Las preguntas de consulta popular son igual de variadas: dos preguntan a la ciudadanía si está de acuerdo en la eliminación de casinos y otras salas de juego y de los espectáculos en que se mata animales, en referencia a las corridas de toros y a las peleas de gallos.
Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, se pregunta al votante si está de acuerdo en que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones escritas, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores.
Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requiere la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo para el caso del presidente que se necesita la mayoría absoluta de los habilitados para sufragar.
La propuesta de consulta, en general, es un signo que afecta al sistema financiero porque son cambios que implican cambios de reglas y disminuyen la confianza de los inversionistas
Todas las preguntas tienen su grado de conflictividad, según los actores sociales, tanto las que implican enmiendas constitucionales cuanto las que significan reformas legales. Gustan a unos y disgustan a otros, con mayor o menor grado de importancia para el grueso de la colectividad.
El Presidente reconoció que está preocupado ante la posibilidad de que la Corte Constitucional bloquee su propuesta de consulta popular, que busca reformar el poder judicial, controlar los contenidos de los medios independientes, entre otras cosas.
Fuente: El Telégrafo
1.- Sobre los plazos para la caducidad de la prisión preventiva
Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 1?
Lo que busca
Que las personas detenidas y que no tienen sentencia permanezcan tras las rejas por un tiempo superior al establecido como límite por la Constitución.
La actual Constitución establece que si una persona es detenida por algún delito penado con prisión (menos graves) no podrá estar presa sin sentencia más de seis meses.
También estableció que las personas detenidas por un delito penado con reclusión (más graves) no podrán estar detenidas sin sentencia por más de un año.
Esta pregunta surge ante la idea de que la ola delictiva se debe a la gran cantidad de reos que salen libres sin que hayan sido juzgados.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa sostiene que los plazos de caducidad de la prisión no concuerdan con la "realidad procesal", es decir con el procedimiento de investigación y juzgamiento de los detenidos. Esta situación, según Correa, "ha causado que, desde enero de 2007 a octubre de 2010, miles de personas privadas de libertad por orden judicial de medida cautelar hayan obtenido su libertad, sin que hayan sido juzgadas, dificultando la efectiva administración de la justicia, la sanción del delito y sus responsables y promoviendo el aumento de la inseguridad e impunidad".
Argumentos en contra
Quienes no están de acuerdo con esta propuesta sostienen que el problema no está en el plazo de caducidad de la prisión preventiva sino en las deficiencias del sistema judicial. Aumentando el tiempo no se solucionará el problema. Lo que hay que hacer es diseñar un nuevo sistema más eficiente para que los jueces puedan sentenciar más rápido.
2.- Sobre las medidas sustitutivas a la prisión preventiva
Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 2?
Lo que busca
Que los jueces no puedan ordenar que los detenidos reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, es decir arresto domiciliario, presentaciones periódicas ante el juez o prohibición de salir del país sino únicamente en delitos penados con prisión (menos graves). No a delitos penados con reclusión como homicidio, narcotráfico o peculado.
La actual Constitución había introducido el concepto de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que consisten en medidas para que el sospechoso esté presente durante el proceso sin que esté necesariamente en la cárcel.
Argumentos a favor
Los jueces han abusado de estas medidas sustitutivas y han beneficiado a narcotraficantes y asesinos que logran burlar a la justicia. Se debe aplicar estas medidas únicamente a los sospechosos de delitos que se penan con prisión y no con reclusión porque son delitos más graves.
Argumentos en contra
Un Estado no debe tener presos sin sentencia. Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva son parte de un proceso para evitar que las personas que aún no tienen sentencia estén en la cárcel. Es un tema de derechos humanos.
3.- Sobre la banca y los medios de comunicación
Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3?
Lo que busca
La pregunta pretende evitar que los accionistas principales de los medios de comunicación tengan participación en empresas dedicadas a otras tareas distintas a la comunicación. Lo mismo con los accionistas principales de las instituciones financieras o bancos.
Argumentos a favor
Uno de los razonamientos para presentar esta pregunta es que los grupos financieros y de comunicación privados se dediquen exclusivamente a las funciones que como tales les corresponde, y no tomen parte en otro tipo de actividades ajenas a su objeto.
Argumentos en contra
Es una medida discriminatoria puesto que se apunta con dedicatoria a los accionistas de medios de comunicación. ¿Por qué a ellos y no a los dueños de hospitales privados por ejemplo? Se atenta al principio del tratamiento equitativo de las leyes. Además, se habla únicamente de los medios privados y no de los que están en manos del Gobierno donde también hay conflictos de intereses. Con esta norma, el capital de los bancos se va a concentrar porque los pequeños accionistas no podrán tener otros negocios y venderán sus acciones a los más importantes.
4.- Sobre la sustitución el Pleno del Consejo de la Judicatura
Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?
Lo que busca
Disolver el actual Consejo de la Judicatura para que una comisión ocasional tripartita se encargue, durante 18 meses, de reestructurar las cortes de justicia y los juzgados del país.
Se elimina el concepto de participación ciudadana en la administración de Justicia pues el Consejo de Participación ya no tendrá competencia para nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura, proceso que estaba en marcha.
Argumentos a favor
El sistema previsto en la Constitución, según el cual el Consejo de la Judicatura debe administrar el servicio de justicia y nombrar, los jueces no funciona. Los actuales jueces son los responsables del crecimiento de la ola delictiva y es necesario de inmediato reestructurar todo el sistema judicial.
Argumentos en contra
Se contradice uno de los pilares de la nueva Constitución que establecía la figura de la participación ciudadana para el nombramiento y relevo de los jueces. Se trata de un desenfadado intento del Ejecutivo para controlar la Justicia ya que los sectores involucrados en la Comisión dependen de éste.
5.- Sobre la modificación del Consejo de la Judicatura
Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5?
Lo que busca
La pregunta plantea la posibilidad de que en el Consejo de la Judicatura exista mayor presencia de los poderes del Estado y no vocales que, en el caso de la Constitución, salen de la ciudadanía luego de un proceso de selección hecho por el Consejo de Participación y Control Social.
El Consejo de la Judicatura propuesto se integrará por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; el Fiscal General del Estado; el Defensor Público; Un Delegado de la Función Ejecutiva; y un Delegado de la Asamblea Nacional.
Los Delegados de las funciones ejecutiva y legislativa, titular y suplente, serán ratificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.
Argumentos a favor
El Consejo de la Judicatura no ha cumplido su rol, ya que en la práctica las funciones que le fueron encomendadas por el número de miembros que lo componen y por las pugnas internas que se suscitan. El proceso de un concurso de merecimientos y oposición por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de nueve Vocales del Consejo de la Judicatura se prevé que demorará excesivamente.
