje articulador de la economía como consecuencia de la crisis mundial de la minería estañífera, pero particularmente de la incapacidad del país para desarrollar una minería competitiva, basada por una parte en la incorporación de tecnologías que permitan la explotación rentable de yacimientos de baja ley y, por otra, en la disponibilidad de recursos para exploración.

• Crisis del aparato productivo privado como resultado de dos factores concomitantes: (1) la menor incidencia del Estado como principal demandante de bienes y servicios; y (2) los efectos de la globalización de la economía que trasladaron el eje de la competitividad de la mano de obra de bajo costo a la incorporación de tecnología de punta, incluso para la industria liviana.

• Desconfiguración de la centralidad obrera que había caracterizado a los movimientos sociales del país desde la fundación de la FSTMB en 1946. Este fenómeno fue consecuencia tanto de las modificaciones producidas en la estructura productiva (crisis de la minería, cierre de industrias de tecnología obsoleta, etc.) como de la reestructuración estatal generada por el D.S. No. 21060.

2. La situación interna de las empresas y sus desafíos

Como casi todos los países de la región, Bolivia desarrolló grandes empresas estatales en actividades que casi siempre constituyen monopolios naturales o exigen elevados niveles de inversión: dos productoras (YPFB y ENAF) y cuatro de servicios no transables (ENTEL, ENDE, ENFE y LAB). La otra de las grandes empresas -COMIBOL- virtualmente ya no existe y se limita a la administración y concesión de unidades descapitalizadas.

Con todos sus problemas, esas empresas constituyen un patrimonio nacional que durante muchos años la conciencia nacional se negó a enajenar, probablemente intuyendo que constituían parte de una acumulación del país. Sin embargo, es importante analizar, caso por caso, su realidad y las condiciones que hicieron necesaria y posible su capitalización, sustituyendo todas las propuestas de enajenación o privatización directa.

2.1. La Empresa Nacional de Electrificación

El desarrollo inicial de la energía eléctrica en el país es el resultado combinado del impulso de la economía minera en el Occidente y del esfuerzo cooperativo de sus habitantes en el Oriente. Este último tuvo las características de un auto esfuerzo solidario verdaderamente ejemplar, especialmente en Santa Cruz.

Esta ejemplaridad, sin embargo, es propia de una fase de gestación, nacimiento y crecimiento de urbanizaciones, cuando la cuota del vecino sirve para la compra del postaje y el tendido de cables y las actividades económicas empiezan a perfilarse, pero resulta insuficiente cuando se la pretende aplicar a complejos contextos urbanos, afectados por industrias demandantes. Es más, en las modernas ciudades el cooperativismo en los servicios se convierte en una restricción que segrega a los sectores más pobres de la población, al exigirles un aporte de ingreso de US$ 500.

2.2. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones nació a fines de 1965 con objeto de prestar servicios públicos. En realidad, se trataba de servicios muy precarios que operaban con grandes dificultades no solamente debido a la obsolescencia de los equipos, sino también a la carencia de un sistema regulatorio que evite el congestionamiento.

A pesar de las limitaciones propias de toda empresa estatal, ENTEL ha tenido un sistemático e importante desarrollo, el mismo que le ha permitido contar con un patrimonio interesante desde el punto de vista económico, pero muy importante desde el punto de la incorporación de tecnología. La evolución de este patrimonio es más o menos la siguiente:

• Hasta 1975, operación de sistemas de línea física (cables) y de alta frecuencia en condiciones precarias.

• 1975. Incorporación de la Red Analógica Troncal de Microondas La Paz – Oruro – Cochabamba – Santa Cruz, que permite por primera vez una comunicación fluida entre las ciudades del eje troncal.

• 1978. Inauguración de la estación terrena "Tiwanacu" que permite la comunicación satelital de Bolivia con el mundo.

• 1979. Inauguración del sistema de Discado Directo a Distancia en la red troncal, mediante un sistema automático que constituyó casi una primicia en América Latina. Expansión de los servicios de microondas a Sucre, Potosí y Tarija y a la radiodifusión y televisión.

• 1980-85. Ampliación de la cobertura y modernización de las redes.

• 1992. Incorporación de la red troncal digital, que permite servicios de telefonía, télex, facsímil, datos, televisión y radio para las ciudades del eje troncal.

• Sistema Domsat I, que a partir de la estación "Tiwanacu II" se complementa con 13 estaciones terrenas remotas instaladas en el oriente y el norte boliviano y amplía la cobertura de los servicios de la red troncal.

• Expansión de la Red Nacional de Telecomunicaciones a 80 poblaciones menores de La Paz, Cochabamba y Tarija.

• Enlace Santa Cruz – Puerto Suárez, que incluye a todas las poblaciones intermedias.

• Estación Terrena en Santa Cruz para la expansión nacional de los servicios.

• Finalmente, ENTEL ha introducido servicios de valor agregado, tales como transmisión internacional de datos, tarjeta magnética, etc.

2.3. El Lloyd Aéreo Boliviano

El Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) fue creado en 1925 a partir de la donación de un avión monoplano Junkers f-13 de un solo motor y con capacidad para dos tripulantes y cuatro pasajeros. La donación fue hecha por los residentes alemanes en Bolivia en ocasión del primer centenario de la República (Boero).

