A comienzos del siglo XX, a medida de que los efectos se acumulan, la inmigración adquiere la característica de lo irrevocable, como tan no podría ser considerada problemáticamente sino en sus modalidades objetivas, al mismo tiempo siguen ofreciendo el camino más obvio para adelantarse en una problemática que constantemente la excede.
Izquierda, régimen político, cuestión social y cuestión ética en Argentina. Ricardo Falcón
En las primeras décadas del siglo XX, el régimen del "80 comienza a evidenciar algunos síntomas de profundos desequilibrios.
La economía parecía constituir el elemento más preocupante. Sin embargo, ciertos problemas políticos de envergadura y el estallido de lo que en la época se denominaría la cuestión social se vislumbraron como crecientes factores desestabilizantes. Las transformaciones económicas seguían siendo el elemento legitimante fundamental del la elite gobernante heredada del régimen del "80, pero el tratamiento de la situación política y social requería, al menos de un reajuste.
El régimen político se caracterizó por ser restrictivo y exclusivista. La cuestión social ya había comenzado a manifestarse en la década de 1890, pero fue a partir de la huelga general de 1902 que hizo su plena irrupción en la escena nacional convirtiéndose desde entonces en un problema político de primer orden.
Surgió un nuevo tema problemático que se relacionaba con la situación de los inmigrantes. Estos se relacionaban con la crisis del régimen político ya que se encontraban marginados por este y el movimiento obrero ya que los trabajadores extranjeros eran los centros urbanos los principales protagonistas de los movimientos huelguistas.
La elite se mostró indiferente frete a la situación de amenaza. Las reformas electorales de 1902 y 1910 como intentos de depuración y ampliación del régimen político y el frustrado proyecto de "código de trabajo" y la legislación del trabajo que le siguió fueron los principales pasos de lo que se ha llamado "el reformismo oligárquico".
La izquierda de la época también pensaba en la lucha por imponer una de las alternativas posibles a la crisis. Esta izquierda había adquirido un peso político sindical creciente en los primeros centros urbanos compuestos mayoritariamente por extranjeros, sus propuestas no eran indiferentes a la proposición en que el peso creciente se distribuiría entre las distintas corrientes que lo componían.
El término izquierda denominó al conjunto de movimientos políticos expositores de ideologías que globalmente se podrían definir como "contestaciones sociales o si se quiere anticapitalistas.
Dentro del movimiento de izquierda se pueden visualizar tres tendencias: La anarquista, la socialista y el sindicalismo revolucionario.
LOS SOCIALISTAS:
En la primera década del siglo XX la política de los socialistas ya había adquirido un perfil definido: "se trataba de la construcción de un partido basado en una doble estrategia hacia el socialismo. Por un lado se presentaba como un instrumento apto en la secuenciación de mejoras económicas y sociales para los trabajadores y por otro lado como un partido de reformas democráticas, republicanas y "profundas". El nexo entre ambos aspecto se llamó "la acción política".
La relativa consolidación de estas políticas como dominantes en las filas socialistas habían requerido un encarpado camino, que supuso etapas diferentes y la presencia de tendencias contrarias a las orientaciones que desde mediados de 1890, Juan B. Justo y su equipo imprimirían crecientemente a la política partidaria. Un breve análisis de esas alternativas de la política socialista reveló que los cambios y las polémicas apuntaban en lo esencial al corazón de las tres cuestiones centrales.
El socialismo argentino enfatizó una orientación en la que se vinculaban estrechamente lo político y lo sindical. Se desprende la idea de la construcción de un partido socialista a partir del desarrollo del movimiento sindical.
En 1894 se registraron dos fenómenos que contribuyeron a modificar sustancialmente el perfil de la acción socialista en Argentina:
1. Al calor de la reactivación económica se reanuda el movimiento huelguista, quien en 1895 y 1896 tendrá una intensidad especial, particularmente en Buenos Aires y Rosario.
2. Se incorpora al socialismo una serie de intelectuales, argentinos por nacimiento o naturalizados, que configuraron el proto-intelectual de la Izquierda en Argentina, y que rápidamente ocuparon los principales espacios dirigentes.
Dentro de los intelectuales que desarrollaron papeles principales en las filas del socialismo podemos mencionar: Juan B. Justo, Leopoldo Logones, Enrique Dickman, José Ingeniero, Ángel Jiménez, Nicolás Repetto, Roberto Payró y Nicanor Sarmiento entre otros.
Una de las consecuencias de esos cambios introducidos en el año 1894, fue la iniciación de lo que se llamó la "argentinización del socialismo". La acción parlamentaria se utilizó como instrumento fundamental para la conquista de reformas democráticas generales y económicas y sociales de los trabajadores.
La argentinización se combinó con la acción política en un punto fundamental: la necesidad de la naturalización de los extranjeros para que estos pudieran ejercer sus derechos electorales.
En el Congreso desarrollado en el año 1896, José Ingenieros y Leopoldo Logones, lograron imponer enmiendas al proyecto original de la declaración constitutiva. Una de ellas corrigió la propuesta que preveía la posibilidad de alianzas electorales con otros partidos, las restantes se refirieron al empleo de otros medios.
El Congreso aprobó las dos enmiendas y así en sus orígenes el partido socialista no excluís el recurso a una acción revolucionaria para la conquista del socialismo, aunque esta debía ser precedida por la "acción política".
Hacia fines del silo, los anarquistas "organizadores" comenzaron a conquistar posiciones significativas en el seno del movimiento obrero, al mismo tiempo que iban extendiendo su influencia a otros sectores.
LOS ANARQUISTAS:
De los grupos pioneros de la década de 1880 surgieron dos grandes tendencias: Los anarquistas "organizadores" y los anarquistas "anti-organizadores", cuyo eje de discusión era la aceptación o el rechazo de ciertas formas de organización estables del movimiento, la participación en las organizaciones sindicales y en la lucha por las reivindicaciones parciales.
Entre 1890 y 1894 son los anarquista anti-organizadores quienes llevan la delantera. Al igual que los socialistas, los anarquistas organizadores encontraba dificultades para su predica en el marco social caracterizado por la desocupación y el reflujo del movimiento huelguista que había tenido lugar entre 1880 y 1890.
En cambio, la acción predominante propagandista y agitadora de los anarquistas anti-organizadores encontraba un mejor escenario para su desarrollo.
Los anarquista anti-organizadores se caracterizaron:
1. Tener tono antipoliticista
2. Ser antiestatista
3. Contar con una cerrada oposición al establecimiento de vínculos entre los anarquistas que fueron más allá de libre fórmula de "Grupos por afinidad"
4. Mostrar un fuerte rechazo a los principios de lucha de clase y consecuentemente a la participación en las organizaciones obreras y a las huelgas parciales
5. Llevaron adelante un continuo reclamo de la "propaganda por los Hechos".
Como los socialistas, los anarquistas adoptaron principios de la organización por grupos sobre la base de criterios de orígenes étnicos o comunidades lingüísticas. No obstante, la característica acerca de descentralizar que tenía la actividad anarquista hacía mucho más evidente la persistencia de estos criterios, a través de la proliferación de periódicos publicados en diferentes idiomas. Su antipoliticismo descarta cualquier preocupación por la naturalización de los extranjeros.
El anarquismo organizado comenzó a expandir su influencia sobre los trabajadores extranjeros desde mediados de 1890 y en 1897 dio un paso decisivo en su consolidación como corriente, con la aparición de un periódico. La protesta funcionaba como una especie de "frente unido" de distintos grupos de anarquistas organizados.
Los anarquistas organizadores fueron adquiriendo cada vez más un perfil "anarco-sindicalista", ya que visible en los últimos años del siglo XIX adquirieron rasgos definitivos en la década siguiente, particularmente por su acción en la FORA. Compartió con la otra sentencia su carácter de antipoliticismo y antiestatismo, se diferencia, sin embargo, por la admisión de formas organizativas federativas para el movimiento anarquista, y aceptaba la importancia de las organizaciones sindicales y de la lucha por las demandas parciales aunque siempre el camino a tomar era la huelga general insurrecional.
En 1910 las tensiones llegaron al máximo en ocasión del centenario y la derrota de la huelga general de ese mismo año que marcó el fin de una etapa.
SINDICALISTAS REVOLUCIONARIOS
Nació como el producto de una fusión interna del Partido socialista y la llegada a nuestras playas de los principios Sindicalistas revolucionarios europeos. La Facción disidente fue esbozando un conjunto de planteos, que sin implicar una ruptura total con el socialismo argentino, la ubicaba como un ala de la "izquierda".
