Así mismo, también se entiende por servicio público, en sentido orgánico, la creación de una dependencia administrativa dentro de la estructura del Estado o de la administración pública para satisfacer determinadas necesidades de interés colectivo o público. A esta afirmación se contrae lo dispuesto en el artículo 236 CRBV. – Num. 20, 8 y 24 en concatenación con el artículo 196 CRBV – Num. 6: Atribuciones de la Comisión Delegada «Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada».
Características de los Servicios Públicos.
Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los rasgos más resaltantes de los servicios públicos pueden compendiarse así:
Todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico gerencial y con cuidadosa consideración a las funciones del proceso administrativo científico: planificación, coordinación, dirección, control y evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido material y operativo.
Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua para que pueda sastifacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan.
La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan.
Generalmente les sirve un organismo público, pero su prestación puede ser hecho por particulares bajo la autorización, control, vigilancia, y fiscalización del Estado, con estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente. (Arts. 113, 184 de la CRBV.).
ABSTRAC
EXECUTIVE SUMMARY
SUBJECT: The Public Service Act.
TUTOR: Arturo Clery
DATE: August 5, 2010
Concept. "We understand public services, activities, entities or public or private bodies with legal personality created by constitution or by law, to give satisfaction on a regular and ongoing needs of certain categories of general interest, either directly, by dealer or through any other legal means, subject to a system of public or private law, as appropriate. " Analysis
When he says "are activities, entities or public bodies or private" this expression refers to public services, in a material sense, ie, any task undertaken by a public entity, whether it's the Republic, the Capital District, the States, Municipalities and Metropolitan Districts "legal persons of public law of a territorial nature, or provided through functionally decentralized entities: autonomous institutes, state enterprises, foundations, associations and civil societies of the State (non-territorial entities). However, note that public service can also be undertaken by individuals in accordance with relevant legal. Likewise, it also means public service in the organic sense, the creation of an administrative unit within the structure of the State or public administration to meet certain needs of collective or public interest. This statement is contracted to the provisions of Article 236 CRBV. – No. 20, 8 and 24 in concatenation with Article 196 CRBV – No. 6: Duties of the Executive Committee "authorize the National Executive by the favorable vote of 2 / 3 of its members to create, modify or suspend services public in the event of proven emergency. "
Characteristics of Public Services.
According to the doctrine and law that governs them, the most outstanding features of public services can be summed up thus:
A. All public service must be provided with a technical managerial and with careful consideration to the administrative functions of the scientific process: planning, coordination, direction, monitoring and evaluation, both in its conception as in organic material and operational sense. B. Should work on a permanent basis, ie a regular and continuous so you can sastifacer needs of communities over the interests of service providers. C. The provision of public services should not aim primarily for profit; comes before the interest of the community for the purpose of economic benefit of individuals, organizations or public or private entities that provide them. D. Usually they serve a public body, but its provision may be made by individuals under the authority, control, monitoring and control of the state, with strict adherence to the relevant law. (Arts. 113, 184 CRBV.).
Tomado del Diario "El Universo", Lunes 18 de enero del 2010
Efecto en Derechos Laborales por nueva estructura
QUITO. El ministro Germánico Pinto (i), Patricio Rivera y Patricio Ruiz son parte del directorio de la Empresa Nacional Minera.
Los derechos laborales se vuelven restrictivos en las nuevas empresas públicas. En el discurso el Gobierno, en el Plan de Desarrollo Nacional, critica cómo los regímenes anteriores destruyeron a las empresas estatales, pero también asegura que es necesario "reglamentar a la sindicalización en el sector petrolero, en atención a su carácter estratégico".El resultado de lo anterior: "No tienes derecho a sindicalización, ni a contratación colectiva, ni derecho a huelga", asegura Diego Cano, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros, quien fue despedido de la estatal.
Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, coincide con Cano en que la pérdida de esos derechos es un problema en la ley. No ve contradicción en esa pérdida y el Gobierno que se autodeclara socialista, pues considera que en realidad "por ninguna parte es de izquierda".
El problema para los trabajadores surge en los artículos 17 y 18 de la Ley de Empresas Públicas, en la cual se los divide entre servidores públicos y obreros. Con esa clasificación solo se permite la organización del sector obrero, a quienes se relaciona con actividades operativas, más manuales. El resto se ampara en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que en las próximas semanas sería reemplazada por la nueva Ley de Servicio Público.
García cree que el Gobierno creó una gran expectativa en los trabajadores, al plantear que se buscaría fortalecer las empresas estatales transformándolas en públicas. Sin embargo, para García, los anuncios no se concretan.
Admite, de otro lado, que la fusión de las empresas significará el despido de varios empleados: "La parte administrativa será la más golpeada".Mientras que Cano asegura que la defensa laboral se ha vuelto muy difícil, pues el Gobierno ha descabezado a la organización sindical.
Tomado del Diario "El Universo", Jueves 21 de enero del 2010
Servidores públicos rechazan pago mensual de décimos sueldos
Remigio Hurtado, vicepresidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, asegura que cuenta con el apoyo de los jefes de bloque de la Legislatura para no dar paso a esta reforma.Señaló que, en busca de apoyo en la Asamblea Nacional, ha logrado dialogar con Paco Mocayo, los asambleístas del ADE, ID, Prian, SP, Madera de Guerrero y "tenemos muchos servidores y servidoras públicas que también están con nosotros en la posición de rechazar esta propuesta de Richard Espinosa (Ministro de Relaciones Laborales)".Hurtado asegura que estas reformas deberán pasar por la Asamblea Nacional y no podrán entrar en vigencia por decreto Ejecutivo.El pago mensual de los decimotercero y decimocuarto sueldos, junto con los fondos de reserva y una remuneración variable en función de las utilidades, están entre los cambios en la política salarial para este año, según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Hurtado indicó que lo que pretende el Gobierno con esta decisión es que si no aceptamos esta mensualización de los décimos sueldos, "no habrá incremento salarial en el 2010".
Destacó que en el presupuesto general del Estado para el 2010 hay $ 6 mil millones más que en el 2009 y de ese dinero, no hay destinado nada para la remuneración de los servidores públicos.
Razón por la que hacen un llamado a los servidores públicos del país para prepararse para la gran marcha nacional pacífica que realizarán el día que se debata en segunda instancia la Ley de Servicio Público
Tomado del Diario "El Universo", Viernes 23 de abril del 2010 política
Mandatario apunta a reducir recursos de FF.AA. a futuro
El presidente Rafael Correa manifestó ayer que es necesario revisar el monto del presupuesto destinado para las Fuerzas Armadas. "En esta nueva época nuestra única guerra es contra la pobreza, la inequidad, el desempleo, la corrupción, la injusticia", dijo en el marco de la ceremonia del cambio de la cúpula militar.
Según el Mandatario, se debe pensar que el gasto en defensa alcanza los $ 1.600 millones, de los cuáles $ 398 millones son para invertir en la recuperación de la capacidad operativa de las FF.AA.; el resto, para sueldos y salarios de los más de 40 mil uniformados. Esto representa, según Correa, el 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
El presupuesto para Defensa Nacional se incrementó en la pro forma presupuestaria del 2010. Mientras en el 2009 esta contemplaba recursos por 1.287 millones de dólares, en el 2010 llegó a $ 1.670 millones, es decir, registró un aumentó de $ 383 millones, que equivale al 29,8% de incremento."En el futuro, estas cifras deben disminuir al menos en términos relativos al PIB, para dar paso a mayores recursos en ciencia y tecnología, educación, salud, vialidad, vivienda", puntualizó el Jefe de Estado.El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, manifestó que bajo ese criterio se "está negociando" con las autoridades militares una eventual reducción del monto destinado para la inversión militar en el presente año.
Correa, además, señaló que se debe analizar la vigencia de ciertas unidades militares que perdieron su razón de ser, no precisó cuáles, además de optimizar los recursos, simplificar y unificar estructuras administrativas y operativas y reducir el número del personal. También dijo que se debe racionalizar las cesantías y jubilaciones de la fuerza pública para regular distorsiones como el nivel de ingresos de los generales en servicio pasivo que ganan más que los activos.Se mostró en desacuerdo de que los militares aporten el 23% de su salario para la seguridad social. Dijo que con la nueva Ley de Servidores Públicos que se debate en la Asamblea, se tendrá una adecuada cesantía para militares y policías.
