El 30 de julio de 1971 el presidente Rafael Caldera promulga la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, para asegurar la continuidad y eficiencia de la actividad petrolera una vez que venzan las concesiones vigentes. El 4 de agosto las compañías petroleras Shell, Creole y Mene Grande introducen demanda de nulidad de la Ley de Bienes Afectos a Reversión ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, El Procurador General del República solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare sin lugar las demandas a la ley de "reversión".
El 26 de agosto de 1971 el Presidente Rafael Caldera promulga la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, en la que se establece que la explotación del gas se realizará sólo por intermedio de la CVP, para la cual se obliga a las concesionarias a entregar a la nación sin costo alguno el gas no utilizado en sus operaciones.
En septiembre de 1971 se inicia en Venezuela la discusión sobre el desmantelamiento y exportación de equipos petroleros. El 17 de diciembre de 1971 se promulga el Decreto N° 832, por medio del cual se establece disposiciones respecto a la exploración de las concesiones vigentes. Por medio de este decreto las compañías operadoras quedaban en la obligación de presentar al Ejecutivo nacional sus programas anuales de inversiones para exploración, producción, refinación y ventas.
El 1 de enero de 1972 el presidente Rafael Caldera denuncia el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos que estaba vigente desde 1952. En este mismo mes, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos adelanta una investigación minuciosa sobre los campos que habían sido cerrados. Igualmente se dicta el Reglamento N° 1 de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesionarias de Hidrocarburos y en marzo se dicta el Reglamento N° 2. El 7 de marzo de este mismo año, el secretario de Estado de los Estados Unidos advierte que Venezuela pronto podría dejar de ser abastecedor seguro del país.
En enero de 1973, comienza la crisis energética en los Estados Unidos. El 5 de Febrero de 1973, los Estados Unidos promueve la formación de la Agencia Internacional de la Energía para contrarrestar a la OPEP.
El 21 de junio de 1973, se promulga la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de los Hidrocarburos, por razones de conveniencia nacional, a la vez que se faculta al Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, a regular y fijar los precios de los productos derivados y los fletes para su transporte.
El 16 de marzo de 1974, el partido político socialista MEP presenta al Congreso un proyecto de ley de "nacionalización" de la industria petrolera. El 22 de ese mes, el presidente Carlos Andrés Pérez crea por el Decreto Nº 10, la comisión para estudiar y analizar las alternativas para adelantar la reversión de las concesiones y los bienes a ellas afectos. Sin embargo, el día 24, el partido político socialcristiano Copei presenta ante el Congreso Nacional un segundo proyecto de ley de "nacionalización".
El 16 de mayo de 1974, en el acto de juramentación de la Comisión Presidencial de la Reversión, el presidente Carlos Andrés Pérez anuncia la creación de una casa matriz para operar la industria nacionalizada. Anuncia que las concesionarias recibirían compensación basándose en el valor en libros de sus activos no depreciados. El 18 de octubre, la Comisión Presidencial de la Reversión aprueba el proyecto de ley de "nacionalización", conforme al cual se eliminaba la posibilidad de crear empresas mixtas. Y, el 13 de diciembre del mismo año, termina en Viena, Austria, la XLII Conferencia de la OPEP, presidida por Valentín Hernández Acosta, en la cual, se acuerda establecer un sistema de precios únicos para el petróleo.
El 15 de febrero de 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez anuncia que "ha llegado el momento de la nacionalización del petróleo". En este momento, comienza un debate nacional que polarizó el país entre los que estaban de acuerdo y los que no. Juan Pablo Pérez Alfonso califica de "chucuta" la nacionalización del hierro y reconoce que respecto a la del petróleo no sabe ni cuándo será. Por su parte, en el mes de abril, el partido MEP denuncia que el Gobierno negociaba en secreto la nacionalización con las empresas petroleras, lo cual es negado por el Despacho de Minas e Hidrocarburos, y el 29 de agosto, el presidente pone el ejecútese a la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Un día después, por Decreto Presidencial Nº 1123, se constituye Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa encargada de la planificación, la coordinación y la supervisión de la industria petrolera nacional. El presidente del Directorio fue Rafael Alfonso Ravard.
Seguidamente, en septiembre se anuncia que las empresas operadoras nacionales sustitutivas de las concesionarias se llamarán Lagoven (Creole), Maraven (Shell), Meneven (Mene Grande), Deltaven (Texaco), Palmaven (Sun), Amoven (Amoco), Boscanven (Chevron), Vistaven (Mito Juan), LLanoven (Mobil), Roqueven (Phillips), Guariven (Las Mercedes), Bariven (Sinclair y Atlantic) y Taloven (Talon).
El 23 de diciembre de 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez ordena que se proceda a la emisión de bonos de la deuda pública hasta por USD 918 millones, destinados a la indemnización de las concesionarias y las participantes. Aquí comienza el proceso histórico de endeudamiento en Venezuela para pagar deudas, hechos que afectaron el desarrollo económico y social del país. Para el 31 de diciembre, quedan canceladas todas las concesiones en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Pero inmediatamente, se comienza a suscribir convenios de asistencia técnica y de compra y venta de petróleo y productos con las antiguas concesionarias y cede beneficios a las filiales que recibían los servicios o cumplían con las obligaciones mercantiles.
La Ley de Hidrocarburos de 1943 estuvo vigente en Venezuela hasta el primero de enero 1976 cuando entra en vigencia la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, terminando así con la etapa de "las concesiones" dando inicio a otra etapa de lucha por el control de los recursos petroleros nacionales.
A partir de 1976 comienza lo que varios analistas petroleros denominan "La nacionalización" de la industria petrolera como un acto de soberanía e independencia petrolera y lo que otros denominan el proceso de "desnacionalización", veamoslo.
DEBATE SOBRE LA NACIONALIZACIÓN PETROLERA DE 1976
Para varios analistas petroleros la "nacionalización" de la industria petrolera ocurrida el 1 de enero de 1976 fue un acto de soberanía e independencia petrolera:
La promulgación de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y la consecuente nacionalización de la industria petrolera, constituyó un ejercicio de soberanía y se realizó dentro de una coyuntura económica y política altamente favorable (…) A juicio de distinguidos especialistas, entre ellos los miembros de la Comisión Presidencial de Reversión… la nacionalización de la industria y el comercio de hidrocarburos constituyó un acto de soberanía con amplia justificación en el terreno político, ético y jurídico… (Crazut, 2006: 99)[29].
Ciertamente, la llamada "nacionalización", fue realizada en un contexto de auge sin precedentes en la historia democrática del país, gracias a los cuantiosos ingresos fiscales percibidos a raíz del incremento súbito de las cotizaciones petroleras en el mercado internacional a partir del año 1973. Sin embargo, otros analistas opuestos a la forma como se realizó, a la cual denominan el proceso de "desnacionalización" o el verdadero proceso de "apertura petrolera", sostienen la siguiente tesis:
…con el fin de la era concesionaria (1976) no se pasa a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada: Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez una puesta a tono con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario. (Mendoza, 2006:196)[30]
De tal suerte que, insistimos, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, con los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, los cuales constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano (Mendoza, 2006:200)[31].
Según Silva (2006:120)[32], surgieron dos posiciones respecto a la necesidad de profundizar o perfeccionar la nacionalización:
Una, la de quienes sostenemos que la nacionalización debía primero que todo mirar hacía las necesidades internas de la nación, para satisfacerlas mediante el abastecimiento de hidrocarburos, tanto para el consumo final como para su refinación e industrialización. Fue lo que denominamos la internalización petrolera. Condicionada a ese abastecimiento interno debe quedar la exportación, que, aunque a la larga suponga la reducción de exportación de petróleo crudo, mejoraría la de productos, con las ventajas de mayores ingresos, generación de empleo y reactivación económica general, por la agregación interna de valor.
La otra postura fue la de la internacionalización, con la cual, se dijo, se aspiraba reintegrar verticalmente nuestra industria petrolera, a la cual la Ley de Nacionalización le había cercenado el mercado internacional y además abrir mercados para nuestros crudos pesados.
La internalización no se adoptó como política general,… mientras que la internacionalización se puso en práctica mediante la compra total o parcial de diversas empresas en el exterior, sobre las base semejantes al modelo extractivo-exportador y mecanismos de descuentos sobre precios, cuyos resultados, así como la conveniencia de mantener dichas empresas, mantienen vivas las dudas que desde el comienzo se manifestaron sobre ellas.
De acuerdo con lo anterior, la supuesta nacionalización de la industria petrolera resultó ser nuevamente una componenda de sectores políticos y burgueses venezolanos, que emulando las decisiones apátridas del dictador Juan Vicente Gómez respecto al aprovechamiento del negocio por parte de los venezolanos, volviendo a entregárselos a las grandes compañías petroleras transnacionales para el beneficio de sus países de origen.