No renegó abruptamente del parlamentarismo, sino que lo aceptaba como una posibilidad.
Los sindicalistas revolucionarios compartían el antipoliticismo y el antiestatismo de los anarquistas. Sin embargo, pronto se haría visible, la notoria diferencia entre ambas corrientes. Para los sindicalistas revolucionarios el rechazo a la "acción política" no será sustituido por la preparación de la vía insurrecta, sino que el sindicalismo aparecerá como el eje presente y futuro de toda la vida social y política.
El problema de la "unidad" se convertía en el elemento decisivo en la polémica con los anarquistas.
En lo al estado y el régimen político concierne, los sindicalistas revolucionarios, postulan de forma similar a los anarquistas. Rechazaron, en consecuencia, cualquier tentativa de reforma política y cualquier intento de "integración" de los trabajadores.
POR QUÉ EL ANARQUISMO?
La afirmación de la existencia de serias dificultades en la estructura de la política socialista no puede, sin embargo, llevarnos a ignorar la importancia que tuvo como empresa política.
Dos han sido las tradicionales explicaciones frente a este fenómeno:
1. la primera atribuye la fuerza del anarquismo argentino a la presencia de un fuerte porcentaje de inmigrantes italianos o españoles, países considerados de amplia tradición anarquista.
2. la segunda, hace descansar este éxito, en la persistencia en la Argentina urbana de los rasgos pre-capitalistas.
Los motivos fundamentales del predominio anarquista sobre las otras corrientes de izquierda, deben buscarse en sus posturas entorno a las tres cuestiones que se han definido como decisivas para la época: las alternativas frente al régimen político, la cuestión étnica y la cuestión social:
1. En lo que refiere al régimen político el antipoliticismo y antiestatismo anárquico aparecía para los sectores populares como lo más simple y adecuado al tipo de estado que enfrentaban, que las proposiciones socialistas. En efecto, su antipoliticismo se traducía al repudio de partidos políticos y a las practicas electorales y parlamentarias, esta señalando, en realidad, una de las características central del régimen político vigente.
2. Que los inmigrantes internacionales se mantuvieran marginados del régimen político, lo que significaba que había que encontrar otra forma de participación política, forma no "institucional" si se quiere, al menos en alguno de sus segmentos. La propaganda anarquista toca otro de los puntos nodales de política de la elite, respecto a los trabajadores. Esta actitud no sólo era alterada cuando esos conflictos alcanzaban dimensiones que amenazaban con alterar gravemente el "orden público" o cuando afectaban el corazón de la política agroexportadora.
La situación se modifica a partir de la huelga general de 1902. El Estado inaugura entonces una doble política hacia el movimiento de trabajadores. Por un lado, en las huelgas y manifestaciones obreras, la puesta de se. Por otro lado semi-legalidad "vigilada" de los movimientos de izquierda. Por otro lado, hay una tentativa, aunque parcial, de integrar limitadamente el movimiento obrero al régimen político, a partir de la reforma electora que daría lugar a la elección de Alfredo Palacios. Por otro lado, hay un intento de "integración corporativa" del movimiento obrero a través del proyecto "código de trabajo", seguida luego por la sanción de algunas leyes acerca de las condiciones de trabajo y la creación del Departamento Nacional de Trabajo.
Frente a una política estatal de este tipo, la propaganda antiestatista de los anarquistas no encontraría demasiadas contradicciones. Su denuncia implacable y sistemática del Estado como instrumento de opresión, parecía convalidada por la actitud de la elite hacia los trabajadores.
Para los socialistas, la situación era cada vez más compleja. Pese a sus denuncias acerca del régimen político vigente, los socialistas tenían finalmente frente a él una actitud positiva. Esta se traducía en la insistencia en la necesidad de participar de los procesos electorales y en utilizar el parlamento.
Los sindicalistas revolucionarios, por su parte, al menos en los períodos iniciales de su existencia como corriente autónoma, manifestaron un antipoliticismo y antiestatismo en muchos aspectos similares a los del anarquismo. Para los sindicalistas revolucionarios la construcción de la clase obrera inspirada por un criterio netamente clasista, pensaba sobre todo en la unidad obrera, que debía tener como eje el sindicato y la actividad sindical solidaria.
En los socialcitas existía una predisposición similar a rechazar las tendencias de la identidad étnica y sus formas organizativas derivadas, por parte de los trabajadores extranjeros.
Los anarquistas inspirados por sus concepciones profundamente antipatrióticas e internacionalistas, sumadas a su repudio del régimen político, no evidenciarían ningún interés particular por ahogar las tendencias del agrupamiento sobre las bases étnicas, que mostrarían ciertas capas de trabajadores.
La incapacidad de generar un régimen político como integrados de los trabajadores extranjeros aceleraba por parte de la elite la necesidad de crear otro elemento de dominación.
La tentativa de nacionalización forzada agregó un electo más de simpatía hacia la actitud anarquista de tolerancia con posparticulares étnicos. Los socialistas, en cambio, participaban de alguna manera del proceso de "argentinización" aún cuando su óptica fuera parcialmente diferente de la de la elite.
3. En lo que se refiere a la cuestión social, las ya analizadas repuestas del estado, y la intransigencia de los capitalistas, que se negaban a reconocer el pleno derecho, e incluso a veces el hecho, a los sindicatos obreros, llevaban crecientemente a los trabajadores a adoptar las formas de "acción directa" para la consecución de sus objetivos.
Los anarquistas promovieron esta forma de lucha sin restricción alguna. Frente a la intransigencia y represión estatal y patronal impulsaron la acción directa y la huelga general como instrumento de lucha fundamental.
Para los socialistas la estrategia insurrecta esta claramente descartada, para ellos las huelgas eran parciales con objetivos concretos y precisos como son las condiciones del ámbito de producción.
El movimiento sindical era sólo uno de los elementos de una tripla articulación en la lucha por la cuestión social.
LA IZQUIERDA Y LA CRISIS DEL RÉGIMEN POLÍTICO:
La importancia de la influencia alcanzada por el anarquismo entre los sectores populares urbanos y también el crecimiento del Sindicalismo Revolucionario hacia fines del período, revertían a su turno sobre la crisis del régimen político y no dejaban de incidir, de alguna manera, sobre las instituciones.
Las huelgas y movilizaciones que estos movimientos impulsaban, creaban un clima de agitación social casi constante. El empleo de la represión fuerte y sistemática no otorgaba mayor credibilidad a la elite gobernante, sino por lo contrario, ponía de evidencia su necedad de emplear entre recurso, carente de cualquier forma de consenso entre los sectores populares urbanos.
Estas corrientes de izquierda constituían también una amenaza, en la medida que las repercusiones del movimiento social parecían sumarse a los que preveían de la oposición política. La huelga general de 1910 terminó de profundizar la derrota para el movimiento obrero.
El Estado argentino frente a los trabajadores urbanos: Política social y Represión, 1880-1916. Juan Suriano
El proceso de crecimiento de la economía agroexportadora argentina generado entorno a 1880 produjo, como uno de sus resultados más notable, la aparición de un heterogéneo mosaico de trabajadores urbanos. Una serie de diversidades trabaron el proceso de construcción de una identidad colectiva. Sin embargo, los trabajadores hallaron numerosos espacios donde plasmar sus experiencias comunes: sociedades mutuales, cooperativas, centros recreativos, cultuales y bibliotecas entre otros.
El aparato estatal se involucró en las zonas conflictivas de la sociedad solo cuando el orden social y económico pareció, supuestamente, amenazado por las posibilidades de que los trabajadores instrumentaran respuesta amparados en la fuerte presencia del anarquismo y el socialismo. El estado comenzó su propio proceso de autoformación como árbitro y regulador de las relaciones sociales, ya sea por las vías de la coerción o el consenso.
Los primeros pasos del poder público en materia de política social fueron tímidos y contradictorios, parecían responder al temor del conflicto que a una conciencia clara de necesidad de integrara a los trabajadores al sistema.
En general predominó la opinión deque la represión era la solución al problema que era importado de Europa por los inmigrantes y extraño al cuerpo social de la nación. Esta disociación del conflicto social motivó una política dual de estado destinada a integrar a la mayoría de los trabajadores y a marginar a la minoría contestataria.
