Aquí nos podemos dar cuenta que la aprobación de ésta ley, que regula la relación de los servidores públicos con el Estado, responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadanía según nuestro punto de vista para nosotros que estamos estudiando Marketing y estamos pendiente de lo que ocurre en el mercado y así nos estamos informando de que debemos estudiar y prepararnos mejor profesionalmente para que el día que salgamos y tengamos un trabajo podamos estar cumpliendo con lo que dispone la Ley de Servidor Público en ser innovadores, eficientes y brindar un buen servicio a la ciudadanía.
Su objetivo es ir buscando un permanente mejoramiento profesional para todas aquellas personas que ejerzan el trabajo de servidores públicos, algo que según nuestra opinión es muy necesario, pues existen niveles de los servidores públicos en los cuales simplemente existe la rutina burocrática sin innovar sin estar pendiente de lo que ocurra alrededor del mercado si hay o no un cambio para poder satisfacer las necesidades de los clientes, también está la ineficiencia y el mal servicio que se le da a los usuarios quienes deben ser tratados, ha sido una negativa regla que debe superarse.
Entonces esto nos dice que hay que mejorar la calidad de la atención que se brinda a los ciudadanos y la productividad en el Estado. Ésta reemplaza a la antigua Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA).
También la nueva reglamentación, entre otros aspectos, permite a los extranjeros que residan en el país por, al menos, cinco años, prestar sus servicios como empleados públicos o funcionarios públicos, se supone que cuando no existan en ciertos niveles ciudadanos nacionales para su desempeño.
Con la aprobación de ésta Ley de Servidor Público se puede regular la relación de los servidores públicos con el Estado, los cuales responden a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la toda la ciudadana.
De la misma manera en éste documento existen artículos donde nos hablan de las obliga a las instituciones públicas a contratar a un mínimo del cinco por ciento (5%) de las personas con discapacidad.
También permite a los profesores de Universidades Públicas dictar cátedra en varios centros de enseñanza superior. Asimismo la ley incorpora una "evaluación anual" a los servidores públicos, los militares y policías también serán evaluados anualmente, aunque éstos no pierden sus derechos es decir podrán seguir recibiendo condecoraciones y reconocimientos como lo han venido haciendo.
Marco conceptual
Fecha de Publicación: 2009-06-21
TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO
Ley de Servicio Público
El Presidente de la República, en una anterior cadena sabatina, anunció una nueva ley para regular la carrera de los servidores públicos, entendiéndose en éstos no solamente los empleados de los organismos dependientes directamente de las diversas funciones del Estado sino también de los llamados organismos autónomos, incluyendo los gobiernos seccionales.
Para el Mandatario, y no solamente para él sino para la ciudadanía, simplemente ha sido inadmisible e injusto que, por un lado, ciertos servidores públicos se amparen en tablas de clasificación que no reflejan la realidad, así por ejemplo en determinadas instancias un conserje no figura como tal, sino con una calificación superior que le permite percibir un sueldo no acorde a su nivel, en desmedro de otros empleados de su nivel en perjuicio de los recursos del Estado, esto es de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
Estas distorsiones no son de última hora, sino que vienen de muchas décadas atrás, ya que las autoridades de turno suelen ser "generosas" con demandas injustas e inequitativas, a veces simplemente para quedar bien con sus servidores, sin tomar en cuenta que de esta manera han establecido verdaderos niveles de inequidad dentro de las instituciones públicas, ocultando la realidad de algunas actividades bajo figuras como "técnico" o "profesional", generalizando de este modo calificaciones que no reflejan la realidad de esas actividades dentro del sector público.
Sin embargo, se trata de una tarea que debe llevarse a cabo con suma responsabilidad, ya que tampoco se trata de afectar derechos adquiridos, que bien o mal se han consagrado en las respectivas carreras administrativas de los servidores públicos. Será importante por lo tanto tratar estos casos con el debido discernimiento, a fin de no pretender reparar una determinada inequidad con otra injusticia.
Sobre todo, sería menester que el Estado realice una auditoría a fondo de la burocracia pública, a fin de facilitar, dentro de las leyes, por cierto, la supresión de miles de cargos superfluos que constituyen una onerosa carga fiscal para el Estado, a cambio de duplicación de actividades, cuando no el entorpecimiento de las mismas por parte de ciertos burócratas, cuya misión parece ser la de volver difíciles ciertos trámites en virtud de la famosa tramitología que merece erradicarse.
Fecha de Publicación: 2009-07-20
TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO
SENRES pide nómina de empleados y obreros públicos
La Secretaría Nacional de Remuneraciones, Senres, pidió a ministros y autoridades de instituciones públicas, regímenes seccionales autónomos y organismos de control, entre distintos entidades públicas, remitir las listas del personal con las responsabilidades que desempeñan en cada entidad.
La SENRES requiere dichas nóminas para la calificación de obreros y servidores del sector público, en aplicación al decreto 1.701 que faculta a esta dependencia la calificación de cambios de regímenes laborales en las entidades del Estado.
InformesLa Senres advirtió a dichas autoridades que de encontrar inconsistencias devolverá la información remitida y aplicará los términos del citado decreto, para que las instituciones envíen la información hasta el 21 de este mes y la Senres determine la calificación hasta octubre próximo, con el objetivo de que se realicen las correcciones que el cada caso amerite.La Constitución define como servidor público a la persona que trabaja o ejerce un cargo dentro del sector público y a obrero público a quien está sujeto al Código de Trabajo. La Senres reclamó su derecho como organismo rector de la administración del desarrollo institucional de recursos humanos y remuneraciones del sector público, en el marco de las reformas laborales del Gobierno.
Miércoles, 30 de septiembre de 2009
Ley Orgánica del Servidor Público afectaría los ingresos al magisterio
DIÁLOGO. La presidenta de la UNE, Mery Zamora, denunció que dicho proyecto les quitará a los docentes el 60 por ciento del sueldo que perciben.
La dirigente máxima del gremio estuvo ayer en Riobamba; en rueda de prensa enfatizó que la paralización del magisterio, iniciada el pasado martes 15 de septiembre, cuenta con la participación mayoritaria de los profesores. Vemos una actitud indolente por parte del Gobierno para tratar de establecer un diálogo a fin de resolver los problemas, necesidades, y demandas que tienen la educación pública y el magisterio ecuatoriano. Luego de agotar todas las instancias para arribar al diálogo y de haber tenido respuestas negativas, decidimos realizar el paro, señaló.
Dijo que esta medida se adoptó luego de que en mayo pasado se realizó el primer pedido de diálogo al Presidente de la República; lamentablemente respondió que el Ministro de Educación era el encargado de mediar para resolver los problemas de la educación y del magisterio, pero el Ministro ha hecho recrudecer todas estas confrontaciones, señaló.
"En agosto enviamos otra misiva al presidente Rafael Correa, teniendo como respuesta que iba a ver en su agenda si era posible atender al magisterio. Pero más allá de eso, el magisterio está siendo reprimido, hemos recibido insultos, se nos ha tildado de mafiosos y corruptos, es un daño psicológico para los niños y jóvenes; qué pueden pensar los niños y los jóvenes, que están siendo educado por un mafioso o un corrupto", acotó. Según subrayó, todo esto les llevó a los profesores a decidirse por un paro indefinido. "Somos los primeros que no hubiésemos querido hacerlo, hemos tenido el garrote encima nuestro, toda la represión y aun así la UNE ha querido privilegiar el diálogo para solucionar estos problemas".