De esa manera, nuevamente unos ciudadanos venezolanos tomaron decisiones erradas en esa materia, las cuales fueron en detrimento de los intereses nacionales, dándoles un duro golpe al sueño histórico de independencia, soberanía y control sobre los recursos sembrados desde hace miles de años por la naturaleza en el subsuelo venezolano. Valga la siguiente especulación: probablemente, la defensa, explotación, desarrollo autónomo y directo por parte de los nacionales en las diferentes fases que se realizan dentro de la industria petrolera, pudieron haber ayudado a enrumbar al país a la consecución de mejores indicadores de desarrollo económico y social que las que hoy se tienen.
Es importante recordar, que para el momento del ejecútese de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, las concesionarias extranjeras ya habían convenido en aceptar la oferta de indemnización por parte del Estado venezolano, sin embargo, de su propio seno, constituyeron las juntas directivas de las operadoras que los sustituirían, a partir del 1 de enero de 1976, en la gestión de la industria. Los que integraron estas juntas directivas fueron venezolanos que por sus méritos gerenciales y compenetración con los intereses de las compañías se habían convertido en hombres de confianzas para sus casas matrices: Guillermo Rodríguez Eraso, vicepresidente de Creole Petroleum Corporation; Alberto Quirós Corradi, presidente de la Compañía Shell de Venezuela y otros de los niveles subsiguientes, como Frank Alcock, José Giacoppini Zárraga, Gustavo Coronel, Wolf Petzall, etc. (Mendoza: 1985: p. 113)[33].
FASE POSTNACIONALIZACIÓN PETROLERA (1976-1999)
A continuación se realizará un seguimiento histórico de las acciones más importantes que realizaron los distintos gobiernos venezolanos en materia de política petrolera desde 1976 hasta 1999, las cuales han afectado o favorecido a los actores internacionales determinantes de la dinámica petrolera nacional: compañías petroleras internacionales, Estados Unidos, países de América Latina y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
A partir del 1 de enero de 1976, Pdvsa asume efectivamente todas las funciones propias de la industria petrolera, al adquirir por su valor nominal la totalidad de las acciones de las 14 empresas que sustituyeron a las concesionarias. Pero, apenas a tres meses de la entrada en vigencia de la Ley de Nacionalización, el 3 de marzo de 1976, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos anuncia la firma de varios contratos con compañías internacionales para el manejo de la explotación y comercialización de petróleo. En ese caso fueron seis compañías japonesas las que recibieron los contratos para manejar hasta 5 millones de toneladas de crudos al año (36.650.000 barriles/año).
El 4 de marzo de 1976, por resolución conjunta de Minas e Hidrocarburos y de Hacienda, se establecen los valores básicos F.O.B. (Free On Board) para las exportaciones de petróleo y productos durante el año en curso.
Dentro de la política petrolera asumida por Carlos Andrés Pérez se tuvo previsto el registro de filiales de Pdvsa a nivel internacional a partir del mismo año 1976. Se registraron filiales en Inglaterra y en Estados Unidos; y ya para el mes noviembre se contaban con las oficinas administrativas de Pdvsa (UK) y Pdvsa (USA). Seguidamente, se firmó en Roma, Italia, un acuerdo sobre transferencia de tecnología petrolera y en Moscú, URSS, un convenio para intercambiar crudo entregado a Cuba por petróleo soviético entregado a clientes europeos de Pdvsa.
Lo curioso de esta política petrolera es que se realizó en tiempos en que la economía estaba recibiendo ingentes cantidades de petrodólares que se pudieron haber inyectado en la economía venezolana de distintas formas. Cabe destacar, que el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano entre los años 1973 y 1975 venía creciendo a una tasa promedio de 6,2% interanual y en el año 1976 alcanzó su mayor nivel en los últimos 10 años, ubicándose en 8,8% su crecimiento. Sin embargo, en 1977 vuelve a crecer por encima del promedio histórico en los últimos cinco años, ubicándose en 6,7%. (Ver Gráfico 1). Con unos precios del petróleo en continuo ascenso, a niveles de los 11 dólares por barril promedio, que en comparación con el promedio de los últimos 10 años (4,5 US$ / bd), representaban, relativamente, unos precios elevados que garantizaban un flujo de divisas importantes para el país (Ver Gráfico 2).
Gráfico 1. Producto Interno Bruto venezolano desde 1964 a 1983
Gráfico 2. Precio del petróleo venezolano desde 1964 hasta 1983
A pesar de lo anterior, las reservas internacionales solamente crecieron en 11,37%, es decir de 6.612 millones de dólares en 1974 a 7.361 millones de dólares en 1978 (Gráfico 3).
Gráfico 3. Reservas internacionales de Venezuela desde 1969 hasta 1983
No obstante, el abreboca del programa de internacionalización de Pdvsa fue financiado gracias al endeudamiento de todos los venezolanos. No sólo bastó con que los petrodólares fueron sacados del país, bajo el disfraz de inversiones venezolanas en el exterior y a través de la cancelación de contratos de servicios a los diversificados prestadores de servicios extranjeros, sino que también se diseñó una política agresiva de endeudamiento interno y externo para alcanzar lo que se puede denominar "el financiamiento para el progreso de nuestros clientes petroleros". La deuda total venezolana en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (un quinquenio) se incrementó en 387,73%; es decir, se multiplicó casi 5 veces, pasando de 2.341,6 millones de dólares a 11.418,1 millones dólares (Ver Gráfico 4).
La economía venezolana había recibido ingentes sumas de petrodólares como para financiar el crecimiento económico interno sin necesidad de incurrir en el endeudamiento. Sin embargo, las cifras indican que estos recursos financieros fueron invertidos en otros países, especialmente en países industrializados y ávidos de petróleo. Esto se hizo, supuestamente, para poder garantizar nuevos mercados y poder suministrarles a las grandes potencias mundiales el tan preciado y codiciado "oro negro", que actualmente hoy el mundo anhela en su forma original, es decir en forma cruda. Todo esto a cambio de garantizarles el control de un planeta repleto de productos terminados etiquetados "Made in the world".
Cabe destacar que desde el mismo año 1976, la política petrolera venezolana comienza a dirigirse en contra de las decisiones que referente a los precios venían asumiendo colectiva y consensualmente los miembros de la OPEP. Esto se pone de manifiesto el 17 de diciembre de 1976, en la XLVIII Conferencia de la OPEP celebrada en Doja, Qatar, donde por primera vez, desde 1960, se acuerda una resolución no unánime con respecto a los precios. El 1 de julio de 1977, contrariamente a lo convenido en dicha Conferencia, el gobierno venezolano decide mantener inalterablemente los precios de exportación del petróleo.
Gráfico 4. Niveles de endeudamiento público por gobiernos venezolanos, 1964 – 1983
Por otra parte, a partir del 20 agosto de 1976, el gobierno de Carlos Andrés Pérez decide rebajar del 72% al 65,5% la tasa de Impuesto sobre la Renta aplicado a las operadoras de Pdvsa, comenzando a partir de allí, la etapa de reducción de cargas impositivas a favor de las compañías petroleras; es decir, luego de años de lucha por obtener mayores proporciones de la torta de beneficios del negocio petrolero para el país a través de ISLR, regalías y los valores fiscales de exportación. Es por esto, que se puede decir que el cambio de la política petrolera vino acompañada de entrega de beneficios a las compañías petroleras en detrimento del país.
El 17 de enero de 1977, el Gobierno nacional cancela la primera cuota a las antiguas concesionarias por la indemnización convenida y en marzo, se anuncia que Pdvsa será responsable de todas las operaciones en la Faja petrolífera del Orinoco.
A partir de aquí comienza el debate nacional sobre la inconveniencia de los acuerdos secretos de asistencia tecnológica firmados por Pdvsa, gracias a la denuncia hecha en mayo de 1977 por un grupo de profesores universitarios y políticos, quienes, por medio de carta abierta publicada en el periódico El Nacional, titulada "Con los convenios tecnológicos las transnacionales siguen controlando la industria petrolera", dirigida al presidente del Congreso Nacional y a los presidentes y secretarios generales de los principales partidos del país, exhortaban denunciaban la inconstitucionalidad de dichos acuerdos[34]
Los convenios de asistencia técnica suscritos por el Gobierno nacional no sólo tienen visos de inconstitucionalidad, sino que refuerzan el encadenamiento de la industria petrolera al capital transnacional, precisan de una fuerte erogación presupuestaria, violan compromisos internacionales -como la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena-, sustraen a las empresas subsidiarias de las grandes compañías de las leyes nacionales, y en la práctica, convierten en una falsedad la tan voceada nacionalización (El Nacional, pág. D-19).[35]
Esta denuncia obligó a la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Energía a discutir sobre la inconveniencia de los acuerdos de asistencia tecnológica firmado con las casas matrices de las antiguas concesionarias.