EL ESTADO ANTE LA CUESTIÓN SOCIAL: NEGACIÓN, PRESCINDENCIA Y PRESCEPCIÓN DEL CONFLICTO 1880-1900:
Hacia 1880 el estado había logrado consolidar su posición y a partir de ese momento se aceleró notablemente la incorporación de Argentina en el mercado internacional como productor de bienes primarios exportables.
La desagregación de la vida urbana fue considerada como una consecuencia inevitable del crecimiento descontrolado de la ciudad debido al LAISSEZ FAIRE que excluía acciones planificadoras.
Fue en el ámbito municipal donde se vieron los primeros síntomas de un heterogéneo conglomerado de trabajadores que comienzan a cuestionar la legitimidad de los sectores dominantes, o al menos, a exigir la mediación de los poderes públicos ante las desventajas surgidas de los empresarios.
La idea del rechazo al inmigrante penetró el entramado de las instituciones estatales, en un marcado reduccionismo que vincula el conflicto local social con la calidad de la inmigración. Esta se trasforma en un elemento de disolución social, no solo por los vicios morales que las masas de hombre pervertidos importaban sino también por las numerosas enfermedades físicas que padecían.
Lo que sólo era una preocupación por un síntoma de disolución moral de la sociedad devino en inseguridad e inquietud en el Estado y la sociedad política a raíz de la irrupción del socialismo y principalmente del anarquismo.
La intervención de los factores aunados a la intransigencia patronal y la poca disposición gubernamental a mediar en los conflictos permitieron a los trabajadores llevar adelante el movimiento huelguista que paralizó, por primera vez, la economía del país afectando directamente a los intereses de la burguesía agroexportadora e instalando el conflicto de clases en el primer plano de las relaciones sociales.
La Ley de Residencia y la aplicación del estado de sitio en 1902 no son más que la culminación de un proceso mediante el cual la clase dominante elaboró un sistema de ideas sobre la política y la sociedad que desembarcó en el esquema de dominación en el cual los conflictos sociales no alcanzaban a articularse desde el poder. El estado argentino que se había demostrado dinámico y moderno impulsando la inserción del país en el mercado internacional y que había adoptado medidas proteccionistas ante los sectores más tradicionales y conservadores de la sociedad a través de la implementación de la educación laica y el matrimonio civil, exhibió fuertes debilidades frente a la irrupción de nuevos sectores sociales. El grupo dirigente se aferró al esquema de sociedad elaborado por la generación del "80 y ante las impugnaciones sociales y políticas apeló a profundizar la coerción física para mantener el orden imperante que articulaba el liberalismo económico y el conservadurismo político y social.
La ley de residencia o otras medida represivas representaron una respuesta lógica de un sistema de ideas que vinculaba el concepto como crimen, violencia, anarquismo, socialismo, huelgas o degeneración de la raza con la inmigración, entre otras. Esta visión negadora del conflicto social como electo inherente a las modernas sociedades capitalistas instaló un velo distorsionado en el entramado de las relaciones entre la clase dominante y los trabajadores.
INTEGRAR O REPRIMIR? LOS PRIMEROS PASOS DE LA POLÍTICA SOCIALDEL ESTADO ARGENTINO:
Joaquín V. González encaró en 1904 la elaboración de un ambicioso proyecto de ley nacional de trabajo cuyo objetivo respondía no solo a la necesidad de hallar respuestas y fretar el conflicto social, sino también la integración plena de los trabajadores al sistema. El Estado debía comenzar a medir los conflictos intentando captar a los trabajadores mediante estrategias que combinaban la coerción y el consenso.
Solo una legislación global e integradora podía eliminar los conflictos provocados por las protestas obreras y alcanzar una armonía permanente de los sectores esenciales del trabajo del hombre: la mano de obra y el capital.
El descubrimiento del conflicto social y el consecuente reconocimiento de la existencia de la clase obrera como un importante actor social derivó en la reformulación y el en el reacomodamiento de las políticas estatales orientadas a los trabajadores. Es Estado se vio obligado a superar y ampliar las esferas de actuación con el fin logara la paz y armonía social y un relativo consenso político mediante la estrategia de integración de los trabajadores al sistema, basada en la táctica dual que apelaba a la represión o la política de aplicación de leyes laborales y de seguridad social.
El poder ejecutivo comenzó a dar sus primeros pasos como mediador del conflicto social sin abandonar la representación de la clase hegemónica y orientando sus política en la búsqueda de formas de dominación más legales, organizadas y eficaces.
Se trató de un estado mediados con intensiones de vincular las clases sociales en una relación de dominación que garantizaba la reproducción del sistema en paz y armonía.
La principal característica de la política estatal frente a los trabajadores durante los primeros años del siglo estuvo signada por dos elementos centrales que apuntaban a un mismos fin:
1. Especialización del aparato represivo: La Política. Reconocida la existencia de la cuestión social, el estado se propuso definir y destruir los vínculos establecidos entre el anarquismo y los trabajadores recurriendo al control parcial de las actividades sindícales, la limitación del derecho a huelga, el hostigamiento e intimidación de los militares más destacados, la vigilancia de los actividades de la organizaciones obreras y la restricción de los piquetes de huelga.
La aplicación de la Ley de residencia y más tarde la de Defensa civil, el estado de sitio, la participación del ejército de línea o el cierre impulsivo de periódicos locales sindicales fueron hechos más que frecuentes en esos períodos.
Los gobiernos tendieron a profundizar e impulsar el mejoramiento de las herramientas de control policial tanto en los aspectos represivos como en los preventivos.
El control se tronaba mucho más efectivo con el anarquismo ya que era considerado el verdadero enemigo público y el cual era necesario desarticular.
La especialización política de una parte del aparato represivo generó ciertas distorsiones de las funciones de la policía que la llevaron a exceder los objetivos asignados por el ejecutivo. Lo informes policiales no se limitaron a efectuar reseñar de su actuación, sino que a menudo emitían juicios de valor avanzando sobre temas que no eran específicos como la libertad de prensa, el derecho de circulación y reunión, el rol de las agrupaciones políticas o la libre agremiación de los trabajadores.
2. El Departamento Nacional de Trabajo. Pretendió la idea de un estado previsor. Si bien fue esbozado por Joaquín V. Gonzáles debió su creación a una solicitud presentada en forma sorpresiva del diputado Julio A. roca en 1906.
Dos factores convergieron en la formación del DNT: el primero se relacionaba con la irresolución de la cuestión social y la consecuente necesidad del estado de controlar con herramientas idóneas para prevenir y resolver las situaciones conflictivas. La solución de problemas pasaba por la creación de un corpus legislativo pero también por la existencia de una oficina de trabaja estatal que efectuar un estudio apropiado de las situaciones de los trabajadores para poder legislar sobre esa base.
El segundo factor se vinculaba a la existencia de un grupo de intelectuales y profesionales influenciados por el positivismo spenceriano y el consecuente desarrollo de las ciencias sociales. Esta corriente preconizaba la posibilidad de adaptar al estudio de la sociedad métodos similares a los de las ciencias naturales. Observación, experimentación y comparación.
La trayectoria de DNT fue errática y carente de autoridad al comienzo para convertirse paulatinamente, en especial desde 1912, en un instituto con relativa presencia en las relaciones obrero-patronales y con cierta autonomía en su funcionamiento que comenzó a conferirle los rasgos particulares de una burocracia política administrativa. Esta evolución se vinculó no solo a los cambios producidos en el seno de la clase gobernante sino que también a las modificaciones en la estructura interna del DNT que fue conformando a un grupo de tecnócratas especializados y partidario de una política social orgánica independiente de las determinaciones económicas.
CONCLUSIONES
Las modificaciones y complejizaciones de las relaciones socioeconómicas a partir de 1880 alteraron las aptitudes prescindentes del estado ante las relaciones obrero-patronales. El resultado no fue la conformación de un estado interventor, sino que, en cambio, la visión de un sector de los grupos gobernantes con respecto al rol de los poderes públicos en las relaciones sociales que implicaron los primeros pasos en materia de política social en el país bajo la influencia de las diversas experiencias de legislación social en las naciones capitalistas más avanzadas.
La intervención estatal en los conflictos sociales aparecía como un factor cohesiónate en el orden social y comenzaba de diferenciar la función del estado con el fin de garantizar la reproducción del sistema en paz mediante la estrategia dual que apelaba a la represión y a la marginación de los elementos cuestionadotes del sistema y la integración de la mayoría de los trabajadores a la sociedad según las reglas de juego establecidas por el Estado.
