1.1.3. LA COMPOSICIÓN PECUNIARIA
Otro avance hacia el derecho y la civilización en el tratamiento del delito y en el afán razonable de limitar y eliminar la venganza, unida al utilitarismo, llevan a la etapa de la composición pecuniaria cuya institución consiste en que el ofensor podía comprar el rescate de la pena por medio de bienes económicos, especialmente por ganado que era la moneda originariamente. Su regulación ofrecía variadas formas que iban desde la propuesta del defensor, la elección por parte de los ofendidos entre la pena y la composición y la obligación o forma impuesta por el estado. Sustituyo también esta institución la expulsión de la paz y el abandono noxal, evitando en este caso la faida y fue muy socorrida por algunas comunidades como medio de aliviar sus necesidades económicas. Muy a menudo el jefe, a fin de mantener la armonía interna, empleaba su poder o influencia para hacer que la vengativa familia aceptara oro o bienes en lugar de sangre. Pronto se estableció una tarifa regular que determinaba cuanto se debía pagar por un ojo, un diente, un brazo o una vida; Hammurabi legisló intensamente en tales términos. Las penas impuestas en caso de arreglo podían variar con el sexo, edad y rango del ofensor y ofendido; en la historia del derecho la magnitud del criminal; se exceptúa de lo dicho el caso de los Brahamanes, los cuales según el libro de la ley de Manú, siglo VIII año 338 en le que debía soportar por el mismo delito un castigo más grande que los miembros de castas inferiores.
No obstante las criticas que se hacen a esta forma de punición, señalando que constituye una verdadera insensibilidad al permitir que las ofensas sean saldadas en dinero y que apreciables bienes jurídicos se vean compensados en su violación por la transacción económica, es cierto que con ella se indica que el hecho delictivo no solamente daña a la comunidad y que exija la consecuencia punitiva sino que causa un daño particular resarcible en dinero.
1.1.4. LA ORDALIA
"Como estas multas e indemnizaciones pagadas para evitar la ejecución de venganzas, requerían la determinación de daños y perjuicios, se dio un tercer paso hacia la legalidad con la formación de tribunales; el jefe, los ancianos o sacerdotes, administraban justicia para poner fin a las desavenencias del pueblo. Estos tribunales no eran siempre tribunales de justicia; a menudo eran juntas de conciliación voluntaria que imponía un arreglo amistoso a la disputa. Durante muchos siglos, y en muchos pueblos al recurrir a los tribunales fue cuestión optativa; cuando la parte ofendida estaba en desacuerdo con la sentencia, quedaba en libertad de procurar satisfacerse con la venganza personal"
En muchos casos las disputas eran resueltas mediante una contienda pública entre las partes que variaba en ferocidad desde una inofensiva pelea con los puños hasta el duelo a muerte.
Con frecuencia, la mente primitiva recurría a una ordalía.
No tanto guiada por la teoría medieval de que una deidad revelaría al culpable, con la esperanza de que la prueba judicial por injusta que fuese, pondría fin a una lucha que de otro modo podía perturbar a la tribu durante muchas generaciones. Partiendo de estas formas primitivas, la ordalía persistió en las leyes de Moisés y el Código de Hamurabi y llegó hasta la edad media.
1.1.5. EL PERIODO HUMANITARIO
Se presentaba con el hecho de asumir el jefe o el estado la obligación de prevenir o castigar el delito. "No hay más que un paso del arreglo de disputas y el castigo de agravios al esforzarse para evitarlos". En este periodo se desecha la venganza, se procura el cambio de las penas que eran atroces y otras más suaves, y en donde el IUS PUNIENDI, como derecho subjetivo, se reconoce ejercido por le estado como único capaz de punir y prohibir bajo amenaza de pena. "El jefe se convierte no solamente en juez, sino en legislador y al cuerpo general de la ley común, proveniente de las costumbres del grupo, se le añade un cuerpo de ley positiva, originada en los decretos del gobierno; en un caso las leyes se hacen y en el otro son hechas" . En ambos casos las leyes llevan la marca del pasado y están saturadas de la venganza que intentaron reemplazar. Los castigos primitivos son crueles porque la sociedad primitiva se siente insegura; a medida que la organización social adquiere estabilidad, disminuye la severidad de las penas.
