Algunos niños japoneses aficionados a los juegos de video han recurrido al crimen para mantener su hábito. El periódico The Daily Yomiuri informa: "En Tokio fueron arrestados 36 muchachos entre los 8 y 13 años de edad por haber escalado casas y tiendas para robar dinero en efectivo, artículos valiosos y mercancía a fin de "despilfarrar el dinero en las galerías de juegos de video", dijo un agente de la policía". Respecto a otro caso en la ciudad norteña de Sendai, se informó que la policía "descubrió una pandilla de cinco muchachos entre las edades de 10 y 11 años cuyo estilo delictivo se asemejaba al crimen organizado de los adultos". En 30 robos con escalo, en espacio de cuatro meses, los pequeños "profesionales" lograron robar 9.570.000 de yen ($40.000 E.U.A.), y lo derrocharon en galerías de juegos de video; cada juego cuesta 100 yen (42 centavos, E.U.A.).
Artritis debido a los "videojuegos"
De acuerdo con el Dr. Gary Myerson, especialista en reumatismo, las personas que acostumbran jugar "videojuegos" corren el riesgo de desarrollar problemas crónicos en las manos, las muñecas y los hombros, debido a los repetidos movimientos que se requieren para hacer funcionar los mandos del juego. En un estudio que él y sus asociados realizaron, se halló que 65% de los jugadores de cierta galería de juegos de video tenían ampollas, callos dolor en las articulaciones o inflamación de algún tendón por haber jugado con tales juegos. "El estudio definitivamente muestra los daños serios que pueden resultar como consecuencia directa de participar en juegos de video", dijo el Dr. Myerson. "Es alarmante cuando sesenta y cinco por ciento de las personas que participan en cierta actividad sufren algún tipo de daño. Al considerar lo que pudiera ocurrir a las conyunturas, debería dársele seria atención al asunto."
También se ha notado que el consumo excesivo de alcohol y otros estupefacientes constituye un factor desencadenante de comportamientos agresivos y violentos de los hombres contra las mujeres y los niños. Una encuesta sobre la violencia doméstica realizada en Moscú ha revelado que la mitad de los casos de maltratamiento físico estaban asociados con el consumo excesivo de alcohol por parte del marido.
Se sabe que el aislamiento de las mujeres dentro de sus familias o comunidades contribuye al aumento de la violencia, especialmente si dichas mujeres tienen escasas posibilidades de ponerse en contacto con las organizaciones familiares o locales. Al contrario, se ha observado que la participación de las mujeres en las redes de actividades sociales es un factor decisivo para reducir su vulnerabilidad ante la violencia doméstica y para reforzar sus capacidades de superarla. Dichas redes pueden ser informales (la familia y los vecinos) o formales (las organizaciones comunitarias, los grupos femeninos de autoayuda, o la afiliación a partidos políticos).
La ausencia de protección legal, sobre todo dentro del "templo" inviolable del hogar, es un factor determinante para la sobrevivencia de la violencia contra las mujeres. Hasta hace poco, la distinción entre lo público y lo privado, que regía en la mayor parte de los sistemas judiciales, representaba un obstáculo insuperable para los derechos de la mujer. Sin embargo, actualmente se está difundiendo cada vez más la idea de que los Estados son responsables de la protección de los derechos de la mujer incluso cuando se trata de delitos cometidos dentro del hogar. En todo caso, el fenómeno de la violencia contra las mujeres sigue agravándose en numerosos países a causa de la legislación, la aplicación de las leyes y el sistema jurídico, que no reconocen que la violencia doméstica constituye un delito. El desafío principal reside en conseguir poner fin a la impunidad de los culpables, lo cual representaría asimismo una forma de prevención de futuros abusos.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch) han revelado que, en los casos de violencia doméstica, las autoridades que tienen a su cargo la aplicación de la ley suelen favorecer el recrudecimiento de las tentativas del agresor de controlar y vilipendiar a su víctima.
Aunque varios países ahora disponen de leyes que condenan la violencia doméstica, "cuando se la comete contra una mujer en el marco de una relación íntima, lo más frecuente es que estos ataques sean tolerados como si fueran la norma en vez de ser perseguidos por la ley… En muchas partes, quienes cometen violencias domésticas son tratados con menos rigor y castigados con mayor benevolencia que los culpables de delitos igualmente violentos contra extraños."
Consecuencias
Negación de derechos fundamentales
Tal vez la consecuencia más dramática de la violencia contra mujeres y niñas sea la negación de sus derechos fundamentales. Los instrumentos legislativos internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada en 1948, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus iniciales en inglés), adoptada en 1979, y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada en 1989, afirman el principio de los derechos y libertades fundamentales para todo ser humano. Tanto la CEDAW como la CDN se inspiran en una concepción amplia de los derechos humanos, que va mucho más allá de los derechos civiles y políticos, cubriendo cuestiones de importancia vital como la sobrevivencia económica, la salud y la educación, que afectan la calidad de la vida cotidiana de la mayor parte de las mujeres y los niños. Ambas Convenciones invocan el derecho a la protección contra abusos y omisiones debidos a la diferencia de género.
La fuerza de estos tratados reside en el consenso internacional y en la noción de que es necesario erradicar todas las prácticas que perjudiquen a las mujeres y a las niñas, por profundas que sean sus raíces en la cultura local. Puesto que según las normas del derecho internacional estos tratados tienen obligatoriedad jurídica para los gobiernos que los han ratificado, sus textos imponen a los gobiernos la obligación no sólo de proteger a las mujeres contra los delitos de violencia, sino también de indagar las violaciones cuando se producen y de hacer que los culpables comparezcan ante la justicia.
Obstáculos para el desarrollo humano
Se toma cada vez mayor conciencia de que los países no pueden alcanzar el máximo desarrollo de su potencial si se niega a las mujeres la posibilidad de participar plenamente en la vida de la sociedad. Los datos relativos a los costos sociales, económicos y sanitarios de la violencia no dejan lugar a dudas de que la violencia contra las mujeres frena el progreso hacia un completo desarrollo humano y económico. La participación de las mujeres se ha convertido en punto clave de todos los programas de desarrollo social, ya sea que se ocupen del ambiente, de la lucha contra la pobreza o del mejoramiento de las estructuras administrativas. Al poner barreras a la intervención y participación cabales de la mujer, los países desperdician la mitad del capital humano de su población. Los verdaderos indicadores del empeño de un país por alcanzar la igualdad entre los sexos son las acciones que lleva a cabo para eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y en todos los aspectos de la vida.
Consecuencias sanitarias
La violencia doméstica contra las mujeres acarrea consecuencias físicas y psicológicas de vastísimo alcance, a veces con resultados fatales (véase el Cuadro 4). Si bien los daños físicos representan solamente una parte de los efectos negativos para la salud de las mujeres, se trata de una de las formas de violencia más visibles. El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos ha comunicado que el 37% del total de las mujeres que se han dirigido a los hospitales en busca de atención médica en los repartos de primeros auxilios por heridas causadas durante episodios de violencia habían sido agredidas por su cónyuge o compañero, ya sea de una relación actual o precedente. Las agresiones tenían como resultado lesiones que iban desde contusiones y fracturas hasta formas de invalidez permanente tales como la pérdida parcial o total del oído o la vista, y la desfiguración provocada mediante quemaduras.
Por otra parte, las complicaciones médicas que resultan de la mutilación genital femenina van desde la hemorragia y la esterilidad hasta casos graves de trauma psicológico. Los estudios realizados en numerosos países han demostrado elevados niveles de violencia durante el embarazo, que ponen en peligro la salud tanto de la madre como del nonato. En los peores casos, todos estos ejemplos de violencia doméstica pueden provocar la muerte de la mujer, asesinada por su compañero o su ex compañero.
