Fondo zamorano
La idea de crear los fundos zamoranos surgió el 1 de enero de 2002. Ese día, el presidente Chávez decidió hacer su primer programa Aló, Presidente correspondiente a ese año, desde Táchira.
Las características del Fundo Zamorano el mismo consiste en la asociación en cooperativas de un grupo de personas que manifiesten la voluntad de trabajar la tierra, el Instituto Nacional de Tierras (Inti) les dota de un lote de terreno, los requerimientos mínimos para trabajar en el campo, les dicta charlas, adiestra y orienta para que las actividades agropecuarias sean exitosas. Apuntó este trabajador del campo que en el establecimiento agropecuario se están beneficiando 14 familias, todos productores y venezolanos de la misma parroquia, "en estos momentos tenemos un estimado de 100 hectáreas sembradas de frijol que ya estamos cosechando y que deben alcanzar una producción de 80 mil kilos de frijol".Con esta cosecha esperamos pagar el crédito de 89 millones de bolívares que nos concedió el Fondo de Desarrollo, Agropecuario, Pesquero forestal y Afines (Fondafa) el año pasado".Finalmente sostuvo el presidente de esta cooperativa, que en este año de 2004 solicitarán a Fondafa un crédito de 150 millones de bolívares para sembrar maíz o sorgo.
El Presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), Juan Carlos Loyo, dijo que desde la puesta en práctica de la Ley de Tierras se han entregado cerca de 4 millones de hectáreas a pequeños productores y medianos campesinos.
"Los títulos de adjudicación y de derecho de permanencia y las cartas agrarias que otorga la Ley de Tierras han permitido firmar en el campo venezolano cerca de 120 mil pequeños campesinos productores que en líneas generales ahora se incorporan al proceso productivo", indicó.
Durante los preparativos para el acto de entrega de instrumentos agrarios, créditos y tractores en el fondo zamorano Isaías Medina Angarita, Loyo explicó que la Ley de Tierras engloba la incorporación de la maquinaria agrícola, el financiamiento y el concepto de desarrollo integral que está planteado en la Constitución Nacional.
Aseguró que Venezuela está en la capacidad de hacerle frente al reto que representa la crisis alimentaria mundial. "No sólo estamos en capacidad, sino que además tenemos un fundamento de carácter ideológico, político y estratégico muy fuerte".
A su juicio, gran parte de la crisis mundial de la alimentación tiene que ver con un modelo de acumulación capitalista, "en donde los sucesivos intentos de especulación financiera han traído como consecuencia disturbios en ciertas ciudades del mundo".
En el caso de Venezuela, señaló que hay una mirada estratégica que consiste en que el campo debe sufrir un proceso de transformación con miras a crear el socialismo agrario. "El socialismo agrario no es más que ayudar al campesino, al productor y a aquel que ha ocupado las tierras y las está trabajando o las desea ocupar", especificó.
Desarrollo comunal
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y gestión con que cuenta nuestros municipios. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la comuna, promover iniciativas y proyectos destinados a la integración social, económica y territorial de los habitantes.
La siempre limitada disponibilidad de recursos humanos y financieros, frente a la magnitud y diversidad de tareas que deben enfrentar las Municipalidades, obliga a las autoridades y técnicos de la administración local a una permanente búsqueda de nuevos caminos para mejorar su gestión, incrementando los niveles de eficiencia interna y perfeccionando la capacidad de negociación con actores externos. Contribuciones importantes, en este sentido, han sido el desarrollo de la capacidad de análisis acerca de las posibilidades de desarrollo de las comunas y la creciente adopción de instrumentos de planificación como herramienta para una mejor gestión municipal.
La función pública en el ámbito local, consiste principalmente en adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes. Lo anterior significa dar prioridad a aquellas actuaciones municipales destinadas a superar las carencias, solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la comuna.
Es preciso tomar en cuenta que en el cumplimiento de los objetivos políticos y sociales asociados al desarrollo, generalmente, se involucra a instituciones y actores tan diversos como: gobiernos regionales, ministerios sectoriales, autoridades de municipios vecinos, servicios públicos con asiento en la comuna, empresarios locales, potenciales inversionistas internos y externos, juntas vecinales y organizaciones territoriales de diferente naturaleza.
Ambos factores, la capacidad de respuesta a las demandas sociales y la capacidad de generar una coordinación eficaz entre instituciones y actores, hacen indispensable para el sistema municipal la adopción de procedimientos de planificación y, en forma específica, de un Plan de Desarrollo consensuado que permita interpretar y dar respuesta oportuna a situaciones y sucesos que ocurran en el espacio comunal.
La instalación de nuevos procedimientos de planificación supone impulsar una reflexión sistémica acerca de las tendencias objetivas que se observan en el territorio comunal y que inciden en su desarrollo en el mediano y largo plazo. Dicha instalación de nuevos procedimientos debe traducirse en mayor coherencia y coordinación, vinculando la demanda social y los desafíos estratégicos con las capacidades de la administración municipal.
Principios Orientadores
De acuerdo a lo señalado en el texto guía del Ministerio de Planificación, el propósito y alcance del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) permite:
a) Anticipar situaciones futuras y admite la posibilidad de efectuar ajustes periódicos a las políticas y programas originalmente previstos;
b) Contribuye al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a las principales propuestas e iniciativas de desarrollo;
c) Constituye una "guía para la acción", que facilita la coordinación de las acciones del sector público y orienta las acciones del sector privado;
d) Permite vincular las decisiones cotidianas del municipio, con los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo;
e) Es una herramienta eficaz de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes que permiten derivar en presupuestos anuales bien fundamentados.
Bajo este enfoque, la planificación y gestión del desarrollo comunal debe ser entendida como un proceso continuo de análisis, reflexión y toma de decisiones, en el que concurren secuencias de naturaleza técnica, negociaciones políticas, intereses económicos y demandas sociales. La formalización de dicho proceso en un documento específico, tiene como principal motivo registrar los compromisos y acuerdos sociales que permitirán alcanzar los objetivos de desarrollo de la comuna.
En este contexto el Plan de Desarrollo Comunal, deberá ser:
1. Participativo: El Plan de Desarrollo Comunal debe propender a reflejar claramente las aspiraciones e intereses de la comunidad, a partir de una activa y organizada participación ciudadana. Presupone reconocer la diversidad de enfoques e intereses presentes en todo el grupo social, tanto al momento de identificar y caracterizar los problemas como al formular los lineamientos, políticas y programas destinados a impulsar el desarrollo productivo, social y territorial.
2. Coherente: El Plan de Desarrollo Comunal deberá procurar la articulación lógica de las directrices, políticas y programas que se desea impulsar, generando un conjunto consistente de "ideas fuerza", sin perderse en una descripción exhaustiva de aspectos secundarios de la realidad local. Esta articulación lógica es lo que se denomina coherencia interna del Plan, donde el análisis de problemas deberá guardar relación con los objetivos propuestos y estos últimos con los lineamientos estratégicos, políticas y programas de acción e inversión que se propongan.
El plan debe ser coherente con otros instrumentos de planificación y gestión que inciden en el territorio de la Comuna, lo que se conoce como coherencia externa del Plan. Entre otros: coherencia con la correspondiente Estrategia Regional, con los Planes Sectoriales, los Planes Reguladores Comunales y los Planes de los servicios traspasados de Educación y de Salud, e incluso, con los planes de otras comunas vecinas en materias que les son comunes.
3. Flexible: El Plan debe tener la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios políticos, sociales y económicos que afecten a la Comuna, de manera que sus contenidos concuerden con las situaciones que se dan tanto en su territorio, como en su entorno regional y nacional.
El principio de flexibilidad, hace del documento del Plan un instrumento de comunicación entre actores sociales, más que un fin en sí mismo. Lo importante entonces, es impulsar un proceso continuo de planificación–acción, evitando caer en aplicaciones rígidas e inmutables del contenido original del documento.
4. Estratégico: El desarrollo comunal es un proceso que se materializa en el mediano y largo plazo, en base a un juego dialéctico permanente de conflictos y alianzas entre actores sociales reales. En la planificación estratégica del desarrollo, si bien se requiere una adecuada comprensión del presente y reconocimiento de las tendencias históricas, lo verdaderamente importante radica en el reconocimiento e interpretación de los intereses que manifiestan los actores sociales y cómo estos se expresan y resuelven en un horizonte de largo plazo.