Argumentos en contra
Se está alterando el espíritu de la Constituyente de Montecristi. Habrá un manejo desembozado de la justicia por parte del poder Ejecutivo que domina los distintos poderes que estarán representados en ese organismo. Se vuelve a las antiguas prácticas de control político y partidista de la justicia. Otra "Pichicorte".
Preguntas para consulta
1.- Sobre el enriquecimiento privado no justificado
Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?
Lo que busca
Con esta interrogante, el Régimen pretende que personas particulares sean sancionadas al igual que un funcionario público que haya cometido enriquecimiento ilícito. Este último delito recibe penas de hasta 5 años de prisión.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa cree necesaria la reforma debido a que el enriquecimiento fraudulento en el sector privado, pese a que es evidente, se mantiene impune. Y ello sucede porque una persona particular incumple con uno de los requisitos para ser procesado por este tipo de delitos, según lo establecido en el Código Penal: ser funcionario público.
Argumentos en contra
El catedrático Alfredo Negrete considera que en esta pregunta debió formularse un artículo concreto y que el planteamiento es muy abierto. Mientras que el banquero Fernando Vivero, en una entrevista a El Universo, afirmó que el enriquecimiento ilícito en el sector privado es algo "muy subjetivo" y se pregunta: "¿Cómo medir si una persona rica tiene una fortuna lícita o ilícita?". Dice que si alguien se enriquece a través del lavado de activos, narcotráfico o evasión de impuestos puede ser sancionado porque estos delitos ya están penados por la ley.
2.- Sobre la prohibición de los juegos de azar
Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
Lo que busca
El Gobierno pretende declarar al Ecuador en un Estado libre de empresas o negocios de juegos de azar. El presidente Rafael Correa había ya manifestado esta intención desde junio del año pasado después de restringir el consumo de bebidas alcohólicas.
Argumentos a favor
Para el Mandatario, los juegos de azar pueden llevar a vicios "como la ludopatía que corrompen al ser humano". También cree que son una fuente de corrupción en la que jueces y autoridades de instituciones estatales se han visto involucrados. El sector más afectado es la juventud, según el presidente Correa.
Argumentos en contra
Jorge Castro, vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador, lamenta que en la pregunta no se haya hecho una distinción entre casinos legales e ilegales porque los primeros son "recursos turísticos". Por otro lado, si pasa esta pregunta será necesario llamar a otras consultas para definir el futuro de los juegos de azar y de los espectáculos donde se mate animales en cada jurisdiccional cantonal. "¿Qué pasaría si en Guayas deciden que sí haya juegos y en Quito no?, se pregunta.
3.- Sobre la prohibición de los espectáculos donde se mate animales
Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?
Lo que busca
El Régimen busca con esta pregunta declarar al Ecuador libre de espectáculos públicos en los que se mate a los animales por simple diversión.
Pretende eliminar este tipo de prácticas en las que, a su juicio, se tortura, desangra y agrede a los animales hasta causarles la muerte.
Argumentos a favor
El Gobierno considera necesario la eliminación de la violencia en todas sus formas, incluida aquella contra seres que no "gozan de racionalidad". Se apoya del artículo 71 de la Constitución en el que se eleva a categoría de derechos constitucionales, los derechos de la naturaleza.
Argumentos en contra
Para Santiago Aguilar, miembro de la Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador, esta pregunta viola artículos de la Constitución referentes a los derechos individuales, diversidad, cultura, tradición y autodeterminación de las personas. Otras opiniones contrarias sostienen que la eliminación de estos espectáculos no va a disminuir la delincuencia, como dice el argumento oficial para incluir esta pregunta en la consulta.
4.- Sobre la creación de un Consejo de Regulación para los medios
Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
Lo que busca
El Régimen en esta pregunta plantea dos temas que ya se ha tratado en el proyecto de ley de Comunicación que está en trámite en la Asamblea.
El primero: la creación de un Consejo de Regulación (en el proyecto su denominación es Consejo de Comunicación) de contenidos en radio, TV y prensa en temas que tengan que ver con violencia, sexo y discriminación.
El segundo: que ese Consejo "establezca los criterios de responsabilidad ulterior", es decir, los criterios con los cuales se puede definir si una información publicada fue veraz y verificada.
Argumentos a favor
El Presidente cree que la regulación de contenidos violentos, sexuales y discriminatorios es una manera de mejorar las condiciones de vida. Afirma que la TV, al ser el medio masivo más importante, debe orientar de manera positiva en la sociedad. Este papel "muchas veces no cumple puesto que en la producción de mensajes se prioriza las ganancias de los grandes grupos de la industria del entretenimiento". El Mandatario, en su carta a la Corte Constitucional, no argumenta sobre el tema de responsabilidad ulterior.
Argumentos en contra
Esta es una pregunta innecesaria a decir de Alfredo Negrete, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas, por dos razones.
La primera: la creación del Consejo de Regulación ya fue consensuada por todos los bloques legislativos del 17 de diciembre del 2009.
La segunda: la responsabilidad ulterior consta en el articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la que está suscrito el Ecuador. "Es como preguntar si se está de acuerdo con que el sol siga saliendo por el oriente", dijo de su parte Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente. Y añadió: "Lo que interesa es, sobre todo, quién conforma el Consejo de Regulación y cuáles serán sus atribuciones".
5.- Sobre el delito de no afiliar a un trabajador al IESS
Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?
Lo que busca
El Ejecutivo busca sancionar por la vía penal a los empleadores que no afilien a sus trabajadores y por ello propone que esta figura se convierta en delito.
El fin: que los empleados accedan a los beneficios de la seguridad social tales como cobertura en salud y acceso a préstamos.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa cree que la no afiliación de los trabajadores es una forma que tienen los empleadores para aprovecharse del dinero de sus empleados. Cree que los empleadores deben responder al igual que "un trabajador que dispone fraudulentamente de los fondos pertenecientes a la empresa en la que trabaja, bajo la figura punitiva de abuso de confianza".
Argumentos en contra
El jurista Manuel Terán considera que una consulta no es necesaria para este tema y que pudo ser tramitado por la Asamblea. Incluso en el artículo 327 de la actual Constitución ya se ampara al trabajador: "el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán". Leyes como la de la Seguridad Social tienen previsto estas infracciones, según Terán. "Criminalizarlo sería un exceso".
Correa prevé consulta sobre casinos, juegos azar y toros en Ecuador
Fecha: 19 de Enero del 2011
Fuente: La información
El presidente Rafael Correa anunció el sábado que consultará la opinión popular sobre la autorización para que el país funcionen casinos, juegos de azar así como si quieren conservar la tradición de las corridas de toros o no."Violencia no es solo disparar una bala … hay que acabar con todas las formas de violencia", dijo el mandatario en su programa sabatino "Diálogo con el presidente", en alusión a las tradicionales corridas de toros que se realizan especialmente en Quito, durante sus fiestas de fundación en diciembre.Correa aseguró que el evento taurino atenta "contra un derecho de los animales".
