La ingeniería fiscal de las grandes corporaciones para pagar impuestos "ridículos" (página 5)

Una pregunta clave que se debe formular es por qué las formas de competencia tradicional no recortan rápidamente estas ganancias. La respuesta se encuentra a menudo en el modelo de negocios. Las empresas piden prestado mucho para poner en marcha sus actividades, acumulan grandes costos fijos y ofrecen precios tan bajos al principio que pierden dinero. Esto les permite expandir sus negocios en una manera que es prácticamente libre de competencia, hasta establecer lo que es, esencialmente, un monopolio. En ese momento, pueden subir sus precios y participar en la discriminación de precios con relativa libertad.

Como Kaplan señala, eso es, precisamente, lo que Amazon ha hecho. Primero logró una escala masiva, la que le permite almacenar productos aún no pedidos en lugares difusamente distribuidos y con eso puede reducir sus costos de transporte. Por esto Amazon puede ofrecer entrega rápida y gratuita, condiciones que las empresas más pequeñas no pueden superar. Añada a esta situación algoritmos complejos que fijan precios de una manera que se maximiza las ganancias, y el predominio de la empresa parece estar relativamente asegurado.

Como este abordaje facilita el surgimiento de súper empresas a nivel mundial, se crean graves problemas en los mercados laborales y las sociedades, debido a que se destruyen empleos de nivel medio basados en habilidades tradicionales con mayor rapidez de la que se crean empleos similares basados en nuevas habilidades. Es igualmente grave el hecho de que esto contribuye a niveles alarmantes de desigualdad de ingresos, donde unos pocos hogares no sólo disfrutan de riqueza masiva, sino que también ejercen una considerable influencia política. Si el ingreso se concentra demasiado, a un ritmo demasiado rápido, la inversión deseada tenderá a caer por debajo de los ahorros disponibles, creando un desequilibrio macroeconómico keynesiano. (Contrariamente a la creencia popular, lo que importa no es la cantidad real de ingresos que fluye hacia quienes tienen los ingresos más altos, sino los cambios en esos ingresos).

Como están las cosas, el impacto de estos remesones tecnológicos continúa siendo relativamente pequeño en los países avanzados. Sin embargo, podría afectar a un 20% del PIB y a un 40% de los empleos hasta el año 2030. Ese es un gran cambio, que ocurre a una velocidad sin precedentes.

A pesar de que ya nos estamos acostumbrando a romper récords -por ejemplo, en el año 2013, más del 90% de todos los datos que se acumularon en toda la historia de la humanidad se habían acumulado en los dos años anteriores- la realidad es que la velocidad y la magnitud de esta transformación plantean importantes desafíos. Si no somos capaces de enfrentar dicha transformación en una manera adecuada, es poco probable que el resultado sea una sociedad más segura y más próspera; al contrario, el resultado más probable sería una sociedad en la que la frustración y la desesperanza aumenten, lo que probablemente conduciría a comportamientos extremos.

Una propuesta planteada por Kaplan es la creación de una "hipoteca de empleos". Las empresas con una necesidad futura de determinadas habilidades se convertirían en una especie de patrocinador, involucrándose debido a sus posibles ofertas de empleo en el futuro, de una persona dispuesta a adquirir dichas habilidades. El trabajador podría obtener un préstamo usando como garantía sus ingresos futuros proyectados con el propósito de financiar sus estudios. Los préstamos se reembolsarían una vez que la persona comience a trabajar. Si el empleo no se materializa, la persona se haría responsable de pagar sólo una fracción del préstamo, y la empresa absorbería el saldo, misma que, por lo tanto, compartiría una parte del riesgo. También habría un límite máximo al monto de pagos, calculado en la forma de un porcentaje de los ingresos del empleado.

Otras propuestas se centran en las reformas de los marcos legales con el propósito de reflejar con mayor precisión las nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, quienes trabajan parcialmente por cuenta propia, es decir, como empleados autónomos, o quienes están parcialmente empleados por terceros estarían mejor incorporados en las políticas sociales.

Tales cambios, sin lugar a dudas, serían útiles. Sin embargo, ninguna de estas propuestas refleja la magnitud de la transformación que estamos enfrentando. Fundamentalmente, lo que realmente necesitamos es transformar la forma como funcionan nuestras sociedades – y necesitamos hacer esto rápidamente.

France Stratégie, que es asesora del gobierno francés, y el empresario estadounidense Nick Hanauer han propuesto reformas de política social que comparten una base conceptual similar. Las personas ganan "reclamaciones" a lo largo de sus períodos de vida, primero por ser residentes legales, y luego, por ejemplo digamos, por la obtención de títulos académicos, el logro de certificados profesionales, la realización de servicios a la comunidad (incluyendo el servicio militar), y por ganar dinero. Estas reclamaciones pueden ser canjeadas por diversos beneficios, como por ejemplo licencias por motivos familiares, reentrenamiento laboral, o ingresos de jubilación complementarios. El sistema incluiría a todos los residentes y sería totalmente portátil, con una gran cantidad de espacio para que las personas puedan elegir cómo y cuándo irían a utilizar sus reclamaciones. Acuerdos complementarios -por ejemplo con los posibles empleadores quienes ofrecen créditos adicionales para reentrenamiento laboral- se podrían también implementar.

De manera paralela, los gobiernos deben mejorar su política de competencia para protegerse frente al surgimiento de monopolios mundiales. En este punto, los nuevos acuerdos comerciales mega-regionales, como ser el Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, debería resultar ser muy valiosos, siempre y cuando no se permita que los actores poderosos de hoy en día impongan condiciones que promuevan únicamente sus propios intereses. También se debe fortalecer a la cooperación internacional para evitar que las multinacionales evadan impuestos al trasladar ganancias entre jurisdicciones. Tal evasión fiscal ha llegado a cientos de miles de millones de dólares.

Hacer uno que otro cambio para remendar los sistemas existentes no será suficiente para prepararnos para la transformación impulsada por la tecnología que estamos enfrentando. Necesitamos una estrategia integral destinada a hacer que los mercados – y las políticas – sean realmente competitivos, y para garantizar que las políticas públicas trabajen para el beneficio de todos.

(Kemal Dervis, former Minister of Economic Affairs of Turkey and former Administrator for the United Nations Development Program (UNDP), is a vice president of the Brookings Institution)

– La guerra al secretismo (Project Syndicate – 12/4/16)

Londres.- ¿Qué tienen en común los recién revelados Panama papers, ExxonMobil y una empresa minera canadiense que opera en Guatemala? Que todos son casos en los que personas y organizaciones poderosas trataron de usar una fachada para ocultarse, engañar o confundir. Y en todos, el intento fracasó.

Es probable que el escándalo mundial que generaron los Panama papers (11,5 millones de archivos extraídos – según parece, por hackers) de computadoras de la firma jurídica panameña Mossack Fonseca, cuarta mayor gestora offshore del mundo) dure algún tiempo. La publicación de los archivos reveló hasta dónde pueden llegar las personas (y a qué costo) para ocultar activos y evadir impuestos. Lo que se descubrió hasta ahora es un espectro de actividades que van desde usos legales (pero éticamente dudosos) de lagunas en la legislación impositiva hasta intentos de ocultar o lavar dinero obtenido de la corrupción u otras prácticas ilegales.

La reacción, dura e inmediata, fue un repudio casi universal. El escándalo ya provocó la renuncia del primer ministro de Islandia, tras revelarse que poseía acciones de empresas offshore con su esposa. También salpica a parientes de altos funcionarios chinos (incluido el presidente Xi Jinping) y miembros del círculo íntimo del presidente ruso Vladímir Putin.

Xi y Putin no tienen mucho de qué preocuparse. Pero semejante hipocresía de parte de funcionarios públicos que proclaman la necesidad de medidas de austeridad y piden a la gente hacer sacrificios en aras de la prosperidad futura, mientras ellos en secreto evitan el esfuerzo, es una total falta de respeto a la confianza de la ciudadanía en los países democráticos. Si esas empresas fantasma y cuentas bancarias offshore eran legales, ¿por qué tomarse tantos recaudos para ocultarlas? Y si el secreto es legal, ¿por qué está mal?

Entretanto, el secretismo corporativo puso a ExxonMobil en la mira de las fiscalías de Nueva York, Massachusetts y las Islas Vírgenes; y hay muchas otras jurisdicciones en lista de espera. El núcleo de la investigación es determinar si la empresa viene mintiendo deliberadamente en relación con el cambio climático desde los años ochenta.

Hay documentos internos que indican que Exxon, y luego ExxonMobil, conocían los efectos dañinos del cambio climático, pero no dijeron nada ni a los inversores ni a la opinión pública. En sus declaraciones públicas (incluso el año pasado), la empresa negó una y otra vez el riesgo del cambio climático. Cuando pudo admitir la verdad y empezar a actuar con transparencia, ExxonMobil eligió seguir sembrando confusión.