5. Operativo: Los PLADECO deben reconocer las prioridades y requerimientos de los habitantes de la Comuna, transformándolos en políticas y programas concretos, destinados a facilitar la toma de decisiones y guiar las actuaciones e inversiones, estableciendo una estrategia clara para dar cumplimiento a los objetivos y metas, mediante una eficiente coordinación con los organismos públicos y privados que poseen competencias e inciden en el desarrollo local.
En cuanto instrumento de coordinación y gestión, el PLADECO representa un acuerdo que recoge y ordena las principales iniciativas de acción, necesarias para lograr los propósitos estratégicos.
a) Desarrollo económico
La cercanía del Municipio a los agentes productivos locales genera un espacio interesante para la articulación y puesta en marcha de múltiples iniciativas relacionadas con el desarrollo de la capacidad productiva de bienes y servicios en la Comuna, entre ellas, impulsar directamente o a través de organizaciones no gubernamentales, programas específicos de apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, con la concurrencia de recursos y asistencia técnica externa.
Asimismo, desde la Municipalidad es posible inducir inversiones privadas en actividades relacionadas con el aprovechamiento de recursos locales, dando facilidades, promoviendo iniciativas o participando directamente en la construcción de infraestructura complementaria. El Plan de Desarrollo deberá analizar las posibilidades de desarrollo económico, derivado en propuestas que por sí solas estimulen la participación privada y generen la oportunidad de llevar a cabo acciones coherentes en este campo a través de la definición de políticas específicas, programas de asistencia técnica y fomento productivo e incluso iniciativas públicas para intervenir en apoyo a determinados proyectos privados.
b) Desarrollo social
Incluye todos aquellos aspectos relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Los temas específicos, en este ámbito, que serán abordados en el Plan de Desarrollo Comunal, son los siguientes:
Organización Comunitaria; Asistencia Social; Vivienda Social; Deporte y Recreación, Educación y Cultura.
c) Ordenamiento territorial
El ordenamiento territorial se refiere a la correspondencia que debe existir entre la forma de funcionamiento de las actividades productivas, la organización social y la forma en que se ha ido estructurando el espacio construido y las redes de enlace en la Comuna.
d) Seguridad Ciudadana
El Plan de Desarrollo Comunal, determina cuales son los problemas más graves en esta materia y propone pautas de solución que permitan conjugar voluntades en torno a una propuesta general. No obstante lo anterior, las acciones preventivas y correctivas son y seguirán siendo de responsabilidad de las instituciones especializadas.
e) Servicios a la comunidad
En el territorio de la Comuna diversas empresas privadas, públicas y mixtas se ocupan de dotar de infraestructura y prestar servicios a la comunidad en lo referente a telecomunicaciones, transporte público, distribución de energía, distribución de agua potable, evacuación de aguas servidas, recolección de basuras y conservación de áreas verdes.
Sin perjuicio de los planes específicos que desarrolle cada empresa, el Plan de Desarrollo Comunal debe proponer y aplicar un conjunto coherente de políticas destinadas a asegurar la prestación de servicios modernos y eficientes con cobertura suficiente para atender las necesidades de toda la población.
f) Medio Ambiente
En estrecha correspondencia con las políticas para el desarrollo económico y social de la Comuna. El Plan de Desarrollo Comunal debe pronunciarse y dictar normas acerca de la protección del patrimonio natural y la calidad del medio ambiente tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Además, debe definir programas para la prevención de riesgos frente a eventuales amenazas naturales, para el control de la contaminación y de las plagas que afecten a la población.
Creados a partir de otras organizaciones de base que comenzaron a operar en Venezuela desde 1998, tales como los Círculos Bolivarianos y los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), los Consejos Comunales tienen como objetivo organizar y darle poder efectivo a los sectores populares de esa nación. En abril de 2007, el Poder Legislativo (Asamblea Nacional), aprobó la Ley de los Consejos Comunales que regula el funcionamiento de estas células organizativas, en términos operativos, logísticos y también fijando los mecanismos para entregarles directamente los recursos del presupuesto público anual.Los Consejos Comunales pueden estar integrados por los habitantes de una comunidad, siempre que sean mayores de 15 años. La comunidad, para saberse parte de un Consejo Comunal, debe tener una historia colectiva, sus miembros deben ser vecinos y utilizar los servicios públicos de un ámbito local. Sin embargo, los límites geográficos de cada Consejo son establecidos en una Asamblea de Ciudadanos. En promedio, cada Consejo debe agrupar en un territorio entre 200 a 400 familias en áreas urbanas, a partir de 20 en áreas rurales y 10 en el caso de las comunidades indígenas. La base poblacional también es decidida por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de acuerdo con las particularidades de cada comunidad. Los Consejos se conforman con la elección, en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de la Comisión Promotora que se convierte en la instancia encargada de convocar, organizar y conducir la Asamblea Constituyente Comunitaria donde se elegirán los voceros y voceras del Órgano Ejecutivo, la Unidad de Gestión Financiera y la Unidad de Contraloría Social, que es la que fiscaliza, controla y supervisa el manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el Consejo. La mayor parte de estos recursos provienen del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), junto a las transferencias específicas realizadas desde el Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías. De aprobarse el proyecto de reforma constitucional este 02 de diciembre, a partir de 2008 se destinaría un mínimo del 5% del presupuesto nacional para los Consejos Comunales, mientras que las gobernaciones y alcaldías estarían obligadas por mandato constitucional a transferirles competencias y recursos a las comunidades organizadas. También el referido proyecto de reforma contempla que los consejos (las comunas) serán la unidad básica del territorio y de la nueva geometría del poder, que consiste en un proceso de reorganización geográfica, política, económica y social del conjunto de la República. Así, el artículo 136 de la reforma señala que "el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular", estableciendo como un nuevo poder público (junto con el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral y el Moral) aquel devenido del conjunto de los Consejos Comunales que funcionen en todo el país. Hasta la fecha, se han organizado en Venezuela 35 mil Consejos Comunales en el escaso periodo de 1 año y medio, habiéndose acentuado su conformación desde que el 11 de enero de 2007 el presidente Chávez, al momento de tomar nuevamente posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, anunciara que el proceso bolivariano comenzaría a orientarse a partir de cinco ejes de acción (los llamados motores). Entre los denominados Cinco Motores Constituyentes (que son las grandes líneas transformadoras del proyecto sociopolítico venezolano, en lo político, social, económico, militar, territorial, internacional y ético), se halla la llamada explosión del Poder Comunal. [Los otros motores serían la Ley Habilitante; la reforma de la Constitución; la promoción de la educación con valores socialistas y la mencionada nueva geometría del poder o reordenamiento socialista de la geopolítica de la nación]. En vista del decurso político venezolano, no se prevé que esta eclosión del Poder Comunal se detenga, pues distintos voceros del Gobierno y representantes de Consejos Comunales de Caracas han señalado que podrían llegar a 50 mil a mediados de 2008.Con todo y en su breve tiempo de andadura, la organización popular levantada por los Consejos Comunales a manera de cuadros (políticos y de gestión) ha demostrado que el pueblo es capaz de manejar y administrar eficientemente los recursos y de dar mejores resultados en menor tiempo que las instituciones privadas, las empresas o las propias instituciones del Estado. En la actualidad, el nexo institucional que comunica a los Consejos con el poder constituido es el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, creado a inicios de 2007 y con el que aquellos trabajan coordinadamente.
Mucho antes de la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales, diversas comunidades de todo el país se venían conformando en torno a estas organizaciones que tienen como finalidad darle a la población venezolana participación y protagonismo político y social. Y es que la idea de los Consejos Comunales tuvo una excelente acogida por parte de los venezolanos, sobre todo aquellos de escasos recursos quienes habitan en los barrios de las ciudades y pequeños poblados de toda Venezuela.La razón es muy sencilla: estas instancias de participación popular permiten a los ciudadanos el acceso directo tanto a las decisiones políticas como al financiamiento de sus proyectos a fin de solucionar los diversos problemas que tienen que confrontar. A pesar de que no se había aprobado la Ley de los Consejos Comunales, la conformación de estas organizaciones ya estaba contemplada en la Ley de los Consejos Locales de Planificación. Sin embargo, aún quedaba por definir cuales serían las funciones y atribuciones de estos consejos, razón por la cual se hacía indispensable la elaboración de este nuevo instrumento jurídico que diera forma y consistencia a estas instituciones del Poder Popular.A pesar de las muchas críticas provenientes de los sectores que aún se niegan a entregar poder a la ciudadanía, el presidente Chávez firmó el ejecútese de la Ley que a juicio demostrará "lo que es capaz de hacer el pueblo venezolano, los consejos comunales serán ejemplos de buena organización, transparencia y lucha contra la corrupción (…) para que se deje de creer eso de que hay que ser PHD o doctor para hacer buena administración".En tal sentido, consultamos las experiencias de Consejos Comunales que se habían constituido, siguiendo la exhortación que había realizado el presidente Chávez de congregarse en torno a estas organizaciones. Es de resaltar, que desde el inicio de su conformación han contado con todo el apoyo de las autoridades nacionales, regionales y locales, las cuales han estado a la altura del compromiso que tienen con el país.
