El drama humano de los desplazados en el conflicto armado colombiano (página 2)

El tema de los desplazados dejó de ser local y ahora, le interesa a toda la aldea global por la violación sistemática de los derechos humanos que éste representa, una demostración clara la da la Unión Europea al intentar mejorar las condiciones sociales, económicas, y políticas de los países tercermundistas, destinando altas partidas económicas y creando oficinas como el ECHO para atender estos temas, sin ser suficiente, puesto que el problema de los desplazados no es un problema coyuntural ni de momento sino estructural y de fondo. La Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) se creó en 1992, como consecuencia de la multiplicación de graves crisis en el mundo y de una voluntad de afirmar la presencia de la Comunidad Europea en la labor humanitaria internacional y cuenta con un importante presupuesto. La ayuda gestionada por el ECHO consiste en prestar asistencia de emergencia a las víctimas de catástrofes o conflictos sociales, sin distinción alguna.

Los estudios con que cuenta Colombia sobre el tema de los desplazados representan estadísticas sobre marginalidad y desplazamiento constituyéndose en frías cifras sobre un problema del que no existe una conceptualización. "Desplazados un problema de todos" utilizará datos de la Comisión y Vida de la Arquidiócesis de Cali y el Codhes que en su estudio "Un País que Huye", presenta un minucioso estudio sobre los sitios de partida y de llegada de los desplazados, estadísticas sobre la composición social de las familias y de los factores causantes del desplazamiento; sin embargo no entra a estudiar las verdaderas causas del conflicto social en Colombia, de aquí la validez teórica del trabajo.

El desplazamiento de la población por la violencia crece y las decisiones del Gobierno para hacer frente a éste problema socio-demográfico son confusas y paradójicas. Debido a que las medidas de orden público y de erradicación de cultivos ilícitos están disparando los índices de desplazados de todo el país y además, porque, la burocracia, los recortes presupuestales, afectan la realización de los caminos que tome el Gobierno para solucionar el problema.

El problema de los desplazados debe convertirse en un problema de Estado, así se maneja por ejemplo en el Salvador, según el texto Derechos Humanos y Democracia de Alberto Ramos "los últimos cinco años de guerra Salvadoreña convirtieron el desplazamiento como el principal problema nacional".

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Colombia, como muchos otros países en proceso de formación, es un museo vivo de conflictos que al no ser encarados y resueltos por medios políticos, desvían su caudal de energías sociales hacia la violencia. Una vez arraigada ésta, se establece un circulo vicioso entre las causas sociales y las luchas armadas, que subordina la resolución de conflictos a los azares de la confrontación militar, cuyo sentido se aleja cada vez más de los motivos originales que justificaron la iniciación de las luchas.

Los campesinos colombianos son los más afectados por la violencia política. La guerra de guerrillas y su contrapartida la guerra contrainsurgente del ejército y los paramilitares se adelanta principalmente en el campo. Son también los que tradicionalmente han sufrido el reclutamiento forzado para prestar el servicio militar en las fuerzas armadas y en los grupos subversivos.

Los campesinos son las principales víctimas de la exclusión y la violencia social. El 64% de la población campesina vive en estado de pobreza y un 37% de ellos sobreviven en condiciones de miseria. Por otro lado hay más de un millón de familias campesinas sin tierra. La tendencia ha sido la del despojo y la concentración de la propiedad en pocas manos: en 1960, el 60% de la tierra y los grandes latifundistas controlaban el 46% en haciendas de más de 200 hectáreas. Para 1992 el 55% de los campesinos propietarios no tenía más que el 2,8% de la tierra, mientras que menos del 0,5% poseía el 35% de la tierra. De las concesiones de tierra y mercedes de la Corona Española y del poder de los gobernantes locales para adjudicar o apropiarse de grandes extensiones de tierra y de otras instituciones coloniales como La Encomienda y La Mita, surgió la estructura latifundista de tenencia de la tierra en Colombia, que en muchos casos era de decenas de miles de hectáreas no explotadas con trabajo e indígena, de esclavos negros en la Costa Atlántica y Pacifica, incluidos los hoy departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, más la adjudicación de baldíos a los poderosos en la Republica y la presencia del narcotráfico a fines del siglo XX en la adquisición de las mejores tierras, son los determinantes de la existencia y sobrevivientes de la estructura latifundista de la tenencia de la tierra en Colombia, desde la Colonia y la República hasta finales del siglo XX. El poder político y económico de los grandes terratenientes, ha impedido la ejecución de una reforma agraria integral que tendría que ser liberal pues en Colombia no ha triunfado revolución alguna para sustituir el sistema económico y social. Ese poder y esa estructura de la tenencia de la tierra ha impedido, incluso, un capitalismo relativamente democrático, protector de la soberanía nacional, con capacidad competitiva en los mercados internacionales.

