El otro estado: hacia una conceptualización de su carácter lumpen

A partir del desarrollo de problemas como la corrupción y la delincuencia organizada, el Estado ha develado de manera más evidente su carácter clasista. Lo más trascendente de esta evidencia permite apreciar que la burguesía que instrumentaliza sus intereses, no es solo la tradicional que vive de la acumulación capitalista sustentada en la explotación de la plusvalía del trabajo sino una nueva, constituida a partir de la acumulación que permiten los delitos económicos más connotados de la contemporaneidad. Se pretende comprender que la visión del Estado benéfico y el concepto de delito no son apropiados para abordar estas expresiones de la actual sociedad y se propone incursionar en la comprensión del Estado criminal y del sistema delictivo como necesidades teóricas para tratar otros problemas de la sociedad como los que refieren a las prácticas de violencia y su impunidad.

Los primeros días de septiembre de 2015 los medios de comunicación continentales daban cuenta de la renuncia de Otto Pérez Molina, ex Presidente de Guatemala. El caso inició tras el enjuiciamiento del asistente de la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti con quien Pérez fundó el Partido Patriota (PP), de derecha. Todos están acusados de integrar una red de corrupción descubierta en abril de este mismo año, que se dedicaba a la defraudación aduanera. Se sostiene que el escándalo tiene secuelas en Honduras y El Salvador donde sectores de la población han emprendido en marchas contra la corrupción en sus países.

El anterior es un caso y, tal vez, uno de menos gravedad que otros pero amerita la cita de este artículo por ser reciente. Otros de estos días refieren a la implicación del Lula da Silva en los sobornos de las empresas brasileñas o el caso de Peña Nieto, Presidente Mexicano, por la adquisición de inmuebles a empresas constructoras. ¿Cuántos presidentes o figuras políticas, empresariales o gremiales de alta relevancia en el mundo están involucrados en los mismos o similares delitos?. ¿Son éstos, sucesos o escándalos aislados y puntuales que ocurren en los países como consecuencia de la actuación inmoral o abusiva de quienes acceden al ejercicio de potestades públicas?. ¿Qué actores sociales están involucrados en tales episodios?. ¿Hay, en esas expresiones, procesos o fenómenos de mayor relevancia para la vida social?. ¿Estamos interpretando debidamente y con las herramientas teóricas adecuadas tales manifestaciones de la realidad actual?. Estas son las inquietudes más relevantes que proponemos introducir al debate de las ciencias sociales a través de este trabajo.

Los acontecimientos como los indicados y que aparecen cotidianamente en los medios de comunicación, ponen en evidencia la existencia de una tremenda crisis –ética en principio- por todas partes. Es un escenario que debe preocuparnos. Para los más optimistas el problema refiere, sobre todo, a sucesos puntuales o específicos de casos de corrupción que involucran a individuos o, en el peor de los casos, a sociedades o agrupaciones pequeñas que conciertan. Creen que la trascendencia se limita a esa dimensión. Para otros, el problema alude a que las posibilidades que brindan ahora los recursos de la comunicación y la información es lo que permite conocer asuntos que antes no se develaban o eran tratados tras bastidores del poder.

En este trabajo pretendemos abordar una hipótesis diferente. Primero, reflexionaré sobre los conceptos y categorías con los que la ciencia política, en particular, y las sociales, en general, han tratado estos temas a fin de determinar si son los adecuados o si, por el contrario, se parte de conceptualizaciones superadas o inapropiadas como, por ejemplo, aquella que mantiene una visión benéfica del Estado (que no debe confundirse con las tendencias democráticas o progresistas) o la que tiene una apreciación restrictiva del delito y las relaciones en las que tal problema se mueve. Segundo, haré referencia a algunas evidencias que permitirán mostrar la necesidad de un abordamiento teórico diferente. Finalmente, expondré la propuesta sobre esa necesidad. Lo anterior no necesariamente es el orden del discurso.

El poder ¿es benéfico?

La ciencia social ha superado lo que eran enconados debates con la teología. Las concepciones en las culturas del antiguo Oriente o de Grecia y Roma (con algunas excepciones) no tuvieron condiciones para explicar el origen social del Estado. Nadie desconoce que ellas acudían a explicaciones fantásticas o religiosas para entender su existencia y justificar las acciones de quienes detentaban el poder. Desde esa época se instaura lo que denomino visión benéfica del Estado y se ha mantenido hasta hoy. Según POKROVSKI (1966), Demócrito de Abdera, por ejemplo, hacía depender del Estado la vida social al punto que estimaba que sin él la sociedad no sobrevive. Sócrates, defensor del gobierno aristocrático, reflexionó sobre el "arte de gobernar" propio de los dotados de sabiduría bajo la visión de que gobernar está ligado a necesidades superiores y propósitos contarios al daño social por lo que, incluso, condenaba el afán de lucro. Similar postura tuvo Platón que defendió la idea de que el gobierno social debe estar en manos de los filósofos y clasificó a los Estados en función de su mayor o menor cercanía con lo que estimaba es el Estado ideal (el aristocrático; los otros son la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía). La preocupación del Estado sobre las necesidades sociales comienza a perfilarse como atributo que le otorga el pensamiento en desarrollo. Aristóteles, que rompe con la tradición teológica del origen del Estado, hizo descansar su nacimiento en la atracción natural de los seres humanos que es lo que conduce a estructurar la familia, los poblados y, finalmente el Estado, por ello lo concibió como un resultado establecido para procurar a los habitantes una mejor existencia.

