Considere la imprenta. Entre otros aspectos, esta nueva tecnología fue una bendición para las religiones del mundo, que de un momento al otro obtuvieron un medio eficiente de reproducción y difusión de sus textos sagrados. Sin embargo, el Imperio otomano prohibió la impresión del Corán durante casi 400 años. En el año 1515, se dice que el sultán Selim I decretó qué "dedicarse a la ciencia de la impresión era castigable con la muerte".
¿Por qué oponerse a una tecnología tan beneficiosa? Como sostengo en mi libro La innovación y sus enemigos: por qué la gente se resiste a las nuevas tecnologías, la respuesta no es, simplemente, que las personas tienen miedo a lo desconocido. Por el contrario, la resistencia a los avances tecnológicos, por lo general, se arraiga en el temor de que la interrupción del statu quo podría causar pérdida de empleos, ingresos, poder e identidad. Los gobiernos a menudo terminan decidiendo que es más fácil prohibir las nuevas tecnologías que adaptarse a las mismas.
Al prohibir la impresión del Corán, los líderes otomanos retrasaron la pérdida de empleo de los escribas y calígrafos (muchos de ellos mujeres, quienes fueron glorificadas por su dominio de este arte). Sin embargo, proteger el empleo no fue su principal motivación; después de todo, a partir del año 1727, sí permitieron que se imprimieran textos no religiosos, a pesar de las protestas de los calígrafos, quienes respondieron al edicto poniendo sus tinteros y lápices en ataúdes y marchando a la Sublime Puerta en Estambul.
El conocimiento religioso fue un asunto muy distinto. Se constituyó tanto en el pegamento que mantuvo unida a la sociedad como en un pilar del poder político, por lo que mantener el monopolio sobre la difusión de dicho conocimiento se tornó en fundamental para mantener la autoridad de los líderes otomanos. Ellos temían que les ocurriera lo mismo que al Papa católico, quien perdió una considerable cantidad de autoridad durante la reforma protestante, momento en el que la imprenta jugó un papel clave para la difusión de nuevas ideas a los fieles.
Por supuesto, la erección de barreras a la innovación tecnológica no siempre se inicia con el gobierno. Los que tienen un interés personal en el statu quo pueden empujar a sus gobiernos a imponer prohibiciones. Pueden hacerlo a través de protestas, tal como ocurrió con los calígrafos otomanos, y como los opositores irlandeses a las patatas modificadas genéticamente en el año 2002, quienes marcharon en Dublín para expresar su oposición a la "muerte de la buena comida".
Aquellos que se oponen a las nuevas tecnologías también pueden emplear la difamación, la desinformación, e incluso la demonización – un enfoque que sin duda ha tenido éxito en el pasado. En el año 1674, las mujeres inglesas emitieron una petición en contra de café, alegando que causaba esterilidad y por lo tanto debía ser consumido solamente por personas mayores de 60 años – un mercado muy pequeño en aquel momento. Al año siguiente, el rey Carlos II ordenó la supresión de las cafeterías, a pesar de que probablemente él estaba más motivado por el deseo de proteger la cuota de mercado de las bebidas locales, tales como las bebidas alcohólicas y en aquel entonces el recién introducido té, que por los rumores de infertilidad.
En la década de 1800, la industria lechera estadounidense encabezó una campaña de desinformación similar sobre la margarina, alegando que causaba esterilidad, retraso del crecimiento, y calvicie masculina. Fue ridiculizada con el denominativo de "mantequilla de toro", y sus opositores afirmaban que la margarina contenía "carne de vaca enferma y podrida, caballos muertos, cerdos muertos, perros muertos, perros rabiosos, y ovejas demacradas".
En respuesta, el gobierno federal introdujo nuevas restricciones a la margarina, que abarcaban todos los ámbitos, desde el etiquetado (como ocurre con los alimentos modificados genéticamente en la actualidad), al uso de colorantes artificiales y el desplazamiento del producto de un Estado a otro. Nuevos impuestos reforzaron aún más la preeminencia de la mantequilla. En el año 1886, un congresista de Wisconsin declaró abiertamente que su "intención era destruir la fabricación de ese compuesto nocivo gravándolo hasta dar fin con su existencia".
La resistencia a los tractores a principios de los 1900 tomó una forma ligeramente diferente. Los productores y los comerciantes de animales de tiro temían a la mecanización, que amenazaba su modo de vida. Pero sabían que no podían mejorar sus productos con mayor rapidez de la que los ingenieros podían mejorar los suyos; por lo tanto, el bloqueo de la propagación de los tractores sería imposible. En vez de ello, trataron de impedir el desplazamiento de los animales de granja realizando una campaña que promocionaba sus virtudes. La Asociación Americana de Caballos emitió panfletos declarando que, "una mula es el único tractor a toda prueba que se haya construido". El grupo también señaló que los caballos podían reproducirse a sí mismos, mientras que los tractores se depreciaban.
Las personas casi nunca rechazan el progreso tecnológico por pura ignorancia. En lugar de ello, luchan por proteger sus propios intereses y medios de vida, ya sea que estén operando una granja lechera o administrando un gobierno. Ya que las personas realizan continuamente intentos por aplicar nuevas tecnologías para mejorar el bienestar humano y del medio ambiente, esta distinción es de vital importancia.
Evitar las barreras al progreso tecnológico requiere comprender y abordar sus desventajas. Por ejemplo, a medida que las máquinas se hacen cada vez más capaces, los robots están reemplazando un número cada vez mayor de trabajadores. No pasará mucho tiempo hasta que esos robots sean capaces no sólo de realizar tareas más complejas, sino también de aprender más rápido de lo que los trabajadores puedan ser entrenados. Es irracional pensar que algunos trabajadores no serán desplazados tal como ocurrió con los animales de tiro.
Pero si reconocemos estas pérdidas y las abordamos de frente, podremos evitar una reacción en contra de innovaciones tecnológicas que son potencialmente beneficiosas, incluyendo en contra de los avances en la robótica. La clave será centrarse en la "innovación inclusiva", cerciorándose de que a aquellos que son propensos a perder por el desplazamiento de las tecnologías antiguas se les brinden amplias oportunidades para beneficiarse de las nuevas tecnologías. Sólo cuando esto ocurra podremos obtener el mayor provecho de la creatividad humana.
(Calestous Juma is Professor of the Practice of International Development at Harvard"s Kennedy School of Government. He is the author of the forthcoming book Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies)
– Las líneas políticas divisorias de la globalización (Project Syndicate – 4/7/16)
Nueva York.- La votación del Reino Unido a favor de salir, aunque por un margen muy estrecho, de la Unión Europea aconteció debido a razones específicamente británicas. Y, no obstante, también es como el proverbial canario en la mina de carbón, envía señales sobre una amplia reacción populista/nacionalista -al menos en las economías avanzadas- en contra de la globalización, el libre comercio, la deslocalización, la migración laboral, las políticas orientadas al mercado, las autoridades supranacionales, e incluso en contra del cambio tecnológico.
Todas estas tendencias reducen los salarios y el empleo de los trabajadores con bajas cualificaciones en las economías avanzadas, que son economías que tienen escasez de mano de obra y son ricas en capital, y los incrementan en las economías emergentes que tienen abundancia de mano de obra. Los consumidores en las economías avanzadas se benefician de la reducción de los precios de los productos objeto de comercio; pero, los trabajadores con bajas e incluso medianas cualificaciones pierden ingresos ya que sus salarios de equilibrio caen y sus puestos de trabajo se ven amenazados.
En la votación "Brexit", las líneas divisorias estuvieron claras: ricos frente a pobres, ganadores frente a perdedores del comercio y la globalización, cualificados frente a no cualificados, personas con un alto nivel de educación formal frente a personas con un menor nivel de educación formal, jóvenes frente a personas maduras, lo urbano frente a lo rural, y comunidades diversas frente a comunidades más homogéneas. Las mismas líneas divisorias están apareciendo en otras economías avanzadas, incluyendo en las de Estados Unidos y la Europa continental.
Ya que sus economías y mercados de trabajo son más flexibles, EEUU y el Reino Unido se han recuperado con más fuerza que la Europa continental en términos de PIB y empleo desde la crisis financiera mundial del año 2008. La creación de empleo ha sido robusta, situándose la tasa de desempleo por debajo del 5%, aunque los salarios reales no están creciendo mucho.
