Historia Cotemporánea de Venezuela (página 2)

Caracas se convirtió en el sueño americano que atrajo emigrantes de diversas regiones del mundo para formar parte del embrujo de la renta petrolera.

Durante el periodo de Pérez Jiménez hubo una permanente corrupción administrativa la cual permitió que los gobernantes se enriquecieran con el dinero del pueblo.

Desarrolló una política de apertura al capital extranjero; con ese fin, asignó nuevas concesiones petroleras y de mineral de hierro. Así captó millonarios recursos que invirtió, en parte, en la llamada política de "Concreto Armado".

Aplicando esta política desarrolló un frenesí constructor basado en un programa de obras públicas: autopistas, carreteras, hospitales, edificios, escuelas, cuarteles. Así mismo desarrolló parte de un plan ferrocarrilero y plantas petroquímicas, hidroeléctricas y siderúrgicas. 

En noviembre de 1957, Pérez Jiménez anunció que en vez de realizar elecciones libres, se convocaría un referéndum para decidir su reelección. La oposición pidió al pueblo que se abstuviera de participar en esa farsa electoral, que no era más que un fraude.

El descontento de la mayoría de los sectores del país culminó con la unión de estos, y así el 1 de enero de 1958 estalló una rebelión en las Fuerzas Aéreas que bombardearon a Miraflores; se unieron otros sectores del ejército (blindados y artillería), quienes aunque no triunfan, ponen al descubierto que el apoyo militar al régimen se había fracturado; comenzaron a producirse manifestaciones callejeras que desafiaban a la policía (Seguridad Nacional).

Todos exigían un retorno a la democracia; comenzó una huelga de prensa y después una huelga general desde el 21 de enero de 1958, convocada por la Junta Patriótica (AD, COPEI, PCV, URD). Los jefes militares se reunieron en la Academia Militar para analizar la situación y concluyeron que era necesario formar una Junta Militar de Gobierno que pidiera la renuncia a Pérez Jiménez; así, el 23 de Enero de 1958, claudicó el dictador y salió al exterior como presidente depuesto.

El puntofijismo y la democracia representativa

Pacto de Punto Fijo e inicio de la seudo democracia:

En el marco de las elecciones de 1958 se firma el Pacto de Punto Fijo11, entre los líderes de AD12 (Rómulo Betancourt), COPEI13 (Rafael Caldera) y URD14 (Jóvito Villalba). El Pacto de Punto Fijo es un pacto de gobernabilidad para la democracia representativa, el cuál:1. Establece que los firmantes, independientemente de que cualquiera de ellos saliera derrotado en los comicios presidenciales, apoyarían al partido ganador de las elecciones para cerrarle paso a una nueva dictadura15 y al peligro comunista16. 2. Define cuáles son los partidos que garantizan una democracia representativa al servicio de los intereses de la burguesía y el gran capital: AD, COPEI, URD. 3. Reconoce al Partido Comunista como un adversario estratégico, pues ésta agrupación política asume la democracia representativa desde la perspectiva de la clase obrera y sus aliados cómo etapa hacia la revolución socialista (con los campesinos, estudiantes, pequeña burguesía). En consecuencia excluyen al PCV del pacto de gobernabilidad. 4. Excluye a los militares de la actividad política. Los militares se les considera un potencial enemigo regresivo y un cuerpo que era necesario formar en el ideario democrático. Lo significativo es que son desplazados del centro del poder político. 5. Tiene la legitimidad propia de la apelación a la representatividad de quienes lo firman. 6. La clase obrera había experimentado formas organizativas de clase que se remontan al Congreso de Obreros de Caracas realizado en 1896. En 1936 los sectores combativos y antidictatoriales de la clase obrera habían creado la Confederación de los Trabajadores de Venezuela (CTV). Progresivamente la CTV fue coaptada por las formas partidarias asociadas a lo que luego sería Acción Democrática. En esta nueva etapa el gobierno de Betancourt fortalece la institucionalización de la CTV dotándola del papel de intermediación entre gobierno y empresarios con los trabajadores. El fortalecimiento de la CTV le permite al gobierno contar con una instancia organizativa – reivindicativa diseñada para el control y dosificación de la clase trabajadora. Con esta práctica AD incorpora al Pacto de Punto Fijo todas las formas de mediación que sean necesarias para garantizar la gobernabilidad opresora.Especialmente el primero lo uso de manifiesto en el propio discurso de toma de posesión en 1959.El pacto de Punto Fijo moduló la actividad política del país durante más de cuarenta años. El "acuerdo de gobernabilidad" suscrito por los partidos de la centro-derecha venezolana garantizaría la estabilidad democrática de un régimen que progresivamente tomaba distancia de los intereses de las mayorías nacionales.

Constitución de 1961. 

Fue aprobada el 16 de enero de 1961 por el entonces Congreso de la República (actual Asamblea Nacional) con el voto afirmativo de las principales cuatro fuerzas políticas del país para entonces, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, Copei y el Partido Comunista de Venezuela. Entró en vigor el 23 de enero del mismo año en conmemoración del retorno a la democracia en Venezuela el 23 de enero de 1958. En diciembre de 1999 este texto quedaría derogado al ser aprobado por voto popular la Constitución de 1999.

Esta Constitución estaba basada en los principios de la Constitución de 1947 que había sido derogada en 1953 por la dictadura Perezjimenista. La Constitución de 1961 estaba dividida en cuatro partes:

1. El preámbulo donde se invoca la protección de Dios y se exalta al Libertador Simón Bolívar y a los "grandes servidores de la patria".

2. La parte dogmática en la cual se establecen como pilares la democracia, la independencia y el carácter de forma federal del Estado venezolano, entre otros;

3. La parte orgánica, que constaba de doce títulos para un total de 252 artículos;

4. y las disposiciones transitorias compuestas por 23 disposiciones.

Sólo se reconocía como idioma oficial el castellano.

No existía la doble nacionalidad, por lo tanto el venezolano que obtuviese otra nacionalidad perdía automáticamente la nacionalidad venezolana.

Por primera vez en la historia constitucional venezolana no se hace mención al nombre o número de Estados que componen el país, para evitar hacer reformas constitucionales respecto a éste tema y regirlo por medio de una Ley Orgánica de división político-territorial.

El Poder Público Nacional, estaba integrado por el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial

Poder Legislativo: ejercido por el Congreso Nacional, que estaba integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los Diputados y los Senadores eran electos por período de 5 años, correspondían dos Senadores por Estado además de otros dos por el Distrito Federal, mientras que los Diputados se elegirían, por votación universal y directa, y con representación proporcional de las minorías según la base de población del 1,1% de la población total nacional. Los presidentes de la Cámara de Senadores y la de Diputados serían los Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional respectivamente. Los que alguna vez ejercieron la presidencia de la República una vez culminado su período pasaban a ser Senadores vitalicios.

En esta Constitución la Contraloría General de la República era un órgano auxiliar del Congreso Nacional, estaba dirigido por el Contralor General de la República elegido para un período de 5 años por el Congreso Nacional.

Poder Ejecutivo: ejercido por el Presidente de la República en calidad de Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional o Gobierno, el cual sería electo por período de 5 años no pudiendo ser reelecto hasta trascurridos 10 años después de culminar su período. La falta temporal del presidente la suplía un Ministro designado por el propio presidente. Se definía además a los Ministros como los órganos directos del Presidente de la República, que reunidos formaban el Consejo de Ministros.

Poder Judicial y el Ministerio Público: el Poder Judicial estaba representado por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. La Corte Suprema de Justicia estaba integrada por un mínimo de cinco Magistrados por Sala, elegidos por el Congreso Nacional por término de 9 años.

En esta constitución el Ministerio Público era un órgano independiente del Estado, mientras que en la nueva Constitución de 1999 forma parte de un nuevo Poder, el Poder Ciudadano. El Ministerio Público estaba bajo responsabilidad del Fiscal General de la República elegido por el Congreso Nacional por período de 5 años.

A nivel nacional cada estado está representado en la Asamblea Nacional de acuerdo a su población por un sistema de representación proporcional, y adicionalmente como mínimo cada estado elige 3 diputados.