Es una explotación agrícola de grandes dimensiones, caracterizada además por un uso ineficiente de los recursos disponibles. La extensión necesaria para considerar una explotación latifundista depende del contexto: en Europa un latifundio puede tener algunos cientos de hectáreas. En Latinoamérica puede superar fácilmente las diez mil.
Aparte de la extensión, existen otros elementos característicos: bajos rendimientos unitarios, "subutilización" de la tierra, baja capitalización, bajo nivel tecnológico, mano de obra empleada en condiciones precarias y, en consecuencia, con bajo nivel de vida. El latifundismo ha sido tradicionalmente una fuente de inestabilidad social, asociada a la existencia de grandes masas de campesinos sin tierras. Para solucionar los problemas originados por los latifundios, se han probado diversas fórmulas, dependientes del tipo de gobierno en el que se encontraban: desde el cambio de estructura de la propiedad (reforma agraria), con expropiaciones incluidas, hasta la modernización de la explotación.
La vigorosa decisión del Presidente Hugo Chávez de profundizar la revolución bolivariana mediante el combate franco al latifundio para hacer efectiva la reforma agraria en favor de millones de campesinos, está siendo aprovechada por los adversarios del proceso de cambios para perfilar otro escenario de ataques y acciones contrarrevolucionarias. Tanto el imperialismo como la oligarquía aliada, agitan la bandera de la defensa de la propiedad privada para orquestar otra infame campaña de descrédito y desestabilización del Gobierno Nacional. Es en efecto lo que ya está ocurriendo. Eso era inevitable y el combativo discurso del Primer Mandatario el domingo 25 de septiembre de 2005, en el recuperado Hato La Marqueseña –con un 80% de su extensión improductiva-, en el municipio Alberto Arvelo Torrealba, refleja la intensidad de la pulsión social implicada en la guerra contra el latifundio improductivo.
El cuadro de la concentración de la propiedad agraria en nuestra nación es aberrante y dramático. Antisocial y antihistórico. Es una verdadera vergüenza y una afrenta a la civilización moderna.
En Venezuela se tiene un promedio de 24 millones de hectáreas como latifundio, según el censo agrícola de 1998. Han sido detectados 317 fundos con las características de latifundio, de los cuales hay 3 millones 700 mil hectáreas que lo conforman. En Apure se han declarado latifundios a los predios "La Bendición Ramera", "Los Cocos", "El Frío", "San Pablo Paello" y "Jobito" y en Cojedes: "Paraima" (con la media bobada de 52.000 hectáreas), "Piñero", "El Charcote", "La Yeguera", "Guamontey-Altos de Buena Vista", "San Inacio" y "Borges".
En la transición hacia el Socialismo del siglo XXI, las medidas de reforma agraria implementadas por el Presidente Chávez no pueden asimilarse con acciones radicales para extirpar relaciones sociales de producción donde aún permanecen formas de apropiación de plusvalía por la explotación del trabajo asalariado, como lo quiere hacer ver la oligarquía terrateniente y el imperialismo en la campaña mediática orquestada a propósito de la estrategia agraria gubernamental. Eso es una falacia y un acto demagógico que pretende generar la histeria entre las clases intermedias de la sociedad para inducir un comportamiento político conservador y reaccionario.Aceptada la coexistencia con relaciones capitalistas de producción en el actual periodo de transición, lo cierto es que las acciones emprendidas en el campo agrario van a favorecer, en el corto y mediano plazo, las estructuras económicas entramadas con el capitalismo, gracias al incremento de la producción de alimentos y al abaratamiento de la canasta familiar por la mayor disponibilidad de productos con origen agrario. La reforma agraria va a mejorar sustancialmente la capacidad adquisitiva de los salarios y el incremento de la productividad en la propia empresa capitalista. Esa es la realidad. Por eso es tan aberrante la supervivencia del latifundio y los terratenientes, con toda la parafernalia política, ideológica y cultural que le acompaña.
Esa es una verdad tan vieja como el capitalismo. Basta con mirar la historia de los Estados Unidos o la de Alemania o la de China para llegar a tal conclusión.
Por supuesto que en nuestro caso lo ocurrido en el campo agrario no está disociado del objetivo del Socialismo como forma superior de organización económica, social y política.
El hecho de que tengamos que convivir con relaciones capitalistas y hasta feudales de producción, no le resta fuerza a la capacidad transformadora del proyecto bolivariano que lidera el Presidente Chávez en la perspectiva del Socialismo del Siglo XXI.
El Siglo XXI es una meta, es un norte que tenemos que alcanzar pero procediendo con inteligencia y método. No es a las patadas y sin un campo adecuado de racionalidad. Para decirlo con palabras de Lenin, cada paso que se avance debe considerar siempre las correlaciones de fuerza y los contextos sociales nacionales e internacionales. Proceder de otra manera es poner a nuestro pueblo a merced de las viejas oligarquías y el imperialismo, que viven al acecho para aplastar la marcha revolucionaria.
La Gran Revolución burguesa de Francia, que levantó como bandera la Libertad, la igualdad y la fraternidad, al mantener vigente el "el sagrado derecho de propiedad" ,dejó en pie el orden feudal y en consecuencia sus tres consignas fundamentales quedaron en letra muerta del orden jurídico burgués. Sólo que el señor feudal se transformó en terrateniente. Fue entonces que por la dinámica misma de los procesos históricos, en la medida en que el Sistema Capitalista se desarrollaba, los latifundios se levantaron como murallas para impedir el avance capitalista; por eso es que en los países capitalistas desarrollados, sobretodo, en donde el capitalismo se hizo imperialismo, los latifundios son inexistentes y únicamente tienen carta de ciudadanía y de privilegio, entre los pueblos y países subdesarrollados y dependientes. Como se ve, la Causa principal del hambre, la miseria y la ignorancia es el latifundio .Hoy la humanidad entera tiene ante si dos Enemigos perversos: El Imperialismo y el Latifundio .El primero por su agresividad y su ambición de apoderarse de las riquezas naturales de las naciones débiles, como los minerales y el segundo porque es una rémora que se levanta para cerrarle el paso al desarrollo y al progreso.No hay razones lógicas para que existan latifundios y por tanto la propiedad privada sobre la tierra y sus recursos, debe darle paso al trabajo colectivo y a la apropiación colectiva, eliminar la explotación del trabajo por individualidades. En definitiva el agua, el aire y la tierra son bienes para el disfrute de todos los seres vivientes y no objetos de compraventa o de apropiación individual., como lo ha impuesto el Capitalismo.
El Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular (Minep), nombre con el cual se dio a conocer en sus inicios, es creado el 16 de septiembre del año 2004, como instancia coordinadora de las políticas, programas e instituciones orientadas a la transformación del modelo económico capitalista dependiente por un modelo de economía social, cogestionaría y sustentable. Su objetivo transversal es la consolidación de la Misión Vuelvan Caras, así como la rectoría de las políticas vinculadas al desarrollo endógeno y la coordinación con el conjunto de actores socio productivos de los ejes y los polos de desarrollo.
El Minec abre definitivamente, la etapa para avanzar en la transformación nominal de Estado de Derecho, capitalista e individualista, hacia la creación de un verdadero Estado de Derecho y de Justicia, social y democrático participativo, basado en una nueva cultura colectivista, frente a la cultura individualista del mercado.
Para ello, el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal (Minec), debe garantizar la implementación y articulación de los Núcleos de Desarrollo Endógeno (Nude) y los ejes de desarrollo; la inserción y articulación de las cooperativas; la coordinación de una serie de instituciones de formación profesional, desarrollo rural, micro financiamiento y cooperativismo; y las relaciones con el resto de actores del entramado socio productivo de cada una de las áreas o regiones en desarrollo. Es así, como el Minec es el ente encargado de ejecutar las políticas para la transformación integral de las relaciones económicas y de desarrollo, incluyendo a los actores capitalistas tradicionales.