No obstante, en EEUU, Donald Trump se ha convertido en el héroe de los trabajadores enojados y amenazados por el comercio, la migración y el cambio tecnológico. En el Reino Unido, el voto Brexit fue fuertemente influido por el temor a que los inmigrantes provenientes de países de la UE con bajos salarios (el proverbial "fontanero polaco") se apoderen de los puestos de trabajo y de los servicios públicos de los ciudadanos.
En Europa continental y la eurozona, sin embargo, las condiciones económicas son mucho peores. La tasa promedio de desempleo se sitúa por encima del 10% (y es mucho mayor en la periferia de la eurozona – más del 20% en Grecia y España) con un desempleo juvenil superior al 30%. En la mayoría de estos países, la creación de empleo es anémica, los salarios reales están cayendo, y los mercados duales de mano de obra se traducen en que en el sector formal, los trabajadores sindicalizados tienen buenos salarios y beneficios, mientras que los trabajadores más jóvenes tienen empleos precarios que pagan salarios más bajos, no proporcionan ninguna seguridad en el empleo, y ofrecen pocos o ningún beneficio.
En lo político, las tensiones de la globalización vienen por partida doble. En primer lugar, los partidos dentro del sistema tradicional de derecha e izquierda, que desde hace más de una generación apoyaron al libre comercio y la globalización, están siendo cuestionados por partidos anti-sistema, nativistas/nacionalistas y populistas. En segundo lugar, los partidos del sistema están siendo perturbados -e incluso hasta destruidos- desde dentro, en la medida que surgen defensores de la anti-globalización y desafían la ortodoxia convencional.
Los partidos del sistema que en algún momento fueron controlados por los beneficiarios de la globalización: los propietarios del capital; trabajadores cualificados con un alto nivel de educación formal y digitalmente inteligentes; élites urbanas y cosmopolitas; y, empleados de cuello blanco y azul pertenecientes a sindicatos. Sin embargo, estos partidos también incluían a trabajadores -tanto de cuello blanco y azul- que se encontraban en las filas de los perdedores de la globalización, pero que a pesar de ello se mantenían leales, ya sea porque eran conservadores social o religiosamente, o porque los partidos de centro izquierda fueron en el pasado partidarios de los sindicatos, de los derechos de los trabajadores, y de los programas de ayuda social.
Después de la crisis financiera del año 2008, los perdedores de la globalización comenzaron a organizarse y encontrar a los campeones anti-sistema, tanto en la izquierda y la derecha. En la izquierda, los perdedores en el Reino Unido y EEUU, especialmente los jóvenes, encontraron campeones en los partidos tradicionales de centro izquierda: Jeremy Corbyn en el Partido Laborista del Reino Unido, y Bernie Sanders en el Partido Demócrata de Estados Unidos.
Las líneas divisorias más profundas surgieron entre los partidos de centro-derecha. Estos partidos -los republicanos en EEUU, los conservadores en el Reino Unido, y los partidos de centro-derecha en toda Europa continental- enfrentan una revuelta interna contra sus propios líderes. El surgimiento de Donald Trump -un líder anti-comercio, anti-migración, anti-musulmanes, y nativista- es un reflejo de un hecho incómodo para las corrientes tradicionales republicanas: el votante promedio del partido está más cerca de aquellos que han perdido a consecuencia de la globalización. Una revuelta similar tuvo lugar en Partido Conservador del Reino Unido, donde los perdedores de la globalización se han congregado en torno de la campaña "Salir" del partido o han desplazado su apoyo hacia el Partido de la Independencia del Reino Unido.
En la Europa continental, donde los sistemas parlamentarios multipartidistas son prevalentes, la fragmentación política y la desintegración son aún más graves que en el Reino Unido y EEUU. En la periferia de la UE, los partidos anti-sistema tienden a ser de la izquierda: Syriza en Grecia, Movimiento Cinco Estrellas de Italia, Podemos de España, los partidos de izquierda en Portugal. En el núcleo de la UE, estos partidos tienden a ser de la derecha: Alternativa para Alemania, el Frente Nacional de Francia, y partidos similares de extrema derecha en Austria, los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, y en otros lugares.
Pero, a pesar del creciente número y de la organización y movilización de los perdedores de la globalización, la globalización propiamente dicha no es necesariamente condenada. Para empezar, continúa produciendo beneficios netos para los mercados emergentes y avanzados por igual, por lo que los perdedores no terminan de ser una minoría en la mayoría de las economías avanzadas, mientras que aquellos que se benefician de la globalización son una gran mayoría – si bien a veces son una mayoría silenciosa. De hecho, incluso los "perdedores" se benefician de los precios más bajos de bienes y servicios que traen consigo la globalización y la innovación tecnológica.
Esto también se debe a que los partidos populistas y anti-corrientes tradicionales son todavía una minoría política. Incluso Syriza, una vez en el poder, dio marcha atrás y tuvo que aceptar la austeridad, ya que una salida de la UE habría sido mucho más costosa. Y, las recientes elecciones generales en España, que se celebraron tres días después del referéndum Brexit, sugieren que, a pesar de un alto desempleo, austeridad y reformas estructurales dolorosas, las fuerzas pro-europeas moderadas siguen siendo una mayoría.
Incluso en EEUU, el atractivo de Trump es limitado, debido a la estrechez demográfica de su base electoral. La posibilidad de que pueda ganar las elecciones presidenciales en noviembre es altamente dudosa.
Esta es también la razón por la que las coaliciones pro-europeas de centro-izquierda y centro-derecha se mantienen en el poder en la mayor parte de la UE. El riesgo de que los partidos anti-UE pueden llegar al poder en Italia, Francia y los Países Bajos -entre otros- está aumentando, pero sigue siendo una posibilidad lejana.
Por último, la teoría económica sugiere que se puede hacer que la globalización beneficie a todos, siempre y cuando los ganadores compensen a los perdedores. Esto puede tomar la forma de compensación directa o mayor provisión de bienes públicos gratuitos o casi libres (por ejemplo, educación, reentrenamiento, asistencia sanitaria, prestaciones por desempleo, beneficios de pensiones trasferibles).
Para que los trabajadores acepten una mayor movilidad y flexibilidad laboral en la medida que la destrucción creativa elimina algunos puestos de trabajo y crea otros, son necesarios sistemas adecuados para reemplazar la pérdida de ingresos como consecuencia del desempleo transicional. En la Unión Europea continental, los partidos del sistema se mantienen en el poder, en parte debido a que sus países mantienen extendidos sistemas de bienestar social.
La reacción contra la globalización es real y creciente. Sin embargo, puede ser contenida y gestionada a través de políticas que compensen a los trabajadores por sus daños y costos colaterales. Sólo mediante la promulgación de dichas políticas, los perdedores de la globalización empezaran a pensar que, con el transcurso del tiempo, ellos también podrán unirse a las filas de los ganadores.
(Nouriel Roubini, a professor at NYU"s Stern School of Business and Chairman of Roubini Macro Associates, was Senior Economist for International Affairs in the White House's Council of Economic Advisers during the Clinton Administration. He has worked for the International Monetary Fund…)
– ¿Funcionaría la "rampa de salida" de Dodd-Frank propuesta por Hensarling? (Project Syndicate – 12/7/16)
Cambridge.- Jeb Hensarling, el republicano que preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EEUU, pronunció el mes pasado un discurso de amplio alcance en el Club Económico de Nueva York, en este discurso propuso una reforma completa de la regulación financiera estadounidense. Hensarling culpó a los reguladores y disculpó a Wall Street por la crisis financiera; condenó los rescates bancarios financiados por el gobierno; caracterizó la legislación de reforma financiera Dodd-Frank del año 2010 como una toma de poder; y pidió mayor supervisión de la Reserva Federal por parte del Congreso.
La mayoría de las propuestas de Hensarling -incluso respaldadas, como ahora lo están, por un documento que suena partidista de la Comisión Bancaria de la Cámara de Representantes y una opinión favorable del Wall Street Journal- no tienen posibilidades de éxito en el ámbito político. (Se tendría que conseguir 60 votos en el Senado y una firma presidencial para su aprobación). Estas propuestas ya han sido fuertemente criticadas por los demócratas quienes indican que son demasiado arriesgadas y pro-bancarias – y, en gran medida sí lo son. Después de decir esto, también se debe decir que vale la pena explorar una de las ideas de Hensarling: la idea denominada por él como una "rampa de salida" de la regulación Dodd-Frank para los bancos que voluntariamente deseen incrementar su capital disponible.