De modo que lo benéfico no refiere ni a una postura democrática o progresista del Estado sino a esa comprensión de que él constituye una especie de ente tutelar o protector de la sociedad y sus miembros y busca "el bien común". Esta premisa se da por sentada aún en las concepciones transformadoras que proponen acceder a su gobierno o a una nueva configuración para lograr que cumpla ese rol.

Marx y Engels criticaron esta concepción cuando, al cuestionar a Hegel -para quien el Estado era la "realización de la idea"- y a otros de su época, ponen al descubierto su carácter de clase y explican su desarrollo histórico a partir de las condiciones materiales de existencia de las sociedades que se habían dividido en clases. Con ellos se devela, por primera vez, la falsa apariencia benéfica estatal que había construido el pensamiento precedente que, sin embargo, subsiste en la actualidad. Lo que para muchos constituyen acciones para resolver las necesidades de toda la sociedad o atender el interés general, el marxismo demuestra que, por el contrario, responden a intereses de las clases en el poder por apropiarse o acumular. Desde entonces, a nivel teórico se confrontan estas dos corrientes de interpretación del poder y el Estado, con muchas variantes en medio.

Las concepciones que privilegian la visión benéfica (no clasista) se han expresado en el iusnaturalismo, el contractualismo, el historicismo, el sociologismo, el normativismo, y recientemente, el neoconstitucionalismo (entre las que más importan). Derivado de aquello es que conciben, a la par, al Derecho como orden para precautelar los intereses de todos los miembros del Estado y, lo que es más, acordado por sus voluntades. Contra toda evidencia de la poca consistencia de esas concepciones, son aún ideas prevalentes en el pensamiento jurídico, aunque no en el ámbito de las ciencias políticas. De entre ellas, las que corresponden al pensamiento moderno, implantaron el paradigma constitucional-legalista que ha regido bajo el régimen capitalista y, aún, en las experiencias de socialismo que conoce la humanidad. La ley, (cuya mayor expresión plasma la Constitución) se concibe como acuerdo de una regla de convivencia de los ciudadanos bajo el Estado. Es la "expresión de la voluntad soberana" en el entendido que, derrocada la monarquía, la soberanía radica en el pueblo. Y, la autoridad, aparenta estar constituida por la decisión social, como otorgada en cuanto es delegación de facultades para gobernar o administrar al colectivo y, por ello, sometida a la decisión social, a las reglas que dicha colectividad emite como acuerdos y mandatos para la convivencia que deben ser vigilados en su cumplimiento por dicha autoridad que, entonces, está subordinada pero, a la vez, ejerce capacidad de subordinación porque encarna la voluntad social por doble vía: la que le convierte en autoridad (mandatos y potestades); y, la que emana de las reglas resueltas por la misma fuente y debe hacer cumplir y respetar (los derechos o facultades). Lo que hace el Estado, así concebido, se traslada a sus funcionarios y lo que estos deciden y hacen se concibe como benéfico, en favor del bien común (por ello los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad). Cuando esos funcionarios son imputados de actuar contra ese interés o faltar a la ley, esos actos se estiman como excepciones. A nadie se le ocurre atreverse a plantear que, probablemente, son la regla. La visión que orienta la reflexión hacia lo específico de las actuaciones logra que la población -y aún muchos analistas- vean los árboles.

Volver al pensamiento crítico podría alimentar una comprensión diferente. Si el Estado está al servicio de intereses clasistas[1]y es expresión del ejercicio del poder de quienes imponen decisiones en la sociedad (POULANTZAS, 2007) -más allá de las apariencias formales legislativas o gubernamentales que mira quien reflexiona apenas sobre los órganos o las influencias-, parece erróneo concebir que aquello que deciden y hacen los funcionarios contra el interés social o para favorecer minorías o sus personales intereses, corresponda a meras excepciones o, como podría también entenderse, a trasgresiones a la regla. Esto es cada vez más evidente. Sobre todo el período neoliberal facilita apreciar que quienes dominan la sociedad nacional y mundial han impuesto normas y funcionarios para provecho de sus intereses. Y junto a semejante dinámica ha surgido otra que deja sepultada la creencia de que en la dirección del Estado capitalista exista algún atisbo de altruismo o intención benéfica.