En ese mismo tono, en junio de 1977, se inicia un debate público sobre la conveniencia de negociar una posible participación externa en los programas de la Faja petrolífera del Orinoco; y el partido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), solicita ante la Corte Suprema de Justicia, la anulación de los convenios de asistencia tecnológica y denuncia al Ejecutivo nacional de estar firmando contratos leoninos que van en detrimento del interés nacional. Esto obligó a que el presidente Pérez, diera una rueda de prensa el día 29 de agosto de 1977, negando que se hubiera hecho alguna negociación a favor de las antiguas concesionarias por un monto aproximado de 5 millardos de bolívares por concepto de reparos de Impuesto Sobre la Renta. El 21 de octubre de ese año, el Partido Comunista de Venezuela también acude ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad de un contrato de asistencia tecnológica firmado entre el gobierno venezolano y la compañía transnacional Exxon.
El debate nacional sobre el manejo doloso de las negociaciones petroleras con las compañías petroleras internacionales se intensificó cuando el 11 de junio de 1978, el ex presidente Rómulo Betancourt, hace pública su disertación con respecto a la política petrolera del gobierno de turno, en la cual planteaba que si bien fue nacionalizada la industria y el mercadeo del petróleo, reiteraba lo que había dicho hace cuarenta y dos años atrás: "seguimos siendo dependientes del petróleo, como nación y como Estado" (Martínez, 2000: p. 318)[36]. Esto generó un revuelo nacional y comenzaron una serie de críticas de alta intensidad política y un arduo debate sobre la conducción de la política petrolera.
El cambio gatopardiano de la política petrolera
Entre los años 1979 y 1983, la economía venezolana evolucionó desfavorablemente. Era el período presidencial de Luis Herrera Campins, quien había recibido un país endeudado y con una disminución en el Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2%, el cual cerró en el año 1978 en 2,1% con respecto al año anterior. A pesar de que los precios del petróleo venezolano alcanzaron los niveles históricos más altos en el año 1981 (29,71$/b), el PIB tuvo en ese mismo año una caída del 0,3% con respecto al año anterior que también fue negativo (Gráficos 1 y 2).
En términos generales la economía a lo largo de esa gestión gubernamental fue oscura para el país. Esta dependía de los ingresos petroleros como históricamente lo había sido. La supuesta nacionalización no avizoraba ningún tipo de beneficios extraordinarios para la economía nacional y mucho menos para la población en general.
Pero en materia de política petrolera seguía en marcha la política de entrega de más contratos de servicios para compañías transnacionales. Lo que significaba una transferencia directa de divisas para otros países, como si en el país no pasara nada, como si el petróleo no tuviera nada que ver con la economía nacional, como que si la política de endeudamiento para financiar esos contratos de servicios y los planes de adquisición de activos de Pdvsa, iniciados a partir del año 1981, en las grandes ciudades de los países desarrollados, no fueran elementos a considerar a la hora de planificar el desarrollo interno y el crecimiento industrial venezolano. A partir de aquí se comienza a evidenciar el desligamiento que sufre la política económica de la política petrolera venezolana.
Durante el gobierno de Luis Herrera Campins, las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos se caracterizaron por un deterioro continuo. En la medida que el primero comienza a enviarles señales al imperio del norte de querer desarrollar una política petrolera independiente, estas relaciones se fueron intensificando. Entre los acontecimientos que corroboran lo antes dicho destaca el ocurrido en julio de 1979, cuando el ministro de Relaciones Exteriores venezolano le envía al gobierno norteamericano un documento mediante la cual se insistía y se exigía respeto al derecho soberano de las naciones de disponer libremente sus recursos naturales. Esto en respuesta a una demanda que contra la OPEP fuera introducida por el gobierno de Estados Unidos ante un juzgado de la ciudad de California. Más aún, el Gobierno nacional, como nota de protesta, le devuelve al embajador estadounidense una comunicación sin ser abierta referente a dicho caso, en la cual se le anexó una nota oficial donde se insiste que los actos relativos a la administración y comercio de los hidrocarburos, sobre todo los relacionados a la fijación de los precios, dependen de la soberana voluntad del Estado venezolano de conformidad con las normas constitucionales y de derecho público.
En ese mismo primer año de gobierno de Luis Herrera, ocurre un hecho que va a mostrar un giro contundente en la política petrolera venezolana: Estados Unidos le exige a Venezuela que eleve su producción para que sustituya parte de las exportaciones del Medio Oriente y le garantice al Mercado Petrolero Internacional la cantidad de petróleo que Irán no estaba garantizando, producto de la situación política y de guerra que estaba viviendo en ese tiempo. Pero el 14 de noviembre de 1979, Venezuela le responde no estar dispuesta aceptar esa petición. Hecho que fue tomado por varios analistas nacionales e internacionales como un acto de apoyo a Irán y a la OPEP. Aquí se evidencia la primera manifestación histórica de distanciamiento entre la política petrolera y la exterior tradicional venezolana en la era postnacionalización.
Esos acontecimientos conllevan al Gobierno nacional a acercarse a los países miembros de la OPEP para revertir la política llevada a cabo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la cual se materializa con la celebración de la LV Conferencia de la OPEP en Caracas, el día 20 de diciembre de 1979, y que fue presidida por Humberto Calderón Berti, siendo el tema de debate central el fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación entre las naciones del tercer mundo.
Posteriormente, el 24 de abril de 1980, el ministro Humberto Calderón Berti emite declaraciones que intensifican los niveles de conflictividad existentes entre Venezuela y los Estados Unidos, al manifestar que no se le venderá petróleo venezolano para acumular en sus reservas estratégicas. Un año y medio más tarde vuelven los enfrentamientos, cuando en septiembre de 1981, el ministro acusa a la compañía petrolera estadounidense, Texaco, de no aceptar crudos venezolanos para procesarlos en su refinería de Managua, Nicaragua, cuya suspensión duró exactamente un año, hasta que en septiembre de 1982, Texaco acepta procesarlos nuevamente.
Inicio de la política petrolera de capitalización hacia fuera
A finales del año 1982 se inicia el Programa de Internacionalización o Capitalización hacia fuera de la industria petrolera venezolana, que duró hasta el año 1998, siendo el objetivo principal de Pdvsa la adquisición de activos fuera del país con sus propios recursos o a través de asociaciones con compañías transnacionales, amparados en el Artículo 5 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. En ese sentido, la directiva de la empresa estatal, con el apoyo del Ejecutivo nacional, comienza a hacer inversiones de capitales en grandes centros de consumo petrolero del mundo, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Suecia y Bélgica, a través de la asociación o adquisición total de refinerías y empresas comercializadoras en el exterior con capitales 100 % venezolanos, y en países antillanos como Curazao, Bonaire y Bahamas, entre otros.
Entre los argumentos de la política de internacionalización estaba la captación de nuevos mercados y el incremento de la producción petrolera nacional. Paralelamente a esto, las inversiones en varios planes estratégicos dentro del país fueron reducidas. Todo acontece a través de los siguientes eventos:
El 25 de abril de 1980, Corpoven, Llanoven, Maraven y Lagoven firman contratos de tecnología con Exxon, British Petroleum y la Corporación Francesa de Petróleos, donde los pagos se basaban sólo en servicios contratados y recibidos. El 3 de agosto de 1980, Venezuela y México firman en San José de Costa Rica un convenio para ampliar el Acuerdo de Puerto Ordaz donde se incrementa el suministro de petróleo crudo bajo condiciones favorables a países de América Central y el Caribe.
En mayo de 1982, Pdvsa reduce las inversiones programadas para la Faja en más de USD 400 millones. El 4 de agosto, Pdvsa y Veba Oel firman un acuerdo preliminar de carácter comercial y tecnológico. El 4 de noviembre, el Ejecutivo nacional decide disminuir los valores de exportación para aumentar la liquidez de Pdvsa y el 31 de diciembre de este mismo año, los pagos a empresas extranjeras por asistencia tecnológica se incrementan y llegan a Bs. 228 millones.
A lo largo del gobierno de Luis Herrera Campins, fue frecuente escuchar noticias sobre el incumplimiento de los pagos de los impuestos correspondientes por parte de las compañías petroleras al fisco nacional, lo que obligó al Ejecutivo nacional a formar una comisión conjunta integrada por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y el de Hacienda. Esta comisión llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal del país y los aportes al fisco nacional que le correspondían pagar a cada una de las compañías petroleras que prestaban servicios tecnológicos y operativos en el país a partir del año 1976. También le recomendó al Ejecutivo no proseguir las conversaciones con las antiguas concesionarias, debido a los reclamos hechos por parte del Contralor General de la República por la morosidad en el pago de impuesto sobre la renta.