La Democracia Representativa:

La democracia representativa en Venezuela (llamada IV República) surge con el Pacto de Punto Fijo, firmado en 1958 luego de la derrota de la dictadura de Pérez Jiménez. En este acuerdo, los tres grandes partidos, AD, COPEI y URD concuerdan con la alternancia en el poder del Estado y comparten la misma visión socio-económica. La distribución de la renta es pésima, el país no produce lo que consume y las ciudades crecen en base a la marginalización. Fuera del sistema político partidista, la protesta social era criminalizada, y había represión de sobra.

En la democracia representativa, el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. Estas autoridades en teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los elige para representarlos.

En este sistema el poder legislativo, encargado de hacer o cambiar las leyes, es ejercido por una o varias asambleas o cámaras de representantes, los cuales reciben distintos nombres dependiendo de la tradición de cada país y de la cámara en que desarrollen su trabajo, ya sea el de parlamentarios, diputados, senadores o congresistas. Los representantes normalmente están organizados en partidos políticos, y son elegidos por la ciudadanía de forma directa mediante listas abiertas o bien mediante listas cerradas preparadas por las direcciones de cada partido, en lo que se conoce como elecciones legislativas.

Movimientos Insurreccionales en contra del punto fijismo

Jesús María Castro León.

Militar que lideró rebeliones militares contra los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez (1.1.1958) y Rómulo Betancourt (20.4.1960). Fueron sus padres Pablo Castro León y Herminia Contreras. También era nieto del general Cipriano Castro.

Una grave crisis se presenta entre el 22 y el 23 de julio de 1958 cuando el ministro de la Defensa, general Jesús María Castro León, pide la postergación de las elecciones por tres años, la supresión de los partidos AD y PCV y el establecimiento de la censura de prensa. Castro León es enviado al exterior el 24 de julio, con otros siete oficiales, rumbo a Miami; lo sustituye el general Josué López Henríquez. Las conspiraciones y los intentos de golpe de Estado son frecuentes durante ese año: el domingo 7 de septiembre, 45 días después del intento de Castro León, estalla uno de los más serios, con un considerable número de víctimas.

Betancourt se posesiona el 13 de febrero de 1959. Periodista y político, tiene entonces 51 años de edad, y no menos de 30 en las luchas políticas. Integra un gabinete de coalición (según Punto Fijo) con tres ministros de URD: Ignacio Luis Arcaya, Relaciones Exteriores; Manuel López Rivas, Comunicaciones, y Luis Hernández Solís, Trabajo. Dos de Copei: Lorenzo Fernández, en Fomento, y Víctor Giménez Landínez, en Agricultura y Cría. Dos de AD: Luis Augusto Dubuc, Relaciones Interiores, y Juan Pablo Pérez Alfonzo, en Minas. El resto del gabinete lo forman los independientes Rafael Pizani, en Educación; Santiago Hernández Ron, en Obras Públicas; José Antonio Mayobre, en Hacienda; Arnoldo Gabaldón, en Sanidad y Asistencia Social; y Andrés Aguilar, en Justicia. Ramón J. Velásquez es designado secretario general de la Presidencia, entonces un cargo clave.

Betancourt debe enfrentar otro intento de Castro León, quien invade por el Táchira el 20 de abril de 1960.

A ésta le siguen otras rebeliones militares, como el Barcelonazo (25 de junio de 1961), el Carupanazo (el 4 de mayo de 1962) y el Porteñazo (el 2 de junio). En el mundo político, confronta al mismo tiempo las divisiones de AD, primero la del MIR, y luego la del Grupo ARS. El 24 de junio de 1960 ocurre el atentado de Los Próceres en el cual estuvo a punto de ser asesinado: se salva milagrosamente, pero sufre quemaduras en sus manos. Venezuela acusa al régimen de Trujillo ante la OEA, y todos los países rompen o suspenden relaciones con el dictador dominicano, aislamiento que conduce a la crisis final de aquel régimen.

El carupanazo

El Carupanazo fue una insurrección militar en Carúpano. El Carupanazo estalló en la medianoche del 4 de mayo de 1962 en Carúpano (Edo. Sucre), a cargo del batallón de Infantería de Marina Nro. 3 y el destacamento Nro. 77 de la Guardia Nacional. Los Insurrectos, al mando del capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, del mayor Pedro Vegas Castejón y del teniente Héctor Fleming Mendoza, se alzaron contra el gobierno nacional, ocupando las calles y edificios de la ciudad, el aeropuerto y la emisora Radio Carúpano desde donde lanzaron un manifiesto a nombre del Movimiento de Recuperación Democrática. Por su parte, el presidente Rómulo Betancourt les exigió la rendición a los alzados, al tiempo que se iniciaba la movilización de los efectivos leales pertenecientes al batallón de Infantería Mariño, el batallón Sucre de Cumaná y el batallón de Infantería de Marina Simón Bolívar de Maiquetía, se producían ataques por parte de la Aviación y se bloqueaba el puerto por parte de las unidades navales en lo que se denominó la Operación Tenaza.

Al día siguiente (5.5.1962) las tropas gubernamentales tomaron el control de Carúpano y sus alrededores, capturando a más de 400 personas involucradas en la asonada entre militares y civiles, entre ellos el diputado del Partido Comunista de Venezuela Eloy Torres, así como otros miembros de ese partido y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ante tales hechos, Betancourt suspendió las garantías, acusó al PCV y al MIR de estar involucrados en la sublevación y expidió el decreto núm.752 suspendiendo el funcionamiento de ambos partidos en todo el territorio nacional.

Tal día como hoy, el 11 de junio de 1962, el Consejo de Guerra condenó a catorce civiles y militares acusados de participar en la insurrección conocida como "El Carupanazo", ocurrida en Carúpano (Sucre) el 4 de mayo de 1962, bajo la dirección del capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, comandante del Batallón de Infantería de Marina, a largas penas de prisión.

Entre los condenados se encontraban el maestre Hugo Simón Acosta Medina, el maestre Francisco Aguilera García, el maestre Pastor Omar Sarmiento y el maestre Luis José Acuña, a trece años cada uno; Rodolfo Gil Gamboa, Enrique Centeno Llovera, Pedro Duno, José Vicente Abreu, Antonio Silano Moreno, Castro Modesto, Nique Figueroa y el capitán Julio Bonet Salas, a siete años cada uno; Víctor Manuel Pérez y Luis Muñoz Rodríguez, a cuatro años.

La rebelión cívico-militar de Carúpano expresó la protesta de la oficialidad democrática y del pueblo ante la política de represión y sumisión a Estados Unidos por el gobierno de Rómulo Betancourt, de AD-COPEI (Acción Democrática – Comité de Organización Partidista Electoral Independiente).

El " porteñazo" o insurrección de puerto cabello:

A diferencia del "Carupanazo" el "Porteñazo" representó una conspiración cívico-militar de mucha mayor magnitud, tanto por las fuerzas involucradas, lo intenso de la lucha y por el terrible saldo de heridos y muertos dejados. En el amanecer del día 2 de junio de 1962, se produce una sublevación en la base naval de Puerto Cabello (Edo Carabobo), dirigida por el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales. Tan pronto el gobierno nacional se entera del intento de golpe, envía efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejército que bombardean y rodean la ciudad, produciéndose el combate frontal entre las fuerzas insurrectas del batallón de infantería de marina General Rafael Urdaneta (que se habían sumado a la sublevación de los oficiales y efectivos de la base naval y grupos civiles armados por éstos) y la tropa del batallón Carabobo que se había trasladado desde Valencia, al mando del coronel Alfredo Monch, en el desde entonces famoso y trágico sitio de La Alcantarilla. Al mismo tiempo, la mayoría de los oficiales al mando de la escuadra y el destacamento Nro. 55 de la Guardia Nacional se niegan a participar en el alzamiento.

Finalmente, el día 3 de junio, el Ministerio de Relaciones Interiores anunció que desde el amanecer, las Fuerzas Armadas leales al gobierno habían puesto fin a la rebelión con un saldo de más de 400 muertos y 700 heridos. Tres días después, luego de ser capturados los jefes del alzamiento, cae el último reducto de los insurrectos, el Fortín Solano. Posteriormente, se comprobó la participación en los acontecimientos del "Porteñazo" de políticos ligados al Partido Comunista de Venezuela y se inició una profundización de la política de depuración en las Fuerzas Armadas de oficiales ligados o sospechosos de simpatía con la izquierda.