Las agresiones sexuales y las violaciones pueden conducir al embarazo no deseado, y consiguientemente a las peligrosas complicaciones que puede comportar el recurso a un aborto ilegal. Las niñas que han sufrido abusos sexuales en la infancia tienen mayores probabilidades de abandonarse a comportamientos riesgosos tales como las relaciones sexuales precoces, y corren mayor peligro de quedar embarazadas sin desearlo o a edad excesivamente temprana.33 Las mujeres que se encuentran en situaciones violentas tienen menos posibilidades de recurrir a prácticas anticonceptivas o de pretender el uso de precauciones para el sexo seguro, y por lo tanto corren riesgos mayores de contraer enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.
El impacto de la violencia sobre la salud mental de las mujeres acarrea consecuencias devastadoras, a veces fatales. Entre las mujeres maltratadas es elevada la incidencia de la tensión nerviosa y de las enfermedades relacionadas con dicha tensión, tales como la neurosis postraumática, los ataques de pánico, la depresión, los trastornos de la alimentación y del sueño, la alta presión sanguínea, el alcoholismo, el abuso de drogas, y la baja autoestima. A algunas mujeres, irremediablemente condenadas a la depresión y constantemente humilladas por sus agresores, les parece que el suicidio sea la única manera de huir de una relación violenta.
Repercusiones para los niños
Los niños que han presenciado episodios de violencia doméstica o que han sufrido abusos en carne propia, presentan problemas de salud y de conducta, entre los cuales figuran diferentes trastornos relacionados con el peso, la alimentación y el sueño. Pueden tener dificultades en la escuela y suele costarles mucho entablar amistades estrechas y positivas. Pueden intentar la fuga o incluso manifestar la tendencia al suicidio.
Evaluación de los costos socioeconómicos
El cálculo de los costos de la violencia constituye una intervención estratégica para lograr que los responsables de la elaboración de políticas tomen más conciencia de la importancia y de la eficacia de la prevención. Los estudios realizados en Australia, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza calculan dichos costos utilizando diferentes parámetros. El estudio canadiense, que evalúa los costos de la violencia contra las mujeres en el contexto más amplio de las violencias cometidas dentro y fuera del hogar, llega a la conclusión de que el Estado gasta más de mil millones de dólares canadienses por año en servicios que comprenden la intervención de la policía, el sistema de la justicia penal, la asistencia socio psicológica y los proyectos de formación. En cuanto a los Estados Unidos, según uno de los estudios el cálculo de los gastos oscila entre 5 y 10 mil millones de dólares al año. Conviene señalar que estos estudios se refieren únicamente a los costos relacionados directamente con los servicios y no enfocan los costos humanos de la violencia.
En 1993, el Banco Mundial estimó que en los países industrializados los costos sanitarios de las violencias y violaciones cometidas en el ambiente doméstico correspondían a casi un quinto de los años de vida perdidos, en razón del cálculo de incapacidad*, por las mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. Los costos sanitarios de las violencias y violaciones domésticas son los mismos en los países industrializados y en aquéllos en desarrollo; sin embargo, dado que la incidencia general de las enfermedades es mucho más elevada en los países en desarrollo, es menor el porcentaje atribuido a las víctimas de agresiones vinculadas con la diferencia de género. En los países en desarrollo, los cálculos indican que, según de qué región se trate, los costos en que se incurre a consecuencia de la violencia doméstica representan del 5 al 16% de los años de salud perdidos por las mujeres en edad reproductiva.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha llevado a cabo recientemente investigaciones en seis países latinoamericanos (Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela), examinando de manera más global los costos socioeconómicos de la violencia doméstica. A fin de facilitar el análisis, el BID ha dividido los costos de la violencia doméstica y social en cuatro categorías, aplicando el esquema anterior.
Los costos directos toman en consideración los gastos debidos a la asistencia psicológica y a los tratamientos médicos (atención en el reparto de primeros auxilios, hospitalización, cuidados brindados en clínicas y consultorios médicos, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual); los gastos ocasionados por las prestaciones de la policía, incluido el tiempo pasado en efectuar arrestos y responder a llamadas; los gastos en que incurre el sistema de la justicia penal (custodia y detención, instrucción del caso y proceso); costos de alojamiento y refugio para las mujeres y sus hijos; y el costo de los servicios sociales (programas de prevención y defensa de derechos, capacitación profesional, y formación especializada para los agentes de policía, los médicos, y el personal jurídico y de los medios de comunicación).
Los costos no monetarios, que no inciden en los servicios médicos pero de por sí imponen un pesado tributo a las víctimas que sobreviven a las violencias, comprenden un aumento de frecuencia de los estados patológicos y un crecimiento de la mortalidad a causa de homicidios y suicidios, una mayor tasa de dependencia de alcohol y drogas, y otros disturbios de índole depresiva. Estos costos "intangibles" se pueden comparar, según la evaluación del Banco Mundial, con otras enfermedades y factores de riesgo tales como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el cáncer, las afecciones cardiovasculares, y la septicemia postparto.
Los efectos económicos de multiplicación del daño comprenden, por ejemplo, la reducción de la participación femenina en las actividades laborales, la disminución de su productividad en el trabajo, y un nivel de ingresos inferior. En Estados Unidos se ha constatado que el 30% de las mujeres maltratadas perdían su puesto de trabajo a consecuencia directa de los abusos sufridos.52 Un estudio llevado a cabo en Santiago de Chile calcula que las mujeres que no son sometidas a violencias físicas ganan un sueldo promedio de 385 dólares al mes, mientras que las mujeres que deben hacer frente a graves episodios de violencia en el hogar ganan solamente 150 dólares (en otras palabras, menos de la mitad del sueldo de las otras mujeres).53 Esta investigación enfoca también el impacto macroeconómico que resulta de la pérdida de ganancias por parte de las mujeres.
Otro efecto que entra en esta categoría es el impacto potencial de la violencia doméstica en la capacidad futura de los niños de conseguir un empleo adecuado. Aparte de la pérdida de capital humano, existen costos directos en el sistema escolar, ya que los niños que vienen de hogares donde reina la violencia suelen tener escaso rendimiento y a menudo se ven obligados a repetir de grado. Según un estudio del BID realizado en Nicaragua, el 63% de los niños provenientes de familias en las cuales las mujeres son víctimas de la violencia doméstica repiten un grado en la escuela y por lo general la abandonan a la edad de 9 años, dato que contrasta con la edad media de abandono escolar de los hijos de mujeres que no sufren abusos, que es de 12 años.
Los efectos sociales de multiplicación del daño incluyen el impacto intergeneracional de la violencia en los niños, el desgaste del capital social, la reducción de la calidad de vida y la disminución de la participación en la vida democrática. Estos efectos son difíciles de medir en términos cuantitativos, pero su impacto es significativo desde el punto de vista del desarrollo social y económico del país.
Resulta evidente que todos los sectores de la sociedad se ven afectados profundamente por la violencia contra las mujeres y deben cargar con sus consecuencias. Es necesario efectuar más estudios, tanto en los países en desarrollo como en aquéllos industrializados, para calcular con mayor exactitud los costos de la violencia doméstica, a fin de poder elaborar argumentos convincentes para que las políticas nacionales erradiquen este delito que, en buena medida, se puede prevenir.
Existe asimismo una grave carencia de informaciones en cuanto a la relación costo-rendimiento de las intervenciones en materia de violencia doméstica.55 Se trata de un campo de investigación importante que podría servir de guía para el diseño de programas eficaces, abordables y repetibles, ayudando así a canalizar los recursos y las energías en la buena dirección.
La lucha contra la violencia doméstica: Las obligaciones del Estado
La violencia doméstica constituye una violación de los derechos humanos, tanto cuando la cometen los individuos como cuando el culpable es el Estado. En realidad, el deber de los Estados es asegurar que no queden impunes los responsables de dicha violencia. Sin embargo, las políticas y la inercia del Estado a menudo conducen a que las violencias cometidas en la esfera doméstica sean toleradas e incluso contribuyen a su supervivencia. Los Estados tienen un doble deber según el derecho internacional en materia de derechos humanos. No sólo se les exige que no cometan violaciones de dichos derechos, sino que también se les pide que las prevengan y que tomen medidas para hacerles frente.
