Terrenos o sitios comuneros, cinco siglos de evolución (Quisqueya, Borinquen y Cuba) (página 4)

En las filas patrióticas no se encuentra un solo patriota integral, salvo Duarte y desgraciadamente desprovisto de ese calibre, capaz de exhibir la coherencia, a veces inclusive hasta la fascinación de nuestros déspotas. No es cuestión solamente de Báez. Es también Sánchez Ramírez, es Santana y otros que sobrevendrían después. No puede negarse que junto a ellos hubo siempre otros personajes de brillantez incomparable: los Núñez de Cáceres, los Bobadilla, los Delmonte, los Gautier que acaso fueron los peldaños que le dieron estatura. Pero también esta selección oportuna o el servicio que supieron obtener de ellos, es parte de su espectacularidad. Báez se enfrentó a un número impresionante de adversarios imponentes de los cuales sólo uno era de su temple, Santana, y era de su mismo linaje anexionista. En cambio no se encuentra en las filas patrióticas uno solo, ni siquiera Luperón, quien rechazó reiteradamente el poder desde donde podía realizar las aspiraciones populares, y quién sabe si por atender a sus intereses personales como se le ha reprochado varias veces, que fueran tan profunda y tan enérgicamente consecuentes con sus principios, como estos campeones de la enajenación nacional.

La única explicación posible es que aquellos ideales por los cuales se batía el pueblo, debían ser expresados y dirigidos por las personalidades que brotaban del seno de la burguesía y, aunque no faltaron voces calificadas, la clase social que representaban carecía de la preponderancia económica, del peso en la vida nacional que era imprescindible. Esa puede ser la explicación pero la significación histórica de este fenómeno no es otra: el pueblo dominicano ha sido el gran caudillo, el héroe integérrimo, el forjador incomparable de su propia historia. No hay en toda la historia de América un sólo pueblo que, sin carecer de innumerables héroes y de grandes hazañas individuales, haya forjado su propia historia tanto en su conjunto como en sus etapas de una manera más anónima y, por consiguiente, de manera más intrínsecamente popular. Es justo reconocer que durante la guerra que tuvo que librar el pueblo dominicano para asegurar su soberanía, no careció de aliados. Sumner, los cónsules Smith y el Mayor Perry, el ciudadano Davis Hatch, que tuvieron que soportar inclusive el sacrificio, NissageSaget y los países que abrigaron a sus exiliados. A ellos se oponían fuerzas considerablemente superiores. Toda la campaña de Báez para lograr la anexión estuvo apoyada por la asistencia naval, no menos de siete buques de guerra participaron en ella, de los Estados Unidos.

Al presidente Grant había que sumarle la astucia y la habilidad incomparables de Fabens y Cazneau. De Babcock, de O"Sullivan, de Hartmont, de los aventureros de Alto Velo y los recursos infinitos del poder. Pero la actividad del pueblo no cesó nunca. Se batió siempre en desventaja y superando las constantes victorias del Gobierno; llenó las cárceles, afrontó los fusilamientos, soportó la miseria infinita, y gritó sin cesar frente a los organismos colegiados de Estados Unidos y del país a través de mensajes, artículos de prensa, manifiestos revolucionarios, cantaletas populares y hasta nombretes peyorativos. Semejante lucha merecía la victoria. Pero no de inmediato. La próxima fase, fue el cambio de puntería de Báez, quien se presentó el 2 de enero de 1873 ante el Senado de su país, después de dejar constancia de su poder tras sus victorias contra las armas revolucionarias y su visita en plan de vencedor al Cibao, y allí en el Senado declaró por medio de un mensaje en el cual expuso que había cesado la necesidad de anexar la República o arrendar la Península y la Bahía de Samaná a los Estados Unidos. Era de esperarse que el próximo anuncio fuera el de que se procedería de inmediato a la reconstrucción del país y el retorno a la concordia del pueblo dominicano, sobre la base de la reafirmación de su soberanía y de un programa de trabajo sustentado en la paz y en la libertad. O, lo más lógico, presentar su renuncia reconociendo su incapacidad para llevar a cabo esos planes sino era en base a la enajenación del territorio nacional. Pero Báez no hizo ninguna de las dos cosas. El anuncio fue una nueva declaración de guerra. Según Sumner Welles, Aseguró a los senadores que estimaba estar más de acuerdo con el progreso de la civilización y los verdaderos ideales del pueblo dominicano al llegar a un acuerdo con una compañía particular para el arrendamiento del territorio. Trasmitía al mismo tiempo al Senado, un contrato que su representante, don Manuel María Gautier, había convenido con una asociación compuesta de varios financieros de New York incorporados bajo el nombre de SamanaBayCompany of Santo Domingo.

Son dignas de reproducirse las palabras con las cuales el autor mencionado, inicia un nuevo capítulo, el que denomina «De Báez a Heureaux», después de describir el contenido de las estipulaciones del nuevo convenio de entrega del país. En el año de 1873, ocurrió de nuevo en la República el fenómeno social y político que periódicamente se había manifestado en la Historia dominicana: un contagioso y febril deseo de obliterar el pasado, y de crear una nueva era bajo la dirección de nuevos jefes y bajo nuevos auspicios. Este anhelo estuvo siempre asociado a los fines de los instigadores de revoluciones que continuamente estaban en estado de fermentación: siendo el resultado, más bien, como en el presente caso, del cansancio y el descontento de los jefezuelos de cada comunidad, formadores de la opinión pública, por el desastre y la devastación ocasionada al país por los jefes que le había sido impuestos. Esta aspiración manifestada al principio por algunos grupos en distintas partes del país, fue infiltrándose poco a poco a través de toda la masa analfabeta que obedecía a sus jefes locales…Una sola reserva. Precisamente esta masa analfabeta no obedecía a sus jefes locales. Por el contrario se imponía a sus jefes locales. Esta simple inversión del planteamiento es lo que hace posible comprender la naturaleza providencial del proceso histórico dominicano.

De improviso la guerra brotó con renovado vigor. Se multiplicaron los fusilamientos. Corrió abundantemente la sangre que esta vez no fue solamente la sangre roja de los azules sino de los propios rojos. La revolución entró en las mismas venas del Gobierno y comenzó a perfilarse una completa unidad nacional en la que los viejos caudillos que habían mantenido la resistencia militar contra Báez durante estos seis años fueron sustituidos por promociones nuevas. Entre los fusilados estuvieron algunos rojos que se levantaron en el Cibao pero también la de un grupo de revolucionarios encabezados por el general Manzueta, quien había sido capturado, al decir del historiador García, a favor de una traición odiosa después de mantenerse prófugo desde la caída del ex-presidente Cabral por las escaboras serranías de la Hilera Central… Báez y la SamanaBayCompany estaban condenados a ojos vista. Uno de sus gobernadores, el de Puerto Plata, Ignacio María González, encabezó un movimiento cuyo nombre sin mayores aditamentos debía sacudir los impulsos históricos de la masa analfabeta por el simple hecho de su formulación sin necesidad del programa que, en efecto le sirvió de base: se llamó el «Movimiento Unionista Nacional» y la unión estalló. El 2 de enero de 1874 Báez se dio cuenta de que estaba vencido. Presentó su renuncia y emprendió el camino del destierro. Ulises Espaillat, quien por esta feliz circunstancia pudo abandonar la cárcel, describió al acontecimiento de la siguiente manera: Una sola opinión reinaba en el país. Una sola convicción existía. Una única necesidad se hacía sentir. La opinión, la convicción, la necesidad de unir en uno solo todos los partidos, trayendo otros hombres al poder… Aquellos que se deleitaban de antemano con toda la sangre que esperaban hacer correr en el Cibao; aquellos que se habían formado para sí una poesía de los lamentos de las víctimas y de las lágrimas de sus desoladas familias; esos hombres, en fin, que en su delirante sistema pedían sangre, más sangre, iban a caer sin lucha al grito de Unión, Fraternidad, Concordia. La hora fatal que llega a los malos gobiernos, había sonado. Aquello se desmoronó sin ruido, cayó sin lucha, vergonzosamente. Tremenda lección…