El Guairazo:

El 28 de febrero, cuando cientos de personas protestaban en las calles de La Guaira en apoyo a la huelga de transporte público, los manifestantes (con el apoyo del Partido Comunista de Venezuela) se congregaron en las puertas del Batallón de Infantería de Marina No.1 para ser armados para un posterior levantamiento. Sin embargo y contrariamente a lo que los manifestantes pensaban, el comandante del batallón Capitán de Corbeta Víctor Hugo Morales Monasterios llama a la Policía, quien arresta a unas doscientas personas. Días después, servicios de inteligencia comprueban la participación de Morales Monasterio en un plan conspirativo, junto con el Batallón Blindado No.8 de Caracas y el Destacamento de la Guardia Nacional No.99 de Maiquetía, además de elementos comunistas y de extrema izquierda. El Capitán de Corbeta Morales Monasterio es separado de su cargo y puesto a la orden de la Comandancia de la Armada.

Acción Democrática:

Indudablemente, ningún partido ha tenido tanta significación ni ha marcado tanto a la sociedad venezolana como AD. Acción Democrática constituye el último eslabón de una cadena que va, en un período de unos diez años, desde ARDI (1931), pasando ORVE (1936), PDN (1936 y 1939) y que concluye con su legalización en 1941. Hemos recorrido ya las primeras etapas de esta historia así que vamos a concentrarnos ahora en las últimas.

Una vez concretada la designación del PDN-36, Betancourt reorganiza su grupo y lanza la propuesta de refundar el PDN pero no como un bloque, sino como un partido aglutinado alrededor de un programa y una ideología comunes, que deben ser de orientación policlasistas. Así, y bajo la doctrina formulada por Betancourt, se refunda el PDN en septiembre de 1939, esta vez de forma clandestina, razón por la cual se le conoce como "PDN ilegal". A la cabeza de la nueva organización permanece Betancourt, ejerciendo el cargo Secretario General. En la primera Conferencia Nacional del PDN-39, realizada el 30 de septiembre de1939, se presentan la Tesis Política y el Programa de la organización. Normalmente se entiende que la tesis (análisis de la realidad) y programa del PDN-39 son los mismos que los que dan origen a AD en 1941.

Estas tesis programáticas, enmarcadas en el contexto ideológico del partido policlasista, constituyen la génesis en Venezuela de lo que hoy en día se conoce como el proyecto populista de modernización, el cual descansa en los partidos como sujeto político del proceso. Para llevarlo adelante es necesario constituir una fuerza política cuyo punto de apoyo sean las necesidades del pueblo y sus esperanzas de verlas satisfechas por la acción del Estado. Así, ese partido se erige como representación de los ideales del pueblo.

El PDN nunca logró su legalización, razón por la cual los miembros del PDN-39 formulan finalmente una estrategia para salir de la clandestinidad, transformándose en 1941 en Acción Democrática y lanzando la llamada "candidatura simbólica" de Rómulo Gallegos para las elecciones indirectas de ese año.

El Partido social-cristiano Copei:

Durante la etapa de transición postgomecista, quienes poseían ideas más definidas en el campo de lo político eran los dirigentes que en el destierro o en la cárcel habían adoptado las corrientes marxistas-leninistas o socialistas, por lo que todas las organizaciones que comienzan a funcionar en el país están influidas por este pensamiento. Contra esta hegemonía ideológica del socialismo marxista aparece en mayo de 1936 la Unión Nacional estudiantil (UNE), contraparte de la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), y lid erizada por Rafael Caldera y Pedro José Lara Peña. Esta UNE será la raíz del movimiento social-cristiano venezolano que cobrará importancia a partir de 1945, cuando luego de ser "Acción Electoral" y después de "Acción Nacional" se transforme en COPEI.

El partido social-cristiano COPEI es de data más reciente que otros; no tiene su origen en la oposición o la herencia del régimen de Gómez. Podría decirse más bien que nace de los movimientos laicales que estimularon las encíclicas papales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX; organizaciones o movimientos que fueron mundialmente conocidos como la Acción Católica.

En Venezuela, un sector en particular, la Juventud de Acción Católica (JAC) fue la que tuvo mayor dinamismo gracias al auspicio de los colegios de religiosos donde se formaban jóvenes dispuestos a defender las ideas católicas frente a las amenazas del liberalismo capitalista y muy especialmente de las tendencias comunistas. Así, la JAC debe considerarse como el espacio inicial de formación doctrinaria de una juventud destinada a ser futura élite política, pero no debe confundirse con las organizaciones políticas que algunos de sus miembros formarán más adelante.

El primer antecedente propiamente político-organizacional de los socialcristianos debe situarse, como ya se ha mencionado, en 1936 en esa fecha se funda la Unión Nacional Estudiantil (UNE), organización universitaria formada como escisión de jóvenes militantes católicos en fuerte desacuerdo con la dirigencia laicista y anticlerical de las FEV.

Si bien, es una organización estudiantil, la UNE alcanza un alto nivel de audiencia nacional, principalmente en los sectores conservadores del país que carecen de organizaciones distintas al gobierno y agrupaciones a fines.

Con respecto a Venezuela, el tema educativo ocupa un lugar central en el programa, poniendo el énfasis en la defensa de la educación privada y la función subsidiaria del Estado. Otras materias, como la económica, la social y la política, tendrán una formulación muy ambigua que puede sintetizarse en la idea de la búsqueda de una conciliación de las clases sociales que apunte hacia el bien común. Continúan reivindicando la lucha por la defensa de las legítimas tradiciones venezolanas, por la justicia social, por la exclusión de la propaganda internacional clasista y por la defensa de la Iglesia Católica.

En el seno de esta organización comienza a parecer divergencias en cuanto al carácter democrático o no del sistema político a instaurar. Si bien AN no es sino una agrupación minoritaria, su actividad pública se centra en el parlamento y en uno de sus representantes, Rafael Caldera. Esto tendrá mucha importancia no solo en el ámbito político sino en la aproximación de Caldera y su grupo hacia posiciones democráticas , no del todo claras par otro sector del partido AN comienza un debate por la aceptación o de las ideas democráticas, el cual esta líder izado por Caldera por el lado democrático y Lara Peña por el conservador.

El nuevo partido fuerza durante esta etapa entre los sectores de activa fe católica de Caracas y Valencia ligados al liderazgo de caldera y vinculado desde el principio a la UNE y a AN, además de arraigarse rápidamente en la región de los andes, especialmente en Táchira, Mérida. Gracias al respaldo obtenido en estas poblaciones, COPEI se constituirá a los pocos meces de su fundación como el segundo partido del país.

Rómulo Betancourt "El Arribo de la Seudo Democracia"

Surgimiento del Clientelismo.

En la base de la composición de estas lealtades partidistas se encuentra el clientelismo. La organización y la movilización de los partidarios tienen un fuerte contenido clientelar; más que eso, podemos hablar de una "cultura clientelar", donde los partidos son percibidos por la población como dadores de beneficios de cualquier tipo, más que mecanismos de agregación de intereses y de expresión de demandas. Esta visión está ligada principalmente a los partidos denominados tradicionales, AD y Copei, pero se extiende también a las otras organizaciones políticas.

El clientelismo ha tenido perversos efectos sobre las instituciones públicas. En primer lugar, las ha hecho ineficientes, al limitar su propia capacidad de control. Las decisiones dejan de tener un principio racional -la consecución de un objetivo con el uso eficiente de los recursos disponibles- para teñirse de partidismo -el objetivo depende de los intereses del partido, los recursos pueden ser redirigidos. En segundo lugar, las lealtades no se establecen con las instituciones, ni con sus objetivos, sino que se dirigen hacia los líderes del partido. Por último, el clientelismo brinda protección a los funcionarios incompetentes o deshonestos. De esta manera, se crean las más propicias condiciones para que prospere la corrupción, que se extendió no solamente a las instituciones políticas, sino sobre todas las esferas de la vida nacional. La recesión económica hizo aún más crítica la situación cuando los recursos, que en algunas etapas fueron abundantes, comenzaron a reducirse.