"Ahí estamos, para democráticamente preguntar al pueblo ecuatoriano si están de acuerdo que se armen espectáculos donde se maltratan animales", agregó.Pero también adelantó que "no solo se va a consultar sobre seguridad y no violencia, tal vez también aprovechemos para preguntar si quieren un país libre de casinos y juegos de azar, o si quieren una ley de comunicación que regule los excesos de la prensa", dijo.
Inicialmente, Correa planeaba un plebiscito para consultar a la población sobre temas de seguridad y reformas penales, pero el abanico de preguntas se amplió conforme lo expresó en su programa radial.
"Consultaremos al pueblo ecuatoriano cuantas veces sean necesarias", afirmó.Correa indicó que la petición para la realización de la consulta se presentará a las autoridades respectivas luego de las fiestas de Navidad.Esperanza Benalcázar, dirigente de la agrupación "Jóvenes por la vida" señaló que el anuncio del mandatario "es un precedente histórico".
"Defendemos el derecho de los niños a un crecimiento sin violencia. Damos voz a los que no la tienen. Si desde pequeños aprendemos a respetar a los animales aprenderemos a respetar a los seres humanos", acotó la activista invitada al el programa radial presidencial.
Correa deberá remitir a la Corte Constitucional la solicitud de consulta popular y, en un plazo de 70 días, el organismo deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del pedido. De aceptarse, el Consejo Nacional Electoral tendrá 45 días para realizar la convocatoria a las urnas.
Correa presenta las preguntas de la consulta popular de Ecuador
Fecha: 19 de enero 2011
Fuente: Diario Electrónico
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó a la Corte Constitucional 10 preguntas para una consulta popular. Los ciudadanos podrán responder sobre seguridad interna y regulación de los medios de comunicación.
El organismo debe determinar la legalidad del mecanismo y resolver el modo en que se convocará a la población a la consulta.
El presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, afirmó que tomarán una decisión con máxima celeridad y que no llevará más de 45 días.
La propuesta consta de 5 preguntas de enmienda constitucional y de 5 preguntas sobre temas generales que deberían incluirse en la Constitución, si la ciudadanía así lo considera.
Correa sostuvo que "está en las manos del pueblo ecuatoriano decidir quién tiene la razón y quien no la tiene".
Algunas de las preguntas refieren a temas de seguridad.
Así se consulta sobre la caducidad de la prisión preventiva, medidas cautelares para delitos graves, límites a los amparos constitucionales y la reestructuración del Consejo de la Judicatura.
El objetivo es disminuir los índices delictivos.
Además, la consulta abarca a los medios de comunicación. Pregunta si la población está de acuerdo con prohibir que exista vinculación entre las empresas del sistema financiero y las empresas de comunicación.
Y pregunta sobre una ley que incluya un Consejo de Regulación de los contenidos en los medios que contengan mensajes violentos y discriminatorios.
El Ejecutivo, además, propone una pregunta sobre prohibir los espectáculos públicos donde se mate animales, en relación con las corridas de toros.
También pregunta sobre si debe considerar un delito que una persona no sea afiliada al Instituto de Seguridad Social en relación de dependencia laboral.
Prensa y Justicia sometidos a consulta popular en Ecuador
Fuente: Periodistas en Español
Fecha: 19 De Enero Del 2011
Análisis de Gonzalo Ortiz (IPS/ Quito)
Empujado por una alta popularidad, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, plantea un referéndum y consulta popular con diez preguntas, entre las cuales se desatacan las referidas a reorganizar el sistema judicial y a crear un Consejo de Regulación de los medios de comunicación.
La convocatoria a las urnas, que será la quinta impulsada por Correa, es para el segundo trimestre de este año con un cuestionario que deberá ser calificado por la Corte Constitucional.
Una vez que la Corte las califique, para lo que tiene 45 días a partir de la presentación hecha este lunes, plazo que con seguridad resultará excesivo, el mandatario izquierdista dictará un decreto convocando al referéndum y el Consejo Nacional Electoral estará en la obligación de realizarlo en 60 días.
Se trata de un cuestionario mixto. Cinco de las preguntas son de referéndum, pues plantean cambios concretos de otros tantos artículos de la Constitución, que fue impulsada por el propio Correa y aprobada en plebiscito en 2008.
Las otras cinco son de consulta popular, en las que se pide la opinión de los votantes sobre temas que posteriormente pueden convertirse en leyes.
Entre las reformas propuestas a la ley fundamental, se cuenta suprimir el actual Consejo de la Judicatura y crear una comisión con un delegado del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo y otro del Consejo de Participación Ciudadana, para reorganizar el sistema judicial en el plazo de 18 meses.
Al cabo de ese tiempo plantea crear, de acuerdo con otra pregunta, un nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, distinto al previsto en la Constitución en vigor, con delegados de distintos organismos.
En otra pregunta, Correa plantea regular los plazos de la prisión preventiva, suprimiendo la caducidad de dicha prisión que por norma constitucional hoy se produce a los seis meses para los delitos penados con prisión y al año para los delitos penados con reclusión.
Esta norma, según críticas del derechista alcalde de la sudoccidental ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, ha permitido "dejar en libertad a miles de delincuentes", pues los jueces no tramitan las causas con celeridad. La norma consta en las constituciones de 1998 y 2008.
Fue Nebot quien, el 13 de diciembre pasado, retó a Correa a consultar al pueblo sobre esta cuestión y el endurecimiento de las penas, en medio de un debate sobre el deterioro de la seguridad en el país y, en especial, en Guayaquil.
Correa recogió el guante, seguro de su popularidad y aceptación a su gobierno, que se mantienen entre 55 y 73 por ciento de los consultados por distintas encuestadoras, por lo que muchos creen que no le será difícil obtener la aprobación en el referéndum.
En el mismo sentido, se plantea modificar la Constitución para que solo puedan aplicarse medidas sustitutivas a la prisión en el caso de los delitos menos graves.
En otro ámbito, Correa pide introducir en la Constitución una prohibición expresa para que los banqueros tengan negocios distintos a los financieros y los dueños de los medios de comunicación tengan otra actividad empresarial.
Las preguntas de consulta popular son igual de variadas: dos preguntan a la ciudadanía si está de acuerdo en la eliminación de casinos y otras salas de juego y "de los espectáculos en que se mata animales", en referencia a las corridas de toros y a las peleas de gallos.
"Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación", se pregunta al votante si está de acuerdo en "que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones escritas, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores".
La pregunta busca el respaldo mayoritario de la ciudadanía al proyecto de Ley de Comunicación presentado por el gobierno en 2009, que no ha logrado ser aprobado en la Asamblea Nacional legislativa, ya que la oposición considera que establece graves limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa.
Dos preguntas se refieren a la creación de sendas figuras de delito: "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación a los trabajadores en relación de dependencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Esta será la quinta vez que los ecuatorianos son convocados a las urnas durante el mandato de Correa, que cumplió el 15 de enero cuatro años de gobierno.
Poco después de llegar al gobierno, Correa disolvió al Congreso y convocó a una consulta popular sobre conformar una Asamblea Constituyente. El 18 de abril de 2007, ganó el sí con 82 por ciento de los votos.
Los miembros de la Constituyente fueron elegidos el 30 de septiembre de ese año, obteniendo el movimiento Patria Altiva y Soberana (País), liderado por Correa, 70 por ciento de los votos y 80 de las 130 curules de la Asamblea.
Redactada la Constitución, 64 por ciento de los votantes la aprobaron en el plebiscito del 28 de septiembre de 2008 y, conforme ésta lo ordenaba, se celebraron nuevas elecciones generales el 26 de abril de 2009.
Correa fue reelegido entonces con 51,99 por ciento de los votos para el periodo que finalizará el 10 de agosto de 2013. En la Asamblea Nacional, sin embargo, solo obtuvo 61 de los 130 escaños, lo que le ha traído problemas de gobernabilidad.
Sin embargo, el presidente ha roto récord, ya que en los últimos 14 años ningún gobierno había podido terminar su mandato de cuatro años. Todos los elegidos desde 1996 fueron derrocados por movimientos populares, en medio de una profunda crisis económica que golpeó al país desde mediados de los años 90.
La indudable popularidad de Correa se ha basado en su capacidad de comunicación y constante contacto con el pueblo. Cada sábado celebra reuniones en alguna población del país, que son transmitidas por cadena de radio y televisión.
A ello se añaden frecuentes cadenas obligatorias de radio y televisión entre semana y la difusión a través de 19 medios de comunicación de propiedad estatal, entre ellos periódicos y canales de alcance nacional.
El otro puntal de su popularidad ha sido la abundancia de recursos económicos, provenientes de los precios históricamente altos del petróleo.
El barril de crudo ecuatoriano, que a fines de los años 90 bajó a ocho dólares, llegó a cotizarse en junio de 2008 a 117 dólares y se ha mantenido entre 70 y 90 dólares desde entonces, lo cual le ha permitido al Estado contar en estos cuatro años con 77.000 millones de dólares de ingresos, sin precedentes en la historia.
El referendo de Correa se anticipa también al intento de revocatoria del mandato que lidera el dirigente de centroderecha Carlos Vera.
Este ex periodista de televisión afirma tener ya 1,2 millones de firmas de las casi 1.6 millones que se requiere reunir hasta el 22 de febrero para solicitar la convocatoria a referéndum revocatorio.
Esta herramienta está prevista en la Constitución y puede plantearse después de finalizado el primer año de mandato de una autoridad elegida, siempre que, en el caso del presidente, se reúna un número de firmas equivalentes a 15 por ciento del padrón electoral.
Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requiere la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo para el caso del presidente que se necesita la mayoría absoluta de los habilitados para sufragar.
Las ecuatorianas y los ecuatorianos nuevamente a las urnas
Fuente: El Comercio
Fecha: 20 De Enero Del 2011
Frente a una campaña de opositores el mandatario ecuatoriano Rafael Correa reveló las preguntas que serán sometidas a consulta popular, las que servirán para reformar la justicia, frenar la inseguridad, y regular las acciones de la banca y la prensa.
El presidente de los ecuatorianos entregó el cuestionario de preguntas a la Corte Constitucional para que califique su legalidad, y dé paso a la convocatoria por parte del Consejo Electoral. El presidente del Tribunal Constitucional, Patricio Pazmiño, anunció que el dictamen se conocerá a más tardar en 45 días.
Se trata de un cuestionario mixto. Cinco de las preguntas son de referéndum, pues plantean cambios concretos de otros tantos artículos de la Constitución, que fue impulsada por el propio Correa y aprobada en el 2008.
Las otras cinco son de consulta popular, en las que se pide la opinión de los ciudadanos sobre temas que posteriormente pueden convertirse en leyes.
Entre las reformas planteadas a la ley fundamental, se plantea suprimir el actual Consejo de la Judicatura y crear una comisión con un delegado del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo y otro del Consejo de Participación Ciudadana, para reorganizar el sistema judicial en el plazo de 18 meses.Al cabo de ese tiempo plantea crear, de acuerdo con otra pregunta, un nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, distinto al previsto en la Constitución en vigor, con delegados de distintos organismos.Correa, anunció que lo que busca la consulta popular es reformar la caducidad de la prisión preventiva, la misma que facilita que los presos sin sentencia por un año recobren su libertad, "la figura de la caducidad se ha convertido en foco de corrupción, de mayor inseguridad, al permitirse la liberación de delincuentes", señaló.
También "Si los ciudadanos quieren en sus respectivas administraciones cantonales que no existan negocios dedicados al juego de azar ni espectáculos públicos donde se maten animales por simple diversión", detalló. Una pregunta más sugiere considerar como delito que los trabajadores en relación de dependencia no estén afiliados a la seguridad social.
"La última palabra la tiene el pueblo y está en manos del los ecuatorianos darnos la oportunidad de esos cambios". Afirmó Correa.
Una encuesta de la firma privada Perfiles de Opinión, publicada el pasado viernes, reveló que el 78,4% de los ecuatorianos aprueba la gestión del gobernante, siendo el que más ha durado en el cargo desde 1996, cuando el país inició una década de inestabilidad con siete presidentes, tres de ellos derrocados. Correa planteó la consulta en momentos en que opositores impulsan un referendo para revocarle el mandato.
Preguntas consulta popular 2011
Fuente: Metroactiva Blog Noticias
Fecha: 20 de Enero 2011
10 preguntas para la consulta popular en Ecuador 2011
Preguntas para la enmienda constitucional (referendo)
1. Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 1?
2. Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 2?
3. Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3?
4. Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 4?
5. Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el Anexo 5?Preguntas de temas generales (consulta popular 2011)
1. Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?
2. Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
3. Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?
4. Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
5. Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?