Pedro Mir. La noción de periodo en la historia dominicana (tomo 3). Vol.197

El flamante gobierno de Ignacio María González, inaugurado en febrero de 1874, rescindió de entrada el contrato con la "Samana Bay Company" y, como coronación de un Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación con Haití, auspició un proyecto de ferrocarril que uniría a ambas capitales, Santo Domingo y Puerto Príncipe. Era el fin de una época. Al estampar su rúbrica sobre los documentos que consagraban estas medidas gubernamentales, González desarticulaba los dos ejes simbólicos del pasado. La Bahía de Samaná quedaba libre de la "tendencia anexionista" de los sectores ligados al sistema comunero, y el proyecto de ferrocarril disipaba el supuesto miedo a las incursiones haitianas, explotado festivamente como justificación o señuelo para esa tendencia a la enajenación territorial. El hecho de que estas dos coordenadas hubiesen constituido los ejes del proceso de luchas y de frustraciones de la independencia en 1809, 1821 Y1844, hasta llegar a 1870, indica que este proceso, así como el de las clases sociales ligadas a las tierras comuneras que les sirvieron de apoyo, había concluido. "De inmediato, refiere el historiador, los actos más notables del Gobierno de González estuvieron ligados a su política económica para favorecer la inversión extranjera en el país, tanto en la industria como en el comercio. Durante sus dos años de gobierno, González expidió licencias para la producción de textiles, jabones, velas, azúcar de caña, almidón, chocolate, pólvora, maderas, café, sal y ladrillos, y también exoneró de impuestos la importación de hierro galvanizado para techar las casas, que hasta entonces se cubrían en su mayoría de yaguas, cana o tablitas. De todas estas concesiones la que produjo mayor impacto económico fue la que favorecía la apertura de tierras para plantar caña y construcción de molinos para fabricar azúcar. Pero sin duda, las más hermosas fueron aquellas que emanaban del pueblo y expresaban el entusiasmo de las masas por el capitalismo nacional. García señala "entre otras resoluciones, la concesión a José J. del Monte, de fecha 4 de noviembre, dándole privilegio exclusivo para la fabricación de almidón por medio de una máquina del sistema americano; la concesión del 10 de noviembre a favor de los señores Juan Saious, con privilegio exclusivo, para la fabricación de cacao por medio de una máquina de vapor; la del 20 de noviembre concedida al señor W. R. Thorman, en la misma forma, para establecer una fábrica de pólvora en la Capital… la concesión de la misma fecha al General José Caminero, del privilegio de usar la máquina de Ramaux para la elaboración de cacao… la resolución del 15 de diciembre concediendo al señor José María Rey el privilegio exclusivo para usar la máquina de su invención destinada a descascarar el café… la concesión de la misma fecha dando permiso a los ciudadanos Félix Eduardo Soler y Martín Rodríguez para establecer una máquina de serrarmaderas; la resolución de 19 de diciembre concediendo al ciudadano Domingo Rodríguez el privilegio exclusivo para la fabricación de ladrillos y tejas de todas…"

ERA EL COMIENZO DE OTRA ÉPOCA:Todas estas resoluciones, concesiones y licencias, que expresan un risueño anhelo capitalista y reflejan el festivo entusiasmo de todo el pueblo por el desencadenamiento de la industria creadora, no proceden de la iniciativa gubernamental. Emanan de lo más profundo de las energías y las ilusiones populares. El hecho mismo de que todas ocurren en el mismo año de 1875, apenas en el lapso requerido para la reorganización del Gobierno y la articulación de su 'Programa, implican que no se trataba solo de una apertura democrática sino de un cambio completo en el espíritu nacional. Los apóstoles de esta nueva época cuyo rostro habían entrevisto a través de la niebla azul del tabaco cibaeño, la habían anunciado con vibrantes palabras. Paradójicamente, esas palabras no las pronunciaría González, quien procedía de un "baecismo'' tradicionalmente vinculado al trapiche ancestral, sino Ulises Espaillat, un farmacéutico del Cibao que era, con Pedro F. Bonó, uno de los más brillantes ideólogos de la nueva era. La voz de Don Ulises, tenía vibraciones homéricas: "Fórmense, pues, ricas compañías que vengan a explotar nuestros textiles, y que la prosaica enjalma con que el borriquero adorna el lomo del paciente asno se transforme, como por encanto, en blancas y brillantes fibras que rivalicen en finura y delicadeza con el aristocrático batista. Muy santo y muy bueno. Que los infatigables químicos agoten su ingenio en descubrir el modo de extraer los principios colorantes de los vegetales que los contienen, y aún de los que no los contienen, y que grandes capitalistas monten fábricas en las cuales el dócil e impetuoso vapor haga mover poderosísimas máquinas que despedacen, trituren y pulvericen los pobres leños que la Providencia hizo hacer y crecer en nuestros bosques. Nada mejor. Que las velas afluyan por millares a nuestros puertos en busca del precioso guano, desperdicio de millones de seres organizados que ya no son, y que la industria del hombre transformará mañana en sabrosos y nutritivos alimentos, atestiguando así la sabiduría y omnipotencia del Creador, el poco fundamento del orgullo humano y su injustificable presunción. Que se establezcan por fin, hasta en los lugares más apartados del país innumerables sociedades literarias. Las bellas artes, por lo que contribuyen a suavizar las costumbres, son los poderoso elemento de civilización… Seamos, pues, todos literatos; seremos mejores. Que huya, en fin, la miseria de todos los hogares: que prospere el país; que todos sus moradores lleguen a ser tan ricos como Creso. Está bien. El oro es un elemento de corrupción, pero lo es también de cultura. En la misma fuente se lee que "a través de numerosas actividades bancarias, una parte sustancial del control sobre la industria pasó de los magnates originales de la industria a los magnates de las finanzas Y, de esa manera, el capitalismo industrial se convirtió en lo que se ha llamado "capitalismo financiero". En su historia acerca del "capitalismo occidental", Barnes explica que "si Rockefeller es la figura típica de la época del capitalismo monopolista, el viejo J.P. Morgan fue el personaje principal del triunfo del capitalismo financiero" pero "los descendientes de los líderes del capitalismo monopolista asumieron a menudo posición prominente en la época del capitalismo financiero… por ejemplo, el Rockefeller más joven poseía intereses predominantes en el Chase National Bank, la organización pública bancaria más importante de los Estados Unidos". El proceso culmina en los Estados Unidos a principios del Siglo XX con la concentración del capital financiero en dos grandes emporios: El Chase National Bank y el National City Bank de Nueva York. En su conjunto, este proceso ha sido esquematizado en estos términos:"Así pues, el resumen de la historia de los monopolios es el siguiente:

• 1) Décadas del 60 al 70, punto culminante de desarrollo de la libre competencia. Los monopolios no constituyen más que gérmenes apenas perceptibles.

• 2) Después de la crisis de 1873, largo período de desarrollo de los cárteles, los cuales solo constituyen todavía una excepción, no son aún sólidos, aún representan un fenómeno pasajero.

• 3) Auge de fines del Siglo XIX y crisis de 1900 a 1903: los cárteles se convierten en una de las bases de toda la vida económica. El capitalismo se ha transformado en imperialismo".

Aplicando este esquema a la historia de nuestro país, observamos que el carácter del período comprendido entre 1874 y 1905, que va desde el desplazamiento revolucionando de los sectores ligados al sistema comunero hasta la Convención de 1905 con los Estados Unidos, presenta una diferencia sustancial con el que viene después, tomando como base la penetración del capital extranjero. En razón de que no tenemos a mano ningún estudio de esta naturaleza, ignoramos cuál ha podido ser la mecánica cuyo funcionamiento nos explique esta inserción de los procesos mundiales en el proceso local, si es que realmente funciona esta mecánica. Tenemos que limitarnos, pues, a registrar los hechos y consignar la coincidencia. Este período de 1874 a 1905, en el cual todavía no se ha consumado la "era imperialista" propiamente dicha, es el del predominio del capital europeo en la vida nacional y, a falta de una designación más adecuada, le llamamos "ciclo europeo de la etapa pre-imperialista" en nuestro país. Pero ya en esta fase, sin disolver aún el predominio europeo, se puede observar cómo la balanza económica se inclina cada vez más acentuadamente hacia el predominio del capital americano, influyendo y dominando cada vez más profundamente la política gubernamental del país.

El corte se produce de manera muy neta, -ya lo había advertido Peña-Batlle como se dice más arriba- en 1893, a raíz del ingreso de la IMPROVEMENT, una compañía americana cuyo papel se verá más adelante y, en esa virtud, reconocemos una segunda fase de concurrencia de la penetración del capital europeo con el capital americano, al que llamamos "ciclo americano" sin que todavía signifiqué el desplazamiento de la influencia europea. La secuencia histórica va a justificar que se reconozca la presencia americana dentro del marco del predominio europeo, antes de que este predominio desaparezca completamente del escenario nacional, y a permitir una diferenciación entre el "ciclo americano" así llamado y el "imperialismo norteamericano" propiamente dicho. De acuerdo con estas observaciones, la ERA IMPERIALISTA, caracterizada por el desplazamiento histórico de "Madame La Terre'' en favor de "Monsieur Le Capital", se descompone de la siguiente manera:

Todo este largo proceso explica que, al producirse la apertura capitalista de 1874, el sector burgués tuviera que ser importado de allende los mares y precisamente de Europa, a pesar de la proximidad de los Estados Unidos de América.La explicación de esta vocación europea original se encuentra en el hecho de que las fuentes de capital a las que inicialmente apelaron los sucesivos gobiernos de la llamada Primera República, se encontraban más cerca que cualesquiera otras, Curazao y San Thomas. J. A. Jesurum e hijo y Jacobo Pereyra habían sido los principales intermediarios en la exportación maderera, tan estrechamente ligada a los terrenos comuneros, y actuaron también como agentes financieros a través de sus contactos con los mercados europeos de capital. La apertura de 1874 no iba a alterar de momento esta estructura.