Volvamos a lo básico por un momento. El gobierno garantiza los depósitos bancarios debido a que un fracaso de la banca podría afectar a toda la economía. Esto crea un riesgo moral, ya que los bancos, que están tras grandes ganancias para sus accionistas, relajan su gestión de los dineros, mismos que en los hechos se tornan en dineros del público. Se sienten cómodos tomando grandes riesgos, ya que en caso de que pierdan, solamente tienen que entregar el banco al gobierno para que este pague a los depositantes y a otros acreedores. Y si ganan, son los bancos y sus accionistas quienes mantienen para sí mismos su bonanza.
Los reguladores utilizan dos medidas clave para mitigar esa asunción de riesgos: exigen que los bancos tengan más capital y les exigen que mantengan sus inversiones, préstamos y operaciones más seguros (y potencialmente menos rentables) de lo que a dichos bancos les gustaría que estén. Debido a que estos dos métodos centrales de regulación logran el mismo fin, teóricamente, pueden sustituirse entre sí – los reguladores pueden establecer los requerimientos de capital de los bancos en niveles muy altos, o pueden establecer el grado de riesgo permitido para las actividades bancarias en niveles muy bajos. En la práctica, debido a que los reguladores no pueden implementar ninguna de las dos medidas a la perfección, implementan un poco de cada una.
La propuesta de la rampa de salida de Hensarling se basa en que la solución de compensación, que da a los bancos más libertad para decidir si quieren menos riesgo o más capital. La regulación de línea de base sería la típica mezcla de las dos medidas, pero los bancos de manera individual podrían optar por requisitos de capital sustancialmente más altos a cambio de un permiso para participar en inversiones y operaciones de mayor riesgo. En otras palabras, podrían reducir las limitaciones de una medida de regulación a cambio de endurecer las limitaciones de la otra.
Esto es conceptualmente sólido. Sin embargo, hay problemas con la propuesta de Hensarling en la forma en la que él la articuló. Y, no son problemas pequeños.
En primer lugar, el ratio de capital que Hensarling requeriría de los bancos que toman la rampa de salida es demasiado bajo, ya que propone un 10% de los activos totales. Este es un nivel más alto que los niveles actuales, pero no lo suficientemente alto como para garantizar la seguridad de los bancos.
El Consejo de Estabilidad Financiera y el Fondo Monetario Internacional, cada uno por su parte, determinaron que muchos bancos que estuvieron bajo amenaza durante la crisis financiera del período 2007 y 2008 hubiesen necesitado el doble de los niveles actuales de capital para sobrevivir de manera intacta. Si la propuesta de Hensarling se hubiese implementado, esos niveles habrían sido aún mayores, debido a la reducción en la regulación del riesgo. Sólo si el capital se incrementaba sustancialmente -a niveles realmente altos- los bancos y sus ejecutivos llegarían a la conclusión de que, sin instrucción regulatoria, no es en su interés ni en el de sus accionistas asumir tanto riesgo.
Un segundo problema con la propuesta de Hensarling es que los bancos son propensos a rechazar esto mientras la política tributaria corporativa se mantenga sin cambios. Como he argumentado en comentarios previos, y en un artículo académico que recientemente escribí con Michael Troege, requerir que los bancos tengan más capital aumenta su factura de impuestos, ya que reduce el nivel de deuda deducible de impuestos y aumenta el nivel de capital gravable. Si la legislación de impuestos no se reforma, pocos bancos considerarán la compensación atractiva, ya que una factura de impuestos más alta anularía los rendimientos de tomar la oferta que realiza Hensarling.
El tercer problema es el relativo a la logística: el plan de Hensarling conectaría directamente a la legislación los parámetros para que los bancos tomaran una rampa de salida regulatoria, por lo tanto ataría las manos de los reguladores. Una vez que un banco alcance el 10% del capital, no se le podría impedir realizar fusiones clave, ni tampoco se podría determinar que es un banco de importancia sistémica y que representa riesgo. Debido a que las circunstancias económicas cambian rápidamente, los reguladores, quienes pueden adaptarse a nuevas condiciones más rápido que lo puede el Congreso, deben tener la libertad de fijar los requisitos de capital y los niveles en los que se compensa el riesgo de crédito. Bajo el plan de Hensarling, ellos no tendrían tal libertad.
Lo que es aún más insidioso es que mediante la derogación de gran parte de la regulación del riesgo de Dodd-Frank, la propuesta Hensarling virtualmente eliminaría los incentivos que tienen los bancos para elegir la rampa de salida. No habría suficiente regulación para que los bancos sientan la necesidad de escapar. Los bancos podrían, por lo tanto, salirse con su gusto.
A pesar de todo esto, los reguladores deberían dar las gracias a Hensarling por la diseminación del concepto de un marco flexible de compensación. Si bien los detalles de su propuesta en particular son problemáticos, por decir lo menos posible, el concepto tiene un verdadero potencial. El resultado podría llegar a ser un sistema financiero más dinámico – y también más seguro.
(Mark Roe is a professor at Harvard Law School. He is the author of studies of the impact of politics on corporate organization and corporate governance in the United States and around the world)
– El retorno de la burbuja inmobiliaria de Irlanda (Project Syndicate – 14/7/16)
Zúrich.- Después de haber soportado el colapso de su mercado inmobiliario hace menos de diez años, Irlanda últimamente ha experimentado una recuperación feroz de los precios, que ya han aumentado en Dublín aproximadamente el 50% desde el punto mínimo en 2010. ¿Acaso Irlanda va camino a otra crisis devastadora?
No es un secreto que el colapso de las burbujas de activos conlleva enormes costos financieros y sociales. Al frenarse la actividad y la inversión en el sector de la construcción, las recesiones agudas -que hacen que los ingresos tributarios caigan, en momentos en que el creciente desempleo exige un mayor gasto social- son inevitables. A los contribuyentes hasta se les puede pedir que apuntalen la base de capital de las instituciones financieras. La última vez que esto sucedió en Irlanda, representó un costo de más de 60.000 millones de euros (67.000 millones de dólares), o aproximadamente el 40% del PIB.
Las burbujas inmobiliarias no son difíciles de detectar; por el contrario, suelen llegar a los titulares mucho antes de que estallen. Sin embargo, están muy lejos de ser excepcionales. Las burbujas en Irlanda, España, el Reino Unido y Estados Unidos colapsaron después de la crisis financiera que estalló en 2008. Después de que se desatara la crisis financiera asiática en 1997, los precios de las propiedades en Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur y Tailandia se hundieron entre 20 y 60%. Y una década antes, Suecia, Noruega y Finlandia experimentaron caídas de los precios de la propiedad del 30-50%.
La pregunta obvia es por qué nadie hizo nada antes de que fuera demasiado tarde. La respuesta es simple: mientras las burbujas se inflan, mucha gente sale ganando. Con el sector de la construcción en crecimiento, el desempleo en baja y los bancos prestando libremente, la gente está feliz -y a los políticos les gusta que sea así.
El proceso es simple. Los precios en aumento desatan un incremento en la actividad de la construcción, lo que crea oportunidades de trabajo para los trabajadores jóvenes menos calificados, cuyas opciones de empleo, de otra manera, son limitadas. Asimismo, genera grandes ganancias para los desarrolladores y constructores inmobiliarios. En verdad, una señal que delata una burbuja es que los desarrolladores de segunda clase de pronto son capaces de ganar miles de millones.
Las ganancias de los bancos también crecen, porque hay mucha demanda de créditos hipotecarios, una operación que se considera casi libre de riesgo. Después de todo, los precios de la propiedad en constante aumento implican que, si un prestatario no paga, la propiedad se puede volver a vender con ganancia. (La inevitable corrección del mercado sigue siendo demasiado remota como para ser tomada en serio en el pico del boom). La gente común, desde conductores de taxis hasta peluqueros, aprovecha la ventaja de este crédito y hasta puede volverse millonaria jugando a la bolsa.
