Comunicación, participación y el dilema existencial del Estado frente a las nuevas lógicas democráticas y ciudadanas (página 3)

LA DIMENSIÓN DEL DISCURSO SOBRE LA PARTICIPACIÓN, LA DEMOCRACIA Y LA CIUDADANÍA: LEGITIMACIÓN/RESISTENCIA; APROPIACIÓN/EXPROPIACIÓN.

El propósito de esta sección es proponer algunas bases para la comprensión de los procesos de producción del discurso, público o no, sobre la participación, la democracia y la ciudadanía, desde los diferentes enfoques y corrientes, teóricas o no, que se integran en los debates. Sin perjuicio de los otros conceptos, los cuales son desarrollados en otras secciones (2.2. Modelos de Democracia y Participación; 2.3.3. Participación y Uso de Tecnologías; y 2.3.4. Comunicación, Participación, Acceso, Toma de Decisiones y Democracia), la discusión se centrará aquí principalmente en las nociones de ciudadanía y participación, desde los diferentes enfoques que ha sido abordada, particularmente desde las teorías de la información, la comunicación y el periodismo, y las corrientes de la gestión o gerencia de los servicios públicos.

Uno de los trabajos fundamentales sobre la ciudadanía es el libro de MARSHALL (1950), en el cual se entiende por ciudadanía una pertenencia "plena" a cierta comunidad; en cuyo caso la pertenencia implica, necesariamente y en sí misma, la participación de los individuos en la determinación de las condiciones de su propia pertenencia a dicha comunidad.

Así, la noción de participación se basa en una relación, más pretendida que lograda, entre pertenencia a una comunidad y participación, como una relación intrínseca, que sustentará los planteamientos y teorías sobre la ciudadanía, especialmente de los años ’80.

Ciudadanía, como lo sostiene ORTIZ (2003: 105), es planteada en oposición a "clase", para liberar a las tesis del liberalismo de las ataduras del marxismo. En efecto, los planteamientos de MARSHALL sustentan el valor de la ciudadanía en la adquisición de ciertos derechos, a saber, civiles (siglo XVIII), políticos (siglo XIX) y sociales (siglo XX).

El concepto de ciudadanía, entonces, será desarrollado por diferentes autores con bastante retórica y abundante ruido mediático, como sostiene ORTIZ (2003:108):

• Ciudadanía activa (ZUSMA-QUINTAR).
• Ciudadanía universal (BERMUDO, 2001).
• Ciudadanía global (NEGRI, 2001).
• Ciudadanía cosmopolita (BOAVENTURA, 2002).
• Ciudadanía planetaria (WELMAVICKI, 2001).
• Ciudadanías híbridas (GARCÍA CANCLINI, 1995).
• Ciudadanías mestizas (URIBE, 2001).
• Ciudadanías de baja intensidad (O’ DONELL).
• Ciudadanía de empresa (MATTIEUS).
• Ciudadanía multicultural (CORTINA, 1999).
• Ciudadanía intercultural (CORTINA, 1999).

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo de ORTIZ (2003:109) es significativo por su distinción de los tipos de ciudadanía:

1. La ciudadanía sacra, que combina ciertas tradiciones religiosas católicas y regionales, que se sintetizan en el costumbrismo clerical y la política reactiva.
2. La ciudadanía secular que, desde los años ’30, con la industrialización y las corrientes obreras masivas, destruye el tejido feudal y campesino de los países tradicionales.
3. La ciudadanía sociocultural, inaugurada a inicios de la década del ’90 con la llegada de nuevos actores sociales que antes no estaban representados: indígenas, mestizos, negros y guerrilleros arrepentidos".