Por esto, el despliegue de las nuevas políticas requiere de una compleja articulación interinstitucional entre actores sociales e instituciones de diversa naturaleza: oficinas públicas de desarrollo social y económico, misiones bolivarianas, autoridades locales y pequeña y mediana empresa; así como las comunidades organizadas sujetos del desarrollo endógeno y las nuevas cooperativas surgidas en el marco de la Misión Vuelvan Caras.
Esta institución se ha mantenido en la vanguardia de los cambios necesarios para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo con bases fundamentadas en el socialismo, es por ello que en el 2007 según el Decreto 5.246 de la Gaceta Oficial número 38.654 el Minep cambio de nombre oficial a Ministerio del Poder Popular para la Economía COMUNAL (Minec), dotando a este brazo gubernamental de un sentido más propio a los fines de la nación.
Nuestra Misión consiste en la coordinación y planificación de políticas dirigidas a fomentar el surgimiento de emprendedores y contribuir a la construcción de microempresas, cooperativas y unidades de producción autosustentables que aporten bienestar a la colectividad en general.
Dignificar el trabajo productivo y mejorar la calidad de vida de las familias venezolanas.
Fortalecer la política micro financiera, orientando la entrega de microcréditos de forma coordinada con los entes adscritos al MINEC, focalizando el esfuerzo en torno al fortalecimiento y consolidación de los Núcleos de Desarrollo Endógeno.
Visión
Nuestra Visión es, conjuntamente con todas la instituciones, integrar los objetivos para ocupar equilibradamente todo el territorio nacional con población, infraestructura, servicios y actividades productivas, es decir, impulsar la descentralización desconcentrada.
Objetivos
Dignificar el trabajo productivo y la calidad de vida de las familias venezolanas.
Fortalecer la política micro financiera, orientando a la entrega de microcréditos de forma coordinada y focalizando el esfuerzo en torno a los Núcleos de Desarrollo Endógeno.
Poner en práctica el concepto de Economía Comunal integrado en la Constitución Bolivariana.
Promover mecanismos de democratización de la riqueza, combatiendo las visiones neoliberales y privatizadoras que generan el subdesarrollo.
COMPETENCIAS
De acuerdo con el artículo 24 del decreto número 3. 464 con fuerza de Ley Sobre Organización y Funcionamiento del Administración Pública Central, publicado en Gaceta Oficial el 10 de febrero de 2005, son competencias del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal:
La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de participación ciudadana en el ámbito de la economía comunal;
Realizar el análisis de la gestión de la economía comunal en el país y formular recomendaciones a los órganos y entes competentes;
La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en lo atinente a las normas operativas e instrumentos de promoción, autogestión y congestión de la población en el marco de la economía del Estado, que armonice la acción de los entes involucrados en tal política sectorial, y el uso eficiente de los recursos destinados al financiamiento correspondiente;
Participar en la elaboración de los planes y programas tendentes al desarrollo de la economía participativa en todas sus expresiones;
Definir los mecanismos para la participación del sector público y privado en la planificación y ejecución de planes y programas relacionados con el desarrollo de la economía comunal. En este sentido, servirá de enlace entre los entes involucrados y las iniciativas populares cuando las circunstancias así lo requieran;
Impulsar el desarrollo del sistema microfinanciero en actividades tendentes al desarrollo de la economía comunal;
Propender al desarrollo de las actividades de comercialización y explotación en todos los sectores vinculados a la economía comunal, con especial énfasis en el sector rural;
Definir las políticas para los programas de capacitación en áreas determinantes para el desarrollo de la economía comunal, en especial, la adquisición de conocimientos técnicos para el procesamiento, transformación y colocación en el mercado de la materia prima;
Establecer las políticas para el fomento de la economía comunal, estimulando el protagonismo de las cooperativas, cajas de ahorro, empresas familiares, microempresas y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo el régimen de propiedad colectiva sustentada en la iniciativa comunal;
La evaluación, supervisión y control de las actividades de los entes que le están adscritos;
Establecer las políticas, directrices y mecanismos para la coordinación de las acciones de los entes que le están adscritos. En este sentido, formulará las políticas sectoriales de asignación de recursos, así como controles de gestión y recuperación de los créditos otorgados;
Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.
Contraloría social
Contraloría social comunitaria
Es el proceso de participación de los ciudadanos y ciudadanas en las actividades de prevención, seguimiento y supervisión de los acuerdos, planes, proyectos, obras que el gobierno o los actores sociales realizan en la comunidad. Esta existe con la finalidad de evitar la corrupción y el desvío de los recursos, así como que los propios vecinos y vecinas, luchadores y luchadoras sociales, líderes comunitarios, voceros y voceras hagan las cosas como deben hacerlas. .
Contraloría social
Esta contraloría consigue evitar que las obras de la comunidad se hagan mal; que los recursos que recibe un consejo comunal para una determinada obra no sean desviados para otros fines; que los materiales que se compren sean los más baratos pero con la calidad requerida; que la obra se ejecute hasta el final y no quede a medio camino. La contraloría social permite dar seguimiento a las actividades administrativas y de funcionamiento ordinario del consejo comunal en su conjunto. Es el medio para ejercer el control, fiscalización y vigilancia de la ejecución del plan de desarrollo comunitario. Permite prevenir a tiempo irregularidades, desviaciones de los recursos destinados a obras, servicios, programas y proyectos sugiriendo cómo corregirlas.
Contribuye al cumplimiento de las leyes y procedimientos en la ejecución de las obras, servicios, programas y proyectos financiados con fondos públicos. Incentiva la confianza ciudadana en la incorporación social a la vigilancia sobre los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la colectividad.
La contraloría social no es un tribunal que va a dictar sentencia buscando la condena de los implicados en una acción indebida y no debe ser una acción de mera crítica destructiva. Por el contrario, lo que se busca con ella es ayudar a señalar los errores cometidos y sugerir la forma de superarlos. Busca que las cosas se hagan de manera óptima.
Para hacer una buena contraloría social se requiere:
Transparencia y disposición a rendir cuentas por parte de quienes ejecutan la actividad que debe someterse a control.
No puede haber contraloría social sin transparencia, es decir, sin que la comunidad tenga la máxima información acerca de la actividad que se va a realizar.
Sin información veraz, oportuna y adecuada no puede haber contraloría social.
Debe existir, por ejemplo, en un proyecto de infraestructura información sobre:a. el proyecto y los plazos en que éste debe ejecutarse,
b. los recursos que se necesitan,
c. los precios
d. la calidad de los materiales requeridos,
e. los requerimientos en mano de obra y otros.
La contraloría social nos trae como resultado:
a. Eficiencia
Se gana eficiencia. Es decir, se hace un uso óptimo de los recursos con que se cuenta, sea monetarios, materiales o humanos, para cumplir los objetivos planteados.
Hay que distinguir entre eficiencia y eficacia. Se es eficaz cuando se logra cumplir la tarea propuesta, pero sin medir necesariamente los costos de ese resultado. Se cumple con las metas cueste lo que cueste. Se construye, por ejemplo, el número de casas estipulado en el plan, pero sus terminaciones son tan malas que pronto empiezan a resquebrajarse sus muros.
Se cumple con la misión de pintar un muro antes de determinada fecha, pero como no se logra encontrar la pintura adecuada, se termina pintando un muro poroso con una pintura de laca que impide la respiración del muro. El muro se pinta, se cumple la meta, pero a las dos o tres semanas la pintura se empieza a caer porque esa pintura no podía adherir sobre el poroso material del muro.
b. Disminución de la corrupción, explotación y discriminación
Una actitud vigilante de los vecinos y vecinas organizados evita que se desvíen recursos, que se explote a los trabajadores, que se otorgue privilegios a unos en desmedro de otros. Se garantiza el cumplimiento de los planes y el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la comunidad. Se garantiza el respeto de la legalidad, comprobación y corrección de la veracidad de los informes sociales. Se asegura el desempeño diligente y la conducta honesta de los funcionarios, empleados públicos y organizaciones sociales.Se detectan a tiempo las fallas o desvío de recurso destinados a la comunidad.
c. Crecimiento humano de quienes ejercen la contraloría
Las personas que participan activamente en la contraloría social adquieren mayor confianza en sí mismas, crecen como personas, se auto desarrollan.
¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA UNIDAD DE CONTRALORIA SOCIAL?
"La unidad de Contraloría Social es un órgano conformado por cinco (5) habitantes de la comunidad, electos o electas por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas para realizar la contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal, así como sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal." (Artículo 11. LCC)
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE La CONTRALORIA SOCIAL?
1. Dar seguimiento a las actividades administrativas y de funcionamiento ordinario del Consejo Comunal en su conjunto.
2. Ejercer la coordinación en materia de contraloría social comunitaria.
3. Ejercer el control, fiscalización y vigilancia de la ejecución del plan de desarrollo comunitario.
4. Ejercer el control, fiscalización y vigilancia del proceso de consulta, planificación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos comunitarios.
5. Rendir cuenta pública de manera periódica, según lo disponga el Reglamento de la presente Ley. (Artículo 23 de la Ley)
El término capitalismo de Estado es multívoco y su utilización ha variado históricamente. Dependiendo del concepto de capitalismo al que se adscriba, y del sentido con que éste se utilice, sea sustantivado o adjetivado al Estado como término principal, variará la definición resultante y su posible utilización, así como la intencionalidad ideológica y retórica de la misma.
El concepto de "capitalismo de Estado" se ha utilizado generalmente en esta tercera acepción como analogía a alguna de la características propias de la definición de capitalismo liberal o burgués como sistema en el cual el sector de los poseedores de bienes de capital aprovecharían el mayor valor vital del recurso formando una clase económica predominante dentro de la sociedad. Así se describiría como "capitalismo de Estado" la intervención de la burocracia política con el fin de apropiarse del rol de "capitalista" en mayor o menor medida.
Esta utilización negativa del término "capitalismo" choca con aquella positiva que considera al capital como dependiente del trabajo y cuya función productiva está orientada de forma cooperativa a los intereses del consumo privado de los asalariados. Dentro de este último enfoque las empresas estatales no dependen de fomentar la utilidad del capital mediante el intercambio voluntario de recursos externos ya que se apropiarían coactivamente de los mismos junto con el trabajo, y por ende perderían así el carácter de capitalistas.
La adopción o rechazo de esta utilización del término deriva de la consideración que se tenga del carácter libre del mercado, o bien de la opinión acerca de la existencia de un mercado real en el régimen de propiedad propio del capitalismo.
El bolchevismo -o socialismo de Estado- y el capitalismo de Estado. Como he intentado sugerir, tienen puntos en común, y, en algunos aspectos muy interesantes, difieren del ideal liberal clásico y de su posterior evolución hasta convertirse en el socialismo libertario. Dado que me ocupo de nuestra sociedad, permítanme que haga unas observaciones, bastante elementales, acerca del papel del Estado, de su probable evolución y de los supuestos ideológicos que acompañan a esos fenómenos y, a veces, los disfrazan. Para empezar, podemos distinguir dos sistemas de poder: el político y el económico. El primero lo constituyen, en principio, unos representantes que elige el pueblo para que decidan la política pública; el segundo, también en principio, es un sistema de poderes privados -un sistema de imperios privados- que están exentos del control del pueblo, excepto en aquellos aspectos remotos e indirectos en los que incluso una nobleza feudal o una dictadura totalitaria deben responder a la voluntad popular. Esa organización de la sociedad tiene varias consecuencias inmediatas. La primera es que, de una manera muy sutil, induce a gran parte de la población, sometida a decisiones arbitrarias tomadas desde arriba, a aceptar la mentalidad autoritaria. Y, en mi opinión, eso tiene un efecto muy profundo sobre el carácter general de nuestra cultura, que se manifiesta en la creencia de que hay que obedecer órdenes arbitrarias y plegarse a las decisiones de la autoridad. Y, también en mi opinión, uno de los hechos más notables y apasionantes de los últimos años ha sido la aparición de movimientos juveniles que se enfrentan a esas pautas de conducta autoritaria e incluso empiezan a resquebrajarlas.
La segunda consecuencia importante de esa organización de la sociedad es que el ámbito de las decisiones sujetas, en teoría, al menos, al control democrático popular es muy reducido. Por ejemplo, en principio, quedan excluidos legalmente de él las instituciones fundamentales de cualquier sociedad industrial avanzada, es decir, los sistemas comercial, industrial y financiero en su totalidad.
Y la tercera consecuencia importante es que, incluso dentro del reducido ámbito de las cuestiones que se hallan sometidas, en principio, a la toma de decisiones democrática, los centros privados de poder pueden ejercer, como bien sabemos, una influencia desproporcionadamente grande utilizando métodos que resultan obvios, como el control de los medios de comunicación o de las organizaciones políticas, o, de un modo más sencillo y directo, por el simple hecho de que, habitualmente, las figuras más destacadas del sistema parlamentario proceden de ellos. El reciente estudio realizado por Richard Barnet acerca de las cuatrocientas personas que han decidido las políticas del sistema nacional de seguridad estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial demuestra que la mayor parte de ellas "procedían de despachos de altos ejecutivos o bufetes de abogados situados en quince edificios -que se hallaban a tan poca distancia los unos de los otros que esas personas hubieran podido llamarse a gritos- repartidos por Nueva York, Washington, Detroit, Chicago y Boston". Y todos los demás estudios al respecto llegan a las mismas conclusiones.
El sistema democrático tiene un ámbito de actuación muy reducido en la democracia capitalista, e incluso dentro de ese ámbito tan reducido su funcionamiento se ve tremendamente obstaculizado por las concentraciones de poder privado y por la manera de pensar autoritarias y pasivas que inducen a adoptar las instituciones autocráticas, como las industrias. Aunque sea una perogrullada, hay que subrayar constantemente que el capitalismo y la democracia, en último extremo, son incompatibles. Creo que un estudio cuidadoso de la materia reforzará aun más esa conclusión. Tanto en el sistema político como en el industrial tienen lugar procesos de centralización del control. Por lo que al sistema político se refiere, en todos los sistemas parlamentarios, y el nuestro no es una excepción, el papel de las cámaras en la toma de decisiones políticas ha menguado desde la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, la importancia del poder ejecutivo ha ido aumentando en la misma medida en la que eran cada vez más significativas las funciones de planificación del Estado. Hace un par de años el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes describió el papel del Parlamento estadounidense como el de "un tío a veces gruñón, aunque en el fondo bondadoso, que se queja mientras da furiosas caladas a su pipa, pero que al final, como todo el mundo esperaba, cederá (…) y concederá el dinero que se le pide".
Un estudio cuidadoso de las decisiones civiles y militares tomadas desde la Segunda Guerra Mundial demuestra que esa descripción es, básicamente, correcta. Hace veinte años, el senador Vandenberg manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos pudiera convertirse "en el principal señor de la guerra del mundo". Eso ya ha ocurrido. Lo demuestra la decisión de iniciar la escalada militar en Vietnam, tomada en febrero de 1965 y que despreciaba cínicamente la voluntad expresada por el electorado. Ese incidente hace patente con toda claridad el papel del pueblo en la toma de decisiones acerca de la guerra y de la paz, así como acerca de las líneas principales de la política general; y también hace patente la irrelevancia de la política electoral a la hora de tomar decisiones de política nacional.
Los antecedentes más cercano del capitalismo de Estado en Venezuela ocurrió durante el frenesí que representó la Gran Venezuela, entre 1974 y 1978, cuando el rol del Estado en la economía se expandió hasta alcanzar dimensiones desconocidas, todo lo cual resultó en un fracaso monumental que dejo a Venezuela con cementerio de empresas públicas en bancarrota y con una deuda externa que conspiraba contra la viabilidad de las finanzas públicas.
En la medida en que ha transcurrido la implementación de la política económica y las regulaciones, se ha clarificado el rumbo estratégico estatista que está tomando la economía venezolana, el cual apunta hacia la redefinición del papel del Estado no solamente como diseñador de las políticas públicas, distribuidor de la renta y promotor de las actividades económicas sino también como capitalista propiamente, es decir, vendiendo mercancías para obtener ganancia.