En 1995, las pérdidas del LAB fueron de US$ 6,1 millones, debido, fundamentalmente, a la anarquía administrativa, la falta de unidad de mando y la carencia de una visión de economías de escala. Las limitaciones afectaban el conjunto de las actividades de la empresa:

• En lo técnico destaca el hecho de que los servicios trianuales de mantenimiento de los aviones se los hacía en Costa Rica a un costo verdaderamente elevado de US$ 1 millón por aeronave, a pesar de contar con recursos humanos calificados en el país.

• No existía seguridad en el manejo de equipajes y carga; esta última se transportaba a granel, el índice de reclamo de equipajes perdidos llegaba al 2 por ciento, la puntualidad era del 65 por ciento y la regularidad del 80 por ciento.

• El sistema de adquisiciones que norma a las empresas estatales generaba demoras en el proceso de abastecimientos de repuestos, las mismas que se traducían en paralización parcial de la flota o en incumplimiento a las normas de aeronáutica civil, que establecen la cantidad mínima de repuestos que se debe tener en existencia.

• En lo administrativo, existían numerosas e injustificadas jefaturas. Las horas extras, que debieran responder a necesidades evidentes de la empresa, se volvieron un derecho adquirido del personal, lo mismo que los pasajes gratuitos y la peligrosa liberalidad en la concesión de peso libre por tripulante, especialmente en viajes al exterior.

• En lo financiero, se venían acumulando deudas con Impuestos Internos y FOPEBA por US$ I millón y con AASANA y otros servidores por US$ 1,8 millones.

• Su flota estaba compuesta por 10 aviones: 3 Boeing 727-199 (modelos 63, 68 y 69, respectivamente); 1 Boeing 707 de carga, modelo 78; 1 Fokker 27 modelo 59; 3 Boeing 727-200 (modelos 75 y 78) y 2 Airbus A-310 (modelos 88 y 90).

2.4. La Empresa Nacional de Ferrocarriles

Bolivia cuenta con 3.643,9 km de vías férreas en dos redes desconectadas entre sí en la medida en que obedecen a dos lógicas y dos historias diferentes (véase Cuadro No. 5). La Red Occidental, especialmente la que orienta ramales hacia el Pacífico, es la más antigua y tiene su origen en 1913, cuando se planteó la necesidad de la minería andina de conectar los centros de producción con las ciudades proveedoras de insumos y alimentos y, además, con los mercados externos.

La Red Oriental, en cambio, responde a los primeros intentos de integración nacional a partir del desarrollo del Oriente en 1949. Tiene como eje articulador a la ciudad de Santa Cruz, la misma que por una parte debía buscar los mercados de la actividad agropecuaria en Argentina y Brasil, y, por otra, tratar de conectarse con el occidente del país mediante la unión de El Palmar con Alquile. Lo primero se ha logrado, pero lo segundo casi se ha hecho innecesario con la hegemonía de las carreteras.

2.5. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

En poco más de 60 años de existencia, YPFB sólo exploró el 13 por ciento del territorio potencialmente hidrocarburífero del país y mantuvo un nivel de producción que osciló entre los 20.000 y los 25.000 barriles diarios de petróleo, debido principalmente a su crónica carencia de tecnología y capital y a las transferencias realizadas al TGN (Royuela). Asimismo, hasta la fecha en el país solamente se han perforado 1.600 pozos y se encuentran en producción 470 (Fundación Milenio, 1996a).

El Cuadro No. 6 muestra la existencia de 61 campos petrolíferos manejados por YPFB y sus contratistas, 17 centros de almacenamiento de productos, 4 plantas de tratamiento de gas y 4 refinerías. Del total, 37 campos se encuentran en producción, 9 en reserva y 14 fueron abandonados. En estos datos, llama la atención la poca cantidad de infraestructura gasífera a pesar de ser los yacimientos principalmente de gas. Ello explica que debido a la inexistencia de mercado se debe proceder a la quema o a la re-inyección de condensado. Lo primero representa una pérdida neta, lo segundo un costo tan alto como el que se tiene para la extracción.

2.6. La Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV)

La fundición de estaño en Bolivia es parte de los intentos de emancipación económica nacional, pues es consecuencia de prolongados esfuerzos técnicos y políticos por superar casi 80 años de exportación de concentrados que incluían, por una parte, metales como plomo, plata y cobre por los que no se le reconocía valor alguno, y, por otra, tierra inaprovechable sobre la que se pagaban fletes falsos.

Los esfuerzos por obtener metal de grado A con casi 100 por ciento de pureza se lograron en 1971 con la puesta en marcha de ENAF, uno de los complejos más grandes de América Latina y la cuarta del mundo para procesar minerales no ferrosos, que en 1986 se convirtió en la EMV.

El complejo ocupa una superficie de 843.000 m2, de los cuales casi 60.000 están edificados. Cuenta con una red ferroviaria de 2,5 km; 4,5 km de caminos y una potencia instalada de 30 MVA.10 Cuenta con tres plantas de procesamiento metalúrgico:

• Fundición de estaño de alta ley con capacidad de procesar 20.000 toneladas anuales.

• Fundición de estaño de baja ley, con capacidad de procesar 10.000 toneladas anuales.

• Fundición de antimonio con capacidad de 9.300 toneladas por año, cifra que convirtió a Bolivia en el segundo productor de este recurso en el mundo.