Todo esto beneficia a los líderes electos, que ganan el respaldo de los votantes que se sienten más ricos, de los ex desempleados que encuentran trabajo y de los propietarios cuyas casas cada vez valen más. Lo que hace que los votantes quieran aún más a los políticos son los nuevos aumentos del gasto y los recortes impositivos que se pueden implementar, en tanto el crecimiento económico acelerado hace que caiga el ratio deuda-PIB.
Como las burbujas tienden a inflarse gradualmente en un período de años antes de su colapso abrupto, dejar que perduren un poco más parece astuto desde un punto de vista político. Nadie quiere ser el primero en poner fin a la fiesta -especialmente si su empleo está en juego.
Pero no se puede esperar que los invitados a la fiesta del sector privado aprieten el freno. En particular, no se puede esperar que los bancos, para quienes mantener la participación de mercado es crucial, limiten el crédito riesgoso, especialmente cuando se espera que, si las cosas salen mal, los contribuyentes financien el rescate.
Esto hace que los únicos que puedan limitar el deterioro de los balances de los bancos en tiempos de auge sean el regulador financiero o el banco central, que pueden usar herramientas macroprudenciales -como ratios de préstamo-valor y deuda-ingreso sobre los nuevos préstamos hipotecarios-. Pero esta estrategia tampoco es perfecta, porque los prestatarios riesgosos a los que se restringe el crédito tienden a ser personas que compran una casa por primera vez o tienen bajos ingresos.
Esto tal vez no represente un problema en países con mercados inmobiliarios bien desarrollados, donde existe una gran oferta de viviendas en alquiler. Después de todo, en esos mercados, los inquilinos pueden encontrar viviendas con seguridad de tenencia a niveles de precios que son predecibles, inclusive si evolucionan gradualmente en el tiempo según las condiciones de mercado, lo que asegura que los propietarios tengan incentivos para mantener las propiedades.
Pero en países donde los mercados de alquiler son pequeños y funcionan de manera deficiente -muchas veces como resultado de una creencia generalizada de que todas las familias deben tener su casa propia-, la estabilidad financiera y el acceso a la financiación hipotecaria están emparentados. Al limitar el acceso de los prestatarios más riesgosos a un financiamiento, las reglas del crédito hipotecario pueden desatar una reacción política feroz.
Irlanda es un buen ejemplo. En enero de 2015, el banco central intentó proteger a las instituciones financieras de otra burbuja catastrófica restringiendo su crédito a prestatarios de alto riesgo. En consecuencia, el crecimiento anual de los precios de la propiedad cayó de poco más del 20% a menos del 5%. Pero la industria de la construcción, preocupada por sus ganancias, ha manifestado críticas muy duras de las reglas. Lo mismo sucedió con la gente común a la que se le negó el crédito y a la que ahora le cuesta encontrar una vivienda apropiada en un mercado de alquiler pequeño. Los políticos, obviamente, se subieron al carro para capitalizar el estado de ánimo popular.
En tanto se intensifica la presión sobre los reguladores irlandeses para que relajen las reglas de crédito, también crecen los temores de que, finalmente, van a sucumbir a esa presión. Es de esperar que sigan resistiendo. Los potenciales prestatarios en verdad enfrentan desafíos genuinos como resultado de estas regulaciones; pero nada de eso se compara con el daño que podría causar el estallido de una burbuja.
En cualquier caso, la experiencia de Irlanda con las burbujas inmobiliarias conlleva una lección más profunda, que prácticamente nadie aprendió. Un sistema inmobiliario que tan fácilmente puede producir burbujas de semejante tamaño y tan perjudiciales está esencialmente plagado de errores. Si bien las restricciones al préstamo pueden resultar útiles, no son suficientes como para generar un sistema inmobiliario eficiente y estable.
Esta conclusión podría parecerles demasiado pesimista a muchos en Irlanda. Tal vez lo único que esperan esta vez es que la suerte de los irlandeses no termine. Tal vez sea así, y tal vez esta vez sea realmente diferente. Pero no parece ser el caso.
(Stefan Gerlach is Chief Economist at BSI Bank in Zurich and Former Deputy Governor of the Central Bank of Ireland. He has also served as Executive Director and Chief Economist of the Hong Kong Monetary Authority and as Secretary to the Committee on the Global Financial System at the BIS)
– A liderazgo pobre, globalización mala (Project Syndicate – 20/7/16)
Ciudad de México.- Los países europeos vienen desde los años cincuenta debatiendo los costos y los beneficios de la integración regional. Pero no fue sino hasta el referendo por el "Brexit" en el Reino Unido que el debate comenzó a girar en torno de cuestiones centrales como la globalización, el libre comercio, la inmigración y sus efectos económicos.
La decisión de los votantes británicos de abandonar la UE fue un error, que cometieron engañados, sobre todo por el nuevo ministro de asuntos exteriores británico, Boris Johnson. Pero también sería un error que eurócratas y eurófilos no presten atención a las mentiras que animaron la campaña pro-Brexit. Así como funcionaron en el RU, pueden funcionar en otros estados miembros de la UE y en democracias de todo el mundo.
No será fácil seguir avanzando hacia una "unión cada vez más estrecha" en Europa. El continente debe luchar con muchas cuestiones al mismo tiempo, entre ellas los refugiados, la inmigración, la deuda soberana, el alto desempleo y un Estado de Bienestar que ya no cumple sus promesas, a pesar de los altos impuestos y la disponibilidad de inmensos recursos para financiarlo. Para hacer frente a estos desafíos, la dirigencia de la UE tendrá que reunir una base de apoyo firme, para lo que necesita dar una respuesta directa a las necesidades y demandas de los europeos.
También en otras partes las élites llevan mucho tiempo sin prestar la debida atención a la globalización, el libre comercio, la inmigración y la desigualdad. La obsesión con el libre comercio de los presidentes estadounidenses George Bush (padre) y Bill Clinton en los noventa, así como la de sucesivos gobiernos mexicanos, volvió casi imposible desde lo político compensar a los que resultaron perjudicados.
Ahora, 20 años después de este fracaso de las políticas, no es extraño que en Estados Unidos un importante grupo de votantes marginados apoye masivamente a Donald Trump, el candidato presidencial republicano, así como muchos en la izquierda apoyaron masivamente a Bernie Sanders, el senador por Vermont que intentó ganarle a Hillary Clinton la nominación por el Partido Demócrata.
Ambos candidatos ajenos al establishment supieron explotar los padecimientos y los temores de los votantes estadounidenses. En el caso de Trump, se generó un espectáculo muy desagradable, lleno de guiños al sentimiento antimusulmán y antimexicano. En el caso de Sanders, a los votantes estadounidenses se les presentaron algunas ideas atractivas, como la gratuidad universitaria y la atención médica universal, pero estas y otras medidas siguen siendo políticamente impracticables.
Ambas respuestas son resultado del fracaso de las dirigencias nacionales para mitigar, o incluso reconocer, los resultados de las políticas instituidas a lo largo de los últimos 20 años. Todo intento de comenzar a corregir este fracaso debe basarse en la realidad. Por ejemplo, a los simpatizantes de Trump y Sanders tal vez les sorprendería enterarse de que en Estados Unidos se crearon muchos empleos fabriles nuevos después de la Gran Recesión de 2008-2009, y también después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en 1993. Muchos de estos empleos fueron resultado del alza de las exportaciones a China, México y unos pocos países más pequeños con los que EEUU negoció acuerdos comerciales (Chile, Perú y Colombia, entre otros).
Es cierto que el traslado de millones de empleos fabriles a países como China y México contrarrestó en parte esta tendencia, aunque puede decirse con razón que se crearon más empleos de los que se perdieron; que el cambio volvió más competitivo a Estados Unidos; que China se convirtió en un importante mercado de consumo; y que incluso México hizo algunos avances.
El problema principal en EEUU fue la clase de empleos que cubrieron el faltante dejado por los puestos fabriles que se fueron a otra parte. Es algo que no vieron las autoridades, concentradas en las cifras macroeconómicas, pero sí lo vieron las personas de unos cincuenta o sesenta y tantos años que perdieron un empleo de treinta dólares la hora con seguro médico y jubilación, y tuvieron que contentarse con conseguir otro empleo por la mitad del salario y pocas o nulas prestaciones sociales.