El comandante del Ejército, Luis Aguas, señaló que el solo anuncio de la revisión salarial ya es un motivo de preocupación. Pidió al mando militar que realice los estudios correspondientes para que no afectar los ingresos de los oficiales.
"Las jubilaciones son justas y dignas en función de los importantes aportes y el esfuerzo a lo largo de nuestra vida militar".
Tomado del Diario "El Universo", Viernes 24 abril | 10:58 política
Servidores públicos pendientes de definiciones en fondos de reserva
Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, confía en que esta mañana se introduzca la modificación en el pago de los fondos de reserva.
La sesión extraordinaria para el análisis del Proyecto de Ley sobre los fondos de reserva y régimen solidario de cesantía estaba prevista para las 09:00 de este viernes en el palacio legislativo.
A criterio de García, en lugar de cambiar la periodicidad del pago al mensualizarlo, lo que amerita reformarse es que el monto de la aportación (8.33 %) de la remuneración completa contemplada en el artículo 282 de la Ley de Seguridad Social concuerde con el artículo 104 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Señaló que de acuerdo al documento, se indica que el porcentaje será sobre el monto de aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), "lo que ocasiona un perjuicio especialmente a los servidores públicos".
García mencionó a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que reconoce que se han hecho modificaciones basadas en las acotaciones que el sector ha realizado, pero no se reconoce el monto completo establecido en el 282.Además, señaló que no es factible que el empleador deposite los fondos directamente en la cuenta del trabajador sino en el IESS, porque es la única manera que tiene el afiliado de determinar que el patrono ha entrado en mora, explicó.
Expresó que si el empleado "reclama directamente al patrono… eso implica en algunos casos despido del trabajador por reclamar sus derechos".
Tomado del Diario "El Universo", Miércoles 05 de mayo del 2010
Comisión analiza presión en presupuesto por Ley
La Ley de Servicio Público, que debe presentarse para segundo debate este viernes, preocupa a asambleístas y a sindicalistas por el impacto presupuestario que tendría en las arcas del gobierno central y en las de los municipios.
Por ello, hoy deben asistir a la Comisión Legislativa de los Trabajadores (presidida por la asambleísta Nivea Vélez, del ADE) miembros del Ministerio de Finanzas (el Ministro no irá porque se presentará en la Comisión de Seguridad Social) a fin de explicar cuáles son los problemas que generaría esa legislación y las que serían posibles soluciones.Según Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, la nueva ley presionará efectivamente los presupuestos de las entidades del Gobierno y de los municipios debido a que uno de los cambios principales es la homologación de los salarios de los municipios a los del sector público central.
Adicionalmente, para García otro problema que afectaría los presupuestos es la transitoria séptima en la que se indica que todo funcionario que ha estado laborando en el sector público durante 36 meses a contrato podrá tener un nombramiento regular definitivo.
García señaló que los beneficiados en este tema serían unos 65 mil nuevos contratados que ingresaron justamente durante este Gobierno. Ellos estarían ingresando al sector público sin concurso de merecimientos como lo manda la ley.
Sobre el tema, Linder Altafuya (MPD), asambleísta miembro de la Comisión de los Trabajadores, explicó que el tema de la homologación es un "nudo crítico", pues si bien los empleados ganarían mayores recursos, habría municipios que podrían quebrar, pues sus recursos no son suficientes. Altafuya indicó que el Gobierno deberá entregar más recursos para poder cubrir los requerimientos de la ley.
Adicionalmente, sostuvo que se analizará, en estos pocos días de plazo, la transitoria séptima, pues mientras se han quitado derechos laborales a los trabajadores de varios años, ahora se pretende dar estabilidad a quienes entraron hace 36 meses con el actual régimen.
Altafuya explicó que la ley ha sido modificada para garantizar ciertas condiciones de estabilidad a los trabajadores, como evitar que exista el despido intempestivo en contra del servidor público.
Tomado del Diario "El Universo", Lunes 10 de mayo del 2010 política
Explicación de aporte estatal puso en apuros a autoridades
QUITO. La sugerencia de eliminar el aporte estatal a las pensiones jubilares se hizo antes de que llegara a la comparecencia Ramiro González (c). Lo planteó el subsecretario Fernando Soria (d).
La declaración que venía del subsecretario del Crédito Público del Ministerio de Finanzas cayó como balde de agua fría a algunos afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y representantes de servidores públicos que se encontraban en el tercer piso de la Asamblea.Eran las 10:30 del miércoles pasado y en la mesa de sesiones de la Comisión de lo Económico, con los micrófonos activados y en son de explicación, Fernando Soria acababa de topar un tema sensible: sugería revisar la obligatoriedad del pago del 40% de las pensiones jubilares, que representan al Gobierno $ 500 millones al año.
"Cualquier seguro debería financiar el 100% de las pensiones. Históricamente el IESS tuvo desfinanciamientos, por eso en algún momento se pidió que en la ley diga que el Estado deberá contribuir con el 40%. Pero ahora el IESS sí tiene para pagar el 100%", dijo.El joven delegado del ministro Patricio Rivera, quien se había definido a sí mismo como un funcionario técnico y no político, fue un poco más allá. Dijo: "En la Asamblea, como sugerencia, se debería ver si es conveniente o no si (el 40%) debe ser un valor dentro de la ley".
Soria hizo la sugerencia alentado por unas declaraciones previas de Paco Velasco. El asambleísta oficialista había explicado a su colega Patricio Quevedo: "Este 40% es un subsidio… es un aporte extra que hace el Estado". Según Velasco, no se le puede reclamar ese pago con la misma entereza que los aportes patronales, pues el Estado podría responder: "Un ratito, es una cosa voluntaria".
Solo Quevedo (PSP) lo refutó al indicar que esa contribución no es un favor del Gobierno. En la disposición 16 de la Ley de Seguridad Social se establece entre las "contribuciones obligatorias del Estado" ese 40%. Como en pocas ocasiones, el discurso de Finanzas y de Velasco recibieron el beneplácito del asambleísta del Prian, Rodolfo Baquerizo, pues expresó que el IESS saldría aventajado si se dejara de pagar el 40%, pues el Gobierno de turno no se sentiría con derecho sobre los fondos de los trabajadores.
Y el discurso que refería la anterior ministra Elsa Viteri fue repetido por Soria, cuando se le pidió que explicara por qué no se pagó ese 40% y asistencia de salud (que llegan a $ 815 millones, según el IESS). "Sabíamos que había una disponibilidad financiera que se podía utilizar para cubrir otra necesidad (…) en su momento la ministra, con la venia del señor Presidente, tomaron los recursos de este lugar, que sensiblemente no eran tan impactantes".
También quiso llevar a la reflexión a los asambleístas que para pagar $ 500 millones al año en pensiones hubieran tenido que dejar de pagar un mes y medio de sueldos públicos.
Ya eran las 11:10 cuando llegó el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González. Entonces empezó la comparecencia formal en la cual no se mencionaron temas sensibles. Se aseguró que se pagará la actual deuda lo más pronto posible, cuando se establezcan los montos, y que será con bonos del Estado.
Al día siguiente, aunque no estuvo en la primera media hora de reunión, González negó que Finanzas haya hablado de una posible eliminación del 40% de las pensiones. Dijo que sería técnicamente imposible y más bien se propuso encontrar un mecanismo para asegurar dicho pago de forma directa a la Seguridad Social. El Ministerio emitió un boletín: "El Ministro aclaró que en los informes entregados a la Comisión se abordaron temas relacionados con la deuda que mantiene el Estado con el IESS, y no de otro tipo de decisiones sobre subsidios".
Contrario al boletín oficial que emitió la Asamblea, que reproducía las declaraciones de Soria: "El IESS al contar con los recursos suficientes, bien podría asumir el 100% de las pensiones jubilares". "Para ello, sugirió que se analice la posibilidad de una reforma a la ley".