3. Las alternativas: privatización o capitalización

La realidad interna de las empresas estatales constituye una expresión nítida del agotamiento del modelo de capitalismo de Estado, proceso en el cual aquéllas pasaron de ser ejes articuladores del desarrollo, sustitutivos de la precaria burguesía nacional, a centros propiciadores de procesos de acumulación originaria y finalmente a meros resortes de atemperamiento del desempleo urbano.

En realidad, el papel cumplido en ese proceso por cada una de las empresas en cuestión fue distinto: así, por ejemplo, YPFB, ENDE y ENTEL cumplieron en alguna medida el rol de ejes articuladores del desarrollo (aunque en menor medida que COMIBOL), mientras que ENFE y el LAB se limitaron a ser onerosas fuentes de empleo público.

Pero, independientemente de ese rol diferenciado, la realidad final de todas ellas fue su descapitalización o por lo menos su insuficiencia de capital para hacer frente a las necesidades de inversión que exige su competitividad y por tanto su sobrevivencia en la época actual, que se caracteriza además por el impresionante desarrollo de los mercados financieros, la caducidad de las estructuras monopólicas como resultado del cambio tecnológico y la globalización de los mercados.

4. El proceso de capitalización: descripción y contenido

El proceso de capitalización, que se inició en Bolivia con la Ley No. 1544 de 21 de marzo de 1994, autoriza al Poder Ejecutivo a aportar los activos de las empresas estatales para la constitución de nuevas SAM, a distribuir gratuitamente su paquete accionario a los ciudadanos bolivianos mayores de edad a través de las AFPs y a vender, mediante licitación pública internacional, las acciones de nueva emisión resultantes de un proceso de incremento de capital de las empresas. Finalmente, establece determinadas inhabilitaciones para asegurar la transparencia del proceso.

El proceso de capitalización tiene seis pasos fundamentales, que es preciso sintetizarlos para comprender sus alcances y sus diferencias y similitudes con la privatización llana:

• Conversión de cada una de las empresas en una o más SAM, con participación del Estado y de los trabajadores que aceptan la invitación de suscribir acciones al valor de libros. Fue también una parte conflictiva debido a la oposición de la COB a todo el proceso de capitalización.

• Incremento del capital de la SAM, mediante la emisión de nuevas acciones, las mismas que son ofrecidas a socios estratégicos potenciales. Dichas acciones equivalen al 50 por ciento del capital total de la nueva empresa resultante.

• Licitación pública internacional del 50 por ciento de las acciones, al cabo de la cual el accionista que realiza la mayor oferta económica por ese lote se las adjudica. Esta licitación tuvo las siguientes fases:

• 1) Pre-calificación, en la cual las empresas interesadas presentaron la documentación que acreditaba su capacidad técnica, financiera y administrativa, de acuerdo a las especificaciones de los términos de referencia previos.

• 2) Oferta económica, donde los inversionistas pre-calificados que cumplían todos los requisitos eran invitados a presentar propuestas económicas para adjudicarse el 50 por ciento de las acciones de la empresa.

• 3) Cierre, en el cual luego de concluidos los trámites legales y administrativos se suscribieron los contratos, se pagó el monto ofertado que ingresa a las cuentas de la empresa capitalizada y se transfieren las acciones del Estado a un fiduciario en forma temporal, hasta su transferencia a las AFPs.

• Transferencia de las acciones del Estado al banco fiduciario CITITRUST LIMITED en fideicomiso hasta que entren en funcionamiento las AFPs que administrarán definitivamente dichas acciones y distribuirán los dividendos en favor de las personas mayores de 65 años. Estas administradoras podrán, a su vez, colocar los recursos en los mercados mundiales de capital.

• Administración de las empresas capitalizadas por parte del socio estratégico de acuerdo a contratos

• Regulación, control y supervisión por parte del SIRESE de las actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y agua, sectores todos que constituyen monopolios naturales y que bajo una administración privada podrían obtener ganancias extraordinarias que afecten a los consumidores o se conviertan en acicates inflacionarios.

5. Las empresas capitalizadas

5.1. Las empresas de electricidad

El paso previo a la capitalización de ENDE fue la desregulación y organización del mercado mediante la Ley de Electricidad No. 1604 de 31 de diciembre de 1994. La desregulación afecta principalmente a la generación, estableciendo un mercado competitivo para esa actividad, mientras que las fases de transmisión y distribución se mantienen reguladas debido a sus condiciones monopólicas.

De esta manera, con carácter previo al proceso de capitalización del sector, el mercado eléctrico quedó estructurado como lo muestra el Gráfico No. 4, con objeto de crear condiciones para un desempeño eficiente y competitivo de las empresas del sector y atraer la inversión privada que posibilite la expansión.

El mercado de generación está conformado por un mercado mayorista de opera dores dentro del SIN en el que existe un mercado de contratos de suministro y un mercado spot de transacciones de compra-venta de electricidad a corto plazo

Las condiciones de preselección de los operadores de la generación fueron básicamente las siguientes: un mínimo de 200 MW de capacidad de placa (instalada en planta) en centrales de su propiedad en los últimos 3 años; antigüedad no menor a 5 años en el rubro; eficiencia hidráulica del 90 por ciento y térmica del 85 por ciento; patrimonio neto superior a US$ 100 millones y relación deuda/ patrimonio máximo de 5.

