A partir de allí, liquidado el poder de la oligarquía azucarera, la Reformo Agraria ha ido creando relaciones de justicia social para los hombres que pueblan nuestros campos. Solo los ilusos y los mal intencionados podrían haber supuesto que un cambio de tal envergadura no acusara defectos, no encontrara problemas. Siempre supimos que habría deficiencias y errores. Nunca ignoramos que habría defectos de aplicación. En unos casos las dificultades son atribuibles a la voracidad de los terratenientes que intentan violar la ley. En otros, ellas se deben a la incomprensión de algunos de los propios funcionarios estatales impreparados para entender el sentido de un gran cambio social como el que la Reforma Agraria supone. Y en otros, a la distorsión y al revanchismo con que algunos intentan tergiversar una medida de justicia para pretender convertirla en instrumento de desquite y de venganza.
Todas estas dificultades están siendo superadas a lo largo del proceso de aplicación de la Reforma Agraria. Pero el señalamiento de los errores jamás puede hacer perder en nada la inmensa significación histórica que en un país como el nuestro tiene el haber atacado al fin los males profundos y ancestrales que hundieron en la miseria y la explotación a millones de peruanos.
Quienes hoy interesadamente levantan polvareda de protesta porque creen ver afectados de manera objetable los intereses de contadas personas que por añadidura jamás conocieron la pobreza de los hombres del campo, harían muy bien en pensar, por un instante, en cuán infinitamente mayor fue la injusticia y la miseria de millones de peruanos ante la cual guardaron el más cómplice de todos los silencios.
La Reforma Agraria seguirá adelante en el Perú. Rectificará sus yerros, cualesquiera que sean. Pero será indesviable el propósito de acelerar su marcha para cumplir el objetivo de crear un ordenamiento de justicia dentro del cual la tierra, en todos los ámbitos de nuestra patria, sea de quien efectivamente la trabaja. No desconocemos la pequeña y mediana propiedad. Pero no permitiremos que a través de subterfugios de pretendido formalismo legal se viole el espíritu de la Reforma Agraria y se burle su esencia de medida justiciera.
En los últimos años la reforma agraria ha transformado radicalmente la estructura de la tenencia de la tierra. Corrigiendo la extremada desigualdad en la distribución de riqueza, destruyendo el poder económico de la vieja oligarquía terrateniente costeña y decretando la desaparición definitiva del latifundio en el Perú. Con esta medida hemos satisfecho la ancestral demanda de nuestro pueblo por un orden de justicia en el campo y, al hacerlo, hemos sentado las bases de nuevas relaciones de poder económico para las grandes mayorías rurales de nuestra población. Medida de tan grande envergadura, en un país donde prácticamente el 50% de su población económicamente activa trabaja la tierra, implica necesariamente la modificación vertebral de la sociedad en su conjunto. Y aquí, precisamente, radica el carácter más profundamente revolucionario de la reforma agraria.
LOS BONOS
Otra tendencia central de la ley, íntimamente vinculada a la naturaleza de las mayores necesidades del país en su conjunto, es el énfasis que ella pone en la reorientación de los recursos de capital hacia la industria, como parte del esfuerzo nacional destinado a colocar al Perú en condiciones ventajosas frente al reto que plantea es esfuerzo de industrialización dentro del sistema de la integración económica latinoamericana.
Desde este punto de vista, es muy importante que se comprenda cabalmente la significación de la Ley de Reformo Agraria, como instrumento estimulador del proceso de industrialización en nuestro país. La ley, en efecto, abre muy grandes perspectivas a la inversión industrial a través del incentivo que significan nuevas empresas forjadoras de riqueza y creadoras de trabajo. Estas nuevas y amplias perspectivas de desarrollo económico, plantean un reto a la capacidad empresarial y al dinamismo de la joven industria peruana, cuyo futuro será, en gran parte, el resultado del esfuerzo tesonero de quienes a ella dediquen toda su energía y su talento. La industrialización es un aspecto central del proceso de desarrollo económico de nuestro país, y el esfuerzo industrial puede y debe formar parte de la tarea de transformación de las estructuras tradicionales del Perú. Luchar por la industrialización es, por eso, luchar por el porvenir de la nación. Y por ello, el impulso a lo industria constituye uno de los principales objetivos de la política de transformación del Gobierno Revolucionario. A este fin coadyuva la Ley de Reforma Agraria, al estimular el dinamismo del sector industrial mediante la reorientación de los recursos hacia fines de promoción de la industria nacional.
No se trata, pues, de destruir, sino de racionalizar el empleo de los recursos nacionales en función de las necesidades principales de toda la sociedad peruana.
La convertibilidad de los bonos de la deuda agraria en acciones de empresas industriales necesarias para el desarrollo del país, representa un enorme paso en el proceso de industrialización al cual el Gobierno Revolucionario brindará todas las garantías que él requiera.
EL TRIBUNAL AGRARIO
Para decidir los posibles interrogantes de carácter legal vinculados a la aplicación de la reforma, funciona el Tribunal Agrario, cuya principal responsabilidad es, la de absolver esos interrogantes con la mayor celeridad de acuerdo al texto, al espíritu y a la intención revolucionaria de la reforma. Miles de causas han sido resueltas por el fuero agrario en el tiempo que lleva de intensa actividad. Incorruptible guardián de una ponderada pero inflexible aplicación de la Ley, el Tribunal Agrario es el depositario de la fe de los campesinos en la justicia de su revolución. Contra él jamás podrán prevalecer las argucias de quienes traten de burlar la ley.
UNA NUEVA FISONOMÍA
Por encima de inevitables errores de aplicación, por encima de ineludibles fallas secundarias, la reforma significa una conquista social de alto rango histórico a través de la cual, sin violencia y sin sangre, los campesinos del Perú han empezado, al fin, a tener en propiedad la tierra que trabajan. Pero nunca hemos sostenido ni la colectivización ni la estatización del agro. En este sentido, el impulso a las formas asociativas de propiedad y producción de ninguna manera significa rechazo a la propiedad privada de la tierra dentro de la ley. La reforma agraria, inspirada en los principios básicos de nuestra revolución, estimula las formas de propiedad social de la tierra, sin desconocer la pequeña y mediana propiedad. Por eso las grandes haciendas expropiadas son hoy cooperativas o SAIS donde los trabajadores gradualmente asumen a plenitud todos los derechos de propiedad y de gestión empresarial. En una sociedad así la riqueza y el poder no podrán ser privilegio de nadie y, consecuentemente, el poder de decisión, lejos de constituir el monopolio de los privilegiados o del Estado, radicará en cada uno de sus integrantes.
Este es el rumbo que prefiguran las grandes transformaciones que hasta hoy hemos emprendido en el agro. Ellas, por tanto, son los medios e instrumentos de lograr un objetivo superior cuya conquista definitiva demandará largos años de pacientes esfuerzos, de duro aprendizaje, de reeducación verdadera de gobernantes y gobernados. Por que la significación decisiva de la reforma agraria estriba en que ella hace indispensable nuevas actitudes y nuevos comportamientos.
La reforma agraria que esta Revolución está realizando crea nuevas instituciones y por primera vez en el Perú introducen modificaciones sustantivas en las relaciones de propiedad y producción en uno de los vitales sectores de nuestra economía.
Todas las expropiaciones y adjudicaciones de tierras que se efectúan en la actualidad se encuadran dentro de los lineamientos de los Proyectos Integrales de Asentamiento Rural (PIAR), a través de los cuales es posible emprender un conjunto de acciones orientadas al establecimiento organizado de beneficiarios de la reforma agraria en un área delimitada con criterio de unidad socio-económica. Este enfoque original de la reforma agraria peruana impulsa una nueva estructura de organización socio-económica en el agro, fundada básicamente en empresas asociativas que se integran en organizaciones de grado superior, haciendo posible de este modo enfrentar en mejores condiciones el desarrollo rural como proceso que engloba íntegramente la vida de las sociedades campesinas.