El capitalismo europeo siguió acudiendo, inclusive con el renovado entusiasmo infundido por el cambio histórico, pero en lugar de venir en la forma de las letras de cambio convencionales, prefirió la vía del pasaporte para llegar en la mente, cuando no en los bolsillos, de los europeos en persona. Nombres como el de los Vicini, Batlle, Bancalari, Thormann, Friedheim, Mellor, que en un momento dado figuran como prestamistas del Estado, y otros que no figuran como tales, representan a numerosas firmas que ya se habían establecido sólidamente en el campo de la industria y el comercio en gran escala en el país como resultado de este gran cambio histórico. Ciertamente otros capitales se establecieron en el país sin que ese fuera su origen. Los cubanos Ross, Amechazurra, Zayas Bazán, y otros que abandonaron Cuba a raíz de la llamada Guerra de los Diez Años (1868-1878), fundaron los primeros ingenios con capitales propios. Joaquín Delgado, el fundador del ingenio "La Esperanza", fue uno de ellos. También el capital norteamericano acudió al llamado de la época con una fuerte gravitación sobre la economía. Pero, de 1874 a 1893, la tónica capitalista que adoptó el país fue predominantemente europea, tanto por su volumen como por su influencia directa sobre el poder público.

Los intereses alemanes principalmente establecidos en Monte Cristy y Puerto Plata, como los italianos, holandeses, belgas y franceses en el sur y otras partes de la República, le dieron su contenido a esta primera etapa de la constitución de la sociedad capitalista moderna en nuestro país. Hoetink hace notar que "totalmente de acuerdo con los cambios económicos que se efectuaron en el país, vemos aparecer lentamente como nuevos e importantes prestamistas a los individuos relacionados con la producción azucarera en el Sur". Y añade inmediatamente que "este cambio, que se dibuja claramente sobre todo en los años noventa, no solo significó un traslado del foco económico del Cibao hacia el Sur, significó además que comenzaron a actuar como acreedores los productores en vez de los comerciantes y que se hizo aún más evidente que antes, el carácter inmigrante del grupo de financieros. El tabaco del Norte quedó automáticamente desplazado como producto de primer rango en la economía nacional. Y, lo que a Moya Pons le parece ironía, en el hecho de que en 1880 "cuando los azules llegan al poder gracias al respaldo del tabaco, este producto empieza a perder mercado en Europa y a dar paso al azúcar como el principal producto de importación", seguramente no tiene nada que ver con los azules ni con las fluctuaciones de los mercados europeos sino fundamentalmente con la ruptura total y completa de las estructuras económicas y sociales del pasado como resultado de una gran revolución histórica. En esos mismos momentos la base maderera de la economía del Este, que solo en términos de la caoba, solo en el año de 1855 y solo por el puerto de Santo Domingo con destino a los puertos europeos, había exportado más de dos millones $300 mil pies, eI sufrió la misma decadencia aunque en grado mucho más acentuado. Y, naturalmente, otro tanto, y todavía en grado más catastrófico, le ocurrió a la primitiva producción azucarera del Sur a base de trapiches caseros.

Esta situación no solo significó el desplazamiento del polo económico del Norte hacia el Sur, sino que afectó el comportamiento mismo de la sociedad dominicana en toda su extensión. La poesía de Salomé inauguró estos senderos pero no es casualidad que en Macorís, junto con los colonos se multiplicaran los poetas y llenaran el parnaso nacional. Juan José Sánchez, con sus propios recursos poéticos, lo expresa de la manera siguiente:"La industria azucarera, abriéndose paso por entre las breñas de la anarquía, hizo detener al antiguo guerrillero; le invitó a contemplar los horizontes que trazaban los cañaverales; le hizo admirar las prodigalidades de esta tierra; le enseñó en las máquinas el poder de la inteligencia del hombre reposado y en el humo de las chimeneas, disipándose en la atmósfera le representó la vaguedad e inconsistencia de las esperanzas en la política mal entendida. El guerrillero, regenerándose con el ejemplo, cambió el fusil con que destrozaba la vida de sus hermanos, por la azada y la coa.

Obsérvese que, escribiendo en 1893, el autor no menciona el arado. Este silencio es crocante. El arado, que resulta ser el símbolo de la agricultura, era desconocido entonces y lo seguiría siendo hasta bien entrado el Siglo XX, antes que el arado llegó al país la luz eléctrica. ¡Claro! Era Inútil en un país secularmente edificado sobre el corte de maderas y la crianza libre del ganado. Solo el año de 1898 se importó este instrumento y durante largo tiempo permaneció arrumbado como una pieza absurda. Su importador, Juan Antonio de Lora, Ministro de Lilís, espera pacientemente aún su noble estatua…Pero, de todos modos, las palabras exaltadas de Juan J. Sánchez evocan las de Espaillat (..Que grandes capitalistas monten fábricas en las cuales el dócil e impetuoso vapor haga mover poderosísimas máquinas!"), y tanto el uno como el otro, acariciando el sueño o contemplando la realidad, ilustran subjetivamente la naturaleza y la profundidad del cambio que se operó a raíz de la Revolución de Noviembre de 1873.

La vida nueva presentaba, empero, algunas paradojas. Una de ellas es que la onda capitalista que tradicionalmente había rondado la banda del Norte, reniega en 1874 de la tradición y enrumba precisamente al Este, la zona más enconadamente hostil a ella, donde tiene su asiento la ideología hatera, opuesta en principio y por principio a la fragmentación de los terrenos comuneros como suprema expresión de la propiedad privada. La otra paradoja es que la industria azucarera va a aniquilar a su predecesora, su propia madre, la primitiva fabricación de azúcar, que tenía su asiento en la banda del Sur. Pero por el momento no le vamos a prestar atención a esta última paradoja sino a la primera porque, como dice Knight, "en este punto tocamos e corazóndel asunto".

El corazón del asunto reside, pues, en las tierras comuneras'. Y de acuerdo con la impresión de Knight, en el hecho deque "la obra de manos y la tierra son sumamente baratas en Santo Domingo" (1927), como explica inmediatamente después de esa afirmación terminante. Es indudable que en esa época las cosas eran así. Pero el problema era mucho más profundo. Knight pudo muy bien haber afirmado que hasta 1874 las tierras y el laboreo de ellas por el campesino eran gratuitas, aunque por supuesto una afirmación tan peregrina le habría exigido una explicación que él, aún sin haberla hecho, aborda y explica a la medida de sus alcances, que no eran pocos.

La verdad es que intervenía con no poca frecuencia el elemento monetario en el traspaso de terrenos de unas manos a otras -los "titulos deI"-pero el aspecto más importante de esa situación histórica es que existían grandes extensiones de tierra que podían ser aprovechadas mediante un simple acto de ocupación. La práctica de los siglos había consagrado este sistema, y difícilmente podría haber habido un atractivo mayor para la industria azucarera, tan golosa de tierra llana y abundante. Como dice Hoetink, "el poco valor de la tierra y la dificultad de oposición colectiva por parte de los comuneros. Le facilitaban a terceras personas que no posición acciones la usurpación de terrenos sin cultivar". Era natural que, al producirse la apertura capitalista de 1874, la propiedad privada pugnara por sobreponerse al viejo sistema comunero, y se manifestó en los términos de la contradicción entre la agricultura, secularmente atrasada, y la ganadería, que era el reducto más vigoroso del sistema ancestral.

El Gobierno de Espaillat, aún dentro de la brevedad de su existencia, promulgó una ley que fue saludada y aplaudida como una "ley que consagra el derecho de propiedad adquirido por medio del trabajo", con estas palabras "Este es un triunfo positivo de la libertad". Esta ley fue denominada:LEY SOBRE LA CONCESION GRATUITA DE LOS TERRENOS DEL ESTADO (8 de julio de 1876). Yen sus "considerandos" manifestaba: "Considerando: loque la agricultura es la base del fu turo desarrollo del país; Considerando: que contribuirá en mucho al progreso y ensanche de esta industria dar en propiedad los terrenos baldíos del Estado adecuados a la siembra de variosfrutos de exportación. En su artículo 10: la Ley declaraba que "los dominicanos tienen el derecho de ocupar el terreno del Estado que no esté habitado ¡otro, para sembrar principalmente en él caña de azúcar, café, cacao, tabaco, algodón u otros frutos mayores". Y en su artículo 80: Declaraba así mismo que, después de ciertos trámites que incluían "la medida del mismo terreno y copia del plano levantado por el agrimensor", se "expedirá en favor del interesado el título de propiedad, sin cláusula de reserva de ninguna especie".

Esta Ley pasó por el mundo sin penas y sin glorias como otros tantos esfuerzos en igual sentido de que nos habla la historia. Pero para nosotros presenta un particular interés. En primer lugar, debe señalarse que no presentaba ninguna novedad ni debía despertar entusiasmo alguno al reconocer un derecho de ocupación que los dominicanos venían practicando de manera ininterrumpida desde los albores del Siglo XVII. Sin duda, no era ese el objetivo de la Ley. Volveremos luego a este aspecto de la cuestión. En segundo lugar, al establecer la medición de las tierras y la obtención de una copia del plano levantado por el agrimensor, se condenaba a sí misma a morir de inanición. Un día los campesinos del norte, según cuentan testigos que aún viven, atribuirían todos los males que supuestamente cayeron sobre ellos a "la invención de la agrimensura", que desde luego constituía la representación directa de la propiedad privada. En tercer lugar, la Leyes sometida a la consideración de la Cámara Legislativa tan pronto como Ulises Espaillat, la encarnación del proceso que se abre en 1874, llega al poder. Esto significa el ataque más profundo y directo a la situación ya abolida por la Revolución del 25 de noviembre de 1873. El objetivo de la Ley no era, obviamente, conceder unas tierras que el campesino obtenía sin necesidad de la Ley y menos del agrimensor. Tal como se observa en su articulado, el objetivo de la Leyera-la supresión del estado de indivisión en que se encontraban las tierras comuneras, y que habían nutrido el despotismo de los gobernantes de origen hatero a todo lo largo de la vida republicana. De modo que la Ley tenía un profundo sentido revolucionario que no podía escapar a la visión cultivada y consciente de un personaje como Ulises Espaillat, quien había vivido en los Estados Unidos y había proclamado su admiración por las instituciones democráticas americanas, fundadas precisamente en una solución admirable del problema de la propiedad de las tierras. Aunque posteriormente, en presencia de la aventura de Grant con Báez, renegó de estas vehemencias, su pensamiento conservó la naturaleza capitalista de sus concepciones y de sus experiencias, claramente puestas de manifiesto al llegar al poder con su concepción del Banco de Anticipo y la Ley de concesiones gratuitas de los terrenos del Estado. Para ser, pues, consecuente con su pensamiento y el de su clase social, Ulises Espaillat debía comenzar por quebrantar la raíz del despotismo de los gobernantes de la etapa que se superaba en esos instantes: el estado de indivisión de las tierras comuneras. En consecuencia, el objetivo de la Leyera el de quebrar esa indivisión mediante la medición de las tierras y el consecuente establecimiento del derecho de propiedad "sin cláusula de reserva de ninguna clase".

