Proyecto: Caso Teleamazonas, Banco Pichincha (página 2)

Partes: 1, 2

Dicha grabación se escucha una conversación entre Rafael Correa, Ricardo Patiño y la asambleísta Silvia Salgado. El audio recoge supuestas versiones sobre cambios a la Constitución de Montecristi.

Correa afirmó que "Fernando Balda fue expulsado de Alianza País por ambicioso e inescrupuloso, y cuando lo expulsamos se unió con Sociedad Patriótica. Y a esta persona le da espacio el inefable Jorgito Ortiz, para que diga que se cambió la Constitución y que se aprobó algo falso."

"Cómo alguien puede decir tamaña barbaridad; que nos digan cual artículo se ha cambiado.

Acá está la Constitución, o es que acaso los 8 millones de ecuatorianos que votamos por la Constitución son unos torpes e incompetentes, que no se dieron cuenta por lo que votaron", agregó.

Dicho diálogo fue grabado en una reunión en el despacho presidencial; han espiado al Presidente, eso es un atentado a la seguridad nacional y este pobre hombre se va a ir preso".

El literal h -de la Ley de Radiodifusión, continuó- indica que está prohibido la reproducción de imágenes y audios grabados de forma clandestina y no autorizadas por parte de los involucrados, de esta manera se afecta el derecho a la intimidad.

La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa (Funda medios) también se hizo eco de las declaraciones del Presidente. Sin embargo, no expresó pronunciamiento alguno.

Marco conceptual

NULIDAD PARA SUSPENDER SANCIÓN INTERPUSO CANAL ANTE LA SUPERTEL

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

VIERNES 25 DE DICIEMBRE DEL 2009

edu.red

QUITO. Teleamazonas volverá al aire esta tarde. Pese a la suspensión por 72 horas, notificada el martes pasado, su personal trabajó y cubrió noticias normalmente, aunque no tenían emisiones.

La estación Teleamazonas presentó ayer un nuevo recurso legal con miras a dejar sin efecto la suspensión de sus emisiones impuesta por la autoridad. El canal, sin embargo, retomará la señal a las 17:08 de hoy, luego de 72 horas de haber estado fuera del aire, como se dispuso.

Sebastián Corral, gerente general de Teleamazonas, dejó el recurso de nulidad hacia el mediodía en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), el ente que ordenó la medida contra este medio. En el pedido, Corral argumenta que la suspensión del canal "adolece de nulidad de pleno derecho, por ser violatoria de derechos y principios constitucionales".

Pablo Ortiz, abogado de la estación, explicó que el nuevo recurso, que se sustenta en el artículo 129 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, incluye también un pedido de levantamiento de la orden de suspensión dada por la autoridad.

El miércoles, la defensa de Teleamazonas presentó una acción extraordinaria de protección ante un juez de lo Civil y una apelación ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La acción de protección recayó en el Juzgado Octavo de la Niñez y Adolescencia, comentó Ortiz. Entre tanto, la apelación presentada ante el Conatel tendrá un plazo de 15 días para tramitarse. Los tres recursos presentados por Teleamazonas no serán los únicos.

El abogado del canal afirmó ayer que en el transcurso de este feriado analizará las causas que sustentarán la acción penal que presentará en contra del superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo.

De acuerdo con Ortiz, "será una acción penal personal en contra del Superintendente".Los ejecutivos del canal argumentan que las acciones hasta ahora emprendidas no son constitucionales y explicaron sus razones: la Constitución elaborada por el propio Gobierno establece que ninguna persona puede ser sancionada si el delito o la sanción no está tipificada en una ley.

En el caso de la suspensión de emisiones, la sanción está en el Reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión, detalló Ortiz.

Jaramillo, por su parte, en declaraciones a Ecuavisa el miércoles pasado, señaló que la disposición no es con el afán de este organismo de cerrar ningún medio de comunicación. "Lo único que esperamos es el cumplimiento de la ley y de los contratos de concesión", afirmó.

La programación del canal actualmente se emite a través de la señal de Teleamazonas Internacional, a excepción de los noticiarios.

Reacción: Postura de la SIP

"Represalia anunciada"

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó la suspensión de tres días impuesta a Teleamazonas, calificándola de "represalia anunciada", al tratarse de una medida contra un canal víctima de hostigamiento oficial a través de reiterados procesos administrativos. Mientras que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, agregó que "esta conducta administrativa es una pequeña muestra del instrumento que está patrocinando el gobierno a través de la Ley de Comunicación, que pudiera constituirse en un instrumento de amenaza permanente de censura".

POSIBLES VACÍOS LEGALES EN CASO TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DEL 2009

edu.red

QUITO. El personal de Teleamazonas trabajó con normalidad durante los tres días de suspensión de la señal, que se levantó el pasado viernes. Anoche estaba previsto la emisión de un informativo con los reportajes que no se transmitieron.

A cuatro meses y medio de su creación, al Conatel (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) le tocó dictaminar la suspensión del canal Teleamazonas por tres días.

Ayer, el presidente Rafael Correa defendió la legalidad de la medida. Las resoluciones que desde el 13 de agosto está tomando el nuevo Conatel han revivido la incertidumbre jurídica de las decisiones adoptadas. Representantes de gremios de comunicación visualizan vacíos que esperan solucionarlos con la intervención del Tribunal Constitucional.

El nuevo Conatel surgió en agosto en reemplazo del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), que desapareció por la fusión con el primer cuerpo colegiado.

En cuatro meses y medio ha decidido la suspensión de emisiones de Teleamazonas y la rescisión del contrato de concesión de la frecuencia de la radio la Voz de Arutam , que está en proceso de apelación.

Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, núcleo del Guayas, asevera que se siente "en el limbo" con respecto a las últimas decisiones del organismo. Ello, porque el Conatel y el extinto Conartel fueron creados por ley y un decreto no podría eliminarlos.

Igual percepción tiene José Pileggi, ex presidente del Conatel, quien indica que "todo lo resuelto por el Conatel está en el limbo jurídico". Según el ex funcionario, el actual Consejo está tomándose atribuciones que no le competen por ley.

¿Por qué surgen esos argumentos? El 13 de agosto, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto Nº 8, en el que creó el Ministerio de Telecomunicaciones y entre otras cosas fusionó al Conartel con el Conatel.Tal decisión se amparó en el artículo 17 de la Ley de Modernización que señala que el Jefe de Estado "tendrá la facultad de emitir disposiciones normativas de tipo administrativo dentro del ámbito del Gobierno central para fusionar aquellas entidades públicas que dupliquen funciones y actividades, o que puedan desempeñarse más eficientemente fusionadas y para reorganizar y suprimir entidades cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria e indispensable para el desarrollo nacional (…)".

El sustento, sin embargo, no convence a Pileggi, quien aun cuando comparte la necesidad de fusionar al Conartel y Conatel –porque el primero quería tener autonomía para el uso de las frecuencias– no apoya el procedimiento adoptado.Indica que ambos consejos fueron creados por ley y que por ley deberían desaparecer, pues un decreto no puede otorgar atribuciones que están permitidas en la ley (de Radiodifusión y Televisión) a otro cuerpo colegiado. Agrega que la desaparición de un consejo le hubiese resultado fácil al Gobierno, pues cuenta con una legislatura a su favor.

Roberto Aspiazu, representante de las cámaras ante el Conatel, explica que decidieron allanarse a la fusión, pese a las dudas, porque encontraron el hecho consumado. Resolvieron no presentar una demanda ante la Corte Constitucional porque resultaba inoficioso, debido a que sus integrantes no tienen independencia del Gobierno.

Chica y Pileggi, en cambio, coincidieron en la necesidad de una demanda de inconstitucionalidad para ayudar a clarificar el asunto y no causar un desorden jurídico mayor al antes existente.