El cambio fue paulatino y contradictorio de actitud de los grupos dirigentes ante la irrupción del conflicto social y la adecuación del estado a las transformaciones sociales del proceso de crecimiento de la Argentina agroexportadora.
La especialización del aparato represor permitió marginar en buena medida la ideología anarquista sustentada por el DNT como la creación de un reducido cuerpo legal y de una impaciente burocracia político administrativa que deberían actuar como nexo integrador de los trabajadores al sistema
Los liberales reformistas. La cuestión social en argentina 1890-1916. Eduardo Zimmermenn
RESPUESTA A LA "CUESTIÓN OBRERA":
Miguel Cané y Carlos Pellegrini
La represión del anarquismo fue solamente una cara de la actividad hacia la cuestión obrera por parte de los grupos gobernantes liberales. La contrapartida de esta política de exclusión fue el acercamiento al Reformismo del partido Socialita, el apoyo a esta estrategia no provino solamente de las cátedras universitarias sino también de un amplio conjunto de intelectuales, políticos y hombre públicos. Un ilustre personaje de la cultura y política argentina del período, Miguel Cané, ilustró en sus opiniones sobre esta materia esa estrategia selectiva de los grupos liberales.
En 1899 Cané volvió a la escena de la cuestión obrera con su proyecto de ley de expulsión de obreros, antecedente de la lo que luego sería en el año 1902 la Ley de residencia, que se centraba más en la necesidad de reprimir el fenómeno anarquista. El mismo Cané afirmaría en 1904 que la ley de residencia era "una ley concebida y sancionada contra el crimen y no contra el derecho".
Las condiciones fundamentales para el progreso de los trabajadores, según cané, era la disminución de los presupuestos suntuarios tanto en el orden nacional como en el de las provincias, para alcanzar la reducción de los impuestos, Cané ligaba esta reforma al liderazgo político de Carlos Pellegrini.
Carlos Pellegrini sostenía que el obrero no podía ser tratado "como un ser inferior sujeto a la fábrica como el siervo antiguo que trabajaba la tierra", por lo que se hacía necesario la eliminación del trabajo asalariado. Era necesario vincular al trabajador en los resultados económicos de su propio esfuerzo, que el trabajador tuviera un interés de prosperidad en la empresa industrial en la que era empleado.
La propuesta de Pellegrini se basaba en que los obreros de una misma industria formarían su propia compañía, nombrando un director que negociaría con los otros directores de la compañía de capital un contrato por el cual ambas partes aportarían capital y trabajo, fijando además condiciones y detalles de producción, los tribunales ante los cuales verían sus diferencias.
Pellegrini envió su proyecto a Carroll Wright, presidente del Departamento nacional de trabajo norteamericano, quien se mostró muy interesado aunque dudando de las posibilidades de llevarlo adelante. En la Argentina no pareció haber tenido mayor repercusión que la de algunos comentarios aislados, y un intento de reflotar el proyecto en 1910 por Marcos Avellaneda durante su corta presidencia del DNT.
EL PROYECTO DE LEY NACIONAL DE TRABAJO EN 1904:
Joaquín V. González era un decidido partidario de la concepción liberal de fines de siglo acerca de la cuestión social, este fue el autor de la redacción del código laboral que tuvo como primeras disposiciones sustantivas el tratamiento de los extranjeros. El proyecto establecía una serie de restricciones a la admisión de ciertas categorías de inmigrantes, que en general reproducían restricciones establecidas por la legislación vigente.
Sigue en el proyecto la regulación de la inmigración, un minucioso tratamiento de la institución de contrato de trabajo, su naturaleza, salario y condiciones de pago, obligaciones de las partes, duración y extinción.
El proyecto establecía la jornada máxima de ocho horas, fijaba el descanso dominical, regulaba estrictamente las condiciones de las mujeres y los menores y la higiene y seguridad en los lugares de trabajo.
Respecto a las organizaciones de asociaciones profesionales obreros, se establecía que solamente obtendría personería jurídica aquellas asociaciones que fueran reconocidas oficialmente s través de la inscripción en el registro de la Junta Nacional de trabajo. Los beneficios concedidos a las organizaciones legales, además de los propios de toda persona jurídica, consistirían en la facultad de concretar contratos colectivos, confederarse con otras asociaciones y el derecho al fuero de conciliación y arbitraje.
Según González, el propósito de esta norma era "poder traer las sociedades al registro y acogerlas a los beneficios especiales que esta inscripción les da derecho.
Como autoridad administrativa en el campo laboral se crea una dependencia del Ministerio del Interior con jurisdicción en Capital Federal, la Junta nacional de trabajo se encargaba además de la publicación de un boletín de estudio y de propagación de los conocimientos profesionales y legales relativos al trabajo.
Por último, se establecía la creación de un tribunal de Conciliación y Arbitraje para dirimir las controversias derivadas de los contratos de trabajo.
El ministro González estimaba que el sistema de relaciones laborales que proponía era un complemento de la reforma electoral que el mismo había impulsado dos años antes y que había facilitado el ingreso de Alfredo Palacios a la Cámara de Diputados como el primer parlamentario socialista en América.
La prensa en general recibió el proyecto con cierto escepticismo. El diario "La Nación" expuso que el proyecto de Joaquín V. Gonzáles, si bien era meritorio y digno de un aplauso, no atacaba el problema principal: "huele a improvisación y esnobismo todo programa del gobierno que promete al obrero la protecciones que merece y a la vez le echa encima la carga de las contribuciones, dejando subsistir al sistema tributario anticuado e injusto, en el que los que más tienen son los que menos dan".
La Organización obrera, periódico de la anarquista FORA, condenó decididamente el proyecto como un intento de controlar las organizaciones obreras.
José Ingenieros, en cambio, fue un entusiasta partidario del proyecto, poniendo especialmente énfasis en el carácter científico de la obra.
En julio de 1905 la "Unión industria argentina –UIA-" presentó un memorando en la Cámara de Diputados, haciendo conocer sus objeciones al proyecto, y proponiendo como alternativa la formación de una comisión industrial y de obreros para estudiar la sanción del proyecto sobre accidentes de trabajo, mujeres y niños, higiene y seguridad y la reglamentación de las asociaciones. La UIA dejaba en claro que no se oponía a la intervención del estado en materia social. Sus objeciones serían fundadas en la necesidad de atender a la capacidad económica de la industria local para enfrentar los costos adicionales impuestos por la legislación laboral.
La oposición al movimiento obrero y los grupos industriales probó ser fatal para la suerte del proyecto, que sería abandonado en el Congreso sin lugar a debatirlo en detalle.
Muchos observadores apuntaron, que el proyecto era demasiado ambicioso en cuanto al número y complejidad de los asuntos que trataba, y en términos prácticos resultó más fácil proponer reformas parciales y específicas en forma gradual que aprobar ese enorme cuerpo del artículo de una sola vez. Esto es precisamente lo que ocurrió durante los años siguientes, cuando, como veremos, casi toda la legislación sancionada en esta materia tenía su antecedente en el proyecto de Joaquín V. González.
La llegada al poder de Irigoyen
En 1916 llega a la Presidencia Irigoyen, lo cual implicó la primera experiencia democrática y una profunda y lenta transformación del poder político. Durante el primer Gobierno de Irigoyen, este apeló a la cooperación en cuestiones no prioritarias y una ruptura en la cuestiones de primer orden.
El radicalismo no presentó una oposición o cambio del modelo agroexportador, pero si postuló la necesidad de reformular la redistribución del excedente.
El irigoyenismo solucionó la oposición en el Congreso a través de:
1. Intervención federal –intervención en aquellas provincias que no tuvieran gobierno radicales- Fueron 19 las intervenciones: 13 por decreto y 6 con el apoyo del congreso, justificándose en la reparación nacional. Para Irigoyen el radicalismo es el defensor de los intereses nacionales, es decir, el radicalismo es la nación.
2. No asistencia por parte de Irigoyen a las interpelaciones parlamentarias, esto es, bajo la concepción de que el irigoyenismo era el representante de la nación no debía dar cuenta de su accionar.
Irigoyen y su accionar llevaron a que la legislatura dejara de ser la caja de resonancia de la sociedad y profundiza las relaciones ente el legislativo y las corporaciones.
Irigoyen creó un canal directo de comunicación con las corporaciones, desdibujando de esta manera el rol del legislativo. Esto tuvo como resultado una tensión permanente entre el legislativo y el ejecutivo, lo que muchas veces dificultó la acción gobernativa.
