Las relaciones entre Panamá y Estados Unidos

I. INTRODUCCIÓN

La globalización no puede entenderse como un fenómeno nuevo, sino todo lo contrario. Lo que diferencia a la globalización de los 90 del resto de las anteriores es que la misma ha sido impulsada por la rápida evolución de la tecnología y de los medios de comunicación.

El polémico debate en torno a la globalización parte del plano conceptual, ante el hecho de que no exista una definición precisa y ampliamente aceptada del término globalización.

Podríamos definir la globalización como el fenómeno de carácter mundial que, apoyándose en la rápida innovación tecnológica, modifica nuestras vidas al desmantelar las fronteras de los Estados en los planos cultural, laboral, informativo, ecológico, político y económico.

Las nuevas tecnologías, como Internet, no sólo han favorecido la disminución de los costos de comunicación para el ciudadano común.

También han permitido que nuevos actores no gubernamentales reduzcan distancias y puedan llegar a tener una verdadera presencia y coordinación a nivel global, desde aquellos que se dedican a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos hasta los vinculados al terrorismo y al tráfico de drogas.

Dada la importancia de su posición geográfica, la cooperación que pueda brindar Panamá es determinante en la lucha que encabeza Estados Unidos contra los terroristas y narcotraficantes. Sin embargo, las políticas de cooperación de Washington contra el crimen organizado encubren un deseo de absorber el Istmo, al comprometer en demasía y de manera injustificada la soberanía panameña.

Contrario a lo que generalmente se piensa, las causas de conflicto entre Panamá y Estados Unidos, en vez de reducirse al tema de la limpieza de los polígonos de tiro y la remoción de las armas químicas en isla San José, podrían aumentar a raíz de los compromisos asumidos por Panamá en el contexto de las guerras antiterrorismo y antidrogas que lleva adelante Estados Unidos.

[Bibliografía de consulta]

Títulos fundamentales sobre el fenómeno de la globalización son Giddens, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Grupo Santillana de Ediciones, S.A. Madrid. 2003. 117 p. y Beck, Ulrich. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona. 1998. 224 p.

Títulos que puede consultar sobre la dimensión económica de la globalización son Estefanía, Joaquín. La Nueva Economía. La Globalización. Editorial Debate, S.A. Madrid. 1997. 193 p.; Passet, René. La Ilusión Neoliberal. Editorial Debate, S.A. Madrid. 2001. 329 p.; Taibo, Carlos. Cien preguntas sobre el nuevo desorden. Una mirada lúcida sobre la globalización y sus consecuencias. Suma de Letras, S.L. Impreso por Mateu Cromo, S.A. Madrid. 2002. 348 p.; y Stiglitz, Joseph E. El Malestar en la Globalización. Santillana Ediciones Generales, S.L. Impreso por Mateu Cromo, S.A. Madrid. 2003. 471 p.

La globalización es analizada por Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr. en Globalization: What`s New? What`s Not? (And So What?). Foreign Policy. Carnegie Endowment for International Peace. Washington. No. 118. Spring 2000. p. 104-119 y por Moisés Naím en Globalization. Passing Fad or Permanent Revolution? Harvard International Review. Cambridge, MA. Spring 2004. Vol. XXVI (1). p. 83-84.

Véase un interesante debate en torno al fenómeno de la globalización en George, Susan y Martin Wolf. La globalización liberal. A favor y en contra. Editorial Anagrama. Barcelona. 2002. 206 p. Véase también Micklethwait, John and Adrian Wooldridge. The Globalization Backlash. Foreign Policy. Carnegie Endowment for International Peace. Washington. No. 126. September-October 2001. p. 16-20.

II. CMA: Reflexiones en torno a la soberanía y la guerra contra las drogas.

El negocio de la droga es uno de los más lucrativos a nivel mundial. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2005 de la Oficina de la ONU Contra las Drogas y el Crimen, el comercio mundial de drogas está generando unos 320 billones de dólares cada año.

Ante estas ganancias, las políticas de los países de la región andina en materia de erradicación de los cultivos de coca palidecen. De hecho, las hectáreas cultivadas con coca durante la década pasada se incrementaron en Colombia, Perú y Bolivia de 206,200 (1991) a 210,939 (2001). Esto trajo como consecuencia una reducción de hasta 40 dólares en el precio medio del gramo de cocaína.

Ante el fenómeno de la globalización y la creciente interdependencia entre los países, se necesita de la cooperación internacional para resolver un problema transfronterizo como el de la droga. En ese sentido, reconozco que el tema de la soberanía nacional se debe manejar con mayor flexibilidad si realmente se quiere acabar con este flagelo, en vista de que las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas son una amenaza para nuestra democracia.

Pero ello no justifica que en el marco de la lucha antidrogas que lleva a cabo Estados Unidos se comprometa en exceso la soberanía panameña, tal como se pretendió con el fracasado Centro Multilateral Antidrogas (CMA).

En el marco de la reunión del Grupo de Río, celebrada en la capital ecuatoriana a inicios del mes de septiembre de 1995, los presidentes de los países latinoamericanos acogieron con beneplácito la propuesta del ex presidente panameño Ernesto Pérez Balladares de crear un centro regional de lucha contra el narcotráfico.

En esa dirección, los mandatarios latinoamericanos recomendaron que la labor del centro antinarcóticos que se instalaría en el Istmo debía enfocarse en una diversidad de temas como el lavado de dinero, las narcomafias, el trasiego de armas y el tráfico ilícito de precursores químicos, entre otros.

La iniciativa comenzó a tomar forma cuando el entonces canciller Gabriel Lewis decide dejar a un lado las negociaciones para la permanencia de las bases militares de Estados Unidos, ante la renuencia del Pentágono a pagar por el alquiler de las mismas.

Fue en ese momento, revela el Informe Hatheway, cuando Lewis introduce oficialmente el concepto de un centro multilateral contra el narcotráfico como fórmula para que las tropas de Estados Unidos permanecieran en el Istmo.

Agrega el citado informe que Lewis dejó claramente establecido que haría todo lo que estuviera a su alcance para mantener la presencia militar estadounidense en Panamá y que tanto los funcionarios panameños como los estadounidenses comentaban que algunas veces Lewis parecía haber olvidado a cuál lado él representaba.

Tras el fracaso de las negociaciones del CMA, algunos observadores estadounidenses llegaron a la conclusión de que la posibilidad de llegar a algún acuerdo sobre el CMA se desvaneció con la muerte de Lewis.

Ninguna de las medidas planteadas en el Borrador del Acuerdo sobre el CMA estaba diseñada para combatir eficazmente el problema de la droga. El propio carácter multilateral del centro estaba en entredicho, ya que el Estado que deseara incorporarse al mismo sólo lo podía hacer mediante invitación por decisión unánime de las partes, entiéndase Estados Unidos y Panamá, y en virtud de los plazos y términos que estas establecieran.