Marcel Rivas, presidente de la Asociación de Canales de Televisión, fue más tajante: "ninguna ley puede estar por encima de la Constitución y solo exigimos que se la respete, dijo, más aún cuando fue aprobada en referéndum por la mayoría de ecuatorianos".

Rivas asegura que esa posición la adoptaron más de 300 canales agremiados, 1.200 radios agrupadas y más de 400 canales codificados.

Los consultados coincidieron en que si la ley conformó y constituyó un Consejo, único facultado para el otorgamiento de licencia y concesiones, es el que puede, a través de un debido proceso, establecer sanciones administrativas o aplicación de justicia vía jurisdicción ordinaria.

Cronología: Cierre de medios

25 de junio de 1970

El canal 2 de Guayaquil (actualmente Ecuavisa) suspende todos sus editoriales y comentarios políticos en oposición a las advertencias de clausura del gobernador del Guayas, Héctor Espinel Chiriboga. (Ese mismo mes, José María Velasco Ibarra se había declarado jefe supremo).

26 de septiembre de 1970

El alcalde de Guayaquil, Francisco Huerta Montalvo, realiza fuertes críticas al régimen velasquista en las instalaciones de canal 2 acusándolo de pretender defenestrar a funcionarios municipales y de arbitrariedades en el país.

27 de septiembre de 1970

El Gobierno dispone la detención de Huerta. La Policía lo aprehende cuando llegaba al set para una entrevista. Se ordena la inmediata suspensión de la señal de canal 2. El medio acata la disposición y al día siguiente reabre su señal.2 de enero de 1972

Por una broma por el Día de los Inocentes, el canal 8 de Quito transmite una falsa información que decía que el Gobierno de Velasco Ibarra había decidido suspender las elecciones y seguir en el poder por dos años más. El régimen clausura al medio por propagar supuestamente falsos rumores. El canal de televisión reabre su señal el día 6.

1 de septiembre de 1975

Por disposición del gobierno militar presidido por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara se dispone la suspensión de las transmisiones a todas las radiodifusoras del país en cumplimiento a la Ley Nacional de Radiodifusión, durante el levantamiento militar del Gral. Raúl González Alvear.

Gobierno contrarresta críticas

Medio oficial

La web del periódico oficial El Ciudadano publicó el 23 de diciembre una nota titulada: "Varios medios fueron suspendidos o clausurados en los últimos años". Allí menciona al gobierno de León Febres-Cordero y cita como referentes un artículo del historiador Juan Paz y Miño y el libro Informe de una clausura, de Andrés Carrión. Nombra también a los regímenes de Rodrigo Borja y Sixto Durán-Ballén y a Lucio Gutiérrez y Gustavo Noboa por sus fuertes críticas a la prensa.Debido proceso

"Siempre existió el debido proceso en el caso de Teleamazonas y radio Arutam", publicó el 24 de diciembre El Ciudadano. En esa nota dice que una vez que la Supertel dio a conocer la sanción al canal, este tenía la potestad de apelar en un término de ocho días (hábiles) ante el Conartel. Y agrega que "por decisión propia y voluntaria Teleamazonas apagó su señal, en otras palabras, en ningún momento la estación televisiva ha sido privada de su derecho al debido proceso".

Reacción de Patiño

El ministro de la Política, Ricardo Patiño, sostuvo que respeta la autonomía de la Superintendencia de Telecomunicaciones de cerrar por 72 horas a Teleamazonas. "Entiendo que desde mayo o junio se inició este proceso y es una resolución autónoma de la Supertel… si ellos (canal) han incumplido la ley y la ley le permite al superintendente tomar decisiones sancionadoras, tenemos que respetar". Dijo que hace unos días el SRI suspendió a radio La Prensa y no hubo tanto escándalo.

EQUIPO PERIODÍSTICO DE TELEVISORA FUE AGREDIDO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DEL 2009

edu.red

QUITO. Manuel Tumbaco (i) y Carlos Quimzo fueron agredidos ayer por personas desconocidas, que destruyeron la cámara.

Un equipo del noticiario "24 Horas", de Teleamazonas, sufrió ayer una agresión por parte de dos individuos inidentificados.

Ana María Cañizares, reportera; Manuel Tumbaco, camarógrafo, y Francisco Quimzo, asistente, salieron de la Asamblea pasado del mediodía tras recopilar reacciones sobre las fallidas intervenciones del superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, y del ministro de ese ramo, Jorge Glas, quienes iban a exponer los motivos de la suspensión de ese canal y la rescisión de la concesión a la radio La Voz de Arutam (Morona Santiago).Quimzo narró que a los pocos minutos de salir se percató de que una camioneta Fiat blanca con la placa pintada del mismo color los seguía. Cañizares reparó en el hecho en el Swissotel. "A la altura de la (av.) República, se paran al lado de nosotros, porque nos coge el semáforo, y el conductor, un costeño, comienza a darnos besos. Dice: qué, ¿te enamoraste? y nos lanza besos, lo cual no le hicimos caso", explicó Quimzo.

El vehículo en el que se movilizaba el personal del canal (un Fiat plomo) no tiene logotipo, pero Tumbaco señaló que él colocó un cubo con el identificativo del medio en la parte de atrás del carro.

Al continuar su trayecto a Teleamazonas, el otro vehículo los siguió hasta que en la bajada del paso a desnivel de la av. República, los rebasó y se interpuso en el camino, por lo que Quimzo –quien conducía– frenó a raya para evitar el impacto.Los individuos se acercaron al carro del canal, empezaron a golpear las puertas y uno de ellos agredió a Quimzo con un golpe de puño en el rostro, ante lo cual reaccionó. Tumbaco empezó a grabar el hecho con su cámara y fue amenazado por el otro sujeto con la frase "qué vas a filmar, qué vas a filmar". En el forcejeo, la cámara Sony 170, que cuesta entre $ 3.000 y $ 4.000, cayó al suelo y se rompió, pero sí registró la pelea, que fue difundida en los informativos de Teleamazonas.

Quimzo contó que con un bolígrafo de su propiedad el agresor le lastimó la espalda, por lo que tiene varias laceraciones, y su camisa tuvo una rotura. Cañizares, mientras tanto, lloraba y gritaba "vamos al canal".

En medio de la confusión, los agresores, a bordo de la camioneta blanca, emprendieron la huida por la av. Occidental.

La periodista tuvo un ataque de nervios. Horas más tarde y más calmada, comentó: "Estábamos tranquilos cumpliendo nuestro trabajo, ni siquiera manejando mal, despacio, no quisiera atribuir a algo, porque no quisiera pensar mal".

Tumbaco dijo que aunque en varias coberturas hay personas que gritan "mentirosos, prensa corrupta", es la primera vez que sucede algo así.

ASAMBLEA INTENTA DEBATIR LA LEY EN EL DÍA DEL PERIODISMO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MARTES 05 DE ENERO DEL 2010

QUITO. Las asambleístas Lourdes Tibán (i) y Cynthia Viteri (d) durante el primer debate del proyecto de Ley de Comunicación, realizado el pasado 22 de diciembre.

En medio de un ambiente de desconfianza, los asambleístas retoman hoy el primer debate de la Ley de Comunicación que se suspendió el pasado 22 de diciembre, cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) suspendió temporalmente la emisión de Teleamazonas y se conoció el proceso de cierre de la radio La Voz de Arutam (Morona Santiago).