Tras señalar que la medida se radicalizará, por resolución del consejo nacional de la UNE, Zamora denunció que a través del proyecto de Ley Orgánica del Servidor Público se pretende quitar a los profesores el 60% del sueldo que perciben, ya que allí se habla de cuatro categorías escalafonarias.
Miércoles 21 de octubre del 2009
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Docentes no entran en Ley de Servicio Público
Los maestros no entrarán en la Ley de Servicio Público, pues continuarán amparados en la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, según el informe de mayoría del proyecto de Ley de Servicio Público que aprobó la comisión legislativa de Derechos de los Trabajadores. El grupo de asambleístas de Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE) presentó ayer el respaldo a la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, quien elaboró el informe que es sustancialmente diferente a la propuesta del Ejecutivo. El documento pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea para su trámite en primer debate. Según Vélez, es una ley absolutamente diferente a la del Gobierno, pues se desecha la figura del despedido por parte de la autoridad nominadora y se incluyó un texto que determina que se debe respetar el debido proceso. La asambleísta de ADE explicó que siendo una lucha de años del magisterio no se la puede echar abajo, por lo tanto, se plantea que los profesores sigan rigiéndose bajo el amparo de la Ley de Carrera Docente y Escalafón. "La Ley de Servicio Público no regirá para los maestros y profesores", resaltó.
También argumentó que la propuesta de la comisión, de hacer una diferenciación entre los maestros y servidores públicos, no cae en la inconstitucionalidad, porque si se observa el artículo 349, sí prevé que los maestros pueden estar bajo la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio. Además, la Ley de Servicio Público garantiza horarios especiales con las mismas remuneraciones para aquellos servidores públicos que tienen a su cargo o protección a personas con discapacidad.
Lunes 02 de noviembre del 2009
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Pese a prórroga, sigue el retraso en la Asamblea
QUITO. La semana pasada, la Comisión de Comunicación solo logró aprobar 3 de los 13 artículos que se presentaron.
De once comisiones legislativas, ocho se acogieron a la prórroga de 20 días para entregar informes, de primer o segundo debate, de las leyes que constan en la Constitución.
Aunque el principal argumento para pedir la prórroga era el tiempo que les tomó la socialización de cada cuerpo legal, en algunas de ellas los retrasos se dan por la inasistencia parcial o total de los asambleístas a las sesiones que se convocan para debatir, consensuar y aprobar artículos.
Mientras que algunos oficialistas no descartan que se vuelva a extender unos meses de plazo para algunos proyectos, pese a que ya se reprogramó el cronograma de aprobación de leyes.
Solo la Comisión de Participación Ciudadana entregó el informe de la Ley que lleva su mismo nombre y se lo trató en primer debate; la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que trata la ley de servicio público, ya entregó el informe para primer debate el 13 de octubre pero el pleno aún no lo pauta para su análisis.
Y la Comisión de Gobiernos Autónomos que analiza el Código Territorial ya elabora el informe para segundo debate pero aún espera un reporte del Ministerio de Finanzas para la elaboración del presupuesto.
Las otras comisiones trabajan contra el tiempo para elaborar los informes de las leyes de Recursos Hídricos, Educación Superior, Reformatoria al Código Penal, Código de Procedimiento Penal para el cometimiento de delitos en el servicio militar y policial; Cultura, Comunicación, Educación General y del Deporte.
Línder Altafuya (MPD), miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, considera que la demora de la Ley de Servicio Público se debe a que es demasiado polémica para el gobierno, afecta a varios sectores y por eso no se la pone en debate. "Era de discutirla (en el Pleno de la Asamblea) la semana pasada, pero no se hizo. Nosotros presentamos antes el informe y la próxima semana se van a discutir otras leyes". Aunque el principal argumento que utilizan las comisiones para pedir la prórroga de 20 días era el tiempo que les tomó la socialización de cada cuerpo legal, en algunas comisiones los retrasos se dan por la inasistencia parcial o total de los asambleístas a las sesiones que se convocan para debatir, consensuar y aprobar artículos.
En esta semana, este problema se registró en las comisiones de Cultura, Comunicación y Participación Ciudadana.
"Ahorita llegan a dar quórum" fue lo que exclamó a mediados de semana Edwin Vaca (antes Movimiento Conservador), presidente encargado de la Comisión de Cultura, cuando cinco minutos atrás tuvo que levantar la sesión porque sus compañeros no llegaban.
Sus colegas atrasados se excusaron diciendo que los vuelos se habían retrasado. Entonces, la nueva propuesta fue adelantar una reunión con los asesores.
En el caso de la Comisión de Comunicación, esta sí llegó a instalarse el pasado jueves, pero a medida que pasaban las horas, la mesa se quedaba vacía y sin quórum para continuar con el debate y la votación de los artículos de la ley.
La presidenta Betty Carrillo (PAIS) pidió mayor compromiso con el trabajo de la Comisión ya que tienen solo hasta el 21 de noviembre para aprobar el informe de primer debate. En la práctica les quedaría 8 días.Rolando Panchana (PAIS) y Lourdes Tibán (PK) que estaban en la Comisión de Comunicación, también tenían sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Panchana salió apresurado y Tibán finalmente prefirió permanecer en la sesión con el objetivo de que se "incluya laplurinacionalidad" dentro de los principios de la ley, pero no hubo consenso. Al término de este tema, Carrillo contó cinco asambleístas presentes y suspendió la sesión por falta de quórum, solamente lograron aprobar 3 de los 13 artículos previstos.
Holguer Chávez (PAIS), integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, indicó que la sesión convocada para el jueves fue suspendida por falta de quórum y decidieron reunirse la próxima semana. Sin embargo, aclaró que el hecho de que no se reúna la Comisión, no significa que los asambleístas no estén trabajando.
Para la asambleísta Saruka Rodríguez (PRE) la demora en el trámite de las leyes se debe a la creación de las cuatro comisiones ocasionales para Comunicación, Deporte, Cultura y Educación.
La roldosista considera que esas leyes podían ir a las comisiones a las que no les fue asignada ninguna ley, como la de Desarrollo Económico Productivo y Microempresa, Biodiversidad, Derechos Colectivos o Derechos a la Salud.
Jorge Escala (MPD) culpó a la mayoría de PAIS en el 'Congresillo' que se dedicó a la aprobación de otras leyes y no priorizó las once de la primera disposición transitoria de la Constitución. "Desde 31 de julio que se instaló la Asamblea hasta que se eligieron las autoridades el 4 de agosto y días posteriores, el Ejecutivo no presentó los proyectos de ley, dejaron pasar tanto tiempo, ellos dilataron el tiempo", culpó Escala.
Miércoles, 04 de noviembre de 2009
Se dicta taller para conocer la nueva ley de contratación pública
CAPACITACIÒN. Debido al feriado hasta ayer no asistieron todos los convocados al taller.