Un indicador refleja claramente el peso que ahora tiene el Estado en la economía venezolana: en 1998 el gasto público representaba el 21% del PIB mientras que en 2006 ese índice alcanzó 36%, si se incluye el gasto del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
En el centro de este sistema de capitalismo de Estado se ubica un conglomerado de cinco estamentos fundamentales a cuya cabeza está PDVSA, una vez redefinido su rol no solamente como empresa productora y comercializadora de petróleo sino también como bisagra para la ejecución de la política social y sus nuevas funciones como propietaria de la CANTV y la Electricidad de Caracas.
El segundo tramo lo ocupa una redimensionada Corporación Venezolana de Guayana (CVG) junto a empresas manufactureras, con su ámbito accionario en empresas propias y mixtas que abarca desde la producción de aluminio y hierro hasta la fabricación de viviendas, pasando por el manejo y explotación de bosques, a través de empresas como Alcasa, Venalum, Bauxilum, Ferrominera, Alunassa, Ferrocasa y Proforca y Veneiran para la fabricación de vehículos y tractores, entre otras.
El tercer componente lo representa la cadena de comercialización de productos alimenticios Mercal, que al cierre de 2006 contaba con aproximadamente 13.000 establecimientos con una cuota de mercado superior al 15%.
El cuarto elemento lo representa la red de plantas de televisión, radios y medios impresos, agrupada a partir de Venezolana de Televisión, Vive TV, ANTV, TEVES y Telesur, la Radio Nacional de Venezuela y demás cadenas comerciales públicas y emisoras comunitarias. También se incluyen los diarios oficiales y oficiosos existentes en el país cuyo financiamiento corre a cargo del erario público, de una forma u otra.
El quinto sector es el financiero y está constituido por el Banco Industrial de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco de Desarrollo (Bandes), el Fonden, Banfoandes, el Banco de la Vivienda y Hábitat, el Banco del Pueblo Soberano, el Banco de la Mujer y el Banco Agrícola y demás entes financieros del Estado. La ampliación del papel del Estado está envolviendo también la prestación de servicios mediante líneas áreas propiedad del Estado como lo es Conviasa, la empresa de turismo Venetur, cadenas de hoteles, la creación de compañías de transporte interurbano y el proyecto para que el Estado se haga con el control de Ávila Mágica, ente a cargo de la administración del Teleférico de Caracas.
Portafolio de los inversionistas del mercado financiero global
Los fondos de inversión no sólo deben visualizarse como un producto que existe en el mercado financiero. Cada vez será más complicado estandarizarlos, tal y como sucede con otro tipo de productos, como las tarjetas de crédito.En el proceso de diseño de un fondo, primero se establece el mercado objetivo del producto. El mercado dicta las características que debe tener para satisfacer las necesidades que demanda. Para ello se utilizan los focus group, que funcionan tanto en investigación interna como externa. Es decir, involucran a la fuerza de ventas y al cliente. Estudiar la experiencia de otros productos con situaciones similares al entorno mexicano también es válido.Una vez que tenemos establecido el producto que queremos ofrecer, el siguiente paso es diseñar el prospecto de información al público inversionista, documento que debe estar autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que especifica aquello con lo cual el producto va a funcionar y a cumplir. El área de inversiones se conoce como el asset management del fondo, que tiene un papel fundamental porque, junto con el área comercial, determina cuáles serán los parámetros que tendrá: los máximos y mínimos para las clases de activos que conforman el mercado. La creatividad, el ingenio y la innovación tendrán que venir desde el punto de vista comercial. Al área de inversiones le corresponde diseñar el portafolio del fondo para cumplir el objetivo para el cual fue hecho. También se dedica a buscar ese objetivo y no cambia a menos que el fondo se modifique. Si el fondo se plantea una estrategia a cumplir en el corto plazo con cero volatilidad o cercana a cero (que no presente sorpresas de alzas o bajas en el precio) y que tenga cierto rating o calificación, entonces vamos acotando el universo del tipo de instrumentos que tendrá el portafolio.Para decir cuál es el portafolio ideal se debe tener marcado lo que comúnmente se conoce como un benchmarck o un punto de referencia. Si esa misma cartera la llevara al mercado ¿cuánto generaría en cuestión de una rentabilidad esperada? En el pasado ¿cuál hubiera sido la rentabilidad de ese portafolio? Creo que este es un ejercicio que se tiene que comenzar a hacer.
La oferta actual de fondos satisface la demanda del mercado, pero creo que el gran reto está en dar a los inversionistas la asesoría adecuada con una visión de largo plazo. Hoy el mercado –los individuos–, en su gran mayoría sigue pensando en el ahorro de 28 días cuando debería considerar el ahorro en años. Está comprobado que la visión de largo plazo, aunada a la combinación adecuada, genera una tasa de rentabilidad mucho más atractiva que el corto plazo. Además, la estabilidad que han mostrado la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación originó el crecimiento más explosivo en el mercado de fondos de inversión.
Para invertir en fondos de manera global conviene identificar mis objetivos como inversionista. Si con los recursos que hoy poseo quiero formar y preservar un patrimonio, tengo que cubrir ciertas primas de riesgo para diversificar. A mí me tiene inquieto 2006 porque es un año electoral. También me inquietan los mercados internacionales porque las tasas de interés llegarán a un máximo a mediados de año, y en México tendremos tasas probablemente descendiendo. Es fundamental acercarnos a un asesor que nos diseñe un portafolio de acuerdo con nuestras necesidades, y que busquemos activos que nos protejan o que nos procuren esa ganancia que podríamos ver en las acciones mexicanas o en los mercados internacionales.
La inflación puede definirse como el incremento continuo en el tiempo de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias del ámbito de estudio. Al incluir el elemento tiempo lo que hacemos es comparar en los períodos sucesivos la forma en que están variando los precios con relación a un momento especificado que llamamos base. El indicador utilizado suele ser IPC, el cual resume el comportamiento, en alzas y disminuciones, de los diferentes artículos y servicios en él incluidos.
Para establecer los bienes y servicios que se utilizarán en el cálculo del IPC, se realiza la Encuesta de Presupuestos Familiares, con en fin de conocer la forma en que las familias distribuyen el gasto: cuánto en alimentos, y dentro de éstos cuánto en cereales, verduras, frutas; cuánto en vestido y calzado y en general en los diferentes gastos del quehacer cotidiano. Naturalmente se incluyen los bienes más duraderos o cuya compra se hace más esporádicamente como los artefactos eléctricos, los muebles y el vehículo. Además, en la Encuesta se incluyen algunas otras preguntas como la forma de adquisición de los bienes (contado o a crédito), los sitios de compras (bodegas, mercados, supermercados). Y algunas otras interrogantes con relación a otros intereses que tengan los investigadores pues es un estudio costoso y de largo tiempo.
La información del gasto obtenida a partir de la Encuesta se organiza, para su más fácil análisis, en grupos y subgrupos. Solía ser lo más común utilizar cuatro grupos: Alimentos, bebidas y tabacos, vestido y calzado, gastos del hogar y por último, gastos diversos.
Para calcular el Indice General, o índice resumen (IPC) se selecciona un período base, a partir del cual se compara la evolución de los precios en el tiempo. Dicho período en general se espera que sea un año en el cual no haya elementos muy discordantes en la economía, como devaluaciones, alzas muy pronunciadas en los precios y en general que sea año "normal" en la economía.
Para el proceso de cálculo del IPC, primero se calculan los precios promedios de los diferentes bienes y servicios que se incluyen en los diferentes subgrupos. A partir de este proceso se calculan los índices a nivel del subgrupo usando para ello la conocida fórmula de Laspeyres (describimos el proceso utilizado en el IIES); luego con los resultados a este nivel, pasamos a los índices de los grupos, y desde éstos al valor promedio resumen, Indice General, o más comúnmente, IPC.
La fórmula para el cálculo sería:
En donde:
IPCx,y es el índice mes actual, del año actual.
PCx,y-1 es el índice del mes actual del año anterior.
Organización, funciones y relaciones del gabinete económico :
OCEPRE
Reseña histórica
A partir de 1958, se inició en Venezuela un proceso de Reforma en la Administración Pública cuyo objetivo era adecuarlo a las exigencias que planteaba el Estado Moderno. De manera casi simultánea se comienza a realizar los estudios que daban como resultado la implantación del Sistema de Planificación (Decreto 492 del 30 de Diciembre de 1958), creación de la Comisión de la Administración Pública Nacional (Decreto 287, del 27 de junio de 1958) e inició la remodernización del Sistema Presupuestario, con la entrega del Soberano Congreso de la República del Presupuesto por Programas como un anexo explicativo de la Ley de Presupuesto por Programas, que se seguía presentando bajo la concepción tradicional, la promulgación de la Ley de Régimen Presupuestario, obligó de manera inmediata al Ejecutivo Nacional a poner en marcha una reforma presupuestaria y contable.