Irigoyen se consideraba el guardián del interés nacional. El surgimiento de la democracia se manifiesta como problema que debe ser resuelto por los partidos políticos.
El hecho de que Irigoyen fuera presidente de la nación y al mismo tiempo de Unión Cívica Radical generó un profundo debate en ambos ámbitos.
El inicio del proceso democrático no pudo consolidar las instituciones, sino todo lo contrario llevó a su debilitamiento.
El análisis de Mustapic sostiene que la esencia de las prácticas políticas se encontraba en las creencias de que Irigoyen llevaba a acabo una democracia plesbicitaria, lo que tuvo como resultado:
1. El replanteamiento permanente del Rol del partido político.
2. Conflictos al interior del radicalismo, y su posterior división en el personalismo y anti-personalismo.
El debilitamiento institucional llevó a la fractura de muchos partidos políticos. Irigoyen mantuvo un diálogo fluido con las corporaciones, especialmente con el movimiento obrero, y particularmente con aquellos sindicatos que se encontraban en manos del Sindicalismo Revolucionario.
Los sindicatos ferroviarios y marítimos se convirtieron en la clave para el modelo agroexportador, lo que le dio a la FORA sindicalista mayor poder que a la FORA 5° -la FORA anarquista-.
El proceso de democratización se relacionó con el concepto de nación integradora de Irigoyen, que llama a todos los sectores a integrarse a la política, lo que tuvo como consecuencia el surgimiento de una nueva relación entre estado y sectores urbanos.
La apertura al diálogo por parte del estado se vio reflejada en la intervención de Irigoyen en:
1. 1916 Huelga marítima
2. 1917 Huelga ferroviaria
La huelga ferroviaria fue mucho más violenta que la marítima. Esta huelga se caracterizó por estar el gremio dividido en dos, los que buscaban mejas en las condiciones laborales y los que perseguían la "ley jubilatoria". Al igual que en la huelga marítima el estado aparece como garantizador de las necesidades de los obreros.
Cabe destaca que el gobierno abandonó en estos casos la política de represión lisa y llana y obligó a las compañías marítimas y ferroviarias a captar el arbitraje.
Según Irigoyen los empleados públicos no tienen derechos a llevar adelante una huelga, ya que estos trabajan por el interés nacional.
En la huelga de los municipales en Capital Federal también se vio un predominio de la tendencia del socialismo, el estado buscó resolver esta situación a través del diálogo directo individual. Finalmente el Estado no reprimió, pero si reemplazó a los obreros huelguistas por nuevos obreros.
La cuestión obrera dejó de ser una cuestión del ámbito policial, para convertirse en una cuestión política, ya que el movimiento obrero se constituye en un actor de peso, gracias a que sus integrantes engrosan las listas electorales.
El vínculo entre el Sindicalismo Revolucionario y el Estado es tácito. El Estado comienza a arbitrar los conflictos obreros, garantizando los pedidos de estos.
A partir de la década de 1910 la curva de estallidos obreros alcanza su pico máximo en la semana trágica, con la muerte de un importante número de obreros.
Se registró una gran dificulta para entablar el dialogo gracias a la presencia del anarquismo.
En el año 1919 tiene lugar la "Semana Trágica", los sucesos comenzaron el 7 de enero con una huelga en los Talleres Metalúrgicos Vasena en la Ciudad de Buenos Aires, los huelguistas reclamaban la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas, mejores condiciones de salubridad, la vigencia del descanso dominical, el aumento de salarios y la reposición de los delegados despedidos. La empresa intentaba seguir funcionando con obreros rompehuelgas, crumiros (carneros) provistos por la Asociación del Trabajo, una asociación patronal. Un disturbio entre los obreros en huelga terminó con la intervención de la policía, que disparó con armas largas contra la multitud. Los disturbios no tardaron en extenderse a las zonas cercanas, con rotura de vidrios y levantamiento de adoquines de las calles. El saldo fue de cuatro obreros muertos y más de treinta heridos, algunos de los cuales fallecieron después.
La presencia de la Liga patriótica –militares retirados y grupos conservadores que conformaron un equipo paramilitar que se dedicó a la matanza de obreros- dejó en claro la creencia de estos de que el gobierno radical era incapaz de sostener lose estallidos obreros. En este período se comienzan a debatir las capacidades del radicalismo y la ley Sáenz peña que se utilizaba como garantizadora de los gobiernos demagógicos.
En 1921 tuvo lugar el suceso de La Patagonia Rebelde que fue protagonizado por un grupo de trabajadores anarcosindicalistas en rebelión de la provincia de Santa Cruz y que fueron reprimidos fuertemente por el Ejército.
La ola de huelgas que culminó en 1922 expresaba de manera ciertamente violenta la magnitud de los reclamos acumulados durante período. Dicha culminación y debilitamiento de la Unión sindical han dado testimonio de la tenuanción de los conflictos sociales.
Se produce un realineamiento de los sectores conservadores con la idea de retomar los hilos de la conducción del Estado Nacional.
Los límites de las políticas sociales del radicalismo fueron:
1. La relación conflictiva con los capitales extranjeros.
2. La escasa u nula relación con el sector conservador.
3. El cuestionamiento en la década de 1920 del proceso democrático.
4. La restricción de a dialogar con ciertos sectores solamente, como lo fue con el moviendo obrero y no en su conjunto.
Contexto nacional e internacional del Gobierno de Irigoyen
Irigoyen mantuvo la línea de "Neutralidad benévola" hacia los aliados, lo que implicaba continuar con el abastecimiento de los clientes tradicionales y además concederles créditos para financias sus compras. Con la entrada de Estados Unidos al conflicto, se pone en tela de juicio la posición de Argentina. Nuestro país se alejó de Estados Unidos al no aceptar la doctrina del Panamericanismo.
La Primer Guerra Mundial que estalló en el año 1914 fue un punto de inflexión para el modelo agroexportador que llevaba a cabo Argentina, lo que planteó nuevas pautas:
1. Se cortaron los flujos inmigratorios.
2. Se suspendieron los flujos de capital.
3. Estados Unidos comenzó a tener una presencia preponderante en las relaciones comerciales, instalando una competencia permanente e inestable.
4. las relaciones comerciales de Argentina quedaron determinadas de la siguiente manera:
Argentina
Inglaterra . . . . . . .. Estados unidos
Registrándose un debilitamiento de la hegemonía inglesa y un aumento de la norteamericana, quien se encontraba en pleno auge del fordismo y el taylorismo. Inglaterra buscó recuperar su liderazgo a través del reformismo y la presión terrateniente.
La sociedad rural comenzó la campaña, "solo se compra a quien nos compra".
En este escenario el sector ganadero registra una división sociopolítica:
1. Por un lado, los Criadores, que son aquellos productores que se dedican a criar los terneros hasta que adquieren la edad para ser llevados a loas campos de engorde donde aparecen los invernadotes.
2. Por otro lado se encuentran, los invernadotes, quienes solo se relacionan con los frigoríficos, en cambio, los criadores sólo se ocupaban del mercado interno.
La aparición del CHILLED –la carne enfriada- tuvo como resultado la necesidad de carnes de buena calidad. A partir del desarrollo de esta técnica fueron los invernadotes quienes se hicieron cargo de la misma, dejándoles la técnica de carne congelada –de menor calidad- a los creadores.
Se podría concluir que durante el primer gobierno radical la carne enfriada desplazó a la carne congelada, generando una competencia directa entre los invernadotes y los criadores para posicionar mejor sus productos en el mercado.
Los ingleses y los norteamericanos se dividieron los frigoríficos para de esta forma manejar el mercado y poder influir directamente sobre el precio.
Estos conflictos se agudizaron en los momentos de crisis. El sector ganadero presionó al gobierno para el dictado de leyes contra las Trust. En 1923 se sanciona la "Ley Anti-Trust", la cual planteó la instalación de un frigorífico estatal para romper con los acuerdos entre los demás frigoríficos, además estableció un precio mínimo de pago de la carne de exportación. La legislatura del pago de kilage vivo y la inspección gubernamental.
La respuesta de los frigoríficos extranjeros fue "la batalla por el precio mínimo", suspendiendo todas las compras de carne de exportación y a partir de esto el diálogo con los terratenientes para lograr presión sobre el legislativo con el objeto de derogar la serie de leyes sancionadas contra ellos.
El gobierno de Irigoyen no mostró intenciones de modificar el modelo agroexportador, es más, contribuyó a su mantenimiento. El radicalismo solo apuntó a las transformaciones de la cuestión social.