5.2. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones

La capitalización de ENTEL se ha propuesto como objetivos duplicar la densidad telefónica a nivel nacional, modernizar la red y los servicios ofrecidos y establecer la infraestructura para la apertura del mercado.

Con los aportes de capital, la telefonía debe alcanzar -en los próximos 6 años- a todas las poblaciones del país que tengan más de 350 habitantes; se tiene que instalar -en 18 meses- 5.000 nuevos teléfonos públicos; se asegura que en 6 años se satisfará el 95 por ciento de las solicitudes de servicio telefónico y en ese mismo lapso se reemplazará todos los equipos de tecnología antigua por equipos digitales, de modo que en todo el país se cuente con los servicios de larga distancia nacional e internacional, satélite, telefonía celular, distribución de señales por cable, transmisión de datos, télex y telegrafía, buscapersonas, teléfonos públicos y telecomunicaciones locales.

Los requisitos para la preselección de la empresa que pretendían ser socias estratégicas, eran las siguientes: ser operador del sector o estar relacionado con una empresa que lo sea; haber prestado servicios telefónicos en 1994 a más de 900.000 líneas principales; contar con un nivel de ingresos superior a US$ 2.000 millones y un rating crediticio a largo plazo "A" o "BBB".

5.3. El Lloyd Aéreo Boliviano

La capitalización del LAB se orientó a modernizar la flota, expandir rutas, lograr economías de escala, evitar la interferencia político-sindical en la administración y mejorar los servicios para competir en el largo plazo.

Debido a la dificultad de poner metas precisas a los potenciales socios en un rubro tan delicado y con una empresa tan precaria, no se fue demasiado rígido en el señalamiento de las contribuciones del inversionista, de modo que se abrieron cuatro líneas de posibles aportes: (1) efectivo; (2) aeronaves y equipo relacionado, (3) aportes especiales en asesoría gerencial y alquiler operativo de naves; y (4) una combinación de las tres anteriores.

5.4. Las empresas ferroviarias

La estrategia de capitalización de los ferrocarriles bolivianos se orientó primero a distribuir los bienes de ENFE en tres tipos:

• Bienes que se transfieren en calidad de propiedad a cada una de las empresas capitalizadas: material rodante y repuestos, equipos de telecomunicación, existencias en almacenes y equipos y materiales de maestranzas.

• Bienes que continúan siendo propiedad del Estado, pero que se otorgan en licencia a las empresas capitalizadas: vías y obras, infraestructura ferroviaria, edificios y terrenos necesarios para las operaciones, y vehículos y equipo pesado.

• Bienes que permanecen en poder de ENFE estatal hasta que sean liquidados: bienes raíces excedentarios, vehículos, equipo pesado y todo tipo de material excedentario.

5.5. Las empresas hidrocarburíferas

La Ley de Hidrocarburos, aprobada antes de la capitalización, estableció las condiciones de operación de cada una de las fases de la explotación, desde la exploración hasta la comercialización al detalle de los productos refinados. Las condiciones de preselección de los socios estratégicos del sector fueron básicamente tres:

• Ser actualmente operador del sector hidrocarburos o estar relacionado conuno que lo sea.

• No ser parte de empresas extranjeras en las que directa o indirectamente el sector público de otros países participe con más del 50 por ciento en la propiedad accionaria.

• Tener una calificación crediticia "Senior unsecured" en los mercados internacionales de capital que sea por los menos "B" (excepto para comercialización).

Las fases más costosas del proceso y que requieren mayores niveles de tecnología y por ende de inversión -la exploración, la producción y el transporte por ductos fueron capitalizadas con el aporte de 3 compañías, como muestra el siguiente Cuadro, luego de haber analizado las ofertas de 35 compañías internacionales.

5.6. La fundición de Vinto

La capitalización de esta empresa fue uno de los fracasos del proceso de capitalización en su conjunto, probablemente debido a que venía ligada, en un solo paquete, con la opción de arrendamiento o joint venture de las conflictivas minas Huanuni y Colquiri.

Las razones de este fracaso pueden atribuirse, por un lado, al clima social reinante en los mencionados centros mineros y, en general, en el departamento de Oruro, que poco ha cambiado respecto al pasado. La amenaza de toma de las minas por parte de los trabajadores pesó en el ánimo de los inversionistas mucho más que las seguridades ofrecidas por un gobierno en retirada.

Por otro lado, colocar en un mismo paquete las minas y la fundición pudo haber sido un contrasentido, en la medida en que las primeras suponen una actividad muy diferente de la segunda. La minería se caracteriza por ser una actividad de alta inversión y riesgo, a la que se aventuran capitalistas experimentados en el rubro, mientras que la fundición es apenas un servicio complementario, que no necesariamente interesa a los grandes inversores mineros.

6. ALGUNAS CONCLUSIONES

La capitalización de las principales empresas estatales del país constituye un intento de respuesta a la crisis terminal del Estado del 52, el mismo que había llegado a su punto crítico de agotamiento tanto por razones internas como externas. Entre las primeras se puede mencionar la utilización de los excedentes de las propias empresas en destinos diferentes a los de su expansión y desarrollo interno, y entre las segundas la exigencia de incorporación de nuevas tecnologías como condición básica de competitividad.