Lo anterior, conllevó al Gobierno a reactivar 217 de las 778 demandas existentes contra las antiguas concesionarias, en junio de 1980. Lo que pone en evidencia, una vez más, que las políticas de inversión de las transnacionales y las políticas de desarrollo de la industria petrolera venezolana siempre han estado en total disonancia con los intereses nacionales, ratificanodo que el interés que mueve a las primeras es la ganancia por encima del desarrollo de los países poseedores y explotadores del petróleo.
Política de defensa de los precios a través de la OPEP
En el período gubernamental de Jaime Lusinchi (1984–1988), la política petrolera estuvo direccionada a la defensa de la política de precios acordadas por la OPEP y al mantenimiento de la política de internacionalización por parte de Pdvsa. De hecho, los dos primeros años de gobierno los precios del crudo venezolano se cotizaban por encima de los 25 dólares por barril (Gráfico 5), lo que representaba unos ingresos fiscales cuantiosos para una economía en recesión que les permitían cubrir el presupuesto nacional.
Un hecho resaltante e histórico del mercado petrolero mundial ocurre cuando los precios del petróleo comienzan a descender producto de la política de precios llevada a cabo por Arabia Saudita, como un mecanismo de protesta contra la guerra entre Irak e Irán, las cuales supuestamente los estaban afectando. Los precios internacionales del petróleo llegaron a su mínimo nivel desde 1978, promediando en 12,5 dólares por barril en el año 1986.
Gráfico 5. Precio cesta petrolera venezolana desde 1979 hasta 1993
Por su parte, la política económica estuvo dirigida a financiar el presupuesto nacional y las inversiones por medio del endeudamiento de la economía, que incrementaron la deuda nacional en 12.504 millones de dólares (71,38%), la cual se ubicó en 29.973,5 millones de dólares (Gráfico 7), y las reservas internacionales mermaron en más de la mitad de lo que las recibió el gobierno de Lusinchi en 1984, ubicándose para el año 1988 en 7.068 millones de dólares (Gráfico 8).
Grafico 6. Producto Interno Bruto venezolano desde 1979 hasta 1993
Grafico 7. Nivel de endeudamiento público por gobierno (1979–1993)
En términos generales, la política petrolera del gobierno de Jaime Lusinchi tuvo como finalidad la defensa de los precios del petróleo, sobre la base de los acuerdos de la OPEP. La misma comienza a aplicarse a partir de enero de 1985, cuando el ministro Arturo Hernández Grisanti denuncia una campaña internacional contra la política de precios de la OPEP, promovida desde Washington, Estados Unidos. Luego y en el mismo tono, el 8 de mayo de 1985, acusa a la Unión Soviética y al Reino Unido de negociar grandes cantidades de petróleo crudo en el mercado ocasional, con el propósito de interferir con el trabajo del grupo de países exportadores de petróleo.
Gráfico 8. Reservas internacionales de Venezuela desde 1979 hasta 1993
En ese tono, Venezuela participa el 22 de septiembre de 1986, en la LXXIX Conferencia Extraordinaria de la OPEP, celebrada en Ginebra, Suiza, donde se acordó reiniciar la metodología de fijación de cuotas de producción para todos sus países miembros; y en el mes de diciembre de ese año, se celebra en la misma ciudad la LXXX Conferencia de la OPEP que tuvo una duración de nueve días, en donde se acuerda fijar el precio internacional del petróleo con base en una cesta de siete petróleos crudos, escogidos entre las segregaciones que venden los miembros, las cuales es conocido hoy como la cesta petrolera de la OPEP.
Dos años más tarde, en la LXXXIII Conferencia de la OPEP, reunida en Viena, Austria, el 14 de junio de 1988, los países miembros comienzan a analizar el problema del incumplimiento de las cuotas de producción por parte de algunos de ellos entre los que se encontraba Venezuela.
Maximización de la internacionalización de PDVSA
A partir de septiembre de 1986, el gobierno de Jaime Lusinchi le da continuidad al Programa de Internacionalización petrolera iniciada a finales del año 1982, materializándose con la autorización por parte del Ejecutivo nacional a Pdvsa de la adquisición de la mitad (50%) de Citgo, la cual es una importante compañía refinadora y distribuidora de productos del sureste de los Estados Unidos, con sede en Tulsa OK, y luego el 30 de enero de 1990, adquiere la totalidad de sus acciones. A continuación se describen otros eventos que demuestran como se fue maximizando el proceso de internacionalización de la petrolera estatal, tomados de Martínez (2000):
El 1 de enero de 1987, Pdvsa adquiere la mitad (50%) de Champlin, compañía refinadora y comercializadora en el sureste de los Estados Unidos y luego en enero de 1989 adquiere su totalidad. Entre marzo de 1987 y septiembre de 1988, Pdvsa compra la totalidad de las acciones de la compañía refinadora Champlin Petroleum ubicada en Corpus Christi TX – EUA
El 7 de julio de 1987, el ministro Arturo Hernández Grisanti firma en Beijíng, China, un convenio sobre investigación conjunta y proyectos de desarrollo en petroquímica con el presidente de la Corporación Petroquímica de China. El 12 de agosto de 1987, Pdvsa y Elf Aquitaine de Francia, firman convenio de cooperación en investigación y servicios técnicos. Y, El 01 de diciembre de 1988, Pdvsa y Unión Oil, California, (Unocal) convienen constituir por igual una empresa mixta, que incluye la refinería de Lemont, cerca de Chicago, EUA.
El regreso de Carlos Andrés Pérez
El 4 de febrero de 1989 se inicia el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez en el país y recibe una economía con cuatro años continuos de crecimiento de su PIB, promediando una tasa de crecimiento interanual del 4%, con unos precios del petróleo ubicados por el orden de los 13 dólares por barril, con las reservas internacionales más bajas desde 1973, 7.068 millones de dólares y con una deuda pública que rondaba los 29.793 millones de dólares.
Este Gobierno toma la decisión de aplicar lo que se denominó "el viraje económico", que era la aplicación de las políticas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional en forma de recetas para la reactivación de las economías de los países subdesarrollados. La aplicación de estas medidas en el primer año del gobierno de Carlos Andrés Pérez provocó una reacción social y política inmediata en el país que afectó directamente a la economía. El PIB para el año 1989 presentó una caída del 8,6% con respecto al año anterior.
Posteriormente, la creciente economía mundial y la guerra entre Irak y Kuwait, ambos países petroleros, ayudó al fortalecimiento de los precios del petróleo y a la salida de temporal de esa crisis económica en el país.
El regreso del engaño: la apertura petrolera
En cuanto a la política petrolera llevada a cabo por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se le dio continuidad al programa de internacionalización de Pdvsa, sin embargo, a partir de 1992, se toma la decisión de volver a abrirles las puertas a la entrada de las compañías transnacionales y sus grandes capitales en el negocio petrolero venezolano, para que nuevamente, como en los tiempos de las concesiones, llevaran a cabo la explotación y desarrollo de grandes lotes de terreno en el país.
A través de una fuerte campaña mediática gubernamental, pagada con recursos del Estado y con el argumento de que la industria petrolera requería urgentemente de capital privado, tanto nacional como internacional, para incorporarlos a las inversiones petroleras de Pdvsa, se recibieron bajo un ambiente de festividad, a las más grandes corporaciones petroleras del mundo para que se encargaran, mediante diversas modalidades de negocios, en importantes operaciones de desarrollo y explotación de crudos a lo largo del territorio nacional. Entre estas modalidades se destacaron los convenios operativos, asociaciones estratégicas para la producción de crudos, convenios de asociación para la exploración y outsourcing[37]para actividades de servicio. A esta estrategia de negocio se le denominó Proceso de la Apertura Petrolera.
Por su parte, Mendoza (2006: 200) insiste que ese proceso de apertura ya se había iniciado en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos: "…y justamente, con los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, las cuales constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano".
Esta política comienza a ejecutarse a partir del 28 de diciembre de 1990, cuando en la segunda asamblea anual de Pdvsa se aprueba el presupuesto del año 1991 y se acuerda aumentar la capacidad de producción de petróleo crudo a 3,1 millones b/d para el año 1993 y 3,3 millones para el 1995, reforzar los programas de la orimulsión y prever inversiones que permitan incrementar la flota nacional para poder cargar el 40% del total transportado. Cabe señalar, que de acuerdo con el BCV para el 31 de diciembre de 1990, la participación del ingreso petrolero en el ingreso fiscal total alcanzaba el 81,6%.
