Comunicación, participación y el dilema existencial del Estado frente a las nuevas lógicas democráticas y ciudadanas

1. Resumen
2. Antecedentes
3. Crisis del modelo Estado-Nación. Centralismo y recentralización
5. La dimensión del discurso sobre la participación, la democracia y la ciudadanía: legitimación/resistencia; apropiación/expropiación
6. Procesos de participación en Chile: discursos de las experiencias gubernamentales y no gubernamentales
7. Algunas consideraciones finales: acceso, toma de decisiones, formas y niveles de participación
8. Bibliografía

Discursos y experiencias participativas en Chile

RESUMEN

La incorporación masiva de tecnologías de la información y la comunicación, el fortalecimiento de la institucionalidad y de los servicios públicos del Estado; el fortalecimiento de la ciudadanía, a través del compromiso cívico; el entrenamiento de las "comunidades emprendedoras", el aumento del grado de satisfacción de las personas con sus gobiernos, entre otros, son los valores que predominan en los principales discursos de carácter público sobre la "participación" en Chile.

El presente trabajo se centra principalmente en un ejercicio genealógico y crítico de los procesos de participación en Chile, a través de un análisis de los discursos públicos que sustentan las dos trayectorias de las experiencias participativas en Chile:

1. El programa de "Participación Ciudadana", instruido por el Gobierno Central y reproducido por los Gobiernos Regionales.
2. Los proyectos dirigidos por ONG’s, que actúan tanto a nivel metropolitano (Santiago), como a nivel regional (IX Región de La Araucanía).

ANTECEDENTES

En Chile los procesos de Participación han tenido un enfoque centrado fuertemente en la ciudadanía desde la perspectiva del Estado, principalmente porque han sido los propios Gobiernos los que han diseñado una política en esta dirección. En efecto, actualmente la experiencia participativa ha sido asumida recientemente por la Secretaría General de Gobierno, a través del programa de "Participación Ciudadana"6. Otras de las instituciones que han patrocinado los procesos participativos en Chile, han sido las Organizaciones No Gubernamentales, ONG’s, que actúan a nivel local, con fondos internacionales, y, habitualmente, asociadas más o menos críticamente a las políticas gubernamentales. Entre otras ONG’s e instituciones asociadas está "Participa"7.

La experiencia de "Participación Ciudadana" en Chile, surge a partir de un Instructivo Presidencial que establece un compromiso de los Ministerios, Servicios Públicos y Gobiernos Regionales para implementar la participación de los ciudadanos, además de una serie de otras medidas legislativas: Ley Nº 19.653, de 1999, sobre Probidad Administrativa de los Órganos de la Administración del Estado; Decreto Nº 26, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley Nº 19.880, de 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos de los órganos de la Administración del Estado. Este hecho marca no sólo una clara lógica estatal, sino también un procedimiento fuertemente presidencialista, centralizado y centralizador. En efecto, lo que hacen los Ministerios, Servicios Públicos y Gobiernos Regionales, más que compartir una filosofía de trabajo, es "cumplir" con ciertas instrucciones administrativas y legales

• "Buen trato, fundado en la dignidad de todas las personas y en el deber de servicio del sector Público.
• Transparencia en la gestión, a través de la mayor información y apertura a la ciudadanía.
• Igualdad de oportunidades para la participación, generando condiciones de acceso para los más vulnerables.
• Respeto a la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil, evitando toda forma de discriminación e instrumentalización" (INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL, GOBIERNO DE CHILE. La cursiva es personal).

Lo anterior se ratifica a través de una Ley de Participación Ciudadana, materializada en la Carta de Santiago, firmada del 22 al 23 de mayo de 2003. En ella se reconoce el distanciamiento existente entre los ciudadanos y las instituciones del Estado, planteando como necesario el establecimiento de procesos de participación "que involucren y reconozcan el aporte de todos los ciudadanos y ciudadanas". La Carta de Santiago constituye un esfuerzo de un grupo de "voluntarios" latinoamericanos por aunar criterios y políticas en torno al fortalecimiento, en primer lugar, del Estado y la gobernabilidad, proponiendo para el logro de ello la instalación de procesos de participación, coordinados fundamentalmente por las acciones voluntarias.

Genealógicamente, los procesos de "Participación Ciudadana" en Chile están vinculados directamente a iniciativas de incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC’s, a mediados de la década de los ‘90. Las primeras formas de "integración tecnológica" corresponden a experiencias en el ámbito universitario, tales como la Red Universitaria Nacional, REUNA, el Instituto de Informática Educativa, IIE de la Universidad de La Frontera; y el Departamento de Ciencias de la Computación, DCC, de la Universidad de Chile. Luego las experiencias tecnológicas se trasladan al sector público, principalmente a través del Ministerio de Educación y el Servicio de Impuestos Internos. Por su parte, en el ámbito privado destacan las experiencias de introducción tecnológica en los procesos productivos de la Compañía Telefónica de Chile, CTC, -hoy Telefónica CTC Chile, en el área de las telecomunicaciones; y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, en el sector productivo tecnológico industrial.

Una de las primeras acciones del Gobierno fue reunir a las distintas organizaciones (universitarias, públicas y privadas), que contaban con experiencias en la incorporación de tecnologías, para elaborar un "Proyecto País", el cual fue encomendado a la Comisión Presidencial de Nuevas Tecnologías de la Información (1998). Es evidente, como ya se ha mencionado, la clara lógica estatal, asociada a procedimientos fuertemente presidencialistas, centralizados y centralizadores.

Posteriormente, y siempre en la lógica de que la introducción masiva de tecnologías y acceso a las mismas supone participación, se desarrolla una "ofensiva digital", convocada desde el Discurso Presidencial de Ricardo Lagos (2000), cuyo propósito es la masificación del uso de las tecnologías, materializada en un aumento significativo de la población chilena usuaria de internet (de un 4% a un 12%). En la actualidad, los debates siguen orientados a lo productivo, pero con algunas discusiones relevantes sobre la alfabetización digital y la equidad en el acceso de la información.

Sin embargo, la discusión instalada sigue la lógica estatal, presidencialista, centralizada y centralizadora, pues a partir del año 2000 la coordinación de las políticas públicas en esta materia está a cargo del Comité de Ministros de Tecnologías de Información, integrado por los ministros asociados al sector tecnológico, económico, laboral, gubernamental, educativo y de telecomunicaciones. La agenda de trabajo de este Comité se sustenta en 5 ejes:

• Fomento al acceso.
• Gobierno electrónico.
• Incorporación de Nuevas tecnologías en las Empresas.
• Formación de Recursos Humanos.
• Información y Participación Ciudadana