Las autoridades no pensaron en las víctimas de la globalización, porque no creyeron que fuera necesario: ya se encargaría el mercado de arreglarlo todo. El mercado no arregló nada, pero las autoridades no aprendieron. El éxito de las negociaciones para el Acuerdo Transpacífico el año pasado se debió, en parte, a la falta de introducción de medidas que protejan a los trabajadores estadounidenses.
Una reacción antiglobalización similar ha surgido en México, donde tanto los elogios cuanto las críticas al NAFTA siempre han sido exageradas. El NAFTA trajo consigo el boom exportador que muchos proclamaron y predijeron, pero no consiguió frenar la migración hacia el norte. Volvió más competitivas a muchas empresas industriales y agrícolas mexicanas, pero sólo logró un aumento pequeño y transitorio de la inversión extranjera como porcentaje del PIB.
Además, si bien el NAFTA obligó a México a encarar muchas reformas económicas necesarias y deseables, nunca cumplió la promesa de crecimiento: desde 1994, la tasa anual de crecimiento económico promedio no supera el 2,5% (poco para un mercado emergente), mientras que las cifras de productividad, empleo y remuneración salarial son igualmente decepcionantes.
Después del NAFTA, nunca se implementaron las políticas necesarias para mitigar los efectos negativos de la globalización, por ejemplo, elevar el salario mínimo de los trabajadores fabriles. Hoy el país entero paga el precio, y los mexicanos no están contentos. Si bien la culpa de esta situación, en general mediocre, no es toda del NAFTA, este ayudó a que surgiera el sentimiento antisistema, que puede afectar el resultado de la elección general de 2018.
La reacción popular contra el cambio disruptivo es inevitable, y a veces sirve de contrapeso a un liderazgo irreflexivo. La novedad hoy es la magnitud de la reacción en Europa y América del Norte, regiones que en opinión de muchos expertos y políticos estaban mejor preparadas que nunca para hacer frente al cambio. A juzgar por la reacción de los votantes en Gran Bretaña, Estados Unidos y México, ningún país está a salvo de los errores de sus líderes.
(Jorge G. Castañeda was Mexico"s Secretary of Foreign Affairs from 2000-2003, after joining with his ideological opponent, President Vicente Fox, to create the country"s first democratic government. He is currently Global Distinguished Professor of Politics and Latin American and Caribbean Studies at New York UN…)
– El déficit estadounidense en explosión (Project Syndicate – 25/7/16)
Cambridge.- Dos noticias sobre el presupuesto se constituyen en un triste recordatorio del peligroso estado en que se encuentra la política fiscal en Estados Unidos. La Oficina de Administración y Presupuesto del presidente Barack Obama anunció que el déficit del gobierno federal de este año fiscal se situará cerca de los $ 600.000 millones de dólares, un aumento de $ 162.000 millones de la cifra del año 2015, es decir un incremento de más del 35%. Además, el documento de Perspectiva Presupuestaria a Largo Plazo para el año que prepara la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) proyecta que, si no hay cambios en la política fiscal, la deuda del gobierno federal aumentará del 75% al 86% del PIB en una década, y posteriormente, a un nivel record histórico del 141% hasta el año 2046, acercándose a los niveles que se registran en Italia, Portugal y Grecia.
A pesar de que el ratio deuda-PIB de Estados Unidos se duplicó en la última década, el gobierno de Obama y el Congreso ignoraron el problema, centrándose en cambio en la caída del déficit anual desde el año 2012 y la relativa estabilidad del déficit como porcentaje del PIB. Ese progreso temporal refleja la recuperación económica y los votos en el Congreso a favor de limitar el gasto en programas militares y programas discrecionales no militares.
Pero, el aumento a largo plazo de los déficits anuales -debido al envejecimiento de la población, el cambio de la tecnología médica, y el aumento de las tasas de interés– y el consiguiente aumento del ratio deuda-PIB fueron inevitables (y fueron claramente proyectados por la OBC y otras oficinas). El mayor número de personas estadounidenses de edad avanzada que son elegibles para recibir beneficios del Seguro Social impulsará los costos del programa desde el 4,9% del PIB este año al 6,3% del PIB durante los próximos 30 años. La mitad del aumento en el costo de los principales programas federales de atención de la salud, desde el 5,5% del PIB ahora al 8,9% en el año 2046, ocurrirá como resultado del incremento en la cantidad de beneficiarios de edad avanzada, y la otra mitad se deberá al costo adicional, impulsado por motivos tecnológicos, de brindar tratamiento a dichas personas.
La política monetaria no convencional de la Reserva Federal ha hecho bajar el costo de los intereses netos sobre la deuda federal a sólo 1,4% del PIB, a pesar del incremento en el volumen de la deuda. Pero a medida que las tasas de interés se normalicen y el volumen de la deuda crezca, se prevé que el costo del servicio de los intereses sobre la deuda nacional aumente a 5,8% del PIB.
Ese costo proyectado de los intereses podría llegar a ser mucho menor de lo que en realidad sería si el resto del pronóstico del déficit y de la deuda resultarían ser correctos. Si se tiene una deuda federal de 141% del PIB, ese costo de intereses en un nivel de 5,8% del PIB implica una tasa de interés nominal promedio de sólo el 4% y, teniendo en cuenta la proyección de inflación de la CBO, se alcanzaría una tasa de interés real de alrededor del 2% – similar a las tasas históricas cuando el ratio de deuda era inferior al 40% del PIB. Pero los inversores en bonos del Tesoro podrían exigir una tasa de interés mucho más alta a cambio de incluir en sus portafolios títulos de deuda del gobierno de Estados Unidos. En ese caso, el costo de los intereses y la deuda serían mucho mayores.
El hecho de que más de la mitad de la deuda del gobierno estadounidense que se cotiza en bolsa está ahora en poder de inversores extranjeros podría hacer que la tasa de interés sea aún más sensible con relación al tamaño relativo de la deuda. Los inversores extranjeros podrían temer que el gobierno adopte políticas que reduzcan el valor real de los títulos valor que dichos inversores mantienen en su poder. Si bien el gobierno de Estados Unidos nunca entraría en moratoria de forma explícita, podría adoptar políticas tales como la deducción de impuestos sobre la renta con relación a los pagos de intereses, lo que pondría en desventaja a los titulares extranjeros de su deuda y disminuiría el valor de los bonos. Además, los inversores extranjeros podrían temer que niveles muy altos de deuda podrían conducir a una política monetaria inflacionaria, que depreciaría el valor del dólar y bajaría el valor real de sus bonos.
Aquí se encuentra una implicación sorprendente e inquietante relativa a los pronósticos de la CBO. Hasta el año 2046, los desembolsos proyectados para los programas de ayuda social "obligatorios" (Seguridad Social y los principales programas de salud), más los intereses sobre la deuda, absorberían fondos en niveles que superarían todos los ingresos que el gobierno recaudaría con las tasas de impuestos actuales. Un déficit pequeño (1,6% del PIB) surgiría incluso antes de que se gaste en programas militares y otros programas "discrecionales" que asignan fondos anualmente.
No hay manera de compensar el crecimiento de los programas obligatorios al ralentizar el crecimiento de los gastos militares y otros gastos discrecionales. El gasto militar total en la actualidad es sólo un 3,2% del PIB y se espera que disminuya a un 2,6% en el transcurso de los próximos diez años y permanezca en ese nivel durante los próximos 20 años. Ese sería el porcentaje más bajo de gastos militares como porcentaje del PIB desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Se proyecta la misma reducción para todos los programas discrecionales no militares, que también alcanzarían un nivel mínimo histórico como porcentaje del PIB.
El punto positivo en este cuadro triste es que no tomaría mucho en términos de reducciones del déficit anual evitar el aumento del ratio de deuda, o incluso hacer que dicho ratio regrese al nivel donde estaba hace una década. Reducir el déficit anual en un 1,7% del PIB mediante cualquier combinación de reducción de gastos e ingresos más altos evitaría, si se inicia en el año 2017, un aumento del actual ratio deuda-PIB del 75%. Y, reducir el déficit en un 3% al año revertiría la trayectoria de la deuda y la traería de regreso al nivel donde estaba en las décadas anteriores a la recesión.