Difícilmente pueda encontrarse un paso más coherente que el de esa Ley, por cierto bastante olvidada, principalmente porque careció de consecuencias prácticas. Solo el hecho de proclamar en su primer considerando que la agricultura era "la base del futuro desarrollo del país", Espaillat sentaba una tesis revolucionaria. Recuérdese que el arado era entonces desconocido en la República y que todavía le faltaban unos veinte años cuando menos, para apoderarse del campo. Esto significaba que la agricultura era el futuro en la misma medida en que el régimen comunero pasaba a ser el reducto del pasado… Desde luego, las consideraciones que anteceden parten de unos supuestos que, aunque han sido presentados ya en la primera parte de este estudio, exigen ser replanteados para mantener y consolidar la ilación del pensamiento del lector, aún a costa de ser reiterativos. El hecho es que, en efecto, el corazón del asunto, como expresa Knight, se encuentra en el nudo de ese problema que plantea el sistema de las tierras comuneras. En su obra, LA CAÑA EN SANTO DOMINGO de 1893, Juan J. Sánchez no puede obviar la necesidad de referirse a la naturaleza del sistema prevaleciente, en orden a la apropiación y explotación de las tierras en nuestro país, por los aspectos originales que presenta. Más de treinta años después, en igualdad de situaciones, el norteamericano Knight se va a enfrentar con el mismo apremio de explicar el sistema y rastrear en sus orígenes históricos. Dice Sánchez al comenzar el capítulo XV de su obra: "Casi desierto el territorio que ocupa hoy la República Dominicana, vacantes los campos desde tiempo inmemorial, se trazaban ex tensos sitios o demarcaciones de terrenos baldíos que como tales se vendían o se cedían a uno o a muchos individuos: los sitios de un solo propietario o de una sola familia SI! llamaron de propiedad' los que por acciones o derechos pertenecían a muchos se llamaron comuneros. Generalmente unos y otros si! destinaban para llagar los ganados o cortar maderas, pequeñas porciones, para huertas o conucos del que tuviera acción o permiso para ello. Así dividida la propiedad territorial en toda la superficie de la república, se adquiría aún se adquiere la posesión de las tierras a toda costa, sobre todo cuando se compraba o se compra una acción o derecho de propiedad en sitios comuneros, derecho de propiedad que en la república dominicana lo adquiere todo el que pueda y lo desee, sin distinción de nacionalidad".

De acuerdo con esta presentación de Juan J. Sánchez, la propiedad de las tierras aparece después que "se trazaban extensos sitios o demarcaciones de terrenos baldíos que como tales se vendían o se cedían a uno o a muchos individuos". Pero aquí no se dice quien trazaba esos sitios ni en virtud de que derecho, como no fuera basado en la citada demarcación, se vendían o cedían esos terrenos. Este es precisamente el corazón del asunto el hecho de que unas tierras pertenecieran a una sola persona y de que por esa razón se les denomine en propiedad no tiene nada que ver con la propiedad del terreno, puesto que la individualidad de las personas no es lo que origina la naturaleza de la propiedad, y asimismo, el hecho de que concurra más de una persona y por eso se le denomine comuneros a esos terrenos. No establece diferencia alguna respecto de aquellos que se denominan en propiedad. Tanto el uno como el otro deben derivar su propiedad de una fuente original que en ninguno de los dos casos menciona Juan J. Sánchez. Knight sí los menciona: "En la época de la colonización española, el Gobierno había hecho grandes concesiones de terrenos, fijando sus linderos por los ríos, cadenas de montañas u otros Limites naturales. En esa época Santo Domingo era, en su mayor parte. Un país ganadero; existían pocas cercas y era importante que todo ganado tuviera acceso a las aguadas. Por estas y otras razones, incluyendo la ley española vigente y la comparativa solidaridad de las familias. Los herederos de terrenos rara vez establecían los linderos de sus propiedades. En vez de esto, se repartían el valor del terreno representado en títulos de peso (literalmente "por valor de un peso"). Hubo una gran cantidad de terrenos disponibles al disminuir la población por las emigraciones a las ricas tierras del continente, abiertas a la colonización por los españoles.

Como resultado de esto, una persona podía ser dueña de una cantidad de títulos de peso en una gran parcela. Si deseaba dedicarse a la agricultura, marcaba sus linderos conforme al número de títulos de peso que poseía, en cualquier sitio que no estuviera ocupado. Ningún otro poseedor de títulos de peso podía adueñarse de la parte que él había delimitado, mientras la estuviera utilizando. Si dejaba que prescribiera su ocupación, tenía todavía su parte en la parcela total… "La explicación de Knight sería bastante aceptable si no partiera de un hecho que exige a su vez una explicación: Knight pone primero el ganado y después las tierras. "En esa época Santo Domingo era, en su mayor parte, un país GANADERO". Esto significa que ya ha debido estar regimentada la propiedad de esas tierras. Y de eso Knight no nos dice nada. Se coloca en la misma situación de Sánchez. Otra habría sido la situación si tanto uno como el otro autor hubieran conocido el acontecimiento de las Devastaciones de 1605-1606, y que fueron reveladas en toda su profunda significación por don Américo Lugo y posteriormente por Peña Batlle. El estudio de este acontecimiento le habría permitido a Knight, y desde luego a Sánchez, explicarse, la existencia de una impresionante ganadería montaraz, resultante de la destrucción de las haciendas y los ingenios de azúcar destruidos por las llamas; y la abundancia de tierras libres, abandonadas por sus propietarios fugitivos que se trasladaron a otras posesiones españolas a raíz de aquellos acontecimientos. Esas premisas habrían permitido a ambos autores, para mencionarlos solo a ellos, presumir la futilidad de establecer linderos en esas tierras.

Las familias que permanecieron en el país, y cuya población continuó disminuyendo incesantemente, pudieron disponer no solamente de la tierra que pudo necesitar, sino también de sus frutos, principalmente el ganado que vagaba libremente por ellas. Solo en el Siglo XVIII, cuando el desarrollo de la colonia vecina, fomentada y explotada de manera formidable por los franceses, se convirtió en un mercado importante para la carne y los cueros, la miel de abeja y otros productos otorgados espontáneamente por la tierra, los habitantes de la antigua parte española devorada por las Devastaciones, comenzaron a experimentar la lenta penetración de la propiedad privada, expresada en el establecimiento de linderos y en los "títulos de peso ", sin que hiciera desaparecer del todo las raíces comunitarias originales, creada por las Devastaciones. Así parece entenderlo el DI. Alcibíades Alburquerque, aunque desgraciadamente sin desarrollar su pensamiento, cuando en su obra "TITULOS DE LOS TERRENOS COMUNEROS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA", dice:"El historiador Delmonte y Tejada en su Historia de Santo Domingo, en el tomo tercero, página 19, describe el concepto jurídico del sistema agrario en los primeros años del Siglo XVII, así como el sistema económico de los hatos, su manejo, educación del ganado, cría de animales caballares, burros, etc."Considero muy interesante esa descripción del docto historiador, pues en su lectura se advierte la importancia histórica y jurídica del sistema agrario durante el Siglo XVII, que constituye los primeros vestigios del nacimiento de los derechos de tierra, fuente y (Junto de partida del régimen de la tierra durante la dominación hispánica)' luego transmitidos yadoptados con caracteres más definidos durante nuestra vida republicana.'