El clima tenso entre los bloques llevó ayer a los asambleístas de Sociedad Patriótica (SP) y roldosistas a plantear que el acuerdo suscrito el pasado 17 de diciembre sobre la base de siete puntos críticos del proyecto, se consagre con las firmas de los legisladores de aquellas bancadas que apoyan lo acordado.El punto central del acuerdo determina la necesidad de crear un Consejo de Comunicación e Información independiente del Gobierno y de los poderes fácticos, con facultades administrativas, el cual de ninguna manera podrá clausurar o suspender administrativamente a ningún medio de comunicación.Con base a ese texto, la Asamblea inició el 22 de diciembre el debate, pero este se truncó porque ese mismo día se resolvió la suspensión de Teleamazonas, lo cual motivó las advertencias desde la oposición de abrirse del acuerdo. El único sector que se mantiene en esa línea es la agrupación política Madera de Guerrero con siete votos.

El resto de bancadas han señalado que están dentro del acuerdo, pero SP ayer emplazó a los asambleístas del movimiento PAIS a que consagren el acuerdo firmando el documento; esa misma posición la asumió Abdalá Bucaram Pulley (PRE), quien dijo que en un ambiente de desconfianza es necesario que el acuerdo esté acompañado de las firmas de quienes dicen estar a favor de los siete puntos críticos, pues eso asegurará el respaldo necesario de votos en caso que haya un veto parcial desde el Ejecutivo.

La coordinadora del bloque PAIS, Gina Godoy, dijo que personalmente considera que no habría problemas para que sus coidearios suscriban el acuerdo, aunque advirtió que ese planteamiento será expuesto en una sesión de bloque.

Sin embargo, su compañero de bancada, Mauro Andino, consideró que no es necesario hablar de firmas, aunque a renglón seguido afirmó que nadie puede asegurar que los 57 votos de PAIS están a favor de lo suscrito por el presidente Fernando Cordero y varios representantes de bancadas y grupos políticos de la Asamblea."No tenemos problema y creo que no sería un problema el registrar las 57 firmas a favor del acuerdo, pero en todo caso será motivo de consulta al interior del bloque", afirmó Godoy.

Alfredo Ortiz, del grupo Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE), afirmó que los siete votos que poseen están en la línea de respetar el acuerdo, y si para ello se necesita firmar no habría inconveniente, pero todo deberá ser consultado entre su bloque, añadió.

También reconoció que este acuerdo se viabiliza en medio del debate y análisis de la distribución de rentas contempladas en el presupuesto del 2010 a favor de los municipios; para ello, destacó que la fórmula presentada por la Ministra de Finanzas es "muy buena", que tendrá pequeños ajustes, pero que apuntarán a la equidad en el reparto de recursos.

Pero Bucaram Pulley, dijo que es vergonzoso que hayan asambleístas que reconozcan públicamente que el acuerdo a favor de la Ley de Comunicación también implique una distribución equitativa de recursos a favor de gobiernos seccionales. Y añadió que hay que tomar medidas para que el acuerdo funcione, y para ello, hoy planteará que se recojan firmas de respaldo para garantizar una mayoría sólida en caso de una objeción parcial desde Carondelet.Paco Moncayo, del movimiento Libertad, dijo compartir la idea de suscribir el acuerdo, más allá de los representantes de las bancadas, porque está de por medio la palabra dada.

Día del periodista

Autoconvocatoria Hoy, el país conmemora el Día del Periodista, por esta razón los comunicadores de la capital se autoconvocaron a una marcha a las 09:00 en el monumento a Eugenio Espejo, situado en la avenida 24 de Mayo y Venezuela. Libertad de prensa

De allí se desplazarán a la plaza González Suárez (Centro Histórico de Quito), indicó Juan Carlos Calderón, jefe regional de diario Expreso, quien dijo que este no es el primero ni el último Gobierno que ejerce este tipo de presión; sin embargo, considera que a pesar de esto se debe insistir en la libertad de prensa.Lectura de acta

En la concentración se leerá un acta que contiene principios de la libertad de expresión, el quehacer periodístico y el pedido de respeto al ejercicio de la profesión.No marcha política

No será una marcha política, aseguraron periodistas, sino de reivindicación del oficio del periodismo. Los comunicadores sociales irán portando sus herramientas de trabajo como grabadoras, libretas y cámaras.Las posiciones

Gina Godoy

ASAMBLEÍSTA DE PAIS

"El presidente Rafael Correa se comprometió a respetar el acuerdo que lideró Fernando Cordero".

Andrés Roche

ASAMBLEÍSTA DE MG

"No se puede confiar en alguien que cuando se discute la Ley de Comunicación ordene cerrar Teleamazonas".

Paco Moncayo

ASAMBLEÍSTA DE ML

"He conversado con asambleístas del bloque de gobierno que están de acuerdo con los siete puntos que consensuamos".

ESTADO SERÁ DENUNCIADO ANTE LA OEA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MARTES 05 DE ENERO DEL 2010

QUITO. El pasado 22 de diciembre la Supertel dispuso la suspensión temporal del canal Teleamazonas.

La Junta Cívica de Guayaquil presentará ante la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) una denuncia contra el Estado ecuatoriano por haber violado la libertad a informarse de los ciudadanos.Su presidente, Miguel Palacios, dijo que esta violación ocurrió cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) ordenó la suspensión temporal de Teleamazonas y aclaró que la medida no es en defensa al canal, sino al derecho de los ciudadanos a informarse de la manera que estimen conveniente.Para sustentarla, se argumentará que hubo una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, del cual Ecuador es suscriptor, indicó el jurista Roberto López, miembro de la Junta.

"La convención en su artículo 13 garantiza la libertad de expresión y dice que no se la puede restringir ni si quiera por medios indirectos", explicó.

El gremio interpondrá el proceso la próxima semana vía internet, y hasta tanto decidirá si una delegación viajará a Washington para ratificarlo.

En tanto, los procesos jurídicos en torno a la suspensión de Teleamazonas, continúan.La jueza 8ª de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, Elena Ortega, tenía de plazo hasta ayer para emitir su fallo sobre la acción de protección que planteó la defensa del canal, pero hasta el cierre de esta edición no había un pronunciamiento.El medio fue sancionado el 22 de diciembre por la Supertel con la suspensión por 72 horas, por reincidir en la difusión de una noticia basada en supuestos. Según el organismo de control la reincidencia se dio cuando transmitió un reportaje sobre el supuesto perjuicio a la pesca en la isla Puná, debido a los trabajos de exploración.

La demanda busca que se declare inaplicable la sanción y que se reparen de forma integral los daños causados.

El abogado del canal, Pablo Ortiz, aseguró la semana pasada que si hay una sentencia favorable se iniciará un proceso civil para hacer efectiva la reparación de los daños. Pero que, si es negativa, queda la posibilidad de la apelación.En la audiencia del 29 de diciembre, Ortiz reclamó que el castigo de la Superintendencia se basó en el Reglamento y no en la Ley de Radiodifusión y Televisión, como lo exige la Constitución. Pero la Supertel, a través de su representante legal, Juan José Morillo, respondió que la ley sí contempla sanciones, pero dispone que sea el Reglamento el que defina el tipo de infracciones y los castigos.

Además de la acción de protección, Teleamazonas pidió la nulidad de la sanción a la propia Supertel y apeló ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

JUEZA NEGÓ RECURSO DE PROTECCIÓN A TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MIÉRCOLES 06 DE ENERO DEL 2010

QUITO. Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, y la jueza Elena Ortega, durante la audiencia del 29 de diciembre.

La jueza octava de la Niñez y Adolescencia, Elena Ortega, negó ayer la acción de protección que solicitó el gerente general de Teleamazonas, Sebastián Corral. El canal fue sancionado con la suspensión de las emisiones entre el 22 y el 25 de diciembre pasados por incurrir en infracción legal, según las autoridades.De acuerdo con la sentencia emitida, la jueza no consideró que se haya violado ningún derecho constitucional y se mantiene el derecho a la apelación presentada por Teleamazonas ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Pablo Ortiz, abogado de la televisora, aseguró que tras la notificación, el canal empezó a estudiar la negativa de la jueza para presentar en su momento las acciones que correspondan.