En Canadá, Hudbay Minerals está implicada en un juicio que puede ser el fin de la impunidad para las empresas que descargan en subsidiarias toda la responsabilidad por sus actividades en el extranjero. En vez de aplicar a los países donde operan las normas éticas y legales de sus países de origen, muchas empresas occidentales arman una red de subsidiarias, subcontratistas y cadenas de suministro para ocultar de los consumidores e inversores conductas que estos considerarían reprochables. Hudbay Minerals fue llevada a juicio por un caso de violaciones en masa y daños en Guatemala, ocurrido cuando un grupo de soldados y personas que se presentaron como agentes de seguridad de la empresa propietaria de una mina local llegaron a una pequeña aldea con orden de desalojar a sus habitantes.

El caso parece complejo, ya que involucra diversos propietarios, numerosas subsidiarias y una variedad de jurisdicciones. Pero el principio en juego es simple: las empresas matrices deben hacerse responsables de supervisar las acciones de quienes las representan. El ocultamiento tras capas y capas de propiedad jurídica no puede continuar. Y no lo hará si adoptamos una estrategia con tres componentes, a los que podríamos llamar "zanahoria", "palo" y "ventilación".

La zanahoria (incentivos a la conducta ética) consiste en reconocer y premiar a los que admitan errores pasados y muestren voluntad y una estrategia efectiva para enmendarlos. El palo (sancionar a los transgresores) demanda una mayor fiscalización de las normas legales y éticas, tanto para evitar la evasión y la elusión fiscal cuanto el ocultamiento tras subsidiarias. Y la ventilación consiste en señalar las actividades de los transgresores, sea en el nivel de las comunidades locales o mediante investigaciones a gran escala como el extraordinario esfuerzo global de los cientos de periodistas que cooperaron para sacar a la luz los Panama papers.

Pero esta estrategia no debe convertirse en una campaña de relaciones públicas para corporaciones, funcionarios o empresas de medios. El repudio al secretismo debe parecerse a un proceso de verdad y reconciliación, en el que los transgresores ofrezcan una exposición pública completa de su conducta, tal vez acompañada por el testimonio de las víctimas.

Lo más importante es que para que las juntas directivas (y los abogados, banqueros y contadores que asesoran a personas y empresas) respeten las normas legales y éticas, deben saberse responsables por sus acciones. En cuanto todos entiendan que el secretismo supone riesgos inaceptablemente altos, tratarán de minimizarlos. Les guste o no, es hora de que nuestros líderes hagan lo mejor para ellos y para nosotros.

(Lucy P. Marcus, founder and CEO of Marcus Venture Consulting, Ltd., is Professor of Leadership and Governance at IE Business School and a non-executive board director of Atlantia SpA)

– ¿Oferta, demanda o innovación? (Project Syndicate – 19/5/16)

Nueva York.- Se ha vuelto imposible hacer la vista gorda al llamado "estancamiento secular" que afecta a las economías más avanzadas del mundo: la riqueza se acumula, pero los salarios reales apenas suben y la participación en la fuerza laboral ha ido descendiendo progresivamente. Peor aún, los encargados de formular las políticas no tienen ideas claras de qué hacer al respecto.

Una de las razones de este estancamiento es el descenso del aumento de productividad desde 1970. La innovación local, su motor, ha sufrido muchas obstrucciones desde fines de los años 60 (principalmente en los países desarrollados), y más aún desde 2005.

El ángulo con que Ronald Reagan y Margaret Thatcher vieron este estancamiento, que afectaba a las economías desde los años 70, era el de la oferta. Así, impulsaron menores impuestos a las utilidades y los salarios como manera de fomentar la inversión y el desarrollo, con resultados debatibles.

Pero hoy, cuando las tasas tributarias son mucho menores, hacer recortes de ese tamaño causaría enormes aumentos de los déficits fiscales. Puesto que los niveles de deuda ya son altos y hay por delante grandes déficits, sería temerario aplicar medidas desde el lado de la oferta.

Así que los economistas más brillantes y preparados hoy ven la situación desde el lado de la demanda, usando la teoría desarrollada por John Maynard Keynes en 1936. Cuando la "demanda agregada" (es decir, el nivel de gasto real en bienes internos que los hogares, las empresas, el gobierno y los compradores del extranjero están dispuestos a hacer) no alcanza a llegar al producto con pleno empleo, el producto se ve limitado al nivel de la demanda y no se produce innovación.

Pero el concepto de economía de quienes adoptan este ángulo es extraño. Para ellos, la demanda de la inversión privada es autónoma y se rige por lo que Keynes denominó los "instintos animales". La demanda de los consumidores también es autónoma en esencia, porque la parte "inducida" avanza a la par que la inversión autónoma a través de la "propensión a consumir". Por ende, las medidas del gobierno son la única manera de impulsar el empleo y el crecimiento cuando cae la demanda autónoma y se pierden puestos de trabajo.

Se trata de una concepción que no da cuenta del crecimiento ni de la recuperación. En las economías sólidas, si se aplica un shock a la demanda en contracción se producen dos tipos de respuesta que impulsan la recuperación.

Una de ellas es la adaptación a las oportunidades que vayan surgiendo. Cuando las empresas afectadas por la menor demanda reducen sus operaciones, el espacio que dejan queda disponible para emprendedores que idean mejores maneras de llevar el negocio, o mejorarlo. Algunos de los empleados que despidan iniciarán por su cuenta nuevas firmas (creando empleos). Cada vez que se produce una recesión desaparecen muchas empresas de la industria y el comercio, y con el tiempo aparecen otras, generalmente más exitosas.

La otra respuesta es la innovación local: nuevas ideas surgen de las mentes de diferentes personas de negocios. Cuando las firmas afectadas por la menor demanda dejan de contratar empleados por un tiempo, algunas de las personas que habrían sido contratadas aprovechan la situación para idear nuevos productos o métodos y organizan empresas emergentes, o startups, para desarrollarlos.

La creciente cantidad de innovadores aspirantes trabajando desde los garajes de sus casas pueden producir por sí mismos parte de sus bienes de capital. Lo que es más importante: la acumulación de nuevas emergentes irá generando gradualmente una mayor demanda de inversión (¡demanda inducida!) y, además, crecimiento.

Puede que algunos pongan esto en duda. ¿Les puede ir bien en el mercado a los nuevos productos y métodos si la demanda es deficiente? Como me dijo un innovador en medio de la crisis financiera, su objetivo era ocupar un mercado, e importaba poco si éste tenía sólo un 90% de su tamaño anterior.

¿Se puede elevar el capital donde los ingresos se encuentran deprimidos? Las empresas pequeñas y las emergentes siempre tienen que enfrentarse a un difícil acceso al crédito, y la Gran Recesión que siguió a la crisis financiera de 2008 empeoró aún más sus condiciones. Y sin embargo la recesión no impidió que muchas de esas firmas encontraran financiación en Silicon Valley, Londres y Berlín. No es de sorprender que Alemania, Estados Unidos y Berlín estén más o menos recuperados. En EEUU, el crecimiento total de la productividad marcó récords en la década de 1930, cuando la economía tocó fondo y luego fue saliendo de la Gran Depresión.

La recuperación ha sido muchísimo más difícil en dos tipos de economía. En Francia e Italia falta gente joven que desee iniciar emprendimientos o ideas innovadoras, y los pocos que quieren hacerlo se enfrentan a impedimentos de corporaciones arraigadas y otros intereses creados. Grecia no carece de personas deseosas de emprender o innovar, pero no posee un sistema de capital de riesgo o "ángeles de negocios". Algunos griegos han formado startups, pero no en Grecia.

Los partidarios del lado de la demanda señalan que la innovación no hace más que dificultar la innovación, porque permite que las empresas satisfagan la demanda existente con menos empleados. Por ello, recomiendan que cada año la inversión conjunta de los sectores público y privado llegue al nivel necesario para el pleno empleo. Pero una inversión en infraestructura de este tipo iría mucho más allá de lo que se habría realizado si se hubiera permitido que la economía recuperara un alto nivel de empleo a través de la actividad adaptativa o innovadora. De hecho, va mucho más allá del gasto mismo, porque impide la adaptación y la innovación que podrían haber generado más empleo y un crecimiento más veloz.

Más aún, mientras la innovación occidental siga confinada en espacios estrechos, el compromiso desde el lado de la demanda de generar un flujo alto y sostenido de inversión en infraestructura (y, de manera similar, un flujo parecido de inversión privada desde el lado de la oferta) necesariamente irá generando retornos cada vez menores, hasta que inevitablemente la economía llegue a un estado casi inerte.

Como pensaba Keynes, la oferta de más de los mismos viejos bienes nunca "crea su propia demanda". Pero ofrecer nuevos bienes sí puede hacerlo. La causa de nuestro estancamiento está en los obstáculos a la adaptación y la innovación, no la austeridad fiscal. Y solamente un dinamismo renovado (no más irresponsabilidad fiscal) ofrecerá alguna esperanza duradera de salir de la actual situación.

(Edmund S. Phelps, the 2006 Nobel laureate in economics, is Director of the Center on Capitalism and Society at Columbia University and author of Mass Flourishing)

– Una agenda sobre la deuda para el G7 (Project Syndicate – 23/5/16)

Cambridge.- El 26 y 27 de mayo los Jefes de Estado del Grupo de los Siete principales países industriales se reunirán en Japón para conversar sobre problemas económicos y de seguridad comunes. Un importante problema común que merece su atención es el aumento insostenible de la deuda nacional de los principales países desarrollados. No abordar la explosión del endeudamiento gubernamental tendrá efectos adversos que afecten a la economía mundial y a los propios países agobiados por la deuda.