En el sector agrícola se presento la gran problemática sobre la existencia de "la variable de ajuste", que fueron los chacareros o arrendatario, ya que sofrían un constante desplazamiento y esto se debía a los vaivenes de la agricultura o de la expansión ganadera. Esto generó la posibilidad de atomizar las crisis.
Esta permanente rotación provocaba un desplazamiento que tuvo como consecuencia:
1. La pérdida de sus mejoras.
2. El desarraigo.
3. No eran indemnizados ni por las mejoras ni por las consecuencias climáticas.
A partir del gobierno de Irigoyen se van a llevar a cabo una serie de protestas con el fin de presionar al ejecutivo a toma de medidas para la mejora de sus condiciones.
En 1917 se sancionó la "Ley de hogar", la cual entregó tierras públicas a los arrendatarios, aunque esto no tuvo demasiado efecto ya que nunca entregaron las doscientas hectáreas, las cuales tampoco era demasiado fértiles. Lo que tuvo como consecuencia vendieran los latifundios.
El gobierno dictó una serie de leyes para los contratos en el año 1921, las cuales establecían:
1. La devolución de las reformar realizadas.
2. Los contratos no podían ser menores a tres años, para de esta forma evitar el desplazamiento constante.
Para este período también se registra la "huelga de los braseros", quienes estaban un escalón más abajo que los arrendatarios ya que no contaban con ninguna legislación que los amparara. Eran trabajadores golondrina dedicados a levantar la cosecha. El anarquismo logró aglutinar a los braseros para la huelga que reclamó la mejora de condiciones y salarios.
Esta huelga repercutió en los intereses de los terratenientes y arrendatarios, es por eso que estos grupos se unieron para presionar al gobierno en la búsqueda de la represión de este movimiento.
En la década de 1920 la producción agrícola encuentra su techo. Se encontraban inmersos en profundas crisis que se ven reflejadas en las huelga de los distinto sectores.
La respuesta a este fenómeno se da a fines de la década de 1920 cuando se registra un alza en los precios de los cereales.
La Primer Guerra mundial fue la que impulsó la producción industrial sustitutiva. El capital norteamericano también impulsó este proceso. Y la industria farmacéutica entró de la mano de los alemanes.
Durante el gobierno de Alvear hubo un intento de llevar a un 60% más las tasas de exportaciones, como medida proteccionista. El desarrollo industrial era muy liviano, casi nulo. Se pensaba en la división internacional del trabajo.
Otra de las cuestiones que surge en este momento fueron los yacimientos petrolíferos, otorgándose concesiones a capitales extranjeros sin demasiado control. Esto comienza a cambiar durante la década de 1920 de la mano del General Mosconi, quien planteó de manera estratégica al estado del control total.
Se crea YPF –Yacimiento petrolíficos fiscales- para desalojar y competir con los capitales extranjeros existentes. La ideas de Mosconi obtuvieron media sanción –ya que fue sancionada por diputados pero no por senadores- esto se debió a una campaña que llevaron a cabo los capitales extranjeros para desacreditar a Mosconi.
La campaña llevada a cabo estas empresas petroleras son una de las causas del derrocamiento de Irigoyen en el año 1930. A fines de la década del 1920 las divisiones al interior de radicalismo se agudizaron y la relación con los conservadores era cada vez más difícil.
Conflictos institucionales durante el primer gobierno Radical -1916-1930. Ana María Mustapic
Puede considerarse a la ley Sáenz Peña como aquella que intentó sentar las bases de el nuevo compromiso institucional fundado en el pleno reconocimiento de los derechos civiles de los ciudadanos, así como en las minorías a participar en la gestión de gobierno. Con su sanción se procuró dictar un marco normativo –hasta entonces suficiente- a fines de encausar el pasaje del régimen oligárquico al régimen democrático. En el centro de esta operación estaba la búsqueda de la participación institucional de la Unión Cívica Radical, que se había negado sistemáticamente a cualquier entendimiento con la elite gobernante, optando, en cambio, por la obtención electoral y la actividad conspirativa.
Los cambios introducidos en la legislación electoral se propusieron, por un lado, dar satisfacción a la reivindicación entorno de la que el radicalismo había plasmado su identidad como fuerza política: la libertad del sufragio –garantizada la libertad del voto perdían justificación las tácticas revolucionarias del partido-. Por otro lado, la adopción del sistema de listas incompletas puso de manifiesto la voluntad del grupo dirigente reformista de asegurar la presencia de la oposición en el gobierno. Desde ese modo, se respondía al malestar existente sobre el poder político, el cual bajo el imperio del fraude se hallaba concentrado en manos de la vieja gobernación de la época.
Producida la renovación presidencial en el año 1916, que le otorgó el triunfo a Hipólito Irigoyen, el carácter mismo de la transición que se pretendía impulsar se constituyó en un nuevo e inesperado problema. El radicalismo formado como partido "antisistema" bajo la dominación oligárquica, no abandonó esa postura una vez en el gobierno. Los fundamentos mismo de la reglamentación vigente comenzaron a ser objeto de interpretación divergente entre radicales y conservadores, creando profundas tensiones entre el experimento democrático iniciado en el año 1912.
Así las vicisitudes de la interpretación parlamentaria reveló la existencia de un conflicto de valores políticos. La democracia no constituía un ideal en cuya definición consideran los principales actores de la época, por lo contrario, de delimitaron los perfiles de dos concepciones incompatibles. Por otro lado, el estudio de las interpretaciones parlamentarias y del recurso de la intervención federal sirvió para demostrar como esa posición de principios se expresó en el plano institucional.
La posición sostenida por Irigoyen en sus mensajes era tributaria de una concepción de democracia más próxima al tipo plebiscitaria. De ella se consideró pertinente retener: "la teoría del mandato invocado y la visión de excepcionalidad del rol presidencial".
La teoría del mandato esgrimida por Irigoyen descansó sobre la noción de representación en la que se vincula elecciones con autorización. Esta vinculación puede entenderse de diversas maneras, las cuales, a su turno, afecta a la legitimidad de las decisiones del gobierno. Un cuestión central es la de establecer quién es él que autoriza y para qué lo hace.
Irigoyen se concebía como ejecutor de un mandato encomendado por el pueblo. Pero, dada la ausencia en el Partido radical de un plataforma electora, el mandato se convertía, de hecho, en una transferencia de la voluntad del pueblo a favor del poder ejecutivo. De donde se concluye que Irigoyen había sido autorizado por el pueblo para actuar según los dictámenes de su conciencia.
Irigoyen procuró definirse así mismo como la personificación de los valores del pueblo, su líder por excelencia, el guardián del interés nacional y, sobre todo, como un apóstol llamado a cumplir un misión histórica.
La identidad establecida por Irigoyen entre presidente y gobernadores llevó a ver al Poder ejecutivo como la realización de la soberanía popular. Así las cosa, el congreso dejaba de expresas un valor democrático, para llenar apenas un función técnica. Según Irigoyen la voluntad popular, única e indivisible, no admitía ser contradecida, como tampoco toleraba obstáculos que se interpongan a la centralizada política del líder que encarnaba. La única formula institucional reconocida por este tipo de democracia es el plebiscito.
Las creencias de Irigoyen se tradujeron en gestos simbólicos significativos que pusieron de manifiesto el desajuste entre su visión de orden político y las imposiciones de las normas constitucionales. Así sería el primer y único presidente que decidiera no concurrir a la apertura anual del congreso, subrayando su desinterés por el parlamento. Ilustrativo fue también el desplazamiento de su rol y la función decisional hacia el poder ejecutivo. La distribución del poder entre 1916 y 1922 no favorecía justamente el desarrollo de esta tendencia. El papel predominante del ejecutivo que en el pasado estaba garantizado por la existencia de la mayoría adictivas artificialmente fabricada por el fraude, ahora se asentaba en las decisiones unilaterales del presidente.
En la visión de Irigoyen el consenso mayoritario era el que recogía en las urnas y no el que se lograba en el ámbito de las negociaciones parlamentarias. Lo que colocó también a sus propios correligionarios en el congreso frente a un dilema. En tanto en el parlamento, los diputados radicales no dejar de concebirse como expresiones de las aspiraciones políticas de la nación. En este sentido competían con las pretensiones del ejecutivo y en más de una oportunidad reivindicaron frente a este al parlamento como traducción institucional de un valor democrático. A su vez, e su calidad de mayoría radical demostraron compartir el punto de vista presidencial cuanto se trataba de reestablecer espacios políticos a la minoría. Su actuación en el Congreso fue generosa en malabarismos técnicos y retóricos que buscaban conciliar las lealtades escindidas. Así, en la ocasión del debate alrededor de un pedido de interpelación, el líder del bloque radical, León Anastasí; defendió simultáneamente la tesis del presidente como la del Congreso.