En general el individuo tiene menos derechos en la sociedad natural que bajo la civilización. En todas partes el hombre nace encadenado: cadenas de la herencia, de la costumbre y de la ley. El individuo primitivo se mueve siempre dentro de una red de reglas escritas y detalladas: mil tabúes restringen su acción; mil terrones limitan su voluntad.
El individuo era apenas reconocido como entidad separada de la sociedad natural; lo que existía era la familia y el clan, la tribu y la comunidad aldeana eran estos lo que poseían la tierra y ejercían el poder. Solo con la aparición de la propiedad privada, que le dio autoridad económica y la del estado que le dio condición legal y derechos definidos, empezó el individuo a destacarse como una realidad diferente. "Los derechos no nos vienen de la naturaleza, que no reconoce otros derechos que la justicia y la fuerza; son privilegios asegurados por la comunidad a los individuos como ventajosos para el bien común. La libertad es un lujo de la seguridad; el individuo libre es producto y signo de la civilización".
El principio supremo de la justicia se arraiga en el humanismo; que proclama que toda la comunidad constituye una gran familia, en la cual no hay hijos ni entenados, sino en la que todos los hombres somos iguales, pero poseyendo cada hombre una unicidad.
1.2. PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS
Fundamento Filosófico – Político.
Parte de la función paterna es la transmisión de un código moral, y uno de los fines de este código es el ajuste de los impulsos no cambiados, o lentamente cambiantes de la naturaleza humana a las variantes necesidades y circunstancias de la vida social, de este código moral depende en gran parte la primera noción que se tenga de la ley de los hombres para un buen comportamiento social.
La avidez, posesividad, falta de honradez, crueldad y violencia han sido durante tanto tiempo útiles a muchos hombres que, hoy, todas nuestras leyes, educación, normas morales y religiosas, no alcanzan a suprimirlos totalmente. Lo cierto es que los códigos morales tienen una base racional como son la utilidad económica y política. El hombre primitivo en su incipiente organización social desarrolló mecanismos efectivos para que los preceptos morales (o legales) de la comunidad, prevalecieran por encima de cualquier otro interés; el temor fue por así decirlo, un vigilante invisible que fortalecía los impulsos sociales contra los individualistas; las sociedades no han inventado la religión pero si han hecho uso de ella, es necesario el temor religioso, y este no puede provocarse sin mitos ni maravillas, junto con el temor se alimenta la esperanza. Los fundadores de estados dieron su sanción a todos los símbolos mitológicos y religiosos para que sirvieran de espantajo para los simples de espíritu. De esta manera el temor a lo divino y lo sobre natural llegó a ocupar un lugar en el plan social y civil de la vida, así como la historia de los hechos reales, los antiguos se aferraron a su sistema de enseñanza para niños y lo aplicaron a la edad de la madurez. Toda ley naciente en el grupo social iba seguida de un represivo adoctrinamiento que dejaba en los integrantes del medio social un sabor a obligatoriedad con carácter de ley inviolable y por lo general divina. Lo positivo de los códigos morales radica en que son el origen de la codificación, las leyes y procedimientos utilizados para solucionar los conflictos entre las afiliadas al estado.
Cada estado según sus necesidades ha enfrentado el problema de la ley y la pena como medios de control de las conductas irresponsables. Se destacan legislaciones entre ellas: Las Egipcias, Babilonias, Judea, Grecia, Roma.
1.2..1. EGIPTO
En Egipto, el Faraón, los nobles provinciales y los escribas mantenían la ley y el orden en el estado. La legislación civil y criminal estaban muy desarrolladas y ya en la quinta dinastía el derecho de la propiedad y la herencia privada era complicado y preciso. Como en nuestros días, había absoluta igualdad ante la ley; siempre que as partes litigantes tuvieran igualdad de recursos ante la ley.