Adelantó, sin embargo, que se apelará la sanción ante la Corte Provincial, antes Corte Superior, y dependiendo de la respuesta se podrá incluso recurrir al Tribunal Constitucional.

De ese modo, Ortiz todavía encuentra instancias legales adonde acudir para intentar mantener su derecho a la defensa sobre este caso.

Teleamazonas fue sancionado por reincidencia, con el argumento de que difundió una noticia basada en supuestos sobre una posible afectación a la pesca en la isla Puná, por el inicio de los trabajos de exploración de la empresa venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La primera sanción, por la misma figura legal, la recibió cuando difundió en vivo y en directo una noticia sobre un supuesto centro de cómputo clandestino del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en el cerrado supermercado Santa Isabel, en Guayaquil.

Aval del mandatario

El presidente Rafael Correa aplaudió el fallo de la Jueza Octava de la Niñez y Adolescencia, quien rechazó la acción de protección de Teleamazonas.Dijo que esto no hubiera ocurrido antes, pues la justicia se sometía "a ese poder corrupto, frecuentemente, como es la prensa".

Pese a esta y otras críticas que refirió en su visita a Guayaquil, felicitó a los "verdaderos periodistas", que ayer celebraron su día.

CONATEL DESESTIMÓ RECURSO DE APELACIÓN DE TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MARTES 19 DE ENERO DE 2010

EFE | QUITO

El Consejo Nacional de Telecomunciaciones (Conatel) resolvió hoy desestimar el recurso de apelación que Teleamazonas presentó a la resolución de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) que suspendió sus emisiones por 72 horas.

Con cuatro votos a favor y un voto en contra, el Conatel ratificó la decisión de la Supertel del pasado 21 de diciembre de imponer a Teleamazonas una sanción de suspensión de emisiones por tres días "por haber cometido infracción administrativa" al retransmitir "una noticia basada en supuestos", explica un comunicado del Conatel.

En la sesión estuvieron presentes Sebastián Corral, gerente general de la cadena, y Pablo Ortiz, asesor jurídico, para "exponer sus argumentos de defensa", añade el texto.

Teleamazonas interpuso un recurso de apelación ante el Conatel tras considerar que con la decisión de la Supertel no se respetó el derecho de defensa de la empresa.

Además de esa apelación, el canal presentó un recurso de protección ante un juzgado de Quito, que también le fue negado, ante lo cual tramitó una apelación en la Corte de Justicia provincial, que aún no se ha resuelto.

La cadena argumenta que la negación del juzgado al recurso de protección "claramente, violenta las normas constitucionales y legales" y que ha violado "el debido proceso" y "la tutela judicial efectiva".

También considera que la sanción por la que tuvo que suspender sus emisiones coartó la libertad de pensamiento, comunicación e información.

En diciembre pasado, la Supertel sancionó a Teleamazonas por haber transmitido un reportaje sobre la supuesta afectación en la pesca de la isla Puná por la exploración de gas natural a cargo de la petrolera venezolana PDVSA.La Supertel consideró que esa información estaba basada en supuestos y que, eventualmente, podía haber causado una conmoción social en la zona.

Teleamazonas alegó, por su parte, que el reportaje por el que fue sancionada no se basó en supuestos sino que transmitió el temor de los pescadores de la zona.Además, la Supertel estudió otros dos expedientes contra el canal, por haber emitido corridas de toros en horarios no permitidos y por informar de un supuesto centro clandestino electoral en torno a los comicios generales de abril pasado.El expediente sobre el tema del gas en la isla Puná fue el tercero contra Teleamazonas, que podía haber sido sancionado hasta con tres meses de suspensión, aunque la autoridad fijó tres días, tras los cuales, la cadena volvió a transmitir con normalidad.

CONATEL ANALIZA HOY LA APELACIÓN DE TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MARTES 19 DE ENERO DEL 2010

QUITO. Teleamazonas salió del aire tres días, desde la tarde del 22 de diciembre pasado, por una sanción de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) revisa hoy el recurso de apelación que presentó Teleamazonas el 23 de diciembre pasado por la suspensión de emisiones del cual fue objeto.

"En este Consejo vamos a ver el tema de Teleamazonas y de (la radio La Voz de) Arutam la próxima semana", confirmó ayer el presidente del directorio del Conatel y ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glas.

La sesión está convocada a las 08:30. La agenda incluye catorce puntos, el tercero corresponde a la apelación del canal.

A finales del año pasado, la Superintendencia de Telecomunicaciones sancionó al canal con la suspensión de emisiones por el lapso de 72 horas (tres días) que se cumplieron entre el 22 y el 25 de diciembre.

La Superintendencia determinó que Teleamazonas incurrió en una infracción administrativa al reincidir en el cometimiento de faltas cuando transmitió dos noticias basadas en supuestos.

La primera información fue sobre la instalación de un centro de cómputo supuestamente clandestino que pertenecía al Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en un local de Guayaquil.

La reincidencia se configuró, según la autoridad, cuando el canal difundió semanas después otra noticia sobre una afectación negativa que tendría en la pesca en la isla Puná con el inicio de operaciones de las torres de exploración de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Según la norma vigente, el Consejo frente a una apelación solo puede confirmar, revocar o modificar.

Pablo Ortiz, abogado de la estación televisiva, dudó que el Consejo revoque o modifique la decisión tomada por lo que prepara el siguiente recurso legal de la defensa.De acuerdo con lo establecido por la Ley de Radiodifusión y Televisión, si la suspensión fuera confirmada o modificada, el concesionario podrá recurrir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

Liberado presunto agresor

Marco Toledo Chuncho (30 años), involucrado en la supuesta agresión a un equipo del noticiario "24 Horas" de Teleamazonas, el 29 de diciembre, fue detenido la mañana del viernes 15 de enero en La Ofelia, norte de la capital, por la Policía Judicial. En la tarde se esperaba la audiencia de formulación de cargos, pero el juez de flagrancia de turno no halló méritos para realizarla.

CORREA COMPARA FALLO A FAVOR DE TELEVISORA CON FILANBANCO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

SÁBADO 06 DE FEBRERO DEL 2010

QUITO. El gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, en la audiencia del 29 de diciembre pasado dentro de la acción de protección que interpuso y que la jueza Elena Ortega negó.

La sentencia de la Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha, que ordenó a las autoridades el pago de una indemnización a Teleamazonas por daño material, provocó ayer el respaldo del presidente de la República, Rafael Correa, al superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo. El Presidente comparó el caso con Filanbanco y anunció continuar en el litigio.

"Podría decirse que esa resolución es el análogo a la sentencia del caso Isaías (ex accionistas del banco), en donde se cambió lo resuelto anteriormente por una petición de aclaración de un fallo judicial", dijo Correa, en Riobamba, en donde realizó su gabinete itinerante.

Según el Mandatario, se dejó en la impunidad las irregularidades cometidas por ese canal, que abusó de la libertad de expresión para manipular, engañar y decir que había un centro de cómputo clandestino y que se iba a suspender la pesca por seis meses en la isla Puná.

El 1 de febrero pasado, la Primera Sala de la Corte dispuso el pago por daños ocasionados a la televisora, el momento en que la Superintendencia sancionó al canal con la suspensión de las emisiones, durante 72 horas de manera inmediata, que se cumplió entre el 22 y el 25 de diciembre pasado. En esos tres días, el canal salió del aire.