El problema es grave y cada vez empeora más, casi en todas partes. En Estados Unidos, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación estima que la deuda del gobierno federal se duplicó durante la última década, ya que aumentó desde el 36% del PIB al 74% del PIB. También predice que, en un escenario con supuestos económicos favorables y sin nuevos programas para aumentar el gasto o reducir los ingresos, el ratio de deuda a diez años a partir de ahora se situará en un nivel del 86% del PIB. Los que es aún más preocupante: el ratio de déficit anual se duplicará en la próxima década alcanzando un 4,9% del PIB, lo que pondrá a la deuda en camino de superar el 100% del PIB.

La situación en Japón es aún peor, ya que la deuda bruta de este país supera el 200% del PIB. El actual déficit anual de Japón del 6% del PIB implica que el ratio de deuda seguirá aumentando rápidamente, a menos que se tomen medidas.

Las condiciones difieren entre los países de la eurozona. Sin embargo, tres de las cuatro mayores economías de la Unión Europea -Francia, Italia y el Reino Unido- tienen grandes deudas y déficit anuales que van en dirección de alcanzar ratios de deuda aún mayores en el futuro.

Un nivel en aumento de deuda nacional absorbe fondos que, de otro modo, estarían disponibles para financiar inversiones empresariales que mejoren la productividad. Las empresas ahora temen que los crecientes déficits conduzcan hacia niveles más altos de impuestos, desalentando aún más las inversiones adicionales.

Esa es una perspectiva preocupante para todos. Cuando las tasas de interés suben, como seguramente lo tienen que hacer, el costo del servicio de la deuda requerirá de mayores impuestos, mismos que perjudicarán a los incentivos económicos y debilitarán la actividad económica. Además, la persistencia de grandes déficits reduce el margen que tienen los gobiernos para aumentar el gasto cuando se enfrenta una crisis económica o una amenaza a la seguridad nacional.

La reducción del déficit es, obviamente, una tarea para los responsables de los ingresos fiscales y el gasto público: los gobiernos y las asambleas legislativas. Sin embargo, los bancos centrales también juegan un papel, influyendo en el problema de dos maneras. Las políticas relativas a tasas de interés bajas en los países avanzados están abatiendo el tamaño actual de los déficits presupuestarios, pero el costo de ello es la reducción de la presión que se ejerce sobre los líderes políticos para que aborden futuros déficits, así como el incentivo que reciben los votantes para ponerse a favor de más programas de gasto y mayores recortes fiscales. Los bancos centrales pueden coadyuvar al anunciar claramente que las tasas de interés subirán sustancialmente en el futuro, lo que hará que para los gobiernos sea más caro prestarse y renovar la deuda existente.

La reducción de los déficits anuales requerirá ya sea de un aumento de los ingresos de impuestos o de una disminución de los desembolsos de gastos. El aumento de las tasas de impuestos marginales es por un lado políticamente impopular y por otro económicamente perjudicial. En EEUU, se tiene margen para aumentar los ingresos sin aumentar las tasas de impuestos, mediante la limitación de los llamados gastos fiscales – es decir, las formas de gasto que se incluyen dentro de las normas fiscales, en lugar de que se las asigne anualmente en el Congreso.

Por ejemplo, un estadounidense que compra un automóvil eléctrico recibe una reducción de impuestos de $ 7.000. Los gastos fiscales de mayor tamaño en EEUU incluyen la deducción de intereses hipotecarios y la exclusión de la base imponible de las primas del seguro de salud que son pagadas por el empleador.

A pesar de que la eliminación de cualquiera de estos grandes gastos fiscales podría ser políticamente imposible, limitar la cantidad en la que un contribuyente podría reducir su deuda tributaria mediante el uso de estas disposiciones podría llevar a recaudar ingresos sustanciales. Por lo tanto, yo hago todo lo posible por convencer a mis amigos republicanos en el Congreso de que la reducción de la pérdida de ingresos provenientes de los gastos fiscales es realmente una manera de reducir el gasto público, a pesar de que la reducción del déficit aparece en la columna de los ingresos del presupuesto.

La buena noticia es que una reducción relativamente pequeña de los déficits anuales puede poner una economía en camino hacia un ratio deuda-PIB mucho menor. En el caso de EEUU, la reducción del déficit desde el nivel proyectado del 4,9% del PIB al 3% del PIB haría que el ratio de deuda descienda con dirección hacia un 60%.

Lo mismo es cierto en otros lugares. El ratio deuda-PIB a largo plazo es igual al ratio del déficit de presupuesto anual con relación a la tasa anual de crecimiento del PIB nominal. Si se tiene un crecimiento del PIB nominal del 4%, un déficit presupuestario del 2%  haría que el ratio de deuda a largo plazo descienda al 50%. Ese debe ser el objetivo que aspiren alcanza todos los países del G7.

(Martin Feldstein, Professor of Economics at Harvard University and President Emeritus of the National Bureau of Economic Research, chaired President Ronald Reagan"s Council of Economic Advisers from 1982 to 1984. In 2006, he was appointed to President Bush's Foreign Intelligence Advisory Board…)

– Los beneficios del neoliberalismo se podrían haber exagerado durante décadas, según el FMI (El Economista – 30/5/16)

Las reformas neoliberales han predominado en el mundo desde 1980. El FMI y el Banco Mundial han sido dos de las instituciones que han aconsejado durante años a varios países para realizar ese tipo de reformas. El éxito de la economía chilena parecía avalar el buen funcionamiento de las reformas neoliberales, que, sin embargo, tras ser implementadas en decenas de países en desarrollo no parecen haber sido tan positivas como se esperaba. (Al final, puede leerse el artículo completo del FMI)

Tal y como describen Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, economistas del Fondo Monetario Internacional, en la revista oficial del organismo Finance & Development, "esa agenda neoliberal no ofrece buenos resultados para todos los países".

"La agenda neoliberal se caracteriza por la desregulación y la apertura de los mercados domésticos, incluyendo los mercados financieros y la entrada de competencia extranjera. Además de reducir el papel del estado, a través de la privatización y la limitación fiscal de incurrir en déficits y acumular deuda". También se fomenta la expansión del comercio internacional, la inversión directa para fomentar la transferencia de conocimientos.

Sin embargo, a pesar de que la teoría señala que estos cambios son positivos para el desarrollo económico, "hay aspectos de la agenda neoliberal que no han funcionado como se esperaba". Según estos economistas, no todos los países han logrado un crecimiento económico sostenido, mientras que sí se han producido incrementos de la desigualdad importantes, lo que a su vez ha erosionado el desarrollo de esos países.

La teoría

Aunque la liberalización de la cuenta de capital se suele ver como algo positivo para la adaptación de los países a la globalización, no siempre tiene los efectos deseados. Teóricamente, la liberalización de las cuentas de capital debería permitir una asignación más eficiente del capital a escala mundial, de los países industriales ricos en capital a los países en desarrollo con poco capital. Los beneficios deberían ser generales: una tasa de rentabilidad más alta del ahorro privado en los países desarrollados y una mejora del crecimiento, el empleo y los niveles de vida en los países en desarrollo.

Es cierto que este paso permite la entrada de flujos de inversión directa que sirven para transferir conocimientos tecnológicos, capital humano y estimular el crecimiento a largo plazo. Pero la apertura también permite la entrada de "inversiones en cartera", a través de las cuáles el inversor busca un rendimiento financiero que no suele tener efectos positivos sobre la economía real, además de eliminar las fronteras para que los bancos extranjeros presten dinero a los agentes de los países en desarrollo.

"Estas inversiones en cartera y flujos de deuda parece que ni estimulan el crecimiento ni permite al país compartir los riesgos con sus parejas comerciales. Esto deja entrever que el crecimiento y el riesgo compartido producto de los flujos de capitales dependen del tipo de flujo que sea", sentencian los economistas del FMI.

Mientras que los beneficios son algo inciertos para algunos países, los costes se pueden ver representados por el incremento de la volatilidad económica y una mayor frecuencia de crisis financieras. Desde 1980, ha habido alrededor de 150 episodios de entradas netas de capital en más de 50 mercados emergentes; en un 20% de las veces, estos episodios han finalizado en crisis financieras, muchas de estas crisis están asociadas a fuertes descensos de la producción, como se muestra en la revista Finance & Development.

Guillermo de la Dehesa, economista y presidente del Centre for Economic Policy Research, explicaba en 2004 que "la rápida liberalización de los sistemas financieros y de los flujos de capital en muchos países en desarrollo en unos casos, voluntaria, en otros, recomendada por el FMI y el Banco Mundial, y en unos pocos, forzada por un determinado programa de dichas instituciones, ha ayudado al desencadenamiento de las crisis financieras recientes de algunos de estos países".