Tomado del Diario "El Universo", Lunes 24 de mayo del 2010
Nuevas normas para gratuidad, docencia y carreras en informe
QUITO. Las universidades analizaron el miércoles en una asamblea nacional el informe de la Comisión de Educación.
La gratuidad de la universidad estatal, el régimen laboral de los profesores y la selección de las carreras tendrán un nuevo esquema, nuevas reglas, una vez que se apruebe la Ley de Educación Superior, cuyo proyecto se encuentra en la Asamblea Nacional.
El informe para el segundo y definitivo debate –elaborado por la Comisión de Educación– está listo desde el pasado 7 de mayo. Este contiene nuevas disposiciones respecto a estos temas.
Allí se contempla que para el ingreso a universidades estatales los alumnos deberán participar en un sistema de nivelación, cuyas normas serán desarrolladas en un reglamento.
La gratuidad se aplicará en la educación de tercer nivel (cuando se elige la profesión que desea seguir) para los estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 50% de los créditos y aprueben en las condiciones ordinarias.
No se cubrirá la segunda ni la tercera matrícula.
Para el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE de Pichincha), Carlos Torres, la gratuidad debería abarcar hasta el cuarto nivel (de posgrado) y manejarse con criterios de responsabilidad académica.Ese documento –además– considera en este régimen a casos especiales, como el de estudiantes embarazadas o en periodo de lactancia, así como personas que sufren accidentes, enfermedades graves o calamidades domésticas que sean debidamente comprobadas.Actualmente, la matrícula y los aranceles (derechos) son gratuitos.El director financiero del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), Jorge Carrillo, considera que la gratuidad es un caos, porque los estudiantes creen que todo es gratis, cuando existen aranceles que tienen un costo. Por ejemplo, el uso de laboratorios, los formularios de inscripción, el servicio de Odontología, derecho de arrastre de matricula, cambio de carrera y otros.
En el informe para segundo debate se modifica la situación de los profesores universitarios, que pasarían a ser considerados servidores públicos. Los que trabajen a tiempo completo deberán cumplir 40 horas semanales; los de medio tiempo, 20 horas; los de tiempo parcial se regirán a lo que disponga el reglamento.
Para ser profesor titular se exigirá un título de PhD, que será obligatorio después de diez años de vigencia de la nueva ley.
En el reglamento se determinarán las condiciones de los docentes e investigadores. Allí se fijarán las garantías laborales, como la cobertura de Seguridad Social, y también las normas de ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, sanciones, jubilación y cesación.
El presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos (Fenapupe), Ernesto Álvarez, considera que el incremento de horas semanales deberá compensarse en los sueldos. "Si no hay incremento salarial, nos mantendremos con la misma carga horaria de 30 horas", sentencia.
Para este dirigente, ese tema de los profesores no fue consensuado.Respecto a las carreras universitarias, el informe propone que luego de una evaluación, estas sean ratificadas o eliminadas, dependiendo de las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).
Si las universidades no acatan esta disposición podrían ser sancionadas con la suspensión del financiamiento por parte del Estado.
Según el Consejo Nacional de Educación Superior, hasta el 2009 se registraban 3.681 carreras, con 502.913 alumnos matriculados.Para Xavier Tomalá, asambleísta de PAIS que forma parte de la Comisión de Educación, la evaluación contínua para acreditar las carreras y los programas académicos es necesaria. "Si no cumplen, el Estado no puede invertir en carreras y programas académicos que no dan resultado", señala.Esta comisión legislativa también elaboró un informe de minoría que propone la gratuidad sin excepciones, incluyendo –por ejemplo– la segunda y tercera matrícula.
Xavier Tomalá
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
"El Estado no puede invertir en carreras y programas académicos que no dan resultado".
Reglas propuestas
Presupuesto para investigaciones
Las instituciones de educación superior de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos al menos el 6% a publicaciones académicas, becas de posgrado a sus profesores e investigaciones dentro del marco del régimen de desarrollo nacional. Requisitos para los rectores
El rector de una universidad será a tiempo completo y durará en el cargo cinco años. Él podrá ser elegido consecutivamente por una sola ocasión y deberá poseer un título de PhD, el cual será obligatorio en un plazo de diez años a partir de la promulgación de esa nueva legislación. Los candidatos deberán contar al menos con maestría.Becas para el 15% de estudiantes
Las instituciones de educación superior que sean particulares y que no reciban rentas del Estado deberán establecer programas de becas y ayudas económicas que beneficien por lo menos al 15% del número de estudiantes regulares. Las universidades y también escuelas politécnicas particulares que reciban rentas del Estado deberán destinar los recursos asignados por el Estado a la concesión de becas para los estudiantes de escasos recursos económicos desde el inicio de la carrera.Ayuda a mujeres y discapacitados
Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos suficientes, especialmente las mujeres que estén embarazadas, que tengan hijos menores de cinco años de edad o que sean jefas de hogar; las personas con discapacidad y los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales .
Será pública la U. intercultural
Al cabo de un año, la universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas Amawtay Wasi realizará el correspondiente trámite ante los organismos de Estado para cambiar su personería jurídica y con ello convertirla en una universidad pública. De esa manera esta será partícipe de las rentas que asigna el Estado a las universidades y escuelas politécnicas públicas del país.
Incompatibilidad con proselitismo
Las universidades y las escuelas politécnicas son el centro del debate de tesis filosóficas, religiosas, políticas, sociales y económicas, por lo que la educación superior es incompatible con la imposición religiosa y con la propaganda proselitista política partidista dentro de los recintos educativos.
Políticos no podrán financiar eventos
El informe para segundo debate establece la prohibición a los partidos y movimientos políticos de financiar actividades universitarias o politécnicas.
Tomado del Diario "El Universo", Martes 08 de junio del 2010
El mandato 8 se ignora en algunas entidades
La Asamblea Nacional Constituyente emitió el Mandato 8 para "terminar con la tercerización" y para que los servidores públicos tengan una "relación laboral directa y bilateral entre trabajador y empleador".Sin embargo, en muchas instituciones públicas, a partir del 1 de enero del 2010 han cancelado todos los "contratos directos" que tenían firmados con los servidores que estaban tercerizados, obligación que fue suscrita para cumplir aparentemente el Mandato 8, pero las autoridades institucionales desconocieron el derecho de los servidores contratados.Situación que compromete al Estado a pagar "grandes indemnizaciones" con intereses, a través de las demandas laborales presentadas por sus servidores despedidos, los que fueron cancelados para ser reemplazados por partidarios y allegados a Alianza PAIS, que no tienen ninguna experiencia profesional ni laboral para desempeñar el cargo asignado políticamente.Violación legal que trae como consecuencia el despilfarro de los fondos públicos, debido a las demandas legales innecesarias y, además, por los nuevos grandes sueldos pagados a los recién llegados como empleados y asesores de las autoridades institucionales.
Por un buen tiempo se engañó a los servidores tercerizados que fueron contratados directamente, con el cuento de que se estaba tramitando la aprobación de creación de puestos por parte del Ministerio de Finanzas, a fin de dar supuestamente cumplimiento al Mandato constituyente Nº 8.Pero, hubo violación de aquel a pesar de que existe un pronunciamiento del Director Regional del Trabajo del Litoral, acerca de la situación laboral de los trabajadores y personal administrativo, asumidos conforme al Mandato Constituyente Nº 8, y sujetos a la Loscca, que se les darán los respectivos nombramientos definitivos a través de las respectivas Acciones de Personal.
Asimismo, se ha violado en materia laboral la Constitución de la República, la Loscca y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.César López Iturralde
doctor, Guayaquil
Tomado del Diario "El Universo", Miércoles 09 de junio del 2010
Cambios en la Ley de Servicio Público
La Asamblea Nacional debatirá y aprobará mañana la Ley de Servicio Público, que garantiza la estabilidad laboral en el área pública de aquellos que actualmente laboran y además ratifica que ningún servidor público podrá ganar más de cinco mil dólares mensuales.