La jueza de primera instancia negó el recurso de protección presentado por la defensa del canal, que apeló la decisión a la Primera Sala de la Corte, la cual aceptó el recurso y sentenció en contra del Estado.Tal sentencia es de última instancia (inapelable) y de cumplimiento obligatorio una vez ejecutoriada, es decir, transcurridos los tres días laborales que la ley otorga para que la contraparte impugne; esos días se cumplieron ayer.

"Ciertos medios de comunicación hoy se solazan porque un Tribunal supuestamente le dio la razón, para mí aquello lo único que demuestra es el poder inmenso que estamos enfrentando, no es solo el informativo en este caso, sino el financiero. Vayan, vean de quién es ese canal de televisión", refutó Correa, de acuerdo con el portal oficial.

Néstor Arboleda, director de Patrocinio Nacional de la Procuraduría General, comentó que el Superintendente podría basarse en el artículo 60 de la Ley de Garantías Constitucionales para presentar un nuevo recurso de defensa, este sería una acción extraordinaria de protección. Para ello gozará de veinte días laborables.Ernesto López, ex presidente del Tribunal Constitucional, consideró que esa figura legal no procede porque, de acuerdo con la Constitución, la Corte Constitucional tiene que conocer los pedidos de protección para elaborar la jurisprudencia; "eso le mandan los jueces y si tiene esa facultad ya no tiene la otra. Sería un contrasentido que pueda conocer un asunto a través de dos vías", dijo.

Aunque Hernán Rivadeneira, ex magistrado del Tribunal Constitucional, estimó lo contrario. Si bien el recurso de protección concluye en esa instancia, el gobierno puede invocar otra figura legal como la acción extraordinaria de protección.En ese caso las autoridades deberán plantear claramente cuáles fueron los derechos constitucionales violados y plantear bien el recurso porque pueden rechazar el documento, solo por fallas de forma.

Pablo Ortiz, defensor del canal, aseguró que la próxima semana anunciará las acciones legales, pues aún estudian las estratégicas, tras los anuncios gubernamentales.Rafael Correa

MANDATARIO

"El juez de primera instancia había dado toda la razón a la Superintendencia, mientras que los jueces del Tribunal de segunda instancia dicen exactamente lo contrario. ¿Cómo es posible?".

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES RECHAZA FALLO EN TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

JUEVES 04 DE FEBRERO DEL 2010

El superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, dijo este jueves sentirse "molesto" por la decisión de la Corte de Pichincha, que ordenó pagar una indemnización a Teleamazonas por la suspensión de sus operaciones.La Superintendencia resolvió en diciembre del 2009 suspender al canal las emisiones durante 72 horas.

Jaramillo consideró que la sentencia deja sin piso las acciones de los organismos de control de telecomunicaciones.

"Deja insubsistente toda acción que haya tomado la Superintendencia, igualmente las que puedan ocurrir de ahora en adelante", dijo.

Por su parte, el gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, aseveró que finalmente hay un grupo de ciudadanos en Ecuador, en este caso jueces, que a través de un dictamen hacen justicia y garantizan uno de los derechos de los ciudadanos: la libertad de escoger.

En entrevista con la AP, Corral afirmó que esta decisión "es muy importante y demuestra la independencia de los poderes del Estado".

Añadió que Teleamazonas analiza entablar una demanda penal al superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, por haber cometido una absoluta ilegalidad, haber actuado en contra de la ley, además de otra demanda para reclamar daños y perjuicios derivados de la suspensión de tres días en las emisiones nacionales.

TELEAMAZONAS PLANEA TRES ACCIONES LEGALES; SUPER. ANALIZA EL FALLO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

VIERNES 05 DE FEBRERO DEL 2010

QUITO. El 22 de diciembre del 2009 se suspendieron por tres días las emisiones de Teleamazonas.

Teleamazonas analiza tres acciones legales en contra de la Superintendencia de Telecomunicaciones una vez que la Corte de Pichincha emitió una sentencia aceptando que la suspensión temporal de la estación, el 22 de diciembre, por transmitir información basada en supuestos, violó derechos constitucionales y por ello tiene derecho a una indemnización.

Una acción por daño moral, una acción por daños y prejuicios y una acción penal en contra del superintendente Fabián Jaramillo por prevaricato, son las tres alternativas que Pablo Ortiz, abogado del canal, considera viables una vez que la sentencia de la Corte Provincial quede en firme o se ejecutoríe.

En tanto, la Suptel tiene hasta hoy para decidir si pide una ampliación, una aclaración o presenta una apelación a la sentencia de la Corte.

Aunque, según Ortiz, en este caso la apelación no cabe porque la sentencia es de última instancia y solo se podría dar si los derechos constitucionales de la Suptel habrían sido afectados.

Pero el ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glas, habló ayer en Guayaquil de la posibilidad de que el caso pueda subir a la Corte Constitucional con un recurso extraordinario de protección.

"Sin haber estudiado jurídicamente el caso, pero puedo decir con certeza de que eso tendrá que subirse a la Corte Constitucional como un recurso extraordinario de protección", señaló Glas, aunque precisó que la apelación le corresponde presentar a la Superintendencia de Telecomunicaciones.

No obstante, Ortiz replicó que a la Corte Constitucional solo hay que enviar una copia del fallo para efectos de jurisprudencia, pero "nada más".

El superintendente Fabián Jaramillo, quien acompañó al ministro Glas a un evento efectuado en Guayaquil, indicó que analizarán profundamente el fallo para poder determinar las acciones que seguirán y prefirió no definirlas. "No lo puedo ocultar, me parece que es una sentencia que deja sin piso las acciones que como Estado ecuatoriano debería tomarse… Eso implica que de ahora en adelante los radiodifusores tienen libertad total de infringir la ley, y no hay ninguna organización que les vaya a controlar", agregó Jaramillo.Dijo que "nuestro criterio es 180 grados opuesto a lo que se ha manifestado (en la sentencia) naturalmente".

El funcionario, sin embargo, reconoció que el fallo deja insubsistente toda acción que haya tomado la Superintendencia en este caso como las que fueran a ocurrir a futuro. "No hay ninguna posibilidad de sanción a la que hayan cometido los radiodifusores y los sistemas de audio y video. Simplemente me abstengo a lo que han expresado los jueces".

Sobre el caso, Vinicio Alvarado, secretario de Administración, expresó que lo ocurrido demuestra que no existe dominio del régimen hacia los otros poderes del Estado y por ello la Suptel será la encargada de responder y rebatir.El constitucionalista Ernesto López señaló que en estricto derecho no existe otra instancia a la que se pueda apelar la sentencia de la Corte Provincial y una demanda de acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional en la que piensa Glas es un recurso que solo se utiliza cuando dicta sentencia la Función Judicial como tal, en juicios de inquilinato, divorcio, cheque, contratos. "Pero como la Corte Constitucional es sumisa al Gobierno, podría el régimen presentar la demanda extraordinaria de protección para impugnar esta sentencia… lo que pasa es que para esa clase de cosas no debería utilizarse, pero la Corte Constitucional la ha venido utilizando cada vez que el Gobierno ha querido", acotó López.

Textuales: Dos posiciones

Rafael Correa,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"La suspensión de Teleamazonas debió ser por tres meses como lo determina la ley y no por tres días (el 26 de diciembre del 2009)".

Fabián Jaramillo

SUPERINTENDENTE

"El fallo deja insubsistente toda acción tomada por la Superintendencia en este caso como las que fueran a ocurrir a futuro".

CANAL PIDE ACLARACIÓN A SENTENCIA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

LUNES 08 DE FEBRERO DEL 2010

Teleamazonas suspendió sus emisiones por tres días, desde el 22 de diciembre, por una resolución de la Supertel.