En consecuencia, de lo anterior, la capitalización constituye también una respuesta a la necesidad de atraer capitales externos ante la evidencia que las condiciones de insuficiente ahorro interno no posibilitan la existencia de recursos de inversión internos en cantidades suficientes. En este sentido, el programa de capitalización logró comprometer US$ 1.670 millones de inversión extranjera.

Este modelo constituyó en su momento una sorpresa para los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, firmes impulsores de la privatización directa, pero normalmente recelosos de propuestas como la boliviana, que suponen una maduración a plazos más largos. Los éxitos relativos alcanzados, sin embargo, han convertido a la capitalización en un modelo replicable que esos organismos tratan de impulsar en otros países. Mas aún, el propio Banco Mundial se ha convertido en un guardián de las reformas en el país, ante la eventualidad de intentos de desarticulación por parte de futuros gobiernos.

Anexo: la privatización

La privatización directa de empresas públicas se realizó también en el periodo comprendido entre 1993 y 1997, en el marco de la Ley Ns 1330, que autoriza a las instituciones, entidades y empresas a enajenar activos o aportarlos a la constitución de Sociedades de Economía Mixta. A su vez, el DS NQ 23991 dispone el reordenamiento de todas las empresas y entidades del sector público, y la RS No. 215521 establece los procedimientos para la ejecución de dicho reordenamiento. Los procedimientos establecidos fueron básicamete dos:

• Licitación pública: licitación, reunión técnica, ofertas, adjudicación, forma del contrato y entrega de bienes.

• Subasta mediante un martillero independiente.

EL "SOCIAL COMUNITARISMO" INDIGENISTA: MITO SIN REALIDAD

El sustrato ideológico más fuerte en el partido y en el gobierno de Evo Morales es el indigenismo, interpretado tanto como la recuperación de lo que el colonialismo español y su herencia republicana usurparon a las colectividades pre-colombinas, y como una posibilidad de superación de los males y vicios implantados por la sociedad occidental mundial.

Este contenido es tan importante que adquiere mayor coherencia que el nacionalismo y el socialismo, formas de pensamiento político que están presentes en el discurso del MAS y su gobierno, pero que lo están de una manera más difusa o en todo caso penetradas por el indigenismo. Así, el nacionalismo es largamente superado por el etnocentrismo indígena, y el socialismo por el comunalismo andino.

El origen de los 500 años

En el pensamiento político y económico que nos ocupa es clave la dicotomía entre el mundo indígena y el del colonialismo blanco o blancoide, la misma que aparece como la contradicción principal de la sociedad boliviana y que por momentos parece adquirir carácter de antagónica y encaminarse por tanto a una violenta resolución.

No es un pensamiento traído de los pelos. La Colonia española sometió a los indígenas estableciendo un ordenamiento económico de tipo feudal, aunque comercialmente ligado al mercantilismo internacional que sentaba las fases del emergente capitalismo. En lo concreto, ello se tradujo en que los indígenas fueron obligados a servir en la mita de la minería y en la encomienda en las haciendas.

Los españoles no encontraron en el Alto Perú las cantidades de oro que buscaban, pero sí abundante plata. Importaron tecnología, desarrollaron otra y sellaron el destino minero de la región, constituida en un enclave andino ligado al comercio internacional de la riqueza. Potosí fue más habitada que Londres y la Audiencia de Charcas fue durante mucho tiempo la envidia de Lima y Buenos Aires. El indio en la mita fue la base productiva de ese esplendor.

• La igualdad y equidad al interior de las sociedades andinas es también una falacia. Los incas constituían una casta nobiliaria que logró constituir un Estado coercitivo y ejércitos conquistadores organizados en torno al trabajo gratuito de miles de sirvientes (donde los yanaconas aparecen como manifestaciones embrionarias de esclavitud) y a la contribución en productos y servicios de los pueblos sometidos, entre ellos los aymaras. Estos últimos, a su vez, estaban organizados en señoríos despóticos más primitivos que los incas, pero también escindidos en estratos sociales diferenciados.

• Las culturas andinas eran ciertamente más avanzadas que las de regiones tropicales o de las llanuras patagónicas, pues eran ya sedentarias y conocían el trabajo de la minería y la agricultura. Ello posibilitó que los españoles simplemente reemplazaran el dominio de los incas por el suyo propio, a diferencia de lo que les sucedió en las pampas argentinas y chilenas, donde pueblos de salvajismo nómada2 se enfrentaron con ellos a muerte en una guerra que terminó en su virtual exterminio. De esta manera nació el latifundio señorial en los Andes y en la pampas del sur emergió un esforzado colonizador que fue ampliando su frontera agrícola a partir del esfuerzo familiar, la incorporación de técnicas agropecuarias y del trabajo asalariado, pues careció de mano de obra gratuita.

• Sin embargo, el avance del hombre andino era relativo. Su actividad agrícola era restringida, pues de los cereales solamente conocía el maíz y de los anímales domésticos sólo contaba con los camélidos. Su trabajo de los metales era rudimentario, pues no se aplicaba más que a ciertos utensilios de labranza y del hogar y a la decoración. Desde el punto de vista tecnológico, lo más importante era que desconocía la rueda, el invento que en Egipto posibilitó el tránsito de la barbarie a la civilización. Finalmente, carecía de alfabeto por lo que su historia constituye una reproducción de tradiciones orales y de reconstrucciones ex post, siempre fragmentarias y muchas veces ideologizadas.