Algo más adelante, Alburquerque, concluye: "Históricamente el Hato fue el origen de los derechos sobre la tierra representados en títulosde pesos en los sitios comuneros, a partir, probablemente, del siglo XVII': La cuestión realmente divertida, particularmente para un capital ávido de tierras en 1874, es que los títulos otorgados real o supuestamente en el Siglo XVI, debieron permanecer intactos en el país cuando los propietarios emigraron, cosa naturalmente difícil ya que no inconcebible, sino soportar trescientos años ininterrumpidos en el marco de un sistema que no exigía el título de propiedad. Knight, dando por sentada la existencia de tales títulos, da una explicación de su precaria existencia en estos términos: "Los desórdenes sucesivos y las flagrantes faltas en el sistema de registro de títulos, habían llevado la propiedad de las tierras a una situación caótica. Una ley aprobada en 1885 había anulado el requisito de la ocupación pacífica y continua durante treinta años, aceptando la posesión como fundamento del título de propiedad. Sin embargo, nuevas revoluciones ocurrieron y ningún sistema de registro fue establecido. Los libros de registro eran destruidos o se perdían; se manufacturaban títulos falsos; mucha gente no tenía títulos de ninguna clase para garantizar sus propiedades y los notarios eran a menudo sobornados… "La situación histórica descrita por Knight, que era por lo demás de todos conocida, resulta suficiente para comprender que el sistema de propiedad de las tierras funcionaba en Santo Domingo de manera peculiar. A la propiedad, que carecía del instrumento idóneo que le sirviera de fundamento, la sustituía la posesión. Y Knight no oculta que "la idea de tomar como base para la reclamación de parcelas de terreno el uso o posesión de las mismas, en vez de los títulos de propiedad, tiene su mérito…" Entusiasmado con la originalidad del sistema, Knight llega inclusive a hacer un esfuerzo poético por rastrear sus orígenes, no en la Devastaciones de 1605-1607, con lo cual habría encontrado nuevos elementos y mucho más dramáticos para justificar su entusiasmo, sino en la colonización de los romanos en el Mediterráneo occidental, cuyo sistema fue heredado por los mahometanos e impuesto en España, de donde él parece derivar su extraña supervivencia en Santo Domingo. Pero entonces habría debido explicar por qué en Santo Domingo y no en las restantes posesiones españolas.La verdad es que el sistema comunero propio de Santo Domingo, no solo ha tenido el mérito que le reconoce Knight, sino lo que es más importante, unas consecuencias de donde ha derivado el destino histórico completo de este país. A estas consecuencias hemos dedicado la primera parte del presente estudio. Y de ellas la más importante es la que hemos denominado CONSECUENCIA. La de volatilizar la propiedad privada y dar origen a un sistema de propiedad comunitaria de las tierras, como si todo el territorio nacional estuviera a la libre disposición de las necesidades inmediatas de sus habitantes. Y ahora podemos añadir que el empréstito Hartmont de Báez fue en el fondo contratado para cubrir la deuda ancestral creada por las Devastaciones. Pero llegaría el Siglo XIX y con él la demanda histórica de establecer la propiedad privada en todos los dominios como condición sine qua non del progreso y del desarrollo social y económico del país. Al presentarse esta situación, la nación entró en conflicto con su pasado. La ruptura se produce con la Revolución del 25 de noviembre de 1873. Con ella hace irrupción la corriente capitalista mundial en el país, la burguesía emerge como una fuerza histórica y desde el primer momento, con la Ley de concesiones gratuitas de los terrenos del Estado del Presidente Espaillat, se reanuda con las perspectivas más sonrientes una presión sobre las tierras comuneras, que habían resistido desde 1808 la presión burguesa mundial, pasando por la ocupación haitiana y los gobiernos republicanos de Santana y de Báez.

Desgraciadamente, el capitalismo había llegado tarde a su cita con este país, debido naturalmente a la resistencia del sistema comunero. A causa de ello, las fuerzas sociales que debían brindarle la bienvenida se encontraban prácticamente exhaustas. No encontró más que la euforia que emanaba de las masas. Aparecieron alegremente los espíritus emprendedores y los inventores de toda laya. Hizo su entrada triunfal la gran poesía. Grandes masas del campesinado se desplazaron a las ciudades y súbitamente apareció una actividad desconocida en todo el país. Pero no pudieron desarrollarse libremente las fuerzas que debían dar origen a una burguesía nacional fuerte, en el marco de un desarrollo gigantesco del capitalismo en el ámbito mundial. De manera que, al imponerse el desarrollo de manera espontánea, sin una dirección nacional consciente y al mismo tiempo enérgico, la euforia capitalista pronto perdió su poesía y se encaminó por unos senderos decididamente opuestos a los que demandaban las metas nacionales y patrióticas.

No le seda difícil a una mente exaltada mostrar el papel que esta pequeña nación ha representado, como anunciadora del capitalismo a todo lo largo de sus respectivas historias, desde los días del comercio intérlope en 1605. Por coincidencia, ese proceso que se inicia en el Nuevo Mundo con las Devastaciones en 1605, llega a su culminación exacta tres siglos después en 1905. Para nuestro país desde luego, esaes una historia de profundos desgarramientos. Ha debido pagar un precio muy alto por servir de espejo, como esas pequeñas gotas de roció que penden del extremo de una hoja al amanecer, para todo el mundo circundante incluyendo las esferas planetarias…"El conocimiento de la realidad económica y social de la República Dominicana de nuestros días exige, en cierto sentido, una atención especial a las peculiaridades de la legislación que presidió la distribución de tierras en la antigua colonia, y muy especialmente el hecho de que los terrenos se declararon comuneros, contribuyendo a la existencia de enormes predios sin cultivo… "RICARDO PATEE".

El Siglo XX como ningún otro a nivel mundial, amaneció lleno de esperanzas. Se anunció con aquella que los franceses denominaron "la belle époque''. En todos los aspectos de la vida se respiraba una atmósfera de estreno como si fuera el siglo moderno por excelencia. Nacía el cine. Y la aviación. Nacía la pintura abstracta con el expresionismo alemán de 1905 y el cubismo con "Las Señoritas de Aviñón" de 1907. Nacía el automóvil. Nacía la comunicación inalámbrica. Nacía la máquina de escribir como instrumento básico de las oficinas y la operadora debió acortar su falda y su melena.

Los barrenderos debieron hacer desaparecer de las calles los residuos del siglo pasado para dar paso al bullicio de la nueva vida. Valía la pena tener 20 años aquella madrugada, iluminada por los fuegos de artificio, que anunciaron el arribo del Siglo XX. En Santo Domingo, el Siglo XX llegó también, sino lleno de esperanzas, al menos de ilusiones. Toda una generación que había nacido veinte años atrás, había pasado por este medio bajo el imperio de la voluntad caprichosa y enérgica de un hombre que era en definitiva un usurpador. Con el ajusticiamiento del tirano, esta generación, ya que no la nación entera, tenía justos motivos para esperar con la llegada del siglo, el advenimiento de un clima de progreso, de rejuvenecimiento del país y despliegue de un abanico de perspectivas nuevas. Probablemente, esta fruición no era compartida por la nación entera puesto que no habrán podido ser olvidadas las frustraciones de 1874. Encamadas en el derrocamiento de Ulises Espaillat. Estas frustraciones, que habrán sido anunciadas al borde de la tumba por la voz de Salomé, entonces la bien amada de la juventud, estaban todavía frescas en el alma del pueblo. Pero estalló la Revolución del 26 de julio de 1899 que fue también, como si remedara el futuro, una revolución de la juventud. La bala que, según algunos (Monclús) hirió mortalmente a Lilís, fue disparada por Jacobo de Lara, un mozalbete que entonces contaba 16 años de edad. Cáceres, a quien se le acredita el tiranicidio, contaba entonces y el jefe de la conspiración, Horacio Vásquez, al parecer el mayor de todos, contaba 39 años.

La juventud llegaba al poder. Ya sabemos que cuando esta revolución llegó al asiento del Gobierno, encontró firmemente instalado en la poltrona presidencial al fantasma de Lilís. El caos financiero, la corrupción en gran escala, el desconcierto administrativo, las deudas acumuladas, constituían el clima del trabajo gubernamental. Pero esto habría sido lo de menos. Se supone que una revolución es el instrumento adecuado para resolver estos problemas en última instancia. Pero las revoluciones tienen un ámbito geográfico. Más allá de las fronteras se agota su poder. Y resulta que era justamente más allá donde se encontraban los grandes problemas que amenazaban la supervivencia de la República. La clave del destino nacional se encontraba en una ley promulgada por Lilís: la Ley de Conversión de la Deuda Externa de 1897. De ella se ha escrito que "puede decirse que fue el fraude más colosal de que ha sido objeto la República". Debió haber sido muy grande para que superara el record del aventurero Hartmont en tiempos de Báez, que significó para la República el darlo todo a cambio de nada y quedar deudora todavía. Por su parte, Troncoso de la Concha sostiene que "esta ley)' los contratos firmados a su amparo con la San Domingo Improvement fue la semilla del mal árbol que en el transcurso de los años día estos frutos amargos: el Protocolo (1902), el Laudo (1904), la Convención de 1905, el Modus Vivendi (1905), la Convención del año 1907 y la de 1924". Es a este árbol al que llamamos imperialismo.

Pero la cuestión para nosotros es la de establecer cuándo maduraron estos frutos porque, como se ve a simple vista, se trata de un proceso de maduración que se inicia con el Protocolo y termina con la Convención de 1924. Ya hemos visto que PeñaBatlle sitúa ese momento en la Ocupación militar de 1916 en cuyo caso sería este acontecimiento el que abriría el período que denominamos era imperialista. Sin embargo, poca duda cabe que al operarse esta operación militar, ya el árbol había dado sus frutos, toda vez que el imperialismo no es un fenómeno esencialmente militar sino económico y político.