Esta ley regirá para los 440 mil funcionarios públicos. La normativa no cobija a los maestros o profesores porque se determinó que ese grupo de servidores se regirán por la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.Para los servidores públicos de los gobiernos seccionales se determina que serán regidos por esta ley, aunque en materia salarial se respeta su autonomía, cuya actual remuneración tiene un piso de 360 dólares mensuales con un techo de hasta cinco mil dólares.El informe fue suscrito unánimemente por los miembros de la comisión, destacó la presidenta de ese organismo, Nívea Vélez, quien resaltó que en la ley se desecha la figura del despido intempestivo de aquellos servidores que actualmente laboran en el sector público.En la ley se elimina la figura de los contratos ocasionales, pues los asambleístas consideran que toda persona que ingrese al sector público debe hacerlo por concurso de méritos y de oposición, y que además el cargo debe estar vacante.
Las personas que laboran en el sector público en situación de riesgo, como radiólogos, enfermeras, etc., tendrán seis horas de trabajo, pero con una remuneración igual.
Además, se amplía de nueve meses a un año los meses de lactancia materna para las madres servidoras públicas.
Tomado del Diario "El Universo", Viernes 11 de junio del 2010
Colegas y oposición critican a la oficialista Nívea Vélez por norma
QUITO. El debate de la Ley de Servicio Público llevó a constantes consultas entre los asambleístas de PAIS y de la oposición.
El informe para segundo debate de la Ley de Servicio Público no se alejó de las críticas de los asambleístas, quienes ayer advirtieron que la normativa violaría la Constitución y garantizará prebendas a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno.
El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (PAIS), quien resaltó las bondades del proyecto sobre la estabilidad laboral de los servidores públicos, montos de jubilaciones, regulación salarial, bonificaciones geográficas, beneficios de maternidad, evaluación laboral, entre otras.Pero las críticas se iniciaron con la intervención del gobiernista Mauro Andino, quien advirtió que se está legislando de manera ambigua, general e imprecisa y pidió eliminar beneficios inconstitucionales contemplados en las disposiciones generales del proyecto respecto a pagos de horas extras y suplementarias a favor de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional Electoral.
Seguidamente, la oficialista Betty Amores lamentó que los 9 asambleístas de la comisión hayan suprimido el capítulo de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, lo cual es grave porque la disposición transitoria de la Constitución establece que se debe aprobar "la normativa para regular el servicio público y no una ley para los servidores públicos", dijo.El asambleísta Paco Moncayo (AL) advirtió que la ley permite el ingreso de cien mil empleados públicos en cada cambio de gobierno, pues dijo que según el Ministerio de Finanzas reveló que desde el 2007 han ingresado 105 mil nuevos empleados públicos, de los cuales 26 mil recibieron nombramiento.
Lo más tenebroso, añadió, es que en la ley se ordena la contratación temporal del 20% del total de servidores públicos cada inicio de gobierno, con lo cual ingresarían cada cuatro años 100 mil empleados al sector público. ¿Hay dinero para cubrir esos gastos?, preguntó.
El gobiernista César Rodríguez, quien al inicio de su intervención recibió pifias desde las barras altas, sugirió la eliminación del texto que excluye a los gobiernos autónomos, descentralizados, sus entidades y regímenes especiales de las escalas salariales que fijará el Ministerio de Relaciones Laborales que determina que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.
También observó el artículo sobre el personal docente que menciona que los maestros en todos niveles y modalidades estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, lo cual puede generar conflictos cuando se aplique la normativa.
Más datos: ELABORACIÓN DE TEXTOS
Próximo debate
Tras el debate de la Ley de Servicio Público y las sugerencias expuestas por los asambleístas del oficialismo y de la oposición, la comisión especializada recogerá las observaciones planteadas en el pleno y presentará un nuevo texto para la votación en la próxima sesión que aún no tiene fecha.
Tomado del Diario "El Universo", Miércoles 16 de junio del 2010
Ley de servicio público va a debate
La Asamblea Nacional intenta hoy aprobar en segundo y definitivo debate la Ley de Servicio Público, para lo cual hasta ayer en la tarde la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (ADE), intentaba llegar a consensos en cuatro puntos.Uno de los temas observados tiene relación con una transitoria que dispone otorgar nombramientos a aquellos empleados públicos que estén bajo la modalidad de contrato por dos años consecutivos. En el tema de los gobiernos seccionales existe una discrepancia respecto a la garantía para que los servidores municipales puedan alcanzar una escala salarial que valore su esfuerzo, todo ello, sin afectar la autonomía de los gobiernos descentralizados, afirmó la asambleísta Vélez.Otro punto crítico también se refiere a la sugerencia que se dio en el debate de que la ley precise que quienes pueden acceder a ser funcionarios públicos serán únicamente los ecuatorianos.
Tomado del Diario "El Universo", Jueves 17 de junio del 2010
Dos sillas para ejecutivo en ente que controlará medios
QUITO. La reunión de jefes de bloque de ayer, no sirvió para que la Comisión de Comunicación respete el acuerdo interbloques.
Con una moción de Rolando Panchana (PAIS) para respaldar el texto presentado por Betty Carrillo (PAIS), los seis oficialistas integrantes de la Comisión Ocasional de Comunicación aprobaron ayer que el futuro Consejo de Comunicación cuente con dos representantes del Presidente de la República, uno de los Consejos de Igualdad, uno de las facultades o escuelas de comunicación y tres de la ciudadanía (que serían designados por el Consejo de Participación Ciudadana)..
A las 17:30, cuando la Secretaría de la Comisión proclamó los resultados: 6 votos a favor de PAIS y cinco en contra de MG, SP, CDN, MMIN y PK, Lourdes Tibán (PK) exclamó: "Quedó roto el acuerdo (político)" y el resto de la oposición denunció que el presidente Rafael Correa no tendrá dos miembros, sino tres de un total de siete, porque los Consejos de Igualdad son parte del Ejecutivo.
La oposición recordó que el cuarto punto del acuerdo político firmado en diciembre pasado establecía que el Consejo de Comunicación tendrá autonomía e independencia del Gobierno y de los poderes fácticos y que la Constitución prohíbe que un organismo regulador esté integrado por representantes que se constituyan en juez y parte al momento de tomar decisiones.Antes de votar por la integración del Consejo, con los mismos 6 votos, PAIS aprobó 19 atribuciones para el Consejo de Comunicación.Entre ellas, proteger y promover la vigencia efectiva de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución; los instrumentos internacionales y la ley; vigilar que las políticas públicas garanticen y promuevan los derechos de comunicación; conocer y resolver en sede administrativa sobre las vulneraciones a los derechos a la comunicación; el monitoreo técnico de la programación de radio y televisión con el fin de determinar el cumplimiento de la clasificación de contenidos y franjas horarias; y, promover la deliberación pública y el debate, mediante audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otros mecanismos ciudadanos.Se agregó una atribución propuesta por Panchana en el sentido de que el Consejo promueva la transparencia en la información sobre el tiraje, sintonía y niveles de audiencia de los medios. Pero no acogió la de Montúfar para que "los servidores públicos no vulneren los derechos humanos de los ciudadanos", haciendo referencia a las cadenas sabatinas del presidente Rafael Correa.
Tibán recordó que en el art. 68 del proyecto que todavía no se vota (hasta las 18:30 de ayer), al Consejo se le da otra atribución: la de otorgar los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico y pidió que se aclare si debe entrar en las atribuciones, pero el oficialismo no habló del tema.La Comisión aprobó anoche hasta el artículo 55 del proyecto de Ley de Comunicación. Se dio luz verde a los requisitos para ser parte del Consejo de Comunicación, la designación, su estructura, funcionamiento y los requisitos para ser secretario técnico del ente.
Los miembros del Consejo durarán cuatro años en sus funciones y no serán de libre remoción. El Presidente tendrá voto dirimente y durará dos años en funciones.