Esta estrategia de crecimiento la diseña el Gobierno nacional tomando en consideración las principales fortalezas de Pdvsa para ese entonces (1992) que según las estadísticas de la compañía petrolera British Petroleum (2009) contaban con unas reservas probadas de hidrocarburos por el orden de los 63,3 mil millones de barriles de petróleo y en 3,69 trillones de metros de cúbicos de gas.
En ese orden de ideas, la política petrolera del segundo gobierno de Pérez no cambió en nada de fondo de la aplicada en su primer gobierno, se volvió a entregar el negocio petrolero venezolano a los capitales transnacionales, representada en este caso por las grandes corporaciones petroleras, para que estas, ávidas de las ganancias y de los petrodólares que se transan diariamente en el mercado petrolero internacional, se instalen en el país y comiencen lentamente como lo hicieron por más de cien años, a apoderarse del corazón de la industria petrolera venezolana.
En esta oportunidad el engaño en materia petrolera, vino acompañado de argumentos técnicos diseñados y planificados por gerentes de Pdvsa, quienes a finales de 1990 le insistían al país que se había identificado una estratégica oportunidad de negocios para expandir su capacidad productiva, a objeto de atender y satisfacer una demanda energética creciente a nivel mundial.
Entre los argumentos técnico-económicos presentados al país por parte de la directiva de Pdvsa, pronosticaban que la demanda mundial de energía crecería a un ritmo del 2% anual, producto de la expansión económica de los países desarrollados y emergentes, a un crecimiento demográfico moderado, a los avances tecnológicos y a una mayor eficiencia en el uso de energía. Estos escenarios implicarían un aumento interanual de la demanda petrolera de 1,5%, que situaría el consumo mundial en 81 millones de barriles diarios para el año 2005.
De acuerdo con esa coyuntura, los técnicos de Pdvsa estimaron que para el año 2005, Venezuela podría satisfacer una demanda cercana a los 5,2 millones de barriles diarios entre crudo y derivados, y que para poder satisfacer y apoderarse de una parte de ese mercado creciente y sin dueños, debería hacer crecer la capacidad de producción nacional. Pero como Pdvsa no contaba con los recursos financieros suficientes para realizar las inversiones que se requerían, tomaron la decisión de abrir nuevamente el negocio petrolero a los capitales internacionales. De igual modo argumentaban que uno de los factores relevantes era la alta capacidad de negociación de Pdvsa con otras empresas del sector petrolero internacional, la cual se apoyaba en la experiencia adquirida y continuada en el proceso de internacionalización iniciada en el año 1982.
La orimulsión como una estrategia de mercadeo de la faja petrolífera del Orinoco
A partir del año 1985, Lagoven comienza las pruebas a escala piloto para el transporte por tuberías de un nuevo combustible de fabricación venezolana conocido con el nombre de Orimulsión, que es una emulsión en agua del petróleo ubicado en el campo Faja del Orinoco, en Morichal, Estado Anzoátegui, que debido a su composición química fue denominado por técnicos venezolanos, empleados públicos de la industria petrolera nacional, como bitumen natural. La estrategia comercial de Pdvsa se centró en la colocación de este combustible para la generación de electricidad en el mercado energético mundial, específicamente, para competir con el carbón como insumo para alimentar las plantas termoeléctricas. Un año después, en agosto de 1986, Lagoven y New Brunswick Power de Canadá comienzan un programa piloto para generación eléctrica usando este combustible.
Sucesivamente, varios países y compañías transnacionales manifestaron su voluntad de apoyar e invertir recursos para el desarrollo de la orimulsión en el país, ente ellos la Unión Soviética y Japón. El 20 de agosto, Pdvsa diseña y organiza Bitúmenes del Orinoco (Bitor), filial que se encargará de la comercialización de la Orimulsión. Y finalmente el 22 de diciembre de ese 1988, Petróleos de Venezuela y British Petroleum constituyen BP-Bitor para promover y mercadear la Orimulsión.
El gobierno de transición
En 1992 es depuesto Carlos Andrés Pérez y asume como presidente provisional Ramón J. Velásquez hasta el año 1994. La política petrolera nacional diseñada y dirigida directamente por la directiva de Pdvsa en ese Gobierno, dio continuidad a los programas de internacionalización y a los planes de apertura de la industria petrolera nacional. Entre los eventos más importantes de la época se identifican los siguientes:
El 25 de marzo de 1993, Lagoven se asocia con Exxon, Mitsubishi y Shell para realizar el proyecto "Cristóbal Colón", para comercializar el gas natural de los campos gigantescos del grupo Patao, con una inversión inicial de USD 5,6 millardos (Cuenca de Margarita).
El 30 de abril de 1993, Citgo Asphalt and Refining adquiere la refinería de Savannah GA-EUA, lo cual fortalece significativamente la posición de Citgo en el mercado de asfalto de refinería en la Costa Este de los Estados Unidos.
En mayo de 1993, la revista Fortune de los Estados Unidos ubica a Citgo en el puesto 53 entre las corporaciones industriales de los EUA. Asimismo, Citgo concreta negociaciones para adquirir de Amoco Oil una unidad de negocios de asfalto de refinería de 4000 toneladas diarias de capacidad y crear la compañía Lyondell – Citgo, a fin de expandir su producción en la refinería ubicada cerca de Houston TX-EUA a 35.000 metros cúbicos diarios de petróleo crudo pesado.
El 26 de agosto de 1993, se toma una decisión que vulneró los intereses del país a favor de las compañías transnacionales, el presidente por Ley Habilitante, sanciona la Ley de Reforma Parcial del Impuesto sobre la Renta, donde se excluyen a los contratistas con Pdvsa bajo convenios de asociación, del pago de impuesto sobre la renta por todos los enriquecimientos obtenidos en la explotación de hidrocarburos o de actividades conexas de refinación y transporte.
Restricciones de Estados Unidos a la gasolina venezolana
A partir del año 1992, nuevamente se suscitan enfrentamientos diplomáticos entre los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela en materia de comercialización del petróleo. En este caso los Estados Unidos comienzan a poner restricciones a la importación de gasolina reformulada venezolana argumentando que no cumplen con las normas ambientales exigidas por el primero. En junio de 1992, Citgo informa a Pdvsa la nueva versión discriminatoria del reglamento sobre las gasolinas que los Estados Unidos importarán desde el país a partir del año 1995. En enero de 1993, Pdvsa hace un nuevo petitorio a la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, con relación a que considere las exigencias que hace sobre la gasolina reformulada que se exportará a ese país a partir del año 1995 (Martínez, 2000)[38].
A esta problemática, el 1 de Octubre de 1993 se incorpora las compañías transnacionales, quienes comienzan a presionar a la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos para que prohíba la importación de gasolina reformulada venezolana por exceso de contaminantes. Entre otras compañías se mencionan Sun y Mobil. Esto obligó al ministro Alirio Parra a viajar a Washington DC., EUA, el 24 de octubre de 1993 para reunirse con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, reafirmándoles que la gasolina venezolana no es más contaminante que las producidas por los refinadores estadounidenses, al tiempo que les demostró las inversiones por más de USD 1,2 millardos que hacen Pdvsa y sus filiales para adecuar sus productos a las nuevas normas ambientales en ese país.
Antes estos inconvenientes el 20 de diciembre del mismo año, el embajador Alfredo Tarre Murzi denunció en Ginebra, Suiza, en la reunión del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), la restricción discriminatoria impuesta a la importación de gasolina reformulada venezolana por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos.
El 23 de marzo de 1994, la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos anuncia un acuerdo con Venezuela, con relación a la importación de gasolina reformulada. Luego, el 25 de marzo, miembros del Congreso de los Estados Unidos denuncian un acuerdo a puertas cerradas que permitiría la importación de gasolina reformulada. Y el 12 de diciembre de ese mismo año, Venezuela decide no mantener su controversia con los Estados Unidos en el GATT respecto a la importación de gasolina reformulada y acogerse a las nuevas reglamentaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio.
El 23 de enero de 1995, Venezuela solicita formalmente a los Estados Unidos iniciar consultas con relación a la importación de gasolina reformulada, conforme a los reglamentos del GATT. El 24 de febrero de 1995, Venezuela presenta a los Estados Unidos su reclamo con relación a la importación de gasolina reformulada, sin recibir justificación. El 20 de marzo de 1995, durante la semana, Venezuela y los Estados Unidos intercambian preguntas y respuestas por el caso de la discriminación a la gasolina reformulada, para concluir el período de sesenta días antes de solicitar a la Organización Mundial de Comercio el establecimiento de un grupo especial para dirimir la controversia.