La Consulta y la institucionalidad
Fuente: La Trinchera
Fecha: 21 De Enero Del 2011
Reiteradamente he sostenido que la única manera de lograr una patria grande y prospera es respetando la ley. El respeto a la Ley, que es la máxima manifestación del compromiso adquirido en el contrato social, debe de ser irrestricto, y no me refiero al conductor que incumple la ley de transito o al contraventor que bota basura a la calle en contra de la ordenanza de Aseo dictada por el municipio. Me refiero a la totalidad del entono.
Esos infractores lo son porque sienten que es posible el irrespeto, porque hay seguridad de impunidad.
Nadie está por encima de la ley, ni hay fin supremo superior a la ley. No se justifica de modo alguno el quebrantamiento de ella, y más bien cuando dicho quebrantamiento se origina en las más altas esferas del poder administrativo, se debe volver perentorio el castigo o sanción para quien lo hace, considerando incluso la posibilidad de que dicho incumplimiento sea el resultado de una acción directa de los más insignes funcionarios del estado, para quienes debe pesar con más fuerza la sanción por incumplimiento de la ley.
La constitución de Montecristi, que es la que tenemos vigente y aplicándose, es mala de modo general. Pero es lo que tenemos. No me complace decirlo pero debemos de aplicarla tal cual, porque pese a que se utilizaron mecanismos ilícitos unos y lícitos otros sostenidos en acciones no éticas, terminó siendo aprobada por el pueblo ecuatoriano, eso la legítima, no la hace buena, ni perfecta, pero la legítima, por lo tanto, sus postulados deberán respetarse y tenerse como la máxima expresión de orden constituido.
El convivir social ha hecho que la forma de dimensionar el alcance de los deberes y obligaciones de los ciudadanos sea la ley, cuando no se respetan dichos límites de la ley nos vamos a encontrar con el principio de la anarquía, con el principio del quebrantamiento del orden, de la expectativa de respeto al derecho en todas sus formas.
Tratándose de normativa constitucional, es vital el pronunciamiento de la Corte Constitucional, este es el caso en el que los miembros de esa corte deberán jugarse su papel en la historia, de ellos depende. No corresponde que juegue o prime el interés político conceptual, ni el interés de conveniencia política, sino únicamente el principal interés que es la preservación de la estructura jurídica, porque cada paso que se va dando con transgresión a la norma, es uno más que nos acerca a la desinstitucionalización.
El interés primario del gobernante en cualquiera de sus niveles debe ser o estar encaminado al cumplimiento irrestricto de la ley, porque su incumplimiento lleva al despeñadero político, en el que no hay regreso ni opción de arreglo.
El momento que el país sigue por ese camino, la siguiente parada es el fondo del barranco. Esto es volver otra vez a tratar de empezar sin opción de avanzar, manteniéndonos en la situación de ser un país llevado a niveles supremos del desorden legal, de gente inculta e inmadura políticamente hablando, lo que dirá mucho en torno a la incultura de nuestro pueblo.
El evidente dogmatismo político exhibido desde los más altos niveles del gobierno, generando enfrentamientos y odio entre ecuatorianos, revanchismo, nos está liquidando, sus autores no se dan cuenta del mal que están causando.
El odio- antagonismo dogmatico empujado desde hace algunos años atrás, que no es autoría de este gobierno se inicia con Abdala Bucaram cuando afirmo que votar por él, equivalía a rayar el Mercedes de un rico. Se creó la idea de que cualquier forma de comodidad era riqueza quitada a los pobres. Nunca se elogio el trabajo esforzado y los sacrificios traducidos en dobles jornadas y largas horas de estudio, que generaron el trabajo y el dinero para obtener esa comodidad.
En este momento de vital trascendencia para el país, lo que más se debe cuidar es el cumplimiento de la ley. No vale ningún avance político si no está apegado a la ley. Estoy de acuerdo que el consejo de la judicatura no ha cumplido la ambiciosa misión impuesta, pero no es por hombres sino por sistema.
Se los quiere reemplazar para seguir usando el sistema, esto es, literalmente meter mano en la justicia, o sea nombrar jueces dóciles, así como lo hiciera el dueño del país en su momento y los manejaban desde el centro de la ciudad, al punto que los mejores litigantes fueron un ingeniero y un economista.
Hay que reformar la corte, no todos son buenos, ni todos son malos. Pero ahí está el camino dado por la misma constitución, que es el que se debe de cumplir, que es engorroso, enredado, tal vez, pero es el camino legal, es el camino constitucional.
No nos olvidemos que no se puede legislar en contra de la constitución, no podemos retraer el sistema con eliminación de los derechos de la ciudadanía, la corte tiene que nombrarse en ese método y la reforma que no es reforma sino cambio de sistema no es valedero legalmente.
El gobierno pasaría a la historia si logra no meterse en la justicia. El intentar entrar en ella hace pensar que tienen cosas que esconder, ¿sino para que se querría controlar a quienes tienen que juzgarlos mañana?
Esperemos que la Corte Constitucional responda al momento histórico y sus miembros estén consientes de la importancia de su verticalidad e independencia, piensen que por más que les ofrezcan toda la inmunidad para dictaminar de alguna forma, el juicio de la historia no acepta dichas inmunidades.
Consulta muestra signos de poca institucionalidad
Fuente: La Hora Nacional
Fecha: 23 de Enero del 2011
El Presidente propuso 5 enmiendas constitucionales para reformar la justicia y la comunicación.
Rafael Correa dijo ayer que está preocupado porque una jueza vinculada a la oposición lidera el estudio de legalidad del referendo para reformar la justicia. "Cayó en manos de la vocal de la Corte Constitucional Nina Pacari, que todo el mundo sabe que pertenece a Pachacutik, y ahí sí nadie dice que hay injerencia política", dijo el mandatario en el enlace de medios de cada sábado. Al respecto, el analista Jaime Carrera indica que se muestra a nivel internacional un mal mensaje sobre la incertidumbre institucional y la debilidad del Estado. "La propuesta de consulta, en general, es un signo que afecta al sistema financiero porque son cambios que implican cambios de reglas y disminuyen la confianza de los inversionistas".
De su lado, el analista Leonardo Ron indica que el Presidente ahora centra su atención en la Corte Constitucional para que apruebe la consulta popular. "Usa el antecedente de Nina Pacari que fue canciller del ex presidente Lucio Gutiérrez, al que Correa acusó de interferir en su proyecto".Correa dijo ayer: "ya sabemos cómo se ha comportado Pachacutik en total alianza con la derecha, tratando de boicotear la revolución ciudadana, sin obedecer a sus bases que están con este proyecto". Según Carrera, el pedido de Correa a Pacari muestra signos de incertidumbre que se reflejan en la credibilidad institucional del país. Los inversionistas no querrán colocar dinero en un sistema que carece de instituciones confiables, dijo.El Presidente reconoció que está "preocupado" ante la posibilidad de que la Corte Constitucional bloquee su propuesta de consulta popular, que busca reformar el poder judicial, controlar los contenidos de los medios independientes, entre otras cosas. "¿Cuál es la estrategia (de la oposición)? Que no llegue a las urnas esta consulta o ciertas preguntas y van a tratar de bloquearlo en la Corte", aseguró.