REFORMA AGRARIA Y PARTICIPACIÓN
Para desarrollar todo el potencial de su verdadero carácter revolucionario, la reforma agraria debe estimular formas cada vez más amplias de participación campesina en todos los niveles de su aplicación. El objetivo final de la reforma es crear condiciones de justicia social en el campo y desarrollar todas las formas posibles de participación que hayan del campesino un hombre verdaderamente libre. En el desarrollo de este proceso, inevitablemente habrá desajustes y tropiezos. Quienes tienen la responsabilidad de aplicar la reforma deben ser plenamente conscientes de que tales dificultades habrán de presentarse. El deseo de superarlas no debe ser jamás excusa para continuar practicando un paternalismo de nuevo cuño que la revolución rechaza en todas sus manifestaciones.
Lo creación de una nueva sociedad campesina en el Perú debe ser quehacer y responsabilidad de los propios campesinos. Es preciso desterrar para siempre la noción de que el hombre del campo "no está preparado" para resolver sus problemas y que, por tanto, alguien debe resolverlos por él. Esta fue, justamente, la excusa tras a cual se incubaron en el pasado todas las formas de dominación. Si bien es cierto que existen problemas cuya complejidad no puede superarse sin el aporte de conocimientos técnicos especializados que explicablemente el campesino suele no tener, también es cierto que, en tales casos, lo que se requiere es ayuda y cooperación verdaderas. Y si bien es verdad que el manejo eficiente de una gran empresa agrícola indispensablemente requiere eficiente, racionalidad, tecnificación, disciplina de trabajo y estructura organizativa por todos respetada, es igualmente verdad que todo esto debe, en último análisis, basarse en la libre, consciente y convencida aceptación de los trabajadores.
Como obra revolucionaria que es, la Reforma Agraria indispensablemente requiere la creciente y libre participación de los campesinos. Para ellos se hizo y ellos deben ser los actores principales del proceso. De otra manera esta reforma fundamental de la revolución sería básicamente defectuosa e incompleta.
No queremos únicamente que el campesino peruano mejore sus ingresos y se convierta en dueño de la tierra. Queremos también que sea un hombre libre cuya dignidad como ser humano se base no sólo en su acceso a la propiedad que económicamente lo libera, sino en su convencimiento de que posee un efectivo e inalienable derecho a decidir en los asuntos que atañen a él, a su familia y a su colectividad. Esta capacidad de auto realización verdadera sólo puede desarrollarse cuando el campesino ejercita de manera libre y permanente su derecho a participar y a decidir. Y todo esto es absolutamente esencial que se respete y estimule en la aplicación de la Reforma Agraria. Porque de otra manera ella no podrá contribuir con toda su posible eficacia a la tarea de construir una- sociedad y un hombre nuevo, objetivo final de la Revolución Peruana.
Mucho del destino de la revolución depende del esfuerzo y responsabilidad de los campesinos para hacer exitosa la reforma agraria.
QUÉ QUEDA POR HACER
La Reforma Agraria, el más vital instrumento de transformación y desarrollo fue el comienzo de un proceso irreversible que está sentando las bases de la grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria.
En su más profundo significado retomó el sentido profundo de un esfuerzo trunco hasta hoy; el de reivindicar al humilde campesino de nuestra Patria, respondiendo a una demanda cuya raíz honda se afinca en nuestra historia y cuya imagen de justicia surge de nuestro propio e inmemorial pasado de pueblo americano.
Los campesinos del Perú han empezado ya a ser dueños del suelo que trabajan. Para ellos el Perú ya empieza a tener significado distinto y más real por que lejos de seguir siendo peones de una tierra ajena a merced de los grandes gamonales, a partir de la reforma agraria han empezado a ser dueños verdaderos de un pedazo concreto del Perú. Esa justicia de la reforma agraria, sin embargo, no puede ser alcanzada milagrosamente de un día para otro.
Los problemas campesinos no solo son problemas económicos. Lo son también de educación, de asistencia técnica, de salud, de comunicaciones y de servicios, pero ninguno de ellos podría ser efectivamente resuelto si antes que nada no se resolviera el gran problema de la propiedad de la tierra y del agua. Por eso, la reforma agraria que devuelve la tierra al campesino, no es el único paso que habremos de dar. Fue el primero y el fundamental. Sin embargo, otros pasos también tendrán que darse. Y ello ya empieza a ocurrir en todos los ámbitos del Perú. Al final, no tendremos un campesino desposeído, sino un campesino dueño de la riqueza que su esfuerzo produce; libre, a quien la Patria le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja, y un lugar de justicia dentro de nuestra sociedad en la cual ya nunca más será como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre.
Pero la modificación profunda de la estructura tradicional de la propiedad agraria no puede completarse de la noche a la mañana. Hay un proceso que la ley contempla y que debe ser respetado.
Por eso resulta curioso que quienes dieron una conservadora ley de reforma agraria en favor de los latifundistas, sean quienes hoy reclaman que todo se haga con una precipitada e irrazonable velocidad que, justamente, haría fracasar esta reforma que es el comienzo de la transformación social de nuestro pueblo.
Seria un acto supremo de irresponsabilidad echar todo a perder por precipitaciones sin sentido, ahora que la reforma agraria está ya en marcha.
Los campesinos hoy no tienen la promesa, sino la realidad de una reforma agraria verdadera. De una reforma agraria que devuelve la tierra a quienes realmente la trabajan; que destruye el latifundio; que da impulso a las comunidades campesinas.
Los campesinos en nuestro país, han sufrido las más grandes injusticias en esta tierra que siempre debió ser suya. Con ellos se ensañaron los gamonales, los tinterillos, las autoridades. Se les insultó y se les humilló. Y todo esto mientras en el Perú se hablaba de democracia y libertad.
La vida en el campo ya ha empezado a cambiar. Los campesinos que murieron defendiendo su tierra no se sacrificaron en vano. Sus luchas no han sido estériles. La reforma agraria responde al clamor de justicia de todos aquellos y el derecho de los más necesitados. La Ley de Reformo Agraria da su respaldo a esa gran masa de campesinos que forman las comunidades indígenas que, hoy abandonando un calificativo de resabios racistas y de prejuicio inaceptable se llaman Comunidades Campesinas.
Hoy los campesinos deben organizarse para hacer oír su voz, su protesta, sus necesidades. Luchar por lo que ya es suyo. La reforma agraria se ha hecho fundamentalmente para ellos. Nada la debe detener.
Sabemos que aún existen funcionarios que continúan sirviendo a quienes hasta ayer fueron los únicos dueños de la tierra. Esos funcionarios, esas autoridades, engañan a los campesinos quienes deben ayudarnos a saber quiénes son y dónde están. Porque ellos no tienen cabida en un gobierno que debe mantenerse siempre al servicio del pueblo y jamás volver a ser instrumento de los opresores y de los poderosos.
CAMPESINOS Y TÉCNICOS
Un problema de fondo en el desarrollo de la reforma agraria y, por tanto, en el desarrollo mismo de la revolución, es el que toca, específicamente, al delicado problema de las relaciones entre los campesinos y obreros agrícolas por un lado, y los administradores y técnicos, por otro.
Sobre su comportamiento suele aún gravitar la forma que sus relaciones tuvieron en el pasado, cuando el papel de unos y otros tenía un carácter fundamentalmente distinto al que ahora tiene.
Hasta el advenimiento de la reforma agraria, los campesinos y obreros eran asalariados de una gran empresa que no les pertenecía y frente a la cual, con evidente justicia, se situaban en una explicable relación de oposición y lucha. Los técnicos y administradores, por su parte, eran en realidad también asalariados, pero ocupaban una posición muy diferente en todas las empresas, gozaron de diversas ventajas y privilegios y, frente al campesino y al obrero, aparecían como intermediarios y representantes patronales. Todo esto explica que los campesinos y obreros tendieran a considerarlos, en el fondo erróneamente, como adversarios en su lucha desigual contra el patrón. No es de extrañar, por eso, que entre ambos grupos, generalmente, se dieran formas conflictivas de relación.