La duración del CMA, 12 años prorrogables por períodos fijos de 5 años, así como el necio argumento de que para poder retirarse del acuerdo tenían que haber transcurrido los primeros 12 años de vigencia del mismo planteaban serios inconvenientes para el país.

Panamá debía renunciar a su derecho de apelar ante cualquier entidad o jurisdicción foránea por cualquier desacuerdo relacionado con la aplicación, ejecución o interpretación de este acuerdo o de cualquier otro relacionado con el mismo.

Como si fuera poco, se comprometía a no expedir, adoptar o hacer cumplir ninguna ley, decreto, reglamento o convenio internacional, ni a tomar acción alguna que implicara reglamentar o interferir con el ejercicio, por cualquiera de las partes, de derecho alguno garantizado bajo este acuerdo o algún otro relacionado con el mismo, ni que fuera inconsistente con éstos.

También ponía áreas revertidas vitales para el desarrollo socioeconómico del país a disposición del centro antinarcóticos, tales como la pista e instalaciones de Howard, centro de antenas de Galeta, complejo de comunicaciones de Corozal, instalaciones portuarias e inclusive aquellas instalaciones adicionales que fueran acordadas entre las partes.

El texto también planteaba restricciones en áreas de gran potencial turístico, como playa Kobbe y Venado, e incluso facultaba a Estados Unidos a suministrar servicios comerciales al por menor, un servicio reservado exclusivamente para los panameños y panameñas en nuestra Constitución Política Nacional.

También se establecía que si Estados Unidos asignaba personal civil y militar, recursos y equipos al CMA, entonces éstos se mantendrían en todo momento bajo la autoridad de aquel país y cualquier recomendación o decisión sobre el uso de los mismos requeriría de su aprobación. El documento comprometía la soberanía nacional a tales extremos, que planteaba que Panamá podía delegar la responsabilidad por la seguridad, el uso y el acceso de ciertas instalaciones exclusivamente a Estados Unidos.

El CMA era una base militar disfrazada de centro antidrogas, así que las críticas al texto del Borrador del Acuerdo sobre el CMA no se hicieron esperar. Incluso el propio ex embajador de Estados Unidos en Panamá durante la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, Everett Briggs, lanzó duras críticas contra el gobierno de su país al cuestionar la iniciativa estadounidense de involucrar a efectivos militares en la lucha antidrogas y buscar la permanencia de las bases militares más allá del año 2000.

El CMA se vino abajo, porque el centro de atención de la política exterior estadounidense pasó a ser la región balcánica y porque el gobierno de Pérez Balladares mostró una actitud ambivalente e indecisa desde el comienzo hasta el final de las negociaciones- en un intento por no sacrificar su posible reelección, Pérez Balladares propone a Estados Unidos reducir la duración del CMA de 12 a 3 años y limitar las misiones a las antinarcóticos.

Uno de los elementos que salió a relucir con el CMA fue la ambivalencia de la política exterior panameña. Prueba de ello es que el propio Pérez Balladares declara inicialmente que eran ganas de "fregar" decir que el CMA sería una base militar, para meses más tarde anunciar que el CMA se "hundía" porque lo que Estados Unidos quería era una base militar. También fue notoria la falta de transparencia, ya que el Borrador del Acuerdo sobre el CMA apareció por primera vez en el diario El Excelsior de México.

Al CMA le siguió otro intento frustrado por mantener la presencia militar estadounidense, presentado por el republicano Benjamin Gilman y denominado Proyecto de Relaciones Panamá-Estados Unidos de 1998. Dicho proyecto establecía que Estados Unidos apoyaría el ingreso de Panamá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) a cambio de que siguieran funcionando las bases militares de Howard, Kobee, Rodman y Sherman por un espacio de 15 años más. Esta iniciativa demuestra que Estados Unidos puede llegar a condicionar el otorgamiento de preferencias comerciales por concesiones en el plano militar.

Estados Unidos no puede pretender que el problema de la droga se resolverá con bases y efectivos militares, con un enfoque netamente represivo tipo Plan Colombia y orientado principalmente hacia los países productores de coca, mientras desatiende el problema de demanda de droga que tiene a lo interno de su propia sociedad.

Como bien ha señalado Raymond Kendall, ex secretario general de la INTERPOL, la demanda de drogas no se reducirá mientras no exista un balance entre los recursos que se destinan a la represión (80%) y los que guardan relación con el tratamiento y la educación (20%).

Washington debería utilizar su política comercial para combatir el narcotráfico, eliminando la política de subsidios agrícolas para sus granjeros y otorgando importantes concesiones a los agricultores de la región andina en el Tratado de Libre Comercio (TLC), de tal manera que puedan encontrar suficientes incentivos para sustituir los cultivos de coca por otros que tengan pleno acceso al mercado estadounidense.

[Bibliografía de consulta]

Moisés Naím analiza la guerra contra las drogas en The Five Wars of Globalization. Foreign Policy. Carnegie Endowment for International Peace. Washington. No. 134. January-February 2003. p. 28-37.

Para conocer el contenido de la Declaración de Quito véase Álvarez Cedeño, Manuel. Presidentes acuerdan reunión en Panamá contra el narcotráfico. La Prensa. Panamá. Septiembre 6, 1995. Portada.

El Borrador del Acuerdo sobre el CMA fue reproducido en su totalidad en los Talleres del Grupo Editorial Universal, S.A. (El Universal de Panamá). Panamá. Febrero 1, 1998. 8 p.

El Dr. Jorge Illueca analiza las amenazas que para nuestra soberanía nacional conllevaba el establecimiento del CMA en los artículos No debe establecerse el CMA y Howard: Patrimonio Inalienable de El Panamá América. Panamá. Marzo 20, 1998. Sección A, p. 6-7.

Para conocer las críticas del ex embajador Everett Briggs véase Barroso, Arnulfo. Briggs: Lógico pensar que el CMA encubre bases. El Panamá América. Panamá. Julio 17, 1998. Portada

El ex presidente Ernesto Pérez Balladares revela detalles de la reunión con Bill Clinton en "Tal cual es". La Prensa. Panamá. Panamá. Abril 26, 2005. Sección A, p. 12.

Para conocer las declaraciones y los hechos más relevantes sobre las negociaciones del CMA véase Redacción. Cronología sobre las bases y el CMA. El Panamá América. Panamá. Julio 19, 1998. Sección A, p. 2.

Las causas del fracaso del CMA se exponen en Arias Calderón, Ricardo. Perdiendo a Panamá… El Panamá América. Panamá. Junio 6, 1999. Sección C, p. 4 y en Raymont, Henry. Crónica del fracasado CMA. El Panamá América. Panamá. Septiembre 27, 1998. Sección A, p. 2.

Detalles del Informe Hatheway se revelan en Gurdián Guerra, Reymundo, Las Bases Militares y el Informe Hatheway. El desarrollo nacional frente a los intereses norteamericanos en Panamá. Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales. Editorial Portobelo. Panamá. 1997. 44 p.