Desde ayer se desarrolla en Riobamba el taller para actualización de conocimientos sobre el Sistema Nacional de Contratación Pública organizado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope) y el Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop).
El curso que se realiza en al auditorio del Museo del ex Banco Central y que se extenderá hasta mañana (viernes), està dirigido para los servidores públicos de los gobiernos locales que tienen relación con los procesos de contratación pública.
A la primera jornada asistieron, en la mayoría, funcionarios del Consejo Provincial de Chimborazo que laboran en las unidades administrativa, financiera, jurídica y obras públicas.
La invitación fue extendida a los consejos provinciales de la Región Centro Sur del país que comprende las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Napo, Cotopaxi, Tungurahua, Loja, Orellana y Chimborazo.
Santiago Peñaherrera, abogado del Concope, justificó la ausencia de la mayoría de funcionarios debido al largo feriado que habría imposibilitado la movilización hasta Riobamba; sin embargo, el taller de capacitación no cambio de fecha porque constaba en la agenda programada con anterioridad por el Incop.
Peñaherrera resalto que la contratación pública, así como toda norma jurídica evolucionan y es necesaria una modificación en los procesos, por eso los servidores públicos en todo el país deben caminar a la par con los cambios para estar siempre apegado a la norma legal y reglamentaria.
"Y de ese modo no ser objeto de sanciones interpuestas por los organismos de control", subrayó Santiago Peñaherrera.
Un Prefecto asistiò
Sergio Chacón, prefecto de Napo es la única autoridad de las provincias invitadas que asiste al taller organizado por el Concope y el Incop. El anfitrión, Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo, se incorporó ayer al trajo luego de permanecer 15 días en Japón donde participó en una jornada de capacitación junto al director de Obras Públicas, Oswaldo Armijos.
El Prefecto de Napo comentó que el taller al que asiste permitirá que los funcionarios públicos puedan, a futuro, aplicar la nueva normativa y herramientas contempladas en la Ley Orgánica de Contratación Pública.
"Se ha dado una prórroga para que se siga aplicando la ley anterior, pero eso ha conllevado a que en algunos gobiernos provinciales exista suficiente experticia en el manejo de estos instrumentos nuevos", agregó Chacón.
El Prefecto de Napo llegó con un grupo de colaboradores para evitar problemas con los organismos de control pues serán quienes tomen decisiones de importancia en materia de contratación pública en adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras para su provincia.
"Es necesario que conozcamos a plenitud y dominemos la normativa para no incurrir en actos que puedan ser catalogados como irregularidades, que por lo general conllevan responsabilidad una vez que los organismos de control hacen los análisis correspondientes", subrayó Sergio Chacón.
Domingo, 08 de noviembre de 2009
A debate proyecto de ley orgánica del servicio público
POLÌTICA. El asambleísta Elvis Maldonado Castillo alterno de Gerónimo Yantalema, trabajó el viernes pasado en la Asamblea Nacional y presentò sus observaciones sobre el tema.
Específicamente en su intervención 13 del Pleno de la Asamblea Nacional felicitó el espíritu constitucional por cambios en la comisión que han dejado satisfechos a los legisladores de minoría y mayoría.
Maldonado cuestionó el artículo 6 de la nueva Constitución que habla del nepotismo porque se les ha pasado por alto un tema importante, preguntado qué pasa cuando la autoridad nominadora y su cónyuge ingresan a trabajar en la misma institución.
Para que no exista la terminación laboral se ponen de acuerdo los esposos y se divorcian, varios de estos casos existen en Chimborazo y por ende habrá muchísimos en el país.
En la disposición transitoria primera de la constitución, se establece que se aprobará la ley que regula el servicio público, por lo tanto desde el ejecutivo presentan la propuesta de Ley de Servicio Público, que es una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA) ya que su contenido es casi el mismo.
El objetivo de esta ley debe ser el desarrollo profesional, técnico y personal de las servidoras y servidores públicos para lograr la eficiencia y eficacia del estado, en sí, regula a las personas que se encuentran laborando en las dependencias públicas.
Hasta cierto punto el proyecto presentado por el Ejecutivo debe ser flexible, en el sentido de que se establecen sanciones para los servidores que suspendan los servicios públicos, lo cual tiene una razón de ser.
La propuesta de la mesa se considera inconstitucional e ilegal ya que no se recoge en los articulados sin considerar los aspectos humanos de los servidores públicos, despido sin el derecho a la defensa y el momento de la evaluación saca una baja nota, tampoco tiene derecho a la defensa.
No se considera equidad en las remuneraciones, en definitiva no existe estabilidad, no se está dando lugar a la promoción y ascensos, se quiere dar igual trato a los extranjeros para que se acojan al sector público, desplazando así la oportunidad que los ecuatorianos requieren de plazas de trabajo, es necesario que el décimo cuarto sueldo se revea se complete en dos salarios básicos. En definitiva pido una verdadera estabilidad emocional para los trabajadores ya que se está lesionando los derechos de los mismos.
De igual manera, Maldonado hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que se "ponga la camisita" para aplicar los porcentajes que deben ingresar a las instituciones públicas las personas con capacidades especiales empezando con el 5% en cada institución.
"Porcentaje que debe ser progresivo y promoviendo acciones efectivas para todos nosotros bajo el principio de no discriminación y se debe construir accesos especiales para que la persona especial pueda recorrer tranquilamente los sitios de su trabajo y las mujeres que se encuentren embarazadas deberán tomar un especial trato durante el período de gestación".
En definitiva en todo el proyecto de ley no se observa el cumplimiento del principio fundamental constitucional, que es la interculturalidad y plurinacionalidad y por otro lado, es necesario también hacer énfasis en cuanto a las medidas de acción afirmativa que permita promover la igualdad real de los titulares de derechos que se encuentran en situaciones de desigualdad, como los pueblos y nacionalidades indígenas. (Art. 11 de la constitución.
"Por lo tanto quiero solicitar a los compañeros asambleístas que en cada una de las intervenciones sirva para el mejoramiento del servidor público, el absoluto respeto derecho del trabajador y nuestros maestros ecuatorianos", indicó el asambleísta por Chimborazo, Elvis Maldonado.
martes, 17 de noviembre de 2009
Asamblea excluye al magisterio de la Ley del Servidor Público
POSICIÓN. Esta debe ser ratificada en segundo y definitivo debate aspira la dirigencia de los educadores.
La lucha del Magisterio Nacional sensibilizó a los Asambleístas de diversas bancadas, para que en el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público reconozcan la razón de sus exigencias para que el Magisterio sea excluido de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y el derecho a la vigencia de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, dijeron los dirigentes.
Está claro que la realidad, la práctica y el trabajo docente son diferentes en la responsabilidad, jornada de trabajo, condiciones y ámbito educativo a la actividad que cumplen los servidores públicos, acotaron.
Aspiran que esta posición parcial sea ratificada en el segundo y definitivo debate. La UNE, los maestros y maestras estarán vigilantes para que se respete y se cumpla con la Constitución, en la afirmación de sus derechos y garantías que deben declararse en la Ley de Educación y la de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.