Los jueces exigían que, en los litigios, el alegato y la réplica, los argumentos a favor y en contra fuesen presentados, no en oratoria sino por escrito. El perjurio era castigado con la muerte. Había una organización regular de justicia, desde los tribunales supremos de Memfis, Tebas y Heliopolis. Se empleaba a veces la tortura comadrona de la verdad; el vareo era castigado frecuente; se recurría a veces a la mutilación, cortando nariz u orejas, mano o lengua o al destierro a las minas, a la muerte por estrangulación, empalamiento, decapitación, o en la hoguera; la pena extrema era ser embalsamado en vida, ser devorado lentamente por una capa de anticorrosivo Natrón. A los criminales de alto rango se les perdonaba la vergüenza de la ejecución pública, permitiéndoseles suicidarse, como a los samuráis en el Japón. No hay indicios de ningún sistema de policía; aún el ejercito en activo (siempre pequeño a casa del protegido aislamiento de Egipto entre desiertos y mares); era pocas veces usado para la disciplina interna. La seguridad de la vida y la propiedad y la continuidad de la ley y el gobierno, descansaban casi enteramente en el prestigio del Faraón, mantenido por las escuelas y la iglesia.
El procedimiento tanto en lo penal como en lo civil, se iniciaba en el visir, que era el funcionario que se hallaba al frente de la administración, hacía a la vez de Primer Ministro, Director de Hacienda y Juez Supremo; era el tribunal de última instancia bajo el Faraón mismo. Cuando un peticionario venía a solicitar la atención del visir, éste hacia todo de acuerdo a la ley, a la costumbre, no debía mostrar parcialidad en la aplicación del derecho. Practicaba el derecho de igualdad ante la ley tanto para el peticionario como para el infractor. La justicia era el fin fundamental de su labor. Luego del vivir estaba el Faraón, quien constituía el Tribunal Supremo; cualquier causa, en ciertas circunstancias podía elevarse ante él, si el demandante podía atender los gastos.
Influyeron a la legislación egipcia, las legislaciones de Sumaria, África y Babilonia.
En Sumeria había una rica legislación que se codificó en los estatutos de UR; está fue la fuente del famoso Código de Hammurabi. Era más tosca y simple que la legislación posterior pero menos severa. Mientras que por ejemplo el Código Semita mataba a una mujer por adulterio, el Código Sumerio meramente permitía al marido tomar otra esposa y reducir la primera a una posición subordinada. Los Tribunales de Justicia actuaban en el templo y los jueces eran sacerdotes en su mayor parte; al igual que en Egipto.
El mejor elemento de este código era el plan para evitar los litigios, cada caso era primero sometido a un arbitro público cuya misión era procurar un arreglo amistoso sin recurrir a la ley. En caso de tener que recurrir a ella, eran los sacerdotes en primera instancia y los jueces profesionales presidían el Tribunal Superior.
La característica común de las organizaciones estatales de Babilonia, Sumeria, Asiría y Egipto y en general de los pueblos de la época, eran los privilegios feudales y económicos protegidos por una juiciosa distribución de la violencia legal.
El Código de Hammurabi es uno de los más valiosos aportes del hombre antiguo a la formación del derecho. Creado en Babilonia por el Rey Hammurabi, tuvo vigencia por quince (15) siglos. El derecho penal se inicio con la LEX TALIONIS o ley del desquite equivalente, pero la inevitable evolución del hombre que guiado por la razón pretende la armonía y la perfección, y dio origen al Código de Hammurabi con grandes y valiosas innovaciones procedí mentales y de humana justicia, si se compara con la Ley del Talión por ejemplo.
En este Código el demandante profería su propio alegato, sin lujos de terminología, no eran bien vistos los litigios; la primera Ley del Código dice: Si un hombre acusare a otro de un crimen capital y no pudiere probar su acusación, el acusador será condenado a muerte. Hay indicios de soborno y de preparación de testigos.
Un tribunal de Apelación, integrado por los "Jueces del Rey" sesionaba en Babilonia, podía hacerse una apelación al Rey mismo. "El que practicare el bandidaje y fuere apresado, será condenado a muerte". Si el bandido no fuere capturado, la persona victima del robo hará, en presencia de Dios, una detallada declaración de su pérdida, y la ciudad y el Gobernador, dentro de cuya provincia se hubiere cometido el robo, lo compensarán por lo que hubiere perdido, si fuese una vida lo perdido, la ciudad y el Gobernador, pagarán una "Minia" (300 dólares) a los herederos.
En Asiría el caso del derecho se veía distinguido por una marcial implacabilidad. Las penas variaban de la exhibición pública a los trabajos forzados, de 20 a 100 azotes, corte de la nariz y orejas, castración, arranque de la lengua y ojos, empalamiento y decapitación.