Ninguno de los candidatos presidenciales ha indicado ya sea un plan o una inclinación para revertir el aumento previsto de la deuda nacional. Sin embargo, esta debe ser una prioridad principal para quien vaya a ser el nuevo inquilino de la Casa Blanca el próximo año. Dada la necesidad de actuar con rapidez con el propósito de evitar el peor de los escenarios, no existe excusa para esperar.
(Martin Feldstein, Professor of Economics at Harvard University and President Emeritus of the National Bureau of Economic Research, chaired President Ronald Reagan"s Council of Economic Advisers from 1982 to 1984. In 2006, he was appointed to President Bush's Foreign Intelligence Advisory Board…)
– Crecer en tiempos turbulentos (Project Syndicate – 27/7/16)
Fort Lauderdale, Florida.- Los países en desarrollo se enfrentan a importantes obstáculos para lograr un crecimiento alto y sostenido, sobre muchos de los cuales no tienen control. Además de los vientos de cola que genera el lento crecimiento de las economías avanzadas y las inusuales condiciones monetarias y financieras posteriores a la crisis, están los efectos perturbadores de la tecnología digital, que inevitablemente afectarán la ventaja comparativa de las economías en desarrollo para las actividades manufactureras que requieren mucha mano de obra. Ya que es imposible que estas tendencias se reviertan, la única opción es adaptarse.
La robótica ya ha hecho avances importantes en el ensamblado de productos electrónicos, y es probable que ahora sea el turno de los oficios de coser, que tradicionalmente han sido el primer punto de entrada de muchos países al sistema comercial mundial. A medida que prosiga esta tendencia, irá desapareciendo el imperativo de crear cadenas de suministro basadas en la ubicación de mano de obra relativamente fija y barata, y la producción se acercará al mercado final. Por ejemplo, Adidas ya está construyendo una fábrica en Alemania para la producción robótica de calzado deportivo de alta gama, y tiene planes de abrir otra en Estados Unidos.
Considerando lo anterior, los países en desarrollo deben tomar medidas hoy para adaptar sus estrategias de crecimiento e incluir en su marco de acción los siguientes factores clave.
Primeramente, es probable que persistan los problemas en las economías avanzadas, como el lento crecimiento económico o la incertidumbre política, afectando por largo tiempo el potencial de crecimiento en otros países. En tal contexto, los países en desarrollo no deben sucumbir a la tentación de intentar estimular la demanda por medios insostenibles, como por ejemplo un endeudamiento excesivo.
En lugar de ello, los países en desarrollo, en particular aquellos que se encuentran en etapas más tempranas de desarrollo económico, deben buscar nuevos mercados externos para sus productos mediante la maximización de las oportunidades de comercio con sus contrapartes en el mundo en desarrollo, muchas de los cuales tienen un importante poder de compra. Si bien no hay duda de que esa demanda no reemplazará por completo la caída de la demanda de los países avanzados, sí puede ayudar a amortiguar el golpe.
Segundo, la inversión, sea pública o privada, sigue siendo un potente motor del crecimiento. En las economías con exceso de capacidad productiva, la inversión con objetivos puede ser doblemente beneficiosa al generar demanda a corto plazo y estimular el crecimiento y las productividad tras ello. Por eso es necesario reducir, e incluso eliminar, las limitaciones a aquella inversión que prometa altos retornos sociales y privados.
Este tipo de inversión se debería financiar principalmente con ahorro interno, aunque también con algo de endeudamiento. Al menos en parte, las inversiones estables y largo plazo pueden recibir financiación de instituciones de desarrollo internacional.
En tercer lugar, es fundamental administrar la cuenta de capitales de modo que proteja y mejore el potencial de crecimiento de la economía real. Es fácil que la entrada de altos volúmenes de capital desde países con bajas tasas de interés eleve los tipos de cambio y genere presión sobre el área comercial de la economía. Al mismo tiempo, el riesgo aumenta ante la perspectiva de que se revierta el flujo de capitales, desincentivando la inversión y elevando la posibilidad de que se produzcan acontecimientos que restrinjan el crédito de manera abrupta.
En este contexto, los controles de capital selectivos y una cuidadosa gestión de las reservas pueden ayudar a estabilizar la balanza de pagos y asegurar que los términos en que se lleve a cabo el comercio no cambien a un ritmo tan rápido que el aumento de la productividad no pueda compensarlo. De hecho, los países en desarrollo exitosos impulsaban tales políticas incluso antes de que ocurriera la crisis económica global.
Cuarto, se hace necesaria una mirada realista a la revolución digital. Por una parte, los países en desarrollo deben reconocer que, si bien está ocurriendo rápido, esta disrupción no volverá obsoletos sus modelos de crecimiento de la noche a la mañana. El constante crecimiento y el aumento del ingreso de los hogares en China están creando oportunidades para las economías de menores ingresos en manufactura de bajo coste.
Por otra parte, estos países deben aceptar la inevitabilidad de los cambios a sus modelos de desarrollo provocados por las tecnologías digitales. En vez de verlos como una amenaza e intentar resistirse a ellos, deberían ponerse a la vanguardia, adoptando innovaciones significativas. Esto implica invertir en la capacidad física y humana para sostener su uso.
Más allá de actualizar la manufactura, los países en desarrollo deberían ir preparándose para el cambio hacia el sector servicios que ocurrirá inevitablemente a medida que se eleven los ingresos (si bien es difícil predecir cuándo exactamente). De hecho, deberían buscar maneras de aprovechar las oportunidades para impulsar su oferta de servicios, de manera muy similar a como lo han hecho India y Filipinas.
En quinto lugar, no se puede pasar por alto la distribución de las ganancias generadas por el crecimiento económico. Las economías avanzadas lo intentaron, y el resultado ha sido polarización política, el aumento del sentimiento antisistema, una menor coherencia entre las políticas y el debilitamiento de la cohesión social. En particular, en un ambiente de bajo crecimiento los países en desarrollo no se pueden permitir cometer el mismo error.
Sexto, es importante establecer desde temprano patrones de crecimiento sostenibles. Un enfoque "ecológico" no sólo estimularía un crecimiento adicional, sino que probablemente también mejoraría su calidad, por no mencionar las vidas de los ciudadanos. Más aún, en el largo plazo llevaría a una economía mucho más resistente.
Por último, las actividades de emprendimiento son vitales para hacer realidad este potencial económico. No se pueden dejar fuera de las estrategias de crecimiento las políticas que dan apoyo, tales como las que eliminan obstáculos a la creación de nuevas empresas y mejoran las oportunidades de financiación. Estas iniciativas pueden mejorarse si se abren canales a los flujos de información, ideas, experiencias y talentos.
Es posible que las economías en desarrollo no tengan mucho control sobre las tendencias en contra que enfrentan hoy en día, pero eso no significa que sean impotentes. Se puede hacer mucho no sólo para sostener un crecimiento moderado, sino para apuntalar un futuro más próspero y sólido.
(Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Professor of Economics at NYU"s Stern School of Business, Distinguished Visiting Fellow at the Council on Foreign Relations, Senior Fellow at the Hoover Institution at Stanford University, Academic Board Chairman of the Asia Global Institute in Hong Kong …)
– Combatiendo la pobreza en Estados Unidos (Project Syndicate – 27/7/16)
Berkeley.- De 2005 a 2014, el ingreso real de dos tercios de los hogares en 25 economías desarrolladas se mantuvo sin cambios, o incluso decayó. Sólo después de una intervención gubernamental muy agresiva en impuestos y transferencias algunos países lograron, por lo menos, que las familias no se vieran perjudicadas.
Esta experiencia conlleva lecciones para países como Estados Unidos, donde la desigualdad y la distribución de ingresos causan preocupación en vísperas de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. ¿Qué puede aprender Estados Unidos de lo que funciona en otras partes?
Estados Unidos es un caso aparte a nivel global en lo que concierne a asociar gran parte de su red de seguridad social con el empleo. El gasto en previsión social promedia el 23% del PIB en Europa, pero apenas el 16% en Estados Unidos. Y Estados Unidos también está especialmente lejos del resto en lo que concierne a las familias: solamente otros tres países -Tonga, Surinam y Papúa Nueva Guinea- carecen de una política nacional para la licencia familiar paga.
Sin embargo, existen muchas iniciativas políticas exitosas en Estados Unidos. Por ejemplo, Pete Weber, un empresario retirado de Fresno y miembro del comité ejecutivo del Partido Republicano de California, está al frente de un movimiento nacional destinado a pensar de manera audaz en cómo sacar a las familias de la pobreza y lograr que sean autosuficientes.