Fecha de Publicación: 2010-01-30
TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO
Proyecto de Ley de Servicio Público fue debatido
Dentro del proceso de socialización, las asambleístas Nivea Vélez y María Augusta Calle, integrantes de la Comisión de los derechos de los trabajadores y Seguridad Social lideraron el debate del proyecto de Ley de Servicio Público, efectuado ayer en el Colegio Ciudad de Cuenca.
Cuenca.- El análisis se efectuó con la participación de funcionarios públicos quienes conformaron meses de análisis. Según Nivea Vélez, presidenta de la comisión, los aportes o sugerencias serán tomados en cuenta para la elaboración del informe que será entregado a la Asamblea Nacional, previo al segundo debate de la Ley, en el cual se incluye los derechos y obligaciones de los servidores públicos. (AGA)
Miércoles 17 de marzo del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Comisión no dio paso al control de los medios
QUITO. La oposición necesita 82 votos para insistir en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, pues con una mayoría simple se allanaría al veto parcial del Ejecutivo.
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea rechazó ayer el veto parcial que hizo el Ejecutivo del proyecto de Ley de Participación Ciudadana y que en su artículo 88 obliga a los medios de comunicación a rendir cuentas una vez al año.
Seis legisladores de oposición acogieron la propuesta del asambleísta Galo Lara (PSP), de que el artículo 88 quede tal como lo aprobó en primera instancia la Comisión.
Ellos son Luis Morales y Lenín Chica (Prian), César Montúfar (MCN), Juan Carlos López y Galo Lara (PSP), y Fabián Valdiviezo (PSC).
En cambio, los asambleístas de Alianza PAIS, María Soledad Vela, Mercedes Diminich y Hólger Chávez se abstuvieron de votar.
El presidente Rafael Correa pidió incluir a los medios de comunicación en la rendición de cuentas que los ciudadanos podrán solicitar una vez al año bajo el argumento de que, siendo públicos o privados, prestan un servicio público.La asambleísta María Soledad Vela (PAIS) indicó que no hay razón para oponerse al veto porque los medios rinden permanentemente cuentas a la ciudadanía en una actividad pública y sujeta al escrutinio público.
La ciudadanía tiene derecho a la comunicación y a ser informada adecuadamente, entonces no existen motivos para no apoyar el veto, dijo Vela.Los legisladores de PAIS abordarán el tema en una reunión del bloque la próxima semana; sin embargo, Vela insistió en señalar que de cualquier manera los medios de comunicación privados prestan un servicio público, algo que es de interés público; de ahí que se justifica la rendición de cuentas, añadió.
El veto parcial del Ejecutivo señaló que la ciudadanía podrá solicitar una rendición de cuentas una vez al año y a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes.
El asambleísta Lara reveló que ayer después de la reunión de la mesa legislativa se determinó que el texto original del artículo 88 de la Ley debe mantenerse, y que el veto no procede porque "el Presidente de la República no puede ni debe meterle la mano a la prensa nacional". Precisó que si de rendición de cuentas se trata, quien debe empezar es el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, respecto a los gastos de la publicidad del Gobierno. El legislador indicó que los medios ya realizan una rendición de cuentas y deben mantener su independencia del régimen, que lo único que busca aseguró es controlar los contenidos. El informe respecto al veto parcial pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva.
La oposición necesita 82 votos para ratificar el proyecto, pues con una mayoría simple la Asamblea se allanaría a los reparos del Ejecutivo. En su último enlace sabatino, Correa convocó a la ciudadanía para que se concentre afuera del Legislativo el día en que se debata la Ley de Participación Ciudadana para vigilar que se apruebe el veto parcial que hizo el Ejecutivo. Dijo que "hay asambleístas que les tiemblan las piernas por firmar esta ley, porque no quieren perder su espacio en Teleamazonas, en El Comercio". Negó que se pretenda controlar a los medios, como sostiene la oposición. Posturas: Proyecto
GobiernoEl secretario jurídico, Alexis Mera, dijo que se busca una mejor regulación a las audiencias públicas para que estas no se hagan cuando alguien las solicita.OpiniónPara el jurista Antonio Rodríguez la disposición es estrictamente política y lo que busca no solo es controlar, sino perseguir a los medios privados.
Viernes 24 abril del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Servidores públicos pendientes de definiciones en fondos de reserva
Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, confía en que esta mañana se introduzca la modificación en el pago de los fondos de reserva. La sesión extraordinaria para el análisis del Proyecto de Ley sobre los fondos de reserva y régimen solidario de cesantía estaba prevista para las 09:00 de este viernes en el palacio legislativo. A criterio de García, en lugar de cambiar la periodicidad del pago al mensualizarlo, lo que amerita reformarse es que el monto de la aportación (8.33 %) de la remuneración completa contemplada en el artículo 282 de la Ley de Seguridad Social concuerde con el artículo 104 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Señaló que de acuerdo al documento, se indica que el porcentaje será sobre el monto de aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), "lo que ocasiona un perjuicio especialmente a los servidores públicos". García mencionó a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que reconoce que se han hecho modificaciones basadas en las acotaciones que el sector ha realizado, pero no se reconoce el monto completo establecido en el 282.Además, señaló que no es factible que el empleador deposite los fondos directamente en la cuenta del trabajador sino en el IESS, porque es la única manera que tiene el afiliado de determinar que el patrono ha entrado en mora, explicó.
Expresó que si el empleado "reclama directamente al patrono… eso implica en algunos casos despido del trabajador por reclamar sus derechos".
Lunes 18 mayo del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Protesta de servidores públicos es en rechazo a "política antiobrera"
Santiago Yagual Yagual, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), así lo aseguró esta mañana, al referirse al paro que realizarán el próximo miércoles 20.
La medida de hecho, de carácter nacional, se decidió en la reunión del pasado sábado.
Yagual explicó a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que la protesta es en rechazo a la "política antiobrera" que el presidente de la República, Rafael Correa, "está esgrimiendo hacia los sindicatos del sector público", dijo.El dirigente cuestionó la falta de diálogo en la revisión del contrato colectivo que -según dijo- afecta a los trabajadores organizados del país. "No han querido escuchar, han cerrado las puertas, no han querido dialogar", reclamó.
Yagual enfatizó que ahora la unidad del movimiento obrero hará respetar sus derechos, a través de las movilizaciones y la huelga nacional.
Lunes 01 junio del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
El "Congresillo" aclaró la doble remuneración de empleados de Galápagos
Servidores públicos de Galápagos se ajustarán a una nueva tabla salarial. En la gráfica, el asambleísta Eduardo Sánchez (c).
El "Congresillo" aprobó la ley orgánica interpretativa del mandato constituyente Nº 2, que aclara que los servidores públicos que laboran en la provincia de Galápagos recibirán doble sueldo o remuneración tomando como referencia los paquetes remunerativos que reciben sus similares en Ecuador continental.
De esa forma, un servidor público de décima categoría en Galápagos ganará $ 2.745,58; de séptima categoría $ 1.120,52; y, 908,64 percibirá un funcionario de quinta categoría, según la legisladora Betty Amores, presidenta de la Comisión de lo Laboral que estudió el proyecto.
La tabla salarial especial para Galápagos deroga el bono insular que hasta diciembre del 2008 recibieron los 583 servidores públicos que trabajan en las islas.