Para conocer la labor que desarrolló la sede del centro de operaciones antidrogas en la base aérea de Howard véase Redacción. EU cierra operaciones antidrogas en Panamá. El Panamá América. Panamá. Mayo 6, 1999. Portada. Véase también Brannan Jaén, Betty. De lo que nos salvamos al caerse el CMA. La Prensa. Panamá. Julio 24, 2005. Sección A, p. 13.

La labor que lleva adelante la INTERPOL contra el crimen organizado se detalla en The FP Interview. Meet the World’s Top Cop. Foreign Policy. Carnegie Endowment for International Peace. Washington. No. 122. January-February 2001. p. 31-40.

III. FPPS: Seguridad NACIONAL "made in the United States".

A diferencia del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, la administración de Mireya Moscoso no titubeó a la hora de promover el interés nacional de Estados Unidos en Panamá. Prueba de ello es la gran amistad que existe entre el mandatario estadounidense George W. Bush y la ex presidenta.

Moscoso supo moverse hábilmente en el contexto de una política de nacionalismo aparente, distrayendo al auditorio nacional con el rechazo al Acuerdo sobre Fuerzas Visitantes y la controversia suscitada por la contaminación ambiental provocada por los pertrechos militares no detonados en los polígonos de tiro que utilizó el Comando Sur y el hallazgo de armas químicas abandonadas en isla San José.

Moscoso promulgó, con el aval de los entonces opositores Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Demócrata Cristiano (ahora Partido Popular), los Fundamentos para la Política Panameña de Seguridad (FPPS).

Desde el momento en que la ex presidenta firmó la Resolución de Gabinete No. 34 de 21 de junio de 2000 "Por la cual se promulgan los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad", los partidos políticos pasaron a ejercer pleno control sobre la toma de decisiones en materia de soberanía nacional en el contexto de las relaciones con Estados Unidos. La Declaración Conjunta sobre los FPPS lleva la firma de Martín Torrijos (Partido Revolucionario Democrático), José M. Terán (Partido Arnulfista), Rubén Arosemena (Partido Demócrata Cristiano), Jesús Rosas (Partido Molirena), Rogelio Baruco (Cambio Democrático), Carlos Clement (Solidaridad) y Viola Icaza de García (Partido Liberal Nacional).

Sobre los FPPS, Martín Torrijos comentó: "Dentro de este proceso se ha trabajado con miras al interés nacional. Este es un documento elaborado por panameños donde asumimos la responsabilidad con nuestros conciudadanos y con el mundo, de mantener un país seguro, donde no se da la posibilidad de tropas extranjeras dentro del territorio nacional".

Por su parte, el dirigente demócrata cristiano Rubén Arosemena expresó: "Que no quede ninguna duda que Panamá va hacia el futuro a ser el país que va a determinar la suerte de su seguridad sin injerencia de tropas extranjeras". Sin embargo, el contenido nacionalista de las declaraciones del presidente y vicepresidente de la República se desvaneció luego del acuerdo al que llegaron años después el Servicio Marítimo de Panamá, la Marina de Estados Unidos y la Armada de Chile, que dio origen a los ejercicios militares PANAMAX para la defensa del Canal de Panamá de un posible atentado terrorista.

Los FPPS son la piedra angular sobre la cual se edificaron una serie de acuerdos que lesionan la soberanía panameña. El primero de ellos es el Tratado Alemán Healy-Becker (Nota No. 1547 de 19 de diciembre de 2001 y Nota No. 0631 de 26 de diciembre de 2001), por medio del cual se establece que las 16 agencias federales del gobierno de Estados Unidos que participan en el Equipo Nacional de Respuesta (NRT, por sus siglas en inglés), entre las que sobresalen el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas, prestarán ayuda a Panamá en caso de incidentes de contaminación ambiental y accidentes en el Canal.

Pero lo inconcebible de este Tratado es que en el mismo Panamá, a través del ex canciller José Miguel Alemán, aceptó renunciar al ejercicio exclusivo de la jurisdicción penal y eximir a Estados Unidos de toda responsabilidad civil, quedando a discreción de Estados Unidos pagar a terceros una indemnización conforme a las leyes estadounidenses.

Panamá también renuncia, junto con Estados Unidos, a todas las demandas- que no sean contractuales- entre sí por lesiones personales o la muerte de su personal militar o civil, o por daños, pérdidas o destrucción de los bienes del otro que resulten de las actividades amparadas por estos acuerdos.

Los objetivos del Tratado Alemán Healy-Becker fueron reafirmados mediante el Convenio Alemán Zubieta-Becker de 1 de abril de 2002, un convenio al que llegaron la Autoridad del Canal de Panamá y el Departamento de Estado de Estados Unidos para hacerle frente a las amenazas terroristas y a los incidentes de contaminación en lo que concierne al canal interoceánico.

Con relación a este último, el Dr. Jorge Illueca hizo hincapié en la falta de personería del ingeniero Alberto Alemán Zubieta para concertar un acuerdo evidentemente internacional, así como la falta de autoridad y competencia del administrador reelecto para otorgar privilegios e inmunidades a funcionarios de Estados Unidos y renunciar a ir ante tribunales internacionales por cualquier controversia que surja por la interpretación e implementación de este Convenio.

Illueca también criticó el hecho de que, al momento de su firma, el texto del Convenio Alemán Zubieta-Becker estuviera únicamente en idioma inglés y previó la posibilidad de ejercicios organizados a manera de maniobras conjuntas, que en base a este Convenio podrían llevarse a cabo en el área del Canal o en cualquier otro lugar que se estime conveniente y necesario.

Mediante el Arreglo Complementario Salas-Becker de 5 de febrero de 2002 se le confirió a las autoridades marítimas de Estados Unidos el derecho a patrullar las aguas panameñas para combatir el narcotráfico. A juicio del Dr. Jorge Illueca, este acuerdo viola preceptos normativos, en el sentido de que el ministro de Gobierno y Justicia no puede suscribir un acuerdo de tal envergadura, a diferencia del presidente o el canciller de la República.

Finalmente, el Acuerdo Escalona-Bolton de 12 de mayo de 2004 le confiere a Estados Unidos la potestad de abordar barcos con bandera panameña, a fin de determinar si las mismas llevan en su interior armas de destrucción masiva.

Como pudieron apreciar, muchos de los privilegios e inmunidades que se otorgaron al personal civil y militar de Estados Unidos con el Tratado Alemán Healy-Becker, el Convenio Alemán Zubieta-Becker, el Arreglo Complementario Salas-Becker y el Acuerdo Escalona-Bolton, son similares a los contemplados en el Borrador del Acuerdo sobre el CMA.

Pero volvamos a los FPPS, de los cuales merecen especial atención los Fundamentos No. 14 y No. 15. Cabe anotar que ambos guardan relación con la opinión esbozada por algunos analistas estadounidenses que califican a la selva del Darién como escondite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que cuestionan la capacidad del Estado panameño de proteger su frontera sin ejército.