Y es que no hay rentabilidad sin riesgo, ni recompensa sin peligro: "La libertad de movimiento de capitales tiene, como toda libertad, sus peligros, ya que da mayores oportunidades a los individuos, las empresas y las instituciones financieras para tomar mayores riesgos, a veces imprudentes, que pueden producir crisis e incluso riesgos sistémicos".

La solución más adecuada

Como explicaba De la Dehesa, "una liberalización rápida de la cuenta de capital de la balanza de pagos puede traer consigo más problemas que beneficios. Los países de la OCDE tardaron más de tres décadas en liberalizar sus cuentas de capital y se pensaba que los países en desarrollo, menos preparados para ello, la podrían llevar a cabo en menos de una década".

Los peligros asociados a una liberalización demasiado rápida de los movimientos de capital pueden reducirse otorgando un espacio prolongado de tiempo a los países que inicien el proceso y "mediante una combinación de políticas macroeconómicas sanas y estabilizadoras, para no incurrir en desequilibrios financieros agregados y de políticas de regulación, supervisión y control de las instituciones financieras que desarrollen los incentivos adecuados para asegurarse una eficiente gestión del riesgo".

El ajuste fiscal

Por otro lado, esta corriente también aboga por un control fiscal para evitar elevadas cargas de deuda pública. Una deuda pública demasiado alta respecto al PIB puede lastrar el crecimiento y la confianza en el país. Pero intentar reducir la deuda puede tener unos efectos contraproducentes que lleven al país a una situación peor a la previa.

"Para obtener un nivel de deuda inferior, se necesita distorsionar el comportamiento económico elevando los impuestos de forma temporal o reduciendo el gasto público, o implementando ambas medidas. Los costes de incrementar los impuestos o recortar el gasto para reducir la deuda pueden ser mucho peores… Con estos tampoco queremos decir que un elevado nivel de deuda sea bueno para el crecimiento y el bienestar", señalan los economistas del FMI.

En resumen, los beneficios de algunas políticas de la agenda neoliberal "se podrían haber exagerado", sobre todo en el caso de la apertura financiera, que no sólo no parecen haber desembocado en los beneficios previstos sino que además podrían haber incrementado la desigualdad económica y erosionado el crecimiento. En el caso de la consolidación fiscal, se han subestimado efectos secundarios como "un menor crecimiento de la producción y Estado de Bienestar, y un mayor desempleo", destacan los economistas del FMI.

Para concluir, estos expertos aseguran que la desigualdad de ingresos generada por estas políticas termina socavando el crecimiento económico, que a la postre es el objetivo final de la agenda neoliberal. La apertura financiera y la austeridad pueden intensificar los ciclos económicos creando burbujas que se hinchan y se explotan poniendo en peligro el crecimiento económico a largo plazo de estas naciones.

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Neoliberalism: Oversold? (38 Finance & Development June 2016)

(By Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani, and Davide Furceri)

Instead of delivering growth, some neoliberal policies have increased inequality, in turn jeopardizing durable expansion

Milton Friedman in 1982 hailed Chile as an "economic miracle". Nearly a decade earlier, Chile had turned to policies that have since been widely emulated across the globe.

The neoliberal agenda -a label used more by critics than by the architects of the policies- rests on two main planks. The first is increased competition- achieved through deregulation and the opening up of domestic markets, including financial markets, to foreign competition.

The second is a smaller role for the state, achieved through privatization and limits on the ability of governments to run fiscal deficits and accumulate debt.

There has been a strong and widespread global trend toward neoliberalism since the 1980s, according to a composite index that measures the extent to which countries introduced competition in various spheres of economic activity to foster economic growth.

As shown in the left panel of Chart 1, Chile"s push started a decade or so earlier than 1982, with subsequent policy changes bringing it ever closer to the United States. Other countries have also steadily implemented neoliberal policies (see Chart 1, right panel).

There is much to cheer in the neoliberal agenda. The expansion of global trade has rescued millions from abject poverty.

Foreign direct investment has often been a way to transfer technology and know-how to developing economies. Privatization of state owned enterprises has in many instances led to more efficient provision of services and lowered the fiscal burden on governments.

However, there are aspects of the neoliberal agenda that have not delivered as expected.

Our assessment of the agenda is confined to the effects of two policies: removing restrictions on the movement of capital across a country"s borders (so-called capital account liberalization); and fiscal consolidation, sometimes called "austerity", which is shorthand for policies to reduce fiscal deficits and debt levels. An assessment of these specific policies (rather than the broad neoliberal agenda) reaches three disquieting conclusions:

• The benefits in terms of increased growth seem fairly difficult to establish when looking at a broad group of countries.

• The costs in terms of increased inequality are prominent. Such costs epitomize the trade-off between the growth and equity effects of some aspects of the neoliberal agenda.

• Increased inequality in turn hurts the level and sustainability of growth. Even if growth is the sole or main purpose of the neoliberal agenda, advocates of that agenda still need to pay attention to the distributional effects.

Open and shut?

As Maurice Obstfeld (1998) has noted, "economic theory leaves no doubt about the potential advantages" of capital account liberalization, which is also sometimes called financial openness.

It can allow the international capital market to channel world savings to their most productive uses across the globe. Developing economies with little capital can borrow to finance investment, thereby promoting their economic growth without requiring sharp increases in their own saving. But Obstfeld also pointed to the "genuine hazards" of openness to foreign financial flows and concluded that "this duality of benefits and risks is inescapable in the real world".

This indeed turns out to be the case. The link between financial openness and economic growth is complex. Some capital inflows, such as foreign direct investment -which may include a transfer of technology or human capital-, do seem to boost long-term growth. But the impact of other flows -such as portfolio investment and banking and especially hot, or speculative, debt inflows- seem neither to boost growth nor allow the country to better share risks with its trading partners (Dell"Ariccia and others, 2008; Ostry, Prati, and Spilimbergo, 2009). This suggests that the growth and risk-sharing benefits of capital flows depend on which type of flow is being considered; it may also depend on the nature of supporting institutions and policies. Although growth benefits are uncertain, costs in terms of increased economic volatility and crisis frequency seem more evident. Since 1980, there have been about 150 episodes of surges in capital inflows in more than 50 emerging market economies; as shown in the left panel of Chart 2, about 20 percent of the time, these episodes end in a financial crisis, and many of these crises are associated with large output declines (Ghosh, Ostry, and Qureshi, 2016).The pervasiveness of booms and busts gives credence to the claim by Harvard economist

Dani Rodrik that these "are hardly a sideshow or a minor blemish in international capital flows; they are the main story". While there are many drivers, increased capital account openness consistently figures as a risk factor in these cycles. In addition to raising the odds of a crash, financial openness has distributional effects, appreciably raising inequality (see Furceri and Loungani, 2015, for a discussion of the channels through which this operates).

Moreover, the effects of openness on inequality are much higher when a crash ensues (Chart 2, right panel). The mounting evidence on the high cost-to-benefit ratio of capital account openness, particularly with respect to short term lows, led the IMF"s former First Deputy Managing

Director, Stanley Fischer, now the vice chair of the U.S. Federal Reserve Board, to exclaim recently: "What useful purpose is served by short-term international capital flows?"

Among policymakers today, there is increased acceptance of controls to limit short-term debt flows that are viewed as likely to lead to – or compound a financial crisis. While not the only tool available -exchange rate and financial policies can also help- capital controls are a viable, and sometimes the only, option when the source of an unsustainable credit boom is direct borrowing from abroad (Ostry and others, 2012).

Chart 1

Since the 1980s countries have adopted policies to foster increased domestic competition through deregulation and opening their economies to foreign capital. (index of competition)

Source: Ostry, Prati, and Spilimbergo (2009).

Note: The chart shows the average values of a composite index of structural policies that countries adopted with the aim of increasing competition. The areas are openness of capital account; openness of current account; liberalization of agricultural and network industries; domestic financial liberalization; and reduction in the amount of taxes between wages and take-home pay. An index value of zero is total lack of competition and 1 is unfettered competition.

Chart 2

Surges of foreign capital inows increased the chance of a financial crisis, and such inows worsen inequality in a crisis. (increased probability of crisis) (increase in inequality, percent)

Sources: Ghosh, Ostry, and Qureshi (2016), left panel; Furceri and Loungani (2015), right panel.

Note: The left panel shows the increased probability of a crisis during a surge in capital inows. It is based on 165 episodes of inows in 53 emerging market economies between 1980 and 2014. The right panel compares the increase in the Gini measure of income inequality when capital account liberalization was followed by a crisis with periods when no crisis ensued.