La prolongada y profunda crisis económica, y los graves acontecimientos ocurridos a partir de 1989 -motines y saqueos del 27 y 28 de febrero, dos intentos de golpe de Estado, destitución del presidente Pérez- han hecho centrar el interés sobre el desempeño de los partidos como responsables primordiales de las decisiones públicas. En el marco de un proceso de deterioro del apoyo al sistema político, donde la desconfianza en las instituciones democráticas prevalece en la opinión pública, los partidos políticos y sus líderes se han constituido en el centro de las más severas críticas por parte de la población.

El clientelismo, una de las más dañinas secuelas del modelo del 23 de enero, sigue presente ayudando a mantener las condiciones que propician la corrupción. Aunque se ha intentado formalmente poner en práctica controles a la corrupción, éstos no tienen mayor impacto, puesto que falta una verdadera determinación para combatirla. Esto implicaría una modificación de las relaciones clientelares presentes en todos los niveles de la administración pública y de las relaciones entre el sector privado y el público.

Partidismo.

Los partidos políticos han sido los actores principales de la democracia venezolana desde su puesta en marcha, penetrando todas las esferas de la vida política y social del país, de ahí que se hayan convertido en el blanco de las críticas. La naturaleza y funcionamiento del sistema de partidos se ha ajustado más a la lógica de los sistemas bipartidistas: AD y Copei serán las únicas fuerzas con posibilidades de alcanzar la presidencia y obtener la mayoría parlamentaria; y se producirá la alternancia en el poder de forma pendular, una gestión juzgada desastrosa por sus resultados se traduce en el triunfo electoral de la oposición.

El populismo.

El populismo en política es una enfermedad tan común como la megalomanía. Desde la más remota historia, en la humanidad han habido casos como el de Calígula, que no solamente repartía panes en los circos, sino que, además, para contentar a la plebe nombró a su hermoso corcel Incitato, Cónsul de la República, para así humillar al Senado Romano que en aquel entonces representaba a la oligarquía, que por supuesto, como ahora, era terriblemente envidiada por el populacho ignorante y hambriento.

El populismo venezolano en sus distintas declinaciones no fue una creación EX – NIHILO. Sus primeras manifestaciones se remontan como lo señalamos a la primera mitad del siglo XX, cuando se van forjando un imaginario político moderno y de representaciones afines. En los años 1930 – 1940 el pueblo llega a adquirir el estatuto de protagonista político por una vía relativamente original ya que este logro fue obra de un partido político de inspiración leninista, Acción Democrática. De hecho, Rómulo Betancourt participó en lo que el escritor Alexis Márquez califica de "Creación de la más poderosa maquinaria política que haya habido, el partido de Acción Democrática, cuya actual postración y, si se quiere, virtual desaparición no desmiente lo que llegó a ser en el pasado". Otra peculiaridad de la práctica política de Rómulo Betancourt fue también la de haber gobernado exitosamente el país en el periodo quizás más convulso en la historia venezolana, enfrentando poderosos enemigos y no menos poderosas acciones de adentro y de fuera del país.

Raúl Leoni "Extensión del gobierno de Betancourt"

Durante su gobierno se caracterizo por ser abierto a todas las fuerzas democráticas partidistas, que él denominó de amplia base, su mandato obtuvo prontamente el apoyo de URD. Mientras que COPEI disolvió su acuerdo del Pacto de Punto Fijo y pasó a formar parte de la oposición a Leoni. Su período presidencial es considerado como una etapa de concordia y entendimiento nacional. Por otra parte, los partidos inhabilitados de la extrema izquierda que estaban involucrados en las luchas armamentistas contra los gobiernos constituidos, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) mantuvieron su lucha paramilitar. Sin embargo, el PCV clandestino decidió por constituirse en un nuevo partido, mientras que el MIR llamó a la abstención para las elecciones de 1968.

En cuanto a los aspectos económicos del gobierno de Raúl Leoni, se siguió la misma política de la presidencia de Betancourt. Se puede decir que el mayor éxito de la presidencia de Leoni fue el que tuvo en la reconstrucción de la economía del país.

En su gobierno llevó a cabo importantes proyectos de infraestructura como: el desarrollo de la industria hidroeléctrica y siderúrgica. Las obras principales que en éste campo se construyeron fueron: la primera etapa de la Represa del Guri y la ampliación de las centrales térmicas de La Cabrera, Las Morochas, La Fría y Punto Fijo. Así mismo realizo significativas obras donde se construyó planteles de educativos públicos.

División de AD en el MEP

El MEP nace de la división del sector de izquierda de Acción Democrática (AD) en 1967, luego de las pugnas internas por la elección del presidente de ese partido, así Luis Beltrán Prieto Figueroa, entonces presidente de AD decide retirarse de esa organización junto con otros líderes notables, entre ellos Jesús Ángel Paz Galárraga. Este hecho significaba la tercera división de AD, todas en esa década, pero la creación del MEP es considerada como la más trascendental, por las figuras y cargos que asumían dentro del partido así como la cercanía de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1968. Para el momento de la creación del MEP los partidos de izquierda estaban divididos, unos aún se mantenían en la lucha guerrillera contra el gobierno de Raúl Leoni, otros preferían el abstencionismo y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se retiraba de la lucha armada aunque no se le otorgaba la autorización para participar bajo ese nombre, ante ese escenario surgía un partido de izquierda que proponía cambios bajo un sistema democrático socialista y de liberación nacional, que significa, el poder en manos de la clase obrera y trabajadores de la ciudad y el campo, la propiedad social sobre el petróleo y la industrias básicas, así como el control del Estado sobre los recursos naturales, educación, servicios básicos de salud y seguridad social entre otros.

Rafael Caldera "Proceso de Pacificación"

Entre las más significativas iniciativas de su gestión gubernamental, que definirá como "nacionalismo democrático", se contarán en lo interno: la política de pacificación que facilitó la reincorporación al juego democrático del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionario, en armas desde 1960; la reforma educativa; la nacionalización del gas y la regionalización del desarrollo; los programas de construcción de viviendas y de promoción popular y la denominada "Conquista del Sur".

En lo internacional: la suspensión de la denominada Doctrina Betancourt (la cual establecía una especie de cordón sanitario en torno a los regímenes no surgidos de elecciones democráticas) por la política de "solidaridad pluralista" latinoamericana; la promoción de la idea de una "justicia social internacional"; la distensión con los países comunistas, incluida Cuba; y la firma del Protocolo de Puerto España, que estableció un plazo de moratoria para la disputa limítrofe con Guyana.

Durante el gobierno de Caldera se venció el "Acuerdo del Ginebra" firmado en 1966 con lo cual se planteaba de nuevo con urgencia en la agenda de la política exterior venezolana la cuestión de la Guayana Esequiba. El gobierno de Caldera decidió firmar con Guyana el llamado "Protocolo de Puerto España" (1970) mediante el cual se congeló la discusión sobre dicha materia durante 12 años. En cuanto a relaciones económicas internacionales, durante la presidencia de Caldera ocurrieron varios hechos de importancia: la denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos (1972) la nacionalización de la explotación del gas (1971).

Firmó la "Ley de Reversión", primer paso hacia la nacionalización de la industria petrolera, en la cual se establecía que en 1983, se revertían todas las concesiones petroleras que habían sido otorgadas a las empresas petroleras extranjeras. Al final de su período de gobierno, ocurrió un evento que marcaría profundamente la sociedad venezolana de los próximos años: En octubre de 1973, como consecuencia de la "guerra de los seis días" entre Israel y Egipto, los países árabes realizaron un embargo petrolero que ocasionó que los precios pasaran de 3 $/barril a 14$/barril, triplicando el presupuesto de la nación de 14 a 42 mil millones de Bolívares.

1er. Gobierno de Carlos Andrés Pérez "La gran Venezuela"

Carlos Andrés Pérez (CAP) se encontró con un problema que muy pocos gobernantes del mundo han tenido: ¿Qué hacer con tanto dinero? Lo que parece increíble es que a todo el caudal de ingresos adicionales que recibió CAP por el incremento de precios del petróleo, se añadió el endeudamiento por las grandes inversiones que debían hacer de Venezuela un "gran País". Es durante este período que se promulgó la "Ley orgánica que reserva al estado la industria y el comercio de los hidrocarburos", mediante la cual se "nacionalizaba" (se debería decir "estatizaba") el petróleo, a partir del 1 de enero de 1976.