Así, el Fundamento No. 14 deja abierta la posibilidad de que las tropas militares de Estados Unidos vuelvan a estacionarse en territorio panameño para la defensa del Canal, mientras el Fundamento No. 15 delimita la política nacional de seguridad con relación al conflicto armado colombiano. Con el Plan Colombia en mente, los Fundamentos No. 14 y No. 15 podrían llegar a comprometer la neutralidad del Canal y de la República de Panamá que pretende promover la política exterior panameña a través del Fundamento No. 4, relativo a los Objetivos de Seguridad Integral, a fin de que el Istmo no sea objeto de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo ni se vea involucrado en confrontaciones violentas entre Estados y dentro de los Estados.

[Bibliografía de consulta]

Conozca las causas del rechazo al Acuerdo sobre Fuerzas Visitantes en Barrios Villar, Rodolfo. Panamá rechaza acuerdo de las fuerzas visitantes. Crítica. Panamá. Agosto 1, 2000. p. 2 y Jordan V., Gionela. Panamá rechaza propuesta de EU sobre "fuerzas visitantes". La Prensa. Panamá. Agosto 1, 2000. Portada.

Para conocer el texto completo de los FPPS véase Ministerio de Gobierno y Justicia. Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad. Panamá. Impreso en los Talleres de Corporación Universal de Información (El Siglo). Panamá. Junio de 2000. 15 p.

Detalles sobre el origen y los países que participan en la operación PANAMAX se encuentran en Benítez, Katherine. Inicia operación PANAMAX. Espacio Marítimo. Impreso en los Talleres de El Panamá América. Panamá. Año 12. Agosto 8, 2005. p. 4-5.

Marcel Salamín hace una defensa del Arreglo Complementario Salas-Becker en Acuerdo Complementario entre Panamá y Estados Unidos. Soberanía o Narcotráfico. Avances del Ministerio de Gobierno y Justicia. Panamá. Julio, 2002. Año 2 (2). p. 4-5. Para conocer las críticas al Arreglo Complementario Salas-Becker véase Yao, Julio. El Tratado Salas-Becker. El Panamá América. Panamá. Abril 17, 2002. Sección C, p. 10.

Las críticas del Dr. Jorge Illueca al Convenio Alemán Zubieta-Becker aparecen en Vargas, Carlos. Privilegios e inmunidad para EU en acuerdo con ACP. El Panamá América. Panamá. Abril 19, 2002. Portada. Véase también Illueca, Jorge E. El Convenio Alemán Zubieta-Becker. El Panamá América. Panamá. Abril 15, 2002. Sección C, p. 10 e Illueca, Jorge E. El Tratado Alemán Healy-Becker. El Panamá América. Panamá. Mayo 13, 2002. Sección C, p. 10.

Para conocer la opinión que tienen algunos analistas estadounidenses con relación a la situación fronteriza en Darién véase Sweig, Julia E. ¿Qué tipo de guerra necesita Colombia? Foreign Affairs En Español. Instituto Tecnológico Autónomo de México. México. Vol. 2 (3). Otoño-Invierno 2002. p. 232.

IV. legado peligroso: LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LOS polígonos de tiro y LAS armas químicas en isla san josé.

Al salir de Panamá, el Comando Sur de Estados Unidos dejó miles de hectáreas contaminadas con pertrechos militares no detonados en los polígonos de tiro de Balboa Oeste, Nuevo Emperador y Piña. La lectura del Anexo A del Borrador del Acuerdo sobre el CMA, relativo a las áreas designadas para entrenamientos y polígonos, me hace suponer que el Departamento de Defensa de Estados Unidos no saneó todas las áreas contaminadas, porque pretendía utilizarlas en el marco de las labores del CMA.

Los pertrechos militares no detonados constituyen una seria amenaza para la salud y seguridad de la población panameña- de hecho, más de 20 personas han fallecido por estar expuestas a estos artefactos. No sólo ejercen la misma función que una mina antipersonal, también liberan toda clase de sustancias químicas que pueden causar cáncer y degradan el medio ambiente.

Pienso que este conflicto no tendrá una salida negociada. En primer lugar, los asesores legales del Pentágono temen que una respuesta favorable para Panamá provoque peticiones similares en países que albergaron bases militares de Estados Unidos- como Filipinas por ejemplo- y una serie de procesos legales por comunidades que puedan sentirse afectadas.

Es por esta razón que tanto el secretario de defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, como la ex embajadora Linda Watt declararon que el caso de los polígonos de tiro estaba cerrado.

En segundo lugar, el proceso tendiente a que los militares en Estados Unidos entiendan que el armamento que utilizan en los combates y ejercicios de entrenamiento degrada el medio ambiente no ha sido una tarea fácil. Fue sólo en atención al descontento de la sociedad civil, manifestado a través de una serie de movilizaciones de protesta que se llevaron a cabo en diversos sitios de entrenamiento militar en California (Fort Ord), Colorado (Buckley Field), Michigan (Camp Greyling) y Washington (Camp Bonneville), que las autoridades ambientales estadounidenses comenzaron a ponerle un alto a la contaminación ambiental provocada por los pertrechos militares no detonados. Como resultado de estas acciones, hace 5 años la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó por primera vez a las agencias de la Guardia Nacional la descontaminación de los polígonos de tiro de Camp Edwards, en Massachussetts, por razones ambientales y no de seguridad.

Washington también utilizó su músculo diplomático para eludir la responsabilidad que tiene con Panamá, luego del hallazgo de 4 bombas químicas y otras 100 municiones sin detonar. No sólo incumplió el plazo para atender la denuncia panameña, también presionó para lograr la destitución del director de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). La OPAQ es la entidad encargada de velar por la implementación de la Convención de Armas Químicas de 1997, de la cual Panamá y Estados Unidos son Estados partes.

El estudio del pacifista estadounidense John Lindsay-Poland, titulado La República de Probeta: Pruebas de Armas Químicas en Panamá y la Responsabilidad de los Estados Unidos, ya nos había advertido a los panameños y panameñas sobre la utilización de isla San José como teatro de guerra química entre 1944 y 1947.

El estudio de Lindsay-Poland también dio a conocer que toneladas de agentes químicos fueron almacenadas e incluso pudieron haber sido abandonadas no sólo en isla San José, sino también en Curundú, Cerro Tigre, Chivo Chivo, Fuerte Clayton, Fuerte Sherman, Fuerte Gulick, base de Howard, base de Corozal, base de Albrook, Río Hato, France Field y campos de tiro de Balboa Oeste y Nuevo Emperador.

Pienso que el gobierno debería orientar todo su esfuerzo en lograr la descontaminación de los polígonos de tiro y de la isla San José por cuenta propia. La idea de otorgar parte de estas áreas en concesión, con la condición de que las empresas que se vayan a instalar realicen una labor de descontaminación, resulta interesante. Pero también se puede obtener un saldo positivo de las áreas contaminadas, utilizándolas como laboratorios para el empleo de nuevas tecnologías, la realización de estudios científicos y el entrenamiento del personal de la OPAQ.