Colombia por tener una frontera agraria abierta, 130 municipios son áreas de colonización, que detrás de la destrucción de las selvas esconden procesos de conquista y despojo de pueblos indígenas y negros, para dar paso a la posterior quiebra de la economía campesina y la concentración de la propiedad en haciendas de ganadería extensiva. El latifundio costeño, por ejemplo, que abarca 107 municipios, ha dejado a una gran parte de campesinado sin acceso a la tierra, lo que alimenta la migración y la tugurización de las ciudades. La región Caribe sólo tiene 31 municipios donde predomina la pequeña propiedad campesina.

La región Andina, desde Nariño hasta Norte de Santander y Antioquia, presenta la estructura rural más diversificada. Con la mayor densidad demográfica, la región tiene 200 municipios con minifundios deprimidos, que expulsan población y 143 con minifundio estables, que en su gran mayoría escapan a las manifestaciones más intensas de la violencia. En las vertientes cordilleranas hay 233 municipios donde predomina el campesinado medio, de los cuales 60 son cafeteros. En los Valles interandinos del Cauca y el Magdalena hay 77 municipios con agricultura empresarial, de los cuales 32 tienen alta población urbana. En regiones periféricas marginales del litoral Pacifico de Amazonía y Orinoquía hay 39 municipios con estructura rural atrasada, que son, en términos reales, colonias para extracción de excedentes en favor de empresarios de otras regiones.

Las tensiones y conflictos rurales se expresan también en las cinco grandes ciudades, (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena) que se constituyen centros regionales, en las 31 ciudades intermedias que conforman la malla de centros secundarios y en las 21 ciudades pequeñas que conforman los centros de relevo del país. La red urbana es colonizada por los emigrantes expulsados del campo y la reconstrucción de lo social y lo político les exige entrar en conflicto por la distribución de espacio y oportunidades vitales con las autoridades locales y otros grupos urbanos establecidos. Si se adopta una visión amplia de las relaciones entre la población y el territorio se observa, paralelo a la urbanización, un vasto proceso de desplazamiento, ocurrido durante medio siglo, desde las áreas cordilleranas y del litoral caribe más densas hacia las tierras de piedemonte de todo el sistemas montañoso del país, y desde allí, al resto de la frontera agraria. En las nuevas regiones en formación no hay una estructura consolidada de relaciones de poder y de propiedad, los actores sociales colectivos surgen y se disuelven con igual velocidad y la sociedad civil pierde su espacio en favor de dominios armados que de facto sustituyen al Estado, cuya acción no supera la presencia nominal, esporádica o la ocupación militar.

CAPÍTULO 1

LOS DESPLAZADOS EN COLOMBIA

La etimología de la palabra desplazados pude sintetizarse asÍ: Alejados de su calle, repetidamente separado de sus vecinos, a menudo desterrados de su patio prontamente.

Las definiciones actuales involucran el concepto de violencia y la búsqueda de protección a la vida personal y familiar, por ejemplo:

"Se consideran desplazados a las personas que hayan sido obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas habituales debido a que sus vidas, seguridad y libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada o conflicto prevaleciente, pero que han permanecido dentro de sus países".

"Personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares repentina o inesperadamente en grandes cantidades como resultado de conflicto armado interno, violación sistemática de los derechos humanos o por desastres naturales o provocados por el hombre y quienes han sido privados de espacio en su propio país".

Aún desde la época pre-hispánica esta región del mundo estaba tocada por su designio migratorio a través del fenómeno del desplazamiento. Las constantes guerras tribales producían movilizaciones de pueblos enteros. A la llegada de los españoles, la situación se agravó de modo drástico. Comunidades que escapaban de ser eliminadas huían por rutas "no ciertas ni propias", según hasta en el lejano y neutral decir de Domínguez Camargo,

Colombia presenta numerosas razones sociales y económicas que traen como consecuencia un proceso constante de migraciones. Un movimiento masivo y constante de población no puede ser presentado únicamente como migraciones económicas propias del ser colombiano en su búsqueda constante de mejores condiciones de vida, es evidente que estructuralmente los desequilibrios hacen que se presenten. Sin embargo, éste proceso cruza por los fenómenos de violencia política y del conflicto armado que se vive el país desde mediados del siglo XX.