El 1 de enero de 1975, desde la ciudad de Puerto Ordaz, el Presidente de la República anunció la nacionalización del hierro; semanas después, el día 21, estalló una huelga general de los trabajadores de la industria del hierro nacionalizada.

El presidente Carlos Andrés Pérez proclamó la nacionalización de la industria de hierro. De esta manera, las concesiones que se habían otorgado a compañías privadas extranjeras (Orinoco Mining y Iron Mining Co.), quedaron extinguidas y la explotación pasó a manos del Estado por intermedio de Ferrominera del Orinoco empresa básica de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Así, el Estado asumió el control directo y ejerció el derecho de propiedad plena de la industria del hierro, como también la libertad completa de decisión y gestión para dirigir dicha industria.

Antecedentes que dieron origen a este acontecimiento:

La Nacionalización del Hierro tuvo como base jurídica la constitución de 1961 en su artículo 97: "El Estado podrá reservarse determinadas industrias, exploraciones y servicios de interés público por razones de conveniencia nacional".

El 29 de abril de 1974, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, solicitó al Congreso Nacional poderes extraordinarios para tomar una serie de medidas económicas y financieras. Entre éstas anunció su propósito de nacionalizar la industria de hierro.

El 30 de mayo del mismo año, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica que autorizaba al presidente a dictar las medidas extraordinarias en materia económica y financiera y así la ley lo autorizó para dictar las medidas que aseguraran al Estado venezolano la reserva de la industria de la explotación del mineral del hierro y estableciera los mecanismos para la recuperación de las concesiones otorgadas.

Se dictaron una serie de decretos, entre ellos el 580 por medio del cual "Se reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, la industria de explotación del mineral de hierro; en consecuencia, quedan extinguidas las concesiones otorgadas"

El 7 de diciembre de 1974, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, en el Palacio Legislativo anunció oficialmente la Nacionalización de la industria del hierro y dio a conocer el alcance del decreto. El mismo decreto estableció que el Estado ejerce por intermedio de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) la industria de la explotación del mineral del hierro en el territorio nacional y autorizó a la misma, para que gestionara todos los convenios que fueran necesarios con los concesionarios extranjeros.

El 27 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó las Actas Convenio celebrados entre la CVG y las empresas concesionarias: Iron Mines Company of Venezuela y Orinoco Mining Company. Éstas eran las empresas trasnacionales que venían trabajando la explotación del hierro. Así, el 31 de diciembre quedaron extinguidas las concesiones que había otorgado el Ejecutivo Nacional y que habrían durado normalmente hasta los años 1998 y 2028. El 1ª de Enero de 1975, en acto histórico celebrado en Ciudad Piar, población surgida como consecuencia del auge siderúrgico, el presidente Pérez proclamó solemnemente la nacionalización de la industria del hierro.

En el 1978, en especial se acelera el proceso de endeudamiento de Venezuela. El 5 de enero de 1978, se informa del ingreso al Tesoro Nacional del empréstito de 20.000.000.000 de yens, equivalentes a US $ 80.000.000, contratado por Venezuela en el Japón mediante la colocación de bonos. El 14, Venezuela obtiene un empréstito de Bs. 765.000.000 en algunos bancos de países árabes miembros de la OPEP. El 2 de febrero, en Londres, se firma un préstamo con un consorcio bancario inglés por la cantidad de Bs. 5.160.000.000.

Luis Herrera Campins "Estalla la crisis": Viernes negro (devaluación de la moneda): Endeudamiento Externo: Espiral inflacionaria; RECADI como símbolo de corrupción: incremento de las desigualdades sociales.

Cuando Luis Herrera Campins declaró que "recibía un país hipotecado", muchos venezolanos se alegraron pensando que el gobierno se ocuparía de pagar la deuda y disminuir así el peso de la misma, pero estaban equivocados: Cuando Luis Herrera salió del gobierno, la deuda se había incrementado.

El Viernes Negro en Venezuela, se refiere en síntesis al día viernes 18 de febrero de 1983, cuando el bolívar sufrió una devaluación frente al dólar estadounidense, derivado de políticas económicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins, cuyo gobierno en el momento recurrió al control de cambio, imponiendo una restricción a la salida de divisas.

Consecuentemente, para Venezuela, el Viernes Negro representa un hito que cambió su historia económica. Hasta ese día se mantuvo oficialmente la estabilidad y confiabilidad que desde la segunda década del siglo XX había caracterizado al bolívar, cuya última cotización libre con respecto al dólar fue al valor fijo de 4,30 bolívares. Desde entonces la devaluación constante del bolívar, complicaciones con el pago de la deuda externa, acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio llamado "Régimen de Cambio Diferencial" (RECADI) –que tuvo graves casos de corrupción– por el gobierno de Jaime Lusinchi hicieron desaparecer la estabilidad cambiaria de la moneda venezolana.1

Al Viernes Negro en Venezuela le anteceden hechos tales como la caída de los precios del petróleo que llevó a las exportaciones petroleras de 19,3 millardos de dólares en 1981 a casi 13,5 millardos en 1983 (una caída del 30 por ciento) y el inicio de la crisis de la deuda en América Latina, produjeron una fuga de capitales de casi 8 mil millones de dólares y por ende el correspondiente descenso de las reservas internacionales, factores que hacían inminente una devaluación.

Es así como el "domingo 20 de febrero, el Presidente Luis Herrera Campíns dicta un decreto de suspensión de la venta de divisa extranjera durante los días lunes 21 y martes 22. Esta medida fue extendida posteriormente hasta el día 25 de febrero; y el día 22, por decreto presidencial, se establece un control diferencial que permite el cambio de 4,30 bolívares por dólar sólo para los gastos corrientes, envío a estudiantes del exterior, amortización de las deuda pública interna y la privada externa y para las operaciones de la industria petrolera, del hierro y otros renglones". (2)Nace, en medio de una turbulencia nacional denominada por los medios de comunicación como Viernes Negro: La Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, que pasaría a los anales de la historia nacional por sus siglas, RECADI. Esta organización manejó a sus anchas todas las divisas que circularon por las cuentas bancarias desde 1983 y hasta 1989, sin que nada –al menos hacia el conocimiento público- diera cuenta de la oscura procesión que se movía por dentro.

Jaime Lusinchi "La estafa al pueblo Venezolano": Ley Habilitante de la Deuda Externa ¿Restauración de la deuda externa? Impacto de la deuda externa en el fisco nacional, Destrucción de las reservas internacionales Operativas y en oro. Incremento de la Inequidad social y la miseria.

En cuanto a los escándalos de corrupción administrativa, protagonizó la escena el mal manejo del sistema cambiario en el organismo de Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) que incluiría a partidos políticos, como la compra de 65 autos rústicos para la campaña electoral de Acción Democrática con fondos del Estado, la invención de miles de empresas del Estado que nunca existieron con la única finalidad de solicitar dólares preferenciales, el abuso de los más de 50.000 millones de dólares en el pago de la deuda pública externa que nunca se solventó (en 1984 era de más de 27.000 millones de dólares, en su mayoría a ser pagados en corto plazo, más el anuncio de la suspensión de pagos del 2 de enero de 1989); el mal manejo de recursos del Instituto Nacional de Hipódromos y la gran escoria que causó el balance de las reservas del Banco Central de Venezuela, que en diciembre de 1985 eran de 10.251 millones de dólares, y para 1988 eran de apenas 3.092 millones de dólares.

Este instrumento legal, conocido como ley habilitante le daba poderes especiales al Presidente de la República para imponer los urgentes correctivos necesarios para recuperar progresivamente a la economía venezolana, fuertemente afectada por políticas, económicas erradas e incoherentes tomadas por la administración anterior, según lo expresado en la exposición de motivos de la mencionada ley. Debido a que las decisiones en materia económica tomadas en los primeros meses del Gobierno de Lusinchi, afectaban a los sectores de menores recursos, se decretaron un conjunto de medidas compensatorias de tipo social para atenuar esos efectos.