Para la comprensión clasista del Estado capitalista, la burguesía implanta su poder y lo ejerce para aprovecharse de la sociedad; y, a pesar de ello, se admite que el Estado cumple funciones en favor de la sociedad (como en el combate a la delincuencia o en la educación y los demás servicios públicos). Y si bien esto es una necesidad de legitimación del poder político y económico de la burguesía, no por ello deja de servir los intereses para los que existe. A lo largo de la historia ha funcionado a través de pantallas institucionales o individuales (el gobierno nacional, la legislatura, las judicaturas, los gobiernos locales; y, obviamente, los funcionarios) que han sido los mecanismos de transferencia de los intereses de clase a las decisiones estatales. Esas pantallas se muestran con cierta independencia (puesto que no pertenecen a un sector burgués determinado) y, por eso se hace necesario influir sobre ellas, por varias vías. Los lazos de amistad, los chantajes y extorsiones, la presión política y judicial, las coimas y compras de conciencias, los intercambios de favores, etc. han sido predilectos métodos de someter a los funcionarios para lograr decisiones interesadas. Para hoy, el escenario ha cambiado.

Los acontecimientos que conmocionan a la sociedad mundial y que provocan enorme preocupación social muestran que el Estado ha sufrido una mutación.

Quién manda en el Estado?

Estuvimos acostumbrados a lidiar con las clases en poder y a entender que sus afanes de enriquecimiento o acumulación entraban en contradicción con el interés de las demás clases en la sociedad. En esta versión, la burguesía operaba usando los mecanismos que tiene la lógica de reproducción del capital en el ciclo económico. A partir de la producción, donde se extrae la plusvalía, el valor empieza su periplo hacia la distribución, el cambio y se cierra en el consumo. Y así es.

Aquí hay una implícita admisión de que no hay nada perverso sino algo que, si se quiere, es natural o propio del modo de producción capitalista. La perversidad (si hubiera) no tanto es cuestión de los sujetos cuanto de la misma esencia del sistema -a pesar de que Marx mostraría que la moral burguesa riñe con muchos aspectos altruistas o éticos que profesan formalmente[2]y que no es la misma en esa clase que en los obreros- y el poder termina actuando legítimamente en función de esos intereses que existen y necesitan protegerse porque responden a la lógica del capitalismo. Lo condenable, aún para la burguesía, era pretender acumular por fuera de esa lógica normal capitalista. Más aún, esa es condición de una sana competencia (ahora les denominan buenas prácticas). Robar, estafar, apropiarse ilegal o ilegítimamente de lo que no te pertenece o no ha sido adquirido por las vías legales, usar artimañas en la producción o en el mercado, etc. para acumular o para tener fortunas, eran parte de las conductas objeto de condenas moralistas que han trascendido los modos de producción y, la burguesía también lo adoptó como regla social. Si se quiere, aunque pudiera parecer una ironía, esta es otra evidencia del aparente carácter benéfico del poder.

El delito, por lo mismo, era una posibilidad de acumulación proscrita. La predominancia de las burguesías manufacturera e industrial o de la agraria, genera una conciencia social que condena al delito como medio de enriquecimiento. La burguesía comercial es la primera que atenúa esta posición por obvia necesidad de legitimar y liberar de cualquier sanción legal al hecho de obtener injustas o excesivas ganancias en el precio de venta[3]que hasta podría deberse a engaños del sujeto o falsas calidades de las cosas. La burguesía financiera es la que legitima formas de acumulación anteriormente delictivas como el cobro del interés que era condenado por la Iglesia Católica.

Las condiciones en la etapa del imperialismo imprimen nuevas lógicas a la acumulación y, sin embargo, parece que vuelven a legitimar aquellas que fueron objeto de la misma oposición burguesa contra la monarquía. Inicialmente, el Estado capitalista condenó que los tributos alimenten el patrimonio de unos cuantos y éstos sostengan desembozadamente su existencia a costa del esfuerzo ajeno. Lo que el desarrollo social había determinado, esto es, que el Estado asuma las responsabilidades de satisfacción de varias necesidades sociales mediante los servicios públicos, con sustento en la contribución tributaria de la población que sería la beneficiaria de tales acciones, por ejemplo, ha sido trastocado por el neoliberalismo que legitimó el endeudamiento externo agresivo de los Estados con gravosas condiciones, la explotación semi esclavista, la apropiación del patrimonio social mediante las privatizaciones, la conversión de los servicios públicos en voluminosos y jugosos negocios privados, entre otras. Todas estas líneas ahora "legitimadas" o "legalizadas" desde el poder, antes, desde ópticas políticas y jurídicas de la misma burguesía, habrían constituido delitos o actos reñidos con la moral y el bien común. De ese modo, a pesar de que las normas jurídicas siguen siendo el vehículo de quienes dominan como clase para imponer decisiones contra la sociedad bajo apariencia de interés general, éstas cada vez más se muestran como ilegítimas y portadoras de intereses de sectores que apuntan a aprovecharse de los recursos sociales o, francamente, como normas antisociales. El Derecho capitalista sigue siendo formalmente una norma pero es, en relación a su inicial paradigma, un No Derecho, es decir, su negación porque ahora legitima otra vez el abuso, el despojo y ciertos actos de naturaleza ilícita.