La iniciativa de Correa está bajo análisis de la Corte Constitucional, que anticipó que se tomará 45 días para pronunciarse sobre la consulta popular. El mandatario planteó 10 preguntas, cinco de las cuales corresponden a temas que requerirán una reforma constitucional y que buscan transformar el sistema judicial, por lo que se realizarán bajo el concepto de "referendo".
Las otras cinco, que corresponden a reformas legales y se plantearán como "consulta popular", buscan eliminar los juegos de azar y los espectáculos con animales vivos, como las corridas de toros. Agregó que "nos quieren quitar nuestro derecho soberano a expresarnos en las urnas. Cuidado, nos quieren manipular las preguntas, cuidado, quieren bloquearlas, amarrarlas, descalificarlas para que no cambie nada en este país y los mismos de siempre sigan lucrando del sistema. Me preocupa eso".
Maestros rechazan consulta
Fuente: Correo El Diario de Todos
Fecha: 23 de Enero del 2011
Los maestros de El Oro, en su gran mayoría, sostienen que la denominada Consulta Popular no tiene nada de tal, ya que hasta la han calificado de inconstitucional.
Se dijo que al hacerse público el contenido de las preguntas de la Consulta Popular, la UNE analiza y cuestiona el débil contenido en relación a los temas fundamentales del país que deberían ser consultadas al soberano y mandante como dice el Presidente.
Por principios la Unión Nacional de Educadores (UNE) defiende el derecho a que los pueblos del Ecuador se pronuncien en temas de profundidad como: si se debe o no seguir entregando el petróleo, los recursos naturales y riqueza a las empresas transnacionales, aspectos trascendentales como el respeto y profundización de los derechos recogidos en la Constitución.ReprocheMagali Arriaga, presidente de UNE de El Oro, sostiene que es reprochable que el gobierno de la Revolución Ciudadana pretenda, a través de la consulta al pueblo, modificar o disminuir derechos humanos y sociales de los ecuatorianos, comprometer la justicia bajo el pensamiento del gobierno para que le sea más fácil la condena de la lucha social, el reclamo justo y el derecho constitucional a la resistencia, que hoy les estorba a los que están en el poder político.La mencionada dirigente añadió que la propuesta de conformar una "Comisión" que elija a los funcionarios de la justicia con delegado del ejecutivo, del legislativo y de participación ciudadana y control social, no es más que el trío ideal para garantizar que los jueces sean obedientes al Presidente de la República y su proyecto autoritario de acallar la voz del pueblo. Además del irrespeto al pueblo al consultar una aparente pregunta que detrás fondo trae "anexos" que son proyectos de reforma a la Constitución, a las leyes acomodadas por criterio y a conveniencia del movimiento de Gobierno.PreguntasCinco Primeras preguntas que garantizan la unilateralidad del poder ejecutivo y cinco que son totalmente insustanciales ya que poco o nada resuelve la problemática nacional entorno a: la pobreza, el desempleo, la salud, la educación, el irrespeto a los derechos humanos, laborales y el garantizar postulados en democracia como la libertad de expresión, el reclamo justo y aún menos la seguridad nacional.
Pues mientras no haya trabajo y garantía de vida digna ninguna Ley o reforma, o consulta cambiará la violencia de un sistema que cae por su peso de inhumanidad, explotación y falta de oportunidades.
Se destacó que por el contrario las medidas económicas tomadas por el Régimen como: la eliminación de subsidios a las tarifas telefónicas, a las medicinas, a la electricidad, que como consecuencia trae la elevación del precio del pan, etc. demuestran que el neoliberalismo esta vigoroso en la mente del gobierno de la Revolución Ciudadana.
La consulta es del todo inútil
Fuente: El Comercio
Fecha: 23/01/2011
Mucho se habla y mucho se hablará sobre la consulta. Unos dirán que es legítima y necesaria y otros pondrán todos los peros a su oportunidad, legalidad y conveniencia.
Sin embargo, nadie o muy pocos se han planteado la pregunta sobre si la consulta servirá para solucionar el problema por el cual se la quiere convocar: la ola de inseguridad que sufre el país.
Y mientras más se enfoque la discusión sobre la pertinencia legal o no de la consulta, mejor para sus auspiciantes porque solo así se va a diluir lo de fondo: la seguridad.
¿Va a mejorar la seguridad ciudadana con el cambio de jueces? ¿Con la eliminación de las corridas de toros y las peleas de gallos? ¿Con el cambio de un Consejo de la Judicatura más o menos independiente por uno nombrado por el Ejecutivo?
Hace muy poco los ecuatorianos estaban convencidos de que con el cambio de lo que antes se llamaba Congreso por algo que se llama Asamblea Nacional el país iba a tener una mejor función legislativa. Pero no, no fue así. Y creían a pie juntillas que con Montecristi el país iba a ser un país distinto y mejor y no, no fue así. Muchas cosas pueden pasar si en la consulta triunfa el sí. Quizá la única cosa segura es que la inseguridad no va a disminuir.
Consulta Popular de Ecuador busca realizar los cambios necesarios en un área del Estado
Fuente: El Nuevo empresario
Fecha: 23 de enero del 2011
Rafael Correa plantea un esquema distinto de ruptura a efecto de realizar los cambios que el país necesita.
El secretario General de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, durante una entrevista televisiva defendió el llamado a consulta popular realizado días atrás por el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
Sobre los cuestionamientos que ya se han generado por los sectores de la oposición ante el llamado a las urnas, Alvarado dijo que hay que dejar que el tema de la consulta madure para que el ciudadano pueda ir entendiendo de qué se trata este proceso.
"Los principios que se buscan son esenciales y más que nada como siempre ha manifestado el Presidente, nos podemos equivocar en este proceso, pero nunca traicionar los principios y los objetivos que persigue esta Consulta son clarísimos: Tratar de realizar los cambios necesarios en un área del Estado que aún demuestra muchas falencias en la función de la justicia judicial", señaló el funcionario.
Agregó que ante esto el Jefe de Estado plantea un esquema distinto de ruptura a efecto de realizar los cambios que el país necesita.