En tiempos pasados, se interpretaba la protección de los derechos humanos en su acepción más estrecha, y la falta de iniciativas por parte del Estado en cuanto a prevención y castigo de las violaciones no se consideraba una omisión del deber de proteger los derechos humanos. Hoy en día, la noción de responsabilidad del Estado ha evolucionado y se reconoce que los Estados también tienen la obligación de tomar medidas preventivas y punitivas cuando se producen violaciones de derechos por parte de personas privadas.
Las normas del derecho internacional
Cuando se trata la cuestión de la violencia contra las mujeres cometida por personas privadas deben tomarse en consideración tres doctrinas elaboradas por los expertos y activistas del campo de los derechos humanos. La primera de ellas establece que los Estados tienen la responsabilidad de demostrar debida diligencia en la prevención, la indagación y el castigo de las violaciones del derecho internacional, pagando a las víctimas un resarcimiento justo.
La debida diligencia
En 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de
Monitoreo de la CEDAW) adoptó la Recomendación General 19, con la cual confirmaba que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y en la cual destacaba que "los Estados pueden también ser responsables de los actos cometidos por particulares si no intervienen con la debida diligencia para prevenir las violaciones de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia o para hacer pagar resarcimientos". El Comité ha recomendado a los Estados algunas medidas que deberían tomar para garantizar la protección eficaz de las mujeres contra la violencia, y entre ellas figuran:
medidas legales eficaces, con inclusión de sanciones penales, recursos civiles y disposiciones relativas a la indemnización, a fin de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia, incluida la violencia y los abusos intrafamiliares, las agresiones sexuales, y el acoso sexual en el lugar de trabajo
medidas preventivas, con inclusión de programas para la información y educación de la opinión pública, a fin de modificar las actitudes respecto a los roles y a la condición de hombres y mujeres
medidas protectoras, con inclusión de la creación de refugios, centros de asistencia socio psicológica, programas de rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que han sufrido violencias o corren el riesgo de sufrirlas.
También la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exhorta a los Estados a "aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer" y, más adelante, a "proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares".
La noción de "debida diligencia" ha sido retomada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez. La Corte instó al gobierno a "tomar medidas razonables para prevenir las violaciones de los derechos humanos y utilizar todos los medios a su disposición para llevar a cabo pesquisas serias de las violaciones cometidas en esa jurisdicción, identificar a los responsables, imponer los castigos correspondientes y garantizar a la víctima un resarcimiento adecuado".
Por lo tanto, la mera existencia de un sistema jurídico que criminalice las agresiones domésticas e imponga sanciones a quien las comete no se considera suficiente de por sí: el gobierno cumple sus funciones sólo si además "asegura efectivamente" que se investiguen y castiguen los incidentes de violencia intrafamiliar.
Igual protección ante la ley
Esta doctrina está relacionada con el concepto de igualdad y con la garantía de idénticos derechos a la protección. Si puede demostrarse que la aplicación de la ley discrimina a las víctimas en los casos de violencia contra mujeres, es posible considerar al Estado como responsable de haber violado las normas internacionales a propósito de la igualdad en materia de derechos humanos.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer impone a los Estados Partes "seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer", lo cual incluye el deber de "abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación" y de "adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer".
La violencia doméstica como forma de tortura
Esta tercera doctrina sostiene que la violencia doméstica representa una forma de tortura y se la debería tratar como tal. El razonamiento en cuestión explica que, según la gravedad y las circunstancias que ponen en tela de juicio la responsabilidad del Estado, la violencia doméstica puede constituir una tortura o un tratamiento o castigo cruel, inhumano y degradante, según el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esta escuela afirma que la violencia doméstica presenta precisamente las cuatro características fundamentales que definen la tortura: (a) provoca grandes sufrimientos físicos y/o mentales,
(b) se inflige de manera intencional, (c) obedece a fines bien precisos, y (d) implica una cierta participación de las esferas oficiales, sea ésta activa o pasiva.
Quienes defienden este punto de vista piden que se conciba y trate la violencia doméstica como una forma de tortura o, en los casos de menor gravedad, de maltratamiento. Esta teoría merece ser tenida en cuenta por los relatores y los organismos participantes en los tratados en cuestión, que se ocupan de investigar este tipo de violaciones, eventualmente en colaboración con expertos y juristas de las ONGs competentes.
Las maneras de luchar contra la violencia doméstica
Actualmente, muchos Estados reconocen la importancia de proteger a las mujeres contra la violencia y de castigar a aquéllos que, cometiéndola, se han hecho culpables de un delito. Una de las preguntas fundamentales que deben enfrentar los reformadores de la ley es si se debe o no "criminalizar" el hecho de que un hombre golpee a su propia mujer. Se suele tener la impresión de que la violencia doméstica es un delito que se produce entre personas unidas por estrechos vínculos de intimidad. La cuestión de la intimidad, es decir si los golpes infligidos a la esposa deben tratarse como un delito común o si, más bien, se debe insistir en la utilización de mediadores y de asistentes socio psicológicos, representa un serio dilema para los responsables políticos.
La criminalización
Los partidarios de aplicar a la violencia doméstica el enfoque de la justicia penal hacen referencia al poder simbólico de la ley y sostienen que el arresto, la imputación y el veredicto de culpabilidad, seguido de una pena, constituyen un procedimiento que expresa claramente que la sociedad condena la conducta del agresor y reconoce la responsabilidad personal del mismo por los actos cometidos. Una investigación realizada por el Departamento de Policía de Minneapolis ha demostrado que el 19% de las personas que habían participado en mediaciones y el 24% de los que habían sido conminados a abandonar el domicilio matrimonial repetían más tarde las agresiones, pero solamente el 10% de los que habían sido arrestados se abandonaban nuevamente a la violencia.5 Sin embargo, es esencial que quienes tiene poder decisorio a nivel político en este campo tomen debida consideración de la realidad cultural, económica y política de sus propios países. Toda política que sea incapaz de reconocer la naturaleza particular de estos delitos o no vaya acompañada de tentativas de brindar apoyo a las víctimas y asistencia al agresor estará inevitablemente destinada al fracaso.
La legislación
La legislación relativa a la violencia doméstica es un fenómeno moderno. Se está difundiendo la convicción de que deberían elaborarse leyes especiales, con soluciones y procedimientos específicos. El primer problema que se plantea desde el punto de vista legislativo es si se debe dar lugar a la acusación contra un hombre que ha golpeado a su mujer aunque ésta pretenda después retirar la denuncia, por hallarse sometida a presión. Algunos países han resuelto dar instrucciones a la policía y a los procuradores de proceder con la acusación aun en los casos en que las mujeres declaren preferir que no se intervenga legalmente.6 Además, puesto que la esposa es el testigo principal, algunas jurisdicciones han aprobado disposiciones que le imponen la obligación de testimoniar, excepto en determinadas situaciones. Otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, se orientan más bien hacia métodos de apoyo activo y defensa.
En ciertos países se aplican medidas que representan una solución intermedia entre la justicia civil y la penal. Las más importantes entre ellas son las órdenes de "protección" y de "obligación de buena conducta". Estas últimas consisten en procedimientos según los cuales, si una persona presenta ante un magistrado o un juez la denuncia de haber sufrido violencias, el agresor es "obligado" a respetar la paz del hogar y a mantener buena conducta. En estos casos el aspecto probatorio es menos rígido que en los procesos estrictamente penales y esto puede proporcionar un cierto alivio a algunas mujeres, ya que la orden de la corte se puede obtener en base a la simple verosimilitud de la denuncia. Quien no respeta la orden comete una infracción penal y la policía puede arrestar, inclusive sin mandato, a todo aquél que haya infringido una orden de protección.