Las leyes penales de Sargon II prescriben figuras adicionales como el envenenamiento y el quemar en vida el hijo o hija del culpable en el altar de Dios. Estas penas se utilizaron mil años antes de Cristo.
El adulterio, la violación y algunas formas de robo eran consideradas delitos capitales. El juicio por ordalía era practicado de vez en cuando; el acusado a veces con grilletes, era arrojado al río y dejaba su culpabilidad al arbitrio del agua. La Ley Asiría precedió en el tiempo al código de Hammurabi.
En el desarrollo del procedimiento para el ejercicio del derecho también Judea hizo su aporte por medio del Código Mosaico, sobre el cual debía construirse toda la vida judía posterior. "Su importancia en la historia de las instituciones y del derecho no puede ser subestimada". Era la más elaborada tentativa de la historia para usar la religión como base de estadismo y como regulador de todos los detalles de la vida; la Ley regulo la dieta alimenticia, medicina, higiene personal, menstrual y natal, sanidad pública, inversión sexual y bestialidad. Todo es objeto de instrucción y de guía divina, se diferencia claramente el médico del sacerdote; se legisló sobre las enfermedades venéreas.
Por lo demás el Código se centraba en torno a diez (10) mandamientos. En general era un Código elevado que, tuvo una influencia tan grande en la conducta de su pueblo y aún hoy es practicado como regla de conducta moral de la religión cristiana.
Era cosa corriente que los antiguos Códigos de leyes fuesen de origen divino. Por esta razón se confunden los Códigos Morales y los Códigos Legales. Es notorio como las leyes de Egipto fueron dadas por el Dios TOT y como el Dios solar SAMAS produjo el Código de Hammurabi, de manera parecida una deidad dio a Minos, en el monte dicta las leyes que habían de gobernar a Cresta, los griegos representaban a Dionisio, a quien también llamaban el Legislador, con dos tablas de piedra donde estaban inscritas las leyes; y los piadosos persas nos dicen como un día, mientras Zoroastro oraba en la cumbre de la elevada montaña se le apareció AHURAMAZDA entre truenos y relámpagos y le entregó el "Libro de la Ley", hacían todo esto porque creían que una concepción que ayudara a la humanidad era maravillosa y completamente divina, o porque pensaban que era más probable que la muchedumbre obedeciese a las leyes si su mirada era dirigida hacia la Majestad y Poder de aquellos a quienes sus leyes eran atribuidas.
1.2..2.. GRECIA
Son muchas las dificultades que se presentan para investigar sobre los orígenes del proceso en esta civilización, por lo tanto para poder llegar a conocer someramente este proceso será necesario acudir a algunos territorios que por historia sabemos que pertenecieron a Grecia; como Creta, Esparta, Atenas, etc.
Inicialmente en Esparta, el conocimiento de la religión, la moral y el derecho son meras aproximaciones, el gobierno era una monarquía con un Rey inmensamente poderoso. La fuerza, la religión y el derecho eran el fundamento del poder. Poco se sabe acerca del juzgamiento, el Rey era el supremo juez y personalmente sustanciaba los litigios que le llegaban de los tribunales inferiores de los que no se tiene información. En la organización del estado se distinguían los siguientes elementos: La diarquía porque eran dos los Reyes que realizaban los sacrificios de la religión del estado, dirigían la administración de la justicia y llevaban el ejercito a la guerra, eran pues sumos sacerdotes, máximos jefes militares, civiles y jueces supremos, con cierta subordinación al Senado. El Senado era un cuerpo de ancianos mayores de sesenta (60) años y reunidos en número de veintiocho (28). La Asamblea estaba integrada por unos ocho mil (8000) ciudadanos, varones, mayores de treinta (30) años para una población de trescientos setenta y seis mil (376000) habitantes aproximadamente. También estaban los éforos o inspectores que según se dice eran cinco (5); llegaron a tener tanto poder como los reyes y después de las guerras médicas fueron los magistrados superiores. En esta calidad resolvían las contiendas jurídicas directamente o por medio de delegados, también ejercían poderes políticos y militares. En Atenas la población estuvo dividida en castas o clases políticas y económicas. Sólo los caballeros de la clase de los Eupatridas podían ser nombrados arcontes, jueces y sacerdotes.