La situación que explicablemente originó aquellas relaciones conflictivas, ha terminado definitivamente con la cooperativización de las antiguas haciendas. Pero, explicablemente también los comportamientos característicos de tales relaciones no pudieron terminar cuando súbitamente desapareció la situación que los originaba. En el comportamiento de los grupos señalados continúa gravitando, aunque en forma progresivamente más débil, la imagen de un conflicto que, sin tener ya base real de existencia tiende a persistir por algún tiempo, como realidad sicológica en la conducta de técnicos y campesinos, de obreros y administradores por igual. Sólo cuando unos y otros comprenden con claridad todo el significado de la nueva situación que ahora vive, se habrá empezado verdaderamente a resolver uno de los problemas más importantes que todavía dificultan el funcionamiento de las nuevas grandes empresas agrícolas.
Lo anterior significa que es falaz la noción de que sólo los campesinos y obreros deben educarse en la práctica de la reforma agraria. También, y por igual, deben hacerlo los administradores y los técnicos. Más aún, deben asimismo hacerlo los funcionarios estatales quienes tienen la responsabilidad de comprender, acaso mejor que nadie, el verdadero significado de esta reforma como cambio social profundo, constructivo y creador, orientado a remodelar la totalidad de la vida campesina, pero a partir del reconocimiento efectivo de que son los trabajadores quienes deben gradualmente asumir la responsabilidad de decisión sobre todos los problemas de sus empresas.
Tal responsabilidad supone centralmente reconocer que los trabajadores tienen deberes que no pueden ignorar. En primer lugar, los trabajadores de todos los niveles deben comprender que su trabajo es decisivo para el éxito permanente de las empresas agrícolas que ya les pertenecen. En segundo lugar, los trabajadores deben ser conscientes de que sus empresas son obra de esta revolución porque ella las hizo posible recogiendo una demanda de justicia que nosotros hemos cumplido, pero que no quisieron cumplir quienes en el pasado, traicionaron a los campesinos, pactaron con los grandes "barones del azúcar" y los terratenientes, y hoy, en el presente, obedeciendo a la misma actitud proditora y antirrevolucionaria, continúan alentando todas las formas de entorpecimiento al proceso de la reforma agraria En tercer lugar, los trabajadores deben comprender que el destino de la Reforma Agraria está unido al destino de la revolución que las creó. Por eso, su respaldo al proceso revolucionario es, en final de cuentas, respaldo a la Reforma, respaldo a sus propias empresas.
Finalmente, en cuarto lugar, los trabajadores del agro deben reconocer con claridad todo lo que hay implícito en el hecho de ser hoy propietarios de gran parte de las tierras más ricas de un país, como el nuestro, en el cual viven cientos de miles de otros campesinos en medio de la más grande e injusta pobreza y hacia quienes, por tanto, tienen un deber moral y de justicia que, como peruanos, no pueden ignorar. La reforma agraria, lejos de contribuir a la perpetuación de las diferencias económicas y sociales del campesinado, debe ser un medio para que desaparezcan.
LA CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA
Constituye la más grande y representativa organización campesina de toda nuestra historia. Ella deberá contribuir al gran esfuerzo que estamos realizando para lograr la verdadera liberación de los sectores campesinos que han sufrido por siglos el flagelo de la expoliación y la miseria.
Por primera vez en nuestra historia surge una gran organización representativa de los trabajadores del campo, el sector más numeroso de la nación peruana y el que fuera más profundamente explotado por el sistema injusto contra el cual insurgió nuestra revolución. La creación de la Confederación Nacional Agraria tiene, por todo esto, una gran importancia histórica para el Perú y su Revolución.
Así nuestro pueblo descubre que puede organizarse libremente para ejercer de manera autónoma y directa su capacidad de decisión sobre problemas y situaciones que afectan su propia vida y su destino. Todos tenemos mucho que aprender en este orden de cosas. Porque ni gobernados ni gobernantes hemos estado acostumbrados nunca a que el pueblo organizado participe para ejercer el poder de decisión. Sólo tenemos en este orden de cosas el ejemplo luminoso de las comunidades campesinas Ellas en efecto, supieron, por encima de la más grande adversidad, conservar el legado inmemorial y extraordinario del viejo imperio incaico y de una más antigua cultura comunal auténticamente democrática y libre.
Todo esto nos enseña que no es preciso, y que por el contrario sería pernicioso, organizar aparatos intermediarios de control o partidos oficiales que regimenten la vida ciudadana pasa seguir haciendo de la política el ejercicio de la intermediación. Nuestra Revolución aspira, como hemos señalado tantas veces, a crear un ordenamiento social participacionista. Queremos que un día el pueblo del Perú hable directamente por sí mismo. Aspiramos a construir una verdadera democracia social de participación plena, alejada de cuanto han predicado los caudillos de la política tradicional.
El mensaje fundamental de esta Revolución es, de este modo, algo radicalmente nuevo en el Perú. Estamos realizando un proyecto político-social de alto rango histórico. No lo manchemos con los vestigios de lo que siempre fue la política criolla. Elevémonos a la altura de esta gran responsabilidad histórica de hacer en el Perú una sociedad en verdad nueva para un hombre nuevo. Y tengamos conciencia de que nuestra Revolución plantea nuevos rumbos, crea nuevos ideas, origina nuevas instituciones, Porque en todo esto se encierra una también fundamental dimensión de grandeza de nuestra Revolución. Ella no es, en efecto, tan sólo las conquistas de sus grandes reformas sociales y económicas. Ella es también el conjunto de sus definitorias formulaciones ideo políticas que representa el norte orientador de todo lo que hacemos.
Comunidad laboral, propiedad social y Estado
El desarrollo de una gran política económica participacionista, expresada primero en la Reforma Agraria y después en la Ley de la Comunidad Laboral, culminó con la creación del Sector de Empresas de Propiedad Social. Aquí se expresa de manera cabal el planteamiento participacionista de la Revolución Peruana en el campo de la economía. Históricamente, esta medida representa el paso tal vez más decisivo de la Revolución. Al iniciarse la organización de este prioritario sector económico, surge un elemento radicalmente nuevo en nuestro país. Por primera vez fuera de la economía agraria, empezarán a existir empresas de propiedad directa de los trabajadores socialmente organizados. Así, a las formas asociativas de propiedad de la tierra y a las formas cogestionarias de propiedad de las empresas no agrícolas, se agrega ahora una nueva institucionalidad económica, las empresas de propiedad plena de sus trabajadores.
Estas tres grandes reformas estructurales obedecen a la misma orientación de pensamiento económico y social. Y las tres persiguen conquistar un mismo objetivo: la sustitución de la economía capitalista por una economía de participación. Cuando se consolide y avance más aún el desarrollo de estas medulares transformaciones de la Revolución Peruana, la fisonomía de nuestro país habrá cambiado de manera profunda e irreversible. Para entonces, millones de peruanos tendrán lo que nunca tuvieron en el pasado y que desde ahora ya empiezan a tener el disfrute efectivo de la riqueza que su trabajo crea y el acceso al control de los medios de producción. Todo ello ejercido a través de formas de propiedad que estimulen comportamientos solidarios y no individualistas, de acuerdo a un esquema de organización económica radicalmente distinto al que prescriben los modelos estatistas que nuestra revolución rechaza.
Como expresión culminante de esta fundamental orientación participacionista, el desarrollo del Sector de Propiedad Social demandará readecuaciones y reajustes en todo el aparato del Estado. Desde ese punto de vista, nadie debe olvidar una verdad a todas luces evidente: el Estado tradicional se organizó para servir las necesidades del viejo sistema económico, social y político que la Revolución está transformando de raíz. Es obvio que un Estado de esta naturaleza no pueda satisfacer las necesidades que plantea el reordenamiento profundo e integral de nuestra sociedad, objetivo central de la Revolución. En consecuencia, es absolutamente indispensable reorientar y reestructurar todo el aparato del Estado, tal como fue planteado en el Manifiesto Revolucionario de 1968. Un nuevo ordenamiento socio-económico, un nuevo cuadro de relaciones de poder, un nuevo sistema de propiedad, en suma, una nueva sociedad, requiere un nuevo tipo de estructura estatal.