También pueden aplicarse las soluciones del derecho civil, tales como el mandato que se utiliza para instruir una causa de acción primaria como sucede, por ejemplo, en caso de divorcio, de anulación del matrimonio o de separación legal. Algunas jurisdicciones han puesto en vigor leyes que eliminan el requisito de presentar un pedido de acción primaria y le permiten a la mujer la presentación de un pedido de acción conminatoria independientemente de cualquier otra acción legal.7 Otra medida de la justicia civil que se aplica en algunos Estados de los EE.UU. es la acción de responsabilidad de agravio que consiste en el pedido de resarcimiento del daño a cargo del cónyuge.
La intervención de la policía
En la mayor parte de las jurisdicciones el poder que tiene la policía de penetrar en una propiedad privada es limitado. En el caso de la violencia doméstica este hecho puede favorecer al hombre violento en perjuicio de la mujer. Algunas legislaciones autorizan a la policía a entrar si se lo pide una persona que aparentemente reside en el lugar o cuando el agente tiene buenos motivos de suponer que una persona del lugar sufre una agresión o corre el riesgo inminente de sufrirla.9 En numerosos episodios de violencia doméstica, la inmediata puesta en libertad bajo fianza del agresor puede ser peligrosa para la mujer y, seguramente, la liberación del mismo sin que ella haya recibido previo aviso, puede acarrearle consecuencias sumamente graves. Algunas jurisdicciones australianas intentan conciliar los intereses del infractor y de la mujer especificando que la liberación del agresor debe ir acompañada de ciertas condiciones destinadas a proteger a la mujer.
Servicios de formación y de asistencia colectiva por parte de la comunidad
La mayor parte de los agentes de policía, abogados, jueces y médicos acepta los valores tradicionales que sostienen la importancia de la familia como institución y la posición dominante del varón dentro de ella. Por lo tanto, es necesario proporcionar a quienes se ocupan de aplicar la ley y a los profesionales de los campos médico y legal que entran en contacto con las víctimas de la violencia, una formación que les permita comprender la relación violenta entre los sexos, darse cuenta del trauma de quienes la sufren, y recabar pruebas adecuadas para los procedimientos penales. Los profesionales del derecho y de la medicina suelen mostrarse reacios a este tipo de formación y a aceptar las enseñanzas de personas extrañas a su especialidad. Para aumentar la eficacia del programa de formación sería útil, por ende, invitar a otros profesionales a participar en el mismo.
La naturaleza misma del delito que representa la violencia doméstica exige la intervención de la comunidad para asistir y brindar apoyo a las víctimas. Los operadores a nivel comunitario deberían recibir una formación que les proporcione informaciones sobre la ley y su aplicación, sostén económico y de otra índole otorgado por el Estado, los medios necesarios para obtener dicho tipo de ayuda, etc. Los asistentes sociales de las comunidades también pueden desempeñar un papel importante en la identificación de la violencia, en la sensibilización de la opinión pública a propósito de tales problemas, y en la orientación de las víctimas en cuanto a los procedimientos a seguir para obtener satisfacción.
Todo programa de apoyo en los casos de violencia doméstica debería incluir servicios de asistencia socio psicológica tanto para las víctimas como para los agresores. Dichos programas pueden incluso funcionar como una alternativa a la sentencia penal, sobre todo en los casos en que las mujeres prefieran que sus compañeros "reciban ayuda" en vez de ser castigados. Para lograr tener eficacia, todos estos enfoques deberían utilizar los métodos formales e informales de educación y divulgación de informaciones.
La cooperación a todos los niveles
La abrumadora mayoría de los gobiernos padece de una llamativa falta de los conocimientos necesarios para elaborar y aplicar políticas en el campo de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, debería crearse una relación de mayor cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil para combatir eficazmente dicha violencia.
La mejor solución consiste en un enfoque integrado y multidisciplinario, en el cual colaboren abogados, psicólogos, asistentes sociales, médicos y otros operadores del sector, para alcanzar una comprensión cabal de cada caso particular y de las necesidades de cada individuo. Todo método debería basarse en el atento examen de las circunstancias reales en que transcurre la vida de la mujer maltratada, su desesperación, dependencia, falta de alternativas, y la consiguiente necesidad en que se ve de obtener una mayor autonomía. El objetivo principal es colaborar con la víctima para que desarrolle su capacidad de tomar decisiones conscientes respecto a su propio futuro.
Ver o padecer el uso de la violencia durante la niñez también puede dar como resultado la interiorización de la violencia como manera de resolver conflictos. Las niñas que han sido testigos de los abusos cometidos contra su madre pueden tener mayores probabilidades de aceptar la violencia como si fuera la norma en la vida matrimonial que aquéllas que no provienen de hogares violentos. Aunque muchos niños que provienen de hogares violentos no se vuelven violentos al crecer, los que han presenciado la violencia durante la infancia tienen más probabilidades de incurrir en comportamientos violentos, tanto dentro como fuera del hogar, al llegar a la edad adulta.
Propuestas
Para terminar con la violencia como modo cotidiano de vivir, se necesita realizar un cambio cultural que modifique el espacio psíquico en que los niños crecen y los adultos contribuyen a generar y mantener. Es necesario que se deje enfatizar la violencia en nuestro vivir consciente e inconsciente como un modo de ir más allá de nuestras diferencias en la convivencia. Para que esto suceda se necesita que uno esté dispuesto a mirar cómo configuramos la multi-dimensionalidad racional en la que los niños y adultos aprenden a convivir.
Nuestra cultura patriarcal centrada en la dominación y el sometimiento, en las jerarquías, en la desconfianza y el control, en la lucha y la competencia, es una cultura generadora de violencia y lo es porque vive en un espacio inconsciente de negación del "otro".
La prevención de la violencia intrafamiliar aparece en el horizonte social e histórico de las sociedades de fines del siglo XX como una necesidad, cuya atención es impostergable y reclama la convergencia de respuestas educativas y asistenciales.
Cuando una mujer maltratada dice "BASTA", en su hijo se produce un aprendizaje fundamental y ya nada será igual, el orden, valores y mandatos dejan de tener la fuerza con la que fueron trasmitidos
La historia puede ser otra.
Esto requiere construir formas organizativas aptas para dar respuestas integrales que involucran campos diferenciados: asistencial, el educativo, el jurídico, el cultural. Esto puede lograrse con la suma de acciones específicas de cada área; la construcción de espacios y tiempos comunes para evitar la fragmentación o el aislamiento del accionar de los profesionales de cada campo singular. Graciela Lombardi habla de la prevención en sentido amplio, de la búsqueda de un modelo integral de prevención que se sustenta en una concepción de salud como proceso constante de resolución de conflictos.
Esta modalidad integral de acción preventiva reconoce el valor de la información, de centra en la "capacidad de reflexionar acerca de lo que nos pasa", en abrir espacios donde escuchemos nuestros acuerdos y nuestras diferencias, en construir una red social con capacidad de recepción, contención y respuesta a partir de lo cual podamos actuar para modificar aquello que nos sucede.
La prevención desde ésta óptica busca generar el protagonismo permanente de todos los actores sociales, desarticulando prejuicios, facilitando caminos para que los sujetos (individuales y colectivos) puedan decir y analizar sus conflictos, proyectar y actuar sus propias acciones, trabajando su problemática desde la promoción de la salud, reconociendo y enfrentando sus dificultades.
Para hablar de prevención en violencia familiar, no debemos olvidar que somos nosotros los agentes de cambio y éste trabajo se deberá hacer mediante un abordaje metodológico; debiendo tener claro que no podemos lograr recetas mágicas que en un abrir y cerrar de ojos erradicarán éste problema.
Por los daños que la violencia intrafamiliar genera para la salud de la mujer y de sus hijos y en definitiva para la sociedad, y por el gasto en la salud que esto representa se hace necesario introducir en el sector salud una clara conciencia de ésta problemática, reconocerla como una emergencia de salud pública que requiere atención prioritaria y trabajar interinstitucionalmente para establecer estrategias que den atención al problema.
Si bien se están realizando muchos esfuerzos actualmente en este sentido, queda aún mucho camino por recorrer.