Otra discusión central en el ámbito del discurso es la referida a la concepción lineal del tiempo y la historia. Esta concepción, sugiere CAIRO (2002), ha generado una correlación perversa según la cual:

"Hay una ruta trazada por la que discurre el tiempo, que nos lleva al futuro. La humanidad sigue esta ruta, de forma tal que cada generación recibe el testigo del progreso anterior. Hay una evolución, y este progreso evolutivo es beneficioso para la sociedad y, en definitiva, para la humanidad. Estamos en un proceso de permanentes avances y esta progresión se realiza básicamente a través de la tecnología". (CAIRO, 2002:46)

Son tan evidentes las divergencias en la construcción discursiva de las formas o modelos de comunicación y participación, que no hay acuerdo entre los diferentes conceptos al uso y, además, estos apelan a significados muy diferentes. Por ejemplo, mientras muchos defienden la idea de "comunicación para el desarrollo" o la de "periodismo comunitario", MIRALLES (2001) opone a ambas la noción de "periodismo público". Como he dicho, lo anterior podría resultar meramente anecdótico, sino fuera por las connotaciones que adquiere uno y otro en los debates. Dejaremos, no obstante, de lado esta confusa nomenclatura, para centrarnos en los fundamentos de la misma.

Resulta útil, desde la perspectiva del periodismo, un análisis genealógico,

"Es significativo que el periodismo haya seguido el modelo general de la teoría liberal de la ciudadanía […] al igual que del concepto de cultura política, porque excluye la participación del ciudadano en la toma de decisiones y porque coloca la opinión pública en el ámbito privado" (MIRALLES, 2001: 18 y 19).

Efectivamente, esta incorporación de la teoría del periodismo en particular y de varias corrientes de la comunicación –como ciertas concepciones de la comunicación para el desarrollo, especialmente de origen difusionista-, impide la construcción de un discurso sobre un ciudadano activo, volviendo permanentemente al "metarrelato", que aún se mantiene inconmovible, de una teoría liberal de la ciudadanía.

En este contexto surge una pregunta crucial: ¿cómo pensar al ciudadano desde esta teoría liberal?, pues siempre se retorna a concepciones que permiten la mitificación de este metarrelato, como las ideas de "periodismo cívico" y "participación ciudadana", especialmente si están asociadas a discursos como el de "republicanismo cívico" y la idea de "ciudadano en virtud de un Estado". Por lo anterior, resulta interesante la idea de pensar esta ciudadanía como un tercer espacio, independiente del Estado (lo público) y el Mercado (lo privado), si acaso es posible sostener esta oposición más allá de lo analítico.

Estas mismas lógicas liberales mitificadas de la ciudadanía se mantienen, por ejemplo, en el discurso de los medios, los cuales suelen mostrar a ciudadanos espectadores beneficiarios del Estado y no a ciudadanos participativos. Lo que también se ha traducido en la construcción discursiva de ciudadanos pasivos en contextos de "beneficiarios del Estado" y ciudadanos activos en contextos de "inseguridad ciudadana e ingobernabilidad", como es el caso paradigmático de los diferentes movimientos sociales.

En efecto, la concepción de un ciudadano inserto en el espacio público como votante y consumidor a lo largo del siglo XIX crean las condiciones para el "desarrollo de una prensa de carácter masivo a la que también los adelantos tecnológicos le dieron enorme fuerza" (MIRALLES, 2001: 53).

Como hemos señalado, la bibliografía no es en absoluto sistemática ni uniforme desde el punto de vista conceptual. Ya hemos revisado algunos de los recorridos referidos a los tipos de democracia y ciudadanía. Otro de los conceptos que se ha reiterado en esta investigación es el de opinión pública, no como sinónimo de los anteriores, pero su recorrido genealógico nos da pistas importantes sobre la discusión emprendida aquí.

Otra corriente significativa en la aproximación a los conceptos planteados en esta sección es la que sigue la tradición de la gerencia (o gestión) de los servicios sociales, la cual encontramos ampliamente desarrollada en el trabajo de TOBÓN y MUÑOZ (2001). Esta corriente puede asumir dos lógicas, una instrumental y otra más crítica.

Según la lógica instrumental, la gestión de los servicios públicos se sustenta en una concepción tecnológica del desarrollo, en la cual el objetivo es disponer, transferir y distribuir los instrumentos y operaciones del sector productivo al ámbito de los servicios sociales, de acuerdo a los artefactos que el mercado ha definido como desarrollo y progreso. En efecto, lo que se observa actualmente es la transferencia de procesos desde el campo de la industria y el comercio, según una racionalidad de mercado, al ámbito de los servicios sociales, como medidas carentes de reflexión. Los conceptos que operan la legitimación de estas acciones son básicamente la racionalidad instrumental y económica asociada a las nociones de eficiencia y eficacia.