Según Amores, al hacer una duplicación de la totalidad de la remuneración, incluido el bono de situación geográfica, no es mucha la diferencia de salario del que percibían en diciembre pasado.
Para el caso de los maestros, dijo, hay legisladores que piden una mejor remuneración, pero consideró que la vía es reclamar al Ministerio de Educación y no incluir una excepción con respecto al bono insular, que ahora está derogado.
Hasta diciembre pasado, un servidor público de décima categoría con bono insular recibía $ 3.162,79; de séptima categoría $ 1.392,78; y de quinta categoría $ 1.107,07; pero la ley interpretativa aclaró que la duplicidad del salario o remuneración de cualquier entidad del sector público de Galápagos tomará en cuenta el monto total del salario que recibe un funcionario público en el continente.
El legislador Eduardo Sánchez (PAIS) precisó que con esta interpretación al mandato Nº 2 los servidores públicos de Galápagos salen ganando, porque si bien se elimina el bono insular; por otro lado, se establece que la duplicidad del sueldo tomará en cuenta la totalidad del rubro que ordinariamente haya percibido un funcionario público en el continente. Según Sánchez, el proyecto no irá a conocimiento del Ejecutivo sino que pasará directamente al Registro Oficial para su publicación, y a partir de ese momento entrará en vigencia.
DependenciasLa mayor parte de las instituciones del sector público se encuentran en la isla San Cristóbal, cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno. Otro lugar que alberga un importante número de entidades ligadas al sector público es Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz.
Miércoles 09 de junio del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Cambios en la Ley de Servicio Público
La Asamblea Nacional debatirá y aprobará mañana la Ley de Servicio Público, que garantiza la estabilidad laboral en el área pública de aquellos que actualmente laboran y además ratifica que ningún servidor público podrá ganar más de cinco mil dólares mensuales.
Esta ley regirá para los 440 mil funcionarios públicos. La normativa no cobija a los maestros o profesores porque se determinó que ese grupo de servidores se regirán por la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.
Para los servidores públicos de los gobiernos seccionales se determina que serán regidos por esta ley, aunque en materia salarial se respeta su autonomía, cuya actual remuneración tiene un piso de 360 dólares mensuales con un techo de hasta cinco mil dólares.
El informe fue suscrito unánimemente por los miembros de la comisión, destacó la presidenta de ese organismo, Nívea Vélez, quien resaltó que en la ley se desecha la figura del despido intempestivo de aquellos servidores que actualmente laboran en el sector público.
En la ley se elimina la figura de los contratos ocasionales, pues los asambleístas consideran que toda persona que ingrese al sector público debe hacerlo por concurso de méritos y de oposición, y que además el cargo debe estar vacante.
Viernes 11 de junio del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Colegas y oposición critican a la oficialista Nívea Vélez por norma
QUITO. El debate de la Ley de Servicio Público llevó a constantes consultas entre los asambleístas de PAIS y de la oposición.
El informe para segundo debate de la Ley de Servicio Público no se alejó de las críticas de los asambleístas, quienes ayer advirtieron que la normativa violaría la Constitución y garantizará prebendas a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno.
El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (PAIS), quien resaltó las bondades del proyecto sobre la estabilidad laboral de los servidores públicos, montos de jubilaciones, regulación salarial, bonificaciones geográficas, beneficios de maternidad, evaluación laboral, entre otras.
Pero las críticas se iniciaron con la intervención del gobiernista Mauro Andino, quien advirtió que se está legislando de manera ambigua, general e imprecisa y pidió eliminar beneficios inconstitucionales contemplados en las disposiciones generales del proyecto respecto a pagos de horas extras y suplementarias a favor de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional Electoral.
Seguidamente, la oficialista Betty Amores lamentó que los 9 asambleístas de la comisión hayan suprimido el capítulo de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, lo cual es grave porque la disposición transitoria de la Constitución establece que se debe aprobar "la normativa para regular el servicio público y no una ley para los servidores públicos", dijo.El asambleísta Paco Moncayo (AL) advirtió que la ley permite el ingreso de cien mil empleados públicos en cada cambio de gobierno, pues dijo que según el Ministerio de Finanzas reveló que desde el 2007 han ingresado 105 mil nuevos empleados públicos, de los cuales 26 mil recibieron nombramiento.
Lo más tenebroso, añadió, es que en la ley se ordena la contratación temporal del 20% del total de servidores públicos cada inicio de gobierno, con lo cual ingresarían cada cuatro años 100 mil empleados al sector público. ¿Hay dinero para cubrir esos gastos?, preguntó.
El gobiernista César Rodríguez, quien al inicio de su intervención recibió pifias desde las barras altas, sugirió la eliminación del texto que excluye a los gobiernos autónomos, descentralizados, sus entidades y regímenes especiales de las escalas salariales que fijará el Ministerio de Relaciones Laborales que determina que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.
También observó el artículo sobre el personal docente que menciona que los maestros en todos niveles y modalidades estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, lo cual puede generar conflictos cuando se aplique la normativa.
Domingo 04 de julio del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Proyecto de ley no refuerza el control
Funcionarios que laboran en el Ministerio de Educación en Quito, entidad que ha incrementado el número de contratados.
El proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público (LOSP) mantiene un nivel técnico aceptable, pero desde el punto de vista político refleja un intento de hacer adaptaciones que sirvan a los intereses del gobierno de turno y no le otorga al Ministerio de Relaciones Laborales la fuerza suficiente para controlar a ese sector.
Estas son las principales observaciones realizadas por el presidente de los servidores públicos, Miguel García; y el ex director de la desaparecida Senres, Juan Abel Echeverría.
Para el primero es cuestionable una transitoria del proyecto que dispone dar nombramientos a empleados públicos que estén bajo la modalidad de contrato por dos años seguidos, por lo que afirma haber solicitado que eso se aplica si se cumplen los requisitos para el puesto.
Aunque el art. 228 de la Constitución establece que debe haber concurso, García explica que en el caso de contratos ocasionales para asesores, por ejemplo, el tema queda a discreción de la autoridad nominadora.El proyecto también establece que es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales ejercer la rectoría del sector público y definir la política salarial y de recursos humanos.
Echeverría lamenta la fusión de la antes Senres con el Min. de Trabajo, pues explica que cuando la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca) creó a Senres (octubre del 2003) se buscaba el desarrollo profesional de los servidores públicos, pero más eficiencia y productividad estatal.
La Loscca, enfatiza, garantiza la estabilidad de los servidores, protegiéndoles de la arbitrariedad política, pero al mismo tiempo determina que sus remuneraciones sean proporcionales a sus funciones, eficiencia y responsabilidades. Pero el proyecto de LOSP se enfoca más en el servidor público.
Además, Echeverría resalta que la Loscca también establecía que las unidades de recursos humanos de cada institución debían depender de la antes Senres, pero con la desaparición de esa entidad, los ministros ordenan los nombramientos de forma directa, sin concursos.
10 de agosto del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
El Ejecutivo envió ley de servidores públicos
QUITO.– Los legisladores Carlos González (ID) y Cynthia Viteri (PSC), en la sesión del Congreso del martes pasado. El Parlamento recibió ayer por parte del Ejecutivo el proyecto económico urgente sobre los servidores públicos.