Hay quienes sostienen a estas alturas que los problemas que enfrentan las actuales sociedades, está ligado a la crisis del paradigma constitucional-legalista (MORICONI, 2011) como consecuencia de que, además, se pretendió combatir el delito pero no sus causas. Y la consecuencia de ello no solo es que el delito sobrevive sino que logra, en algunos casos o ámbitos, sustituir la acción del Estado. Lo siguiente es una evidencia de esto:

"Como bien explica Zizek (2009: 191), en la Unión Soviética, cuando se quería acceder a mejores servicios, a algún favor o conseguir un nuevo departamento, todo el mundo sabía a quién recurrir, a quién sobornar. Todos eran conscientes de lo que se podía hacer y lo que no y de lo que cada uno podía hacer o no. Tras el colapso y la disolución del bloque, este orden ser rompió y la gente, simplemente, no sabía qué hacer. Nadie tenía en claro a quién recurrir cuando necesitaba algo. Y, justamente, una de las funciones del crimen organizado fue proporcionar un nuevo orden: si te debían dinero o te molestaban, acudías al protector mafioso y éste se ocupaba del problema mientras el Estado era ineficaz." (MORICONI, p. 628)

Así, el Estado actual se devela con una caracterización cada vez más compleja. Lo ocurrido en Rusia es un fenómeno que se aprecia a lo largo y ancho del planeta. De la necesidad de presionar o chantajear a los funcionarios, importantes actores del delito o la criminalidad han pasado a ser ellos mismos los que disputan y asumen la condición de funcionarios y, debido a ese proceso, la institucionalidad, la política y las relaciones políticas han pasado a tenerlos como actores determinantes. La presencia de los delincuentes en el Estado o, en casos, actuando en paralelo con él (¿otro Estado?) no es una situación casual. Que exista semejante volumen de problemas -a los que nos referimos al inicio-, que no refieren solamente a la presencia de sujetos en órganos del poder o creando órganos para ejercer poder, sino a la orientación de la política económica (y de las políticas públicas, en general) -que es lo que al final importa-, muestra que lo que se persigue, a partir del ejercicio del poder, está subordinado a los intereses de una delincuencia que ha rebasado su incidencia en el mero marco de lo criminal para ubicarse o posicionarse en el ámbito del ejercicio del poder.

Algunas evidencias

El dinero es un elemento relevante para las sociedades mercantiles y el capitalismo es inconcebible sin moneda y las funciones del dinero, tanto porque dinamiza el mercado cuanto porque la acumulación opera por la representación del valor que tiene. El dinero es, por antonomasia, "el valor" capitalista o el valor materializado[4]aunque no siempre es una expresión consecuente del valor. HARVEY (2014) sostiene que a través de las funciones técnicas del dinero (medio de circulación; medida de valor; y, forma de almacenar el valor) se concreta la posibilidad que el capitalista se apropie de una parte (la mayor) del trabajo social ya que en el dinero se representa la masa social de todo el trabajo. Esta es la importancia del dinero en la acumulación de capital y por ello la evidente contradicción que se crea con la vía ilegítima de esa acumulación.

La acumulación de dinero proveniente de ilícitos es un gran negocio. Los negocios ilícitos son una esfera de la economía "subterránea" de alta posibilidad especulativa y de enorme rentabilidad y posibilidad de acumulación. Esta vía corresponde a dinero (valor materializado) que no circula por los circuitos de la economía formal (controlada y relacionada con la producción de valores de cambio que genera el trabajo social) sino por los que existen por fuera de ella aunque terminen, como todo valor, realizándose en el mercado capitalista. Para algunos sectores, lo inadmisible -económica y legalmente- es que exista fuera del control de quienes dominan la acumulación capitalista. La existencia de esos circuitos extrae volúmenes descomunales de la masa monetaria del sector financiero que, de una parte, deja de circular por buen tiempo (hasta que sea reintroducido afectando incluso la velocidad de circulación) y, de otra, genera especulación y deterioro del valor.