En cumplimiento a lo pautado en la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario se creó la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE), como órgano rector del sistema presupuestario venezolano, con una estructura administrativa básicamente similar a la que contaba la Dirección Nacional del Presupuesto, previo a la reforma presupuestaria, con excepción del Área de Presupuestos Regionales, que a partir de la creación de la OCEPRE implementó la figura de Coordinadores Regionales con sede en el interior del país, quienes tienen por obligación asistir a las Corporaciones Regionales, a las Gobernaciones de Estado y a los Consejos Municipales. La estructura original fue modificada en febrero de 1981 con el objeto de adecuarlas a los esquemas globales sectoriales y regionales previstos en el Plan de la Nación.
OCEPRE: La Oficina Central de Presupuesto es el organismo rector del Sistema Presupuestario Público, creado con la finalidad de cubrir las atribuciones que le confiere el Artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (LORP, del 20 de abril de 1994).
Su misión es la de asesorar a la Presidencia de la República y a los Organismos sujetos a la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario (LORP), en el sistema presupuestario, en su formulación, seguimiento y en la evaluación de su ejecución física y financiera, así como en su consolidación anual.
La OCEPRE busca proyectarse como una Oficina que integre a su función de control de legalidad presupuestaria, la de seguimiento de la productividad y/o eficiencia del gasto público, y al mismo tiempo busca la excelencia en su servicio de asesoría mediante la innovación de sus procesos y el énfasis en la calidad de su recurso humano.
Estructura Organizativa
Organigrama de la OCEPRE
La Oficina Central de Presupuesto estará adscrita al Ministerio de Hacienda y tendrá las siguientes competencias.
1. Velar por el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento.
2. Proponer al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, opciones sobre los lineamientos generales para la formulación de los presupuestos del sector público.
3. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual y preparar el Presupuesto por Programas al Sector Público, el Presupuesto Consolidado y las Cuentas Consolidadas del Sector Público.
4. Preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto y todos los informes que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
5. Analizar el proyecto de presupuesto de los organismos comprendidos en está Ley y, cuando corresponda, proponer las modificaciones que considere necesarias.
6. Preparar, en consulta con el Ministro de Hacienda, la Programación de la Ejecución de Presupuesto y remitirla a la Contraloría General de la República.
7. Preparar las normas e instrucciones relativas al desarrollo de las diferentes etapas del proceso presupuestario
8. Asesorar en materia presupuestaria a los organismos cuyo presupuesto son regidos por esta ley.
9. Analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias presentadas por los organismos ejecutores de los respectivos presupuestos y emitir su opinión al respecto.
10. Ejercer el control y evaluación de la ejecución de los presupuestos, sin perjuicio de las funciones de control asignadas a otros organismos.
11. Informar mensualmente al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, acerca de la gestión presupuestaria.
12. Dictar resoluciones sobre la aplicación de esta Ley y su Reglamento.
13. Proponer y realizar averiguaciones administrativas a efectos de establecer la responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de esta Ley y su Reglamento.
14. Requerir a los organismos componentes la aplicación de sanciones por cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.
15. Las demás que le confiera la presente Ley y su Reglamento.
SENIAT
En concordancia con la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.320 de fecha 8 de noviembre de 2001, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrito al Ministerio de Finanzas. Constituye un órgano de ejecución de la administración tributaria nacional, al cual le corresponde la aplicación de la legislación aduanera y tributaria nacional, así como, el ejercicio, gestión y desarrollo de las competencias relativas a la ejecución integrada de las políticas aduanera y tributaria fijadas por el Ejecutivo Nacional.
Su misión es recaudar con niveles óptimos los tributos nacionales, a través de un sistema integral de administración tributaria moderno, eficiente, equitativo y confiable, bajo los principios de legalidad y respeto al contribuyente.
Su visión es ser una institución modelo para el proceso de transformación del Estado Venezolano, de sólido prestigio, confianza y credibilidad nacional e internacional, en virtud de su gestión transparente, sus elevados niveles de productividad, la excelencia de sus sistemas y de su información, el profesionalismo y sentido de compromiso de sus recursos humanos, la alta calidad en la atención y respeto a los contribuyentes, y también por su contribución a que Venezuela alcance un desarrollo sustentable con una economía competitiva y solidaria.
Objetivos estratégicos
– Incremento de la recaudación tributaria de origen no petrolero.
– Modernización del sistema jurídico tributario.
– Desarrollo de la cultura tributaria y, mejora de la eficiencia y eficacia institucional
Organigrama del SENIAT
Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional
La Oficina de Asesoría Económica y Financiera (OAEF) es un organismo técnico auxiliar del Poder Legislativo, cuya creación se llevo a cabo mediante un convenio de Cooperación Técnica celebrado el 18 de marzo de 1997 con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID (Convenio Nro. 945/OC-VE) con el objetivo de asesorar al Congreso de la República, hoy "Asamblea Nacional", en las áreas de economía y finanzas en general, pero con especial énfasis en los impactos económicos que pudiesen causar la aprobación de determinadas leyes, particularmente en sus costos fiscales.
Desde su creación hasta el 29 de febrero de 2000 la OAEF fue dirigida por el Econ. Gustavo García, fecha en la que la Comisión Reestructuradora de la Comisión Legislativa Nacional (CLN) decide cerrar y reabre nuevamente el 15 de Junio del año 2000, designando el Dr. Tobías Nóbrega como Jefe (E) de la OAEF; se reinician las actividades administrativas y los tramites para la reactivación del Convenio con el BID así como el inicio del proceso de Concurso de Economistas.
Por acuerdo de la Asamblea Nacional, publicado el 29 de septiembre de 2000 (Gaceta Oficial No. 37.047) se designa al Dr. Francisco Rodríguez como Jefe de la OAEF, iniciando sus funciones a partir del 01 de octubre del mismo año.
De acuerdo con su reglamento, los productos esperados de la OAEF son:
a. Estudios que contribuyan al mejor cumplimiento de las atribuciones de legislación y control de la Asamblea Nacional, en las áreas económica, financiera y fiscal.
b. Informes y Consultas de asesoría económica y financiera que soliciten las comisiones parlamentarias.
c. Evaluación del impacto económico y financiero de los proyectos de leyes que se discutan en la Asamblea Nacional.
d. Brindar apoyo técnico al proceso de elaboración y cumplimiento de la agenda parlamentaria que fije la directiva de la Asamblea Nacional.
e. Todos los demás que se derivan de sus funciones reglamentarias.
Funciones
En el reglamento de la OAEF se especifican las siguientes funciones:
a. Elaborar estudios técnicos de la Ley de Presupuesto y créditos adicionales y Leyes de Crédito Público, los cuales deben contener un análisis sobre la consistencia macroeconómica y los impactos económicos y sociales de tales proyectos en el contexto del sector público consolidado (ingresos, gastos, déficit, fuentes de financiamiento e implicaciones sobre el endeudamiento neto y el servicio de las deudas que mediante ellos se contraigan) de manera tal, que la Asamblea Nacional de la República pueda determinar si el déficit fiscal que tales instrumentos crea o disminuye, es compatible con los otros instrumentos de política económica y las metas macroeconómicas, y hacerlos del conocimiento de las Comisiones de Finanzas y Economía.
b. Asistir con derecho a voz a las reuniones de las Comisiones de la Asamblea Nacional, cuando en ellas se discuta cualquier proyecto de ley u otro acto legislativo con implicaciones presupuestarias.
c. Informar, al menos trimestralmente al Presidente de la Asamblea Nacional y a los de las Comisiones Permanentes de Finanzas y Economía, acerca de la evolución de la economía nacional, indicadores socioeconómicos, situación del sistema financiero y de las finanzas públicas en general, así como del impacto económico y social que pueda tener cualquier medida adoptada por el Poder Ejecutivo o sus órganos.
d. Recabar a través de los respectivos Presidentes de las Comisiones Permanentes de Finanzas y Economía, los datos e indicadores de carácter social, económico y financiero que las diferentes personas públicas, territoriales o sus órganos y demás personas jurídicas están obligadas a suministrar a la Asamblea Nacional o a sus órganos de acuerdo a la ley, analizarlos e informar lo que consideren pertinente.
e. Modificar, en caso que sea necesario, los estudios correspondientes a los instrumentos legales a que se refiere el numeral 1, para adecuarlos a los cambios que hayan sufrido los proyectos en la Asamblea Nacional.
f. Pronunciarse con respecto a las implicaciones económicas y sociales de los proyectos de leyes que sean sometidos a consideración de la Asamblea Nacional y hacer del conocimiento del Presidente respectivo, las observaciones que el proyecto le merece, todo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
g. Estudiar y emitir un pronunciamiento sobre las implicaciones económicas y sociales que se deriven de las leyes que sean aprobadas por la Asamblea Nacional y hacerlo del conocimiento del Presidente de la Asamblea y de las Comisiones Permanentes de Finanzas y Economía
h. Realizar los estudios que estime necesarios acerca de las políticas y decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial que puedan tener un impacto en las finanzas públicas y hacerlos del conocimiento del Presidente de la Asamblea Nacional y de las Comisiones Permanentes de Finanzas y Economía.