La defensa de Teleamazonas pidió a la Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha una ampliación del numeral 2 de la sentencia emitida el 1 de febrero, que obliga al Estado a pagar una indemnización por daños cometidos.El escrito se entregó pasadas las 17:00 del viernes, según Pablo Ortiz, abogado defensor del canal, quien solicitó copias certificadas del proceso para posteriores acciones de defensa.

El mencionado numeral ordena que, de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Superintendencia de Telecomunicaciones pague a la accionante, en este caso el canal, los valores correspondientes a una indemnización.Ortiz explicó que la solicitud pretende una aclaración respecto del procedimiento de cálculo que las autoridades deberán aplicar para cancelar una indemnización o, en su defecto, que exponga una cifra del daño causado.

La compensación económica, según la sentencia, debe producirse como reparación a las pérdidas o detrimento de los ingresos generados por la ejecución inmediata de la resolución de la autoridad, que implicó la suspensión de emisiones por 72 horas en diciembre.

Teleamazonas tuvo que suspender las emisiones por incurrir en aparentes faltas administrativas, al reincidir en la difusión de noticias basadas en supuestos. El presidente Rafael Correa, en su enlace radial, volvió a criticar la decisión adoptada por la Primera Sala. "La decisión de ese Tribunal es análoga al caso Filanbanco cuando cambiaron el delito, es similar".

En tanto, el asambleísta Galo Lara (SP), miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, consideró que el super-intendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, debe ser llamado a juicio político tras comprobarse que el cierre de Teleamazonas fue ilegal e inconstitucional.

FISCALÍA CONOCIÓ 82 CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS EL AÑO PASADO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

JUEVES 25 DE FEBRERO DEL 2010

QUITO. Los miembros del Consejo de Lavado de Activos, presidido por el procurador Diego García (d), se reunieron la tarde del martes. En la gráfica Víctor Hugo Briones de la UIF (c) y Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas.

En el 2009 la Fiscalía conoció 82 casos de lavado de activos, de los cuales solo 14 fueron originados en alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que pertenece a la Procuraduría del Estado.

Si bien en la ley para reprimir lavado de activos, de octubre del 2005, ya se crea la UIF, el acoplamiento del trabajo entre la Unidad y la Fiscalía ha sido lento.De acuerdo con el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que colocó al país en una denominada 'lista negra' de países que no cooperan con las tareas para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, la UIF no se encontraba en funcionamiento aún a septiembre del 2007.

Fuentes de la Fiscalía, señalan que el mayor problema es la falta de rigurosidad en la entrega sistemática de los informes. La UIF debe proporcionar los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) a la Fiscalía.Sin embargo, muchos de ellos no han contado con las argumentaciones materiales y legales de las cuales una unidad de inteligencia debería abastecer a la Fiscalía.

Desde julio del 2009 asumió la dirección de la UIF, Víctor Hugo Briones.Actualmente hay un funcionario de la UIF trabajando permanentemente en la Fiscalía, específicamente en la Unidad en Contra de la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, que aglutina tanto a la Unidad de Lavado de Activos como de otros delitos relacionados con narcotráfico, trata de personas, contrabando de animales, entre otros. Esta unidad empezó su trabajo el 25 de enero de este año.

La UIF acaba de emitir un ROII en este año y prepara otros tres que serán entregados a la Fiscalía en pocas semanas. Los detalles son reservados.

Las causas de lavado de activos llegan a esta Unidad desde varias fuentes. Además de la UIF, la Policía Antinarcóticos reporta casos relacionados con narcotráfico y lavado y el Servicio de Vigilancia Aduanera, envía casos sobre todo de personas que intentan ingresar dinero al país sin la declaración correspondiente.De acuerdo con los reportes de la Fiscalía, en el 2009 solo hubo dos sentencias en materia de lavado de activos: una fue absolutoria en el famoso caso de Interfeder, una captadora de dinero que de acuerdo a la Fiscalía lavaba dinero, pero cuyos responsables fueron sobreseídos por el Juzgado Tercero en septiembre pasado.

La otra, una sentencia acusatoria en el caso de Omar Fernando Domínguez que compró un bien en Cumbayá por $ 400.000, producto de lavado de activos.

Actualmente, en Ecuador existen cuatro casos emblemáticos a más del Federer sobre lavado de activos. El caso DMG, una captadora de recursos que habría perjudicado a 8.000 ecuatorianos y por lo menos a 3 millones de personas en Colombia y otros países. Este caso se encuentra en consulta en la Fiscalía provincial.

En el caso Torres Gemelas, que destapó una supuesta red de lavado liderada por Hernán Prada Cortez, ya hubo sentencia acusatoria, pero los acusados se acogieron a la instancia de la casación.

Otro caso importante es el de lavado de activos de los hermanos Ostaiza, a través de la empresa Joamy Ema. Este es el primero que se manejará con el nuevo proceso oral, el fiscal tiene hasta el 7 de marzo para la instrucción y luego el juez deberá fijar día y hora para la audiencia preparatoria del juicio.

En este caso, el Banco Pichincha reportó operaciones inusuales a la UIF que terminó en la detección de un delito.

Adicionalmente, se tramita el caso Gramínea, en el cual se descubrió una supuesta red de lavado a través de operaciones falsas de venta de arroz y de combustibles.

Apuntes: Procuraduría pedirá explicación

Lista negra

El procurador general del Estado, Diego García Carrión, pedirá una explicación al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) de por qué incluyó a Ecuador en una nómina de los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

AvancesSegún el funcionario, el Gafisud conoce de cerca los avances que en estos temas ha tenido el país y comentó que en abril próximo estaba pendiente una visita de alto nivel de representantes de ese organismo para evaluar esos progresos.CuestionamientoGarcía, quien cuestionó la inclusión de Ecuador en la denominada "lista negra" de países que no cooperan en esa materia, no es entendible que el Gafisud haya tomado parte de esta decisión, dos meses antes de su visita, cuando existe una posición totalmente diferente en el Ecuador.

PECULADO SE JUZGA CON INFORME DE CONTRALORÍA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO MARTES 04 DE MAYO DEL 2010

El contralor general del Estado, Carlos Pólit, aseguró que los indicios de responsabilidad penal son enviados a la Fiscalía.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió que para el inicio de la instrucción fiscal en casos de enriquecimiento ilícito, se requiera el informe previo de la Contraloría del Estado, en el que se determinen los indicios de responsabilidad penal.

La resolución, publicada en el Registro Oficial N° 154 del 19 de marzo del 2010, surge tras la consulta formulada a la CNJ por la Contraloría General del Estado.La disposición también aclara que para el inicio de la indagación previa no se requiere el referido informe, pero añade que tan pronto el Fiscal conozca de hechos presumiblemente constitutivos de peculado y enriquecimiento ilícito, este debe pedir a la Contraloría la práctica de una auditoría.

Señala que en caso de que el informe establezca indicios de responsabilidad penal hay lugar para el inicio de la instrucción fiscal.

Las normas previstas en la resolución regirán para lo futuro y se aplicarán únicamente para las causas que se iniciaren a partir de su promulgación.El contralor general del Estado, Carlos Pólit, aseguró que cerca de 600 informes con indicios penales de peculado han sido remitidos a la Fiscalía.

"El seguimiento de los informes de Contraloría tienen que ser efectivos. No es justo que se siga terminando con las acciones de control, falleciendo en las cortes. Y eso le he pedido al Fiscal General, en una reunión que tuvimos el día siguiente, me manifestaba que él solicitaba las órdenes de prisión en muchos casos, las medidas cautelares, pero los jueces no favorecían el pedido del fiscal", expresó en Teleamazonas.