En el Estado se concreta y vertebra la institucionalidad surgida de la situación social y económica de un país. Cuando esa situación se transforma es indispensable que las nuevas realidades creadas por esa transformación se expresen institucionalmente de manera distinta en un Estado que no puede ser el tradicional. Y todo esto requiere un nuevo orden jurídico y un nuevo derecho en los cuales también halle expresión la nueva realidad que surge de la Revolución y sus grandes transformaciones.
En tanto esa meta fundamental de la Revolución no sea conquistada a plenitud, el aparato del Estado, desde ya, debe empezar a responder a las exigencias que plantea el desarrollo prioritario del Sector de Propiedad Social. Los sectores estatales vinculados a la creación y al fortalecimiento de las empresas de Propiedad Social, deben reajustar su organización y reorientar sus acciones para servir a este propósito esencial. Ellos son, desde ahora, por tanto, responsables de que ese reajuste y esa reorientación se implementen de manera inmediata.
Esto tiene particular relación con los sectores económicos, responsables principales de impulsar el desarrollo de las empresas de Propiedad Social. Poco ganaríamos con unas cuantas empresas importantes en el nuevo Sector, y poco también con muchísimas pequeñas empresas sin gravitación económica. Lo esencial es crear y desarrollar el mayor número posible de poderosas empresas del nuevo Sector en los ámbitos más importantes de nuestra economía. Sólo de esta manera el aparato económico en su conjunto será modificado y empezará a tener un carácter verdaderamente participatorio. No se trata, pues, de crear apariencias y desarrollar pequeños o aislados casos ejemplares. Por el contrario, se tata de forjar, con el máximo de celeridad, un poderoso sector que gravite decisivamente en toda la economía nacional. Si queremos una economía no privada ni estatista, sino de participación, tendremos que apoyar con todo nuestro empeño a las empresas de Propiedad Social en las áreas económicas más importantes del país.
Desde otro punto de vista, será también indispensable que los sectores más directamente comprometidos en esta tarea contribuyan con todo su esfuerzo a la preparación intensiva de nuevos cuadros gerenciales y administrativos que garanticen la eficacia económica de las empresas del nuevo Sector. Aquí se presentarán, sin duda, difíciles problemas. El Perú no cuenta con todo el personal calificado necesario para enfrentar las demandas de su desarrollo económico. De allí que, indispensablemente, una tarea prioritaria de la Administración Pública sea la de capacitar, con eficiencia y prontitud, al mayor número de elementos directivos de alto y medio nivel en las empresas del Sector de Propiedad Social.
LA COMUNIDAD INDUSTRIAL
La comunidad industrial es fundamentalmente una institución de participación, una institución que hace posible la intervención directa de los trabajadores en la vida total de la empresa, en la propiedad, en las decisiones, en el futuro de la riqueza generada por todos; y tiene un significado esencial como elemento básico de lo nueva sociedad industrial que la revolución quiere construir en el Perú.
En efecto, el Gobierno Revolucionario considera que, en último análisis la fuente final de la riqueza es el trabajo y que, concretamente, el excedente económico generado en el proceso productivo, se debe conjuntamente a los dos factores de la producción. Desde este punto de vista, el sueldo o el salario representan, además del pago de un servicio, el reconocimiento del derecho del hombre que trabaja a la satisfacción de sus necesidades, pero no la retribución del trabajo en cuanto factor esencial de la producción. De este modo, la participación del trabajo en la riqueza que el proceso productivo genera, debe necesariamente ser un medio de dar acceso, no sólo a un ingreso adicional inmediato y momentáneo, sino, fundamentalmente, a un patrimonio capaz de generar una riqueza adicional de carácter permanente. Por esta razón, las leyes revolucionarias en el sector industrial establecen la Participación del trabajo en las utilidades, en lo dirección y en la propiedad de las empresas. En países pauperizados como el Perú, donde las inmensas mayorías no pueden ahorrar, desconocer este punto de vista y sostener que, el ahorro, y no el trabajo, es el generador de la riqueza, significa mantener indefinidamente la pobreza y el atraso de los grandes sectores sociales marginados y, por ende condenar al país en su conjunto, a una eterna situación de subdesarrollo. En consecuencia, la legislación industrial del Gobierno Revolucionario respeta todas las conclusiones derivadas del principio de reconocer la plenitud de derecho que otorga al trabajo la circunstancia de ser uno de los factores esenciales en la producción de riqueza.
Este es el planteamiento doctrinario que sustenta la idea de la comunidad industrial.
La comunidad industrial, ha de traducirse en incalculables ventajas de orden económico y social para los trabajadores. Sin embargo, no se trata únicamente de que ellos perciben beneficios económicos a través de la Comunidad Industrial, ni tampoco de que participen en la dirección de la empresa para defender sus beneficios y contribuir a su desarrollo; se trata, principalmente, de estimular la forja do la nueva personalidad que el trabajador irá adquiriendo al no ser ya más un simple asalariado, sino el verdadero creador de una comunidad humana que él pueda sentir verdaderamente suya.
LAS EMPESAS ESTATALES
Un campo de potenciales problemas importantes es el que se refiere a la acción de las grandes empresas estatales. Existe el peligro de que ellas se sigan conduciendo de manera totalmente tradicional.
Los ministerios dentro de cuyos sectores operan estas empresas y los funcionarios que las dirigen, tienen la fundamental responsabilidad de darles una fisonomía completamente diferente. Si la Revolución suscribe una posición participacionista, en esa posición debe basarse el comportamiento de las empresas del Estado. Su conducción vertical y jerarquizada, que niega la participación real de quienes en ellas trabajan, conduce inevitablemente a la excesiva concentración de la capacidad de decidir y a la ausencia de control efectivo en el funcionamiento empresarial.
Todo esto, unido a la perniciosa tendencia hacia las altas remuneraciones, contribuye necesariamente a profundizar las diferencias entre los propios trabajadores del Estado. La concentración de poder, el carácter no participatorio y el afianzamiento del virtual privilegio de quienes ganan sueldos excesivos, todo esto propicia el surgimiento de intereses creados y refuerza el gran peligro de la burocratización. Al amparo de todo ello se crean condiciones favorables a la inmoralidad y al enriquecimiento de una alta burocracia que medra con grave daño para el Perú. El Gobierno Revolucionario no puede permitir que cristalice una situación de esta naturaleza. Es preciso contrarrestar las tendencias negativas. En esto se juega, en verdad, mucho del destino de nuestra Revolución. Por todo esto, las empresas del Estado deben en nuestro país ser ejemplo de eficiencia, de honradez, de no burocratización y de acción realmente participatoria. De no ser así, estaremos actuando en contra de los propios principios de la Revolución. Tenemos, pues, que ser inflexibles en el propósito de cambiar radicalmente el carácter de las empresas estatales. E inflexibles también en la decisión de castigar ejemplarmente cualquier brote de inmoralidad en la administración pública.
LA PROPIEDAD SOCIAL
En la base misma del planteamiento revolucionario está la noción fundamental de que una posición no capitalista y no comunista debe concretarse en empresas económicas basadas en la propiedad directa de los trabajadores y no en la pro piedad privada, propia del capitalismo, ni en la propiedad estatal, propia de los regímenes comunistas. La creación del sector económico de Propiedad Social nos alejará por igual da los regímenes que privilegian dichas formas de propiedad y nos alejará también de los sistemas políticos que se basan en ellos.
En este sentido, la Propiedad Social resulta ser críticamente importante para nuestra Revolución. Su existencia compromete la esencia misma del proceso revolucionario. Porque la médula de un planteamiento participatorio, vale decir, verdaderamente democrático, como el nuestro, hace indispensable lo creación de formas económicas que sean también democráticas y participatorias. Y esas formas no pueden ser otras que aquéllas en las que se consagra La propiedad de las empresas por parte de sus propios trabajadores.