El Congreso espera conocer el texto definitivo del Gobierno para analizarlo y definir una posición.
En medio de la incertidumbre política sobre la composición de fuerzas, el Ejecutivo envió ayer al Congreso, a las 18h30, con el carácter de urgente, el proyecto económico sobre los servidores públicos que pretende unificar, homologar y poner límites a las indemnizaciones.Horas antes del envío los bloques de la Izquierda Democrática, Socialismo, Pachakutik, Roldosista, Social Cristiano y el Prian prefirieron no anticipar su posición frente a la propuesta gubernamental.
El presidente del Congreso, Guillermo Landázuri (ID), comentó que es un riesgo que el Gobierno remita un proyecto económico urgente, cuando se conoce que aún no existe una mayoría de 51 votos que se necesitan para aprobarlo. Todos señalan que esperan conocer el texto definitivo y luego propiciar un análisis interno para definir una posición.
Salvador Quishpe, representante de Pachakutik, comentó que no conocen nada sobre la ley; "lo que existe es confusión de cómo tendrá que aplicarse la unificación salarial".
El legislador anticipó que presentarán una propuesta donde se garantice que el ingreso mínimo de cada trabajador sea de 400 dólares y como máximo 8 mil dólares, que es lo que gana el primer mandatario. El presidente de la Comisión de lo Laboral y Social, Andrés Páez, quien lideró un proceso de análisis de la ley con representantes del Frente Económico del Gobierno, destacó tres aspectos del proyecto y anticipó que con seguridad habrá inconvenientes durante el debate.
Aseguró que los diálogos están avanzados para que el proceso de la unificación sea aplicado a la par de la homologación; y que básicamente sería la suma de todos los componentes salariales divididos para doce, tras respetar el decimotercero y decimocuarto sueldos.
Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, se mostró seguro de que el proyecto urgente será aprobado con una "gran mayoría de votos".Destacó que el régimen lo que busca con su propuesta es modernizar el sector público. Aclaró que el gobierno de su hermano, coronel Lucio Gutiérrez, no está interesado en armar una mayoría incondicional, sino más bien que en el tratamiento de proyectos se definan posiciones.
EL PROYECTO
Nepotismo
En torno al nepotismo, el proyecto económico urgente sobre los servidores públicos enviado por el Ejecutivo se plantea que haya una visión territorial, es decir, que para determinar esa falta se tomará en cuenta que la autoridad en el ejercicio o servidor público no puede tener un familiar en otra institución pública del país.
IndemnizacionesRespecto a las indemnizaciones aún falta por definir los techos; mientras el Ejecutivo plantea 10 mil dólares como techo y un incremento del 20% anual.Hay bloques que sugieren 15 mil y otros 30 mil dólares y tomando la antigüedad como componente de cálculo.
RecursosEn la administración de los recursos humanos del sector público hay diferencias, pues mientras el Ejecutivo considera que debe ser un organismo adscrito a la Presidencia de la República; en el Parlamento se plantea que sea una entidad autónoma con carácter técnico.
Fecha de Publicación: 2010-08-11
TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO
Asamblea aprueba la Ley de Servicio
La Asamblea Nacional aprobó hoy la ley de Servicio Público y el código orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que deberán ser estudiadas por el Ejecutivo para su ratificación o veto.
La ley de Servicio Público fue aprobada con el voto a favor de 108 legisladores, dos en contra y nueve abstenciones, precisa un comunicado de la Asamblea Nacional.
Dicha norma, que reemplaza a la antigua Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca), busca el desarrollo profesional de los servidores públicos para mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos y la productividad en el Estado, añade el texto.
Este cuerpo legal está compuesto por 137 artículos y 38 disposiciones, distribuidas en doce títulos y un total de 24 capítulos.
"La aprobación de esta ley, que regula la relación de los servidores públicos con el Estado, responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadana", agrega el texto oficial.
La nueva reglamentación, entre otros aspectos, permite a los extranjeros que residan en el país por, al menos, cinco años, prestar sus servicios como empleados públicos.
Asimismo, obliga a las instituciones públicas a contratar a un mínimo del 5 por ciento de personas con discapacidad y permite a los profesores de universidades públicas dictar cátedra en varios centros de enseñanza superior.Además, la ley incorpora una "evaluación anual" a los servidores públicos e incluye a militares y policías, aunque éstos no pierden sus derechos a recibir condecoraciones y reconocimientos.
Jueves 12 de agosto del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
106 votos para Ley de Servicio Público
Con diez modificaciones tras el segundo debate, el proyecto de ley de Servicio Público tuvo ayer 106 votos. Se mantuvieron al margen Madera de Guerrero, ID y otros independientes.
La presidenta de la comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, dijo que la aprobación con más de cien votos es una expresión de madurez política, porque se dejó de lado las diferencias político-partidistas.
Lo aprobado, añadió, es el resultado de acuerdos entre los jefes de bancadas. Los nudos que se superaron se refieren a los requisitos para ser funcionario público: se acordó que pueden acceder los extranjeros residentes si tienen cinco años en esa condición y previo concurso de méritos y oposición.
En el caso de los contratos por servicios ocasionales se acordó que estos solo puedan durar doce meses y puedan ser renovados por una sola vez adicional. Y en el acceso a las personas que venían funcionando con contratos se establece que pasarán a tener nombramiento aquellos que hayan estado en el mismo cargo por cuatro años, previo a un concurso donde se reconocerá un puntaje especial por su experiencia.
Toda persona que aspire a ingresar al servicio público tendrá que someterse a un concurso de méritos y oposición, pero también iniciará una carrera a través de la capacitación, la formación y la evaluación anual.
Los dignatarios, autoridades y funcionarios que conforman el nivel jerárquico superior no percibirán el pago de horas extras, se exceptúan los servidores de carrera, y de contrato de la Función Electoral.
Igualmente, las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas, Policía, Aviación Civil y Comisión de Tránsito del Guayas pasarán a funcionar bajo la rectoría del Ministerio de Educación; y el personal administrativo pasará a la Ley que rige el servicio público.
Andrés Roche (MG) justificó que se abstuvieron de votar por este proyecto porque no están de acuerdo con los artículos sobre la jubilación y además con la posibilidad de que todos los empleados que fueron contratados por el presidente Rafael Correa tengan nombramiento en poco tiempo más.
La ley de Servicio Público garantiza la autonomía para la fijación de la política salarial de las Funciones Judicial, Legislativa, Contraloría y Gobiernos Seccionales. También los maestros se mantendrán dentro de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.
Gestiopolis
Nuestro país ha vivido una gama de experiencias las cuales han convulsionado las más profundas raíces socioeconómicas y sobre todo las culturales, mismas que han desencadenado numerosos cambios en lo político, sometiendo a las Instituciones Públicas y a los Servidores Públicos a numerosas pruebas.
IntroducciónEl cambio demográfico experimentado en los últimos años ha modificado el perfil de nuestra población lo que trae como consecuencia el aumento de las demandas sociales, ya que estas presentan condiciones distintas a las que se tenían en el pasado.