La pregunta central que permite la transición desde la perspectiva instrumental a la crítica es: ¿cuál es el tipo de pensamiento científico que sustenta y subyace en la gerencia social?

Según la lógica crítica, es fundamental la reflexión de para qué y por qué es necesaria la incorporación de determinados instrumentos a los servicios sociales,

"Para la gerencia de servicios sociales es condición previa y necesaria el explicitar y optar deliberadamente por el tipo de desarrollo social que se busca, además de la política que lo orienta, pues sin este fundamento, la acción social (los servicios sociales y de bienestar) se convierte en paliadora de necesidades de la población sin lograr un verdadero desarrollo de las condiciones y calidades de vida de la misma" (TOBÓN y MUÑOZ, 2001: 35).

Para la corriente crítica de la gestión de los servicios sociales, es fundamental romper el monopolio estatal y el centralismo en la aplicación de cualquier política social, para lo cual se requiere la creación de nuevas institucionalidades, integradas por los distintos actores sociales (públicos y privados) a través de procesos de participación. En este escenario, se entiende que cualquier mejora en el acceso a la información, la democracia y la participación, suponen nuevas exigencias y derechos de los usuarios, en una dinámica de permanente cambio social. Así, el acceso, la democratización y la participación no pueden ser entendidas como una respuesta generosa desde un poder central y centralizador.

"Las instituciones creadas por la sociedad civil son una de las formas de garantizar la democracia, pues ésta no es real si no hay una participación efectiva y eficiente de todos los estamentos de la sociedad en los asuntos sociales. La participación es también una forma de garantizar estrategias que facilitan la expresión de cómo se siente y se interpreta los asuntos de la sociedad; las formas institucionales son una vía de la participación en la sociedad moderna" (TOBÓN y MUÑOZ, 2001: 57 y 58).

El propósito de la creación de nuevas formas de institucionalidad social no es reemplazar los modos de participación político partidista, sino que constituyen otras propuestas, dotadas de una concepción ética y política.

Por otra parte, la concepción de un servicio social desde la dimensión crítica del desarrollo, exige reformular las tradicionales nociones clientelares, las cuales se centran en las carencias de los usuarios, en lo que no poseen o lo que no han podido poseer, a fin de justificar determinadas acciones desde el poder estatal y central. En efecto, si sólo se observa a los usuarios como clientes carentes

"los masificamos y los atendemos como elementos que se pueden reemplazar pero que siempre estarán ahí, pues mientras la carencia exista, la demanda estará garantizada; minimizamos su participación en la producción del servicio y les negamos cualquier poder de elección y de negociación con respecto a los servicios recibidos, anulando su participación y estableciendo como elemento dominante en la relación el poder de la institución y, como consecuencia, el sometimiento del cliente" (TOBÓN y MUÑOZ, 2001: 70 y 71).

Es evidente que detrás de esta dinámica de dominación del cliente, se construye todo un lenguaje y una retórica que permita operar sin ver más allá de los resultados asociados a indicadores y satisfactores inmediatos de ciertas necesidades. Es la arrogancia institucional la que lleva a expresiones como "lo que es mejor para los clientes", "lo que les conviene", etc. Por el uso de estas lógicas es que se justifican recursos en procesos de inducción y motivación de los clientes para participar en los diseños y proyectos que se les propone. Y el círculo vicioso consiste en que si no se logra la participación, se justifica el incumplimiento de los resultados sin una autocrítica a la falta de procesos de participación en las instancias iniciales de los proyectos, esto es, que sean los usuarios quienes determinen sus propias necesidades.