It is based on 224 episodes of capital account liberalization in 149 countries between 1970 and 2010. Financial crisis (banking or currency crisis) Twin crises (banking and currency crisis)

Size of the state

Curbing the size of the state is another aspect of the neoliberal agenda. Privatization of some government functions is one way to achieve this. Another is to constrain government spending through limits on the size of fiscal deficits and on the ability of governments to accumulate debt. The economic history of recent decades offers many examples of such curbs, such as the limit of 60 percent of GDP set for countries to join the euro area (one of the so-called Maastricht criteria). Economic theory provides little guidance on the optimal public debt target. Some theories justify higher levels of debt (since taxation is distortionary) and others point to lower -or even negative- levels (since adverse shocks call for precautionary saving). In some of its fiscal policy advice, the IMF has been concerned mainly with the pace at which governments reduce deficits and debt levels following the buildup of debt in advanced economies induced by the global financial crisis: too slow would unnerve markets; too fast would derail recovery. But the IMF has also argued for paying down debt ratios in the medium term in a broad mix of advanced and emerging market countries, mainly as insurance against future shocks. But is there really a defensible case for countries like Germany, the United Kingdom, or the United States to pay down the public debt? Two arguments are usually made in support of paying down the debt in countries with ample fiscal space – that is, in countries where there is little real prospect of a fiscal crisis. The first is that, although large adverse shocks such as the Great Depression of the 1930s or the global financial crisis of the past decade occur rarely, when they do, it is helpful to have used the quiet times to pay down the debt. The second argument rests on the notion that high debt is bad for growth – and, therefore, to lay a firm foundation for growth, paying down the debt is essential. It is surely the case that many countries (such as those in southern Europe) have little choice but to engage in fiscal consolidation, because markets will not allow them to continue borrowing. But the need for consolidation in some countries does not mean all countries – at least in this case, caution about "one size fits all" seems completely warranted.

Markets generally attach very low probabilities of a debt crisis to countries that have a strong record of being fiscally responsible (Mendoza and Ostry, 2007). Such a track record gives them latitude to decide not to raise taxes or cut productive spending when the debt level is high (Ostry and others, 2010; Ghosh and others, 2013). And for countries with a strong track record, the benefit of debt reduction, in terms of insurance against a future fiscal crisis, turns out to be remarkably small, even at very high levels of debt to GDP. For example, moving from a debt ratio of 120 percent of GDP to 100 percent of GDP over a few years buys the country very little in terms of reduced crisis risk (Baldacci and others, 2011). But even if the insurance benefit is small, it may still be worth incurring if the cost is sufficiently low. It turns out, however, that the cost could be large – much larger than the benefit. The reason is that, to get to a lower debt level, taxes that distort economic behavior need to be raised temporarily or productive spending needs to be cut – or both. The costs of the tax increases or expenditure cuts required to bring down the debt may be much larger than the reduced crisis risk engendered by the lower debt (Ostry, Ghosh, and Espinoza, 2015). This is not to deny that high debt is bad for growth and welfare. It is. But the key point is that the welfare cost from the higher debt (the so-called burden of the debt) is one that has already been incurred and cannot be recovered; it is a sunk cost. Faced with a choice between living with the higher debt -allowing the debt ratio to decline organically through growth- or deliberately running budgetary surpluses to reduce the debt, governments with ample fiscal space will do better by living with the debt. Austerity policies not only generate substantial welfare costs due to supply-side channels, they also hurt demand – and thus worsen employment and unemployment. The notion that fiscal consolidations can be expansionary (that is, raise output and employment), in part by raising private sector confidence and investment, has been championed by, among others, Harvard economist Alberto Alesina in the academic world and by former European Central Bank President Jean-Claude Trichet in the policy arena. However, in practice, episodes of fiscal consolidation have been followed, on average, by drops rather than by expansions in output. On average, a consolidation of 1 percent of GDP increases the long-term unemployment rate by 0.6 percentage point and raises by 1.5 percent within five years the Gini measure of income inequality (Ball and others, 2013). In sum, the benefits of some policies that are an important part of the neoliberal agenda appear to have been somewhat overplayed. In the case of financial openness, some capital flows, such as foreign direct investment, do appear to confer the benefits claimed for them. But for others, particularly short-term capital flows, the benefits to growth are difficult to reap, whereas the risks, in terms of greater volatility and increased risk of crisis, loom large. In the case of fiscal consolidation, the short-run costs in terms of lower output and welfare and higher unemployment have been underplayed, and the desirability for countries with ample fiscal space of simply living with high debt and allowing debt ratios to decline organically through growth is underappreciated.

An adverse loop

Moreover, since both openness and austerity are associated with increasing income inequality, this distributional effect sets up an adverse feedback loop. The increase in inequality engendered by financial openness and austerity might itself undercut growth, the very thing that the neoliberal agenda is intent on boosting. There is now strong evidence that inequality can significantly lower both the level and the durability of growth (Ostry, Berg, and Tsangarides, 2014).The evidence of the economic damage from inequality suggests that policymakers should be more open to redistribution than they are. Of course, apart from redistribution, policies could be designed to mitigate some of the impacts in advance – for instance, through increased spending on education and training, which expands equality of opportunity (so-called predistribution policies). And fiscal consolidation strategies -when they are needed- could be designed to minimize the adverse impact on low-income groups. But in some cases, the untoward distributional consequences will have to be remedied after they occur by using taxes and government spending to redistribute income. Fortunately, the fear that such policies will themselves necessarily hurt growth is unfounded (Ostry, 2014).

Finding the balance

These findings suggest a need for a more nuanced view of what the neoliberal agenda is likely to be able to achieve. The IMF, which oversees the international monetary system, has been at the forefront of this reconsideration. For example, its former chief economist, Olivier Blanchard, said in 2010 that "what is needed in many advanced economies is a credible medium-term fiscal consolidation, not a fiscal noose today". Three years later, IMF Managing Director Christine Lagarde said the institution believed that the U.S. Congress was right to raise the country"s debt ceiling "because the point is not to contract the economy by slashing spending brutally now as recovery is picking up". And in 2015 the IMF advised that countries in the euro area "with fiscal space should use it to support investment".

On capital account liberalization, the IMF"s view has also changed – from one that considered capital controls as almost always counterproductive to greater acceptance of controls to deal with the volatility of capital flows. The IMF also recognizes that full capital flow liberalization is not always an appropriate end-goal, and that further liberalization is more beneficial and less risky if countries have reached certain thresholds of financial and institutional development. Chile"s pioneering experience with neoliberalism received high praise from Nobel laureate Friedman, but many economists have now come around to the more nuanced view expressed by Columbia University professor Joseph Stiglitz (himself a Nobel laureate) that Chile "is an example of a success of combining markets with appropriate regulation" (2002). Stiglitz noted that in the early years of its move to neoliberalism, Chile imposed "controls on the inflows of capital, so they wouldn"t be inundated", as, for example, the first Asian-crisis country, Thailand, was a decade and a half later. Chile"s experience (the country now eschews capital controls), and that of other countries, suggests that no fixed agenda delivers good outcomes for all countries for all times. Policymakers, and institutions like the IMF that advise them, must be guided not by faith, but by evidence of what has worked.

– Confrontar la amenaza global a la democracia (Project Syndicate – 3/6/16)

Oxford.- En todo el mundo, los populistas están atrayendo votos con sus promesas de proteger a la gente común de la dura realidad de la globalización. No se puede esperar que el establishment democrático cumpla con este objetivo, aseguran, ya que está demasiado ocupado en proteger a los ricos -un hábito que la globalización no hizo más que intensificar.

Durante décadas, la globalización prometió traer beneficios para todos. En una escala internacional, facilitó el ascenso de los tigres asiáticos y de los países de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), produjo un crecimiento rápido en toda África y facilitó la bonanza en los países desarrollados hasta 2007. También creó nuevas oportunidades y aumentó el crecimiento al interior de los países. Pero desde la crisis de 2008, muchos países ricos se han visto cercados por las medidas de austeridad, las economías asiáticas se han desacelerado, el progreso de los BRICS se ha detenido y muchos países africanos han vuelto a endeudarse.

Todo esto ha contribuido a una creciente desigualdad, que hoy alimenta el descontento. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman calculan que en Estados Unidos la brecha de riqueza ya es mayor que en cualquier otro momento desde la Gran Depresión: hoy casi la mitad de la riqueza del país está en manos del 1% más rico de los hogares.

En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Estadísticas informa que, en el período de 2012 a 2014, el 10% más rico de los hogares era dueño del 45% de la riqueza total agregada de los hogares. Desde julio de 2010, la riqueza del decil superior ha aumentado tres veces más rápido que la del 50% inferior de la población.

En Nigeria, el asombroso crecimiento económico, que promedia el 7% anual desde 2000, bien puede haber reducido la pobreza en el sudoeste del país; pero el noreste (donde el grupo extremista Boko Haram es más activo), han surgido niveles apabullantes de desigualdad de riqueza y de pobreza. Tendencias similares se observan desde China y Egipto hasta Grecia.

Junto con la desigualdad, la caída de la confianza de la población alimenta la rebelión contra la globalización y la democracia. En el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo, muchos sospechan que los ricos se vuelven más ricos porque no tienen que respetar las mismas reglas que todos los demás.

No es difícil entender por qué. En tanto la economía global se desacelera, los abusos de confianza por parte de quienes están en la cima se vuelven más evidentes. En el Reino Unido, Amazon, Starbucks y Google se ganaron la ira pública en 2013 por utilizar tecnicismos para no pagar impuestos. Esto llevó al gobierno del Reino Unido a liderar un anuncio impositivo del G8 destinado a reducir la evasión impositiva. En 2015, una auditoría de la Corporación Nacional del Petróleo de Nigeria reveló que aproximadamente 20.000 millones de dólares en ingresos, en verdad, nunca fueron remitidos a las autoridades bajo la administración anterior.