[Bibliografía de consulta]

Para ampliar sobre el tema de la contaminación ambiental de los polígonos de tiro véase Illueca, Jorge E. La Responsabilidad de los Estados Unidos por la Contaminación Ambiental de Panamá. Bufete Illueca. Panamá. 2000. 20 p y Arellano Lennox, Carlos. Contaminación residual en la ex-Zona del Canal. En Las bases militares y el desarrollo nacional (Volumen 2). Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá. Imprenta Universitaria. Panamá. 1995. p. 103-123.

En Brannan Jaén, Betty. EU pide paciencia en el tema de los polígonos. La Prensa. Panamá. Noviembre 16, 2001. Plana 2, podrá conocer la posición de Colin Powell, el único funcionario que durante el primer mandato del presidente George W. Bush se mostró dispuesto a cooperar con Panamá en el tema de los polígonos de tiro.

La política de la administración de Mireya Moscoso con relación al tema de los polígonos de tiro puede ser consultada en Brannan Jaén, Betty. Denuncia de Panamá ante la ONU "disgusta" a EU. La Prensa. Panamá. Septiembre 22, 2000. Portada y en Alemán, José Miguel. La limpieza de los polígonos. La Estrella de Panamá. Panamá. Julio 11, 2001. Sección A, p. 3. Véase también Martínez, Oscar y Yuriela Sagel. Moscoso y embajadora discrepan sobre polígonos. El Panamá América. Panamá. Abril 9, 2003. Sección A, p. 2.

El tema de la contaminación ambiental de los pertrechos militares no detonados en Estados Unidos es atendido en Williams, Wendy. Toxins on the Firing Range. Scientific American. New York. June 2000. p. 10-11.

Sobre el hallazgo de las armas químicas en isla san José véase Raymont, Henry. Panamá presenta pruebas sobre uso de armas químicas. El Panamá América. Panamá. Septiembre 6, 2001. Portada y Raymont, Henry. Cuarentena en San José por uso de armas químicas. El Panamá América. Panamá. Septiembre 7, 2001. Portada.

El tema de las armas químicas en Panamá es cubierto por el suplemento Este País. Armas Químicas en Panamá. Centro de Estudios y Acción Social Panameño. Impreso en los Talleres del Grupo Editorial Universal, S.A. Panamá. Año XII (44). Noviembre de 1998. 20 p.

La investigación completa de John Lindsay-Poland puede ser consultada en su libro Emperors in the jungle. The Hidden History of the U.S. in Panama. Duke University Press. March 2003. 265 p.

V. ¿ECONOMÍA DE GUERRA?: EL ACCESO Y LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADOS UNIDOS.

En su recordado libro Fundamentos de Ciencia Política, el Dr. César Quintero subrayó que las pugnas bélicas casi siempre se han debido a fuerzas o necesidades económicas.

Este planteamiento cobra plena vigencia tras el fin de la Guerra Fría, cuando el tema del acceso a materias primas (petróleo, gas natural, agua, gemas, minerales y maderas) vuelve a ocupar un papel preponderante en el planeamiento de la seguridad de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos.

Aunado a ello, no se puede pasar por alto el hecho de que a lo largo de estos últimos 15 años el proceso de globalización económica que se ha venido desarrollando no ha podido sacar a muchas zonas de la pobreza, provocando la erupción entre la población afectada de un marcado sentimiento antiglobalización y, hasta cierto punto, antiestadounidense.

Ahora bien, ustedes se preguntaran qué tiene que ver el tema del acceso a materias primas y la pobreza de ciertas áreas en el contexto de la seguridad de Estados Unidos. Pues que el problema para la seguridad estadounidense radica en el hecho de que un gran porcentaje de estas áreas son- aunque suene paradójico- ricas en recursos naturales y esta riqueza está generando conflictos internos y externos, que guardan más relación con la pugna de ciertos grupos (económicos, políticos, armados y terroristas) por el control de estos recursos que con el nacionalismo o la religión.

Pienso que además de ser un conflicto de carácter cultural y religioso, el llamado "choque de civilizaciones" es un conflicto eminentemente económico. El propio Osama bin Laden ha declarado que desea que el barril de petróleo cueste unos 144 dólares y se ha propuesto frenar el flujo de petróleo del Medio Oriente hacia Occidente por medio de ataques terroristas contra la industria petrolera.

En el contexto del "choque de civilizaciones", la religión viene a ser el medio que utilizan las mentes dominantes, tanto de Occidente como del Medio Oriente, para atizar el conflicto cultural y congregar nuevos reclutas para sus respectivas causas.

Así, el movimiento evangélico en Estados Unidos no tiene mayor reparo en hacerle el juego a bin Laden, mucho menos ahora que están enquistados en el círculo del poder en Washington. Predicadores como Pat Robertson, Jerry Falwell y Franklin Graham han llegado a ponerle toda clase de calificativos a Mahoma, desde "ladrón y bandolero" hasta "terrorista", y le han dado connotaciones diabólicas al Islam. En lugar de propiciar el diálogo interreligioso, estos fundamentalistas se han dedicado a promover el odio y el rencor.

El propio enfoque de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo islámico no atiende las verdaderas causas del mismo. Thomas Friedman, el célebre columnista del New York Times, resume la guerra de esta manera: "Predique el libre comercio, mas no lo cumpla, para que así los agricultores paquistaníes caigan incluso más en la pobreza. Después solicite al Congreso que autorice un recorte fiscal para cualquier ciudadano estadounidense que desee comprar un Humvee, que consume gasolina de modo excesivo, para ir a trabajar a la oficina y también pida al Congreso que se resista a cualquier nuevo esfuerzo con miras a hacer que Detroit incremente el rendimiento de combustible de automóviles nuevos. Todo lo anterior equivale a más importaciones estadounidenses de petróleo saudita.

De manera que los sauditas tendrán más dólares para dar a sus fundamentalistas del evangelio wahabita, quienes lo invierten en la construcción de escuelas religiosas en Paquistán. Entonces, el agricultor paquistaní, al que sacamos del negocio con nuestros subsidios agrícolas, envía a sus hijos a la escuela wahabí porque es gratuita y ofrece un almuerzo caliente.

Sus hijos crecen recibiendo una educación exclusivamente coránica, de forma que carecen de la preparación para enfrentar la modernidad, pero les enseñan una cosa: que Estados Unidos es la fuente de todos sus problemas. Uno de los hijos del agricultor se une a la red Al Qaeda y es muerto en Afganistán por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y nosotros creemos que estamos ganando el combate al terrorismo".