Ahora bien, a la propuesta sobre la necesidad de participación, se agregan preguntas fundamentales: ¿cómo se participa?, ¿en qué condiciones se participa?, ¿qué relaciones se establecen en los procesos de participación? Lo que está más claro es la proporción existente entre aumento del nivel de participación de los usuarios y aumento de su autonomía. Por ello, el problema central es que la dominación que ejercen las actuales instituciones de los servicios públicos se traduce en exclusión

"Los clientes son excluidos porque se les ignora o se les niega participación en la toma de las decisiones que tienen que ver con el servicio. Su saber es suplantado por el saber del técnico y la dinámica de su vida es suplantada por la dinámica programada para la prestación del servicio" (TOBÓN y MUÑOZ, 2001: 79).

De esta forma, la participación está menos relacionada con procedimientos que con una cultura de la participación.

Por otra parte, las reflexiones sobre la ciudadanía y la participación suelen centrarse en la perspectiva del Estado y la necesidad de su fortalecimiento ante los desafíos de la gobernabilidad. Por esta razón los Estados nacionales han invertido fuertemente en estudios, por ejemplo, a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL; el Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social, CLADES; el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES; y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Asimismo, como se menciona más adelante (2.3.4.), los distintos programas han surgido precisamente desde el Estado, desde el Estado con apoyo de algunas ONG’s o desde el Estado con apoyo de Organismos Internacionales de carácter Interestatal (PNUD, UNESCO); o bien, como programas que incluyen los distintos ámbitos de relación.

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN CHILE: DISCURSOS DE LAS EXPERIENCIAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.

Los procesos de participación en Chile tienen dos trayectorias y, al mismo tiempo, dos orígenes, en su desarrollo:

2. Forman parte de una lógica centralizada y centralizadora desde el Gobierno, recogida conceptualmente en la idea de Participación Ciudadana. Esta lógica se inserta en un modelo de Democracia Representativa o de Gestión -y no de Democracia Participativa, que sustenta la visión de este estudio. Este recorrido se inicia con el Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana (diciembre de 2000), el cual actualmente es Proyecto de Ley y que sienta los "principios" de la participación, particularmente desde el compromiso de los Servicios Públicos del Estado. Esta trayectoria considera, también, la Carta de Santiago de Chile (22 y 23 de mayo de 2003) y las actividades del Grupo de Acción Digital (2004): Agenda Digital. Chile 2004-2006.
3. Organizaciones No Gubernamentales, ONG’s que, con distintos tipos de financiamiento, siguen procesos relacionados de diferentes formas con la trayectoria anterior.

Para el análisis del discurso público del Gobierno y del Sector Público, a nivel Central y Regional, sobre la "participación", se analizó:

1. Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana (diciembre de 2000).
2. Carta de Santiago de Chile (22 y 23 de mayo de 2003).
3. Grupo de Acción Digital (2004): Agenda Digital. Chile 2004-2006.
4. Plan Regional de Participación Ciudadana. Hacia la Construcción de una Política (Temuco, diciembre de 2003).

Los principales ejes del discurso son:

• Jóvenes voluntarios se organizan para participar.
• Gobierno promueve y coordina la participación, en contextos de gobernabilidad.
• Empresas se comprometen con los valores de la participación.
• La Agenda Digital (2004 – 2006) y las 34 iniciativas del gobierno organizan e instrumentalizan objetivos de un Gobierno Digital y una población conectada masivamente.
• La incorporación de TIC’s asegura la modernización del Estado y el Sector público.
• La incorporación de TIC’s permite enfrentar los contextos tecnológicos y digitales a nivel internacional.
• La participación fortalece la sociedad civil y legitima las políticas públicas.
• El sector público abre la posibilidad de participación real a la sociedad civil, a través de políticas y programas gubernamentales que se ejecutan en la región.
• La Participación Ciudadana contribuye al reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos y deberes establecidos institucionalmente.
• Las acciones orientadas a la Participación Ciudadana, que involucran a los distintos actores sociales, permiten la consolidación de una política regional sobre la materia.
• El cumplimiento de las 106 metas regionales sobre Participación Ciudadana, se logra a partir de un diseño previamente elaborado, que contempla: ámbitos de acción pública (factores), momentos (tiempos), instrumentos (procedimientos) y herramientas para cada una de las metas.
• Las 106 metas regionales de Participación Ciudadana se integran a una Estrategia Regional de Desarrollo, en 4 niveles: Desarrollo Humano y Cultural, Desarrollo Productivo, Desarrollo del Conocimiento Propio y Desarrollo Territorial.
• Las 106 metas regionales de Participación Ciudadana son tratadas en el Sistema de Registro y Monitoreo, SIRMON, lo cual asegura su cumplimiento en los plazos pre establecidos.