Y el problema parece ser sistémico. Este año, los Papeles de Panamá expusieron de qué manera los ricos del mundo crean compañías secretas offshore, lo que les permite evitar el escrutinio financiero y el pago de impuestos. Y los bancos más grandes del mundo han tenido que pagar multas sin precedentes en los últimos años por violaciones descaradas de la ley.

Sin embargo, a pesar de la publicidad negativa generada por estos casos, la población prácticamente no vio que nadie haya tenido que rendir cuentas. Casi una década después de la crisis financiera global de 2008, sólo un ejecutivo de un banco fue a prisión. Muchos banqueros, en cambio, siguieron un camino similar al de Fred Goodwin, el presidente del Royal Bank of Scotland de Gran Bretaña, que acumuló 24.100 millones de libras (34.200 millones de dólares) de pérdidas, para luego renunciar con una pensión gigantesca. La gente común y corriente -como el padre de tres hijos que fue a prisión en el Reino Unido en septiembre de 2015 por acumular 500.000 libras en deudas de juego- no goza de la misma impunidad.

Todo esto ayuda a explicar por qué los movimientos anti-establishment están cobrando fuerza en todo el mundo. Estos movimientos comparten una sensación de privación de derechos -una sensación de que el "establishment" no les da a los ciudadanos comunes un "trato justo"-. Apuntan a resultados electorales "comprados" por intereses especiales, y a marcos legales y regulatorios oscuros que parecen pergeñados para beneficiar a los ricos, como las regulaciones bancarias que sólo pueden sortear las instituciones grandes y los tratados de inversión negociados en secreto.

Los gobiernos han permitido que la globalización -y los tenedores de riqueza ambulantes- los superen. La globalización exige una cooperación global profunda y efectiva. Cuando los gobiernos no supieron cooperar en los años 1930, la globalización se frenó en seco.

Hizo falta una serie de esfuerzos cuidadosos y sumamente controlados después de la Segunda Guerra Mundial para abrir la economía mundial y permitir que la globalización volviera a despegar. Aun así, si bien muchos países liberalizaron el comercio, los controles de capital garantizaron que el "dinero caliente" no pudiera entrar y enseguida salir de sus economías. Mientras tanto, los gobiernos invirtieron los retornos sobre el crecimiento en educación, atención médica y sistemas de asistencia social de buena calidad que beneficiaron a la mayoría. En tanto los negocios del gobierno crecieron, también lo hicieron los recursos asignados a ellos.

En los años 1970, los líderes de los países ricos, tanto en el gobierno como a nivel empresarial, se habían vuelto complacientes. Creyeron a pie juntillas la promesa de que los mercados que se equilibran y restringen por sí solos brindarían un crecimiento continuo. Cuando esta nueva ortodoxia se propagó al sector financiero apalancado, el mundo entró en una carrera desenfrenada. Desafortunadamente, muchos gobiernos ya habían perdido la capacidad de manejar las fuerzas que habían desatado, y los líderes empresarios habían perdido su sensación de responsabilidad por el bienestar de las sociedades dentro de las cuales florecían.

En 2016, estamos volviendo a aprender que, desde un punto de vista político, la globalización tiene que estar controlada no sólo para permitir que los ganadores ganen, sino también para asegurar que no hagan trampa o ignoren sus responsabilidades ante la sociedad. No hay lugar para políticos corruptos que consientan a empresarios corruptos.

Restablecer la confianza será una tarea difícil. Los líderes empresarios tendrán que asegurarse una "licencia para operar" de la sociedad en general, y contribuir visiblemente a que se sustenten las condiciones que respaldan su prosperidad. Pueden empezar por pagar sus impuestos.

Los gobiernos tendrán que distanciarse de las empresas que no cumplan con su parte. Es más, deben revisar sus propias operaciones, para demostrar su imparcialidad. Una regulación sólida exigirá una inversión significativa en capacidad de gobierno y los servicios legales que la respaldan.

Finalmente, la cooperación global será crucial. La globalización no se puede deshacer. Pero, con un compromiso fuerte y compartido, se puede controlar.

(Ngaire Woods is Dean of the Blavatnik School of Government and Director of the Global Economic Governance Program at the University of Oxford)

– El extraño giro de Alemania contra el comercio (Project Syndicate – 6/6/16)

Berlín.- La ventana de oportunidad para completar la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre Estados Unidos y la Unión Europea se está cerrando a pasos acelerados. Este año y el próximo se llevarán a cabo elecciones nacionales en Estados Unidos, Francia y Alemania, y las campañas se desarrollarán en un contexto cada vez más hostil a los acuerdos internacionales de cualquier tipo. El mayor riesgo podría provenir de la fuente menos pensada: Alemania, una usina exportadora.

Tal como están las cosas, el 70% de los ciudadanos alemanes se oponen a la ATCI, casi el doble del promedio de otros países europeos. Creen, de manera casi unánime, que Alemania no se beneficiará económicamente, que los salarios de los trabajadores menos calificados se verán afectados, que las grandes corporaciones ganarán poder a expensas de los consumidores, que la protección de datos y del medio ambiente resultará comprometida y que los derechos de los ciudadanos se verán debilitados.

Pero muchos estudios han demostrado que todos estos argumentos son exagerados o directamente erróneos. Por cierto, Alemania -cuyo progreso económico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se debió a su constante apertura al comercio internacional y la integración económica, y que sigue siendo una de las economías más abiertas y dependientes del comercio de Europa– estaría entre los principales beneficiarios de la ATCI.

Se proyecta que la ATCI aumentaría el ingreso anual per cápita en Alemania un 1-3%, o 300-1.000 euros por año para 2035. Es más, considerando que casi el 50% de los empleos alemanes están asociados, directa o indirectamente, al sector comercial, el acuerdo también ayudaría a proteger el empleo. Y, al impulsar la capacidad de Estados Unidos y de Europa para fijar estándares comerciales globales, la competitividad internacional de las empresas alemanas aumentaría. No todos los individuos o empresas van a ganar con la ATCI, pero el efecto neto en la economía y los ciudadanos de Alemania, sería claramente positivo.

¿Por qué, entonces, tanta gente en Alemania se opone al acuerdo?

Una razón es que el aparente éxito económico de Alemania ha aumentado la aversión al cambio. El país no sólo sorteó la crisis financiera global de 2008-2009 y la crisis de deuda soberana europea; en verdad, prosperó en los últimos años, experimentando un crecimiento sólido del PIB y enormes alzas salariales. La tasa de desempleo se ha reducido a la mitad desde 2005, alcanzado un mínimo récord de 4,6% en la actualidad, y su excedente de cuenta corriente se disparó a un impactante 8% del PIB.

La sensación de ser la superestrella económica de Europa ha generado una inercia política, que llevó al país casi a un alto total en materia de reformas económicas. Si bien la mayoría de los otros países de Europa están buscando desesperadamente alguna oportunidad para sacar a su país de la crisis, los alemanes ven pocos motivos para juguetear con un status quo ostensiblemente próspero.

Desafortunadamente para Alemania, su sendero actual no es tan tranquilo y seguro como la gente tiende a pensar. De hecho, desde su década perdida como el "hombre enfermo de Europa" en los años 2000, Alemania alcanzó a otras economías avanzadas sólo en algunas áreas. Todavía tiene una de las tasas más bajas de inversión pública y privada entre los países de la OCDE, y se verá afectada más que la mayoría por un drástico cambio demográfico en los próximos diez años. Más allá de ofrecer un impulso económico inmediato, la ATCI ayudaría a Alemania a hacer frente a los desafíos de más largo plazo que enfrenta.

La oposición de Alemania a la ATCI también refleja la reciente explosión del sentimiento populista y nacionalista en gran parte del mundo occidental. El atractivo de este tipo de fuerzas es particularmente pronunciado en la UE, debido a la percepción popular de que la integración europea ha debilitado la soberanía nacional y ha dejado a los ciudadanos a merced de la toma de decisiones de tecnócratas no electos. Lo último que muchos europeos quieren es que otro conjunto de reglas supranacionales, formuladas a puertas cerradas, gobierne sus economías.

Este sentimiento es especialmente agudo en el caso de los alemanes, que todavía se sienten amargados por haber sido el pagador de Europa durante la crisis. Algunos ahora temen que la ATCI sea sólo otro ardid, destinado a aprovecharse de la fortaleza y generosidad de Alemania. Superar este miedo no será tarea sencilla.

Una tercera razón para la oposición de Alemania a la ATCI es que el país ya está inmerso en una batalla por la redistribución de la riqueza. Alemania actualmente tiene la desigualdad más alta de riqueza privada en la eurozona, y ha experimentado un marcado incremento de la desigualdad salarial en los últimos veinte años.

En verdad, muchos alemanes anticipan un mayor incremento de la desigualdad. No sólo muchas veces se elude el pago del salario mínimo; algunos políticos han capitalizado los temores de la actual llegada de refugiados para ganar votos, con el argumento de que una apertura a los extranjeros no hará más que agravar la desigualdad.