"Siempre se va a aprovechar unos rasgos de este tema por la oposición para decir que hay –por ejemplo- el afán de apoderarse de un poder más, cuando el ciudadano ha ganado la confianza que tienen en el Gobierno va a entender que el único objetivo es realmente el fin positivo de modificar la justicia para bien en el país", puntualizó. AÁT/Prensa Presidencial
Presidente Correa preocupado por consulta popular
Fecha: 23 de Enero del 2011
Fuente: La información
El presidente Rafael Correa dijo el sábado que está "preocupado" ante la posibilidad de que la Corte Constitucional bloquee su propuesta de consulta popular, que busca reformar el poder judicial y eliminar los juegos de azar."¿Cuál es la estrategia (de la oposición)? Que no llegue a las urnas esta consulta o ciertas preguntas y van a tratar de bloquearlo en la Corte Constitucional", dijo durante su cadena sabatina.La iniciativa de Correa está bajo análisis de la Corte Constitucional, que anticipó que se tomará 45 días para pronunciarse sobre la consulta popular.El mandatario planteó 10 preguntas, cinco de las cuales corresponden a temas que requerirán una reforma constitucional y que buscan transformar el sistema judicial, por lo que se realizarán bajo el concepto de "referendo". Las otras cinco, que corresponden a reformas legales y se plantearán como "consulta popular", buscan eliminar los juegos de azar y los espectáculos con animales vivos, como las corridas de toros.
Correa explicó que el informe de la consulta popular "cayó en manos de la vocal de la Corte Constitucional, Nina Pacari, que todo el mundo sabe que pertenece a Pachakutik (brazo político de los indígenas)… Atentos pueblo ecuatoriano, cuidado, por ahí hay una jugada política para boicotear la consulta".Según el mandatario, la oposición busca "evitar la transformación de la justicia y evitar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas… Ya sabemos cómo se ha comportado Pachakutik, en total alianza con la derecha".Agregó que "nos quieren quitar nuestro derecho soberano a expresarnos en las urnas, cuidado nos quieren manipular las preguntas, cuidado quieren bloquearlas, amarrarlas, descalificarlas para que no cambie nada en este país y los mismos de siempre sigan lucrando del sistema. Me preocupa eso".
Para la Consulta Popular
Fuente: El nuevo globo
Fecha: 24 de Enero del 2011
El Presidente de la República, Eco. Rafael Correa, presentando ante el titular de la Corte Constitucional, Dr. Patricio Pazmiño, el contenido de la consulta.
El Presidente de la República, Eco. Rafael Correa, presentó a la Corte Constitucional, la lista de 10 preguntas para la Consulta Popular que tiene planificado llamar en pocos meses, para que sea esta la que de paso a la convocatoria, según ordena la Constitución.
El Presidente ecuatoriano dejó claro que llamará a consulta cuantas veces sea necesario. En la tarde, pidió celeridad en el trámite constitucional. La Corte, de acuerdo con la Ley, tiene 45 días para calificar la validez constitucional de las preguntas.
El titular del organismo, Patricio Pazmiño, acogió el pedido del Mandatario. "Este es un acto trascendental y de los más grandes desafíos que tiene este organismo. Vamos a poner empeño profesional para darle una respuesta jurídica pronta".
Si la Corte califica la validez constitucional de las preguntas, estas se remitirán al Ejecutivo. Y este, a través de un Decreto, pedirá al Consejo Electoral organizar la jornada plebiscitaria. Para tal efecto, tiene siete días para convocar a la consulta y 60 para realizarla.
Preguntas para la enmienda constitucional (referendo)
1. Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 1?
2. Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 2?
3. Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3?
4. Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 4?
5. Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el Anexo 5?
Preguntas de temas generales (consulta)
1. Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?
2. Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
3. Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?
4. Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
5. Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?
4 juristas hablarán con asambleístas sobre la consulta popular
Fuente: El Comercio
Fecha: 24 De Enero Del 2011
Con el objetivo de debatir sobre la constitucionalidad de las preguntas enviadas por el Ejecutivo a la Corte Constitucional, los asambleístas escucharán a León Roldós, ex legislador constituyente; Santiago Guarderas, decano de Jurisprudencia de la U. Católica; Gustavo Medina, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y Fernando Cazares.
Lenin Chica (Prian), miembro de la mesa, indicó que buscan abrir el debate en torno a la posible consulta popular. "Se busca entregar la justicia al presidente Rafael Correa, es improcedente. La Carta Magna habla de las atribuciones del Quinto Poder y deberían respetarse", dijo. Y señaló que hubiera sido más interesante que el Jefe de Estado consulte a la población si cualquier ciudadano puede portar armas, por ejemplo.
Juan Carlos López (PSP), otro integrante de la comisión, aseguró que quieren que la Asamblea asuma el debate de las preguntas enviadas por Rafael Correa. Primero intentan tener una posición dentro de la mesa y luego llevar el tema al Pleno.
No hay información sobre consulta popular
Fuente: El Telégrafo
Fecha: 24 de enero del 2011
El Presidente envía las preguntas a la Corte Constitucional para su análisis. Luego la Asamblea Nacional las califica, seguidamente llegan al Consejo Nacional Electoral y de ahí al ejercicio democrático del pueblo ecuatoriano. Dicho en pocas palabras parece tan fácil como complicado es en realidad.Todas las preguntas tienen su grado de conflictividad, según los actores sociales, tanto las que implican enmiendas constitucionales cuanto las que significan reformas legales. Gustan a unos y disgustan a otros, con mayor o menor grado de importancia para el grueso de la colectividad.Esto ya trae una suerte de campaña electoral que busca, por lo que se aprecia inicialmente, mantener el statu quo de grupos de poder, de élites económicas, que les permite conservar privilegios y manejar estamentos legales con los que han blindado sus actividades empresariales en detrimento de trabajadores y ciudadanía en general.
Los medios se hacen eco de estos gritos lastimeros que distorsionan la real propuesta del Ejecutivo en pos de crear un marco jurídico que le permita avanzar en las profundas reformas del Estado. Presentan una y otra vez a los archiconocidos políticos de oposición que rechazan virulentamente la propuesta de consulta sin argumentos válidos que respalden esa oposición ni propuestas alternativas para conseguir tal objetivo. Toda una vorágine desinformativa que la ciudadanía debe soportar.
Tanto así que un día después de que las preguntas fueron públicas, diario El Universo hizo -como ya es costumbre- de su titular principal un paradigma ignominioso que tergiversa flagrante y vergonzosamente las propuestas, indicando que las preguntas no dicen nada sobre sicariato y secuestro exprés, intentando hacer creer -irresponsablemente- a los lectores que las reformas que involucran al sector judicial no son necesarias porque no nombran los delitos citados y por tanto la inseguridad seguirá latente.
Pero, los proponentes tampoco ayudan mucho que se diga. No hay suficientes espacios para informar al ciudadano sobre este derecho constitucional de elegir por motu proprio los cambios constitucionales y reformas legales que armonicen el contexto de la Carta Política.