Y las principales contradicciones de estos discursos se traducen en las siguientes preguntas:

• Cómo logra el gobierno asegurar la responsabilidad social de las empresas.
• Cómo puede el gobierno establecer niveles adecuados de "conciencia cívica" en la ciudadanía.
• Cómo colaboran las empresas con el gobierno y la ciudadanía, para lograr la participación, a partir de las diferencias de intereses:

Empresa: interés privado y fin de lucro.

Gobierno: interés público sin fin de lucro.

• Qué niveles de transformaciones sufre el gobierno y la empresa, como organizaciones, producto de su interrelación.
• Se puede lograr la participación ciudadana, iniciada desde un compromiso del sector público "por Instructivo Presidencial".
• Cómo se evalúa y asegura efectivamente el rol del sector público, la relación voluntariado-participación y la relación participación-gobernabilidad.
• Brecha digital: desigual distribución de ingresos asociado a bajos índices de conectividad.
• Centralización de la conectividad: las diez comunas más conectadas corresponden a la zona Oriente de Santiago (CENSO 2002).
• Falta de calidad y cantidad de capital humano en TIC.
• Falta de capacitación en TIC en el ámbito laboral.
• Desigual avance del gobierno digital, en relación a los distintos servicios públicos.
• Débil acceso y uso de TIC en empresas.
• Escaso desarrollo de la industria TIC.
• El marco jurídico y normativo aún es insuficiente e incoherente.
• Es posible lograr una apertura del Sector Publico a la participación ciudadana sin una innovación en la cultura organizacional de la administración pública y sin la transformación del modelo de democracia vigente.
• Cómo se inserta la participación ciudadana en un modelo de democracia representativa y de gestión y no participativa.
• Cómo se logra una participación ciudadana en el contexto de una política regional con un sistema centralizado y centralizador.
• Cómo se pasa a un Gobierno Regional y una Ciudadanía Regional desde una Voluntad Política del Gobierno Central.
• Es suficiente un Sistema de Registro y Monitoreo para lograr el cumplimiento de 106 metas regionales sobre participación ciudadana.

En tanto que a nivel del discurso de las ONG’s, se observan los siguientes ejes discursivos:

• Tecnologías de la información al servicio de la ciudadanía, pues permiten el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.
• Vida en solidaridad, democracia, justicia y tolerancia.
• Fortalecimiento de las instituciones del sistema democrático.
• Integración social de los ciudadanos.
• Formación de ciudadanos informados, con opinión, concientes de sus derechos y deberes.
• Relación entre el Estado y los intereses y necesidades de la ciudadanía.
• Promoción de la organización ciudadana y de la equidad.
• Ciudadanos comprometidos cívicamente.
• Procesos electorales informados, participativos y transparentes.
• Seguimiento de la sociedad civil.
• Fortalecimiento de partidos políticos.
• Capacidad de gestión de las organizaciones.
• Personas involucradas en las cuestiones públicas.
• Estrategias efectivas para involucrar a las personas en las cuestiones públicas.
• Grado de satisfacción de las personas con sus gobiernos comunales.
• Grado de satisfacción de las personas con sus propias organizaciones.
• Disminución de los costos de la acción social.
• Ampliar la efectividad de las acciones públicas (políticas de Estado) y privadas (empresas).
• Dar mayor sentido de pertenencia de los ciudadanos a una localidad y su cultura.
• Uso intensivo de tecnologías (internet) para agregar valor a los proyectos.