El 29 de mayo de 1995, Venezuela entrega sus alegatos al Grupo Especial de la Organización Mundial de Comercio que estudiará el reclamo contra los Estados Unidos por discriminación a la importación de gasolina reformulada. El 31 de julio, el Ejecutivo nacional solicita a la Organización Mundial de Comercio que ordene a los Estados Unidos aceptar la importación de gasolina reformulada de Venezuela.
El 29 de abril de 1996, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio sentencia que ciertas normas ambientales de los Estados Unidos obstaculizan la importación de gasolina reformulada de Venezuela. El 22 de Mayo de 1996, la Organización Mundial de Comercio, al término del primer litigio internacional entres sus países miembro, condena las medidas discriminatorias de los Estados Unidos contra las importaciones de gasolina reformulada de Venezuela. El día 23 del mismo mes de Mayo, una misión del Gobierno de los Estados Unidos, de visita en Caracas, sugiere que en beneficio de las buenas relaciones entre los dos países, Venezuela ignore la decisión de la Organización Mundial de Comercio contra la discriminación a la gasolina reformulada.
El 19 de Junio de 1996, los Estados Unidos acepta el fallo de la Organización Mundial de Comercio que reconoce la discriminación a las importaciones de gasolina reformulada desde Venezuela. El 21 de Junio de 1996, la Oficina de Relaciones Comerciales Internacionales de la Casa Blanca advierte que los Estados Unidos requieren más tiempo para decidir la forma de implementar la decisión favorable a Venezuela, en el caso de las importaciones de gasolina reformulada.
El 7 de Mayo de 1997, los Estados Unidos propone a la Organización Mundial de Comercio la enmienda de la decisión favorable a Venezuela para terminar el trato discriminatorio a la gasolina reformulada.
El enfrentamiento continuo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, que duró aproximadamente cinco años, quedó cerrado el 13 de octubre de 1997, cuando el Secretario del Departamento de Energía estadounidense, Federico F. Peña, y el ministro de Energía y Minas venezolano, Edwin Arrieta, firmaron un Acuerdo de Cooperación Energética, cuyo objetivo principal fue "desarrollar actividades conjuntas en función del interés mutuo para promover el desarrollo y uso racional de la energía convencionales (especialmente de combustibles fósiles), eficiencia energética y energías renovables, y otros tópicos que las partes consideren"[39].
Dicho acuerdo contemplaba la ejecución de una serie proyectos: asociaciones para explotación de petróleo crudo, procesos de recuperación secundarias, entrenamiento de ingenieros petroleros en el sitio, intercambio de personal técnico, transferencia tecnológica y de información para la recuperación petrolera, inversiones en recursos energéticos ecológicos y en la petroquímica, y tecnología de perforación.
Intensificación del proceso de la entrega petrolera de los ´90
Con Rafael Caldera como presidente, se acentúa el proceso denominado por Pdvsa como la apertura petrolera, que como muy bien su eslogan lo describe fue un proceso donde se les vuelve a entregar parte del negocio de la explotación del negocio de los hidrocarburos a las compañías transnacionales, incluso, bajo mejores condiciones que en épocas de las concesiones petroleras. No sólo se entregó las áreas para explotar el petróleo crudo sino parte del negocio del gas natural cuya demanda mundial venía mostrando tendencias hacia el crecimiento. Por citar algunos casos recogidos de la cronología de Martínez (2000)[40], el 25 de enero de 1994, Lagoven, Shell, Exxon y Mitsubishi firman el convenio de asociación del proyecto "Cristóbal Colón", para constituir la empresa Sucre Gas, que desarrollaría el gas natural de la cuenca de Margarita.
El presidente Caldera, también le da continuidad a la política de internacionalización de Pdvsa y al desarrollo del comercio internacional de la Orimulsión. En los meses de abril y mayo de 1994 arranca con fuerza la Apertura Petrolera, para la cual Pdvsa desarrolla el programa de apertura de nuevas áreas para exploración y explotación con terceros.
El 24, 26 y 28 de julio de 1995, Pdvsa presenta en Houston, Nueva York y Londres el programa de Convenios de Asociación para Exploración a Riesgo y Producción Compartida. El 1 de agosto de 1995, Lagoven, Exxon, Shell y Mitsubishi anuncian el redimensionamiento del proyecto Cristóbal Colón, por causa de los bajos precios del gas natural. Las inversiones totales se redujeron a US$ 4,2 millardos, sin embargo, los estudios sísmicos ya habían confirmado reservas probadas por el orden de los 300 millardos de metros cúbicos.
El 22 de septiembre de 1995, Pdvsa notifica a 75 empresas haber sido debidamente preseleccionadas para intervenir en el programa de la licitación pública de 10 bloques para exploración y producción de hidrocarburos. El 20 de noviembre de 1995, Maraven, Total de Francia y Norsk Hydro y Statoil de Noruega constituyen la asociación estratégica Sincor, para explotar el petróleo crudo pesado del campo Faja del Orinoco.
El 19 de mayo de 1996, Pdvsa y Exxon firman acuerdo de intención para el quinto proyecto de asociación estratégico en el campo Faja del Orinoco (área principal de producción Cerro Negro). El 10 de julio de 1996, la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) firma convenios de asociación para la exploración a riesgo y ganancias compartidas con Mobil, Veba Oel y Nippon Oil para el área La Ceiba; con Elf Aquitaine y Conoco para el área Guanare; con Conoco para el área Golfo de Paria Oeste; con Enron e Inelectra para el área Golfo de Paria Este; con Pérez Companc para el área San Carlos; con British Petroleum, Amoco y Maxus para el área Guarapiche; con Amoco para el área Punta Pescador; y, con Luisana Land, Benton y normen para el área Delta Centro.
En diciembre de 1996, Coastal de los Estados Unidos negocia con Maraven una sexta asociación estratégica en el Campo de Faja del Orinoco. El 2 de Diciembre de 1996, Lagoven y sus eventuales socios Shell, Exxon y Mitsubishi, luego de cuatro años de estudios y análisis, suspenden el proyecto "Cristóbal Colón", con el cual hubiera comenzado la explotación a gran escala de los campos gigantescos de gas natural en el cuenca de Margarita.
El 31 de enero de 1997, Pdvsa, por intermedio de la filial Citgo, que para entonces manejaba 15.200 estaciones de servicio, toma el primer lugar en ventas de gasolina automotriz en los Estados Unidos.
El 13 de junio de 1997, la Fundación para la Defensa del Patrimonio Nacional (Fundapatria) plantea públicamente la necesidad de debatir con amplitud la apertura petrolera, los posibles sobornos y otros hechos de corrupción en las subastas realizadas por el Gobierno nacional.
El 29 de julio de 1997, Corpoven, Lagoven y Maraven firman 16 convenios correspondientes a las áreas licitadas en la Tercera Ronda de Convenios Operativos.
El 11 de agosto de 1997, Fundapatria denuncia el aviso comercial de ocho páginas inserto en la revista estadounidense Time, sobre la inevitabilidad de la privatización de Pdvsa, mediante venta de acciones.
El 8 de septiembre de 1997, CVP adjudica el campo Mata, en el Estado Anzoátegui, como parte de la Tercera Ronda de Convenios Operativos al consorcio Jantesa y Pérez Companc, quienes habían quedado como segundos ofertantes en el segundo proceso licitatorio.
El 28 de octubre de 1997, Pdvsa, Mobil y Veba Oel firman un convenio de asociación estratégica en el área productora principal Cerro Negro, ubicado en el Campo Faja del Orinoco, para procesar 6 millones de toneladas anuales de petróleo crudo extrapesado, con US$ 2,5 millardos inversión estimada. En el mismo acto, Pdvsa adquiere el 50% de las acciones de la refinería de Mobil en Chalmette, LA–Estados Unidos.
El 18 de mayo de 1998, los legisladores de las Islas Vírgenes (EUA) aprueban la venta a Pdvsa del 50% de la firma local Hess Oil, que opera una refinería en St Croix.
Por otra parte, en consideración con la situación que atravesaba la economía mundial, que incidía directamente en el mercado internacional y por ende se refleja en los precios internacionales del petróleo y consecuentemente en los niveles de ingresos de divisas en la economía de los países miembros de la OPEP, el 22 de marzo de 1998, Arabia Saudí, México y Venezuela, acuerdan en Riyadh, reducir su producción en 100.000 metros cúbicos diarios.
Debido a la crisis económica que tuvo un alto impacto en la economía venezolana, el presidente Rafael Caldera, el 4 de noviembre de 1998, dicta el Decreto con Fuerza y Rango de Ley que crea el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), cuyo objetivo era procurar que las fluctuaciones del ingreso petrolero no afecten el equilibrio fiscal, cambiario y monetario del país.