Las diferentes demandas sociales, requieren generar un cambio de actitud por parte de los Servidores Públicos, traducido en la formulación de nuevas estrategias de políticas públicas, mas acorde a las necesidades y exigencias de la sociedad en su conjunto y la influencia del entorno Regional, Nacional e Internacional.
Dice Aristóteles "Quien no sea capaz de vivir en sociedad porque crea bastarse por si solo o porque no necesita de ella tiene que ser animal o un Dios".Para entender ¿Qué obliga al Servidor Público actuar con ética?, la verdad no existe una ley que lo obligue, como tal, pero sin embargo, esta le sirve a los Servidores Públicos para orientar y elegir su propia conducta (1)Vemos como el Estado orienta a los Servidores Públicos hacia la adopción de algunas normas o valores, pero en realidad estas actúan desde el inconsciente de los individuos, y por esta razón se les da un carácter rígido, exagerado o autoritario, experimentando una orientación mecánica que ni el mismo sabe por que tiene que actuar en determinado sentido, prefiriendo seguir y dar cumplimiento estricto a la normatividad, esta fuerza surge desde los estratos del inconsciente.
Si bien es cierto las normas Institucionales presentan la característica de obligatoriedad, esta no suprime ni coarta la libertad humana de libre decisión. En la medida en que el hombre transita por los diferentes estadios de su vida, va descubriendo su libre albedrío y lo manifiesta de diferentes formas. Donde conforme adquiere madurez, comienza a percibir su propio dominio donde su autonomía constituye uno de sus valores máximos. Veamos entonces que obliga al Servidor Público actuar con ética, y si la normatividad Institucional presenta la característica de obligatoriedad.Por lo tanto si hablamos de libertad (libre albedrío) estamos hablando también de autonomía, misma que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española (2), Libertad para que un individuo disponga de si mismo, también proviene de griego autos; sí mismo; nomos; ley y significa la actitud de la persona que se da leyes así misma. Cuando esta libertad se constituye como una obligación; comprometerse a cumplir una cosa.
Lo que podemos establecer "hay que hacer el bien y evitar el mal", es decir el bien obliga, y esta obligación cuando es autónoma se vuelve incondicional.Ahora bien, en cuanto a la ética; de acuerdo con García (2001), Fernández (2000) y Walton (1977), la ética considera los actos humanos en cuanto son "correctos" o "incorrectos" o en cuanto a "justos" o "injustos" con referencia a una serie de valores de un grupo social. Los valores éticos deben fundarse en conocimientos y normas racionales que permiten que la ética se convierta en una ciencia normativa.
Desde mi punto de vista el objetivo de la ética lo constituye la aplicación de una serie de normas morales tomando como base lealtad, honradez, la cortesía y el honor, mismas que van a contribuir al fortalecimiento de las estructuras Institucionales.
Las estrategias normativas Institucionales son de carácter preventivo como lo establecido en nuestra Carta Magna, consagrando como derechos subjetivos públicos, como la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, tomando en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas, sino también la protección y promoción de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y forma específicas de organización social (3).
Además de los objetivos nacionales, las estrategias, prioridades y programas que regirán la actuación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Mediante un nuevo modelo de comportamiento y cultura política basada en la ética pública. (4) El desarrollo de cada una de las funciones se apoya en doce principios fundamentales.
– Humanismo– Equidad- Cambio- Inclusión- Sustentabilidad- Competitividad– Desarrollo regional- Apego a la legalidad– Gobernabilidad democrática- Transparencia- Rendición de cuentas
Estos fragmentos al momento de su interpretación nos ubican en el concepto que Platón denominó "La Cosmovisión Idealista".(5) Cada persona tiene su propia cosmovisión, sus propias ideas, respecto de las cosas, las personas, las normas, los valores y el universo en general.
En el caso de los Servidores Públicos su cosmovisión e interpretación de las cosas evoluciona con la edad, el medio ambiente, la cultura de la gente y los valores entre otros, estos le sirven para construir y explicar su propia visión de las cosas, mismas que apenas son una sombra de la verdadera realidad.
En base a lo anterior vemos que la verdad absoluta es relativa y esta va de acuerdo a su interpretación de las normas, si analizamos lo que contempla el Webster´s New Collegiate Dictionary (2002) define a la ética como "la disciplina que estudia lo que es bueno y lo que es malo, y la obligación y el deber moral". El problema en el Servidor Público lo constituye la existencia del mal considerado como un problema real, entonces ¿Qué obliga al Servidor Público actuar con ética?, si no es la ley, entonces es la actitud que este debe de asumir frente al mal.
Si partimos del hecho que constantemente se están presentando situaciones de riesgo como son la corrupción, la impunidad, el atropello, la intolerancia, el rechazo, la descortesía, la discriminación entre otros (6), el Servidor Público es tan vulnerable que nadie puede mantenerse ausente o alejado de estos hechos, lo que se pone en cuestión del bien y el mal, es la actitud del Servidor Público frente a tales situaciones. Hay autores como Maquiavelo (7), que sostienen la intrínseca necesidad de la existencia del mal.
Los filósofos tomistas, señalan que al no existir el bien queda un hueco y por eso decimos que se da el mal, lo que llamamos malo es tan solo la privación de un bien.
Cualidades del Servidor Público
El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar social, su eficiencia del mismo se medirá en relación de que todas las acciones que se realicen estén enfocadas a garantizar este fin. La Administración Pública es el medio y la estructura de que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos (8). Esto es a las personas que integran y conforman dicha armazón Institucional, llámeseles Servidores Públicos, Colaboradores, Administradores o Funcionarios Públicos, deben ser personas dignas, respetadas y honestas. Donde el factor moral constituye uno de los elementos primordiales de los programas y políticas de Gobierno.
La sociedad en general tiene la percepción negativa y adversa del quehacer gubernamental debido a los problemas de corrupción, opacidad y discrecionalidad, y a la deficiente cultura de rendición de cuentas en el sector público.
Esto repercute de manera sustantiva en la imagen y desempeño de la Administración Pública Federal en su conjunto, lo que hace necesario mejorar la organización y la operación de sus instituciones, de sus recursos y gestión. Donde el Servidor Público debe necesariamente ajustar su comportamiento a una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo moral, ya que la mayoría de sus funciones ante la sociedad resultan ser casi-sacerdotales.
En consecuencia, el Servidor Público debe ser un ejemplo de moralidad, donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público, se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía. (10) Cabe aclarar que con la figura de Administrador Público, nos referimos también a aquellas personas que desempeñan funciones de alta dirección, Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Proyecto, Jefes de Área, Especialistas en Hidráulica en si todo el personal administrativo, llámesele de confianza o de base (11), en cuya separación no estoy de acuerdo ya que todos buscamos un mismo fin que es el bien común, los cuales a veces llegamos a pensar que por disposición gubernamental estamos dispensados de la observancia de las normas morales y éticas, de adoptar una conducta moral aceptable, y pretender que la ciudadanía nos sirva a nosotros mismos, pasando por alto que las funciones que desempeñamos deben estar orientadas al logro de la satisfacción del cliente y ciudadano (12), ya que este es quien paga nuestro sueldo a través de sus contribuciones (13).