El Senado del Aeropago estaba formado por arcontes que durante su periodo habían ejercido limpiamente el arcontado. El Senado nombraba los jueces mediante una especie de cooptación. La totalidad de la administración de justicia estaba en manos de los Eupatridas, que interpretaban la Ley a su modo y resolvían los litigios que afectaban los intereses de la clase.
La Heliaea estaba integrada por seis mil (6000) dicasteros o jurados designados por ella. Se dividía en diez (10) dicasteros o tribunales de quinientos (500) miembros cada uno, los mil (1000) restantes se dejaban para suplir las faltas de los cinco mil (5000) anteriores.
Debido a la acumulación de muchos asuntos se vieron en la obligación de crear la institución de los árbitros públicos, designados por sorteo entre los ciudadanos de sesenta (60) años cumplidos. Las decisiones que estos tomaban eran apelables ante los tribunales. Todos los ciudadanos tenían derecho a denunciar los delitos o presuntos delitos, presentando demanda bajo juramento, el magistrado recibía la declaración de los testigos; toda la actuación era por escrito y se denominaba sumario, el cual era sellado y custodiado hasta el día fijado para ser conocido por el público. En el juicio se examinaban y practicaban las pruebas y se dictaba sentencia.
1.2.3. ROMA Y EL IMPERIO ROMANO
1.2.3.1. LEGISLACIÓN PENAL ROMANA
En Roma no existía un derecho penal Romano como un todo independiente, la antiquísima dualidad de delitos públicos y privados, el procedimiento por QUAESTIONES, la suprema Jurisdicción exenta de trabas que correspondían al Senado y al Emperador, el abandono de procedimientos por jurados, el procedimiento penal por medio de los magistrados, formas el todo, incluidas las autoridades que tenían jurisdicción penal.
El derecho penal toma su base en al moralidad de la naturaleza humana. La traición a la Patria y el hurto quizá nunca estuvieron sujetos entre los romanos, a una formulación legal externa; la Ley que presuponía esencialmente estos conceptos y se limitaban a organizar los procedimientos que habían de sugerirse en tales delitos. Las penas imponibles tomando en consideración la singularidad de los distintos casos. En tiempos posteriores en que la legislación no se asentaba sobre fundamentos éticos tan sencillos e incondicionales como antes, se atendió en mayor proporción a formulas positivas, por ejemplo el concepto de adquisición deshonrosa de los cargos públicos no fue posible hacerlo valer en el derecho penal práctico sin que mediara formulación previa. Se estableció claramente que no era la letra de la Ley lo que debía tenerse en cuenta para administrar justicia, sino su espíritu y de ser necesario se debía entender la letra cuando fuere preciso, para acomodarse a los propósitos de la legislación. El magistrado podía ejercer su libre arbitrio respecto al orden jurídico determinado legalmente; pero si el magistrado excediese en sus atribuciones la fijación de los preceptos legales positivos hacía posible el empleo de la inspección y el exigirle responsabilidad penal.
Con las luchas entre los plebeyos y patricios, aparece la primera y única codificación del derecho penal en Roma, llamada la Ley de las Doce Tablas, que incluía tanto el Derecho Público como el Privado. Reglamentaba además, el ejercicio de los Cónsules, así como también el actuar de los Magistrados y el procedimiento por jurados.
Este derecho tuvo muchas influencias griegas y por lo tanto su estudio es en forma global y no permite una separación de lo histórico y lo jurídico. Esto debido a que no están muy claros los orígenes de los delitos, las leyes dadas por los comicios, al igual que las disposiciones o reglas pretorias que también modifican este derecho.
Las leyes de los comicios eran preceptos singulares al igual que el procedimiento por Quaestiones, así como las dadas por Sila (dictador) para determinados delitos, a pesar de ser unas esencialmente correlativas de las otras, todas fueron publicadas como las leyes especiales y sobre todo como instrucciones para las magistraturas particulares.
La influencia del Pretor en la ciudad era de tal magnitud en la esfera de los delitos privados que es imposible tratarla en forma separada y por lo tanto su análisis debe hacerse en forma global. Las leyes generales se conocen con el nombre de LEX JULIA DE VI PUBLICA y LEX JULIA DE VI PRIVATA, leyes que no introdujeron en el derecho penal el concepto de violencia o coacción pero lo extendieron de manera esencial y le dieron la doble forma que posteriormente revistiera, sirviéndose al efecto de una serie de preceptos y reglas que colocaron junto a las disposiciones procésales de índole general.