Señaló que los indicios siempre van a manos del Fiscal para que determine si acusa o no. "Lo que pasa con esta resolución de la Corte es que ya no se iniciarán las indagaciones que duran dos años -y la instrucción fiscal 90 días-. Hay una diferencia de tiempo y no sé si es por eso que la Corte determinó de esta manera o que efectivamente la ley se ajusta así. Pero el juez de cuentas del Estado ecuatoriano es el Contralor General del Estado", explicó.De su parte, el ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, Mauro Terán, sostuvo que la resolución que dictó la CNJ no puede tener un efecto de reforma legal porque estaría legislando.

Calificó de absurda la disposición de la CNJ porque convierte al Contralor en una especie de fiscal, pues su informe equivaldría a un dictamen acusatorio o absolutorio antes de que se inicie alguna acción, lo que en su opinión es grave porque la Contraloría solo tiene óptica contable, no analiza pruebas ni actitudes.Por ejemplo, advirtió, "un caso de peculado puede estar proyectado en función de cohecho o de concusión y eso ya no tiene que ver la Contraloría que lo único que admite son aspectos contables para determinar si existen faltantes o mal uso de recursos".

Dijo que la disposición favorece a los funcionarios públicos, porque en el momento que haya un Contralor de vista y paciencia del Ejecutivo nunca encontrará delito de peculado.

VigenciaLa resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), respecto del delito de peculado, fue publicada en el Registro Oficial del 19 de marzo del 2010 y rige desde esa fecha.

PICHINCHA DESLINDA PROPIEDAD DE CANAL

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MIÉRCOLES 10 DE MARZO DEL 2010

QUITO

Banco Pichincha negó nuevamente ser accionista o propietario del canal Teleamazonas, tal como afirmó en su último enlace sabatino el mandatario Rafael Correa, quien cuestionó un fallo que favoreció al medio.

El presidente adjunto, Antonio Acosta Espinosa, indicó que la institución nunca mantuvo garantía por los créditos otorgados al señor Eduardo Granda Garcés, accionista del canal de televisión.

"Hago referencia a las aseveraciones del señor Presidente quien, en su intervención de este sábado 6 de marzo, asegura que Banco Pichincha quitó Teleamazonas a los herederos del señor Granda, ante la imposibilidad de ellos de pagar un préstamo", señaló Acosta mediante oficio dirigido a este Diario.Por ello enfatizó que la entidad nunca ha sido accionista ni dueña del canal.En tanto, hasta ayer, el Gobierno no presentaba el recurso de casación (cambio de jueces) por un fallo que favoreció al medio, ni la queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura.

El ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glas, anunció el pasado miércoles que interpondrá un recurso de casación a las resoluciones de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que dictaminó que las sanciones impuestas al canal no tienen valor jurídico alguno.

Tiene cinco días hábiles para presentar el recurso.

Aquel día también advirtió con presentar una queja a la Judicatura para que se investigue la actuación de los jueces, "quienes en dos ocasiones dictaron sentencia a favor de Teleamazonas, argumentando que el silencio administrativo es aplicable en este tipo de procedimientos sancionatorios".Correa tildó de "barbaridad" el fallo y dijo que el régimen se enfrentaba a dos poderes: el financiero e informativo.

FINALIZÓ VALORACIÓN DE TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

LUNES 29 DE MARZO DEL 2010

QUITO. Hasta el 30 de abril próximo la televisora recibirá las cartas de intención de los interesados en comprar el canal.

Teleamazonas informó, a través de un comunicado que fue publicado en la edición de ayer de diario Hoy, que el proceso de valoración de la empresa ha concluido y que hasta el 30 de abril próximo se recibirán las cartas de intención de quienes estén interesados en adquirir la televisora.

El precio del canal se mantiene en reserva, por el momento, informaron sus ejecutivos.Las empresas Iberworm y Proventus –que fueron contratadas por el canal luego de un concurso– realizaron el avalúo. Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, y Abel Castillo, representante de los accionistas, manifestaron ayer que no tienen autorización para dar declaraciones ni detalles de la operación.

En el comunicado del diario capitalino, Teleamazonas manifiesta que las cartas de intención de los posibles compradores deberán evidenciar su idoneidad tanto moral como financiera.

Las solicitudes se receptarán en la oficina matriz de la televisora, ubicada al norte de Quito, en las avenidas Antonio Granda Centeno y Brasil.

El proceso de venta del canal se inició en septiembre del año pasado, en cumplimiento de la vigésima novena disposición transitoria de la Constitución redactada en Montecristi.

En el segundo inciso de ese acápite se establece que "las participaciones accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus representantes legales y miembros del directorio, y accionistas que tengan participación en el capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esa Constitución (que rige desde el 20 de octubre del 2008)".

Los dos años se cumplirán el próximo octubre.

Según datos del Gobierno, Teleamazonas está vinculado al grupo financiero del Banco Pichincha.

HOY, AUDIENCIA EN JUICIO CONTRA PERIODISTA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

VIERNES 04 DE JUNIO DEL 2010

Emilio Palacio (d) y Camilo Samán (2º desde la i) en la audiencia del pasado 22 de marzo, en el Juzgado Segundo de lo Penal.

A las 11:00 de hoy está convocada la audiencia en la que se resolverán los recursos de apelación y nulidad dentro del juicio por injurias planteado en contra del periodista Emilio Palacio Urrutia, por el presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Camilo Samán, uno de los más cercanos colaboradores del presidente Rafael Correa desde los tiempos de su primera campaña presidencial.

La diligencia tendrá lugar en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayaquil que tiene a cargo el proceso que lo inició la jueza temporal del Juzgado Segundo de Garantías Penales, Carmen Alicia Argüello, quien el pasado 26 de marzo sentenció al columnista de Opinión de EL UNIVERSO a tres años de prisión y a pagar $ 10 mil de gastos procesales.

La decisión de Argüello se basó en el artículo de opinión titulado "Camilo, el matón", publicado por el comunicador en este Diario, en agosto del 2009. La nota de opinión tuvo como antecedente una noticia de este Diario sobre el índice de morosidad de la CFN en los microcréditos, y cuyas fuentes fueron reportes de la Superintendencia de Bancos y la misma Corporación. La noticia motivó que un grupo de supuestos morosos que resaltaban la ayuda de Samán acudiera a reclamar de forma airada en las afueras de este periódico.La defensa de Palacio presentó el recurso de apelación y nulidad de la sentencia. Entre otros aspectos, sostiene que la jueza temporal "actuó sin competencia" porque antes de que ella dictara la sentencia, un fallo de la jueza primera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alemania Centeno, del 3 de ese mes, ordenaba la restitución del juez titular de ese despacho, Luis Santana.Jorge Alvear, asesor legal de Palacio, manifestó hace unos días que en el momento que Centeno dictó su resolución, "Santana debió ser restituido. Pero eso no ocurrió y continuó Argüello que es una jueza temporal".

Santana, junto con otros seis de sus colegas fue destituido por el Consejo de la Judicatura (CJ) por "irregularidades" cometidas en el trámite del caso de narcotráfico Huracán de la Frontera, donde se decomisaron más de 4 toneladas de cocaína en Esmeraldas.

Por su parte, Samán presentó a través de su abogado, Gutenberg Vera, el recurso de apelación de la sentencia. El titular de la CFN dijo que esperaba que la Sala imponga cinco años de prisión contra el comunicador, en lugar de los tres que le dictó Argüello.

Samán y Vera han señalado que la jueza actuó de forma legal y han rechazado declaraciones de Palacio y de Alvear, en el sentido de que lo actuado por Argüello es nulo.