La oposición, por su parte, optó comprensiblemente por colocar al Congreso en el centro de la argumentación política. Esta fue, en rigor, una opción impuesta por las circunstancias, puesto que el parlamento era el lugar al que había estado confinada su influencia en las instituciones. Pero al realizarlo, al poner el acento en el respeto a las atribuciones del congreso, la oposición se presentó al debate envuelta en las banderas de la defensa del orden institucional. Su prédica estuvo dirigida a subrayar que la constitución Argentina, con la separación y división de poderes, con los mecanismo de peso y contrapeso incorporados al juego político, ponía ciertos límites a las pretensiones de ejercer el monopolio de la representación popular. Desde esta perspectiva, se mostraba dispuesta a considerar legítimas solo aquellas decisiones que hicieran caso omiso a este proceso de formación de consenso a través de las instituciones parlamentarias, las cuales estaban destinadas, según su juicio, a ser antidemocráticas por definición, lo que autorizaba a las minorías a oponerles resistencia y su condena.
Planeaba de este modo la controversia, para muchos conservadores, a quienes seguramente la necesidad hizo virtuoso. Irigoyen estaba destruyendo "la confianza en la estabilidad de las instituciones y el temor reverencial a la constitución". Algunos, incluso, fueron más lejos y apuntaron decididamente al campo intrainstitucional, aludiendo a la violación de las normas constitucionales por parte del presidente, justificándose en el derecho de rebelión.
Entre las razones que llevaron a Irigoyen a designar un moderado como Marcelo T. de Alvear como su sucesor en la presidencia ¿habrá estado reconociendo las necesidades de restaurar la confianza en la oposición?.
CONCLUSIONES
El artículo de Ana María Mustapic se ocupó de los conflictos y tensiones generadas por el desajuste entre el marco institucional y las creencias políticas durante la primera presidencia de Irigoyen que tuvo lugar entre 1916 y 1922.
Los resultados de las elecciones del año 1916 dieron lugar a una singular distribución del poder. Mientras que la Unión Cívica Radical accedía a la magistratura, la vieja elite dirigente continúa controlando ambas cámaras legislativas. Aunque en el año 918 pierden el control de la cámara de diputados, aunque su firme posición en el senadote permitió retener aún el poder de veto en proceso de toma de decisiones. Dado que la constitución de 1853 concebía la ejecutivo y al legislativo como poderes colegiados, la paridad de fuerzas entre los radicales y los conservadores amenazaban con paralizar el aparato gubernamental.
Las estrategias posibles eran las clásicas: o se optaba por una política recooperación o por una de confrontación. En el caso de confrontación se intentaba transformar, ya sea al ejecutivo o al congreso. De hecho, esto fue lo que sucedió, tal como es ilustrado en la "interpretación parlamentaria y en la intervención federal". Intentándose demostrar, por un lado, que los principales antagonistas del período sostuvieron visiones opuestas acerca del régimen democrático deseable y, por otro lado, que ello afectó los mecanismos constitucionales poniendo a prueba su flexibilidad pero al precio de crear profundas tenciones en el sistema político.
El gobierno radical: Debate institucional y práctica política. Ana Virginia Persello
El acceso del radicalismo al poder, en 1916, fue posible en la medida que esa intensión –de la ampliación de la participación política- se tradujo en ley. En 1912, la sanción de la ley Sáenz Peña incorporó la obligatoriedad y secreto del voto, con el propósito de evitar el fraude, la manipulación del electorado y el desplazamiento de los círculos enquistados en el poder.
Sus primeras aplicaciones a nivel provincial le dieron el triunfo a UCR en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y en el ámbito nacional entre 1916 y 1930, se sucedieron tres gobiernos radicales, el de Irigoyen y Lena de 1916-22, el de Marcelo T. de Alvear entre 1922.28 y el de Irigoyen de 1928-30.
Se inició así una nueva experiencia en la que se combinaban nuevas prácticas con viejos modos de hacer política. Nuevos sectores se incorporaron a la práctica del sufragio, lo cual modificó la estructura de los partidos que debieron competir en otros términos por la conquista del poder, ampliando su aparato y adaptándose a campañas electorales masivas. Combinaron la composición y la dinámica del Congreso, el radicalismo por primera vez ocupó el gobierno y los tradicionales sectores gobernantes ocuparon el rol de la oposición.
El período de los gobiernos radicales estuvo atravesado por un debate acerca sobre el sentido de las transformaciones que se operaban en la vida política. Es decir, la apertura electoral planteó como tarea la construcción de un sistema político democrático, que pudiera en acto los principios representativos, republicanos y federales inscriptos en la constitución, y lo que ahora enfrentaban a los diferentes sectores era el contenido que le asignaba cada uno de ellos.
Sus términos oponían al presidencialismo con el parlamentarismo y, por ende, discutían el lugar de la soberanía: el principio de legitimidad del gobierno representativo, la forma de que debía adoptar el sistema electora: "la separación o el involucramiento de la política en la administración".
EL GOBIERNO REPRESENTATIVO: PARTIDOS POLÍTICOS
El análisis de la ingeniería institucional y de las prácticas conlleva a un diagnóstico de crisis moral, intelectual y política, uno de cuyos elementos centrales era la ausencia de aquellos partidos políticos que eran la condición SINEQUANON para democratizar y moralizar la mida política. En su lugar, predominaba el personalismo, los círculos de notables y la manipulación de elector.
La ampliación del sufragio situó a los partidos políticos en el centro de la escena política. La política de masas requería de organizaciones para reclutar al elector junto con la demanda por la ampliación de la participación, las organizaciones políticas, la prensa y los publicistas demandaban la organización de los pertidos permanentes y orgánicos.
Los estatutos de 1892 de la UNR proponían la conformación de agrupaciones permanentes, principistas e impersonales y establecer un gobierno descentralizado, dándole al partido una estructura federalista con bases de clubes.
Se diferenciaban de este modo del Partido autonomista nacional, agrupaciones constituidas por grupo de notables provinciales, sin dirección centralizada y de la que surgían, a partir de una complicada red de alianzas renovada en cada coyuntura electoral. Era el grupo en el poder, y la recurrencia al fraude evitaba el reclutamiento de adherentes, la ampliación de sus bases o la construcción de un partido centralizado.
El sector conservador temía la dispersión conservadora y la hegemonía del sector radical liderado por Irigoyen. Las predicciones negativas se transformaron en constataciones una vez dictada la ley Sáenz peña. Fracasó el intento de las fuerzas conservadoras con el eje en el partido Democrático progresista y la candidatura de Irigoyen se impulsó en la convención de la UCR.
EL PARTIDO GOBERNANTE:
El radicalismo se enfrentaba a su nuevo rol de partido político. Esta situación lo obligaba a ocupar escenarios que eran ajenos, como el Parlamento y la burocracia, liberando, por un lado, tensiones inscriptas en su origen heterogéneo y por otro, incorporando conflictos nuevos que se relacionaban con la superación del plano de las abstenciones y los postulados abarcadores para pasar a las realizaciones concretas en una coyuntura complejizadas por la primera guerra mundial.
El radicalismo se había construido como un partido de oposición. Sus adherentes se aglutinaban a partir de la lectura compartida de los que funcionaba, de los cambios que habían producirse para poner en vigencia un régimen político democrático, que, aunque inscrito en la propia legitimidad oligárquica, era permanentemente escamoteado por prácticas excluyentes.
El orden legislativo era aquel que limitara al poder dividiéndolo y descentralizado. La intervención exclusiva del estado iba a detrimento de las libertades individuales. Los poderes de gobierno central debían tener carácter excepcional porque allí donde residía la soberanía sino en el parlamento, única institución que no ofrecía peligro para los derechos y libertades públicas y que evitaba el despotismo.
A diferencia de Alem, la preocupación de Irigoyen pasaba por la construcción de una nación como instancia privilegiada de articulación posibilitando la síntesis de agregación de conjunto social.
El partido radical iba construyéndose como una organización que se pretendía impersonal diferenciándose de los personalismo que acuño la oligarquía, pero también como fuerza que pretendía monopolizar la construcción del estado. Allí se funda la ruptura del partido en el año 1924 entre el personalismo y el antipersonalismo. La oposición al liderazgo de Irigoyen recuperó la carta orgánica de 1892 y el propósito central de Alem –organizar una asociación impersonal-.