La Propiedad Social de los medios de producción expresa con fidelidad la opción política fundamental de la Revolución Peruana. Frente al capitalismo, no tenemos objeciones puramente adjetivas. Nuestra recusación compromete la esencia misma de este sistema. La producción social de la riqueza y su apropiación individual o privada -y aquí radica esencialmente la racionalidad económica del capitalismo- siempre habrá de generar inevitablemente injusticia y desigualdad. Manteniendo un sistema así será imposible eliminar la explotación del hombre por el hombre. Y sería imposible también, en consecuencia, construir un ordenamiento de justicia social. El Perú ha experimentado el sistema capitalista durante más de cien años. Y sus resultados están a la vista: subdesarrollo y dominación económica extranjera; concentración monopólica del poder económico y político; marginación de las grandes mayorías nacionales; subordinación a los intereses imperialista. Dentro de él nuestro país nunca podría dejar de ser lo que fue en el pasado, y lo que es aún en el presente.
Más, la sustitución de la propiedad privada por la propiedad estatal no resuelve, a nuestro juicio, los problemas fundamentales que enrostramos al capitalismo: la concentración de poder se mantiene; la inaccesibilidad de los trabajadores al poder de decisión continúa; la alienación del hombre que no tiene control sobre la riqueza que su trabajo genera, persiste. Y, además, el monopolio del poder económico y político por parte de una burocracia partidaria que controla el Estado se traduce inevitablemente en regimentación e intolerancia. Esto tampoco queremos para el Perú.
¿… porqué prioritario?
El sector de propiedad social será prioritario en la economía peruana en el sentido de que recibirá preferente atención del Estado en el otorgamiento de apoyo técnico y financiero. La razón de esta prioridad deriva del hecho de que ese sector económico expresa con fidelidad la opción política de nuestra revolución. Más no que la propiedad social represente una forma de estatismo disfrazado. Negral al futuro sector de Propiedad Social esta forma de apoyo efectivo sería, en los hechos, negarle toda posibilidad real de existencia. Sin embargo, los mecanismos financieros del Estado darán únicamente el impulso inicial al Sector de Propiedad Social. Luego las empresas del sector financiarán por si mismas sus actividades. En ningún momento esos organismos financiadores dirigirán las empresas ni serán sus dueños.
…los que se oponen
Sabemos muy bien que no todos los que se oponen a la existencia del Sector de Propiedad Social son reaccionarios y enemigos de los cambios socio-económicos en el Perú. Como en el caso de toda idea nueva, hay quienes se oponen a esta iniciativa de la Revolución simplemente porque desconocen lo que ella significa y, en consecuencia, no comprenden su extraordinario valor para nuestro pueblo. Pero esto no significa desconocer el hecho de que la oposición política al Sector de Propiedad Social surge de los grupos conservadores cuyos intereses económicos están en juego. En nombre de esos intereses tales grupos defienden la continuidad del sistema capitalista con el mínimo posible de alteraciones. Aquello tampoco significa desconocer el hecho de que esa posición también surge de los grupos comunistas que autoritaria y por lo tanto conservadoramente sostiene que toda la economía del país debe ser controlada por el Estado.
Lo que muchos detractores de la Propiedad Social no confiesan, es que se oponen a ella para defender sus intereses y los intereses de los grupos nacionales y foráneos que siempre dominaron nuestra Patria, monopolizando sus recursos y llevándose su riqueza al extranjero. Unos y otros para encubrir esta verdad de fondo no vacilan en engañar, en deformar, en tergiversar la realidad y las intenciones del Gobierno Revolucionario. Tampoco vacilan en invocar el legado valorativo y moral del cristianismo y de occidente, como si fuera lícito invocarlo para defender la continuidad de la injusticia, del abuso, de la discriminación; o para impedir que quienes nunca tuvieron acceso a la propiedad empiecen a tenerlo bajo formas solidarias y libres, gratas, justamente, a lo mejor y a lo más perdurable de la tradición histórica de occidente y al mensaje moral del cristianismo.
La revolución y el ejercicio de la política
Hacer una revolución, transformar un país, construir el futuro de un pueblo, reivindicar la soberanía de una nación y recobrar la auténtica independencia de una patria, todo esto es político, en el alto e ilustre sentido del vocablo. Eso está haciendo la Fuerza Armada del Perú, eso es lo que estamos haciendo quienes hoy gobernamos en su nombre. No estamos haciendo política subalterna. No estamos haciendo política partidaria. No estamos haciendo proselitismo político en el sentido peyorativo y tradicional del vocablo. Pero sí estamos ejerciendo docencia política, elevada y en función de la Patria.
Al asumir le responsabilidad de gobernar, asumimos también inevitablemente une misión política.
La política de una Revolución implica también el uso de un nuevo lenguaje, que no es el de la simulación, del eufemismo, del rodeo, sino, por el contrario, un lenguaje directo, limpio, accesible o todos. Que no trate de engañar ni de confundir, sino de esclarecer, de tornar indubitable la posición revolucionaria de quienes gobiernan.
Todo está siendo logrado dentro de un nuevo estilo de acción política que parte de nuestra filiación humanista y libertaria. Gobernar es también hacer permanente docencia política. Muchas veces puede surgir la tentación de actuar drásticamente imponiendo criterios y obligando a que los demás piensen como nosotros. Tal vez de actuar así se lograrían muchas cosas con mayor rapidez y con menor dificultad. Pero en tal caso a la larga habríamos contribuido a eternizar las formas de conducta política que caracterizaron a todos los regímenes conservadores del pasado. Tenemos que ser siempre pacientes y siempre tolerantes, hasta los propios límites compatibles con la seguridad de la obra que estamos realizando.
Sabemos demasiado bien que muchas veces no es posible alcanzar todo lo que querernos. Sabemos demasiado bien que a veces es necesario esperar mejores condiciones y mejores momentos para conquistar nuestros objetivos. Pero también sabemos demasiado bien que jamás desviaremos el rumbo nacionalista de nuestra revolución. Ella persigue como meta final de sus esfuerzos, la edificación de un nuevo ordenamiento socio-económico en el Perú, libre de las lacras abominables del subdesarrollo y de la dominación económica extranjera. Y esa meta nunca será perdida de vista por nosotros.
Esa meta final es la que sirve de orientación a la política general del Gobierno de la Fuerza Armada.
Resulta por entero comprensible que aún persistan la incredulidad y el escepticismo en este país donde tanto se traficó con las promesas y donde la politiquería sustituyó a la política. Aquí precisamente radica una de las grandes culpas y responsabilidades de quienes contribuyeron deliberadamente a la corrupción de nuestras instituciones representativas y de esa democracia en cuyo nombre se comerció con las aspiraciones de un pueblo abnegado cuyo único delito fue creer en quienes habrían de engañarlo. Y hoy no estamos haciendo política en el sentido tradicional de la palabra. No estamos bajo la influencia de ningún partido. Pero gobernar y dirigir una revolución es tarea de carácter político, como lo es resolver los problemas económicos y sociales del país y como es, en verdad, asumir una posición valorativa frente a los grandes interrogantes de nuestra compleja realidad. Para superar la profunda crisis en que se debatía nuestra patria fue indispensable asumir el poder político. Y un nuevo concepto respecto de su ejercicio. Conservarlo sigue siendo indispensable para garantizar que nuestros grandes postulados de transformación nacional se realicen en forma integral e irreversible.
EN LO ECONÓMICO
Todo el conjunto de realizaciones de la revolución descansa en la básica solidez de nuestra economía que ya ha logrado su plena activación una vez superados los efectos de largo alcance que produjera la devaluación monetaria de 1967 y, en general, el carácter mismo del manejo de la economía durante toda la etapa pre-revolucionaria.