La oposición se reintegró a la discusión a las 18:38 pero los integrantes del oficialismo salieron del recinto supuestamente por 5 minutos, sin embargo, la ausencia se extendió por casi hora, para reunirse con el asambleísta César Rodríguez (PAIS) en la segunda vicepresidencia de la Asamblea.Al llegar al artículo 56 sobre los procedimientos administrativos la sesión se estancó porque no se habían definido las competencias de los delegados territoriales del Consejo.
Pormenores: Debate
ProfesionalizaciónSe eliminó que uno de los requisitos para integrar el Consejo de Comunicación sea poseer título profesional de tercer nivel. Además, ser militante de partidos o movimientos políticos no será un impedimento para formar parte del Consejo.
PrórrogaBetty Carrillo (PAIS), presidenta de la Comisión, no descartó que se pueda pedir una prórroga para la redacción del informe de uno o dos días. El plazo de entrega del documento vence el sábado a media noche. La sesión se reinstala hoy a las 08:00.
VoluntadesA los 54 asambleístas de PAIS solo les faltan 9 votos para llegar a 63 y aprobar el proyecto para remitirlo al Ejecutivo y que este ratifique la integración del Consejo. La oposición denuncia que varias restricciones a las libertades constan en varios artículos ya aprobados o por aprobarse.
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 04 de julio del 2010
La burocracia creció más de una cuarta parte en tres años
El gasto aprobado en el Presupuesto del Estado para el pago de sueldos en el 2010 por $ 5.837 millones, significa el 93% de la recaudación esperada por el cobro de los impuestos a la renta y al valor agregado (IVA) y el 77% de lo proyectado para inversión pública, según cifras del Observatorio de la Política Fiscal y del Ministerio de Finanzas.
Con ese gasto en recursos humanos se podrían construir 45 centrales hidroeléctricas como el proyecto Baba o financiar tres programas como el denominado Plan Relámpago, lo que significarían 261 obras viales.No obstante, Jaime Carrera del Observatorio Fiscal estima que la cifra total del pago de sueldos bordeará los $ 6.400 millones al final del año, pues deberá añadirse el pago a empleados de entidades autónomas como las autoridades portuarias, SRI, CAE, institutos y universidades; además cubrirse una revisión de los sueldos de los médicos (en junio pasado les incrementaron $ 293 en promedio por nuevo contrato colectivo).Eso sin contar con el anuncio que el presidente Rafael Correa hiciera en noviembre pasado, en una cadena de televisión, cuando dijo que en el segundo semestre de este año habría un aumento salarial para el magisterio, porque no era posible que el sueldo de un conserje sea $ 478 y el de un maestro que ingresa al ministerio $ 330. Promesa que ratificó hace tres meses en El Oro, donde dijo que haría "una histórica reforma salarial a los docentes", que aún no cumple.
El Observatorio Fiscal resalta que, en términos del Producto Interno Bruto (PIB) los sueldos pasaron del 7,6% al 12%, entre el 2006 y el 2010; es decir, aumentaron en 4,4 puntos; mientras que la economía nacional creció un promedio del 3,2% en los tres años del Gobierno de Correa.Los $ 6.400 millones que se gastarían en sueldos de todo el sector público representa el 102% más de lo pagado por ese rubro en el 2006, que fue de $3.162 millones. Ese nivel de incremento se explica, según analistas económicos y asambleístas, en una política de Gobierno que ahora ha convertido al Estado en un gran empleador.
Según el ministerio de Finanzas el total de dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores del sector público se ubica hoy en 454.034, frente a 356.120 empleados que habían en el 2006.En una publicación de Senplades, titulada Recuperación del Estado nacional para alcanzar el buen vivir, se cuestiona la agenda neoliberal de "un Estado mínimo –tanto en tamaño como en facultades–", que lejos de achicarse multiplicó entidades públicas, reduciendo la rectoría estatal sobre las políticas públicas. Observa, además, que se asumió la transformación del Estado como un sinónimo de privatización, se hizo reformas para vender las empresas públicas y se buscó la reducción del estado vía compra de renuncias.
En este diagnóstico Senplades establece que este Gobierno encontró un complejo panorama institucional que se ha tratado de resolver con tres reformas: reorganización de la estructura institucional de la función ejecutiva, diseño de nuevos modelos de gestión de las entidades públicas para la prestación de servicios; y, desconcentración y descentralización del Estado.
Bajo esta perspectiva y una política de recuperación de la función planificadora del Estado, desde el 2007 también se crearon 17 instituciones adicionales solo en el gabinete presidencial. Se introdujo la figura de los denominados ministerios coordinadores en siete áreas: política, de desarrollo social, patrimonio, política económica, seguridad y de producción, empleo y competitividad.
Este Diario pidió al Ministerio de Relaciones Laborales datos sobre el total de instituciones públicas creadas desde enero del 2007 hasta junio del 2010, la cantidad de empleados del Estado entre el 2005 y junio del 2010, clasificados por nombramiento y tipo de contrato, además de una entrevista con el ministro Richard Espinosa. Pero hasta el cierre de esta edición los pedidos no fueron atendidos.
De acuerdo con la información que aparece en la página web de la presidencia de la República, a nivel de la función ejecutiva se crearon además los ministerios: de cultura, justicia y telecomunicaciones. Y las secretarías: general de la presidencia; la del migrante; de pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana; del agua; de gestión de riesgos y de transparencia. Se restableció la Secretaría General de Comunicación (ya había funcionado en el 2000).
Según el Ministerio de Finanzas se crearon nuevas instituciones como la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (adscrita a la Senplades), Plan Ecuador, la Unidad de Gestión Inmobiliaria; la Secretaría de Inteligencia y el Consejo para la reactivación de la Producción y la Competitividad.
Pero uno de los productos de este nuevo modelo de Estado: el aumento de los empleados en los últimos tres años, deja ver cifras oficiales disímiles. El cuadro de recursos humanos por sectores del Ministerio de Finanzas registra un aumento total de 94.514 empleados públicos entre el 2006 y el 2010.
Mientras el asambleísta Paco Moncayo, del movimiento Municipalista, exhibe otra cifra que asegura le fue entregada por el Gobierno. Desde enero del 2007 hasta lo que va del 2010, son 105.000 los nuevos empleados del sector público, de los cuales 26.000, según él, habrían recibido nombramiento y 79.000 se mantendrían por contrato.Para Juan Abel Echeverría, ex director de la desaparecida Secretaría Nacional Técnica de Recursos Humanos y Remuneraciones (Senres), el aumento de empleados públicos sobrepasa los 200 mil durante este Gobierno. Explica que tradicionalmente la cantidad de empleados públicos representaba el 6% de la Población Económicamente Activa (PEA); es decir, la que está en edad de trabajar.
El Observatorio establece que los 454.304 empleados públicos que hay al momento representan el 10% de la PEA del país (que es de 4,5 millones de personas), cuatro puntos más de lo tradicional. Una relación insostenible para la capacidad de gasto público, cree Echeverría.A ello se agrega una polémica práctica del Gobierno: el haber incrementado entre el 2006 y el 2010 al menos en 445% el número de servidores contratados. Según el Ministerio de Finanzas, en el 2006 habían 16.945 personas contratadas en el sector público, ahora en el 2010 esa cifra ha subido a 92.332.
"Esa es una falacia que debe desaparecer", asegura Juan Abel Echeverría, para quien los contratos masivos de personal han sido el mecanismo oficial para evitar el mandato constitucional que establece que el ingreso de los servidores públicos tiene que hacerse mediante un estricto concurso de merecimientos.
Un ejemplo de evasión de concursos se encuentra en el Ministerio de Educación, pues según Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, las vacantes que se han dado por jubilación se habrían llenado por contratos, por lo que ha pedido a esa cartera toda la información sobre el tema, que de comprobarse sería muy grave, según sostienen la asambleísta.Debido a estas prácticas Moncayo identifica un error conceptual del actual gobierno: "pasar en el péndulo del no Estado de los neoliberales, al hiperestado de los neosocialistas".