Cuando el radicalismo pasó a de ser un partido de oposición a partido de gobierno, las tensiones adoptaron la forma de dimensiones locales y no cuestionaron el liderazgo de Irigoyen, pero progresivamente se fueron transformando en un enfrentamiento por definir donde residía el "verdadero" radicalismo: en la causa sintetizada de su líder o en el partido.
Se enfrentamiento adquirió nivel nacional. La gestión irigoyenista comenzó a ser cuestionada ya a fines del 1918 en el Comité de la Capital, donde se redactó un documento que enumeraba las cuestiones que preenunciaba la ruptura: ausencia de programa, de ideas y de principios, ausencia de autoridades centrales en el partido y su reemplazo por una jefatura indiscutida, la del presidente de la república, lo que generó confusión en el partido y en el gobierno, Comités formados por empleados públicos o aspirantes a serlo que provocaban la retracción de los militares prestigiosos. La ruptura antipersonalista estaba en marcha, aunque recién se consumó en el año 1924.
Las elecciones de 1922 produjeron una primera separación con la conformación del Partido Principista, que convocó al radicalismo a reorganizarse según los principios originarios que consideraban traicionados por Irigoyen. Su primera manifestación fue el conflicto entre el vicepresidente, presidente natural del Senado –Elpidio González- y senadores opositores a Irigoyen.
Se produjo una división del radicalismo en personalista y antipersonalistas, es decir, la figura de Alem se oponía a la de Irigoyen.
La ruptura del partido gobernante provocó re alineamientos al interior de los partidos de oposición. Finalmente, todos los sectores coincidían en una formula común para las elecciones de 1927.
PARLAMENTO
Cuando Irigoyen asumió la presidencia, la cámara baja se componía de 120 diputados y la alta de de 30 senadores. El radicalismo obtuvo 43 bancas de diputados y 4 de senadores. Una primera mirada a los cambio en la composición de sectores a lo largo del período muestra el crecimiento de los radicales en términos de los conservadores. En cuanto a los partidos menores, el socialismo y la Democracia progresista, mantuvieron un número de bancas más o menos constantes hasta 1928. En ese período legislativos los demócratas perdieron su representación y los socialistas, divididos, se las repartieron con ventajas para los independentistas.
Lo que respecta al partido radical en el sector legislativo existía la separación entre el partido y el gobierno. Se podía ser radical y opositor. El gobierno era personalista y, por ende, ajeno a las tradiciones del partido que se basaba precisamente en el repudio al personalismo.
Otro grupo, el más numeroso, se sentía solidario con el mandato por el cual Irigoyen fue ungido. La misma lógica se despliega durante los años de gobierno de Alvear. Para los irigoyenistas el presidente se apartaba de la tradición parlamentaria y esto justificaba las obstrucciones y ausencias al recinto parlamentario.
La ausencia de partidos orgánicos y disciplinarios fundamentaba dos tipos de planteaos: no modificar el accionar del partido a través de reformas legislativas en el marco de la representación territorial o promover cambios que los reemplacen por otras formas de mediciones funcionales, sectoriales y de interés. Detrás de ambos argumentos estaba la cuestión de la ley Sáenz Peña, para los primeros esta necesario modificarla.
EL PRINCIPIO REPUBLICANO: LA RELACIÓN EJECUTIVO-LEGISLATIVO.
La principal cuestión de la época fue el desequilibrio entre la labor legislativa y el debate político. Para los radicales, la ineficacia parlamentaria era producto del obstruccionamiento que enjuiciaba permanentemente al gobierno y al partido para provocar dilataciones. Para la oposición, la explicación se encontraba, por un lado, en la división del partido radical que obviamente se trasladaba al congreso y provocaba un enfrentamiento enconado y posiciones irreductibles, y por otro lado, en la sujeción del partido al gobierno, fundamentalmente al ejecutivo.
En los dos períodos presidenciales de Irigoyen aumentó considerablemente el número de interpelaciones fracasadas en relación con los períodos anteriores. En la última presidencia, el radicalismo personalista contaba con la mayoría absoluta en la cámara de diputados, es decir, es la misma cámara de diputados la que renunciaba a la facultad de interpelar en una actitud de protección al Poder Ejecutivo.
Se registró un abuso de las facultades ejecutivas de intervenir las provincias en el receso parlamentario. La conflictiva relación entre el legislativo y el ejecutivo dio lugar a un debate sobre el lugar de la soberanía que no llegó a poner en cuestión las formas del régimen político.
En cuanto a las intervenciones por decreto, los radicales sostenían que la constitución le otorgaba al ejecutivo, tácticamente, la facultad de intervenir sin restricciones en los períodos de receso parlamentario, aunque muchos de ellos consideraban abusivo el accionar del ejecutivo, por ejemplo, cuando intervenía solo dos días antes de que el Congreso reanudara sus actividades. El grupo personalista esgrimía, en última instancia, el principio de supremacía de la voluntad popular sobre la división de poderes.
Los ministros de Alvear acudieron al Congreso y disminuyen las intervenciones por decreto. La crítica a Irigoyen por exceso se convierte en una crítica a Alvear por defecto. Si el primero ejercía una injerencia absorbente que violentaba la división de poderes, Alvear se abstuvo de colaborar y coordinar la tarea de legislativa dentro de los límites de sus atribuciones.
Entre 1916 y 1922 Irigoyen intervino nueve provincias gobernadas por conservadores y diez encabezadas por radicales. Así, al terminar su mandato, todas las provincias, excepto Santa Fe, habían sido intervenidas y algunas en varias ocasiones.
Las intervenciones a los gobiernos conservadores daban respuesta a la ilegitimidad, el argumento era que sus gobernadores habían sido elegidos en elecciones fraudulentas y era necesario devolver la soberanía al pueblo de las provincias, en cambio, los motivos de las intervenciones provinciales a gobierno radicales eran varios, pero en general respondían a los conflictos entre los poderes: gobernadores que clausuraban a la legislatura o legislaturas que no reconocían a sus gobernadores.
Al iniciar su Gobierno Alvear intento diferenciarse de Irigoyen, sin provocar rupturas en la política intervencionista. Solo dos provincias fueron intervenidas: San Luís y San Juan.
Uno de los intentos para modificar la política de intervenciones fue el proyecto de reforma parcial de la Constitución en el año 1923. La iniciativa reducía el mandato de los diputados a tres años, estableciendo elecciones directas de los senadores y la renovación total de la cámara. Sustrayendo la elección de los senadores a las legislaturas provinciales se intentaba eliminar uno de lo modos conflictivos de la relación entre los gobierno provinciales y nacionales y, por ende, uno de los motivos más frecuentes para las intervenciones federales.
Vicente C. Gallo se hizo cargo del Ministerio de Interior diferenciándose de Matienzo, volvió a las intervenciones por decreto. Los conservadores cuestionaban los decretos y los radicales la conducta del Ministerio. El ministro era parcial y favorecía en las situaciones provinciales a una facción radical en detrimento de la otra, con la intensión de cambiar el signo político con vista a las elecciones de 1928.
Durante el segundo gobierno de Irigoyen los argumentos de los legisladores personalistas se extremaron y las posiciones se tornaron más dificultosas: "el pueblo tiene cada seis año la libertad absoluta de elegir el presidente de mandar". El equilibrio entre gobierno y pueblo está por encima del principio federal.
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA
La burocracia se consideraba la fuente de prebendas al servicio de los círculos de poder, en efecto perverso del fraude electora, un lugar donde se pagaban votos y lealtades. Moralizar la administración equivalía a sujetarse a reglas claras, eliminar la arbitrariedad y las clientelas. Para los impulsadores de la ampliación del sufragio, esta determinaría los favoritismos y la ineficacia.
Las críticas a la administración continuaban y se mantuvo en la imagen de una burocracia estatal subordinada al partido político gobernante y puesta a su servicio exclusivo e inoperante.
Lo que si se renovó fueron los elencos burocráticos. Los gobiernos electores fueron dejando paso a los partidos. La pertenencia al círculo de los notables que "garantizaban" la capacidad, el mérito y el talento unido a una cierta posición social fue dando lugar a la militancia partidaria a la hora de designación funcionarios y las vinculaciones tradicionales, a los lazos de lealtad y a la afiliación a un comité si se trataba de seleccionar empleados públicos.
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