El dinero sucio permite realizar valores (por ejemplo, pagar deudas o adquirir activos), sin seguir los patrones de la relación crediticia o de inversión formal (costos de dinero o tasas de interés) y por ello constituye un medio de afectación que circula en desmedro de la masa de dinero del sector financiero dedicado a la producción o a la circulación ligada a los valores de cambio. La acumulación de valor también implica la posibilidad de acceder al patrimonio social: muchos valores de uso distribuidos por el Estado (servicios públicos, sobre todo) fueron convertidos en mercancías; por eso, la acumulación se realiza sobre todo apropiándose de medios de producción o -ahora- también de los servicios públicos. La cuestión va por la disputa de la apropiación del valor materializado en esos medios o en esos servicios; y, en ella, es posible que haya quienes no recelen de optar por el camino fácil y hasta utilicen los mecanismos formales que controlan, para hacerlo.

La cuestión es la utilización del dinero para la acumulación tanto lícita como ilícita. La ilícita opera por vías como la falsificación, las estafas directas o los fraudes electrónicos, la piramidación, la competencia desleal y, desde luego, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y órganos y el lavado de activos que se ubica como uno de los procesos de alta incidencia en esta dinámica. También están otras que requieren la utilización de mecanismos formales o institucionales[5]ahí están el endeudamiento externo, la contratación pública, el comercio de petróleo y más recursos naturales, las compras de servicios públicos (las privatizaciones o despojo del patrimonio social de los pueblos y naciones) y la emisión inorgánica de dinero; están un sinnúmero de procedimientos ligados a la corrupción, al control del mercado, el fraude tributario y hasta a actuaciones legitimadas a pesar de su evidente alejamiento de la moral; la venta y tráfico de armas que va ligado a la inducción de guerras locales; las crisis económicas inducidas (KLEIN, 2008) para obligar a adoptar medidas drásticas que fuerzan a las poblaciones a enormes sacrificios orientados a la acumulación que se verifica en los propietarios de bancos o de empresas proveedoras de servicios.

Estos procesos que en realidad no tienen vigencia reciente, son estrategias adoptadas por quienes dominan los países y el capitalismo mundial, desde hace un siglo atrás. A esas estrategias están ligados instrumentos de variada especie que incluye a órganos públicos y privados y personajes de cierta o alta relevancia[6]que aparecen siendo parte, además, de sucesos de alto impacto en la vida criminal del mundo, como indicamos a continuación a manera de ejemplo.

Inicialmente, estuvieron ligados personajes de la criminalidad como Al Capone o Lucky Luciano. El primero tuvo como un aliado de sus actividades -por los años 20"s-30´s del siglo pasado-nada más ni nada menos que a Abelardo Rodríguez, ex Presidente de México que fue dueño del Banco Hipotecario y de Obras Públicas hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras, paraestatal) que habría comenzado a funcionar en febrero de 1933, año en que le otorgó al Banco de México el completo control de cambios. También fundó el Banco Mexicano, el Banco Mexicano de Occidente y el Banco de Crédito Mexicano, también Pesqueras del Pacífico, Atún Mexicano y Astilleros Rodríguez. (GÓMEZ ESTRADA. 2003). En la segunda guerra mundial, es conocido el despojo y las prácticas delictivas adoptadas por los nazis, al punto que aún hoy se pretende reivindicar derechos para la recuperación del oro y obras de arte, especialmente, que fueron sustraídos para alimentar la acumulación de los jefes militares y políticos.

En la década de los 70´s, en la segunda parte de la guerra, el ejército regular de Estados Unidos reclutó en Vietnam otro de traficantes de opio y heroína en Asia, al que convirtió en su fuerza principal de apoyo[7]Según PETRAS (2001), la venta de armas y la financiación de la Contra, prohibidas por el Senado estadounidense, contaron con la intervención de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y de conocidos mafiosos de la época. La operación de venta de armas a Irán produjo más de 47 millones de dólares que ingresaron a cuentas bancarias en Suiza con la intervención del Coronel Oliver North[8]

El caso venezolano, por ejemplo, sin ser el único ni el más relevante de Latinoamérica[9]tiene significativas evidencias. Lo más connotado llega a comprometer a un Presidente de la República: el caso de Carlos Andrés Pérez (CAP) algunos reportajes ubican como representativo de la influencia que logran los delincuentes[10]De CAP se mencionan vinculaciones con los colombianos Ochoa y con Enrique Sarasola (empresario español que ganó el contrato de construcción del metro de Medellín) y con Gaith Pharaon del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) que, según la fuente, es denominado el Banco Mundial de la Droga[11]Las referencias sobre los nexos de la delincuencia organizada con el poder y funcionarios de alto rango del anterior Estado venezolano tienen otras ramificaciones como las relacionadas con el Clan Cuntrera[12]El tercer nivel de la mafia en Venezuela, al igual que en Italia, es intocable, porque es la conexión de la política y el crimen organizado. Las referencias sobre estos nexos son múltiples y variadas y, recientemente, han ocurrido sucesos que muestran posibles vínculos de altos representantes del Estado con el crimen organizado[13]