La Convención de 1907 fue instrumentada durante el Gobierno de Ramón Cáceres, quien de este modo recogía los frutos del tiranicidio de Heureaux. Al rematarlo en Moca le arrebató, no solo la vida, sino también los fundamentos de su poder. El proceso histórico que llevaba en su seno la Improvement, se desencadenó con el pistoletazo que abatió a Litis y desembocó en la Convención de 1905. Cáceres era Vice-Presidente de Morales Languasco en 1905 y le sucedió cuando éste renunció o fue obligado a renunciar. Ya en el poder le tocó presidir la Convención de 1907, que vendría a ser la formalización definitiva del nuevo ordenamiento histórico de la República Dominicana. De Cáceres dicen consistenternente historiadores y cronistas que era hombre de más limitado que mediano saber. "Hombre de acción pero no un estudioso, reconocía sus propias limitaciones, y por esta razón así como por su falta de aplicación, evadía las decisiones de los problemas técnicos de su administración, los cuales, relegaba gustoso a sus consejeros…" Sin embargo, Cáceres inaugura una nueva filosofía del poder en la República Dominicana y lleva a cabo con extraordinario éxito un estilo nuevo de gobernar que echaba por tierra las concepciones teóricas hasta entonces conocidas. Probablemente, el éxito de Cáceres se debió a su desdén a la teoría y a su flexibilidad para delegar en otros las cuestiones importantes.

La filosofía de su gobierno la había traído el capitán Dillingham en el "Castine" y, para ser debidamente traducidas a la lengua criolla, asumió el cargo de Ministro de Hacienda el verdadero padre nativo de las Convenciones, pues fue el único que participó en todas las conversaciones, las que produjeron las dos de 1905 y las de 1907: Federico Velázquez. Bosch lo explica de la siguiente manera: "La posesión de tierras con titulas legales fije una de las preocupaciones de los capitalistas norteamericanos que tenían ingenios de azúcar en el país, y para eso se requería un gobierno dominicano cooperador, debido a que entre las medidas indispensables para dar garantías a esos inversionistasuna era acabar con la propiedad colectiva o terrenos comuneros y la otra era entregar tierras del Estado a los ingenios".

Es indudable que el imperialismo es un fenómeno histórico que trasciende esos limitados objetivos, pero por donde quiera que se le busque un fundamento específicamente dominicano para explicar su papel en nuestro país, se desemboca inevitablemente en el problema de los terrenos comuneros. En la explicación de Bosch es obvia la identidad entre la eliminación de la propiedad comunitaria y su conversión en propiedad privada en favor de los ingenios. Como lo previó Espaillat las tierras comuneras constituían un estorbo enorme para el desarrollo de la industria. Si recordamos que su breve lapso en el poder fue suficiente para que Espaillat promulgara su "Ley de Concesión gratuita de los terrenos del Estado ", con un olfato capitalista asombroso, y que asimismo Cáceres promulga la "Ley de Concesiones Agrícolas" de 1911, se ve claramente la coherencia histórica del problema. Pero tanto una ley de concesiones como la otra no podían ser otra cosa que la expresión de un propósito fundamental: la liquidación del régimen histórico de las tierras comuneras. En Espaillat este propósito permaneció en su cabeza pero en Cáceres tomó la forma objetiva de la ley con el nombre concreto de ley sobre división de terrenos comuneros de fecha 17 de abril de 1911. En virtud de esa ley, la propiedad privada se establece en la República Dominicana como filosofía del Estado y aniquila de golpe todo el pasado. Duarte y Santana han debido estremecerse en sus respectivos mausoleos. La Ley sobre División de Terrenos Comuneros de 1911 es la primera que aborda este problema en toda la historia nacional. Fue a ella a la que los campesinos atribuyeron, por cierto injustamente, la maldición de la "invención de la agrimensura". Desde 1848 la República había legislado en relación con la actividad de los agrimensores, aunque sus disposiciones aparentemente no fueron sancionadas nunca por la práctica. Cáceres no tenía que saber nada de esto. Tenía sus consejeros y a su vez los consejeros tenían sus consejeros. Pero la circunstancia de que esta ley fuera dictada por él precisamente en los marcos de la Convención de 1907, que implicaba todo un programa de transformaciones históricas y como expresión de todo el proceso de desarrollo capitalista del país, no solo explica su importancia, sino que al mismo tiempo clarifica todo el contenido de este período y, por consiguiente, el contenido completo de la historia nacional. No podía ser de otro modo, La tierra es el medio de producción original y fundamental. Si algún sentido último puede tener el capitalismo, no será nunca otro que el de plantear el advenimiento de nuevos medios de producción. Pero nunca podrá significar la abolición de la tierra como el asidero últi.mo de la supervivencia del hombre sobre este planeta. Por eso tiene esa continuidad en la historia dominicana,

Desde luego, no es la tierra la que hace la historia sino los hombres. Que aquí quede bien claro que de lo que trata esta historia no es del culto religioso de la tierra, sino de los procesos de luchas que ha originado desde los albores del Siglo XVII, y de las relaciones sociales que, en los términos de propiedad comunitaria y propiedad privada, ha determinado el aprovechamiento de los dones de la tierra. Aquí no interesa el contenido de esta Ley que está al alcance de la mano de todo el mundo, sino sus aspectos históricos en la medida que permiten fundamentar el esquema de periodización general de nuestra historia que aquí se propone. Y si el período que denominamos "Era imperialista", no se viera forzosamente insertado en un proceso de la historia de toda la humanidad, como todos los períodos recorridos por nuestra historia, la Convención de 1907 en cuyos marcos se produce esta Ley, debería constituir el punto de entrada material del imperialismo. Este fenómeno posee, no obstante, un rasgo distinto que lo caracteriza: la actividad financiera, cuyo contenido quedó plenamente establecido en la práctica con la Convención o convenciones, de 1905.El paso dado por Cáceres con esta Ley fue sumamente laborioso y no es una presunción muy absurda la de que le costó la vida. Cáceres cayó asesinado en 1911. Este hecho ha sido explicado en términos psicológicos: las ambiciones políticas de unos, los resentimientos personales de otros. Pero la acción solo funciona de esa manera cuando se separa de su contexto histórico. Si los caballos que impulsaban el coche de Cáceres se encabritaron al sentir los disparos, difícilmente se encuentre una explicación racional que vaya más allá de la conexión sensible de los caballos con los disparos. Pero los hombres son criaturas históricas.

En cada uno de los hombres que participaron en la acción funcionaba un interés que trazaba una trayectoria de intereses en los que se encontraba envuelta la nación entera. Al amparo de la Convención de 1907, la administración pública marchó como una maquinita recién aceitada. En verdad, nunca había funcionado de esa manera. Se pagaba regularmente la deuda, los sueldos eran pagados sin interrupción. Se desarrolló una política vial, educativa, burocrática. La paz era tangible. En la Hacienda trabajaba silenciosamente un mago: Federico Velázquez. Pensaba, no sin fundamentos, que se ganaba lenta pero inexorablemente la Presidencia de la República. Y, aunque todo parecía indicarlo, jamás pudo alcanzar esta meta. Tan silencioso como su trabajo, marchaba sordamente el resentimiento popular. Velázquez era el hombre de las Convenciones. Cáceres era también un producto de estas Convenciones. Y, mientras la cosa marchara en la dirección del pago de las deudas con el exterior y se viera que en alguna forma el país se libraba de una coyunda secular y salvaba la soberanía en peligro, tanto el uno como el otro podrían esperar el reconocimiento nacional. Pero el problema de la tierra es otro.

Nunca se debió olvidar cuál era la naturaleza del sistema de propiedad en nuestro país. El hecho de que cualquier dominicano en cualquier momento pudiera disponer de un pedazo de tierra libremente, siempre que tuviera necesidad de cultivarla y efectivamente la cultivara, debió haberse reconocido como un motor histórico de la nacionalidad. Ese era un punto demasiado sensible para que se tocara festinadamente. Y los hechos eran elocuentes. La Ley de división de los terrenos comuneros fue sometida al Senado para su discusión y fue por fin aprobada el día 17 de abril de 1909. Pasó la mitad de su recorrido. Entonces pasó a la Cámara de Diputados. Habiendo sido avalada ya por el Senado se podía presumir que el procedimiento duraría un par de meses a lo sumo. Pero este par de meses fue consumido en interminables discusiones. Y también el siguiente par de meses. Y el año. Y cuando la cosa llegó al par de años, es presumible que operaran algunas presiones para dar fin a ese encharcamiento. Eso resulta del hecho de que la ley fuera finalmente aprobada justamente el 17 de abril de 1911. Este 17 de abril parece hecho a la medida. Difícilmente unas discusiones que se extienden a través de los años, terminen en la fecha aniversario sino existió de alguna manera el propósito de que fuera así. Las discusiones no suelen terminar, y menos cuando se debaten intereses de esa naturaleza, con una exactitud tan deliciosa. Los dos años de discusiones que requirió la Ley para ser aprobada en la Cámara de Diputados, a pesar del apremio que se presume existía en que se pusiera cuanto antes en vigor, indica que la situación histórica tocaba un punto de crisis extrema. Moya Pons piensa que Cáceres creía que favorecía al país "legislando en favor de las grandes compañías azucareras extranjeras". Y a continuación añade: "Pero su ley de exoneración de impuestos, unida a esa ley de partición de los terrenos comuneros, pronto sirvió para que esas corporaciones se apropiaran de las mejores tierras agrícolas del Sur y del Oeste del país, gracias a la complicidad de notarios y agrimensores criollos, que pronto descubrieron la forma de falsificar los títulos de los terrenos comuneros…