Necesitamos, entonces, más información, que aclare los conceptos, las propuestas y los objetivos de las preguntas, para ir a una consulta popular con conocimiento de juicio.
Taiano considera que consulta popular es una estrategia política del Gobierno
Fuente: Radio Satelital
Fecha: 24/01/2011
El asambleísta del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), Vicente Taiano, consideró que la consulta popular es una estrategia política por parte del primer mandatario, en donde no se solucionará nada en el tema de seguridad.
"La seguridad no se va a combatir con preguntas al pueblo, se la combate con acciones del Gobierno como fortaleciendo a la Policía, generando empleo, buscando mecanismos en la frontera del Ecuador, estas cosas ayudarían a combatir la inseguridad", reiteró.
Según Taiano, las preguntas están hechas de manera inductiva, para que así, los ecuatorianos terminen dando el sí sin ningún tipo de análisis.
En entrevista con CRE Satelital, el legislador del PRIAN, sostuvo que las preguntas tienen una serie de anexos que los ciudadanos no alcanzaran a leer, por ello, no entenderán porque opción votar.
"El pueblo tendrá que saber discernir en libertad de que contiene esas preguntas y cuál va a ser el resultado de una votación afirmativa o negativa", puntualizó.
Fuente: El Universo
Fecha: 24 de enero del 2011
En las últimas semanas he venido escuchando algunas declaraciones con respecto al deseo de consulta del Presidente de la República sobre prohibir o no las corridas de toros.
Una de ellas es que no se pueden consultar cosas tan triviales como estas, teniendo tantos temas importantes por discutir, como la inseguridad y el desempleo.
La manifestación de ir contra las corridas de toros no es algo trivial. Es sumamente importante.
El movimiento antitaurino, aunque no es de grandes masas movilizadas, es un movimiento del sentir de una gran parte de la población, el sentimiento de aquellos que detestan la violencia en cualquiera de sus formas.
Este movimiento debería ser más amplio, topando las peleas de gallos y la utilización de animales en los circos, en los cuales se los aísla de su medio ambiente.
Aunque el pedido es incompleto, es un paso importante que nos permitirá ir más allá en la búsqueda de un país justo. La inseguridad y el desempleo tienen sus vías para ser solucionados. La consulta es el medio viable para recoger ese sentir de la población, tantos años atónitos de tal espectáculo.A mi forma de pensar, la corrida de toros es una actividad cruel y sanguinaria tanto de quien la ejerce, la financia como de quienes hacen de espectadores. Son cómplices en ir en contra de la naturaleza de los animales. Son cómplices en el sufrimiento de un ser vivo. Son cómplices de un asesinato solo por diversión.
Presidente Correa preocupado por consulta popular
Fecha: 24 de Enero, 2011
Fuente: La Republica
Ecuador teme bloqueo de propuesta. Mandatario plantea una reforma constitucional que busca transformar el sistema judicial.
El presidente Rafael Correa dijo que está "preocupado" ante la posibilidad de que la Corte Constitucional bloquee su propuesta de consulta popular, que busca reformar el poder judicial y eliminar los juegos de azar.
"¿Cuál es la estrategia (de la oposición)? Que no llegue a las urnas esta consulta o ciertas preguntas y van a tratar de bloquearla en la Corte Constitucional", dijo durante su cadena sabatina.
El mandatario planteó 10 preguntas, cinco de las cuales corresponden a temas que requerirán una reforma constitucional y que buscan transformar el sistema judicial, por lo que se realizarán bajo el concepto de "referendo". Las otras cinco, que corresponden a reformas legales y se plantearán como "consulta popular", buscan eliminar los juegos de azar y los espectáculos con animales vivos, como las corridas de toros.
Según Correa, la oposición busca "evitar la transformación de la justicia y evitar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas.El dato
Norma. La iniciativa del mandatario ecuatoriano está bajo el análisis de la Corte Constitucional, que anticipó que se tomará 45 días para pronunciarse sobre la consulta popular.
De la "percepción" a la consulta popular
Fuente: Buro de Análisis Informativo
Fecha: 24 de Enero 2011
La seguridad sigue siendo uno de los retos más grandes a los que se enfrenta el gobierno, según señaló el mismo régimen, en un informe de labores. Al empezar su mandato, el presidente de la república, Rafael Correa, se refirió a las cifras de delitos como una impresión de la ciudadanía. Pero tras reconocer que ha cometido errores, ahora convoca a una enmienda constitucional y consulta popular para aplicar cambios en la Función Judicial.
La culpa la tiene la Función Judicial. En resumen así es como el Primer Mandatario, Rafael Correa, argumentó las preguntas por el tema, que inicialmente iba a tratarse en una consulta popular: la seguridad ciudadana. Al presentar un informe de los cuatro años de gestión, el gobierno estableció que las acciones para frenar la acción delictiva no fueron suficientes.
Además de que a escala nacional, se siguió cometiendo delitos como el secuestro exprés y el sicariato. También robos a personas y domicilios, atracos en agencias bancarias, ajustes de cuentas, entre otros. Y que en gran medida las normas legales vigentes y sobre todo, la actuación de ciertos jueces dificultaron el juzgamiento y sanción de los delincuentes.
En el documento, que resume los 4 años de labores se añadió además: "Como lo explica el ministro del Interior, Alfredo Vera, la falta de aplicación de la justicia ha generado "un juego perverso que en otros países lo llaman "la puerta giratoria" porque el infractor entra y sale de la cárcel como en un hotel, dando la vuelta a la puerta". De hecho hay delincuentes que tienen 15 y 20 capturas y siguen actuando".
El 17 de enero pasado, después de colgar este informe en la página web del periódico oficial: www.elciudadano.gob.ec, el Jefe de Estado se dirigió, a las 16:00, a la Corte Constitucional para entregar las preguntas de la consulta y el referéndum, que fue un anuncio de última hora del Ejecutivo.
Un día antes en cadena nacional, el Primer Mandatario, informó que se elaboraron diez preguntas, de las cuales cinco van a ser consultadas con miras a una enmienda constitucional (referéndum), y otras cinco para una consulta popular, cuyo resultado terminarían con la reforma de leyes secundarias.
En el documento que entregó el Presidente de la República, constan las preguntas con los respectivos fundamentos, y en el caso de las reformas en materia penal reiteró la responsabilidad del sistema judicial por la criminalidad.
Aclaró que el Estado ha tenido obstáculos para crear y sancionar el delito, "puesto que en un gran número de ocasiones los procesos investigativos penales no alcanzan el objetivo de determinar la existencia del delito, la responsabilidad de quien lo comete, así como la aplicación y ejecución de la correspondiente sanción…".
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