El desarrollo e implementación de estrategias y programas con el propósito de reducir la violencia en cualquier forma y dirigirse a las causas para prevenirla en el hogar, las escuelas, las comunidades y en la sociedad.
Tipos de Prevención.
PREVENCIÓN PRIMARIA.- Un proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener formas no violentas de resolución de conflictos familiares, proporciona modelos de funcionamiento familiares más democráticos y proponga los cambios en los contextos de riesgos necesarios para facilitar esos objetivos, dirigiendo la formación profesional y la investigación en esa misma dirección.
PREVENCIÓN SECUNDARIA.- Sensibilización de los recursos profesionales y los agentes comunitarios (educadores, profesionales de la salud, religiosos, policía, agentes judiciales) para que comprendan el problema e instrumenten respuestas no victimizadoras.
PREVENCIÓN TERCIARIA.- Asegurar los recursos asistenciales para una adecuada respuesta médica, psicológica, social y legal a la población afectada por el problema. Incluye medida de protección a las víctimas y programas especializados en la atención de las víctimas.
Medidas para erradicar la violencia.
Prevenir la violencia elaborando programas destinados a la comprensión y eliminación de sus causas y promoviendo campañas de sensibilización y formación dirigidas a la ciudadanía en general y a las y los profesionales de la educación y de las informaciones en especial.
En el plano de la prevención conviene resaltar el peso y responsabilidad de tres agentes educativos muy importantes: la familia, la escuela y los medios de comunicación.
Abogamos por un modelo de familia que sea un espacio de encuentro graficante y potenciador de las capacidades y posibilidades de todas las personas que lo integran , donde existan relaciones igualitarias entre mujeres y hombre, equilibrio en la toma de decisiones , que el reparto de la responsabilidades domésticas y de cuidado a personas dependientes y en distribución del tiempo, en definitiva, abogamos por que los hombres y mujeres muestren a sus hijos e hijas que hay tantas formas como personas de ser hombre y mujer.
En lo que se refiere a la educación formal, la escuela es o debe ser un espacio ideal para fomentar valores tales como el respeto, la igualdad dentro de la diversidad, comprensión hacia los y las que son diferentes, el espíritu critico, la coeducación quiere ser una pedagogía que acabe con la violencia estructural de esta sociedad patriarcal y capitalista, que favorezca, sin embargo, la rebelión ante el abuso de poder, que lintes al otro, que defienda los espacios personales y colectivos de libertad de expresión y que instaure relaciones justas, donde la ternura y el dialogo sean posibles: entre diferentes sexos, culturas, personalidades.
En cambio, deberían proponer modelos alternativas que encarnen valores de igualdad y respeto.
Mas concretamente en el tema de la violencia doméstica, si se quieren cambiar las cosas, deberían abordarla globalmente, analizando las causas que la provocan, con unas definiciones editoriales y aportación de opiniones diversas que permitan vislumbrar soluciones a este problema.
Los planteamientos de la salud pública consideran la prevención como la clave de los esfuerzos para reducir la violencia, enfatizando políticas y programas para prevenir el comportamiento violento, lesiones y muerte. La gran variedad en las tazas de homicidios entre los países desarrollados le da validez a la creencia que la violencia es prevenible.
Sabemos, que el hombre va construyendo sus matrices y su conducta a lo largo de toda su vida y para intentar operar en prevención de la violencia familiar hemos de trabajar en él, desde los primeros momentos y solamente así podremos logran hacer descender los niveles de violencia familiar en un futuro.
Debemos saber que la violencia hace a la salud de una persona y cómo todo lo que genera el ser humano esta en relación directa con todo lo que le rodea, familia, colegas, amigos, grupos de pertenencia también afecta a estos.
Estrategias e intervenciones: Un enfoque integrado
La violencia doméstica constituye un problema complejo y no existe una única estrategia que pueda funcionar en cualquier situación. Para empezar, la violencia puede producirse en contextos sociales muy diferentes, y la medida en que la comunidad la aprueba ejercerá naturalmente una influencia importante en el tipo de estrategia a seguir.
Si se toman en cuenta las relaciones recíprocas existentes entre los factores responsables de la violencia doméstica (las dinámicas de poder, cultura y economía que se instauran entre los sexos), las estrategias e intervenciones deben ser elaboradas dentro de un marco lo más completo e integrado que sea posible. La única estrategia que puede garantizar una aplicación durable en el tiempo y que cuenta con buenas probabilidades de erradicar esta plaga es una estrategia puesta en práctica a diferentes niveles, afrontando las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y proporcionando al mismo tiempo a las víctimas servicios inmediatamente disponibles.
En la planificación de estrategias e intervenciones es necesario tomar en consideración una gran variedad de sujetos e intereses. La colaboración con dichos sujetos puede funcionar simultáneamente a diversos niveles.
A nivel de la familia, los sujetos implicados incluyen a las mujeres, los hombres, los adolescentes y los niños.
En el ámbito de la comunidad local, se debe establecer la colaboración con los ancianos que detentan la autoridad tradicional, los líderes religiosos, los grupos de la comunidad, las asociaciones de vecinos, las organizaciones masculinas (por ejemplo, las uniones locales de agricultores), los concejos municipales y los diferentes organismos de la aldea.
En la sociedad civil, el número de sujetos con los cuales es necesario colaborar abarca los grupos profesionales, las organizaciones femeninas y masculinas, las ONGs, el sector privado, los medios de comunicación, el mundo académico, y los sindicatos.
A nivel estatal, las estrategias deben se diseñadas en colaboración con el sistema de la justicia penal (la policía, la judicatura y los abogados); el sistema sanitario; el parlamento y los organismos legislativos provinciales; y el sector educativo.
A nivel internacional, los sujetos comprenden las organizaciones internacionales tales como las agencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, y los bancos regionales de desarrollo.
La violencia doméstica es un problema que toca aspectos de la sanidad, el derecho, la economía, la educación, el desarrollo y los derechos humanos. Es necesario elaborar estrategias que funcionen en una gran variedad de campos y según los diferentes contextos en que se deban aplicar. Algunas áreas clave para intervenir son:
El trabajo de sensibilización y concienciación de la opinión pública
La educación para construir una cultura no violenta
La formación
El desarrollo de recursos
La prestación directa de servicios a las víctimas y a los agresores
El establecimiento de redes de contactos y la movilización de las comunidades
La intervención directa para brindar ayuda a las víctimas a fin de que puedan reconstruir su propia vida
La reforma de la ley
El monitoreo de las intervenciones y de las medidas adoptadas
La recopilación y el análisis de datos
La identificación en tiempo útil de las familias, comunidades, grupos e individuos en situaciones "de riesgo".
Estas áreas no se excluyen recíprocamente: las intervenciones pueden efectuarse en varios campos simultáneamente.
Sobre todo, toda estrategia o intervención destinada a combatir la violencia doméstica debe guiarse por cinco principios fundamentales:
prevenir
proteger
intervenir a tiempo
reconstruir la vida de las víctimas
rendir cuentas de las acciones llevadas a cabo.
Esta sección de la investigación se propone establecer un cuadro de referencias para una acción coordinada a nivel de políticas y programas. Para ser eficaz, una estrategia debe ser concebida en función de las características específicas de la cultura y de la región en la cual se ha de aplicar, proporcionando a las víctimas la posibilidad real de acceder fácilmente a una vasta gama de servicios e involucrando a la comunidad y a todas las partes interesadas individuales en el diseño de las intervenciones. Centrándose en los intereses subjetivos y destacando las responsabilidades de la familia, de la comunidad local, de la sociedad civil, del Estado y de las organizaciones internacionales, este cuadro indica los campos de mayor importancia para la acción.