Ha continuado desarrollándose con éxito la firme política de reorganizar progresivamente la conducción de las finanzas públicas. El esfuerzo interno ha permitido que, paralelamente con los profundos cambios estructurales y la recomposición gradual de la distribución de la renta nacional, se dé un crecimiento significativo del producto bruto interno. Nada de esto ha afectado la fuerte posición de nuestras reservas internacionales que en la actualidad superan los 500 millones de dólares.
Si bien los recursos financieros externos, en forma de créditos, no nos llegan de los organismos internacionales de los que somos socios, por razones políticas y por influencias alejadas de la ética de la cooperación internacional, los países acreedores de nuestra deuda externa se han comprometido dentro del Grupo Consultivo del Banco Mundial, organizado para el Perú, a financiar parte importante del costo de proyectos ya preparados o en vías de ser terminados. A esto se suma un aporte considerable de créditos obtenidos en la Unión Soviética, en China y en los países de Europa Oriental que constituyen apreciable refuerzo a nuestra capacidad de desarrollo independiente.
Todo el sistema financiero nacional está hoy en condiciones de cumplir su función de apoyo a la actividad empresarial estatal, privada, reformada y de propiedad social. A medida que se vayan definiendo los conceptos sobre los nuevos sujetos de crédito en el vasto campo de la propiedad social, nuestro sistema financiero irá cubriendo progresivamente sus necesidades de desarrollo.
Una medida de trascendental importancia en el campo financiero dispuso la regulación total por el Estado del movimiento de divisas y la obligación de repatriar y vender las tenencias y depósitos de moneda extranjera que poseyeran las personas naturales y jurídicas en el exterior. Esta decisión se adoptó en momentos en que la situación de la balanza de pagos, el incremento sustancial de las reservas internacionales, el positivo desenvolvimiento de las finanzas públicas, la liquidez de la economía y la sólida estabilidad de nuestro signo monetario, era circunstancia propicia para regular el mercado de giros sin las repercusiones negativas que, bajo otras condiciones, podrían haberse derivado de una medida de esta naturaleza.
El Gobierno no podía expectar pasivamente la creciente especulación observada en el mercado de giros ni la salida injustificada de capitales al exterior, porque así se privaba el país de la riqueza generada con el esfuerzo de toda la sociedad y la utilización de recursos nacionales.
Ni podía aceptar que parte del ahorro interno sirviera para sostener economías foráneas, obligando al Perú a buscar estos recursos por lo vía de préstamos que muchas veces se obtienen sólo en condiciones onerosas.
El sistema bancario ha sido también modificado de manera fundamental. La banca de desarrollo estatal ahora juega un papel preponderante que antes nunca tuvo.
Un paso importante en el desarrollo de la política de peruanización de la Banca se refleja en el hecho de que sólo el 6% de su capital está en poder de extranjeros y en la circunstancia de que las cuatro sucursales de la banca extranjera existentes en el país no influyen en la captación masiva del ahorro y en cambio están obligados a mantener líneas de crédito en monedas no peruanas, canalizándolas directamente al Banco de la Nación.
Esta medida significa, por un lado, que el movimiento de moneda extranjera no estará ya sujeto a la especulación ni a los criterios de interés personal o de grupo. Bajo el control del Estado, él servirá sólo para atender las necesidades del desarrollo del país. Y, por otro, que las transacciones internas se harán únicamente utilizando el sol peruano que de este modo ha recobrado su verdadero valor de moneda nacional.
En esta forma, el Banco de la Nación tiene fundamental importancia para nuestro desarrollo nacional, porque significa que los grandes recursos del Estado ya no continuarán siendo manejados en provecho particular por los dueños de la Banca Privado, sino servirán exclusivamente para beneficio de todos los peruanos representados por el Estado.
Por otra parte, el deber de cautelar los ahorros del público confiados a una institución bancaria del país y la necesidad de evitar su absorción por la banca extranjera, llevaron al Gobierno Revolucionario a decretar la adquisición, por parte del Banco de la Nación, del 85% del capital accionario del Banco Popular del Perú. Este medida, concordante con la política del Gobierno Revolucionario, amplia y fortalece considerablemente la capacidad operativa de la Banca Estatal. Le otorga un poder mucho mayor para orientar y determinar el sentido de las actividades crediticias en el Perú y le proporciona una extendida infraestructura de servicios que permitirá a la Banca del Estado cubrir prácticamente todo el territorio nacional.
La creación de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) tiene vital importancia para el país, no sólo como un instrumento paro lo reactivación económica sino también para hacer frente al reto de la integración a nivel subregional andina. Vigoriza lo acción empresarial, capta ahorros y los dirige a inversiones prioritarias, a la vez que impulsa la acción financiera empresarial del Estado y coordina las fuentes de recursos internos y externos para la inversión, Como organismo rector de la inversión, financiera participará en proyectos importantes y rentables, tanto del sector público como del sector privado y actuará como cogestor en el accionariado de empresas establecidas o por crearse.
A menos de cuatro años de su creación COFIDE ya ha incursionado en el terreno de las realizaciones en minería, petroquímica, industria manufacturera y agroindustria.
La comercialización de los minerales y de la harina de pescado es ahora responsabilidad estatal. Esto da al Perú gran capacidad de financiamiento externo e impide que ganancias y divisas salgan del país en provecho de consorcios extranjeros.
El Estado tiene hoy el monopolio de la refinación del petróleo y de los minerales y también el monopolio de su comercialización y de la comercialización de casi todos los productos que el Perú exporta. De esta manera es toda la Nación la que ahora se beneficia de una riqueza que antes sirvió tan sólo firmas extranjeras y a grupos nacionales de ellas dependientes.
El Perú entiende que la problemática minera en el mundo de hoy se sitúa en el área central de las relaciones entre los países que luchan por su desarrollo auténtico y autónomo. Nadie debe ignorar la realidad esencialmente conflictiva de tales relaciones. Porque nadie puede ignorar que ellas ponen de relieve una profunda disparidad de intereses económicos en torno a este problema. Será preciso una nueva visión, alta y esclarecedora, para que todos podamos comprender que sólo criterios de auténtica justicie pueden proporcionar el cuadro normativo que permita dar solución integral y duradera a esa compleja problemática que afecta de manera directa o indirecta a virtualmente todos los países de la tierra.
En nuestro caso, la minería reviste un enorme interés para el país, porque el desarrollo nacional está íntimamente ligado al desarrollo de la minería. El sector externo de nuestra economía dependerá fundamentalmente de la exportación de metales con el mayor grado de procesamiento que permita nuestro desarrollo industrial. El Gobierno Revolucionario considera indispensable apoyar de manera decidida a la pequeña y mediana minería, hacia la cual estamos canalizando un crédito adecuado y para cuya promoción se dictará una importante ley. Todo esto sin descuidar las actividades de la Gran Minería que constituye factor de primordial importancia en la vida económica nacional.
Es preciso por tanto plantear la problemática minera dentro de una perspectiva histórica y global que permita encararla en términos de hoy, no del pasado.
El Ministerio de Energía y Minas ha sentado las bases para una política petrolera nacionalista, al reemplazar el sistema de concesiones por el de contratos y al establecer que la refinación y la comercialización del petróleo y sus derivados son de responsabilidad del Estado; la nueva legislación sobre hidrocarburos contiene dispositivos destinados a estimular la concurrencia del capital privado en las etapas de exploración y explotación. La nueva orientación de la política petrolera peruana, aparte de asegurar que las ganancias de la industria del petróleo serán para el país, ya ha empezado a dar frutos. Su sólida situación económica ha permitido bajar el precio de la gasolina, programar ampliaciones y realizar trabajos de prospección y explotación.
Nuestra Empresa Petrolera se denomina "PETRO-PERÚ", contando con un capital autorizado de cinco mil millones de soles. "PETRO-PERÚ" ha lanzado ya al mercado su primera línea de lubricantes.