La Fresno Bridge Academy, fundada por Weber en 2010, ha recibido elogios a nivel estatal y nacional por sus resultados -no sólo su éxito con individuos carenciados, sino también su rentabilidad-. El programa consiste en una capacitación laboral de 18 meses que también ofrece servicios de apoyo para las familias -como clases de computación, asistencia para redactar un currículum vitae, clases de apoyo para la crianza de los hijos y clases particulares para niños– a través de Reading and Beyond, su organización paraguas sin fines de lucro.
Emplazado en el código postal más pobre de California, el programa ha ayudado a 1.200 familias que se inscribieron voluntariamente y cuenta con fondos para brindar servicio a otras 2.300 familias en los próximos dos años. Hasta la fecha, el 80% de las familias inscriptas ha obtenido un empleo o un crecimiento significativo de su salario, y el 80% de ellas conserva estos progresos un año más tarde. El 30% han logrado ser totalmente autosuficiente en el lapso de apenas 18 meses.
El esquema de Fresno, financiado por una subvención a la innovación del programa SNAP (anteriormente conocido como cupones para alimentos), es evaluado cuantitativamente y en base a los resultados de manera rigurosa. El programa ha generado 22 dólares de beneficio por cada dólar invertido -16 dólares van a las familias y 5 dólares, a los contribuyentes (principalmente en concepto de mayores ingresos y menores desembolsos para cupones para alimentos).
Si bien las circunstancias en Fresno están asociadas especialmente a la economía agrícola local, Weber cree que el programa es escalable y ya lo está extendiendo a otros dos condados de California (San Joaquín y Napa). A través de una colaboración más amplia con la Cumbre Económica de California Forward, Weber está incorporando las lecciones aprendidas en Fresno en un esfuerzo para sacar a un millón de familias de la pobreza en el estado para 2025.
Las nuevas estrategias como la adoptada por la Fresno Bridge Academy llegan en un momento en el que tanto la izquierda como la derecha cuestionan los programas actuales para combatir la pobreza. Según algunas estimaciones, desde que el presidente Lyndon B. Johnson lanzó su "Guerra contra la pobreza" en 1964, el gasto total en esta materia superó los 22 billones de dólares. Sin embargo, no se registró mucho progreso. La tasa de pobreza oficial en Estados Unidos parece atascada en alrededor del 15%.
En la derecha, la iniciativa Expanding Opportunity in America del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, tiene la visión de que Estados Unidos ya gasta lo suficiente y sólo necesita gastar mejor. El plan de Ryan se centra en integrar programas en un "subsidio de oportunidad", expandiendo el crédito por ingreso del trabajo (EITC, por su sigla en inglés), y una reforma de la justicia penal -a la vez que se estimula el crecimiento económico, de manera que el trabajo pesado recaiga en la creación de empleo.
En la izquierda, organizaciones como Opportunity Institute (aclaración: ambos integramos la junta de directores) defienden el gasto focalizado, particularmente en educación temprana, en asociar la universidad con las carreras, y en reducir la reincidencia criminal. La plataforma política de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton propone nuevos programas para abordar estas cuestiones, con un énfasis especial en la licencia familiar y en la educación de la infancia temprana y universitaria.
Muchos académicos -si no la mayoría- que han explorado el tema, como un esfuerzo conjunto de la Brookings Institution y el American Enterprise Institute, incluyen elementos de la izquierda y de la derecha, particularmente estrategias destinadas a fortalecer a las familias, mejorar la calidad y volumen del trabajo disponible y romper el ciclo de reincidencia. El EITC también cuenta con un amplio respaldo (más de las tres cuartas partes de los economistas encuestados por la American Economic Association apoyan su expansión). También existe un amplio consenso sobre la necesidad de una mejor evaluación cuantitativa de lo que da buenos resultados.
A otros, especialmente muchos en el mundo tecnológico de Silicon Valley y algunos en el movimiento laboral, les preocupa que la tecnología supere la creación de empleo y deje a muchos fuera de la fuerza laboral. Preferirían un ingreso básico universal (IBU, por su sigla en inglés), que rompería el vínculo entre empleo e ingreso. Los ciudadanos suizos rechazaron rotundamente esa estrategia en un referendo reciente, pero la energía dedicada a estrategias más radicales para ayudar a quienes lo necesitan es bienvenida, aún si las especificidades del IBU y su costo todavía no han sido comprobadas.
Ejemplos como Bridge Academy -y otros, como el Federal Home Visiting Program- demuestran que las iniciativas profundamente arraigadas y adaptadas a las necesidades de las comunidades en las que se aplican, y que están impulsadas por la evidencia de resultados efectivos, pueden funcionar. Desafortunadamente, muchas veces adoptamos la estrategia opuesta: programas nacionales generalistas sin ningún énfasis en los resultados.
Consideremos el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Aproximadamente el 88% de su gasto anual de 82.000 millones de dólares está destinado a ayuda directa (SNAP, o "cupones para alimentos"), mientras que apenas el 0,33% está destinado a brindarle a la gente las capacidades que necesita para evitar una asistencia del gobierno. Peor aún, ninguno de los programas focalizados en las capacidades tiene datos que permita evaluarlos.
Un programa "federalista y progresista" aumentaría sustancialmente este tipo de gasto y lo evaluaría rigurosamente. Un programa de estas características fijaría normas federales altas, pero les permitiría a las ciudades y a los estados innovar, y así financiar lo que funcione. Es hora de pensar de manera diferente y alinear nuestro pensamiento -y nuestro gasto- con lo que realmente da resultados.
(Laura Tyson, a former chair of the US President's Council of Economic Advisers, is a professor at the Haas School of Business at the University of California, Berkeley, a senior adviser at the Rock Creek Group, and a member of the World Economic Forum Global Agenda Council on Gender Parity. Lenny Mendonca, Senior Fellow at the Presidio Institute, is a former director of McKinsey & Company)
– Overcoming the Poisonous Politics of Protectionism (Project Syndicate – 29/7/16)
Hillary Clinton faces an election that has come to revolve around the legitimacy of a political establishment that she epitomizes. And no issue has fueled that challenge -in the US and Europe alike- more powerfully than international trade.
London.- According to conventional economic wisdom, free trade is good – so the freer the better. After all, steady trade liberalization in recent decades has clearly boosted economic growth in developed and developing countries alike. But, as Barry Eichengreen of the University of California at Berkeley notes, "just because economists agree doesn"t mean they"re right". And even when economists are right about trade, that doesn"t stop vote-chasing politicians from ignoring their advice.
That is certainly true today. "One thing is now certain about the upcoming presidential election in the United States: the next president will not be a committed free trader", Eichengreen writes. Hillary Clinton, the Democratic nominee, "is at best a lukewarm supporter of freer trade, and of the Trans-Pacific Partnership (TPP) in particular. Her Republican counterpart, Donald Trump, is downright hostile to trade deals that would throw open US markets", promising to impose high import tariffs, particularly on Chinese goods.
Now add Britain"s referendum vote to leave the European Union (the world"s biggest trade bloc), the demise of the World Trade Organization"s Doha Development Round, and growing opposition to regional deals, and the increasingly fraught politics of trade becomes even more apparent. Clearly, if countries are to benefit from economic openness and avoid its pitfalls, several questions must be addressed.
For starters, what remains of the argument -a staple of economic theory- that unrestricted trade benefits all? What should be included in trade agreements? And, perhaps most important, in view of surging electoral support for populist candidates favoring protectionism, what steps can political leaders take to encourage domestic support for trade liberalization?
Trade Optimists
Many believe that the fundamental benefit of international trade is undeniable. As UC Berkeley"s Laura Tyson and Sarah Lund of the McKinsey Global Institute observe, interconnectedness fosters growth via the productivity gains from specialization, competition, and innovation. Andrés Velasco, a former finance minister of Chile, notes that trade liberalization helps developing countries boost productivity by integrating them into global supply chains.
Similarly, the Hoover Institution"s Michael J. Boskin cites David Ricardo"s two-century-old theory of comparative advantage to defend the TPP. Harvard"s Jeffrey Frankel observes an 18% productivity gap between US manufacturers that export and those that do not. He, too, invokes Ricardo in promoting the TPP: "Countries benefit most from producing and exporting what they are relatively best at producing and exporting, and from importing what other countries are relatively better at producing".