A la desilusión de los alemanes se suma la sensación -compartida por muchos en Europa y otras partes- de que el sistema está "manipulado". Los gerentes de Volkswagen recibieron sobresueldos gigantescos este año, a pesar del escándalo global causado por el esfuerzo de varios años por parte de la compañía destinado a evadir los estándares en materia de emisiones. Y la divulgación de los Papeles de Panamá ha revelado de qué manera la gente más rica evita pagar impuestos. Por ende, los argumentos de que la ATCI beneficiaría principalmente a los ricos ha tocado la fibra sensible de los sindicatos, entre otros.

Una economía dependiente del comercio tiene mucho para ganar con el libre comercio, especialmente con un mercado tan grande como el de Estados Unidos. Alemania debería estar utilizando su influencia política para convencer a sus homólogos europeos de sellar el acuerdo. Por el contrario, con la vertiginosa caída de la popularidad de los dos partidos políticos más importantes del país, la Unión Demócrata Cristiana y los socialdemócratas, es poco probable que los líderes de Alemania hagan presión para que se firme un acuerdo que no sea popular. Estas son malas noticias para todos -especialmente para los alemanes.

(Marcel Fratzscher, a former head of International Policy Analysis at the European Central Bank, is Committee Chairman and President of the think tank DIW Berlin)

– Hay que volverse fiscal (Project Syndicate – 8/6/16)

Londres.- Todos saben que sin dolor no hay ganancia. Pero también puede haber dolor sin ganancia -una lección que las poblaciones occidentales han venido aprendiendo a fuerza de golpes desde por lo menos 2012-. Años de austeridad fiscal en Estados Unidos, Europa y Japón no han logrado nada, así que es hora de que los gobiernos empiecen a gastar otra vez.

La propuesta será recibida con indignación por muchos gobiernos, especialmente, pero no exclusivamente, el de Alemania, y será descartada por los muchos candidatos políticos que consideran la deuda soberana, acumulada por los funcionarios a los que intentan derrocar, como una obra del diablo. Pero más allá de la ideología y del interés propio hay una verdad simple e inevitable: la austeridad no funciona.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, reconoció a regañadientes el fracaso de la austeridad cuando anunció el 1 de junio que su gobierno pospondría un incremento planeado del impuesto al consumo del país. Lejos de ayudar a controlar el déficit presupuestario y la enorme deuda pública de Japón, el alza del impuesto probablemente habría reducido los ingresos. Después de todo, el aumento anterior, implementado en abril de 2014, rápidamente hizo que la economía volviera a caer en una recesión.

La eurozona -el principal defensor de la austeridad del mundo desarrollado- todavía tiene que llegar a la misma conclusión, a pesar de la evidencia manifiesta. En 2012, los líderes de la eurozona firmaron un compacto fiscal destinado a controlar la deuda pública -que, en total, representaba el 91,3% del PIB, según el Fondo Monetario Internacional- obligando a los países a reducir el gasto y a aumentar los impuestos. Para 2015, el déficit presupuestario de la eurozona, como porcentaje del PIB, había caído las dos terceras partes con respecto a su pico de 2010.

Sin embargo, la deuda pública bruta en realidad había aumentado, al 93,2% del PIB. Por cierto, si bien Alemania ha logrado reducir su deuda pública bruta, del 79,7% del PIB en 2012 al 71% el año pasado, los ratios de deuda en Francia e Italia han seguido aumentando, a pesar de los férreos controles fiscales (especialmente en Italia).

En otra zona de Europa, el Reino Unido ha seguido una trayectoria similar: la deuda pública brutas aumentó del 85,3% del PIB en 2012 al 89,3% del PIB en 2015. Y, en Estados Unidos, el ratio de deuda subió del 102,5% al 105,8% en el mismo período.

El problema, por supuesto, reside en un crecimiento económico muy lento, que socava el crecimiento salarial, debilita los ingresos tributarios y hace que a los gobiernos les resulte imposible saldar sus deudas. Entre los mayores frenos que retrasan el crecimiento hoy está la austeridad fiscal. Cuanto más recortan sus déficits los gobiernos, más rápido se desacelera el crecimiento -y más inalcanzables se tornan los objetivos de reducción de deuda-. Así es el ciclo contraproducente de la austeridad fiscal.

Sin duda, la austeridad no siempre funciona así. En los años 1970 y 1980, años plagados de inflación en los que la demanda por parte de los inversores de primas de riesgo por inflación hizo aumentar los costos de endeudamiento a largo plazo, los mayores déficits tendieron a impulsar aún más las tasas de interés a largo plazo, mientras que los déficits menores las redujeron.

Fue esta experiencia la que, después de 2010, llevó a los responsables de las políticas a pensar que una reducción de la demanda del gobierno ayudaría a impulsar la inversión privada. (En la eurozona, debe destacarse, los argumentos a favor de la austeridad fiscal también se vieron alimentados por la desconfianza entre los gobiernos; los países acreedores exigían que los países deudores soportaran algo de dolor a cambio de "ganancias" como los rescates).

Pero los tiempos cambiaron. Por empezar, ya no vivimos en una era inflacionaria. Por el contrario, Japón y algunos países de la eurozona enfrentan una deflación, mientras que la inflación en el Reino Unido cayó esencialmente a cero. Sólo en Estados Unidos la inflación está subiendo -y poco-. Es más, los costos de endeudamiento de largo plazo están en mínimos históricos, como lo han estado en los últimos cinco años. Implementar medidas de austeridad en este contexto ha resultado en un freno tan severo del crecimiento que ni siquiera la reducción a la mitad de los precios de la energía en los últimos 18 meses lo ha superado.

La política monetaria expansionista -es decir, las inyecciones masivas de liquidez a través de la llamada expansión cuantitativa (QE)- claramente tampoco es suficiente. Si bien la QE cumple efectivamente un propósito -y sigue siendo necesaria en Europa y Japón-, no ha logrado ni estimular la inversión privada ni acelerar la creación de empleo y el crecimiento salarial.

Cierta intervención directa en los salarios puede ayudar. El Reino Unido ha implementado un incremento del salario mínimo obligatorio, y algunos estados norteamericanos, liderados por California, pronto le seguirán los pasos. Japón, que enfrenta salarios estancados, a pesar de la aparente escasez de mano de obra, puede ser el que más se beneficie con esta estrategia.

Sin embargo, en el mundo de hoy, nada puede sustituir a la expansión fiscal. Muchos países, particularmente en Europa, tienen que impulsar la inversión pública en infraestructura. En términos más generales, Europa necesita un nuevo Plan Marshall, esta vez autofinanciado, en lugar de financiado por los norteamericanos, para reactivar el crecimiento económico e impulsar la productividad. Hay muchísimo espacio para un programa similar en Estados Unidos también. Este tipo de gasto podría inclusive ayudar a que los ingresos impositivos crecieran, haciendo subir el empleo y los salarios.

En un momento de bajos costos de endeudamiento y escasa o nula inflación (o, inclusive, deflación), la austeridad no es la respuesta. Es hora de que los responsables de las políticas reconozcan que no hay necesidad de un dolor que no traiga consigo ninguna ganancia. Es hora de volverse fiscal.

(Bill Emmott is a former editor-in-chief of The Economist)

– El déficit estadounidense en explosión (Project Syndicate – 25/7/16)

Cambridge.- Dos noticias sobre el presupuesto se constituyen en un triste recordatorio del peligroso estado en que se encuentra la política fiscal en Estados Unidos. La Oficina de Administración y Presupuesto del presidente Barack Obama anunció que el déficit del gobierno federal de este año fiscal se situará cerca de los $ 600.000 millones de dólares, un aumento de $ 162.000 millones de la cifra del año 2015, es decir un incremento de más del 35%. Además, el documento de Perspectiva Presupuestaria a Largo Plazo para el año que prepara la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) proyecta que, si no hay cambios en la política fiscal, la deuda del gobierno federal aumentará del 75% al 86% del PIB en una década, y posteriormente, a un nivel record histórico del 141% hasta el año 2046, acercándose a los niveles que se registran en Italia, Portugal y Grecia.

A pesar de que el ratio deuda-PIB de Estados Unidos se duplicó en la última década, el gobierno de Obama y el Congreso ignoraron el problema, centrándose en cambio en la caída del déficit anual desde el año 2012 y la relativa estabilidad del déficit como porcentaje del PIB. Ese progreso temporal refleja la recuperación económica y los votos en el Congreso a favor de limitar el gasto en programas militares y programas discrecionales no militares.

Pero, el aumento a largo plazo de los déficits anuales -debido al envejecimiento de la población, el cambio de la tecnología médica, y el aumento de las tasas de interés- y el consiguiente aumento del ratio deuda-PIB fueron inevitables (y fueron claramente proyectados por la OBC y otras oficinas). El mayor número de personas estadounidenses de edad avanzada que son elegibles para recibir beneficios del Seguro Social impulsará los costos del programa desde el 4,9% del PIB este año al 6,3% del PIB durante los próximos 30 años. La mitad del aumento en el costo de los principales programas federales de atención de la salud, desde el 5,5% del PIB ahora al 8,9% en el año 2046, ocurrirá como resultado del incremento en la cantidad de beneficiarios de edad avanzada, y la otra mitad se deberá al costo adicional, impulsado por motivos tecnológicos, de brindar tratamiento a dichas personas.