Ministerio de Planificación y Desarrollo (CORDIPLAN)
CORDIPLAN es la abreviatura que identifica a la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, creada por decreto Presidencial Nº 492 del 30 de diciembre de 1958.
Su misión es asesorar al Presidente de la República, al Consejo de Ministros y a los demás centros de decisión del Gobierno, en la formulación e instrumentación de la estrategia de desarrollo económico – social del país, promoviendo para tal efecto los planes, políticas y proyectos Nacionales compatibles con esta estrategia, facilitando al mismo tiempo la indispensable coordinación entre las organizaciones relevantes para su ejecución.
Funciones
1. Proponer y actualizar permanentemente las estrategias y planes de desarrollo de la nación y las políticas económicas y sociales correspondientes.
2. Procurar la asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos mediante la coordinación del Sistema Nacional de Inversión Pública.
3. Promover y actualizar procesos de modernización y cambio institucional en la Administración Pública.
4. Asesorar a los centros de decisión pública con especial referencia al Ejecutivo Nacional en el mantenimiento de consistencia necesaria entre las decisiones de política sectorial y la estrategia de desarrollo nacional.
5. Apoyo en la formulación de políticas y planes de desarrollo regional y ordenamiento territorial.
6. Promover la coordinación entre las diferentes instituciones relevantes para darle viabilidad a las estrategias, políticas y proyectos.
7. Promover la coordinación entre las diferentes instituciones relevantes para darle viabilidad a las estrategias, políticas y proyectos.
Evaluar los rendimientos e impactos de las estrategias y políticas con el objeto de retroalimentar la toma de decisiones
Reseña de autoridades de CORDIPLAN
Estructura Organizativa de CORDIPLAN
Organigrama del Ministerio de CORDIPLAN
Objetivos
1. La regulación, formulación y seguimiento de las políticas de planificación y desarrollo institucional;
2. La formulación de estrategias de desarrollo económico y social de la Nación, y la preparación de las proyecciones y alternativas;
3. La formulación y seguimiento del Plan de la Nación, del Plan Operativo Anual y del Plan de Inversiones Públicas;
4. La propuesta de los lineamientos de la planificación del Estado y de la planificación física y espacial en escala nacional;
5. La coordinación y compatibilización de los diversos programas sectoriales, estadales y municipales;
6. La coordinación de las actividades de desarrollo regional;
7. La asistencia técnica a los órganos del Poder Público;
8. La asistencia técnica y financiera internacional;
9. La vigilancia y evaluación de los programas y proyectos de asistencia técnica que se ejecuten en el país;
10. La regulación, formulación y seguimiento de las políticas de la función pública;
Organismos bajo la adscripción del Ministerio de Planificación y Desarrollo
Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN).
Corporación de Desarrolló de la Región Central (CORPOCENTRO).
Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental (CORPORIENTE).
Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS).
Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES).
Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA).
Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Corporación Venezolana del Suroeste (CVS). (2)
Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO).
Fondo de Inversiones de Venezuela.
Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).
8.5 Banco Central de Venezuela (BCV)
Organismo público responsable de la gestión de la política monetaria. Institución a cargo de la regulación de la oferta monetaria y del crédito interno y de la emisión de la moneda de curso legal de un país o grupo de países. También es prestamista de última instancia del sistema financiero.
Esta en una institución pública que en Venezuela ejerce de manera exclusiva y obligatoria las competencias monetarias del Poder Nacional. Fundado en 1939. Su objeto fundamental es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda. Es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de la política monetaria, y participa en el diseño y ejecución de la política cambiaria. Entre sus funciones también se encuentran: regular la circulación monetaria, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales y todas aquellas que establece su propia ley.
La primera sede que ocupó el Banco Central estuvo ubicada entre las esquinas de Veroes y Jesuitas. En este local abrió sus puertas al público el 15 de Octubre de 1940 y allí se inició el proceso de canje de billetes emitidos con anterioridad por los bancos comerciales autorizados, por los nuevos billetes del Banco Central. De esta manera se concretó la centralización de las reservas monetarias internacionales del país. Posteriormente, el 1° de enero de 1941 fue inaugurado el Banco Central oficialmente en acto solemne que contó con la presencia del Presidente de la República, Gral. de División Eleazar López Contreras.
El 19 de octubre de 1943, se colocó la primera piedra para la construcción de un edificio propio. El diseño de la obra le fue confiado al arquitecto Gustavo Wallis L., quien concibió y construyó un edificio sobrio, elegante, funcional y de gran solidez. En menos de cuatro lustros esta sede fue insuficiente dada la expansión de las actividades provenientes del rápido crecimiento económico del país, que demandaron una mayor capacidad de sus bóvedas, así como a las facilidades para la recepción y entrega de numerario en condiciones óptimas de seguridad.
Hacia la mitad de la década de los cincuenta surgió la necesidad de un nuevo local. Se hizo un proyecto bajo la responsabilidad del Arquitecto Tomás Sanabria, para construir un edificio en dos etapas. En la primera se haría la sede para los más altos niveles de decisión del Banco y también parte de las bóvedas de seguridad y otros servicios específicos de la Institución. Se construyó en el terreno ubicado en el ángulo noroeste de la esquina de Carmelitas, sobre la avenida Urdaneta. Su diseño mereció el Premio Nacional de Arquitectura y el edificio fue inaugurado en 1965, con asistencia del Presidente de la República Dr. Raúl Leoni. Tiene aproximadamente 27.000 metros cuadrados de construcción que comprenden cinco sótanos en la zona de estacionamiento, tres en la zona seguridad y de oficinas, la planta baja, la mezzanina, tres pisos generales para oficinas y un cuarto piso para comedores y sala de asambleas.
La segunda fase, abarcaría una torre de vastas proporciones, originalmente destinada a ser compartida con otros organismos financieros afines al BCV, tales como la Bolsa de Valores de Caracas, la Comisión Nacional de Valores y el Fondo de Inversiones de Venezuela.
La Torre Financiera, como fue denominada, se construyó y fue inaugurada por el Presidente Rafael Caldera el 14 de Septiembre de 1973 con un total de 26 pisos sobre el nivel de la calle, destinados a dependencias del BCV y a los organismos financieros que inicialmente fueron ubicados en el edificio sede. La edificación está interconectada con el edificio sede con el cual forma una sola unidad arquitectónica y funcional que embellece la ciudad capital.
Misión
El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público, con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia y ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación.
Su objeto fundamental es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria como parte de las políticas públicas tendentes a facilitar el desarrollo ordenado de la economía nacional.
El Banco Central de Venezuela se proyecta como un organismo de alto prestigio y credibilidad en el ámbito nacional e internacional que, centrado en su misión y en correspondencia con sus funciones, promueve la coherencia y coordinación de las políticas de su competencia, en un ambiente de ejercicio pleno de su autonomía, de actuación consistente y firme, que fortalece la legitimidad del Instituto ante el entorno y le hace merecedor del respeto de la comunidad. Para ello se ha de apoyar en un modelo organizacional integral y flexible que optimice sus capacidades internas, facilite la oportunidad y calidad de las respuestas y asegure el cumplimiento de sus políticas, estimulado por una cultura de excelencia y el esfuerzo conjunto del equipo humano, altamente calificado y motivado al logro.
Funciones
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá a su cargo las siguientes funciones:
Formular y ejecutar la política monetaria.
Participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria.
Regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero.
Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero.
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