Un caso de extrema relevancia es el de las Sociedades Secretas que ha pretendido ser tratado como amarillismo de ciertos medios, y si bien requiere mayor profundización siempre tiene el obstáculo del secreto y el hermetismo de los mismos actores comprometidos y la posibilidad escasa de obtención de evidencias. En relación a ellas (sobre todo, las que se considera constituyen la trilogía del poder mundial, integrado por Skull&Bones, el Club Bilderberg[14]y la CFR[15]se han escrito ensayos y publicitado documentales que dan pistas de la triple cabeza de un poder instalado intentando gobernar al mundo. Junto con estas, sin embargo, también está la denominada TRILATERAL[16]que participa en de los mismos intereses mencionados. Las evidencias que se recogen de informes e investigaciones que relatan declaraciones oficiales[17]muestran que la política internacional está cruzada por actuaciones de personajes ligados a estas organizaciones que, desde dentro del Estado o en paralelo a él, tienen orientaciones y propósitos que, oficiales o no, institucionales o no, develan la instrumentalización del Estado más allá de lo que los órganos públicos formales sostienen y dicen sobre la política y sus decisiones. El Nuevo Orden Mundial que proponen tendría que ver con el encadenamiento de sucesos que caracteriza el período actual. Estrategias que incluyen planes de población espacial, creación de milicias cyborg, despojo de fuentes de los principales recursos naturales como el agua, privatizaciones, la desindustrialización, entre otras, son las líneas de acción que se despliegan contra los intereses generales de la humanidad[18]

Las líneas fundamentales que guían las acciones de estas organizaciones serían:

1. La Concentración de capital en pocas manos, es decir en las corporaciones multinacionales que llegan a acumular valores que rebasan el PIB de varios Estados;

2. La creación de órganos públicos controlados;

3. El avance de la privatización o apropiación privada de los recursos naturales, de la infraestructura de la comunicación, de la industria pesada y defensa, de la salud y la banca[19]

4. El fenómeno de la globalización financiera y cultural;

5. La generación de conflictos mundiales y aparentes enemigos estereotipados, en desmedro de las democracias y de los derechos fundamentales; y,

6. Constituirse en los dueños del poder económico y político.

Las líneas estratégicas descritas permiten apreciar las enormes implicaciones que tiene la actividad económico-financiera en procesos como los que han ocurrido en el ámbito latinoamericano a propósito de la aplicación del modelo neoliberal. Me refiero, sobre todo -primero-, a los despojos ilícitos (privatizaciones) que se cometieron en contra de nuestros países que utilizaron, -segundo- dineros cuyo origen no siempre fue lícito; y, -tercero- generaron corrupción y contribuyeron a la proliferación del delito de lavado de activos y a la acumulación concentrada de capital puesto que todas las compras y gran parte de los contratos que se desarrollaron alrededor de estas políticas, movieron enormes cantidades de dinero que sirvieron para coimar y permitir la "participación" de políticos corruptos y el aparecimiento de nuevos ricos con jugosas cuentas en los paraísos fiscales.

En la historia reciente el escenario se ha congestionado de significativos sucesos del tipo que hemos venido refiriendo (ver ANEXO). Baste aquí recordar que estos problemas han tenido como actores significativos a primeros ministros, presidentes de repúblicas (Berlusconi, Yeltsin, Putin, Collor de Melo, Menem, Samper Pizano, Bucaram, Gutiérrez, Mahuad, Martinelli, Pérez Molina), dictadores (lo más relevante ha sido el caso de Pinochet y los miembros de la dictadura militar argentina), funcionarios de organismos internacionales (por ejemplo el caso de Dominique Strauss-kan, ex Director Gerente del FMI), ministros, senadores, diputados, accionistas y altos ejecutivos de empresas transnacionales, miembros de la realeza, funcionarios públicos de otros rangos, fiscales, jueces, religiosos, dirigentes deportivos y más que aparecen involucrados en denuncias o investigaciones de agencias estatales o periodísticas de seriedad y gran credibilidad (como ocurrió con las develaciones de los WikiLeaks, los SwissLeaks y el HSBC (Hong Kong Shangai Bank of Commerce), el caso de la FIFA o de las empresas brasileñas Petrobras y Odebretch y la colombiana Petrotiger, o lo de OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.) en México, o los referidos a los reportes fraudulentos e inflados y especulativos que provocaron la quiebra de Enron y fueron descubiertos en la Toshiba. También pueden citarse casos como los de Belaúnde Lossio que, según los peruanos, es de mucha cercanía a la familia de Humala, Presidente peruano y a quien, se afirma, se le protege y se le permitió huir, para evitar sus declaraciones relacionadas con las cuentas de la Primera Dama.