En los tiempos del principiado, la legislación romana en el terreno del derecho penal fue todavía más infructífera que lo que había sido bajo la soberanía del Senado, por lo tanto se hacía uso de las combinaciones que daban de sí las condiciones políticas de la época.
De vez en cuando sucedía que alguna ley existente en materia penal quedaba modificada por medio de acuerdos del Senado y con más frecuencia sucedía que el Emperador resolviera algún caso singular en contra de lo mandado por las leyes vigentes, disponiéndose además que su resolución fuese aplicable y obligatoria en lo sucesivo con carácter general.
1.2.3.2.. EL PROCEDIMIENTO PENAL ROMANO
Había dos formas fundamentales de procedimiento: El juicio arbitral y la inquisición.
El estado intervenía algunas veces para resolver por medio judicial arbitral las contiendas jurídicas entre dos particulares. Se entablaba entonces un procedimiento que exigía la existencia de las partes, las cuales exponían lo que a sus intereses creían oportuno ante el Tribunal y luego éste decidía. La decisión podía darla o bien un Tribunal de jueces profesionales o un Tribunal de Jurado. Este procedimiento aunque no era enteramente adecuado era aplicado a todos los delitos.
Esta forma de proceder desapareció bien pronto del derecho penal porque no se diferenciaba esencialmente del que se empleaba para los hechos no delictuosos.
Otras veces el estado instruía el proceso espontáneamente, sin excitación ajena, para ver si se había cometido un delito, como y para señalar la pena.
En sentido jurídico aquí no había partes, sino que quienes se hallaban frente a frente eran de un lado la comunidad por medio de su representante y de otro lado el acusado.
Así como la base del juicio arbitral era el auxilio que el tribunal en nombre del estado daba al lesionado que lo había pedido; así también la base del procedimiento penal público provocado principalmente por causa de daños inferidos a la comunidad, consistía en el ejercicio del propio auxilio por parte de está; y si aquel juicio tenía como fundamento la equidad y la mediación, éste en cambio era un modo de ejercer la defensa en estado de necesidad, apoyándose en el arbitrio que es inevitable en tales casos.
El procedimiento penal público revistió dos formas: la antigua y primitivamente única de la intervención de oficio sin excitación de nadie, o sea la COGNITIO y la más moderna de la inculpación o ACUSATIO. La instrucción de todo procedimiento penal público siempre se verificaba en nombre del estado y con intervención de éste, pero cuando se realizaba por cognición el proceso lo instruía un Magistrado representante de la comunidad, cuando se hacía uso de la acusación esta quedaba entregada en manos de un particular que podía desempeñar libremente tal función pública, pero sólo tenia facultades para desempeñarla en un caso concreto.
Lo esencial de la cognición consistía en la carencia de formalidades establecidas legalmente. La Ley no señalaba ninguna norma fija ni para la apertura del juicio, ni en rigor para su terminación. El Magistrado podía sobreseer y abandonar la causa en todo momento; y en todo momento también podía renovarla; la cognición no consentía por su propia naturaleza que se diese una absolución tal que impidiese abrir de nuevo el mismo proceso.
El punto central del procedimiento primitivo fue el interrogatorio del inculpado, por cuanto ningún interrogado podía negarse a contestar al Magistrado lo que le preguntaba. Se admitía en este procedimiento la defensa, en tanto y hasta donde lo consintiese el Magistrado que verificaba la inquisición, aunque lo general era que por el sentimiento del derecho o por la costumbre no se dejase oír al acusado.