Esta política económica de (aceres creó cierto resentimiento entre los propietarios y empresarios dominicanos" También lo creó sin duda en la gran masa de la población campesina y, elevándose de este fondo social, no debe resultamos absurdo e ininteligible, que arruara. o cuando menos, animara, suponiendo que no sea capaz de explicarlo, el gesto que cercenó la vida de Ramón Cáceres… Viendo las cosas en términos de personajes aislados, serían tres los nombres que encarnan este proceso, Báez a quien se debe el Empréstito Hartmont, Lilís que dicta la Ley de 1897 y Cáceres a quien se debe la Ley de Partición de los Terrenos Comuneros de 191 l. Pero el proceso viene de mucho más lejos. Todos los sinsabores que atravesó el país durante su vida republicana, se debió a la inmensa penuria económica, a la profundidad de su atraso, a la naturaleza anacrónica de sus fundamentos materiales cuya raíz remota se encuentra en las grandes devastaciones de 1605-1606, que a su vez fueron causa de la serie de devastaciones que las siguieron. Sánchez Ramírez, como primer gobernante nativo, fue el primero en cosechar en el poder los frutos de aquella inmensa tragedia. Ni él, a quien faltaba la elevación requerida, ni los gobernantes que le siguieron, estuvieron a la altura de una misión histórica que exigía facultades excepcionales, acompañadas de un patriotismo intenso y consecuente.

No pudieron hacer otra cosa que aceptar el papel de juguetes de su destino. Solo el pueblo, actuando en función de las leyes histórica, pudo mantener aquel comportamiento capaz de asegurar su supervivencia. Y, si al cabo de este largo proceso, se incorporó a la línea histórica seguida por los restantes países del continente y se aseguró un lugar, por modesto que sea, en el concierto de las naciones, es porque las leyes históricas son inexorables y ese destino era inevitable.

La ley de partición de los terrenos comuneros de 1911 patrocinada por Cáceres, no llegó a cumplir su misión histórica en lo que se refiere a la abolición absoluta del arcaico sistema de la propiedad comunitaria de las tierras. Pero hizo posible, al menos, un transitorio y turbulento concubinato con la propiedad privada, o como se le llama en derecho, propiedad inmobiliaria. Knight, a quien se debe el estudio más profundo y documentado de este proceso, describe los resultados históricos de esta ley y por tanto configura netamente este período, en los siguientes términos: "Uno de los propósitos por los cuales se trató de simplificar los procedimientos divisorios, fue el de impulsar la adquisición de terrenos por grupos extranjeros, especialmente por los azucareros, para que estos comenzaran a actuar de acuerdo con la "Ley de Concesiones Agrícolas" de 1911. Se le permitía a un concesionario, conforme a esta Ley, levantar factorías, construir y mantener carreteras, ferrocarriles, puentes y muelles: mejorar puertos y ríos: apropiarse de aguas irrigación, hacer las construcciones necesarias incluyendo canales: operar barcos y remolcadores de nacionalidad extranjera: instalar vías telefónicas y telegráficas, estaciones inalámbricas y plantas eléctricas, con la estipulación de que no debían vender corriente sin la autorización del Ejecutivo. Los productos de esas empresas estartan exonerados de derechos de exportación durante ocho años, y los impuestos vigentes no podrían ser aumentados dentro de un plazo de veinticinco años. Los impuestos municipales fueron limitados al 2 por ciento ad valoren. Los buques o las lanchas solo pagaban la mitad de los derechos de puerto en vigencia. Los derechos de aduana sobre las maquinarias para tales empresas quedarían reducidos al 50 por ciento, por medio del descuento de papel sellado para el efecto. Todo lo que renta que hacer un concesionario era depositar su petición en forma legal y comprar o arrendar durante diez años (en el caso de la industria azucarera), la cantidad mínima de terreno, es decir "247.1 acres o sean 100 hectáreas". Las empresas existentes solo tenían que llenar los requisitos necesarios para estar dentro de la ley.Pero había una contradicción más espectacular.

En medio del caos político y la inseguridad social, las empresas capitalistas prosperaban. El Gobierno, o por mejor decir los sucesivos y precarios gobiernos, se debatían entre los apremios de fondos necesarios para sostenerse en medio de las crisis insurreccionales. Pero estos fondos no faltaban nunca a las grandes empresas. Un caballero de las finanzas, Don Santiago Michelena, puertorriqueño de origen y norteamericano de nacionalidad, había resultado encargado de recibir los depósitos de la Receptoría. En 1912 cuando, según refiere Knight, "la revolución estaba bien encaminada, una compañía americana, dirigida por dos hombres llamados Jarvisy Niese, abrieron formalmente el Banco Nacional de Santo Domingo. Era un banco de emisiones, y aspiró desde el principio a quitarle a Michelena la cuenta notoriamente lucrativa de la Receptoría: Esta actividad no sufrió la menor paralización cuando un par de meses después, como cuenta el mismo autor, "la revolución se extendió". Todo lo contrario. El Gobierno del Arzobispo Nouel recibió un empréstito "para pagarla deuda flotante creada por la revolución" y no uno sino tres solicitantes se habían disputado el crédito: el Banco Nacional de Jarvis, el Royal Bank of Canadá y el National City Bank of New York, que era la representación real de Santiago Michelena. Según la versión de Tulio M. Cestero: "MisterJarvis, un ávido promotor norteamericano, aspirante a la conquista financiera del país dominicano, Presidente del Banco Nacional de Santo Domingo (un ramal de la Improvement) mostraba en octubre de 1912 en La Habana, al Director de un diario, un telegrama de Washington en el cual se le comunicaba que los Estados Unidos intervendrían en Santo Domingo y que la intervención se apellidaría INTERVENGON JARVIS… "Quiere decir que la Intervención estaba planteada en el Departamento ya en 1912 y que las "cargas que la civilización pone sobre los hombros del hombre blanco" no tenían nada que ver con los impulsos levantiscos del incivilizado pueblo dominicano, sino con el curso del desarrollo financiero en esa área determinada.

La intervención, que efectivamente se produjo en 1916, no llevó ciertamente el nombre de Jarvis porque no fue realizada en su beneficio, pero todo indica que si tampoco llevó el nombre de beneficiario alguno, bien pudo el National City Bank of New York ponerle el suyo. Sin embargo, los entrelazamientos financieros que tenían lugar en el seno del imperialismo después de la primera década del siglo XX, eran ya tan infinitamente complejos, se movían en un cañamazo de compañías anónimas tan laberíntico, que resulta acaso una simplificación atribuirle a una sola empresa las consecuencias históricas del proceso financiero en su conjunto. Todo parece indicar, siguiendo el curso del estudio de Knight, que en Santo Domingo fue el National City Bank de Nueva York quien dio la cara. Pero este era un banco más. Otros participaron con responsabilidades aparentemente idénticas en todo el proceso. Nombres como el de Kuhn Loeb y C., o el Morton Trust, aparecen vinculados a empréstitos efectuados al Gobierno dominicano o como depositarios de los fondos de la Receptoría y otros gajes de la vida financiera. Parece pues una simplificación de Knight el cargar exclusivamente en la cuenta del National City Bank los rasgos de este proceso. "Solo es necesario mencionar, de paso, las varias razones que asisten a los dominicanos para tratar con dureza al National City Bank, sin que esta actitud alcance a los demás bancos. El Gobierno Militar lo introdujo. Sus conexiones con los azucareros extranjeros no podían hacer esa institución simpática a los dominicanos, de ningún modo… "Sin embargo, dice el propio Knight que "la industria azucarera creció con rapidez tanto antes como después de 1917, fecha en la cual se instaló el National City Bank".

El problema de la penetración imperialista parece mucho más complejo que el que puede atribuírsele a una determinada institución bancaria. En la primera década del Siglo XX se había completado ya la monopolización de toda la actividad financiera de los Estados Unidos en dos grandes monstruos. Financieros, a la cabeza de los cuales figuraban el National City Bank of New York y el Chase Manhattan Bank, que eran los centros de un inmenso entrelazamiento de intereses bancarios. Los tratadistas norteamericanos de este proceso histórico prefieren encarnar esos dos grandes monstruos financieros en las personas que llevaron a cabo la etapa final del proceso de monopolización, esto es, J. P. Margan y John D. Rockefeller. La Casa Margan y la Casa Rockefeller constituían, pues, el núcleo de lo que se llama "imperialismo norteamericano" y, como se ve, no se trata de personas, sino de un proceso histórico que está completamente por encima de las instancias personales. O dicho de otro modo, no fueron Margan y Rockefeller los "lores de la creación" del imperialismo, sino que por el contrario, el imperialismo los creó a ellos. De la misma manera, trajo a Santo Domingo primero al National City Bank y poco después a los "marines': La Ocupación militar de 1916 duró hasta 1924 pero no fue otra cosa que el brazo armado de la Convención original de 1905. Al retirarse las tropas, dejaron una dictadura férrea de 30 años que se denominó "Era de Trujillo" aunque, aplicando el rigor histórico, no inauguraba una era en el curso histórico de la República Dominicana. La llamada Era de Trujillo fue una estilización del poder, cargada de profundos rasgos personales que, por lo demás distaba mucho de ser la primera y de poseer características originales. Antes hubo toda una sucesión de gobernantes que impusieron su propio estilo en el poder.