Asegura que en un año de crisis como fue el 2009 el Estado gastó más en sueldos que en inversión. El pago de remuneraciones sumó $ 5.500 millones, el 15% más que el 2008, mientras las inversiones bajaron en el 15%, ubicándose en $ 5.700 millones. Comportamiento que no es compatible con el modelo del gobierno de Alianza PAIS que busca privilegiar la inversión pública, afirma Moncayo.
Además, sin inversión privada, más un 60% de la población encasillada en el desempleo y subempleo, un crecimiento de la economía del 0,36% en el 2009 y una proyección de crecimiento para el 2010 del 6,8%, que genera dudas en este asambleísta y en analistas económicos, el panorama fiscal es preocupante.
Moncayo sentencia ahora que si se continúa haciendo del gasto público en sueldos un botín político se va a acabar con el Ecuador. Recomienda cambios para mejorar la calidad del gasto sobre todo en lo social, pues tiene datos poco alentadores.
Para vivienda se asignaron en el 2010 $ 76,6 millones y en lo que va del año se han ejecutado solo $ 15,9 millones. En vivienda rural y urbano-marginal se asignaron $ 43,9 millones, luego se redujo a $10 millones y solo se han ejecutado $ 3 millones.
Además, según el presupuesto del Estado para el 2010, el Ministerio de Salud proyecta un gasto en personal de $ 553,6 millones, mientras que en inversiones para todo el sector de salud (incluye al Consejo Nacional de Salud) se asignaron $ 529,9 millones; es decir, $ 23,7 millones menos que para sueldos.
En el Ministerio de Educación el gasto en personal presupuestado para este año se ubica en los $ 1.697,3 millones, mientras que las inversiones suman $ 328 millones, cinco veces menos que el pago de sueldos y salarios.A esto se agregan las intenciones oficiales de pagar a los contratistas del Estado con bonos del Estado, un indicador de que existe una iliquidez fiscal.Por eso la expectativa de analistas y asambleístas es que la nueva Ley de Servicio Público detenga ese crecimiento y no lo estimule como parece ser la intención del proyecto original.
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 04 de julio del 2010
Proyecto de Ley no refuerza el control
Funcionarios que laboran en el Ministerio de Educación en Quito, entidad que ha incrementado el número de contratados.
El proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público (LOSP) mantiene un nivel técnico aceptable, pero desde el punto de vista político refleja un intento de hacer adaptaciones que sirvan a los intereses del gobierno de turno y no le otorga al Ministerio de Relaciones Laborales la fuerza suficiente para controlar a ese sector.
Estas son las principales observaciones realizadas por el presidente de los servidores públicos, Miguel García; y el ex director de la desaparecida Senres, Juan Abel Echeverría.
Para el primero es cuestionable una transitoria del proyecto que dispone dar nombramientos a empleados públicos que estén bajo la modalidad de contrato por dos años seguidos, por lo que afirma haber solicitado que eso se aplica si se cumplen los requisitos para el puesto.
Aunque el art. 228 de la Constitución establece que debe haber concurso, García explica que en el caso de contratos ocasionales para asesores, por ejemplo, el tema queda a discreción de la autoridad nominadora.El proyecto también establece que es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales ejercer la rectoría del sector público y definir la política salarial y de recursos humanos.
Echeverría lamenta la fusión de la antes Senres con el Min. de Trabajo, pues explica que cuando la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca) creó a Senres (octubre del 2003) se buscaba el desarrollo profesional de los servidores públicos, pero más eficiencia y productividad estatal.
La Loscca, enfatiza, garantiza la estabilidad de los servidores, protegiéndoles de la arbitrariedad política, pero al mismo tiempo determina que sus remuneraciones sean proporcionales a sus funciones, eficiencia y responsabilidades. Pero el proyecto de LOSP se enfoca más en el servidor público.
Además, Echeverría resalta que la Loscca también establecía que las unidades de recursos humanos de cada institución debían depender de la antes Senres, pero con la desaparición de esa entidad, los ministros ordenan los nombramientos de forma directa, sin concursos.Finalmente, sostiene que sería preocupante que desaparezcan los logros que tuvo la Loscca y no se refuerce el control que sí fue un vacío en las potestades de la antes Senres, pues frente al incumplimiento de las normas por parte de las instituciones del Estado solo podía comunicar a la Contraloría para que esta determine responsabilidades y sanciones.
Tomado del Diario "El Universo", Martes 06 de julio del 2010
"Spots" contra la prensa seguirán, decidió Jueza
QUITO. A la audiencia acudieron Wendy Molina, delegada de la Procuraduría General del Estado; Mauricio Jaramillo, asesor jurídico de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, y uno de los solicitantes de medidas cautelares a la publicidad
La jueza 3ª de lo Laboral de Pichincha, Gloria Rojas, negó la acción de protección que plantearon los asambleístas César Montúfar (de Concentración Democrática), Fausto Cobo (Sociedad Patriótica) y Tomás Zevallos (socialista), en un intento por suspender la publicidad del régimen en las transmisiones del Mundial de Fútbol.Las resolución se dio la tarde de ayer, luego de la audiencia pública en donde los abogados de la Procuraduría del Estado y del Gobierno solicitaron negar y archivar la acción planteada por improcedente.En contraparte, los asambleístas pidieron a la jueza Rojas aceptar la acción y suspender los spots publicitarios a través de una medida cautelar urgente.En su fallo, la jueza sostiene que la acción de los asambleístas no reúne los requisitos contemplados en la Ley de Control Constitucional; es decir, no lograron demostrar que los spots publicitarios amenazan de modo inminente o grave con violar o que violen los derechos constitucionales mencionados.Al realizar el pedido, los legisladores se acogieron a las normas constitucionales que ordenan la igualdad de las personas y la no discriminación por pensar diferente, disposiciones que según el texto de la acción fueron violadas por la difusión de la propaganda gubernamental.Según el texto de la acción, el Gobierno lleva adelante una campaña de propaganda política a través de las cadenas de radio y televisión, en las que difunden spots publicitarios, cuyos mensajes se repiten en forma reiterada y simultánea a la transmisión de los partidos del Mundial de Sudáfrica 2010.
Los contenidos de dichos mensajes, a juicio de los denunciantes, afectan la honra y la credibilidad de las personas que se atreven a discrepar con las tesis del régimen, y predispone a la población en contra de periodistas, políticos, servidores públicos, ciudadanos y otros.La audiencia, presidida por Rojas, se instaló minutos más tarde de la hora prevista (08:30 de ayer), e inmediatamente Montúfar presentó dos quejas. La primera, que la jueza no se haya pronunciado con celeridad y en forma oportuna sobre el pedido de suspensión de la publicidad, dentro de las transmisiones de los partidos del Mundial que termina esta semana. Y la segunda, por haber sido notificado en forma tardía con la realización de la diligencia.No obstante, la jueza negó esas afirmaciones al indicar que en su resolución absolverá todas los pedidos y que la notificación se cumplió dentro de los plazos legales (el viernes 2 de julio).
Sin embargo, Montúfar aseguró que la tardanza fue la razón para que los asambleístas Lourdes Tibán (PK) y Andrés Páez (ID), quienes se adhirieron a la acción, no pudieran participar de la audiencia. Mauricio Jaramillo, abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pidió negar los pedidos de los demandantes por improcedentes y recordó que Montúfar y Cobo en diciembre del año pasado presentaron una acción similar, que fue negada por el Juzgado Primero de lo Penal de Pichincha. Esa acción, al igual que la actual –sostuvo– fue planteada en contra del secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, a quien responsabilizaron de actos atentatorios a las garantías constitucionales e impedimentos a la libre expresión.
Este recurso, a juicio de Jaramillo, se presentó por los mismos hechos y en un mismo escenario, ya que solicitó la suspensión de la supuesta publicidad insultante del Gobierno.
En esa misma línea se pronunció la abogada de la Procuraduría, Wendy Molina, quien agregó que en este caso no cabe ningún pedido de medida cautelar, debido a que no existe derecho ciudadano violado.La red de monitoreo de amenazas a la libertad de prensa Fundamedios también denunció que el régimen descalifica a los medios de comunicación a través de esa campaña.