Sirva a manera de ilustración de la situación precaria que vivía la economía venezolana, que para el 27 de noviembre de 1998, el precio de la cesta petrolera venezolana alcanzó el nivel histórico más bajo desde 1973, al ubicarse en USD 7,98 / barril.
Rechazo de Estados Unidos al proyecto de la orimulsión
A pesar de que varios países del mundo estaban interesados e invirtiendo en el desarrollo tecnológico y comercial de la Orimulsión, producto 100% venezolano, el gobierno de los Estados Unidos, en fecha 23 de abril de 1996, rechazó un proyecto de conversión de una planta de generación eléctrica para que utilice Orimulsión cerca de Tampa, FL-EUA, representando un nuevo impasse en materia comercio-energética entre ambos países.
Sin embargo, el 3 de mayo de 1996, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano aclaró que la negativa del gobierno del estado de Florida de usar orimulsión para generación eléctrica no impedía su entrada en los otros 49 estados de los Estados Unidos.
En contraste con lo anterior, en ese mismo año, específicamente el 6 de mayo de 1996, en una visita oficial del presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China conjuntamente con el de Bitor, firman un memorando de entendimiento para el suministro de 500.000 toneladas de orimulsión a título experimental, que podría extenderse a 5,2 millones de toneladas por año. Estos acuerdos se comienzan a ejecutar a partir del 19 de agosto de 1996, cuando se realiza el primer envío de orimulsión a la Corporación Nacional China. De igual forma entre los planes del gobierno venezolano estaba la concreción de diversos acuerdos con países bálticos.
DEPENDENCIA VENEZOLANA POR EL MERCADO PETROLERO ESTADOUNIDENSE
Estados Unidos e Inglaterra son los únicos países del mundo que el negocio petrolero no está en manos del Gobierno nacional. Los procesos que se desarrollan en la industria petrolera desde la exploración hasta la comercialización son llevados a cabo por empresas privadas, en su mayoría transnacionales, incluso, el terreno y el subsuelo donde están depositados los hidrocarburos son de propiedad privada. El gobierno de los Estados Unidos no compra ni vende directamente petróleo con fines comerciales. A través del Departamento de Energía el Gobierno compra petróleo sólo con fines estratégicos: compras de crudo dedicadas a llenar su reserva estratégica. Tampoco es propietario de infraestructura de producción, refinación o comercio petrolero. Sólo administran las reservas estratégicas de crudo, es decir, los particulares son los dueños del terreno y de las riquezas del subsuelo, que constituidos como compañías petroleras, desarrollan el negocio petrolero en el mercado norteamericano.
La consideración anterior se hace para poder comprender el tipo de relaciones comerciales que Venezuela mantiene en materia petrolera con los Estados Unidos, que como hemos visto, es su principal cliente. Esta relación se podría caracterizar por ser una relación comercial Estado–Compañías Petroleras y no una relación Estado–Estado como ocurre con el resto de los países con las cuales Venezuela mantiene relaciones comerciales petroleras. En este caso la comercialización con los Estados Unidos es realizada directamente por las compañías petroleras privadas.
La dependencia de la economía venezolana por el desempeño de la estadounidense, siempre ha preocupado a sus gobiernos y a los agentes económicos, debido a la vulnerabilidad que esto representa. La actividad exportadora petrolera nacional se encuentra muy atada a ella. A pesar del clima de incertidumbre y los enfrentamientos diplomáticos que se han desarrollado entre ambos países a partir del año 2001, el comercio petrolero entre Venezuela y el gigante del norte ha fluido sin mayores tropiezos. De hecho, al primer país se le presenta una disyuntiva a la hora de materializar de manera injustificada cualquier tipo de recorte petrolero.
La vulnerabilidad viene dada por una serie de elementos geoestratégicos y estructurales de su sistema petrolero, dentro de las cuales están la cantidad de contratos suscritos a corto, mediano y a largo plazo directamente con las compañías petroleras, quienes son las garantes de la seguridad energética de los Estados Unidos. De igual forma, debido al tipo de refinerías especializadas para procesar la mayor cantidad de las reservas del crudo venezolano las cuales poseen ciertas características peculiares (ácido y pesado), que dificultan la colocación en otros mercados del petróleo que se deje de exportar a Estado Unidos. Y finalmente, debido a que no habría argumentos jurídicos para dejar de cumplir con las demandas legales por incumplimiento de los contratos suscritos previamente con las compañías petroleras, y tomando en cuenta la capacidad financiera de Pdvsa para cancelar las deudas que se vayan acordando de la liquidación de los contratos.
El presente
TOMA EL PODER LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
En febrero de 1999 asciende al poder el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien recibe un país con una economía nacional e internacional deprimida, el precio del petróleo venezolano promediando los 10 dólares por barril, una caída del PIB de aproximadamente 6,37% a finales del año 1998, la cual ubicó la tasa de crecimiento económico en apenas 0,3%, con reservas internacionales por el orden de los 14.849 millones de dólares y con una deuda total de aproximadamente 26.746 millones de dólares. Más adelante se describen con mayor profundidad el comportamiento económico del país durante este período gubernamental hasta el año 2006.
En cuanto a la política petrolera del gobierno de Hugo Chávez, no es hasta el 01 de enero del 2002 con la puesta en marcha el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se le da un vuelco contundente a la estrategia continuada de Pdvsa de internacionalización o capitalización hacia afuera, al proceso de apertura petrolera, al programa de desarrollo y comercialización de la orimulsión, a la política de desconocimiento de la OPEP como organismo fundamental para la defensa de los precios, a la estrategia expansionista de la producción, a la entrada masiva de las compañías transnacionales por medio de contratos de servicios que afectaban al interés nacional, entre otros.
A continuación se describen algunos eventos importantes que se desarrollaron en la industria petrolera venezolana en el año 1999 las cuales fueron diseñadas y ejecutadas directamente por los gerentes de Pdvsa.
El 15 de enero de 1999, Pdvsa anuncia que el presupuesto de inversiones acordado en la asamblea celebrada en diciembre de 1998, disminuirá en 15% y se ubicará en Bs. 3 billones 873 millardos. De igual forma, el presupuesto de gastos y costos disminuiría en 20% y se ubicaría en 3 billones 304 millardos, por causa de la baja en el precio del petróleo.
El 19 de febrero de 1999, el precio promedio del petróleo crudo venezolano en el mercado internacional es Bs. 4.590 / tonelada (USD 8,02 / barril).
El 7 de marzo de 1999, Statoil compra a la Corporación Nacional de Petróleo de China (contratada por Pdvsa) la mitad de su participación en el área Intercampo Norte del campo Costanero de Bolívar, estado Zulia.
El 11 de marzo de 1999, los ministros de Petróleos de Venezuela, México y Arabia Saudí convienen en la Haya, Holanda, disminuir la producción para fortalecer el precio internacional del petróleo. A partir de esta fecha el gobierno da un nuevo giro a la política petrolera venezolana: comienza la búsqueda del fortalecimiento de los precios del petróleo.
El 29 de marzo de 1999, la asamblea de accionistas de Pdvsa, por primera vez celebrada en el Palacio de Miraflores, presenta los resultados operacionales y financieros del año 1998 y la nueva orientación del negocio petrolero venezolano. El presupuesto de inversiones se rebaja en un 12% adicional al acordado en el mes de enero, alcanzando un monto total de Bs. 3 billones 404 millardos. De igual forma, se rebajó el presupuesto de gasto en 22%, ubicándose en Bs. 2 billones 577 millardos.
El 31 de marzo de 1999, el precio del petróleo crudo venezolano en el mercado internacional se recupera 70% en el término de mes y medio, ubicándose en US$ 13,41 por barril. El 23 de junio de 1999, un grupo de petroleros independientes de los Estados Unidos acusa a Venezuela ante la Secretaría de Comercio de Dumping y venta de petróleo subsidiado, por lo cual solicita se le aplique una tasa arancelaria por el orden del 177,52%.
El 29 de junio de 1999, los presidentes de Venezuela y Brasil firman en Río de Janeiro una declaración que incluye la creación de Petroamérica, empresa mixta de Pdvsa y Petrobras, para actuar en el área de su competencia en todo el mundo.
En julio de 1999, Venezuela invita a la celebración de la II Cumbre de Soberanos y Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros de la OPEP, prevista para febrero de 2000 en Caracas.
El 1 de agosto de 1999, el presupuesto de Pdvsa sufre un recorte adicional del 10%, es decir, de Bs. 400 millardos en inversiones, lo cual vendría a representar una disminución del 32% con relación al monto fijado en la asamblea de diciembre de 1998.
El 5 de agosto de 1999, Venezuela y México renuevan sin cambios el Acuerdo de San José, Programa de Cooperación Energética para Países de Centro América y el Caribe. El 16 de agosto de 1999, Pdvsa presenta una declaración sustitutiva del impuesto sobre la renta, sobre la base del precio convenido con el Ejecutivo de US$ 11,88 por barril, que genera ingresos adicionales al país por el orden de US$ 2 millardos.