La familia
Las mujeres.-Puesto que están en juego su propia vida y su dignidad, las mujeres resultan ser los principales agentes transformadores en la lucha contra la violencia relacionada con la diferencia de género. Si bien las organizaciones femeninas han desempeñado un papel de importancia crucial (véase la sección dedicada a la sociedad civil), son notables la fuerza colectiva y el coraje individual que han demostrado ciertas mujeres al combatir muchas formas de violencia. Aunque pobres y a menudo analfabetas, estas mujeres han conseguido movilizar centenares de otras mujeres, recaudar fondos, diseñar estrategias y obligar a los decisores políticos a rever las leyes y sus políticas. Debe hacerse un esfuerzo sistemático para que se den oídos a la voz de las mujeres de los movimientos de base y a aquéllas que han sobrevivido a la violencia doméstica, y para que las soluciones que ellas proponen reciban la acogida que merecen. Sus puntos de vista representarán una contribución preciosa para la elaboración de programas y la prestación de servicios eficaces y adecuados a sus necesidades.
Las mujeres necesitan adquirir mayor poder mediante la educación, las oportunidades laborales, la alfabetización en materia legal, y el derecho a heredar. Debería brindárseles educación sobre los derechos humanos e información en todo lo que se refiere a la violencia doméstica, porque están en juego sus derechos fundamentales.
En las situaciones de violencia doméstica deberían ponerse a su disposición servicios integrados de apoyo, de intervención jurídica y de reparación del daño. Las formas de asistencia que ayudan a las mujeres a reconstruir su vida y a volver a tomarla en sus propias manos después de los episodios de violencia deberían ser parte esencial de toda estrategia de intervención, cubriendo aspectos tales como la asistencia socio psicológica, la ayuda a encontrar un nuevo hogar, la asignación de créditos y la búsqueda de un empleo.
Las mujeres deben recibir apoyo concreto por parte de todos los sectores implicados en la cuestión: el sistema jurídico penal, la sanidad, las autoridades responsables del bienestar social, y el sector privado. Deben asimismo poder contar con el sostén de las redes informales de contacto, tales como la familia, los amigos, los vecinos y los grupos de la comunidad local.
Los grupos de la comunidad y las instituciones gubernamentales deberían recibir formación adecuada para identificar a las mujeres, hombres, adolescentes y niños de ambos sexos que corren peligro de ser víctimas de la violencia doméstica, y para poner a su disposición servicios confidenciales y de fácil acceso. Donde no se disponga de dichos servicios, es necesario ayudar a las comunidades a establecer mecanismos locales de apoyo para las mujeres adecuados a las características culturales específicas del lugar.
Los Hombres.- Existe un número creciente de especialistas de sexo masculino que organizan y realizan actividades de formación sobre la desigualdad entre los sexos, con inclusión del problema de la violencia. Algunos de ellos colaboran con otros hombres para examinar las pautas del comportamiento masculino y desarrollar nuevos modelos de masculinidad (véase la sección dedicada a la sociedad civil). En casi todas las partes del mundo se registran ejemplos notables de liderazgo masculino en la lucha contra la violencia generada por la discriminación sexual, y la participación de los hombres es esencial para modificar las normas de conducta.
Los hombres deberían recibir un mensaje claro y coherente de todos los sectores y niveles de la sociedad: que los que cometen violencias deberán rendir cuentas de sus actos. El sistema jurídico penal debe empeñarse en reforzar dicho mensaje aplicando medidas concretas contra los agresores, como asimismo proporcionándoles la alternativa de la rehabilitación cuando han cometido una infracción menor. Deben crearse servicios que brinden la posibilidad de modificar los comportamientos violentos. Es necesario que estos servicios, que se deberían organizar a nivel local, afronten también otras cuestiones vinculadas con el tema, tales como el alcoholismo y el consumo de drogas.
Incumbe a los hombres la tarea de desafiar a los demás hombres a poner fin a los abusos cometidos contra las mujeres, y a cambiar los criterios que favorecen esta forma de violencia. A tal fin, se debe ayudar a los hombres para que funcionen como modelos de conducta positiva para los más jóvenes, y es necesario educar a los niños varones en un clima de no violencia y de respeto por la mujer.
Los muchachos y las muchachas adolescentes.- Las muchachas necesitan todo el apoyo y la protección de que deberían beneficiarse las mujeres adultas. También ellas necesitan recibir de parte de la sociedad y del sistema educativo un mensaje claro respecto a sus derechos. Los programas educativos que preparan a las niñas a desarrollar su autoestima y la capacidad de defender sus propios intereses, incrementando la participación de las muchachas en los roles de liderazgo, deberían formar parte de los planes de estudio de las escuelas.
Los adolescentes varones, por su parte, necesitan modelos masculinos positivos e igualmente un mensaje claro de parte de los hombres maduros dentro de su familia y en la sociedad en general: que los actos violentos contra las mujeres son inaceptables y quienes los cometen deben rendir cuentas de ello. Como los varones adultos, también los muchachos deben poder acceder a servicios que los ayuden a resolver sus eventuales comportamientos violentos.
Los servicios de asistencia deben incluir el tratamiento de modelos comportamentales frecuentemente vinculados con la violencia, tales como el uso de alcohol y estupefacientes o las conductas sexuales riesgosas a las que los adolescentes de ambos sexos pueden abandonarse a consecuencia de los abusos sufridos.
Los niños.- Es necesario que se reconozca que los niños suelen ser víctimas de la violencia doméstica y que es imprescindible garantizar su seguridad. Esto implica asegurar la protección de sus madres y la instalación de servicios de guardería de niños en los centros de acogida para las mujeres. La comunidad y el Estado deben desarrollar programas apropiados para brindar asistencia a los niños que necesitan reponerse de las violencias y abusos que han sufrido y/o presenciado.
La comunidad local
En las sociedades tradicionales, las familias siempre han contado con el apoyo de mecanismos de asistencia ligados a la comunidad para resolver las situaciones de conflicto. Es necesario, por lo tanto, movilizar la comunidad local para que se oponga a que se produzcan violencias domésticas en su seno. Las acciones emprendidas por los miembros de la comunidad pueden consistir en una mayor vigilancia de las situaciones de violencia doméstica, la prestación de ayuda a las víctimas, y la incitación a poner fin a los comportamientos violentos por parte de los hombres.
Hay que reemplazar la indulgencia con intervenciones activas y proyectos educativos. Deben desarrollarse programas de información y educación de la comunidad relacionados con la naturaleza y el carácter inaceptable de la violencia doméstica. Tales programas deberían ocuparse de las pautas tradicionales de comportamiento que toleran las agresiones contra la mujer por parte del varón, considerando su maltratamiento, castigo y violación como una cosa aceptable. Es necesario reexaminar y desafiar las prácticas pertenecientes a la tradición cultural que violan la integridad de la mujer, como es el caso de la mutilación genital femenina. La cultura no es un factor estático, y hay que desarrollar normas culturales de un nuevo tipo, que respeten a las mujeres y promuevan su dignidad y su seguridad.
Los ancianos y líderes religiosos de la comunidad tienen la responsabilidad de ejercer su autoridad en este campo para fomentar el progreso. Por ejemplo, habría que incitar a los líderes religiosos a reconsiderar las doctrinas y prácticas tradicionales que conducen a la subordinación de las mujeres y a la violación de sus derechos. Los órganos de administración locales (por ejemplo, el sistema de panchayat en India) deberían desempeñar un rol activo en la creación de una cultura de la no violencia, en la puesta en práctica de sanciones apropiadas, en la negociación de respuestas adecuadas a la cultura local para prevenir la violencia, y en el monitoreo del respeto y la implementación de las sanciones vigentes.
La sensibilización con respecto a los efectos de la violencia doméstica en la vida de la comunidad da como resultado la toma de conciencia de la importancia de prevenir que se cometa dicha violencia en perjuicio de las mujeres y los niños. El desarrollo de respuestas integradas a la violencia doméstica mediante la participación de los grupos comunitarios, de los funcionarios sanitarios locales y de las mujeres, sirve para garantizar la sostenibilidad de las actividades y la responsabilización de las personas involucradas, lo cual representa de por sí un importante paso adelante. Sin embargo, puesto que adaptarse al cambio es difícil, debe protegerse la incolumidad de los activistas, defensores de los derechos humanos y asistentes sociales de la comunidad. Por último, los recursos humanos y económicos son un elemento clave para la elaboración de todo programa y para su realización concreta.