Y las principales contradicciones que se observa son:

• Es posible un control ciudadano efectivo.
• Cómo es posible, exactamente, la integración social de los ciudadanos en sociedades multiculturales.
• Cómo es posible, concretamente, el fortalecimiento de las instituciones del sistema democrático y cómo esto se relaciona el fortalecimiento de la sociedad civil.
• Cómo es posible, exactamente, formar ciudadanos informados, con opinión y concientes de sus derechos y deberes.
• Para qué se pretende buscar la promoción de la organización ciudadana y el compromiso cívico de los ciudadanos.
• Cómo es posible, concretamente, fortalecer la sociedad civil.
• Cómo se realiza el seguimiento de la sociedad civil.
• Cómo se logra una participación ciudadana virtual.
• Cómo se logra una relación entre la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación y el fortalecimiento de las capacidades participativas de la sociedad civil.
• A quién le interesa la disminución de los costos de la acción social.
• Cómo se logra la efectividad de las políticas públicas y del rol social de las empresas.
• Según qué criterios tiene mayor valor el entrenamiento práctico que el conocimiento teórico.
• En qué medida las tecnologías agregan valor a los proyectos.
• En qué consiste la capacidad emprendedora de las personas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES: ACCESO, TOMA DE DECISIONES, FORMAS Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN.

Una de las discusiones fundamentales sobre el acceso y la toma de decisiones está referida a la necesidad de que los actores que integran los procesos participativos precisamente decidan y accedan a dichos procesos, en las instancias iniciales y no como convocados a respaldar o no, mediante su votación, determinados programas previamente diseñados.

MIRALLES y ALFONZO (2001) plantean una contradicción clave al respecto: "hemos urbanizado mucho pero no hemos construido ciudad", lo que significa, entre otros aspectos, que existe un excesivo énfasis en los diseños y planes exógenos y escasa preocupación por la integración de dichos espacios con sus habitantes, una escasa apropiación de los sujetos de sus entornos.

Asimismo, los autores apuntan a un "excesivo peso de los factores técnicos y económicos en los proyectos de desarrollo urbano y la debilidad del enfoque cultural en la construcción de ciudad y ciudadanía" (MIRALLES y ALFONZO, 2001). En efecto, las variables "capital social" y "capital cultural" aparecen insistentemente obviadas en los programas, en una lógica de clientelismo autoritario. De hecho, "en la promoción de la descentralización se deben establecer sistemas para la participación ciudadana en los gobiernos metropolitanos y para la información pública, además de actividades que eleven la conciencia pública" (MIRALLES y ALFONZO, 2001).

Por su parte MUÑOZ (1997) distingue tres formas de comunicación urbana que constituyen, sin duda, una aproximación inicial a las formas y niveles de participación:

1. Los lugares de comunicación, como la identificación espacial.
2. Las redes móviles, como la red vial.
3. Los territorios simbólicos, como los graffittis.

Evidentemente, esta distinción es aún insuficiente para las pretensiones comprensivas de la presente investigación.

El rol de la comunicación en la toma de decisiones y el acceso, va más allá de constituirse en instrumentos de difusión, para transformarse en agentes del proceso participativo. Este aspecto es crucial debido a la existencia de determinadas estructuras de medios y el desafío que supone, en ese contexto, incorporar a los medios en una dinámica de participación.

Así, para MIRALLES y ALFONZO (2001),

"el fortalecimiento de la articulación social y de mediación de lo público [requiere tres elementos]: una propaganda político-cultural que genere identidades y legitimidades; una publicidad comercial que organice el mercado; y una comunicación social que permita la participación y orientación de la población en su ambiente" (MIRALLES y ALFONZO, 2001).

En el caso latinoamericano resulta de interés conocer la llamada Declaración de Lima Literal d, punto 2 (1996), la cual indica que:

"los gobiernos locales definan y articulen políticas de comunicación y participación ciudadana como componentes de la ejecución de obras públicas, políticas sectoriales en el campo de la educación, salud, transportes, servicios públicos, promoción cultural, etc., fomentando el ejercicio de deberes y derechos ciudadanos en ellos".