El 28 de agosto de 1999, los ministros de Petróleo de Venezuela, Arabia Saudí y México acuerdan en Caracas extender los recortes de la producción hasta marzo del año 2000.
El 3 de septiembre de 1999, la Oficina del Comisario de Pdvsa anuncia que ha detectado diversas irregularidades en una docena de contratos de las rondas de reactivación de campos marginales, las cuales forman parte del proceso de apertura petrolera llevado a cabo en el país.
El 10 de octubre de 1999, la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente propone un articulado donde se prohíbe la venta de las acciones de Pdvsa, que son de la Nación, lo que suscita violento debate público. 13 de octubre de 1999, Pdvsa, Shell, Exxon y Mitsubishi cancelan definitivamente el proyecto "Cristóbal Colón", para la exportación de gas natural licuado de los campos de la Cuenca de Margarita.
El 7 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la reserva al Estado de todas las actividades relativas a hidrocarburos, excepto el gas natural, y una disposición constitucional que prohibiría la venta de acciones de Pdvsa.
El 20 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente proclama la nueva Constitución, la cual, en su artículo 12, establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles. Asimismo, en el Artículo 302 se declara reservada la actividad petrolera en manos del Estado y, en el Artículo 303 se establece que la Nación conservará la totalidad de las acciones de Pdvsa.
El 30 de diciembre de 1999, el precio promedio del petróleo crudo venezolano en el mercado internacional, que se venía recuperando incesantemente desde febrero, se ubicó en US$ 21,55 / barril.
La ley que revolucionó la industria petrolera venezolana
En el marco de las leyes habilitantes del año 2001[41]el Ejecutivo nacional aprueba el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos por medio de la Gaceta Oficial Nº 37.323 del 13 de noviembre de 2001, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 2002. Por primera vez en el país desde 1878, año en que se comenzó a explotar el petróleo en Venezuela con fines comerciales, una ley establece el aprovechamiento integral de las reservas de hidrocarburos, sea petróleo o gas, como base fundamental para el desarrollo nacional, donde el concepto de Seguridad Nacional es el elemento fundamental y cuyas competencias y responsabilidad recaen sobre el Estado venezolano.
En esta ley se regulan los recursos de hidrocarburos con miras a optimizar la industria petrolera venezolana. En su Artículo1º establece lo siguiente:
Todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades requiera, se rige por el presente Decreto Ley.
La industria petrolera sigue estando administrada por la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. en todos los procesos: exploración, producción, manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos en el país, pero ahora se le presenta al país y al mundo como una nueva empresa, totalmente subordinada al Estado y por consiguiente está en pleno control de la sociedad venezolana tanto las reservas petroleras como todo los procesos que se desarrollan en ella.
Uno de los hechos más importantes contenidos en este Decreto Ley, es que la participación fiscal nacional en todas las actividades que se desarrollan en la industria petrolera se aumentaron considerablemente tanto por concepto de regalías, impuestos y dividendos. En el caso de la regalía, que es la parte que le corresponde al Estado por ser propietario del recurso, quedó establecida en 30%, reemplazando el histórico 16,6% que estaba establecido desde los tiempos del presidente Isaias Medina Angarita. El carácter impositivo de la Ley, viene dado por la potestad del Estado para fijar los impuestos relativos a la realización de la actividad petrolera, fundamentalmente el impuesto sobre la renta, la cual pasó del 34% al 50%. Y finalmente, en su condición de empresario petrolero, le corresponde al Estado las utilidades sobre el negocio, las cuales toman la forma de dividendos.
Plan Siembra Petrolera
En agosto del 2005, Petróleos de Venezuela le ofrece al país el desarrollo del "Plan de la Nueva Pdvsa: el Plan Siembra Petrolera 2005 – 2030", como una expresión del desarrollo de una política soberana, popular y revolucionaria dentro de la industria petrolera y bajo la concepción de que Venezuela es un país clave para resolver la crisis energética mundial si se consideran las cuantiosas reservas de crudo probadas y probables (Ramírez, 2005)[42].
Este plan fue propuesto como el eje vertical del Plan de Desarrollo de la Nación con miras a contribuir a la desconcentración territorial, a fortalecer el sector industrial y los demás sectores productivos y sociales, con una visión a largo plazo, que busca la participación directa de Pdvsa en la construcción de un nuevo orden económico nacional y donde esta sea un instrumento al servicio de todo el país.
Cuando en el año 2005 se presentó este plan, se dividió en dos fases: una primera que iba desde el año 2006 al 2012, y otro que iba desde el 2012 hasta el 2030. En ambas fases se establecieron metas a alcanzar. Sin embargo, en el año 2011, la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. decidió cambiar las fases y sus metas, extendiendo la primera hasta el año 2018, como consecuencia de la difícil situación económica que se les presentó a los países industrializados desde el año 2007 y que se expandió a escala mundial, con secuelas que se continuaron sintiendo en el año 2011.
Los lineamientos generales del primer Plan Siembra Petrolera (2006-2012) eran los siguientes:
En el ámbito internacional, se promueve la Integración energética regional, a través del suministro de productos y la construcción y remodelación de refinerías, las cuales están enmarcadas dentro de la propuesta de Petroamérica, Petrocaribe, Petroandina y Petrosur; se trabaja por el fortalecimiento de los mercados tradicionales; por diversificar los mercados; y apuntalar la OPEP.
En el ámbito nacional, se plentea alinear las estrategias de inversiones en hidrocarburos al Plan de Desarrollo Nacional; democratizar el capital para alcanzar equidad social; apoyar las políticas públicas; y expandir la actividad petrolera aguas abajos.
El Plan Siembra Petrolera fue planificado para la puesta en marcha de seis grandes proyectos de desarrollo diseñados en dos etapas: una a ejecutarse entre el período 2005-2012 y otra en la etapa comprendida entre 2012 y 2030 (Pdvsa, 2005).
Los seis ejes fundamentales de este plan son los siguientes:
1.- Magna Reserva: Tiene como finalidad la cuantificación y certificación de las reservas probables de petróleo crudo que posee Venezuela en la Faja petrolífera del Orinoco, estimadas en ese momento en 235 mil millones de barriles.
2.- Proyecto Orinoco: Busca el desarrollo de la Faja petrolífera del Orinoco, para la cual se dividió esa vasta zona en 27 bloques para ser explotadas con esfuerzo propio y asociaciones con otras empresas privadas. Este proceso va acompañado del desarrollo social de zonas aledañas a la Faja.
3.- Proyecto Delta-Caribe: Este proyecto busca desarrollar el gas costa afuera en las áreas de la Plataforma Deltaza, en la fachada atlántica venezolana, en las aguas ubicadas al norte del estado Sucre, al oriente de Venezuela; así como las inmediaciones de la Península de Paraguaná, al noroccidente del país.
4.- Refinación: Se planteaba aumentar la capacidad de refinación en Venezuela en aproximadamente 700.000 barriles diarios en el mediano plazo, para la cual se tiene contemplado la creación de los siguientes centros refinadores: Cabruta (con capacidad de 400.000 barriles diarios de crudos extrapesados), batalla de Santa Inés (50.000 barriles diarios) y Caripito (50.000 barriles diarios destinados a la producción de asfalto).
5.- Infraestructura: Se había estimado construir más llenaderos y poliductos para garantizar a todo el territorio nacional el suministro de combustibles. De igual forma se tiene previsto desarrollar la construcción de gasoductos con fines de exportación.
6.- Integración: Para darle cumplimiento a la proyección internacional de Venezuela como una potencia energética, se preveia desarrollar una serie de inversiones en varios países latinoamericanos, para así consolidar el proceso de integración regional en materia energética que ha venido, impulsando el gobierno de Hugo Chávez Frías desde el año 2000, para la cual se tiene planificado suplir de forma directa volúmenes de crudo y productos a países del Caribe, por medio de lo acordado en Petrocaribe, y con la ampliación de la capacidad de refinación en esa zona. De igual forma, con lo suscrito en Petrosur y con la concreción de la firma de varios acuerdos con los gobiernos del Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Nicaragua y Cuba, para el desarrollo de asociaciones estratégicas en materia petrolera.
Con el Plan Siembra Petrolera el Gobierno nacional estimaba crear las condiciones favorables para estimular la entrada de nuevos capitales nacionales y extranjeros, de tal forma que permita modernizar la industria, desarrollar campos activos y marginales, y fundamentalmente, diversificar la oferta exportadora de hidrocarburos, en atención a los requerimientos del mercado petrolero mundial.
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