Es evidente que este procedimiento penal público, en su más antigua forma, dejaba a los individuos al arbitrio sin límite de los órganos del IMPERIUM, así toda la evolución interna de la comunidad romana vino a parar, en que el ejercicio del IMPERIUM hubiera de verificarse en la forma ordenada por la Ley. Sin embargo, no por esto quedó abolido el principio de la cognición, o sea, el principio de que la instrucción de los procesos penales fuera cosa entera y exclusivamente encomendada al poder del Magistrado, ni tampoco sufrió por ello limitaciones la competencia de éste; lo único que sucedió, es que empezó a permitirse a los ciudadanos apelar ante la ciudadanía el fallo dado por el Magistrado, quedando mientras tanto en suspenso y pudiendo después, ser anulado por la ciudadanía ante la cual se apelaba. A este efecto, tuvo una importancia grande en el desarrollo del procedimiento penal, la circunstancia de que para ser posible una decisión respecto de los ciudadanos, era preciso dar no sólo la sentencia, sino también los fundamentos de la misma, las pruebas de la culpabilidad del condenado por lo que al lado y después de la inquisición, que sin formalidades legales había llevado a cabo el Magistrado, se hacía uso de un procedimiento preparatorio, llamado ANQUISITIO, en el cual estaba fijamente determinada la citación y fijamente determinados los plazos y en donde se admitía además de la autodefensa, la defensa por medio de terceras personas. En el procedimiento penal en el cual no intervenía nadie más que el Magistrado, éste se nos presenta como juez de la causa, en cambio el puesto que le correspondía en la Anquisición, era esencialmente en el Ministerio Público. Se concluye que el derecho romano llegó a constituir en general un procedimiento penal regulado por la Ley. Las bases para este procedimiento las aportó la Anquisición.
La insuficiencia del antiguo procedimiento Penal Público se mostraba ya en el hecho de que, si el mismo servía para restringir el arbitrio del Magistrado, su protección solo se extendía a los ciudadanos varones, pero sobre todo, los Magistrados a quienes se había encomendado la dirección del Derecho Penal Público rehusaban sus servicios para los delitos comunes; mientras que por otra parte, los procesos políticos llegaron a ser en manos de los tribunos del pueblo una palanca utilizable que favorecía a la democracia, lo cual dio como resultado que en le siglo último de la República se verificase una transformación radical en el Procedimiento Penal Público, convirtiéndolo en un procedimiento acusatorio.
La concepción del procedimiento penal acusatorio, como una transportación de la forma procesal propia del derecho privado, esto es, del juicio penal público, era una concepción muy acomodada a los orígenes del nuevo sistema y la que sirvió de criterio legal aún después de hallarse desarrollado dicho sistema, para muchas e importantes cuestiones; en teoría, sin embargo, el sistema acusatorio se atenía más bien al principio del Derecho Penal Público, según él que el estado mismo era el que procedía por sí, tácito a instruir el proceso así como la pronunciación de la sentencia. Se privó a los Magistrados de las facultades de instruir las causas trasladándoselas a un representante de la comunidad que no fuere Magistrado. A estos ciudadanos se les dio la facultad de pronunciar sentencias.
En este procedimiento no se atribuyo a los Magistrados el papel acusadores, debiose sin duda alguna a que si la opinión de los Magistrados podía ser rectificada por una resolución de los comicios, no podía serlo en cambio, por la de un jurado, ya que el mismo sistema acusatorio comenzó a practicarse en la forma de juicios por jurado.
A las concepciones actuales repugna el que se haga depender la intervención del estado en la persecución de los delitos públicos de la denuncia voluntaria hecha por un particular con el objeto de que el Ministerio Público proceda a la realización de un acto tan grave como odioso. En roma no sucedía así, pues en los tiempos de la decadencia de la República, el sistema mencionado contribuyó a aumentar y fortalecer la represión de los delitos por parte del estado. Esto en razón de que los depositarios del IMPERIUM y sus auxiliares, no solamente tenían facultades para castigar los delitos que caían dentro de la esfera de su competencia, sino que estaban obligados a hacerlo de oficio.
En la época del principado se hicieron más tirantes las riendas del gobierno; aunque desde el punto de vista penal continuó manteniéndose el principio de que para el Procedimiento Penal Ordinario era preciso que hubiese un acusador voluntario, pero de hecho, lo que aconteció fue que comenzó a considerarse tal procedimiento como cosa propia y exclusiva del Magistrado y poco a poco esto prevaleció.
Los derechos del juez penal de la clase de Magistrados fueron a este respecto más amplios que sus obligaciones. Tenia que admitir las demandas que se le presentasen, pero conforme a su discrecional arbitrio, no sometido a limitación legal de ningún género, podía resolver los asuntos por la vía de la inquisición; lo mismo que acontecía en derecho civil cuando las leyes no concedían acción; una vez hecha la inquisición se condenaba a penas públicas.