La política monetaria no convencional de la Reserva Federal ha hecho bajar el costo de los intereses netos sobre la deuda federal a sólo 1,4% del PIB, a pesar del incremento en el volumen de la deuda. Pero a medida que las tasas de interés se normalicen y el volumen de la deuda crezca, se prevé que el costo del servicio de los intereses sobre la deuda nacional aumente a 5,8% del PIB.

Ese costo proyectado de los intereses podría llegar a ser mucho menor de lo que en realidad sería si el resto del pronóstico del déficit y de la deuda resultarían ser correctos. Si se tiene una deuda federal de 141% del PIB, ese costo de intereses en un nivel de 5,8% del PIB implica una tasa de interés nominal promedio de sólo el 4% y, teniendo en cuenta la proyección de inflación de la CBO, se alcanzaría una tasa de interés real de alrededor del 2% – similar a las tasas históricas cuando el ratio de deuda era inferior al 40% del PIB. Pero los inversores en bonos del Tesoro podrían exigir una tasa de interés mucho más alta a cambio de incluir en sus portafolios títulos de deuda del gobierno de Estados Unidos. En ese caso, el costo de los intereses y la deuda serían mucho mayores.

El hecho de que más de la mitad de la deuda del gobierno estadounidense que se cotiza en bolsa está ahora en poder de inversores extranjeros podría hacer que la tasa de interés sea aún más sensible con relación al tamaño relativo de la deuda. Los inversores extranjeros podrían temer que el gobierno adopte políticas que reduzcan el valor real de los títulos valor que dichos inversores mantienen en su poder. Si bien el gobierno de Estados Unidos nunca entraría en moratoria de forma explícita, podría adoptar políticas tales como la deducción de impuestos sobre la renta con relación a los pagos de intereses, lo que pondría en desventaja a los titulares extranjeros de su deuda y disminuiría el valor de los bonos. Además, los inversores extranjeros podrían temer que niveles muy altos de deuda podrían conducir a una política monetaria inflacionaria, que depreciaría el valor del dólar y bajaría el valor real de sus bonos.

Aquí se encuentra una implicación sorprendente e inquietante relativa a los pronósticos de la CBO. Hasta el año 2046, los desembolsos proyectados para los programas de ayuda social "obligatorios" (Seguridad Social y los principales programas de salud), más los intereses sobre la deuda, absorberían fondos en niveles que superarían todos los ingresos que el gobierno recaudaría con las tasas de impuestos actuales. Un déficit pequeño (1,6% del PIB) surgiría incluso antes de que se gaste en programas militares y otros programas "discrecionales" que asignan fondos anualmente.

No hay manera de compensar el crecimiento de los programas obligatorios al ralentizar el crecimiento de los gastos militares y otros gastos discrecionales. El gasto militar total en la actualidad es sólo un 3,2% del PIB y se espera que disminuya a un 2,6% en el transcurso de los próximos diez años y permanezca en ese nivel durante los próximos 20 años. Ese sería el porcentaje más bajo de gastos militares como porcentaje del PIB desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Se proyecta la misma reducción para todos los programas discrecionales no militares, que también alcanzarían un nivel mínimo histórico como porcentaje del PIB.

El punto positivo en este cuadro triste es que no tomaría mucho en términos de reducciones del déficit anual evitar el aumento del ratio de deuda, o incluso hacer que dicho ratio regrese al nivel donde estaba hace una década. Reducir el déficit anual en un 1,7% del PIB mediante cualquier combinación de reducción de gastos e ingresos más altos evitaría, si se inicia en el año 2017, un aumento del actual ratio deuda-PIB del 75%. Y, reducir el déficit en un 3% al año revertiría la trayectoria de la deuda y la traería de regreso al nivel donde estaba en las décadas anteriores a la recesión.

Ninguno de los candidatos presidenciales ha indicado ya sea un plan o una inclinación para revertir el aumento previsto de la deuda nacional. Sin embargo, esta debe ser una prioridad principal para quien vaya a ser el nuevo inquilino de la Casa Blanca el próximo año. Dada la necesidad de actuar con rapidez con el propósito de evitar el peor de los escenarios, no existe excusa para esperar.

(Martin Feldstein, Professor of Economics at Harvard University and President Emeritus of the National Bureau of Economic Research, chaired President Ronald Reagan"s Council of Economic Advisers from 1982 to 1984. In 2006, he was appointed to President Bush's Foreign Intelligence Advisory Board…)

– Combatiendo la pobreza en Estados Unidos (Project Syndicate – 27/7/16)

Berkeley.- De 2005 a 2014, el ingreso real de dos tercios de los hogares en 25 economías desarrolladas se mantuvo sin cambios, o incluso decayó. Sólo después de una intervención gubernamental muy agresiva en impuestos y transferencias algunos países lograron, por lo menos, que las familias no se vieran perjudicadas.

Esta experiencia conlleva lecciones para países como Estados Unidos, donde la desigualdad y la distribución de ingresos causan preocupación en vísperas de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. ¿Qué puede aprender Estados Unidos de lo que funciona en otras partes?

Estados Unidos es un caso aparte a nivel global en lo que concierne a asociar gran parte de su red de seguridad social con el empleo. El gasto en previsión social promedia el 23% del PIB en Europa, pero apenas el 16% en Estados Unidos. Y Estados Unidos también está especialmente lejos del resto en lo que concierne a las familias: solamente otros tres países -Tonga, Surinam y Papúa Nueva Guinea- carecen de una política nacional para la licencia familiar paga.

Sin embargo, existen muchas iniciativas políticas exitosas en Estados Unidos. Por ejemplo, Pete Weber, un empresario retirado de Fresno y miembro del comité ejecutivo del Partido Republicano de California, está al frente de un movimiento nacional destinado a pensar de manera audaz en cómo sacar a las familias de la pobreza y lograr que sean autosuficientes.

La Fresno Bridge Academy, fundada por Weber en 2010, ha recibido elogios a nivel estatal y nacional por sus resultados -no sólo su éxito con individuos carenciados, sino también su rentabilidad-. El programa consiste en una capacitación laboral de 18 meses que también ofrece servicios de apoyo para las familias -como clases de computación, asistencia para redactar un currículum vitae, clases de apoyo para la crianza de los hijos y clases particulares para niños– a través de Reading and Beyond, su organización paraguas sin fines de lucro.

Emplazado en el código postal más pobre de California, el programa ha ayudado a 1.200 familias que se inscribieron voluntariamente y cuenta con fondos para brindar servicio a otras 2.300 familias en los próximos dos años. Hasta la fecha, el 80% de las familias inscriptas ha obtenido un empleo o un crecimiento significativo de su salario, y el 80% de ellas conserva estos progresos un año más tarde. El 30% han logrado ser totalmente autosuficiente en el lapso de apenas 18 meses.

El esquema de Fresno, financiado por una subvención a la innovación del programa SNAP (anteriormente conocido como cupones para alimentos), es evaluado cuantitativamente y en base a los resultados de manera rigurosa. El programa ha generado 22 dólares de beneficio por cada dólar invertido -16 dólares van a las familias y 5 dólares, a los contribuyentes (principalmente en concepto de mayores ingresos y menores desembolsos para cupones para alimentos).

Si bien las circunstancias en Fresno están asociadas especialmente a la economía agrícola local, Weber cree que el programa es escalable y ya lo está extendiendo a otros dos condados de California (San Joaquín y Napa). A través de una colaboración más amplia con la Cumbre Económica de California Forward, Weber está incorporando las lecciones aprendidas en Fresno en un esfuerzo para sacar a un millón de familias de la pobreza en el estado para 2025.

Las nuevas estrategias como la adoptada por la Fresno Bridge Academy llegan en un momento en el que tanto la izquierda como la derecha cuestionan los programas actuales para combatir la pobreza. Según algunas estimaciones, desde que el presidente Lyndon B. Johnson lanzó su "Guerra contra la pobreza" en 1964, el gasto total en esta materia superó los 22 billones de dólares. Sin embargo, no se registró mucho progreso. La tasa de pobreza oficial en Estados Unidos parece atascada en alrededor del 15%.

En la derecha, la iniciativa Expanding Opportunity in America del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, tiene la visión de que Estados Unidos ya gasta lo suficiente y sólo necesita gastar mejor. El plan de Ryan se centra en integrar programas en un "subsidio de oportunidad", expandiendo el crédito por ingreso del trabajo (EITC, por su sigla en inglés), y una reforma de la justicia penal -a la vez que se estimula el crecimiento económico, de manera que el trabajo pesado recaiga en la creación de empleo.

En la izquierda, organizaciones como Opportunity Institute (aclaración: ambos integramos la junta de directores) defienden el gasto focalizado, particularmente en educación temprana, en asociar la universidad con las carreras, y en reducir la reincidencia criminal. La plataforma política de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton propone nuevos programas para abordar estas cuestiones, con un énfasis especial en la licencia familiar y en la educación de la infancia temprana y universitaria.