Pero hay escenarios de enorme complejidad y gravedad como los de México y Colombia donde la presencia de bandas organizadas en el ejercicio de funciones públicas o controlando órganos de poder público ha sido materia de estudios y análisis desde hace algún tiempo atrás[20]

Esto ocurre, de otra parte, bajo la consideración de que estamos ante algo que no es ilícito o irregular. Como en todo proceso pensado de la historia humana, a la acción le corresponde al menos un modo de interpretación. Para algunos, éstas prácticas son parte de la lógica normal de los negocios. Bien vale destacar que en algunas elaboraciones teóricas de importantes economistas del sistema como Huntington y Leff, la corrupción puede promover la eficiencia económica al facilitar que los agentes privados puedan corregir deficiencias de las decisiones gubernamentales. La fundamentación de estas formulaciones sería el criterio de que ante las distorsiones creadas por la decisión política gubernamental, la corrupción permitiría a los agentes "… eludir aquellas regulaciones que obstaculizan la actividad económica, actuando así como un "mecanismo de engrase" de la economía"[21]. Sin embargo, para Transparencia Internacional "Las consecuencias son alarmantes. Se estima que tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, los políticos y funcionarios gubernamentales corruptos reciben sobornos por un total de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año, lo que equivale a aproximadamente entre el 20% y el 40% de la ayuda oficial para el desarrollo."[22].

Otras expresiones de esta misma lógica corresponde a la práctica legitimada conocida como el lobby. En los Estados Unidos, estos fines, durante el 2007 se habrían asignado 2.800 millones de dólares; y en el 2008 se habría llegado a la cifra récord de 16.000 millones. En la Unión Europea existirían 2.500 organizaciones especializadas en lobby, dedicadas a lograr se adopten políticas en favor de los intereses que representan y, obviamente, alcanzar ventajas en perjuicio de sectores sociales. En nuestra política latinoamericana esos valores y esas actuaciones corresponden al típico soborno. Lo más alarmante de esta realidad es la acumulación que se genera en las operaciones financieras del sector privado. En el estudio que cita el mismo informe de esta organización, se sostiene que en la década 1993-2003, los beneficios que tuvieron los cinco principales ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, "… ascendieron a 350.000 millones de dólares, lo que absorbió el 6,6% de las ganancias netas durante ese período".[23]

Esas inmensas cantidades que provienen de la corrupción, ilegítimas expropiaciones y otros ilícitos que fueron adecuados con apariencia de medidas de modernización o reforma del Estado, al igual que las que provienen del narcotráfico y otros delitos, forman parte de los volúmenes que se han lavado y se lavan en el sistema financiero mundial. En ciertos casos, como se apreciará, ni siquiera es necesario lavarlo (en el sentido tradicional o admitido por la doctrina penal) porque tienen, de antemano, otras formas de legitimarse que corresponden a la actuación del Estado por la vía de la legislación o programas institucionales oficiales como, por ejemplo, las mismas privatizaciones que permiten inmensos réditos. Tal es la insolencia de las privatizaciones que, en Alemania, "… los baños de las estaciones de tren pasaron a ser recientemente controlados por una empresa transnacional llamada "McClean", que cobra por la utilización de un mingitorio lo mismo que cuesta una hora de aparcamiento en el centro de la ciudad."[24]. En el caso ecuatoriano, para mencionar solo el ámbito de las telecomunicaciones, se revela que la facturación telefónica habría ascendido, en el 2007, a 1.200 millones de dólares, aproximadamente, y para los siguientes 15 años obtendrían un ingreso bruto de 19.000 millones de dólares sin contar servicios como televisión, datos, internet, radio que se suman con la utilización de la banda de 1900 MHz. El Estado, en tanto, percibirá US$ 680 millones durante el período de la concesión, de los cuales solo US$ 180 millones será pagado por las concesionarias porque el resto se pagará en el transcurso de los 15 años, con los ingresos generados por los pagos de los usuarios[25]

Lo que se deja referido permite una irrefutable conclusión: la corrupción y otros delitos así como varias prácticas legitimadas, o legalizadas por el poder, o que están íntimamente vinculadas al ejercicio del poder, están ligados a prácticas de origen ilícito y constituyen una nueva y muy eficaz posibilidad de acumulación o apropiación.

¿En dónde estamos?

Siempre asumimos que el Estado era lo opuesto a la delincuencia. El ius puniendi es la clara manifestación de que esa es la relación de contrarios. Sin embargo, lo que se aprecia en el desarrollo capitalista actual (lo cual es admitido en muchos trabajos teóricos -aunque con eufemismos o desde otras ópticas-), nos obliga a admitir con relatividad esa apreciación.

Veamos cómo funciona la situación en uno de los delitos de mayor incidencia en la acumulación capitalista de hoy: el lavado de activos.