En el caso de Estados Unidos, existe una simbiosis entre el acceso a los recursos energéticos y la guerra contra el terrorismo, dos temas de seguridad nacional que han servido para avanzar los intereses de una industria energética que supo colocar a sus mejores hombres y mujeres en el aparato gubernamental estadounidense- George W. Bush estuvo vinculado laboralmente a Harken Oil & Gas, Dick Cheney a Halliburton, Condoleezza Rice a Chevron, Don Evans a Tom Brown, Inc., Kathleen Cooper a Exxon Mobil Corp., y Thomas White a Enron Corp., entre otros.

Un ejemplo de cómo la guerra antidrogas de Bush beneficia a las empresas estadounidenses mientras garantiza la libre circulación de los recursos energéticos hacia su país lo encontramos en nuestra vecina Colombia. Como parte del Plan Colombia, Washington otorgó 98 millones de dólares para que Fuerzas Especiales de Estados Unidos entrenaran a una brigada del ejército colombiano para proteger el oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Este oleoducto, propiedad de las empresas Ecopetrol de Colombia y Occidental Petroleum de Estados Unidos, fue atacado 152 veces en el año 2000 por las guerrillas izquierdistas colombianas, que ven estas instalaciones como un blanco de Estados Unidos.

Fue así como el denominado Plan Escudo se convirtió en un precedente sumamente peligroso, porque allana el camino para que tropas militares de Estados Unidos protejan empresas petroleras estadounidenses en zonas de conflicto.

Que quede claro una vez más, no se trata de ideologías, sino de recursos. Y es que al igual que la droga, el petróleo se ha convertido en una importante fuente de financiamiento para los grupos irregulares colombianos. Hace algunos años, la revista colombiana Semana reveló que las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) apostaban a la extorsión de los ingresos petroleros en el departamento de Arauca y que los grupos paramilitares de extrema derecha (Autodefensas Unidas de Colombia) habían establecido un sistema de robo de gasolina, perforando poliductos, para financiar su lucha.

Ante el binomio del acceso a los recursos energéticos, manifestado en Panamá a través de los intereses de exploración petrolera que tiene en Darién una empresa muy cercana a la Casa Blanca, Harken Oil & Gas, y la guerra contra el "narcoterrorismo" en Colombia, la decisión del gobierno de Martín Torrijos de incorporar a Panamá en el Grupo de los Tres (G-3) me pareció sumamente peligrosa.

¿Pero qué es el G-3? El G-3 nace a finales de los 80 con un noble propósito: México, Venezuela y Colombia abastecerían de petróleo a América Central como parte del esfuerzo encaminado a resolver los conflictos de la región. Revive gracias al esfuerzo diplomático del presidente mexicano Vicente Fox y en la actualidad se ha propuesto ayudar a resolver los conflictos de la región andina.

Vicente Fox y George W. Bush comparten no sólo una gran amistad, sino también un gran interés por el tema energético. La razón: el destino del 90% de las exportaciones mexicanas es Estados Unidos, cuya economía se está viendo afectada por los altos precios del petróleo. Ante este escenario, Alan Greenspan, presidente saliente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha vaticinado que la clave de la recuperación económica estadounidense será el gas natural.

Por esta razón, Washington está cada vez más pendiente de lo que sucede en la Venezuela de Hugo Chávez, país con las mayores reservas de gas natural del Hemisferio y con un gobierno abiertamente antiestadounidense.

Chávez ha llegado a plantear la necesidad de integrar a las petroleras estatales latinoamericanas, excluyendo así a las empresas estadounidenses. Pero el reto más atrevido que el presidente venezolano le ha lanzado a la administración Bush con relación a Panamá es utilizar la posición estratégica del Istmo- mediante la construcción de un oleoducto- para venderle crudo a la República Popular China.

La pugna de ciertos grupos en el contexto del conflicto armado colombiano, las constantes políticas y retóricas antiestadounidenses del gobierno venezolano, así como la injerencia estadounidense por tratar de controlar el acceso y garantizar la libre circulación de los recursos energéticos, amenaza con desestabilizar a la región.

Si nuestras autoridades saben que las FARC tienden a atacar infraestructuras económicas vitales para el Estado colombiano, ¿son realmente conscientes del peligro que conlleva construir un gasoducto, una red de interconexión eléctrica y una carretera entre Panamá y Colombia?

Como ya expresé anteriormente, el Fundamento No. 14 de los FPPS deja abierta la posibilidad de que tropas militares de Estados Unidos vuelvan al Istmo para la defensa del Canal y el Fundamento No. 15 de los FPPS delimita la política nacional de seguridad con relación al conflicto armado colombiano.

Por todo lo anterior, considero que el despliegue armamentístico que efectuó la Policía Nacional durante los desfiles patrios y la visita de Donald Rumsfeld en noviembre de 2004, las declaraciones del jefe del Comando Sur, general Bantz Craddock, en el sentido de que el Darién es un santuario para las FARC y la reciente visita del presidente George W. Bush para discutir asuntos de seguridad parecen presagiar un retorno al militarismo en Panamá con el fin de satisfacer los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

[Bibliografía de consulta]

Michael T. Klare analiza el tema de los posibles conflictos por el control de las materias primas en La nueva geografía de los conflictos internacionales. Foreign Affairs En Español. Instituto Tecnológico Autónomo de México. México. Vol. 80 (3). Verano 2001. p. 151-165.

La posibilidad de que en un futuro surjan conflictos en más de 50 países en 5 continentes por el agua es analizada en Postel, Sandra L. and Aaron T. Wolf. Dehydrating Conflict. Carnegie Endowment for International Peace. Foreign Policy. Washington. No. 126. September-October 2001. p. 60-67.

El choque de civilizaciones como fuente de conflicto mundial es analizado en Huntington, Samuel P. ¿Choque de civilizaciones? Foreign Affairs En Español. Instituto Tecnológico Autónomo de México. México. Vol. 80 (3). Verano 2001. p. 225-245.

El fundamentalismo religioso estadounidense en el contexto de la guerra contra el terrorismo es descrito en Zakaria, Fareed. Es hora de enfrentar a los predicadores del odio. Newsweek En Español. Florida. Octubre 23, 2002. p. 11.

El tema de las escuelas religiosas en Pakistán es cubierto en Haqqani, Husain. Islam’s Medieval Outposts. Foreign Policy. Carnegie Endowment for International Peace. Washington. No. 133. November-December 2002. p. 58-64.

Thomas Friedman analiza la guerra contra el terrorismo en Connect the Dots. The New York Times. September 25, 2003. Section A, p. 27.

Ulrich Beck, director del Instituto de Sociología de la Universidad de Munich, nos expone las oportunidades que brinda la sociedad del riesgo mundial para lidiar con el terrorismo internacional en Sobre el terrorismo y la guerra. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona. 2003. 61 p.

Los nexos entre el aparato gubernamental y la industria energética en Estados Unidos son revelados en Fineman, Howard and Michael Isikoff. Big Energy at the Table. Newsweek. Florida. May 14, 2001. p. 10-12.