El primero fue Juan Sánchez Ramírez. Tras de él pudieron aspirar a similar distinción Pedro San tana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Ramón Cáceres y quizás algún otro, Carlos Morales Languasco, por ejemplo, aunque debidamente. En realidad de verdad, solo dos personajes de nuestra fragorosa historia podrían representar el advenimiento de una Era histórica: Juan Sánchez Ramírez, el primer gobernante nativo durante la Era Imperial, y Ramón Cáceres, el primer gobernante, con la Convención de 1907 como instrumento definitivo, de la Era Imperialista. Ulises Heureaux, con todos los méritos que pudo acumular, con lo profunda que fue su huella en el proceso, con los fuertes rasgos personales de su gobierno y con los innumerables ingredientes de novedad que introdujo en la vida histórica, fue solo el precursor, el obrero laborioso que echó la zapata. Su régimen fue el de la transición difícil y concluyó en el momento exacto. Cinco años más, y hubiera sido el padre de la nueva Era. Aquí podría concluir esta tarea de periodización de nuestra historia. Si la Era que actualmente vivimos lleva en sus entrañas los rasgos de la que ha de seguirla, no es labor que corresponde a los historiadores del presente. Pero la secuencia histórica nos revela que en el fondo de todos los procesos que ha vivido esta nación, desde el momento mismo que ella se constituye, hay una constante: el sistema de propiedad de las tierras en cuyo seno se debate una contradicción más duradera que cualquiera otra de las múltiples contradicciones que impulsan la marcha del progreso: la de la propiedad común y la de la propiedad privada. Como ha observado Pattee, con esa perspectiva que disfruta el observador extranjero, es necesario dirigir la atención a los terrenos comuneros para conocer "la realidad económica y social de la República Dominicana de nuestros días". Por eso, y sin aspirar al privilegio de ese conocimiento definitivo, debemos concluir esta tarea con aquel que fue el florón. Más perdurable (precisamente porque esa perdurabilidad estaba en su esencia), que es la implantación del "Sistema Torrens" al ordenamiento de la propiedad inmobiliaria en este país. Este sistema de registro de los títulos de propiedad de los terrenos constituía una verdadera innovación, no solo en este país, sino en todo el Hemisferio. Había sido ideado por un oscuro funcionario inglés, Robert Richard Torrens quien, de un modesto cargo de colector de rentas aduanales en Australia llegó a ocupar una posición en la Asamblea Legislativa.

En 1858 fue aprobado su proyecto de Ley de registro simplificado de los títulos de tierras que lleva su nombre, aunque debió enfrentar una violenta oposición por parte de los abogados en ejercicio. Esta ley eliminaba toda posibilidad contenciosa, una vez que los títulos eran registrados y perimían los plazos para la contestación, y los abogados estimaban que su papel profesional perdía todo sentido. La Ley se impuso y Torrens, nacido en Irlanda, fue ennoblecido en Inglaterra con el título de Sir. El Sistema Torrens fue puesto en vigor en nuestro país durante la' Ocupación en 1920. Este hecho conduce a algunas consideraciones.

La primera es la de que, no habiendo sido posible hasta entonces implantar un sistema estable de parcelación de las tierras comuneras, el éxito de la Ley de 1920 solo fue posible en virtud de una fuerza material inconmensurable. Es indudable que la opinión pública se dividió porque la resistencia a la Ley no movilizó aparentemente a las fuerzas nacionales sino a los sectores más desesperados. El centro de la resistencia estuvo en las tierras del Este en las cuales, por la naturaleza del desarrollo histórico, las tierras comuneras habían conservado las esencias más puras. El Norte era históricamente partidario de la parcelación de las tierras. El Sur mantuvo siempre una posición vacilante. Y fue precisamente en el Este donde la industria azucarera encontró las condiciones, tanto en el orden topográfico como en el jurídico, más propicias para su desarrollo: tierras llanas en abundancia y débil expresión de la propiedad privada. Los "gavilleros", o bandas armadas de campesinos, fue la respuesta.

Otra consideración se desprende del hecho de que, a la hora de articular un sistema de propiedad de las tierras, los legisladores de la Ocupación militar se vieron obligados a recurrir a un sistema prácticamente desconocido y que se había puesto en vigor con éxito en Australia, un país situado en las antípodas. Es obvio que un sistema original tenía que ser sustituido con otro sistema original. Si en el curso de este trabajo hemos señalado reiteradamente la originalidad, que había sido reconocida por un especialista como Ots Capdequi, del sistema de propiedad imperante en este país, la circunstancia de que para ser abolido haya habido que acudir a unas fuentes tan remotas y tan innovadoras, contribuye a afirmar la originalidad del sistema tradicional e histórico imperante en la República Dominicana hasta entonces.

Sin embargo, sus nobles antecedentes no fueron suficientes para que el sistema venido de Australia funcionara con la misma eficacia en Santo Domingo. La firmeza del sistema tradicional de las tierras comuneras, que ya se evidenció en los lejanos días de la Ocupación haitiana, volvió a ponerse de manifiesto un siglo exacto después.

Esta ley, según nos explica el Dr. Alburquerque en su estudio mencionado, "propició el reconocimiento del derecho sobre el terreno ocupado o poseído en aquellos sitios en que por su fertilidad habían sido cultivados, o que para esos fines estaban ocupados", pero las publicaciones que apoderaban al Tribunal de Tierras, creado para el saneamiento de las tierras "no conllevaban la obligación de depositar los 'pesos de titulas' que significaban los titulas sobre Terrenos Comuneros o Sitios Comuneros". Y agrega: "Esa circunstancia permitió que durante muchos años y hasta que se pusieron en vigor los nuevos procedimientos de las referidas leyes Nos. 833 (de 1945) y 1542 (de 1947), en cuanto al depósito de los pesos de títulos para su depuración, una gran cantidad de ellos permanecieron en las manos de sus propietarios, sin que el Tribunal de Tierras tuviera un control inmediato y positivo sobre esos títulosl" Y concluye: "La Ley de Registro de Tierras del año 1920, aún sin haberse aplicado, fue la que mayor influencia causó en la abstención de los propietarios de hacer valer sus titules de pesos en los procedimientos catastrales, y la que impidió que muchos títulos no fueran depositados para los fines de su depuración, esa abstención voluntaria probablemente fue causada por una coacción moral de un infundado temor en la aplicación o alcance de esa Ley… "Esta actitud resultaba más triste por cuanto el tercer considerando de la Ley establecía sus propios fundamentos en los términos siguientes: "Para remediar este estado de cosas, establecer la confianza en los derechos de la propiedad, y devolver la tranquilidad al país es necesaria una medida enérgica que determine los verdaderos derechos de propiedad de las tierras y obligue a su registro según un método científico… "Knight considera que "había la franca intención de destruir las posesiones colectivas", puesto que "uno de los objetivos de esta leyera el de obligar a registrar los titulas de terrenos, incluyendo los títulos de pesos comuneros". De modo que, en términos históricos aunque jurídicos y económicos. El "Sistema Torrens" no obtuvo el resultado ideal aunque, "finalmente, dice Knight, la importancia concedida a los titulas individuales, claros y bien determinados, dio a los azucareros precisamente la oportunidad que ellos habían estado esperando durante atlas… "Y, de esta manera, cubrieron su periplo histórico las tierras comuneras, sin que pueda asegurarse que han desaparecido del todo. Todavía se producen eventuales conflictos en los que se descubre su activa presencia aunque encubiertas tras la denominación de terrenos del Estado. Pero, de todos modos, podrían descubrirse en muchas otras zonas que nada tienen que ver con los procesos jurídicos e historiográficos. Y no resulta muy aventurera la afirmación de que súbitamente se le vea cruzar una esquina de las ciudades modernas de hoyen nuestro país, sacudiendo una melena o cimbrando una cintura femenina que se remonta al fuego original al que debe su existencia el pueblo dominicano…

Conclusiones de este proceso según Pedro Mir

La discusión del presente proyecto de periodización general de la historia dominicana, nos conduce a una conclusión suprema:EL MOTOR QUE, EN ULTIMA INSTANCIA, HA IMPULSADO A LA NAClON DOMINICANA A TODO LO LARGO Y LO ANCHO DE SU RECORRIDO HISTORICO, ES EL SISTEMA ORIGINAL DE APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS QUE CONOCEMOS COMO EL SISTEMA DE LOS "TERRENOS COMUNEROS".Pero, la discusión de este criterio general, exige para su convalidación numerosa y variada, las primeras manifestaciones populares en ese sentido se descubren ya durante el ejercicio del poder haitiano (1822-1844), entre los sectores más estrechamente vinculados al sistema antiguo de los terrenos comuneros y aquellos que, por la naturaleza más avanzada de sus medios de producción, debían inclinarse a la partición de esos terrenos y al fortalecimiento de la propiedad privada de las tierras.

Con el advenimiento de la República, aparecen dos sectores antagónicos en la lucha por el poder, identificados en la literatura de la época como la contradicción entre la Capital y Santiago, que no es sino la discordia entre los partidarios de la perpetuación del sistema comunero del Este y del Sur, y los partidarios de la partición de las tierras, en dirección capitalista y burguesa, con su asiento en el Norte.