En este caso se evidencia una continuidad sistémica que, sobretodo, según BLANCO (2012) muestra que el lavado es la culminación o la realización eficaz de la delincuencia organizada y la corrupción que son los delitos y prácticas alrededor de las cuales giran o se configuran otros como la trata de personas, el tráfico de armas, la pornografía infantil, el tráfico de órganos y más. La relación entre ellos es causal, de modo que no existen los segundos sin los primeros. Estos -la delincuencia organizada y la corrupción- son condición necesaria para la realización exitosa de los   segundos. El lavado de activos, a su vez, es el proceso que cierra todo el sistema puesto que es la posibilidad se realización del valor en la economía sin la cual lo anterior carece de eficacia; sin el lavado de activos todo fracasa. La quiebra de la corrupción o de las organizaciones criminales ocurre por la imposibilidad de realización del valor o del producto económico y financiero del delito.

Lo dicho pone en evidencia que el sistema, estando fuera de los circuitos admitidos o legítimos de la circulación del dinero y realización del valor, tiene una necesidad trascendente: la de un mercado que actúe con las mismas posibilidades del mercado normal para esa realización. Esto explica, por tanto, la existencia de los paraísos fiscales que, lejos de la visión "formal" que los condena al tiempo que "los tolera", no son un accidente o existen como excepcionalidad financiera. El sistema financiero internacional, los organismos internacionales, los Estados y todas las estructuras y mecanismos que sostienen y reproducen el ejercicio del poder en el mundo y sus regiones conviven con los paraísos fiscales, y muy a pesar de las prédicas que los condenan y hasta los criminalizan, la evidencia concreta muestra que permanecen casi sin ningún obstáculo real. Ellos sirven y permiten la consumación de una serie de acciones que, de otro modo, no podrían consolidarse al menos en los volúmenes que por ese medio es posible. Cuentas anónimas y cifradas, inaccesibles para todo órgano de investigación criminal o administrativo, posibilidad de reserva absoluta, imposibilidad de identificación de los titulares, flexibilidad en el manejo de la cuenta, total disponibilidad y liquidez del dinero, en fin. Y, claro, sus naturales usuarios son los saqueadores de los fondos públicos y corruptos que guardan su apariencia en sus países pero cuentan los billetes por internet, allí se depositan la coimas voluminosas para obtener contrataciones o los porcentajes que se obtienen por sobreprecios o por cambios en los montos contractuales; también se almacenan los millones que provienen de las ventas anticipadas de commodities o por los precios no consignados en los documentos en las negociaciones petroleras; también se depositan los valores de los sobornos aduaneros; y, desde luego, cantidades enormes que provienen del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de personas y órganos, etc.

En estas actividades no están solo los bancos de los paraísos fiscales sino los que tienen operaciones o actividades offshore y envían o reciben dinero de esos paraísos. Importantes bancos del mundo, de los más prestigiados y solventes, han aparecido, como se ha visto, involucrados con la criminalidad organizada, y no en operaciones casuales o determinadas sino en calidad de "aliados estratégicos". Muchos individuos (y sus organizaciones o redes y empresas) de los que ostentan la potestad pública de los Estados, ahora, tienen necesidad de esos paraísos. Tal vez esto explique la convivencia y tolerancia. De ahí que mi visión es que ellos son necesarios e inmanentes al sistema; a través de ellos se logra cerrar el circuito sistémico al que no estamos refiriendo.

Lo indicado, de otra parte, muestra que este es un escenario muy difícil de superar; es decir, la condición de ocultamiento o de mecanismo de introducción del dinero ilícito al circuito legal del dinero, constituye una necesidad inmanente al sistema y por ello sus beneficiarios y ejecutores relevantes, que no son cualquier delincuente sino, en buena cantidad de casos, parte de los órganos del poder público, impedirán su investigación o la eficacia de su combate. Controlar ese poder o parte de él es, primero, objetivo de la estrategia pero, segundo, una necesidad y parte del sistema. Del mismo modo que la competencia es una ficción en una economía monopolizada, lo es la economía lícita en una sociedad donde un enorme volumen de recursos financieros y económicos (cómo se ha indicado) se mueven en procesos ilícitos de acumulación.

Lo anterior, si bien no es lo dominante del momento, es de alta incidencia. Sin embargo de no contar con estadísticas ni abundantes datos directos, algunas investigaciones[26]permiten apreciar que estamos ante un eje de acumulación relevante que ha desarrollado el sistema capitalista (PETRAS, 2001). La rentabilidad empresarial ligada a la apropiación del patrimonio social por vías ilegítimas o, aún, ilícitas (que no son excepción) son clarísimo ejemplo de que va adquiriendo regularidad y relación de dominancia. La financiarización de la economía una de cuyas más importantes expresiones sigue siendo el endeudamiento externo, muestra que la acumulación por desposesión o despojo, en los términos que ha legitimado el capital financiero internacional y las transnacionales, es otro elemento de esa realidad de legitimación de dinero y acumulación que proviene de esas prácticas nocivas aunque, en este caso, legalizado por el Estado. Por eso también puede afirmarse que la economía capitalista legal tiene significativos anclajes en lo ilícito e ilegítimo.