Para conocer la pugna por el control de los recursos energéticos y los beneficios económicos que se derivan de éstos en Colombia véase AFP. Paramilitares y guerrilla apuntan a financiarse con petróleo. El Panamá América. Panamá. Septiembre 24, 2002. Sección A, p. 11; AP. Oleoducto colombiano paralizado por rebeldes. Crítica. Panamá. Febrero 10, 2003. p. 82; y Barry, John. Pipeline Brigade. Newsweek. Florida. April 8-15, 2002. p. 35.

Los planes de la empresa Enron Corp., para construir un gasoducto submarino entre Panamá y Colombia son revelados en Alexander`s Gas and Oil Connections. Natural gas pipeline to be built between Panama and Colombia. News and Trends: Latin America. Vol. 5 (8). May 5, 2000. http://www.gasandoil.com/goc/news/ntl01961.htm

Para ampliar sobre la protección que brinda el Servicio de Guarda Costas de Estados Unidos a los buques metaneros que podrían ser blanco de atentados terroristas véase Testa, Karen. Are natural gas chips "boat bombs" for terror? The Associated Press. February 16, 2004. http://msnbc.msn.com/id/4276348/

La visita de Donald Rumsfeld a Panamá es cubierta en Pérez G., Rafael. Proponen endurecer las sanciones contra el terrorismo. La Prensa. Panamá. Noviembre 15, 2004. Portada.

Una posible remilitarización del país es analizada en Pérez Jaramillo, Rafael. Remilitarización: alerta, pendiente. La Prensa. Panamá. Noviembre 19, 2004. Sección A, p. 12; Paredes, Rubén Darío. Es organizar una fuerza pública militarizada, ¡sin ejército! La Prensa. Panamá. Noviembre 19, 2004. Sección A, p. 12; y Eisenmann, I. Roberto. Yes, Sir! La Prensa. Panamá. Noviembre 21, 2004. Sección A, p. 12.

VI. TLC: PRISIONEROS DE LA LIBERACIÓN COMERCIAL.

Básicamente, un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo comercial preferencial entre dos o más países. Estos acuerdos se originaron en Europa, a raíz de la relación comercial preferencial que a través de los años han mantenido Inglaterra y Francia con sus antiguas colonias de África, el Caribe y el Pacífico.

Estados Unidos es el principal promotor de estos acuerdos en la actualidad, seguido muy de cerca por los países asiáticos. Dicho esto, ¿cuáles serían las ventajas de un TLC con Estados Unidos?

Con el TLC, los productos panameños entrarían al mercado estadounidense con acceso preferencial, o sea, libre de impuestos. En la búsqueda de ese objetivo, el equipo negociador panameño debe proponerse consolidar y ampliar los beneficios otorgados por Estados Unidos a Panamá mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

La ICC y el SGP son acuerdos comerciales "unilaterales" entre Estados Unidos y ciertos países en desarrollo, que a diferencia del TLC tienen una fecha de expiración. La llegada de nuevas inversiones estadounidenses, que generen nuevos puestos de trabajo, sería otra de las ventajas de un TLC con Estados Unidos.

¿Y cuáles podrían ser las desventajas? Seguramente el mercado panameño se inundaría de productos agrícolas estadounidenses como resultado de una mala negociación en materia agrícola- en contraste con un país pequeño como Panamá, en Estados Unidos existe un fuerte apoyo gubernamental a los granjeros.

Se perderían miles de empleos directos e indirectos, se trasladaría gran parte del campesinado a la ciudad y se agravarían los problemas sociales.

La utilización de barreras comerciales no arancelarias por parte de Estados Unidos podría ser otra de las desventajas. Veamos el caso de las normas laborales y ambientales en el TLC. Supongamos que a la hora de su implementación el gobierno nacional no ha desarrollado una estrategia de erradicación del trabajo infantil en los cafetales y de supervisión para que todos los barcos camaroneros cuenten con un Dispositivo Expulsor de Tortugas (DET).

Estados Unidos podría paralizar las exportaciones de café y del camarón, debido a que en el marco del TLC Panamá se compromete a realizar avances en el campo laboral y ambiental.

Desde una óptica mucho más crítica, hay que tomar en cuenta que los TLC que hasta el momento ha negociado Estados Unidos han sido criticados por tres razones fundamentales: avanzan las agendas de los lobbies domésticos en Estados Unidos, menoscaban la disposición de la nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y debilitan el poder de los países pobres en las negociaciones comerciales multilaterales.

Según el connotado economista y profesor de la Columbia University, Jagdish Bhagwati, la estrategia que emplea Estados Unidos al negociar un TLC se basa en "incitar" y "castigar". Incita al ofrecer acceso preferencial a su multimillonario mercado y castiga cuando condiciona ese acceso a la aceptación de ciertos temas que, más que guardar relación con el libre comercio, tienen que ver con la satisfacción de los intereses de ciertos grupos domésticos (lobbies).

El canciller panameño Samuel Lewis ha negado que existan condiciones para que se apruebe el TLC con Estados Unidos. No obstante, las declaraciones del canciller panameño contrastan con la realidad vivida por México, Jordania, Chile, Singapur y Centroamérica durante las negociaciones para concretar un TLC con Estados Unidos. Tomaré el caso de México durante las negociaciones del NAFTA, por ser el más antiguo y aleccionador.

Estados Unidos le hizo saber a los mexicanos que tenían que abandonar sus objeciones con relación a los derechos de propiedad intelectual- un tema impulsado por las compañías de software y farmacéuticas estadounidenses- para ser admitido en el NAFTA. Los mexicanos también tuvieron que ceder ante las presiones de los sindicatos y las organizaciones ambientalistas estadounidenses- grupos vinculados al Partido Demócrata- y aceptar una serie de disposiciones laborales y ambientales que ahora son parte medular de los TLC que negocia Estados Unidos.

En base a esta negociación, ¿cuál podría ser la condición o el precio del TLC para Panamá? Algunos políticos conservadores del Partido Republicano, como Virgil Goode, se muestran a favor de reinsertar la presencia militar estadounidense ante el temor de que la República Popular China se apodere del Canal de Panamá, por lo que habría que evaluar con detalle los límites o el alcance de la carta de comercio "seguro" que se anexará al TLC.

El TLC con Estados Unidos no sólo guarda relación con el tema de la ampliación del Canal, sino también con una redefinición de las relaciones bilaterales que se enfoque en las preocupaciones de seguridad de Washington con relación al conflicto armado colombiano, las políticas antiestadounidenses del presidente venezolano Hugo Chávez y la creciente influencia de la República Popular China en Panamá y América Latina.

Dependerá del gobierno actual que el TLC se convierta en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional sin que tenga que comprometer nuestra soberanía en función del interés nacional de Estados Unidos. Primero con una buena estrategia de negociación y después con la puesta en marcha de una adecuada respuesta institucional a la implementación del acuerdo, que bien podría traducirse en proporcionar los fondos públicos para el reajuste, fortalecer el imperio de la ley y preparar al recurso humano con la mira puesta en aquellas actividades económicas en las que haya un potencial de crecimiento.