Likewise, Yale"s Koichi Hamada, a special economic adviser to Japan"s prime minister, argues that "the increased trade and investment flows brought about by the TPP"s ratification and implementation will benefit even the countries that must make larger sacrifices". For her part, Yuriko Koike, a member of Japan"s National Diet, acknowledges the risks of the TPP for Japan"s agriculture, but says the agreement is "vital" for the country.
Advocates of the TPP describe it as an enormous growth engine for the global economy. Former Swedish Prime Minister Carl Bildt and Javier Solana, the former Spanish foreign minister, highlight the comparable benefits of the TTIP, calling objections to it "trivial". And Ana Palacio, another former Spanish foreign minister, urges an EU-Japan trade deal as a more easily achieved complement to the TPP.
The Peterson Institute for International Economics has estimated that the TPP would boost the economies of the participating countries by 1.1% by 2030, and the US economy by 0.5%. Anders Fogh Rasmussen, the former secretary general of NATO, is similarly upbeat about the TTIP, arguing that it would add $ 125 billion to US GDP and a similar amount (proportionally) to the EU economy.
Trade Skeptics
Trump and other protectionists often argue that the flaw in unrestricted trade is that some countries, particularly China, keep their currencies artificially low. Simon Johnson, former chief economist at the International Monetary Fund and a senior fellow at the Peterson Institute cites the damage to US manufacturing employment from undervalued Chinese and Japanese currencies, arguing that TPP members "must commit not to run large current-account surpluses and accumulate excess foreign-exchange reserves".
But Yale"s Stephen Roach counters that China long ago ceased buying dollar assets to hold down its currency, and that its current-account surplus has shrunk steadily. The US trade deficit, he argues, reflects inadequate savings, not Chinese currency manipulation, as illustrated by the fact that the US runs bilateral deficits with most of its trading partners.
Kemal Dervis of the Brookings Institution acknowledges that currency manipulation can be a problem; but he argues that trade agreements are not the right forum to solve it, owing to the difficulty of determining what actually constitutes manipulation. Do central-bank purchases of government bonds (so-called quantitative easing) qualify? What about the eurozone"s neglect of domestic demand, which contributes to its trade surplus? For Dervis, the best venues for addressing these issues are the G20 and the IMF, with the latter being given greater powers of multilateral surveillance.
And yet not all of the growing opposition to trade is groundless. For starters, Ricardo"s argument fails to account for structural change in economies as trade liberalization proceeds. As Adair Turner, the chairman of the Institute for New Economic Thinking, points out, further trade liberalization will not bring the benefits it brought in the past: non-tradables comprise a growing share of employment and economic activity, especially in developed economies; as global incomes converge, comparative advantage on the basis of low labor costs will become less important; and new manufacturing technologies will encourage on-shoring. In Turner"s view, "trade liberalization is decreasingly important".
Indeed, the economic benefits projected by the Peterson Institute and others are relatively small – and may not actually materialize. The United Nations" Jomo Kwame Sundaram points to a study by the US International Trade Commission calculating that the TPP would add just 0.15% to US GDP by 2032, and increase incomes by a mere 0.23%. Moreover, these modest economic benefits will accrue to firms rather than ordinary citizens, all participating countries will suffer higher unemployment, and incomes in the US and Japan will fall.
Johnson is skeptical of many of the TPP"s alleged benefits and notes that displaced American workers stand to receive only limited compensation.
This underscores the extent to which the benefits of trade liberalization are unevenly distributed both within and across countries. As Harvard"s Dani Rodrik puts it, "the real world has not lined up so neatly with trade economists" assumptions". Countries might have benefited in aggregate from more trade, but particular communities have been hit hard. Some developed-country workers who have been displaced by trade with developing countries have moved into better skilled (and better paid) jobs, but many are suffering permanent income losses.
The University of Oregon"s Gordon Lafer, a former senior policy adviser to the US House of Representatives" Committee on Education and Labor, criticizes the TPP"s tolerance of inadequate workers" rights in undemocratic countries such as Vietnam. The TPP is "not really a "trade" treaty at all", he argues. "Rather, it is a vehicle for corporate lobbyists to achieve what they have been unable to persuade legislators to support through normal means".
Global or Regional?
Even many advocates of trade liberalization are highly skeptical of arrangements such as the TPP and the TTIP. Pascal Lamy, a former director-general of the WTO, laments the trend toward regional agreements. Multilateral trade liberalization, he explains, has helped narrow the global gap in living standards, "with per capita incomes in developing countries rising almost three times faster than those in advanced countries".
And yet, even as multilateral trade liberalization has ground to a halt, the push for regional agreements continues. Columbia University"s Jagdish Bhagwati and Oxford University"s Emily Jones both worry that the rise of preferential bilateral and plurilateral agreements risks undermining the WTO"s credibility as the guarantor of rules-based trade – to the detriment of developing countries, many of which lack the market size to be invited to join these smaller clubs. Likewise, Lamy fears that the proliferation of regional deals, with regulatory demands that developing countries are unable to accept, is threatening decades of real-income convergence between developed and developing countries.
For Nobel laureate Joseph Stiglitz, however, that is precisely the point. The purpose of the TPP and the TTIP, Stiglitz argues, is to institute "a managed trade regime – managed, that is, to serve the special interests that have long dominated trade policy in the West". But not everyone in the West agrees. Sciences Po"s Zaki Laidi, currently chief foreign policy adviser to French Prime Minister Manuel Valls, believes that Europe "has a greater stake in revitalizing multilateral trade" than the US. Unlike America, Laidi argues, Europe lacks the leverage to extract advantageous regional trade deals.
The Terms of Trade Deals
Can a managed trade regime be fair, given differences among countries" levels of development and the relative strength of those sectors in which they have a comparative advantage? As Sanjaya Baru, former national security adviser to India"s former prime minister, Manmohan Singh, points out, the TTP goes well beyond traditional free-trade agreements on goods and agriculture. In addition to intellectual-property protection and provisions to prevent "unfair" competition by state-owned enterprises, it includes labor rights, environmental protection, and investor protection from regulatory changes.
Boskin and Frankel reckon this is all to the good. Bhagwati and Stiglitz, however, argue that developing countries have been right to resist inclusion of many such provisions within WTO agreements. If trade agreements do not advance social objectives, they should not be permitted to impede them.
UN Special Rapporteur on the right to food Oliver De Schutter and Kaitlin Y. Cordes of Columbia University show what can happen otherwise. The US demand for patent protection for plants, they argue, threatens to restrict farmers" access to productive resources, which could cause governments to violate their obligations under human-rights treaties.
Likewise, Stiglitz and Adam S. Hersh of the Roosevelt Institute contend that the investor-state dispute settlement (ISDS) provisions within the TPP could allow foreign investors to pursue binding private arbitration against a government if new regulations to protect citizens" health and welfare reduce their expected profits. US tobacco companies, for example, could then demand compensation for regulations aimed at reducing tobacco consumption. Similarly, Sundaram stresses that the TPP will give pharmaceutical firms longer monopolies, hurting both consumers and governments. And Velasco contends that, more broadly, the rights of US firms to protect their intellectual property must be balanced against the need to spread the benefits of technology.
Trade Justice
Concerns about currency manipulation, workers" rights, environmental standards, and much else highlight a widespread fear that Ricardian rhetoric may serve as a fig leaf for the pursuit of parochial interests, whether of nation-states or of multinational firms. Will regional deals like the TPP, rather than maximizing comparative advantage, trigger a race to the bottom, as Lafer, Stiglitz, and others fear?
Rodrik notes that workers in developed countries will accept losing their jobs because of technological change, but not when it results from competition with low-wage countries that forbid organized labor. He argues that the world needs trade agreements that allow developed countries to restrict trade when imports clearly conflict with domestic social norms – but which also allow developing countries to pursue economic diversification.
Perhaps more important, whereas advocates of free trade and globalization talk a good game about the need to compensate those who lose out or are left behind, most countries don"t put their money where their mouth is. But, as Bo Lidegaard, a former editor-in-chief of the Danish daily Politiken, observes, those that do reap enormous benefits. In terms of employment, the top seven countries worldwide have "welfare economies" that
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