En el procedimiento penal de los tiempos posteriores, se admitieron por lo regular en la practica ambas formas de enjuiciar, o sea tanto la acusación como la cognición; sin embargo la que predominó fue la cognición. En medio de la lentitud, flojedad y ausencia de cooperación que son propios de toda burocracia, la obligación que el estado tiene de perseguir penalmente a los que cometen delitos quedó hasta cierto punto reconocida en el hecho de dar mayor amplitud en el horizonte de la cognición; pero además no solo hubo de conservarse la facultad de acusar libremente en la audiencia pública, sino que se hizo extensiva aún con respecto a aquellos delitos que estaban excluidos de ella y que eran amenazados con penas públicas.
El procedimiento acusatorio de la época era ya poco un medio para restringir las peligrosas y odiosas denuncias, haciendo que el denunciante se convirtiera en acusador, siempre que fuera posible, con lo que se facilitaba la responsabilidad por el ejercicio abusivo de acusar; por otro lado, este procedimiento acusatorio sirvió para liberar a las
autoridades de la incomodidad de la instrucción sumarial verificada por su propia cuenta.
1.2.4. LA POST-REVOLUCIÓN FRANCESA
La revolución Francesa marcó un importante momento histórico en lo que compete al nuevo concepto de lo que habría de ser la ley y su aplicación.
Modificadas las situaciones sociales y políticas de la época, que debía darle valor legal, lo cual pretendía como último fin realzar las condiciones humanas, otorgar libertades y establecer derechos sociales e individuales. Fue así, como se origino un verdadero cambio social, que terminó con la concepción feudal sobre tenencia de la tierra y derechos individuales; se abolieron los privilegios provinciales y comunales, lo cual facilitó la organización por medio de una Asamblea Constituyente que dividió a Francia en (83) departamentos, estos a su vez se dividían en Distritos y estos en Cantones que eran administrados por un representante de la población, y había un Consejo que tenía una doble función: la ejecutiva y la deliberativa. Así la asamblea Constituyente dotó a Francia de la mas completa descentralización que este país haya conocido jamás.
Dicha descentralización se manifiesta en la justicia así:
Estas nueve circunstancias fueron provistas de Tribunales, todos ellos semejantes entre sí, cuyas respectivas jurisdicciones estaban perfectamente delimitadas. En la capital del Cantón residiría un juez de paz. Institución calcada de las ya existentes en Inglaterra y Holanda. El juez de paz era más arbitro que juez, y presidía también un Tribunal correccional de policía encargado de castigar los pequeños delitos. En cada capital de Distrito había un Tribunal Civil, y en cada Departamento, un Tribunal Criminal. Todos los jueces debían ser elegidos y pagados por el estado. En la jurisdicción criminal, los propios ciudadanos eran quienes debían pronunciarse acerca de las diligencias que debían practicarse y sobre la culpabilidad o inocencia del presunto culpable. En efecto el Tribunal encargado de la jurisdicción criminal comprendía; además de los jueces, escogidos entre los que formaban parte de los Tribunales Civiles, dos jurados, constituidos por ciudadanos escogidos mediante sorteo; un jurado acusador y otro encargado de dictar sentencia. Todos los Tribunales debían juzgar de acuerdo con Códigos uniformes. La Asamblea constituyente emprendió la tarea de redactar nuevos Códigos. Pero sólo pudo terminar el código Penal, inspirado en las generosas ideas de Becaria. Suprimía la tortura y los castigos despiadados. No obstante se mantenía la pena de muerte. Las apelaciones se hacían de un Tribunal a otro, y la Asamblea constituyente, para evitar la reconstrucción de los antiguos parlamentos, creó sólo dos Cortes Supremas: El Tribunal de Casación, formado también por jueces elegidos, encargado de pronunciarse no sobre el fondo de los asuntos, sino únicamente sobre el procedimiento seguido con los mismos, y una alta Corte, que se reuniría excepcionalmente para juzgar determinados crímenes y delitos de orden político.
Este sistema judicial pareció lógico, coherente y humano. Fue, sin lugar a dudas, una de las reformas mejor conseguidas por esta Asamblea Constituyente, compuesta, en su mayoría, por "Hombres de Ley".
Autor:
Martha Tapias
FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE DERECHO Y CIENCIAS HUMANAS
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