La sociedad civil
Las organizaciones féminas.-Desde hace casi un cuarto de siglo las organizaciones de mujeres han combatido en primera línea para dar visibilidad a la violencia contra las mujeres: haciendo escuchar la voz de las víctimas mediante tribunales y testimonios personales; poniendo a disposición de las víctimas de la violencia formas innovadoras de asistencia; y ejerciendo presión sobre los gobiernos y la comunidad internacional para que reconozcan que han fracasado en su cometido de proteger a las mujeres. A partir de acciones locales, colectivas, las mujeres han logrado transformar su lucha contra la violencia en una campaña de dimensiones globales.
La defensa de los derechos de la mujer ha conseguido que los sectores formales (los sistemas legislativo y jurídico, el sistema de la justicia penal, y el sector sanitario) comenzaran a dar respuestas a las necesidades de las mujeres que sufren violencias. Las mujeres han dado impulso al cambio político y a la creación de mecanismos institucionales, ya sea que se trate de reformas legislativas, de la formación de las fuerzas de policía, o de la fundación de centros de acogida para las mujeres y sus niños. Al intentar hacer frente a las causas estructurales de la violencia, las organizaciones femeninas han tratado de fomentar la autonomía de las mujeres mediante la educación sobre los derechos humanos, la puesta en marcha de programas de crédito especiales y el establecimiento de contactos con las redes que cuentan con un campo de acción más amplio. Es fundamental que los movimientos en defensa de la mujer sigan guiando el proceso, especialmente desempeñando un papel de control y responsabilización, y que los gobiernos aumenten su colaboración con ellos.
Las organizaciones masculinas.- Las organizaciones de hombres también pueden tomar la iniciativa en las comunidades locales para oponerse a la violencia contra las mujeres, trabajando en colaboración con las organizaciones femeninas expertas en la materia. Las organizaciones de servicios pueden poner a disposición sus recursos y redes de contacto, y las agrupaciones deportivas de los hombres, a nivel local y nacional, pueden ocupar un lugar destacado en las campañas de sensibilización de los varones al respecto.
Las asociaciones profesionales.- Las organizaciones de médicos, abogados, psicólogos, enfermeras, educadores, asistentes sociales, y otros especialistas constituyen un factor clave en la lucha contra la violencia de la cual son víctimas las mujeres. Sus miembros pueden entrar en contacto regularmente con situaciones de violencia doméstica, pero no reconocer los indicios de la misma a causa de sus propios prejuicios, de su propio pasado o de la falta de formación adecuada. Es esencial que dichas organizaciones incorporen cursos sobre la violencia doméstica y los derechos humanos en sus programas de formación profesional, y que los especialistas que ya ejercen su profesión en el sector reciban capacitación sobre el tema de manera regular. Estas asociaciones tienen que desarrollar métodos formales (protocolos) que permitan individuar y señalar los casos de violencia doméstica a las autoridades competentes, y medidas de rastreo que consientan detectarlos e intervenir a tiempo.
Dichos métodos y medidas deben ser elaborados en colaboración con los expertos del campo de la violencia doméstica.
Las organizaciones no gubernamentales.- (ONGs), como las asociaciones femeninas, han desarrollado su labor en colaboración con las agencias gubernamentales y con las organizaciones internacionales para suministrar una vasta gama de servicios y programas de educación y sensibilización. Hay que reforzar su capacidad de seguir prestando servicios diversificados, sobre todo de común acuerdo con los organismos estatales.
Las ONGs pueden desempeñar un papel fundamental ejerciendo presión para que los gobiernos ratifiquen los instrumentos legales internacionales sobre los derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, o para que retiren las objeciones que han presentado contra ellos. Las ONGs han desarrollado una labor de importancia decisiva en el monitoreo de la aplicación de normas que no tienen valor de tratados, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración y Programa de Acción de Viena, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Es necesario que continúe el liderazgo de las ONGs en los esfuerzos por ejercer presión política y sostener la creación de una legislación que salvaguarde los derechos de las mujeres, las niñas y los niños.
El sector privado.- Está directamente interesado en que se afronte el problema en cuestión, ya que los costos de la violencia doméstica para la sociedad, y en particular para la industria, son fenomenales en términos de baja productividad, absentismo y renovación del personal. Al sector privado le convendría identificar y apoyar a los miembros del personal que sufren o cometen actos de violencia doméstica.
La sensibilización sobre la violencia doméstica o vinculada con la diferencia de género debería formar parte de la capacitación brindada por las compañías, y las empresas deberían fomentar el desarrollo de una mentalidad organizativa libre de abusos, incluido el acoso sexual, en el lugar de trabajo. El sector privado debería asimismo recibir estímulos para que financie servicios preventivos y de asistencia en la comunidad local.
Los sindicatos.- Deben brindar su apoyo a tales iniciativas del sector privado, utilizando sus recursos para promover entre sus afiliados la no violencia en las relaciones con la mujer e incitando a sus miembros a buscar mecanismos de apoyo y asistencia adecuados.
Los medios de comunicación.- Desempeñan un rol de importancia vital, ya que influencian y modifican las normas y los comportamientos sociales. Se ha constatado la existencia de una relación entre la difusión repetida de escenas violentas en los medios de comunicación y el aumento de frecuencia de las agresiones, sobre todo entre los niños. En el campo específico de la violencia doméstica, las campañas de los medios de información pueden contribuir a invertir las tendencias sociales que toleran la violencia contra las mujeres, cuestionando los modelos de conducta violentos aceptados por las familias y las sociedades.59 La colaboración con los medios de difusión debe concentrarse en la elaboración de nuevos mensajes y nuevas respuestas a fin de reducir la violencia doméstica.
Por consiguiente, un esfuerzo consciente destinado a sensibilizar a las profesionales del sector mediático respecto a estas temáticas es importante para combatir la violencia contra las mujeres. Los canales alternativos de comunicación, tales como los grupos teatrales, los titiriteros, las emisoras radiofónicas locales, los músicos y artistas de todo tipo, tienen un papel que desempeñar en la sensibilización de la opinión pública, creando roles que funcionen de modelo para los hombres y jóvenes de la comunidad.
Líderes y pensadores religiosos.- Tienen que reexaminar las interpretaciones de los textos sagrados y de las doctrinas desde el punto de vista de la promoción de la igualdad y de la dignidad de la mujer. Muchos hombres que abusan de las mujeres justifican su comportamiento invocando la religión, y numerosos usos tradicionales que constituyen un abuso y una violencia contra las mujeres se practican en nombre de la religión. Las autoridades espirituales a todos los niveles tienen la responsabilidad de garantizar que las interpretaciones religiosas no sean utilizadas como pretexto para la opresión de las mujeres.
Instituciones académicas y de investigación.- deberían resolver el problema de la falta crónica de informaciones estadísticas sobre la violencia doméstica, que constituye un obstáculo para cualquier cambio de políticas en el sector. La carencia de datos y de documentación adecuados sobre la violencia contra las mujeres, y especialmente sobre la violencia doméstica, excusan el silencio de los gobiernos y de esa manera lo refuerzan. Ante la ausencia de datos concretos, los gobiernos se sienten autorizados a negar la existencia de dicha violencia y, por lo tanto, rechazan también la responsabilidad que tienen de hacerle frente.
En el campo de la investigación, existen diferentes prioridades. La disponibilidad de datos dignos de confianza sobre la magnitud, las consecuencias, y los costos económicos y sanitarios de la violencia relacionada con la diferencia de género, contribuirá a colocar la cuestión en el foco de atención de los decisores políticos. Los investigadores tienen que identificar las medidas ejemplares de prevención y tratamiento de la violencia, y evaluar su eficacia y las posibilidades de volverlas a aplicar.