ParticipantesCésar Montúfar
Concentración Democrática
"La publicidad se convirtió en un instrumento de descalificación e insulto a los periodistas".
Mauricio Jaramillo
Abogado de secretaría Jurídica
"Los accionantes deberían dar el nombre de quienes se sienten aludidos por la publicidad del Gobierno".
Tomado del Diario "El Universo", Viernes 06 de agosto del 2010
Gregory Gines Vinces
Acto colusorio: IESS-Gobierno
En mi artículo del viernes 21 de mayo del 2010 ("¡Pobre IESS!") daba a conocer sobre la ilegalidad de la suscripción del convenio de pago de la deuda, que otro gobierno de la larga noche neoliberal, tenía con el IESS. La violación expresa del artículo 74 de la Ley de Seguridad Social vigente, al permitirle al Gobierno pagar la contribución del 40% de pensiones para jubilados, a que está obligado constitucionalmente, con retrasos que irían de 4 a 14 meses, hacía nulo dicho instrumento contractual; así como, responsables en el ámbito administrativo, civil y penal a sus suscriptores.La ratificación de dicha irregularidad a través de la firma del convenio de pago del pasado viernes 16 de julio del 2010, en donde se establecen ya los montos y la forma de pago de lo vencido, pero teniendo como antecedente el instrumento referido, confirma la flagrante violación de la ley y se podría convertir en un acto colusorio, al irrogar un perjuicio considerable a los ingresos del IESS, pero sobre todo a los afiliados activos que deberán seguir subsidiando al Estado, puesto que sus aportes actuales son los que financian el pago de las pensiones en el vigente sistema de reparto intergeneracional.
Para una mayor comprensión, revisemos lo dispuesto por la ley codificada del Seguro Social obligatorio de 8 de septiembre de 1988 en su artículo 168: "Recaudación de aportes del sector público y bancario.- En el Presupuesto General del Estado, previa su aprobación por el Congreso Nacional, se hará constar, obligatoriamente, las partidas suficientes para el pago de aportes y fondos de reserva de todos los servidores públicos y trabajadores del Estado, así como la partida correspondiente al pago del 40% de pensiones…, valores que serán retenidos y transferidos al IESS por el Banco Central del Ecuador". "Las cantidades correspondientes se transferirán y pagarán por mensualidades vencidas, dentro del ejercicio financiero, bajo la responsabilidad de los respectivos funcionarios".Este artículo 168 es recogido y ampliado por el artículo 74 de la Ley 2001-055 de Seguridad Social que derogó la ley de 1988, considerando el legislador que era necesario cambiar la mención expresa de 40% de pensiones por el de contribuciones, puesto que el Estado no solo debe contribuir al IESS con ese 40%, sino también con otras, especialmente para el seguro campesino; aspecto que es confirmado en la decimosexta disposición general de la misma ley al describir los ingresos del IESS.El perjuicio económico ascendería a varias decenas de millones de dólares anuales, considerando que el IESS no dispondría de dichos recursos, oportunamente, para realizar inversiones o mejoras en los servicios y prestaciones a las que está obligado. Además, de otros perjuicios a los que me he referido en mi articulo señalado.Como si esto fuera poco, debo mencionar también que en el caso de los afiliados autónomos, profesionales, voluntarios, patronos públicos y privados, empresarios en general, que caigan en mora en sus obligaciones para con el IESS, solo podrían suscribir convenios de purga de mora hasta por 5 años, con intereses que rebasarían el 13%, mientras al Gobierno le dan 12 años con uno de gracia y un interés de apenas el 7%. ¡Qué ganga!
Tomado del Diario "El Universo", Martes 10 de agosto del 2010
Burlan mandato Nº 2
Como un acto de justicia y reconocimiento a los servidores públicos, la Asamblea de Montecristi aprobó el Mandato Constituyente Nº 2, por medio del cual se reconoce una indemnización de siete salarios mínimos vitales por cada año de servicio en el sector público, a los empleados o trabajadores que se retiren por renuncia o por supresión de su partida presupuestaria.En la práctica esto no se está cumpliendo pese a que el Mandato expresamente dice que es de aplicación inmediata, obligatoria, y no requiere siquiera de una reglamentación. Es importante y urgente que los miembros de la Asamblea y el mismo Presidente de la República, dispongan a sus subordinados el cumplimiento de esta ley superior. Los únicos servidores que sí han sido atendidos legalmente, son los de la propia Asamblea y los del Seguro Social. Los servidores de Senagua o Secretaría Nacional del Agua (antes Cedegé o Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del río Guayas), estamos siendo marginados de una manera prepotente, sin fundamentos, y sometidos a un proceso de supresión de partidas totalmente ilegal.
Jorge E. García Márquez,
ingeniero, Guayaquil
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 22 De Agosto Del 2010
Ejecutivo analiza sus reparos a la Ley de Servicio Público
QUITO. Un 85% de las disposiciones de la Ley de Servicio Público tienen aceptación del Ejecutivo, para el resto se analiza un veto. En abril, alcaldes llenaron la Asamblea para pedir su archivo.
Satisfacción –por la mejora de las indemnizaciones– y críticas –porque los extranjeros podrán ser servidores públicos– recibe el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público, el último que aprobó la Asamblea antes de su receso.
De esas normas quedaron fuera la Contraloría, funciones Legislativa y Judicial, por lo que se aplicará a las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, la Procuraduría, la Corte Constitucional, entidades del régimen autónomo descentralizado y en aquellas en que las instituciones del Estado tengan más del 50% de participación en el capital o patrimonio.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, tras su comparecencia en la Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea, el pasado 12 de agosto, señaló que hay un tema que les preocupa sobre el sistema remunerativo. "Si bien es cierto se incorpora lo que antes no estaba incorporado a través de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, por ejemplo, la Corte Constitucional, Procuraduría, FF.AA., Policía, también se está dejando de lado a otras funciones del Estado, como la Legislativa, Judicial".
Expresó que cuando se habla de recursos públicos estos deben ser regulados en materia remunerativa a fin de que no vuelvan los "sueldos dorados". Este tema podría incluirse en un eventual veto presidencial, cuyo plazo vence el próximo 9 de septiembre.
Una de las novedades que trae la ley es que los extranjeros residentes en Ecuador podrán ser servidores públicos si han permanecido legalmente al menos cinco años en el país, sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que rijan la materia.Esa iniciativa fue criticada por el asambleísta Andrés Páez (ID). Lo ve como una "bofetada vil en contra de los desempleados y subempleados que superan el 52% de la población económicamente activa y no tienen posibilidades de trabajar".
Aunque Espinosa afirmó que se aplicará siempre que haya la misma reciprocidad de otros países con respecto a un ecuatoriano en el exterior.Para Felipe Mantilla, ex ministro de Trabajo, esto puede constituirse en una base política extranjera para el Gobierno, porque se podrían dar cargos a venezolanos, cubanos o nicaragüenses que ya se encuentran en el país.
El texto privilegia al emigrante en su puesto de trabajo. Según el numeral j) del artículo 23, el servidor puede recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que hubiere renunciado para emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada.
Los ex presidentes y ex vicepresidentes recibirán una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente (el salario presidencial es de $ 5.450) si fueron elegidos en las urnas, exceptuándose los mandatarios a quienes se les revoque el mandato.Para Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, en términos generales, la ley es mejor que la anterior porque se elimina la centralización ministerial, se mejoran las indemnizaciones y no se dejó pasar la creación del despido intempestivo.
Las personas que se jubilen recibirán por una sola vez siete salarios básicos unificados del trabajador privado ($ 240) por cada año de servicio ($ 1.680) y hasta un máximo de 210 de esos salarios ($ 50.400). Esto ya fue introducido en el mandato 2 por la Constituyente.
Espinosa señaló que hay el 85% de acuerdo con el contenido de la ley aprobada y que cuando el presidente Rafael Correa regrese de sus vacaciones lo va a asesorar "para que se pueda realizar, de ser el caso, el respectivo veto".