Con el fin de anunciar la estrategia a seguir para recuperar la economía venezolana, el Presidente Jaime Lusinchi convoco al Palacio de Miraflores, el 24 de febrero de 1984, a todos los representantes de la vida nacional. En esa oportunidad, el Presidente de la República afirmo : "Requisito básico de esta estrategia dirigida a superar la crisis es la definición de orientaciones claras por parte del gobierno, y el establecimiento de un clima de confianza basado en el entendimiento y la compresión y en el esfuerzo productivo mancomunado de gobierno, trabajadores y empresarios".

La restauración de la deuda externa:

Iniciando su gestión, el panorama no era para nada alentador, hace apenas un año que la moneda había sido devaluada, Hereda Lusinchi una grave situación económica con una deuda externa que, luego de meses de análisis y gracias a la gestión de los bancos internacionales acreedores de la deuda Venezolana, se pudo cuantificar en más de 30 mil millones de dólares. Lusinchi debe gobernar en tiempos difíciles Los signos monetarios, fiscales y económicos eran negativos y existían contradicciones radicales entre las autoridades fiscales sobre los métodos para resolver la crisis, lo que producía incertidumbre. Lusinchi, suspendió el pago de la deuda externa, pasándole a su sucesor el problema, como en un momento, también le fue pasado a él por el gobierno de Herrera Campins.

Destrucción de las reservas internacionales operativas y en oro. El intento de reanimar la economía en el año 1986, mediante una reestructuración de la política fiscal y monetaria, llevo a la disminución de los precios del petróleo en un 47%, lo cual condujo a devaluar el tipo de cambio desde un 7,50 hasta un 14,50 Bs/$, cambio fijado sin argumentación alguna. Para 1987, Lusinchi anunció el financiamiento de la deuda externa venezolana por parte de la banca internacional. Una negociación que dejo mal parada a Venezuela en términos económicos, ya que se cancelaron las altas sumas que debieron a los acreedores, la cual se aproximaba a unos 30.000 millones de dólares. Se realizaron numerosas negociaciones para refinanciar la deuda y paralelamente un nuevo endeudamiento. La continuación del deterioro de los precios del petróleo y como resultado de la constante devaluación del bolívar. Protegió afanadamente a los inversionistas tanto industriales como agrícolas.

En la búsqueda de un equilibrio social, se anunció, entre otros, un bono compensatorio de transporte de Bs 100 mensuales para los asalariados de menos de Bs 3.000 mensuales durante un período de 2 años, el establecimiento de comedores industriales y la promesa de incrementar en un 10% la nómina de las empresas para el próximo semestre. Por otra parte, se ordenó a los ministros revisar sus programas para reducir los gastos de funcionamiento. Se anunciaron algunas medidas tendientes a estimular el desarrollo agropecuario, entre ellas elevar el aporte de la banca privada a la agricultura a un 22,5% de sus carteras crediticias. El presidente recalcó la onerosa cifra de la deuda, que ubicó en los Bs 175.000 millones, un endeudamiento, dijo, muchas veces contraído al margen de la ley, y reiteró que se estableciera la verdad sobre el mismo. Verdad que nunca llegó y que lamentablemente, lejos de disminuirse, al lograrse acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, vuelven a abrirse las compuertas del caudal de dinero que el Estado utilizó para seguir financiando su gigantesco y creciente déficit. Paralelamente a las acciones del gobierno, los casos de corrupción se multiplicaron exponencialmente a pesar de la supuesta aplicación de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público que sólo conoció de un encarcelado, el famoso chino de Recadi. Lusinchi logró mostrar avances en la agricultura en el marco de lo que llamó el milagro agrícola logrando la disminución casi total de la dependencia del exterior en todos los rubros agrícolas. Se avanzó en la reforma del Estado dándose grandes pasos hacia la descentralización y desconcentración de poder. El período 1983-1989, fue una especie de nube que cegó la visión de la sociedad venezolana, al punto de hacer casi imperceptibles los desmanes que frente a la aparente estabilidad y crecimiento del país, quedaron relegados y por segunda vez en la historia democrática de Venezuela, un presidente adeco, entregaba la banda presidencial a otro integrante de su mismo partido pero en esta oportunidad con el atenuante de entregarle a un expresidente que nuevamente asumiría la primera magistratura, y el saliente saborearía las mieles del éxito y una popularidad sin precedentes al ser despedido con una ovación de pie de todos los presentes a la opulenta y obscena toma de posesión del nuevo mandatario. Lástima que años más tarde esa nube se disiparía y aquella popularidad del expresidente se transformaría en el peor de los castigos para una figura pública: El olvido. El Dr. Lusinchi reside en Miami con sus hijos y según amigos, transcurre sus días como un mortal cualquiera y sin la compañía de su célebre secretaría privada. "Un hombre de Estado es el que se pasa la mitad de su vida haciendo leyes, y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas".

Últimos años de la democracia representativa y rebeliones populares

2do gobierno de Carlos Andrés Pérez. Primeras elecciones de gobernadores y alcaldes: paquetes de medidas neoliberales; Efecto de la caída de los comunistas y el Bloque Soviético; Carta de intensión al FMI; El Caracazo; suspensión de las garantías constitucionales; privatizaciones.

Primeras Elecciones de Gobernadores y Alcaldes:

La elección de las autoridades regionales ya estaba contemplada en la Constitución de 1961, sin embargo, no se habían realizado más que elecciones para los Concejos Municipales en 1979 y 1984, los gobernadores y alcaldes eran designados directamente por el Ejecutivo Nacional. En 1984 el gobierno del entonces presidente de la República Jaime Lusinchi decreta la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en donde se estipulaba hacer efectivo el ordenamiento jurídico de aquella constitución que para el momento no era aplicado. La COPRE fue dirigido por Ramón J. Velásquez desde su instalación en 1985, en 1987 la comisión presidencial arroja como resultado el impulso de una política para la descentralización territorial en Venezuela, pero el gobierno de Lusinchi rechazó el documento junto a los líderes de su partido Acción Democrática (AD), éstos decidieron retardar en el Congreso los mecanismos de elección para los Estados y Municipios, []en 1989 asume la presidencia Carlos Andrés Pérez también de AD oponiéndose en un principio a la elección de esas autoridades pero debido a conflictos sociales como el Caracazo termino aceptando y se aprobaron las respectivas leyes en el Congreso.

El 03 diciembre de 1989 se realizan por primera vez en Venezuela elecciones para elegir a los gobernadores y alcaldes de las regiones para el período 1990-1993, éstos cumplirían sus funciones por período de tres años con posibilidad de reelección inmediata una sola vez. Los cambios sociales ocurridos luego del Caracazo el 27 de febrero de ese año dejaron también significativos cambios políticos en diciembre, [] porque pese a que se mantenía el bipartidismo encabezado por AD y Copei se lograron triunfos sorpresivos en los Estados Aragua y Bolívar al resultar electos Carlos Tablante del Movimiento al Socialismo (MAS) y Andrés Velásquez de La Causa R (LCR). Al igual que recientes procesos electorales de entonces la abstención iba en aumento, para esa elección llegó al 54,9%.

A pesar de haber sido acusado de corrupción en su primer gobierno, lo cual se tradujo en el sonado caso del "Sierra Nevada", un buque frigorífico comprado durante su gobierno, el ex-presidente se lanzó a la campaña política, con gran éxito, ya que logró el 53% de los votos, vs. Un 40% del candidato Eduardo Fernández de COPEI. El País, confió en que Pérez, podría volver a gobernar y regresar a Venezuela a aquella bonanza petrolera en la que se caracterizó su primer período.

Paquete de medidas neoliberales:

El programa económico de ajustes o "Paquete Económico" contemplaba medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual pero en plazos relativamente cortos Esta situación no proporcionó a Pérez mucho margen de maniobra. Anunció un plan de austeridad consistente en la liberación de las importaciones, eliminación de los controles de precios, privatización de las empresas no estratégicas en manos del estado [cuyo logro principal fue la venta de la "Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)"], aumento del precio de la gasolina, congelación de salarios, reducción del tamaño del Estado así como del gasto público. Los puntos más destacados del programa pueden resumirse así:

• Pedir financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) acogiéndose a un programa de ajustes con el fin de obtener un financiamiento de US $ 4.500.000.000 en 3 años.

• Liberar las tasas de interés activas y pasivas hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.

• Unificar la tasa cambiaria, eliminando la tasa preferencial de divisas y realización de todas las transacciones a la nueva tasa flotante y por tanto la criticada Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI).