Hace falta una colaboración más intensa entre las instituciones académicas y de investigación, las organizaciones femeninas, las ONGs, y los responsables del suministro de servicios a la hora de realizar investigaciones cualitativas para adquirir una comprensión más profunda de las causas de la violencia doméstica y sus efectos físicos y psicológicos para las mujeres. Los resultados de dichas investigaciones deben luego ser comunicados a las comunidades para poder así abrir camino a la toma de conciencia y a las transformaciones.
Además de las propuestas mencionadas anteriormente, proponemos que, así como existen programas de salud donde promueven el cuidado en general de la integridad física, proponemos que existan programas donde se imparta a las familias cursos con el objetivo de transmitir la siguiente información:
a) Una visión género-sensitiva que facilite la identificación de los factores que contribuyen a los tratos desiguales y las discriminaciones que se dan a nivel de la sociedad, la comunidad, la familia y buscar un ejercicio sano de los derechos humanos.
b) El enfoque de riesgo que permite identificar tanto los factores des protectores como los factores protectores ante la violencia intrafamiliar. En ello, la detección del nivel de riesgo facilita la toma de decisiones para adecuar las acciones a las necesidades y prioridades de las personas o grupos afectados. Esto ha permitido evidenciar que los grupos más vulnerables son: las niñas(os), las mujeres, las personas mayores y las personas discapacitadas.
c) El abordaje interdisciplinario para ofrecer una atención integral que incorpore los componentes sociales, psicológicos y legales, se requiere de la interrelación entre los saberes de dichas disciplinas. Una disciplina no podrá dar cuenta de un problema con un nivel de complejidad como el de la violencia intrafamiliar, de ahí, la necesidad de un trabajo interdisciplinario. Al mismo tiempo, cada disciplina debe definir sus acciones de intervención específica.
Además, proponemos la creación de programas dirigidos a instituciones educativas, centros de trabajo, oficinas, empresas, etc. donde diariamente al menos dos veces por semana se hagan debates acerca de la violencia contra la mujer, se revisen casos donde las mujeres supieron salir adelante y donde además se estudie la posibilidad de la creación de leyes donde se promuevan los siguientes principios:
Principios de atención integra a la violencia intrafamiliar:
1. Toda persona tiene derecho a vivir con dignidad en un ambiente de relaciones interpersonales pacíficas y libres de agresiones psicológicas, sexuales, físicas y sociales, y sin discriminación (por edad, sexo, género, grupo étnico, creencias religiosas, políticas, estilos de vida).
2. Toda persona tiene derecho a la defensa de la vida y a vivir en condiciones que le permitan una calidad de vida adecuada.
3. Toda persona tiene derecho de aprender formas no violentas de resolver conflictos. La sociedad debe promover formas de vida no violentas.
4. Toda persona tiene derecho a una atención integral, oportuna, expedita, eficaz, confiable, eficiente, de calidad para eliminar la violencia intrafamiliar y sus secuelas.
5. Las personas están influidas por factores económicos, sociales, legales, culturales, psicológicos, por lo tanto todos deben considerarse para entender y enfrentar la violencia intrafamiliar en forma integral e interinstitucional.
6. Nada justifica la violencia.
7. La violencia es una construcción histórica que se modela y aprende, por lo tanto deben revisarse los mensajes que emitan los diferentes agentes socializadores que la refuerzan: la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, las iglesias, el sistema de salud, el sistema judicial y otros.
8. La atención debe estar regida por el principio de confidencialidad para garantizar la integridad de las personas afectadas.
9. La atención integral se fundamenta en el derecho de las mujeres y hombres, niñas y niños, adolescentes, discapacitados y personas mayores a vivir con dignidad, libertad, justicia y paridad.
Otros principios de trabajo que deben ser considerados son:
1. Ningún ser humano merece ser golpeado
2. La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública.
3. El / la violento(a) es responsable de su propio comportamiento.
4. Ningún argumento o razonamiento justifica el uso de la violencia.
5. Una mujer golpeada no está justificada si maltrata a sus hijos.
6. Cuando la violencia ha comenzado no se detiene espontáneamente, sino que aumenta con el paso del tiempo.
7. No hay alguna excusa que justifique la falta de control.
8. La seguridad de la víctima debe anteponerse a todo otro concepto.
9. La persona golpeada debe ser tratada como tal, y no como esposo(a) o padre / madre.
10. La educación es el requisito esencial de una buena prevención.
11. Tratar a los usuarios(as) con dignidad, respeto, comprensión y con sensibilidad a las diferencias de edad, cultura y educación, pero reconociendo que la violencia es inaceptable en cualquier relación.
12. El personal que brinda la atención debe respetar las decisiones de la víctima aún cuando decida continuar viviendo con el agresor.
13. Reconozca que el proceso de dejar una relación violenta es generalmente largo y gradual.
Conforme a los anteriores principios, una atención integral a la violencia intrafamiliar debe comprender los siguientes aspectos:
• Ser accesible, continua, eficaz, ágil, oportuna, confiable, confidencial, segura, de calidad, que garantice la integridad de las personas afectadas.
• Que contemple la atención de los diferentes tipos de violencia.
• Dirigida a romper el ciclo de la violencia
• Con espacios para la retroalimentación y la contención individual y grupal para las personas responsables de la atención.
• Con mecanismos sistemáticos de registro y análisis de la situación de los usuarios(as) y familias afectadas por la violencia intrafamiliar que permitan valorar el cumplimiento e impacto de las acciones.
Conclusión
Violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar (por afinidad, sangre o afiliación) y que transforma en mal tratantes la relaciones entre ellos causando daño físico, emocional, sexual, económico o social a uno o varios de ellos.
Se debe considerar que la situación violenta no solo la padecen quienes sufren golpes o humillaciones, sino también quién propina esos mismos golpes y humillaciones.
Intervienen al respecto los modelos de organización familiar, las creencias culturales, los estereotipos respecto a supuestos roles relacionales, y las maneras particulares de significar el maltrato.
Es el estado el que debe velar por la protección de las personas involucradas, mediante acciones concretas tales como el dictado de leyes y demás normativas jurídicas, y la generación de espacios educativos, de contención e intervención comunitaria. Cabe destacarse que la represión por parte del estado al agresor no soluciona el problema, por lo que resulta esperable el fomento de una pronta asistencia psicológica hacia él, la, o los agresores que en muchos casos ejerce violencia sólo en la intimidad familiar y privada, ya que en otros ámbitos poseen un comportamiento cordial y afectuoso.
Bibliografía
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NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
Villatoro, J.; Quiroz, N.; Gutiérrez ML., Díaz, M. y Amador, N. (2006). ¿Cómo educamos a nuestros/as hijos/as? Encuesta de Maltrato Infantil y Factores Asociados 2006. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM).México, D. F.
Secretaría de Salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual, 2006.
García-Fonseca, L. Modelo de Tratamiento de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón De la Fuente Muñiz, México, 2011.
La violencia doméstica contra las mujeres y niñas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF). Centro de Investigaciones Innocenti, Florencia-Italia.
Anexos
Convenios y tratados internacionales
Como producto de la creciente movilización y concertación de alianzas, el tema de la violencia social y doméstica contra las mujeres comenzó a ocupar un lugar preponderante en las agendas de importantes eventos y consensos internacionales orquestados por las Naciones Unidas, de los cuales México ha sido participante y signatario, adhiriéndose así a los compromisos internacionales. Entre ellos se encuentran los siguientes:
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), donde la violencia contra la mujer es definida como "Todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada".
Por su parte, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Bogotá, 1981), instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, fecha que hoy se conmemora en la mayoría de los países del mundo.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), donde se reconoció a toda forma de violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos.
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994). Su declaración final, estableció que es indispensable alcanzar una plena igualdad entre mujeres y hombres a fin de acceder a una sociedad mas justa y respetuosa de los Derechos Humanos, y también, de lograr un desarrollo sustentable, que no amenace la estabilidad del planeta ni la paz mundial.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará, 1994) –ratificada por México en 1998-, define esta violencia como "toda acción o conducta contra la mujer basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el ámbito público como en el privado" (IIDPDH, 1995).
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