Palacio ha indicado que está dispuesto a ir a la cárcel y desde allí continuar defendiéndose, mientras que Samán insiste en que espera que el periodista se disculpe.

COMPRAS AL EXTERIOR CRECEN AL IR ELIMINÁNDOSE SALVAGUARDIAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

LUNES 28 DE JUNIO DEL 2010

QUITO. Los cosméticos, al igual que vehículos, vinos y otros productos están recibiendo el desgravamen del arancel impuesto en enero del 2009.

Cuando en Ecuador está por concluir en julio próximo el proceso de eliminación de salvaguardias a la importación de bienes de consumo (alimentos, ropa, cosméticos, entre otros), las compras al exterior van en aumento.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, las importaciones entre enero y abril de este año superaron los 4,08 millones de toneladas, mientras que en el 2009 estas fueron de más de 3,57 millones.

Según el Termómetro Económico de la Cámara de Industrias de Pichincha durante estos dos periodos, las compras al exterior crecieron el 22,3%. Además señala que del total de importaciones realizadas durante los cuatro primeros meses del año, el 16,45% corresponden a productos bajo la restricción de salvaguardia.

En enero del 2009 comenzaron a regir estos aranceles para 627 productos (subpartidas) provenientes de todos los países, con el objeto de equilibrar la balanza de pagos.

No obstante, a inicios de este año entró en vigencia la Resolución 549 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi), que establecía un cronograma de desgravamen cada dos meses. La primera reducción se realizó en enero (10%), la segunda en marzo (30%), la tercera en mayo (30%) y la última está prevista para el próximo mes (30%).

Para Daniel Legarda, del Centro de Investigación y Análisis de Políticas Públicas, aunque esto es resultado de la recuperación del comercio mundial, la eliminación de las salvaguardias también tuvo incidencia.

Aunque esta tendencia puede mantenerse, explicó Legarda, que a medida que se va reduciendo el recargo arancelario, el Gobierno está creando medidas permanentes para determinados sectores.

Este es el caso del calzado y la ropa, los cuales están gravados con un arancel mixto que entró en vigencia el 1 de junio.

María Fernanda León, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, indicó que en el sector de los cosméticos las importaciones pasaron de $ 35"364.356 (febrero-abril) a $ 36"581.278, en el mismo periodo del 2010.

Pese al incremento, dijo, que tampoco las empresas cosméticas buscan generar una ola de importaciones, pues con las salvaguardias muchas invirtieron en maquinaria y recurso humano para la producción local.

En el sector automotriz también se manejan con cautela. Clemente Ponce, de la Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices del Ecuador, manifestó que si bien han aumentado ligeramente las compras al exterior en relación a enero del 2009, lo más probable es que estos niveles se mantengan en lo que queda del año, pues la demanda no está en función de las salvaguardias.

Explicó que para este año prevén que habrá una recuperación de la caída del 18% registrada el anterior, como consecuencia de la disminución de las ventas, que generó a su vez menores importaciones y ensamblaje local.

Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, consideró que la disminución de las salvaguardias indudablemente sí vuelve a los productos extranjeros más atractivos. Asimismo, señaló que el incremento de las importaciones en bienes de consumo solo demuestran que el sector productivo no pudo responder a la demanda local ni competir con el contrabando.

Exportaciones también crecieron

Las exportaciones en millones de dólares (FOB) registraron un crecimiento en el primer cuatrimestre del 2010, en comparación con igual periodo del 2009, según cifras del Banco Central. Esto a pesar de que el volumen de las ventas fue menor.

Así, por este concepto ingresaron $ 3.680 millones y 9,2 millones de toneladas en el 2009, y $ 5.607 millones y 8,8 toneladas en el 2010

Entre los productos industrializados, donde se registró mayor crecimiento entre enero y mayo de este año, están: maderas terciadas y prensadas (52%), papel y cartón (48%), café elaborado (44%) y harina de pescado (42%), según el Termómetro Económico de la Cámara de Industrias de Pichincha.

EMPRESA DE LOS OSTAIZA LAVÓ DINERO, DICE FISCALÍA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

JUEVES 26 DE AGOSTO DEL 2010

QUITO. Ariolfo Ostaiza (d), padre de Édison (i) y Miguel Ostaiza (c), implicados en un supuesto delito de lavado de activos, en el caso Huracán de la Frontera, durante la audiencia de juzgamiento.

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y los testimonios de investigadores y peritos que detectaron las transacciones irregulares de la empresa Jooamy Ema sustentaron las acusaciones de la Fiscalía en contra de Jefferson Ostaiza y sus hermanos, Édison y Miguel, por el delito de lavado de activos.El informe y dichos testimonios, según la Fiscalía, determinan que la empresa familiar de promoción de artistas (Jooamy Ema) fue utilizada por los tres hermanos Ostaiza como una pantalla para lavar dinero ilícito, proveniente del tráfico de estupefacientes.

Las acusaciones fueron sostenidas por la fiscal Fanny Altamirano, durante la audiencia de juzgamiento que se instaló ayer, en el Tribunal Octavo de lo Penal de Pichincha.

Según la Fiscalía, el extenso informe de la UIF y los informes de los bancos dieron las alertas sobre las operaciones sospechosas de la empresa, que servía para captar fondos ilícitos, que luego eran depositados en las instituciones del sistema financiero.

En alrededor de seis meses, Jooamy Ema realizó un concierto de salsa en el que se gastaron $ 800 mil y prepararon la presentación del grupo de rock latino Maná, que se frustró por una estafa a los empresarios.

Los acusados adquirieron una hacienda en Pedernales (Manabí) para la cría de camarones con un crédito de $ 7 millones de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y analizaron la construcción de una fábrica de balanceado y la adquisición de una torre de exploración petrolera.

Para este último proyecto hablaron de $ 7 millones.

Pese a que la defensa de los Ostaiza defendió la inocencia de sus clientes, la Fiscalía insistió que en el corto tiempo de operación, Jooamy Ema, gastó $ 4,5 millones pero reportó cero en ingresos.

En este caso fueron citados alrededor de 60 testigos, entre ellos, el ex ministro de Gobierno, Gustavo Larrea; el coronel Jorge Brito; el ex director de la Unidad de Investigaciones Especiales, Manuel Silva; y Fabricio Correa, hermano del Mandatario, quien llegó ayer al Tribunal pero dijo que no conocía la razón para su convocatoria.

A más de este caso, los hermanos Ostaiza son procesados en la Corte Provincial de Esmeraldas por el delito de tenencia ilegal de 4,5 toneladas de cocaína.Audiencia: Judicial

Diligencia Está previsto que la audiencia de juzgamiento a los Ostaiza continúe hoy con la recepción de nuevos testimonios.

Dinero La investigación de la Fiscalía determinó, además, que el dinero llegaba desde Puebla (México) hasta el Ecuador a través de transferencias bancarias internacionales a bancos locales en cuentas de varias personas

Conclusiones

El canal de televisión Tele amazonas es acusado de difundir información basada en supuestos y que, según el Conartel, pudo haber alarmado a la sociedad civil ecuatoriana.
Estamos actuando responsablemente y en función a lo que determina la Ley de Radiodifusión y Televisión.
Esto es otra muestra del grado de descomposición de nuestra justicia y del poder inmenso que estamos enfrentando: informativo y financiero, pero no daremos marcha atrás.
Para este tipo de infracciones deberán aplicarse una sanción económica del 100% del máximo de la multa contemplada en la Ley de Radio y Televisión. Esta es de10 salarios mínimos.

Recomendaciones

Regular los contenidos de los programas y las informaciones que transmiten los medios audiovisuales.
Generar mayor interés en la opinión pública.
Evitar trasmitir información basada en falsos y al mismo tiempo disminuir la presentación de imágenes obscenas.