La política nacionalista que en materia petrolera signó desde el primer momento la acción del gobierno, y cuyo marco normativo se fijó en el Decreto Ley N °-177440, de febrero de 1969, ha hecho posibles los grandes éxitos que en este campo ha tenido le revolución y que culminaron con el hallazgo de petróleo en los pozos perforados por Petroperú. El hallazgo de petróleo no ha sido de ninguna manera fruto del azar, sino resultado de una bien pensada y cuidadosa política establecida en función de los intereses del Perú.
La nueva riqueza petrolífera encontrada en la selva abre posibilidades insospechadas para nuestra economía y para el desarrollo del nororiente peruano. La concreción de estas posibilidades implica ejecutar la obra ambiciosa y compleja de un oleoducto que debe construirse con el esfuerzo total del país. Encontraremos la financiación necesaria para que ese oleoducto sea nuestro. Utilizaremos en él nuestro acero y todos los materiales que requiera la ejecución de esta obra fundamental para el Perú. Se ha previsto que hacia fines de 1976 el petróleo de la selva peruana llegará a nuestra costa para satisfacer las necesidades del mercado internacional. De esta manera, nuestra economía se fortalecerá con nuevas divisas y, además, con el ahorro que supone poner término a la compra de petróleo en otros países.
En el zócalo continental, frente o Tumbes, se ha terminado la perforación de un pozo de gran rendimiento que es indicación de la existencia de un nuevo e importante yacimiento.
Esta política nacionalista no es incompatible con la celebración de contratos para lo explotación parcial que Petroperú aún no se encuentra en condiciones de financiar con sus actuales recursos. Dentro de marcos legales que garantizan la refinación y la comercialización exclusivas por parte del Estado, la explotación por medio de empresas extranjeras, sin riesgo alguno de inversión para el país, representa aporte sustantivo a nuestra economía y fuente de financiación del desarrollo de las grandes reformas sociales y económicas de la revolución en el futuro.
Esta política, basada en el realismo de una revolución que jamás se ha apartado de los principios que definen su propia esencia, conquistó uno de sus principales objetivos cuando el 22 de mayo de 1972 culminó el trámite legal para la traslación de dominio al Estado de todos los bienes que la Internacional Petroleum poseía en el Perú. La revolución ha cumplido de esta manera con su compromiso de reivindicar a plenitud la soberanía de nuestra Patria frente a la acción ilegal y predatoria de una empresa extranjera.
Esta es una conquista de la Revolución. Si la Revolución no hubiera ocurrido seguramente la ingente riqueza petrolífera de nuestra amazonia estaría hoy en manos de esa Internacional Petroleum a la cual ardientemente defendieron durante largos años los mismos que hoy atacan o lo Revolución.
La explotación de petróleo por la empresa estatal creada por el Gobierno de la Fuerza Armada da una enorme seguridad al futuro económico de nuestro país y garantiza la exitosa continuidad del proceso revolucionario. Esto, sin embargo, no debe conducirnos ni a la complacencia ni a la subestimación de nuestros adversarios. Debemos, por tanto, estar constantemente alertas. La mejor seguridad es mantenerse preparados, porque una Revolución jamás deja de tener enemigos.
EN LO CULTURAL Y EDUCATIVO
El logro de una verdadera autonomía económica no sería completo sin la conquista de una comparablemente importante autonomía cultural.
Si el Perú va a ser capaz de forjar y afianzar una personalidad definida y propia en al mundo de hoy, será preciso desplegar un esfuerzo muy grande en el terreno de la educación y la cultura. Reconocer la significación de nuestros propios valores culturales, artísticos e intelectuales debe constituir el punto inicial de una política comprometida a reivindicar y a engrandecer los méritos y la gran potencialidad creadora del pueblo peruano. Ser auténticamente libre implica, en una dimensión fundamental, poseer una identificable y propia personalidad cultural. Y esto no se logra sin autenticidad, sin hundir las raíces en nuestro propia realidad, en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, para de ellas forjar una manera de ser fidedignamente peruana, es decir, una cultura que la sintamos nuestra, ni superior ni inferior, sino diferente a la de otros pueblos que sólo cuando la hayamos conquistado sabrán respetarnos plenamente.
La inmensa complejidad de este propósito jamás debe arredrarnos. Su conquista, en verdad, forma parte sustantiva de ese gran ideal de construir un mundo distinto y mejor, del cual con orgullo podamos sentirnos parte en la convicción de que él habrá de ser un mundo verdaderamente nuestro en todas las dimensiones de la vida, del espíritu y de la obra del hombre de esta tierra.
La política cultural de la Revolución Peruana, se enraíza en tal convencimiento, y tiende su decidido apoyo al estudio de nuestra realidad en sus dimensiones de presente y pasado, a la investigación de las ciencias sociales en su sentido más abarcador y completo, y al análisis de los múltiples problemas que, desde la lingüística hasta la economía, será necesario plantear y resolver para superar definitivamente la intolerable marginación social y cultural que ha sufrido hasta hoy vastos sectores de nuestro pueblo.
Todo esto será preciso hacer, como aspecto esencial del esfuerzo por crear una nueva sociedad humanizada y justa, libre y desalienante, liberadora y culta.
Todo esto demandará de nuestro pueblo un gigantesco esfuerzo creador, una nueva visión de sus problemas sociales más profundos, una fecunda e imaginativa política cultural que, aparejada a los cambios estructurales hoy en marcha, refuerce la posibilidad de forjar valores de una nueva moral social y de una nueva cultura en el Perú.
De este modo, las ciencias y humanidades habrán de jugar un papel cada vez más significativo en el futuro. Ellas nos ayudarán a descifrar y reivindicar el viejo mensaje de sabiduría y justicia que se encierra en ese gran pasado del Perú aún no totalmente descubierto y de cuya savia más iluminante queremos que se nutra nuestro quehacer de hoy para que siempre responda con autenticidad al destino y al ser más profundo de nuestro pueblo.
Concebimos la problemática peruana cómo totalidad. Esto implica tener una visión integral e integradora de sus manifestaciones sociales, económicas y culturales. E implica también reconocer que las relaciones estructurales determinan en última instancia la intensidad, la gravitación y la naturaleza de las cuestiones fundamentales que encara nuestro pueblo. Dentro de una perspectiva así, resulta inevitable admitir que es la esencia estructural del ordenamiento socio-económico la que condiciona y determina el modo de ser de los fenómenos fundamentales que afectan a la nación peruana. Y por tanto el punto de partida es para nosotros el reconocimiento lúcido de cuál es el carácter definicional de nuestra sociedad. Este carácter definicional más profundo lo encontramos en la condición del Perú tradicional como país dependiente y subdesarrollado.
Todos los problemas básicos de nuestro pueblo están referidos a esa doble raíz estructural, cuya cancelación es el objetivo político central del proceso revolucionario peruano. Ninguno de los problemas fundamentales del Perú podría haber sido resuelto en ausencia de uno acción nacional encaminada a luchar militantemente contra el subdesarrollo y la secular subordinación del Perú a centros foráneos de poder. Por eso el prerrequisito de cualquier acción solucionadora tenía que ser la puesta en marcha de un proceso transformador que tuviese como objetivo central la superación definitiva del subdesarrollo y la dependencia.
Las reformas básicas del Gobierno Revolucionario del Perú están orientadas a lograr ese objetivo fundamental. Ellas, así mismo, responden a una concepción de conjunto. Porque estamos convencidos de que ningún problema de magnitud nacional en nuestro país puede ser exitosamente resuelto de manera aislada, sin referencia al contexto global del que necesariamente es parte. En este sentido, precisa recordar que el modo de ser estructural de la sociedad en su conjunto se refleja, por decirlo así, en la realidad parcial de los elementos que la forman.