Esta Declaración de Lima, patrocinada por la UNESCO, se integra a otros planes que involucran a los distintos actores. De hecho, en el proyecto de Estrategia a Medio Plazo (2002-2007) de la UNESCO, se propone la creación de un portal UNESCO del conocimiento, que destaque:

"Los diversos experimentos realizados en materia de democracia electrónica y de gobernación ‘en línea’, así como de las posibilidades de mejorar la administración pública y la participación ciudadana utilizando las tecnologías de la información y la comunicación [considerando] la contribución [de estas tecnologías] al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, y a la construcción de una sociedad del conocimiento, entre cuyos objetivos estratégicos están:

– Promover la utilización de las tecnologías de la información y comunicación con miras a la creación de las capacidades, la autonomía, la gestión democrática y la participación social.

– Fomentar la elaboración de instrumentos de información y comunicación apropiados para sustentar la adopción de decisiones y fomentar el diálogo entre los ciudadanos y los poderes públicos, consolidando así la gestión democrática y la participación ciudadsana" (UNESCO, 2001).

Otras experiencias latinoamericanas se han desarrollado en Bolivia, Colombia y Uruguay. Por ejemplo, en Bolivia a partir de la promulgación en 1994 de la Ley de Participación Popular, se propuso un sistema nacional de comunicación descentralizada, basado en 4 fundamentos:

1. Planificación de la comunicación.
2. Responsabilidad estatal.
3. Comunicación para el desarrollo, entendida más allá de un aumento cuantitativo de la estructura de medios, sino como el hecho de que las políticas, estrategias y planes de desarrollo deben considerar a la comunicación como un elemento central de sus objetivos.
4. Democratización de la comunicación, en los niveles de: acceso, participación y propiedad de los medios.

Sin embargo, la relación acceso, participación y propiedad de los medios no se agota en el debate, y, por cierto, en la solución, del problema de la concentración de los medios, pues incluye, la diversidad tanto en la propiedad, como en los contenidos. Es decir, las medidas contra la concentración de la propiedad de los medios (monopolios, duopolios u oligopolios), no asegura la diversidad de contenidos.

En el caso de Colombia, el Gobierno y la Fundación Social han propuesto un modelo de comunicación pública basado en 5 principios:

• Visibilidad.
• Inclusión.
• Participación.
• Equidad.
• Prevención.

"Pensar la comunicación como movilización social significa construir articulaciones colectivas de sentido, mediadas por los medios masivos y legitimadas por la actuación de las organizaciones sociales, para que actores sociales de diferentes procedencias y filiaciones puedan asumir concertadamente propósitos comunes de transformación de la sociedad" (Gobierno de Colombia/Fundación Social, 1999).

Los citados procesos de movilización social suponen:

1. Circulación suficiente y transparente de información.
2. Construcción y socialización de imaginarios que apunten a consolidar una voluntad común.
3. Inclusión de la información y los imaginarios en la agenda pública.

Con la intervención de diferentes actores:

1. Productor social, que aporta el sentido general del proceso y provee recursos.
2. Unidad editora, con capacidad técnica para diseñar y realizar materiales comunicativos.
3. Red de actores sociales, con sus propios públicos, capaces de movilizar audiencias particulares.

El modelo tiene una dinámica flexible en la relación institucionalidad pública y estatal – institucionalidad privada, aunque se trata de comunicación en un sentido público.

El tercer caso corresponde al del Gobierno de la República Oriental de Uruguay (1994-1995), en el cual ocurrió un fenómeno extensible, en mayor o menor grado, al resto de los casos latinoamericanos:

"La participación ciudadana en los procesos de desarrollo local, el debate en torno a asuntos que atañen a la sociedad civil e incluso el análisis del aparente distanciamiento de los actores locales en la toma de decisiones […] no había sido abordado aún en claves comunicacionales".

En estos escenarios, CAIRO (2002), nos presenta algunos debates claves en la relación entre las dimensiones del acceso y el uso de las tecnologías. Estos debates son fundamentales en el contexto del excesivo énfasis tecnológico de la participación, pues

"en cualquier asamblea el número de cuestiones a debatir y las opciones a tomar son necesariamente limitadas […] el problema del procesamiento y combinación de millones de datos de manera rápida y eficaz […] la posibilidad de aumentar radicalmente el número de integrantes de la comunidad política no es necesariamente una garantía de su integración" (2002:25).