• Liberar los precios de todos los productos excepto 18 renglones de la "cesta básica".

• Incrementar tarifas de servicios públicos luz, agua potable, gas domestico y teléfono.

• Aumentar anualmente el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo en el mercado nacional, durante 3 años, con un primer aumento de 100% en el precio de la gasolina y un 30% en el del transporte.

• Aumentar los sueldos de la administración pública entre el 5 y el 30%, el salario mínimo a Bs. 4.000 en la ciudad y Bs. 2.500 en el campo.

• Congelar los cargos de la administración pública.

• Racionalizar y eliminar progresivamente los aranceles de importación.

• Reducir el déficit fiscal a un máximo del 4%

• Efecto de la caída de los países comunistas y el bloque soviético

El efecto dominó: Tras la caída del bloque soviético sobrevienen un conjunto de acontecimientos políticos en la totalidad de los países comunistas de la Europa Oriental cuyo sistema político era semejante al de la URSS.

Bloque soviético:

Los esfuerzos de Gorbachov por dinamizar el sistema comunista, acabaron convirtiéndose en incontrolables, parte de una cascada de acontecimientos que concluirían con la propia disolución de la Unión Soviética. Concebidas como instrumentos para sostener la economía soviética, la perestroika (Reestructuración) y la glasnost (Apertura Transparencia o franqueza) pronto condujeron a ciertas consecuencias involuntarias. La relajación que trajo consigo la glasnost provocó que el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) perdiera su dominio absoluto sobre los medios de comunicación. En poco tiempo éstos comenzaron a exponer los graves problemas sociales y económicos que el gobierno soviético había negado largo tiempo, cuando no ocultado. Entre los más llamativos se encontraban los problemas de alojamiento, el alcoholismo, las drogas, la contaminación, las fábricas anticuadas de la era de Stalin y la corrupción. Todos esos problemas no habían existido en el discurso de los medios oficiales durante décadas. Los medios también expusieron delitos cometidos por el propio Stalin y por el régimen soviético, como los gulags, los tratados firmados con Hitler, y las Grandes Purgas. Además, la guerra de Afganistán y el mal manejo del desastre de Chernóbil en 1986 dañaron la credibilidad del gobierno.

En total, la visión positiva de la vida en la URSS que habían mostrado los medios oficiales durante décadas estaba siendo rápidamente desmontada. Esto minó la fe del público en el sistema, y erosionó la base social del Partido Comunista, amenazando la identidad y la integridad de la misma Unión.

Aunque había habido diferentes proclamas independentistas con anterioridad al golpe (la primera, en enero 1990, de la República Soviética autónoma de Najicheván, actualmente Azerbayán, o la posterior de 11 de marzo de Lituania), fue tras éste que las repúblicas soviéticas aceleraron sus respectivos procesos de independencia, declarando su soberanía una tras otra. El 6 de septiembre de 1991, el gobierno soviético reconoció la independencia de los tres países bálticos, que tenían el apoyo decidido de las potencias occidentales. Aún así el 18 de octubre, Gorbachov y los representantes de 8 repúblicas (excluyendo Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Ucrania y los Países del Báltico) firmaron un acuerdo que daba forma al referéndum de agosto, formando una nueva comunidad económica. El 1 de diciembre de 1991 Ucrania celebraba un referéndum, en el que el 90% de votantes optaba por la independencia.

Mientras tanto, la situación de la economía soviética siguió deteriorándose. Hacia diciembre de 1991, la escasez de comida en Rusia central causaba la introducción del racionamiento en el área de Moscú por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Gorbachov y su gobierno aún eran opuestos a las reformas demasiado rápidas o radicales, como se consideró el programa de los 500 días de Grigori Yavlinsky. Para acabar con la oposición de Gorbachov, Yeltsin decidió disolver la Unión Soviética de acuerdo con el Tratado de la Unión de 1922, removiendo de su cargo a Gorbachov y al propio gobierno de la URSS. Vista como una medida forzosa para salvar al país del colapso económico, la actuación de Yeltsin fue ampliamente extensamente apoyado por la población, así como por los gobiernos de Ucrania y Bielorrusia, partidarios también del Tratado de 1922.

Con el tiempo irían proclamando su independencia casi todas las repúblicas de la Unión, así como algunas repúblicas autónomas de Rusia, concluyéndose la disolución política de la URSS en diciembre de 1991. El día 8 de ese mes se firmó el Tratado de Belovesh, por el que las tres Repúblicas eslavas — Rusia, Bielorrusia y Ucrania — declaraban la URSS disuelta y constituían la Comunidad de Estados Independientes (CEI), abierta al resto de las Repúblicas. Aunque Gorbachov describió el acuerdo como un golpe inconstitucional, pronto se observó que no había marcha atrás en los acontecimientos.

El 12 de diciembre, la legislatura de la República Soviética Rusa aceptaba formalmente la secesión de Rusia de la Unión Soviética, ratificando el Tratado de Belovezh y denunciando el Tratado de creación de la Unión Soviética de 1922. El día 17, doce de las quince repúblicas soviéticas firmaron la Carta Europea de la Energía en La Haya como estados soberanos aun sin serlo de iure, junto con otros veintiocho países europeos, la Comunidad Europea y cuatro países no europeos. El 21 de diciembre, los representantes de todas las repúblicas soviéticas excepto Georgia firmaron el Protocolo de Alma Ata, confirmando la disolución de la Unión.

En esa misma fecha, todas las antiguas repúblicas soviéticas, exceptuando los tres países bálticos, acordaron integrarse en la CEI. El acuerdo de Alma Ata autorizaba también a Rusia para ocupar el asiento de la URSS en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 24 de diciembre de 1991, el Embajador soviético en la ONU entregó al Secretario General una carta del presidente ruso, Boris Yeltsin, informándole de dicho extremo. El documento fue puesto en circulación entre el resto de miembros de la ONU y fue aceptado sin objeción alguna el 31 de diciembre.

El 25 de diciembre de 1991 Gorbachov, cediendo ante lo inevitable, dimitió como presidente de la URSS, declarando la presidencia extinguida y traspasando sus poderes restantes al presidente de Rusia, asumiendo ésta los compromisos y la representación internacional del desaparecido Estado. Durante la noche de aquel mismo día, la bandera soviética fue arriada por última vez del Kremlin. Un día más tarde, el 26 de diciembre de 1991, el Soviet Supremo reconoció la extinción de la Unión y se disolvió. Para finales de año todas las instituciones soviéticas oficiales habían cesado sus actividades, y las repúblicas asumieron el papel del gobierno central. Todas las Repúblicas que constituían la URSS fueron reconocidas internacionalmente como Estados independientes.

Consecuencias del caracazo.

La consecuencia evidente del Caracazo fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante ese mismo año tras los hechos. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989. En 1992 se producen dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre. Ese mismo año el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por decisión del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien es sucedido por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994. Hugo Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego Sobreseído por el Presidente Rafael Caldera, tras lo cual gana las elecciones presidenciales celebradas en 1998.

El Fondo Monetario Internacional y "El Caracazo". En 1989, presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, toma un conjunto de medidas antipopulares que provocan una reacción donde miles de personas saquean comercios e incendian vehículos en protesta por el alza de los precios. La Policía y el Ejército arremeten contra el pueblo y dan muerte a más de mil personas. Las protestas se iniciaron en Guarenas (una ciudad cercana a Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989. Rápidamente se extendieron a la capital y otras ciudades del país. Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el Estado de emergencia, militarizó la ciudad y aplastó las protestas con violencia desmesurada.

Suspensión de las Garantías Constitucionales:

La reacción del gobierno ante los hechos no fue la rectificación de las medidas del "paquete económico", sino la represión brutal de la protesta popular, la suspensión de las garantías y el toque de queda, lo que trajo consigo asesinatos, violaciones a los derechos humanos, atropellos y abusos por parte de los efectivos policiales y militares que fueron lanzados a las calles para reprimir a la población sin distingo de edad, sexo o condiciones físicas.

Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber cómo actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos.

Adiós a las Garantías Constitucionales

El martes 28 de febrero salía publicado en Gaceta Oficial el Decreto 49 mediante el cual se suspenden en toda Venezuela las garantías establecidas en los ordinales 1, 2, 6 y 10 del artículo 60 y en el artículo 62, 64, 66, 71 y 115 de la Constitución.