Este carácter integral e integrador de nuestra política es inseparable de la naturaleza revolucionaria del gobierno que hoy rige los destinos del Perú. Muchas veces hemos dicho, que no estamos interesados en una política de modernización que introduzca reformas incrementales en el ordenamiento tradicional para, en final de cuentas conservarlo. Estamos, por el contrario, hondamente comprometidos con una posición radicalmente distinta. Nuestro objetivo es transformar las bases de sustentación del sistema socio-económico tradicional. Esto supone modificar sustantivamente las relaciones de poder económico, político y social que prevalecieron hasta el advenimiento del régimen revolucionario. Y supone también poner en marcha un proceso de vastos alcances temporales que nosotros no habremos de culminar y que será una tarea nacional renovada y permanente a lo largo de muchos años. Comprendemos muy bien la inmensa complejidad que conlleva el esfuerzo de rehacer la realidad total de una nación. Conocemos sus riesgos. Reconocemos nuestras limitaciones. Pero por encima de todo esto están la convicción de que esta tarea debe ser realizada y la decisión de emprenderla venciendo todos los obstáculos.
A esta perspectiva obedecen la formulación de la política educacional que hoy suscribe el Perú y la orientación de la reforma educativa que encarna esa política. El fenómeno educacional no se desenvuelve en el vacío; forma por el contrario, parte de la textura más profunda y vital de nuestra sociedad.
Como cualquiera otro de los sistemas institucionales del país, el educativo reflejó en su estructura y en su funcionamiento las características definitorias del orden social, económico y político del Perú tradicional. Tal sistema fue en esencia discriminador y selectivo, incapaz de plantear y resolver los problemas educacionales más agudos de la inmensa mayoría de peruanos. No es que careciera de méritos y aciertos, sino que tales méritos y aciertos jamás alcanzaron a cubrir ni cualitativa ni cuantitativamente, las demandas reales de la nación peruana. Y como parte integrante de un ordenamiento socio-económico global, el sistema educativo tradicional estuvo diseñado para contribuir al sustento y ala perpetuación de tal ordenamiento. Por eso de él no podía esperarse la solución de nuestros problemas educativos básicos, ni tampoco que se alejara sustantivamente de la orientación que necesariamente le impuso el orden global, del que formaba parte. Por ende, nuestra recusación del sistema educativo tradicional es parte y consecuencia de la recusación que hacemos de ese sistema total de la sociedad peruana que la revolución ha empezado irreversiblemente a superar.
La reforma educacional de la revolución aspira o construir un sistema educativo que satisfaga las necesidades de toda la nación, que llegue hasta las grandes masas campesinas siempre explotadas y siempre mantenidas deliberadamente en la ignorancia, que cree una nueva conciencia de los problemas básicos de nuestro país en todos los peruanos, y que contribuya a forjar un nuevo tipo de hombre dentro de una nueva moral social que enfatice los valores de la solidaridad, el trabajo, la creación, de la libertad auténtica y de la justicia social como quehacer, responsabilidad y derecho de todos y cada uno de los hombres y mujeres del Perú.
Como toda la obra que estamos realizando, la reforma educativa debe ser entendida a partir de su esencia procesal. Su éxito será resultado del empeño de toda una nación. En ello deben participar creadoramente los estudiantes, los maestros, la sociedad toda. Porque sólo de esta manera será posible superar definitivamente un deformante y estrecho enfoque pedagógico. Los problemas cruciales de la educación no son, en forma alguna, quehacer exclusivo de la pedagogía. No se trata únicamente de hacer enseñanza, sino fundamentalmente de hacer nuevos hombres. No se trata sólo de modificar las currícula y las formas de organización. Se trata de darle un nuevo contenido a lo educación y de reorientarla para la conquisto de objetivos cualitativamente distintos a los que persiguiera en el pasado un ya obsoleto sistema educativo.
Nuevos contenidos, nuevos valores de orientación, nueva forma organizativa, nuevas finalidades, en sumo, nueva esencia, es lo que nuestra reforma debe crear en el Perú. Y esto supone necesariamente nueva mentalidad, nuevos actitudes, nuevos comportamientos, es decir, nuevos hombres para conducir un proceso cuyo médula misma tiene que ser su alta capacidad creadora, su flexibilidad, su realismo y el compromiso profundo con su sentido de contribución que desde el campo educativo debe enriquecer y afianzar el proceso total de transformaciones revolucionarias en el Perú de hoy.
Esta reforma educativa, en extremo difícil pero esencial para el éxito de la labor que estamos realizando en el Perú, ya ha comenzado. Su iniciación se inserta en el conjunto de las grandes tareas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, toma en cuenta las limitaciones derivadas de la necesidad de emprender programas de crucial importancia en distintos campos del desarrollo económico, y realistamente respeta los límites que fija la disponibilidad de recursos financieros y humanos actualmente al alcance del país. Por su inmensa significación, la reforma educativa debe, estar rodeada de las máximas seguridades de éxito. Nuestros esfuerzos deben concentrarse en la aplicación de medidas fundamentales que tiendan a darle a la reforma una base de cimentación sólida, profunda y perdurable. Dentro de esta perspectiva las acciones que la reforma debe permanentemente enfatizar, son las que tocan a los campos de lo reestructuración administrativa y organizacional del sistema, su modificación funcional, en base al concepto de nuclearización, el entrenamiento y reentrenamiento de docentes, el desarrollo de programas experimentales en diferentes partes del país, y la preparación de nuevos currículos y textos educativos.
La gradualidad en la aplicación de la reforma, en manera alguna significa lentitud en su proceso. El Gobierno Revolucionario comprende muy bien la trascendencia de esta reforma para el presente y el futuro del Perú. Estamos enfrentándola con un indesviable sentido de responsabilidad, con plena conciencia de que no contamos ni jamás contaremos con las condiciones y elementos ideales para su cumplimiento. Nuestra formación revolucionaria nos impide caer en el frágil terreno de las actitudes quiméricas y de los comportamientos de ilusión. Sabemos muy bien cuán difícil habrá de ser mantenernos constantemente próximos, en los hechos, a las postulaciones teóricas de la reforma. Serán inevitables las fallas y vacíos. Nadie puede en conciencia exigir a esperar que este grandioso esfuerzo esté libre de ellos. Pero será indispensable tener todo esto constantemente en el plano más alerta de nuestra conciencia para garantizar que tales fallas y vacíos sean cada vez menores y menos importantes. Y sobre todo, a la vista de la real inmensidad de la obra que hemos acometido, será preciso mantener siempre una actitud de profunda confianza en la respuesta creadora y generosa de un pueblo que, liberado de la múltiple explotación que lo victimó por centurias, será a partir de hoy el estímulo, el vigilante, el ejecutor, el elemento fundamental de su propia transformación. El pueblo en suma, será el dador de la sabiduría que a sus servidores y dirigentes pudiera alguna vez faltarles.
Para nuestra reforma educativa reclamamos el mérito de ser una formulación autónoma, surgida de nuestra realidad para ser una respuesta a sus más angustiosos problemas. Y en esto ella obedece también al sentido profundo de la Revolución Peruana como proceso de veras nuestro. Lo cual no significa, sin embargo, desconocer nuestro compromiso con el mundo latinoamericano del que formamos parte, ni con ese otro mundo más vasto y problemático, que constituyen hoy todos los pueblos que en diferentes latitudes luchan por reencontrar su destino y afirmar su plena independencia nacional; frente a la presión de las grandes potencias que compiten por la hegemonía económica y política del orbe. Por encima da la singularidad que, respondiendo a nuestra historia y a la naturaleza de nuestra problemática de hoy, marca un rumbo distinto y autónomo al proceso revolucionario del Perú, somos conscientes de compartir con otros hombres y otros pueblos un destino básicamente común en términos de una común oposición a todas las formas de dominio imperialista en los inseparables campos de la economía y la política. En suma, esta revolución tiene conciencia de la imposibilidad de ser un fenómeno en total aislamiento y comprende muy bien el significado de lo que ello puede implicar en la experiencia de otros pueblos hermanos. Esto, obvio es decirlo, es consecuencia directa del propósito nacionalista que persigue superar todas las formas de dominio extranjero en salvaguarda de una soberanía por nosotros ya reconquistada e irrenunciable.
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