En este mismo sentido, TSAGAROUSIANOU (1998) plantea que

"La democracia electrónica […] no puede, por si misma, democratizar las comunidades que la utilizan. La creación de espacios públicos, la articulación de puntos de vista y demandas, la formación de ciudadanos, requiere mucho más energía y compromiso e implicación de las bases en el debate público" (1998:176).

Por otra parte, WILHELM (2000) señala cuatro elementos necesarios para la existencia de un "ciberespacio democrático": la posesión de recursos anteriores, la inclusividad, la deliberación y el diseño. En efecto, resulta evidente que cualquier tipo de red no favorece la relación y la conectividad, y, por lo tanto, el acceso y la participación.

Junto al debate sobre el acceso y la toma de decisiones en los procesos de participación, debemos comprender que las actuales lógicas, particularmente las tecnológicas, producen transgresiones en los espacios públicos y privados y sus consecuencias exigen evaluar críticamente los mecanismos y repensar la composición de las comunidades, especialmente a partir de las dinámicas reticulares y ya no territorializadas.

Otra de las preocupaciones a partir de la relación entre tecnologías y acceso y participación es la necesidad de identificar ciertos parámetros claves, como el acceso a computadores, la infraestructura de entrada a la red y la adquisición de conocimientos e información.

De estos parámetros se desprenden ciertas variables claves para la discusión sobre el acceso, la toma de decisiones y la participación: clase social, género, edad, nivel educativo, etnia, idioma, zona-hábitat, convicciones políticas y religiosas, etc. (CAIRO, 2002:53).

Naturalmente la discusión sobre el uso de tecnologías y el acceso supone aspectos técnicos como (CAIRO, 2002: 55-60):

1. Equipamiento o hardware.
2. Infraestructura de acceso: calidad técnica (velocidad de acceso, volumen de datos posibles, protección y privacidad; modo de conexión, disponibilidad del servidor, etc.) y diseño de la estructura, intentando salir del modelo de difusión.
3. Lugar de acceso.
4. Conectividad a la red.
5. Disponibilidad de la información.
6. Objetivos y formas de aprendizaje.

Estos aspectos, por muy técnicos, son también fundamentales, pues la discusión sobre el acceso y la toma de decisiones, como dimensión, se enmarca en la lógica de las tecnologías, la cual ha sido incluida políticamente en la mayoría de los programas de "participación ciudadana" y de "democracias participativas".

Algunas de las preguntas que constituyen los actuales desafíos son:

• ¿Qué rol cumple el Estado en los procesos de participación?.
• ¿Cómo influye el modelo de de democracia vigente y las lógicas de centralización/descentralización en los procesos de participación?.
• ¿Qué relación existe entre:
• • Gobernabilidad y participación.
  • Gobernabilidad y empresa.
  • Gobernabilidad y voluntariado.
  • Empresa y voluntariado.
  • Empresa y participación.
  • Voluntariado y participación.
  • Gobierno y acceso de usuarios.
  • Gobierno y empresa.
  • Gobierno y formación masiva de capital humano.
  • Empresa y formación masiva de capital humano.
  • Empresa y acceso de usuarios.
  • Formación masiva de capital humano y acceso de usuarios.
• ¿Qué rol cumplen las tecnologías en los procesos de participación: modelo de mercado, modelo infocrático y modelo internet?.
• ¿Cuáles son las formas de participación de la gente?.
• ¿Qué espacios de participación se utilizan efectivamente: lugares, territorios simbólicos, etc.?.
• ¿Qué distinción se hace entre lo público y lo privado?.

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Dr. Carlos Del Valle Rojas

Periodista, Licenciado en Comunicación Social, Magíster en Ciencias de la Comunicación y Doctor en Comunicación y Periodismo. Director del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, Director del Magíster en Ciencias de la Comunicación e Investigador del Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER, de la Universidad de La Frontera (CHILE). Actualmente es docente de programas de Post Grado en la Universidad de Sevilla (España), la Universidad de La Frontera (Chile) y la Universidad Austral de Chile (Chile).

Académico

Universidad de La Frontera

Temuco-Chile

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