Tal documento fue firmado por el mandatario de entonces Carlos Andrés Pérez, refrendado por su Consejo de Ministros, entre los que estaba el de Defensa Ítalo del Valle Alliegro.

Este Decreto presidencial fue sometido a la consideración de las Cámaras en sesión conjunta dentro de los diez días siguientes a su publicación.

Para el viernes 10 de marzo la cámara de representantes y senadores se reúne para considerar el oficio enviado por el ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, referido a la restitución parcial de algunas de las Garantías Constitucionales, de conformidad con los Decretos 49 del 28 de febrero y el 67 del 8 de marzo respectivamente.

En representación del grupo de Acción Democrática, el diputado Carlos Canache Mata, defendió la suspensión de las Garantías Constitucionales porque están previstas en el artículo 241 de la Carta Magna cuando hay graves circunstancias que afecten la vida económica y social de la Nación.

En Venezuela, el marco jurídico que regula el proceso de privatización se encuentra en la Ley de Privatizaciones, la Ley del Fondo de Inversiones de Venezuela, Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, y otras leyes, decretos y reglamentos específicos de las áreas o sectores donde operan las empresas a ser privatizadas.

Algunas empresas que se han privatizado en Venezuela:

Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV)

Desde su privatización en 1991, Cantv ha experimentado una constante transformación para convertirse en una empresa competitiva, con altos niveles de calidad en la oferta de sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes. Hoy, Cantv es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en Venezuela con aproximadamente 2.7 millones de líneas de acceso en servicio, 2.5 millones de suscriptores celulares y aproximadamente un millón de usuarios de servicios de acceso a Internet al 31 de Diciembre de 2002.

Caveguías, se alinea con las estrategias globales de la Corporación Cantv al proveer a los clientes los servicios de información de mayor cobertura a través de la publicación de directorios impresos y electrónicos.

Los cambios han sumido a Cantv en un proceso de integración con sus empresas asociadas, que ya comienzan a dar sus frutos. Movilnet, Cantv.net y Caveguías forman un frente único con la Corporación Cantv para aprovechar las sinergias y ofrecer a sus clientes soluciones integrales a sus necesidades de telecomunicaciones sean estas comunicaciones inalámbricas, fijas, transmisiones de datos, Internet o servicios de información y directorios telefónicos.

Cada una de las empresas ha aportado sus fortalezas para permitir la presencia, cada vez más comprometida, de la Corporación Cantv en la vida cotidiana de los venezolanos.

SIDOR – Siderúrgica del Orinoco.

Aunque en Venezuela se ha dificultado bastante el entendimiento de los beneficios de la privatización para la economía de un determinado país, la subasta en 1997 de la Siderúrgica del Orinoco SIDOR al Consorcio Latinoamericano Amazonia fue dentro de la gestión del Presidente Caldera uno de las iniciativas que marcó precedentes en este sentido.

En los años de la Venezuela Saudita el tamaño del Estado creció desmesuradamente. Muchas empresas públicas eran dirigidas con criterios más políticos que gerenciales, lo cual perjudicaba su productividad. No obstante, desde que se iniciaron en Inglaterra los procesos de privatización, una especie de revolución silenciosa se comenzó a observar en todo el mundo que conlleva un proceso de comprensión de la valoración de la gestión económica por parte de los individuos y no del Estado. En cuanto a Venezuela este proceso privatizador ha tenido un lento desarrollo, debido en gran parte a una arraigada concepción estatista, un sindicalismo mal entendido e intereses políticos creados.

Luego de que el Consorcio latinoamericano Amazonia, integrado por empresas de Venezuela, México, Argentina y Brasil, adquiriera a SIDOR los hechos hablan por sí solos. La empresa ha reducido sus costos de producción y mejorado notablemente la comercialización de sus productos. Por ejemplo, redujo sus costos de producción en 85 millones de dólares durante 1998 y podrá reducirlos en 46 millones de dólares durante este año según las expectativas calculadas en las áreas de operaciones, logística, personal y administración por mencionar algo.

VIASA

El primer error de la "privatización" de VIASA fue imponer un precio mínimo que desanimara a los mejores compradores. En toda privatización, el precio de los activos debe ser totalmente secundario al objetivo principal de abrir la mayor competencia posible en ese determinado sector, para que mejoren los servicios y los productos, a la vez de que se reducen las tarifas y los precios. Así, el beneficio para los consumidores nacionales pronto supera con creces cualquier concesión hecha en el precio de venta. Sobre esto, los supuestos "neoliberales" de Pérez no tenían ni idea, como lo prueba la venta de la telefónica -CANTV-, convirtiendo un monopolio estatal en otro privado, lo cual siempre conduce a aumentos de tarifas y al desencanto del pueblo con las reformas económicas.

CADAFE "Compañía Anónima De Administración y Fomento Eléctrico".

Mediante Decreto Presidencial No. 1.558, del 10 de Octubre de 1996, el Ejecutivo Nacional, promulgó el Marco Regulatorio del Sector Eléctrico, con el cual se regula el servicio público nacional de electricidad que contempla las actividades de generación, despacho de cargas, transmisión, distribución, comercialización y venta de potencia y energía eléctrica entre las empresas del sector, destinadas a satisfacer necesidades colectivas en forma permanente. Dando así, el primer paso positivo hacia la reestructuración eléctrica y permitiendo la apertura hacia el capital privado nacional y extranjero.

EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE CARACAS

Desde la entrega del servicio de abastecimiento de agua de la ciudad de Caracas al Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) en 1947, hasta 1998, la prestación del servicio ha pasado por una serie de procesos poco exitosos de acercamiento hacia el sector privado por una serie de procesos poco exitosos de acercamiento hacia el sector privado. En las líneas siguientes se trata de explicar, brevemente, estos procesos.

Causas y efecto de las rebeliones populares del 4 de febrero y 27 noviembre 1992: encarcelamiento de Yare; salida de Carlos Andrés Pérez del presidente de la República; Rafael Cardera y el comienzo del fin de la democracia representativa y el puntofijismo; indulto de los comandantes rebeldes

I. Causas:

A. Los índices de pobreza se dispararon al 62 % tan hondo fue el choque inicial, que el paquete no tenía un mes de aplicado cuando ocurrió la insurrección popular el 27 de febrero de 1989 ya el desencanto era generalizado, las protestas sucedían a diario y en 1992 la situación política llega a una situación critica con los golpes de estado del 4 de febrero y 27 de noviembre.

B. En 1986 comenzó un periodo de formación de una nueva dirección con el despertar de las energías revolucionarias del pueblo. Para los sectores dominantes, el estallido del 27 de Febrero de 1989 fue apenas un incidente circunstancial. Fueron incapaces de descubrir las fuerzas emergentes en aquellas multitudes que asaltaban los mercados. No entendieron que detrás de los incendios y saqueos, las masas populares estaban a punto de abrir el espacio para un nuevo liderazgo de la revolución venezolana.

C. A partir de 1989 a raíz de la insurgencia popular espontánea contra los reajustes económicos de Carlos Andrés Pérez empezó un periodo de excusación de las contradicciones del sistema y de auge de las acciones populares por la base. Se inicio un claro decline entre las exigencias del pueblo y la política del gobierno. Las tendencias a favor de cambios en la conducción del estado y por una nueva institucionalidad cobraran dimensiones nacionales. Es en esta atmósfera cuando estallan las rebeliones del 4 de Febrero y 27 de Noviembre de 1992 y se establece una nueva dirección del proceso revolucionario.

D. El papel represor de las fuerzas armadas el 27 de Febrero de 1989 los dejo hondamente impresionados, proponiéndose no volver a empuñar las armas contra el pueblo. Su inspiración era el pensamiento y la acción de Simón Bolívar, las ideas de Simón Rodríguez y la acción de Ezequiel Zamora. Estos militares de gran ascendencia sobre sus tropas se caracterizaron por poseer casi todos títulos distintos al castrense y por formar círculos de discusión sobre la realidad del país de algún modo los bajos sueldos de los oficiales de baja y media graduación, conocidos como comandantes (por siglas de comandantes, mayores, capitanes y tenientes), también genero gran descontento en sus filas.