• Es difícil establecer cuándo nació la famosa trilogía "Ama sua, ama llulla y ama kella" y menos aún el contexto concreto de su aplicación. En todo caso tiene más bien la forma de un código restrictivo, que tiende a reprimir delitos o comportamientos ya existentes en la sociedad, pues es improbable se instruya no pecar a quien carece de malicia para hacerlo. De lo contrario, la sociedad andina era el paraíso terrenal perdido y cabría compartir con el escritor Villamil de Rada la búsqueda de la "Lengua de Adán" en los valles de Sorata o en sus inmediaciones.

De taras y q"haras

El pensamiento político del MAS y de las corrientes indigenistas que lo apoyan considera que el advenimiento de la República significó para los pueblos indígenas una mera continuación del orden colonial, pues solamente se produjo un cambio cupular en la estructura de poder, mediante la cual los españoles fueron reemplazados por sus descendientes constituidos en oligarquía criolla. Los indígenas continuaron sometidos al trabajo servil en las haciendas y contributivo en las comunidades y fueron sistemáticamente segregados por un Estado de tipo colonial, controlado por una casta blanca y blancoide.

En ese contexto, la Reforma Agraria de 1953 y sus transformaciones en la estructura agraria del país resultan un tema incómodo para los indigenistas. Sus intelectuales las consideran una continuación del Estado Colonial dentro de su adecuación a las condiciones impuestas por el emergente imperialismo norteamericano, mientras que sus políticos tienden a referirse a ellas lo menos posible. A ambos actores evidentemente les disgusta la distribución familiar de las tierras de hacienda, pues consideran que se debía haber respetado la tradición de propiedad comunal de los pueblos aymaras y quechuas.

De los antropólogos y ONG al colectivismo comunitario

Fausto Reynaga y sus descendientes fueron probablemente los primeros en traducir las ideas indigenistas en líneas políticas, aunque no lograron conformar un movimiento de seguidores. Más tarde, desde las ONG vinculadas a la Iglesia Católica, empezaron a conocerse interpretaciones mistificadoras de la "cultura andina" acompañadas de algunas acciones de apoyo al desarrollo rural impregnadas de colectivismo. Estas interpretaciones eran una síntesis en la que convergían diferentes vertientes:

• Las visiones antropológicas, que parten de en muchos casos interesantes investigaciones sobre el pasado de las culturas andinas y de estudios de casos sobre comunidades que, por diversas circunstancias, preservan en lo fundamental formas antiguas de propiedad y de organización del trabajo y la producción. La intelectualidad libresca y desconocedora de la realidad concreta que tanto abunda en Bolivia no tuvo el menor reparo en generalizar dichos estudios de caso y aplicar las investigaciones históricas como si las mismas fueran realidades inalteradas en el presente. El respaldo "empírico" de ello fueron algunas manifestaciones culturales que se mantienen en las festividades y en el trabajo vecinal. Ese trabajo de oscurecer la realidad fue recompensado por el financiamiento de algunos institutos, ONG y universidades europeas y norteamericanas, gustosas de encontrar al buen salvaje vivito y coleando en las tierras altas de Bolivia.

• Las visiones religiosas de grupos y ONG vinculadas con la Iglesia Católica que quisieron ver en las comunidades antiguas de antaño y en sus manifestaciones supérstites los mismos principios de hermandad, solidaridad y honestidad que aparentemente reinaban en las misiones jesuíticas y franciscanas de los tiempos coloniales. El sincretismo de la "Iglesia de los pobres" y la comunidad de hermanos indígenas suponía entonces algo así como un retorno a un pasado idílico de indígenas buenos y justos. Los 500 años transcurridos, con su carga de materialismo y egoísmo individualista, debían pasar al olvido. De estas instituciones emergió una buena parte de los dirigentes campesinos con residencia urbana, la mayoría de los cuales son ahora militantes del MAS (algunos incluso ministros).

¿Cuáles nacionalidades?

La visión nostálgica por el pasado sustenta también la arbitraria y poco científ?ica tesis de que en Bolivia existen múltiples nacionalidades; tesis alimentada por el sentimiento culpable de antropólogos europeos que, incapaces de comprender la hibridación y el progreso, pretenden fosilizar el movimiento de la sociedad boliviana a partir de la existencia de lenguas nativa y la persistencia de formas comunales de propiedad.

Existen en el país lenguas nativas vivas como el aymara, el quechua y el guaraní, pero son éstas sólo las más importantes, pues pueden contabilizarse otras 73, aunque de mucho menos importancia y casi en extinsión. ¿Habrá entonces 76 nacionalidades en Bolivia? Si lo de las naciones fuese cuestión de idiomas, países como Italia no hubiesen consolidado jamás su unidad nacional.

Por otro lado, las formas de comunidad que subsisten no constituyen un fenómen idiosincrático de las "naciones" indígenas, sino más bien un condicionamiento histórico. Nuestras formas comunales (que también pervivían en la Rusia zarista y en la Europa feudal) se hicieron funcionales a diversas formas de dominación (a la colonial, a la semi feudal y aún a la capitalista), precisamente porque su atomización y falta de sentido globalizante, más allá del ayllu o, en algún caso de la federación de ayllus, facilitó el intercambio desigual con las ciudades, sedes de la dominación. Es decir, precisamente porque no eran naciones.