Servidores: Sector público
En aumento
El total de dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores del sector público al 2009 era de 454.034, frente a 356.120 que había en el 2006, según el Ministerio de Finanzas.Por contrato
Datos de esa cartera de Estado sostienen que existen 92.364 personas bajo el régimen de contrato de servicios personales.
Lo que se dispone
Feriado a servidoras
El 8 de marzo de cada año, Día de la Mujer, será feriado de descanso obligatorio para las servidoras públicas y cuando los feriados correspondan a los días martes, miércoles o jueves el descanso se trasladará al viernes.
ContratadosLa séptima disposición transitoria indica que como excepción y por esta ocasión las personas que tengan vigentes contratos de servicios ocasionales por más de cuatro años en la misma institución, a través de renovaciones o firma de nuevos contratos, y quienes hayan estado contratados mediante servicios de tercerización (previo al concurso de méritos y oposición en el que se les otorgará una calificación adicional) ingresarán directamente a la carrera del servicio público.RemuneracionesEl Ministerio del ramo expedirá una resolución que contenga la escala nacional de remuneraciones mensuales, aunque no se especifica un plazo en la primera disposición transitoria.
PlazosEn 90 días se inspeccionarán las instituciones y empresas del Estado para emitir el primer informe técnico sobre el cumplimiento de la disposición de inserción laboral para personas con discapacidad. En un plazo no mayor de 45 días se expedirá la escala de remuneraciones de los técnicos docentes, educadores para la salud del Ministerio de ese ramo, homologada a las remuneraciones del sector público.
Tomado del Diario "El Universo", Jueves 26 de agosto del 2010
Richard Espinosa: "corregimos para evitar interpretaciones"
Richard Espinosa se refirió a Ley de Servicio Público.
El Gobierno objetará parcialmente la Ley de Servicio Público aprobada el pasado 11 de agosto por la Asamblea. El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, sostuvo que el documento se enviará máximo la próxima semana a la Legislatura.
Afirma que en los tres años y medio del régimen han ingresado entre 25 mil a 30 mil nuevos empleados, especialmente a los sectores de salud y educación.¿En dos semanas de haber aprobado la ley de Servicio Público, se ha realizado un análisis?
Esta ley tiene muchos puntos positivos pero quizás el principal es la cobertura y el ámbito; se le está sugiriendo al Presidente de la República que se amplíe estrictamente a lo que establece el artículo 229 y 225 de la Constitución en el sentido de que existirá un solo organismo rector de las remuneraciones y de los recursos humanos para todo el sector público.¿Cuántos servidores tiene el sector público?
El sector público está conformado por 470 mil servidores, no ha habido una gran modificación con gobiernos anteriores. La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca) está cubriendo aproximadamente 70 mil servidores y se ampliará a todos.
¿Qué otros cambios presenta?
Son cambios que a lo mejor de la lectura aparentemente están bien, pero que podría representar algún problema operativo, más que nada, hay muchos cambios que son más de forma; en general, vemos bien a la ley, pero estamos corrigiendo algunos temas para que después no tengamos que estar interpretándola.
Habrá cuestionamientos a que los extranjeros trabajen como servidores públicos.
La persona no solo tiene que tener la reciprocidad del país de origen, sino que además, tiene que ganar el respectivo concurso de merecimiento y tener cinco años de permanencia en el país.
¿Y por qué también darles a la gente que tiene más de cuatro años de servicios ocasionales la oportunidad para que puedan formar parte de la carrera administrativa?
Nos topamos con un país en donde de una manera precaria vienen laborando personas con contrato ocasional veinte años, aquí sí tiene que haber una transitoriedad entre el desorden que existía antes versus el orden que está imponiendo la nueva ley.
¿Los médicos trabajarían las ocho horas diarias o las cuatro que ahora hacen?
Yo soy firme y convencido de que si –en el caso de que siga manteniendo– una persona trabaja, sea médico o no, menos de ocho horas tiene que tener una remuneración diferenciada, no puede ganar lo mismo que alguien que trabaja ocho horas. Si quieren trabajar ocho horas perfecto, se le paga más.
¿Esa también será una recomendación al Presidente?Así es.
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 29 de agosto del 2010
Presidente retomó ayer enlace, hablando menos
El presidente Rafael Correa retomó ayer la conducción del enlace sabatino luego de sus vacaciones en Bélgica. El jefe del Ejecutivo volvió a su despacho el pasado lunes.
Desde la parroquia esmeraldeña de Borbón habló menos de lo habitual. El espacio duró dos horas y media y hubo más participación de ministros, como Gloria Vidal, de Educación; Gustavo Jalkh, del Interior; José Serrano, de Justicia. El gobernador del Guayas, Roberto Cuero, habló del proyecto Guayaquil ecológico.
El Jefe de Estado alternó su discurso haciendo referencia al pedido de revocatoria del mandato, propuesto por el activista político Carlos Vera."Qué lástima que por los odios de ciertos personajes quieran retrasar al país y volver a la inestabilidad; probablemente con los millones que tienen puedan reunir las firmas para ir a la consulta popular de revocatoria del mandato, pero saben que no nos van a vencer", afirmó al inicio del espacio.El Presidente volvió a insistir en el veto a los proyectos de leyes de Educación Superior y de Servicio Público.
En el primero indicó que se mantendrá en el texto original sobre la validación de títulos obtenidos en el exterior y la rectoría del sistema que tendrá la Secretaría Nacional de Educación Superior.
Sobre la ley para los servidores públicos, ve inexplicable que se excluya a ciertos organismos, como la Contraloría.
Correa pidió el apoyo de los asambleístas de PAIS a los cambios que él hará a esas leyes.
Ratificó que el Estado financiaría lo que la Junta de Beneficencia de Guayaquil pierda al no tener el "monopolio" de la lotería, si se mantiene eso en el Código Territorial y espera que no proliferen más loterías a nivel de municipios como lo permitiría esa ley.
Al final instó a los ciudadanos a prepararse "para revocarle la peluca a los pelucones… nunca más volverán a gobernar".
Viajes: Al exterior
HaitíEl jefe de Estado viajará pasado mañana a Haití en representación de presidente pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Visitará el campamento del Cuerpo de Ingenieros de Ecuador que ayuda en la reconstrucción de ese país.
Japón y Corea
En la agenda del Presidente también consta un viaje a estos países asiáticos. El 6 de septiembre estará en Japón y dos días después en Corea del Sur. Señaló que ese país está interesado en participar en la construcción de la Refinería del Pacífico, que estará ubicada en Manabí.
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 29 de agosto del 2010
Aprobaciones en la asamblea antes del receso
Leyes urgentes
Educación Superior
Alcanzó 64 votos, con uno cuestionado y otro en blancoLa Ley de Educación Superior se aprobó en la Asamblea con 63 votos a favor más uno en blanco (suman 64), el pasado 4 de agosto. El voto 63 fue calificado de "ilegal" por parte de la oposición porque fue de Eduardo Paredes, quien actuó como asambleísta en reemplazo de Washington Cruz (PAIS). Este fue principalizado sin que Secretaría del Legislativo tenga la carta de excusa de Cruz.
A PAIS se sumaron para aprobar la ley cuatro socialistas (Silvia Salgado, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Marisol Peñafiel), tres del ADE (Rocío Valarezo, Ramón Vicente Cedeño y Galo Vaca) y tres que entraron auspiciados por partidos, pero ahora se definen como independientes: Scheznarda Fernández (antes PSC), Leandro Cadena (antes ID) y Guillermina Cruz (alejada de SP).
El voto en blanco fue de la alterna de Lourdes Tibán (Pachakutik), Marlene Castro; las abstenciones salieron de Alianza Libertad, antes ADE, PRE, uno del MPD y Gioconda Saltos (alejada de SP). Y en contra: Madera de Guerrero, PSC, Prian, ID, SP, PK (4), MPD (4) y PSE (1).Ese día, SP denunció que para esta ley existió "compra de conciencias", mientras que Raúl Abad (PAIS), presidente de la Comisión de Educación, ya señalaba el destino de la ley: "Si viene el veto desde el Ejecutivo, estaremos con el Presidente de la República".
Código Territorial
| Página siguiente |