JustificaciónLa importancia de un texto o una norma donde se contemplen los principios básicos de Legalidad, honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia entre otros (14) , considero que cubren este hueco el cual constituye el bien, como un valor positivo, cuando este se da, se conoce, se difunde y se vive, estaremos contestando la pregunta de que no se puede obligar al Servidor Público actuar con ética, ya que esta constituye la esencia de todo ser humano.
Conclusión
El Código de Ética lo podemos considerar en un principio como una norma piloto, es decir como un indicador mediante el cual nos guíe sobre lo que es correcto y no como algo obligado a cumplir.
También es necesario considerarla como una norma Institucional de carácter constructivo, es decir que funcione como una grabación en el subconsciente de los Servidores Públicos para no perder el foco o la dirección.
El Código de ética nos proporciona una serie de ideas y conceptos que ayudan a entender la diversidad de criterios morales y a partir de estos conceptos es posible edificar una ética mas acorde con los valores, principios y costumbres, traducido en la capacidad del Servidor Público para crear, pensar y desarrollar actitudes mas acordes con su visión del mundo. Este Código de Ética, se constituye como un instrumento del Servidor Público, traducido en la capacidad para crear y motivar su criterio traducido en una serie de normas, que lejos de limitar o coartar su libertad, le dan los elementos para desarrollar su creatividad acorde con las funciones y niveles a desempeñar dentro de la Función Pública.
Además estos principios contemplados en el Código de Ética, no son limitativos única y exclusivamente para el ámbito laboral, sino que traspasan las fronteras culturales y familiares.
Por lo consiguiente el Servidor Público, el cumplimiento de dicho Código no debe ser por temor o por castigo, sino por su propia conveniencia y por respeto al deber así como a las funciones encomendadas.
1. Raúl Gutiérrez S. Introducción a la ética, cap. II2. Larouse, Primera edición, 34° reimpresión pues propone reglas de conducta (racionales), y estudia los actos humanos de acuerdo a si son o no adecuados al bien común.3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo I, de las Garantías Individuales.4. Plan Nacional de Desarrollo 2001-20065. Historia de las Doctrinas Filosóficas, Edit. Esfinge6. (Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006)7. (Nicolás Maquiavelo, El Príncipe)8. (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal)9. Agenda Presidencial del Buen Gobierno, Gobierno Honesto y Transparente.
10. Mario Moreno Cantinflas, El Ministro y Yo11. Ley Federal del Trabajo apartado "B", Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado12. Modelo de Calidad INTRAGOB, Criterio 1 Satisfacción del Cliente y Ciudadano13. ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
Fecha de Publicación: 2010-08-14
TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO
Nuevas leyes
Antes de su vacancia, la Asamblea Nacional aprobó el Código Territorial y la nueva Ley de Servicio Público, importantes cuerpos legales que se pasaron con suma rapidez.
Antes de entrar en el correspondiente período de vacaciones, los asambleístas aprobaron importantes cuerpos legales, el Código Territorial, COOTAD en sus siglas y la Ley de Servicio Público.
Las autoridades de la Asamblea han señalado que inclusive en los cálculos para la distribución de los presupuestos para consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales y más gobiernos autónomos, se ha superado los mínimos previstos en la Carta Política, por lo cual no existiría discrimen y se superaría los desequilibrios en cuanto a la entrega de estos recursos a los entes autónomos descentralizados. Cabe esperar que así suceda en efecto, y que la distribución de recursos, sujeta a la ley, sea en realidad equitativa y proporcional a las necesidades de cada uno de los gobiernos autónomos.
Sin embargo, sectores de oposición han criticado la supuesta rapidez con que fue aprobado el Código Territorial, donde los asambleístas acaso no tuvieron tiempo para inteligenciarse de casi 600 artículos y numerosas disposiciones generales y transitorias. Como fuese, el Código Territorial no despertó la polarización causada por otros proyectos legales que han resultado polémicos.
En cuanto a la Ley de Servicio Público, han existido en general consensos en torno a su aprobación.
Esta norma reemplaza a la anterior Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, e introduce una serie de reformas en el servicio público, buscando un permanente mejoramiento profesional, algo muy necesario puesto que en determinados niveles de los servidores públicos simplemente la rutina burocrática, cuando no la ineficiencia y el mal servicio a los usuarios, ha sido una negativa regla que debe superarse.
La nueva ley permite además a los extranjeros con cinco años de residencia en el país ser funcionarios públicos, se supone que cuando no existan en ciertos niveles ciudadanos nacionales para su desempeño.
Domingo 22 de agosto del 2010
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Ejecutivo analiza sus reparos a la Ley de Servicio Público
QUITO. Un 85% de las disposiciones de la Ley de Servicio Público tienen aceptación del Ejecutivo, para el resto se analiza un veto. En abril, alcaldes llenaron la Asamblea para pedir su archivo.
Satisfacción –por la mejora de las indemnizaciones– y críticas –porque los extranjeros podrán ser servidores públicos– recibe el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público, el último que aprobó la Asamblea antes de su receso. De esas normas quedaron fuera la Contraloría, funciones Legislativa y Judicial, por lo que se aplicará a las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, la Procuraduría, la Corte Constitucional, entidades del régimen autónomo descentralizado y en aquellas en que las instituciones del Estado tengan más del 50% de participación en el capital o patrimonio.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, tras su comparecencia en la Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea, el pasado 12 de agosto, señaló que hay un tema que les preocupa sobre el sistema remunerativo. "Si bien es cierto se incorpora lo que antes no estaba incorporado a través de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, por ejemplo, la Corte Constitucional, Procuraduría, FF.AA., Policía, también se está dejando de lado a otras funciones del Estado, como la Legislativa, Judicial".
Expresó que cuando se habla de recursos públicos estos deben ser regulados en materia remunerativa a fin de que no vuelvan los "sueldos dorados". Este tema podría incluirse en un eventual veto presidencial, cuyo plazo vence el próximo 9 de septiembre.
Una de las novedades que trae la ley es que los extranjeros residentes en Ecuador podrán ser servidores públicos si han permanecido legalmente al menos cinco años en el país, sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que rijan la materia.
Esa iniciativa fue criticada por el asambleísta Andrés Páez (ID). Lo ve como una "bofetada vil en contra de los desempleados y subempleados que superan el 52% de la población económicamente activa y no tienen posibilidades de trabajar".
Aunque Espinosa afirmó que se aplicará siempre que haya la misma reciprocidad de otros países con respecto a un ecuatoriano en el exterior.
Para Felipe Mantilla, ex ministro de Trabajo, esto puede constituirse en una base política extranjera para el Gobierno, porque se podrían dar cargos a venezolanos, cubanos o nicaragüenses que ya se encuentran en el país.
El texto privilegia al emigrante en su puesto de trabajo. Según el numeral j) del artículo 23, el servidor puede recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que hubiere renunciado para emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada.
Los ex presidentes y ex vicepresidentes recibirán una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente (el salario presidencial es de $ 5.450) si fueron elegidos en las urnas, exceptuándose los mandatarios a quienes se les revoque el mandato.
Para Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, en términos generales, la ley es mejor que la anterior porque se elimina la centralización ministerial, se mejoran las indemnizaciones y no se dejó pasar la creación del despido intempestivo.
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