Los mitos comunales

Los interlocutores de los intelectuales y ONG en cuestión son los dirigentes campesinos, sindicales y vecinales. Es decir, se retroalimentan entre ellos para interpretar la realidad desde la distancia y hacer hablar a las bases o peor aún, hablar a nombre de ellas. Como semejante atropello no es bueno, parece más pertinente describir los hechos que acompañan hoy la realidad de las denominadas culturas andinas, antes que interpretar su pensamiento.

En el altiplano y los valles predomina la propiedad familiar campesina, muy pequeña y trabajada por la mano de obra doméstica y cada vez más parcelada. Nada tiene de comunal y se encuentra en una crisis estructural, casi terminal, debido a:

• Su oferta productiva pierde terreno frente a la empresarial, aunque sobrevive porque la dieta básica de la población, incluyendo la urbana, sigue siendo sostenida por ella.

• Existen ya pocos beneficiarios originales de la Reforma Agraria4 y en tres generaciones5 la propiedad se fragmentó de manera significativa. Así, en la región del lago Titicaca el promedio de tierra por propiedad es de 0,35 ha6 y en los valles de Cochabamba muchos campesinos solamente son propietarios de algunos surcos. Si bien las familias suelen tener más de una propiedad, cada una resulta demasiado pequeña para lograr buenas condiciones de productividad.

• Debido a la presión sobre la tierra, las familias han acelerado el ritmo de rotación de los cultivos y van eliminando el descanso de las parcelas; proceso en el que además se está produciendo la apropiación privada de las pocas tierras tradicionalmente comunales ubicadas en zonas de agricultura marginal.

• Como la Ley establece que la propiedad emergente de la Reforma Agraria no es enajenable ni embargable, los campesinos están impedidos de acceder al crédito para realizar inversiones y tampoco pueden vender sus parcelas a precios comerciales; es decir, su propiedad es de segunda clase, incapaz de apalancar recursos.

• El saneamiento de tierras no avanzó con las familias campesinas, en gran medida por la oposición de los dirigentes; solamente lo hizo con las TCO, debido a que este tipo de propiedad coincide con la visión comunitaria de estos liderazgos y no mina su ascendiente corporativo. El resultado es que casi todos los pequeños propietarios actuales carecen de un título que no sea otro que el entregado a sus abuelos luego de la Reforma Agraria. El problema empezó tratando de evitar el retorno del latifundio, pero terminó como una protección que equipara al campesino con un menor de edad, imposibilitado de decidir con racionalidad sobre su propiedad.

• A pesar de todo existe un mercado de tierras en la región andina, pero que se manifiesta solamente: 1) en las áreas de expansión de las ciudades, 2) en las zonas de actividad turística, 3) intra estrato, es decir, entre parientes y vecinos colindantes en las zonas de mejores tierras.

Asociación, sindicato y ayllu: ¿cuál vale?

La atomización de los productores es una consecuencia de la fragmentación de la propiedad agraria. Ello provoca no solamente que los campesinos sean propietarios de unidades poco viables, sino que deban enfrentar el mercado individualmente, con elevados costos de transporte y transacción.

Los productores de los rubros más dinámicos percibieron este problema y se dotaron de formas organizativas que tienden a paliarlo. Emergieron así las asociaciones de productores, como entidades que brindan servicios a sus afiliados. Su desarrollo es incipiente y adolecen de deficiencias de representatividad, transparencia y solvencia técnica. A pesar de ello, algunas lograron significativos avances en el acopio de la producción para la comercialización conjunta e incluso en actividades de transformación y exportación. Su precariedad es producto no solamente de su relativa juventud, sino también de que el Estado y la sociedad no las perciben como interlocutoras, a pesar de que se vienen insertando en las cadenas de valor.

La realidad marcha por otro lado

Las políticas que se le proponen a un país y su gente pueden ser más o menos progresistas o más o menos reaccionarias, pero lo importante es saber cuán viables pueden ser en un contexto específico. Eso es lo que trataremos de establecer a continuación. En su contenido nacional comunitario, la propuesta indigenista es profundamente reaccionaria y en ese sentido se inviabiliza por sí sola:

• No es posible introducir la propiedad comunitaria a los sectores modernos de la economía, pues ello equivaldría a la expropiación y/o confiscación de los medios de producción industrial y agroindustrial para transferirlos a una propiedad social corporativa no muy definida e integrada no se sabe por qué personas. En poco tiempo estas empresas irían a la quiebra o exigirían la permanente subvención de un Estado que apenas puede pagar los sueldos de los maestros y del personal sanitario.

• Parece ser que, en lo nacional, la propuesta es menos radical (por lo menos la del gobierno del MAS) y solamente busca capitalizar al productor primario campesino dotándolo de plantas industrializadoras y beneficiadoras de todo tipo (de leche, quinua, arroz, fibra de llama, café, té, productos cárnicos, etc.). El costo para los beneficiarios sería prácticamente nulo, la propiedad colectiva, y la administración autogestionaria. A fin de garantizar el flujo de materia prima e insumos a estas plantas, los productores asociados tendrían la obligación de vender su producción a la planta acopiadora. Con recursos estatales sin retorno, siempre es posible reproducir el fracasado modelo de la Corporación Boliviana de Fomento, aunque esta vez confiando la gestión de las empresas comunitarias a los campesinos (es decir, fracaso garantizado).