[Bibliografía de consulta]

Aunque data de 1990, uno de los estudios más didácticos con relación al tema del TLC con Estados Unidos sigue siendo el de Lorenzo, Alejandro. Panamá y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Panamá. Agosto de 1990. 100 p. Biblioteca del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para ampliar sobre el caso de México durante las negociaciones del NAFTA véase Bhagwati, Jagdish. In Defense of Globalization. Oxford University Press. New York. 2004. 308 p.

Jagdish Bhagwati y Arvand Panagariya critican los TLC que negocia Estados Unidos en Bilateral Trade Treaties Are a Sham. Financial Times. July 13, 2003. Global Policy Forum.

Las declaraciones del canciller Samuel Lewis, en el sentido de que no existen condiciones para que se apruebe un TLC con Estados Unidos, aparecen en González Batista, José. No hay nexo entre TLC y bases. Crítica. Panamá. Abril 16, 2005. p. 4.

Sobre la carta de comercio seguro que se anexará al TLC véase Brannan Jaén, Betty. EU logra incluir componente de seguridad en el TLC. La Prensa. Panamá. Diciembre 9, 2004. Portada.

VII. REFLEXIONES FINALES

En la era de la globalización, los aspectos militares y de seguridad han pasado a dominar la agenda de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Al igual que en el pasado, una relación bilateral fundamentada en estos dos aspectos podría generar problemas internos- ¿una vuelta al militarismo en el Istmo?- y nuevas causas de conflicto entre ambos países- ¿el establecimiento de bases militares estadounidenses en Panamá bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico?

En lo personal, pienso que la desaparición física de tres ciudadanos panameños durante las maniobras antiterroristas PANAMAX 2005, además de ser una pérdida irreparable para sus familiares y la Patria, es también una señal de alerta sobre el rumbo equivocado que está tomando nuestro país por tratar de satisfacer los intereses militares y de seguridad de Washington.

Si el Canal de Panamá realmente es un objetivo de los grupos terroristas que aborrecen a Estados Unidos es precisamente porque las administraciones de Mireya Moscoso y Martín Torrijos (¿Pacto MAMI?) han aceptado una alianza militar estratégica con el gobierno de George W. Bush- que se manifiesta con la puesta en marcha de los Fundamentos para la Política Panameña de Seguridad, el Tratado Alemán Healy-Becker, el Convenio Alemán Zubieta-Becker, el Arreglo Complementario Salas-Becker y el Acuerdo Escalona-Bolton. Por cierto, poco antes de su visita a Panamá, en noviembre pasado, Bush comentó que una de las razones que motivaba la misma era agradecer que el gobierno y el pueblo panameño han sido inteligentes sobre asuntos de seguridad.

Entiéndase bien, la forma más efectiva de garantizar la seguridad de nuestro Canal y del país en su conjunto es a través de la promoción y el ejercicio de una política exterior coherente y neutral. Como aporte a este argumento, hay que destacar que algunos de los pensadores más respetados en Estados Unidos reconocen que la dosis militar que le está imprimiendo la administración Bush a flagelos transnacionales como el terrorismo es sencillamente insuficiente y puede llegar en ocasiones a ser hasta contraproducente.

Joseph S. Nye, decano de la Kennedy School of Government en Harvard y autor de The Paradox of American Power: Why The World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, trata de explicar este último punto cuando compara la agenda de la política mundial con un juego de ajedrez tridimensional. Nye argumenta que en el tablero superior, el de los temas militares, seguirá prevaleciendo Estados Unidos como potencia hegemónica durante los próximos años, pero en el tablero intermedio, el que abarca los asuntos económicos entre Estados, la distribución del poder ya es multipolar.

Del mismo modo, reconoce que en el tablero inferior, el de los asuntos transnacionales, el poder ya está ampliamente distribuido entre actores estatales y no estatales.

Nye concluye que la actual visión washingtoniana de este juego de ajedrez tridimensional es errada, porque juega de manera unidimensional, es decir, Estados Unidos se está apoyando únicamente en su poderío militar para resolver asuntos como el terrorismo y el narcotráfico, un enfoque que representa una garantía de derrota a largo plazo.

Estados Unidos requiere más que nunca de la cooperación internacional para solucionar aquellos problemas transfronterizos que atentan contra sus intereses y Panamá puede contribuir significativamente en esta tarea, ya que no se puede desconocer que tanto el pueblo panameño como el estadounidense abrigan los mismos valores (libertad, democracia y derechos humanos, entre otros). Pero cuando la administración Bush le impone a Panamá sus políticas militares y de seguridad, Estados Unidos pierde lo que Nye ha denominado poder blando (soft power, en inglés), definido como aquel poder que surge de los atractivos que resulten los ideales políticos, la cultura y las políticas de un país. Así, cuando Estados Unidos pretende establecer una base militar disfrazada de centro antinarcóticos en Panamá o se niega a sanear los polígonos de Piña, Balboa Oeste y Nuevo Emperador y a remover las armas químicas que dejó en isla San José pierde legitimidad ante los ojos del pueblo panameño, o sea, pierde una cuota considerable de su poder blando. Y como si se tratase de un círculo vicioso de nunca acabar, vuelven a emerger nuevas causas de conflicto entre ambas naciones.

[Bibliografía de consulta]

Algunos datos sobre el desempeño institucional de los tres ciudadanos panameños que murieron trágicamente durante los ejercicios PANAMAX 2005 se revelan en López Dubois, Roberto y Jean Marcel Chéry. Marinos cumplieron hasta la muerte. La Prensa. Panamá. Agosto 17, 2005. Sección A, p. 4. Véase también Chéry, Jean Marcel y Roberto López Dubois. Víctimas de la negligencia. La Prensa. Panamá. Agosto 16, 2005. Portada.

Los reportes que cubren la entrevista que le realizara la corresponsal en Washington del diario La Prensa, Betty Brannan Jaén, al presidente George W. Bush pocos días antes de su visita a Panamá son EU no tiene interés de abrir bases militares en Panamá. La Prensa. Panamá. Noviembre 2, 2005. Portada y George W. Bush y sus planes. La Prensa. Panamá. Noviembre 2, 2005. Sección A, p. 3.

La reforma militar en Estados Unidos es analizada en Rumsfeld, Donald H. Transforming the Military. Foreign Affairs. New York. Vol. 81 (3). May-June 2002. p. 20-32 y en The FP Interview. Reinventing War. Foreign Policy. Carnegie Endowment for International Peace. Washington. No. 127. November-December 2001. p. 31-47.

El análisis de Joseph S. Nye se encuentra en Poder y estrategia de Estados Unidos después de Irak. Foreign Affairs En Español. Instituto Tecnológico Autónomo de México. México. Vol. 3 (3). Julio-Septiembre 2003. p. 2-12.

POR:

JOSÉ H. SANTOS AGUILERA

LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y MAGÍSTER EN NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR

DICIEMBRE 2005