La propuesta del indigenismo oficial mira con cierto desdén a las OECA y se orienta con preferencia al igualitarismo de las empresas comunales; es decir, a la forma más primitiva y demostradamente inviable de organización, pues agrupa y trata por igual a todos: capaces e incapaces, flojos y laboriosos; algo así como si se pretendiese que todos los vecinos de una cuadra o manzana conformasen empresas vecinales, independientemente de sus inclinaciones, capacidades y voluntad.

• Pero la pretendida generalización de la propiedad comunal sobre la tierra no solamente que es inviable, sino también explosiva. Independientemente de cual hubiere sido su tradición hace 500 años, la mayoría de los campesinos de nuestro tiempo tienen la propiedad privada sobre la tierra y es imposible arrebatársela si no es por la fuerza. No importa las imperfecciones jurídicas de esa propiedad ni el relativo abandono de las mismas por parte de los emigrantes o "residentes"; se trata de un derecho profundamente arraigado en todo el país y el patrimonio que todo padre desea dejar a sus hijos. Por otro lado, los pequeños propietarios campesinos conocen mejor que los intelectuales indigenistas (que al fin y al cabo nunca fueron productores) los problemas de los bienes comunales y el descuido con el que ellos son tratados.

• Finalmente, la propia modalidad campesina tradicional de producción se encuentra en una crisis que parece terminal. La propiedad se parceló en extremo o por lo menos a un punto cercano a la inviabilidad y por ello los jóvenes migran masivamente a las ciudades. Las estadísticas establecen que solamente el 37 por ciento de la población de Bolivia es rural, pero mucho más significativo es que el 60 por ciento de ese porcentaje está compuesto por menores de 14 años y mayores de 60; es decir, la población en sus edades más productivas ha abandonado el campo y no retornará a él.

La economía campesina, tradicionalmente, estuvo basada en: 1) producción de ciertas cantidades para asegurar el autoconsumo, 2) diversificación del riesgo en varios productos, 3) maximización de la eficiencia del trabajo familiar, y 4) multiplicación de las fuentes de ingreso.15 Dentro de esta racionalidad, se vienen produciendo las siguientes modificaciones tendenciales:

• La mayor parte de las familias produce para el mercado, buscando ingresos monetarios efectivos y guardando pequeñas cantidades para semilla y autoconsumo. No producir para el mercado constituye una limitación de su actividad económica y no una decisión adoptada o una tradición.

• La multiplicación de las fuentes de ingreso se ha acentuado. Antes, las familias contrarrestaban el riesgo agropecuario con estrategias de complementación de ingresos mediante la migración temporal a las ciudades entre la siembra y la cosecha. Hoy se ha masificado la migración definitiva de los jóvenes y han cobrado importancia las actividades rurales extraprediales como fuentes principales de ingresos.16 Así por ejemplo, en el altiplano el 40 por ciento de los ingresos familiares de la población provienen de salarios, el 36 por ciento de actividades agropecuarias y el 13 por ciento de actividades independientes.

• La diversificación del riesgo en varios productos se mantiene; sin embargo, existe una tendencia a la especialización en cultivos que tienen éxito en el mercado, con productores poco propensos a migrar y que al parecer forman parte de quienes vienen realizando compras de tierra "intra estrato". Es un proceso emergente y diferenciador, simultáneo al deterioro general de la economía campesina, debido a que el mercado no puede absorber los altos costos de producción derivados de su baja productividad.

Algunas conclusiones

Las corrientes que postulan la vuelta a la propiedad comunal de la tierra y a la organización comunal de la economía no solamente que son ideológicamente reaccionarias, sino que van en sentido contrario a la voluntad propietarista, casi individualista de la población andina.

Es cierto que la pequeña propiedad campesina se enfrenta a una crisis que tiene apariencia de ser terminal, por lo que es necesario impulsar procesos de reagrupamiento de las tierras para constituir unidades económicamente viables; sin embargo, ello no puede hacerse mediante la confiscación de la propiedad familiar ni mediante el retorno a formas arcaicas de organización del trabajo y la producción.

Bolivia es un país que no ha logrado consolidarse plenamente como Estado Nacional, pero se trata de un proceso que se encuentra encaminado mediante el mestizaje y la convergencia de culturas; las naciones y nacionalidades inventadas constituyen más bien una traba para ese proceso y un peligro muy serio de balcanización violenta y la confrontación étnica.

El mercado es el destino natural de la producción campesina. No poder llegar a él en condiciones adecuadas de precio y oportunidad constituye una limitación que la perjudica. El desprecio al mercado a este nivel, constituye pues una reacción conservadora de intelectualidades ancladas en la nostalgia del pasado o demasiado atadas a las modas que imponen algunas líneas de financiamiento.

Bibliografía

Baldivia, José. Baldivia, Alejandra. Oporto, Henry. Salazar, Juan. Microfinanzas, Reformas y Desarrollo Rural. Primera edición. Fundación Milenio. Bolivia. 2013.

Autor:

Roxanna Alvarado

Aura Benítez

Luis Cova

María Marcano

Carlo Ramos

Joismer Romero

Enviado por:

Asesor Académico:

MSc. Ing. Iván J. Turmero Astros

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA FINANCIERA

CIUDAD GUAYANA, AGOSTO DE 2017