La confrontación armada entre fuerzas irregulares y las fuerzas armadas del Estado es una característica de la historia de Colombia. Los partidos tradicionales (liberal ? conservador) en una lucha a muerte por un predominio político que resumía intereses económicos, fueron el marco de la confrontación conocida como la Violencia, los enfrentamientos armados que se propagaron durante y después del acuerdo histórico de los partidos políticos nacionales denominado "Frente Nacional", el surgimiento de las guerrillas izquierdistas que proclamaron desde la primera mitad de la década del 60 la lucha armada como parte de la estrategia de la toma del poder para el pueblo y el prolongado conflicto armado interno en la medida que multiplicó su cobertura e intensidad, presentó nuevos métodos de guerra e involucró mas a la población civil es así como en éste contexto de conflicto armado, población civil y derechos humanos se puede penetrar en el análisis de los fenómenos de migraciones, colonización y desplazamiento forzoso. El continuo traslado de población rural a centros urbanos tiene una primera explicación en la decisión de buscar mejor calidad de vida, es decir, tiene relación con los derechos económicos, sociales y culturales que consagran los derechos humanos.

El espejismo según el cual "en la ciudad todo se consigue" marcó la generación de un fuerte proceso migratorio a partir de los años 60 y 70, y configuró un sector marginal urbano que concentró en condiciones de miseria a emigrantes que vieron frustradas sus posibilidades de trabajo, educación, salud y servicios públicos. La característica de ésta migración tradicional es la actividad de sus protagonistas de salir del campo a la ciudad, individual y familiarmente; no estuvo exenta la motivación que dio a estas personas la llamada época de la Violencia que tuvo auge fundamentalmente en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos.

Los ciclos rodeados de violencia y muy relacionados con acciones de terror obligaron a muchos campesinos a abandonar regiones completas con argumentos anticomunistas y evidentes intereses económicos y políticos, éstas migraciones ocurrieron en los últimos 30 años y las circunstancias de violencia desde éste período en Colombia afectaron en diversas formas los procesos de inserción económica de sus protagonistas.

CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

• La convergencia de los intereses del latifundio con la agro-industria, el narcotráfico, las fuerzas políticas tradicionales o los monopolios internacionales, se implementan y desarrollan modelos de recuperación de zonas estratégicas por su riqueza, su potencial agroindustrial y su importancia vial.
• El uso de la violencia armada ha modificado la relación de tenencia de tierra, para perpetuar o ampliar la concepción de su propiedad. Se han desocupado y/o repoblado territorios estratégicos para la implementación de equipos agroindustriales o de explotación de recursos naturales, para la construcción de grandes obras públicas o para asegurar el control de zonas de cultivo o procesamiento de drogas ilícitas e incluso se han ocupado territorios con criterios de dominios políticos y militares.
• La incidencia del modelo neoliberal, su implementación a partir de las políticas de privatización y sus consecuencias sociales, básicamente en la estigmatización y criminalización de las distintas formas de protesta social.
• El modelo neoliberal se aplicó en América Latina y en Colombia desde un estado corrupto, débil y con intereses particulares, no se preocupó por el pueblo en general, amplió la brecha entre pobres y ricos, aumentó la crisis, golpeó a la base social, generó desempleo.
• La falta de apertura del sistema político para dar cabida a nuevas formas de opciones partidarias fortaleciendo la intolerancia de grupos hegemónicos en algunas regiones.
• La guerrilla en Colombia históricamente enarboló la bandera de reivindicación social y la transformación política. Han mantenido una responsabilidad sostenida desde 1995 en el desplazamiento mediante amenazas a la población civil contrarios a su ideología (que aumentan cada día porque su proyecto político a decaído y hoy son vistos como un movimiento que solo busca una forma de sustento económico) y contra personas acusadas de colaborar con las fuerzas militares o los grupos paramilitares. De igual manera, son acusados de ejecuciones sumarias, secuestros selectivos y colectivos con fines extorsivos o políticos y de reclutar menores de edad. Su responsabilidad consolidada es del 26% en el problema del desplazamiento.
• La persecución de líderes, dirigentes sociales, opositores políticos buscando su desarticulación.
• La violencia en Colombia ha llegado a niveles insospechados que genera altísimos grados de violencia civil. Se ha vuelto peligroso decir la verdad, pensar libremente, participar en organizaciones comunitarias o sociales (basta recordar la muerte del periodista humorista Jaime Garzón el 13 de Agosto de 1999). La violencia urbana también genera desplazamiento, sus principales manifestaciones son las pandillas juveniles y la delincuencia organizada.
• La legitimación de proyectos paramilitares como consecuencia de la lógica de la guerra.
• Los grupos paramilitares se convirtieron en la principal fuerza expulsadora de población civil desde 1995, a raíz de la ejecución de masacres, asesinatos selectivos, torturas, amenazas, e intimidación de personas señaladas como colaboracionistas de grupos guerrilleros. El último informe del Codhes señala con el 32% de responsabilidad.
• La violación sistemática de los derechos fundamentales y la impunidad general casi cómplice del Estado.
• Los seres humanos tienen unos derechos como tales. En Colombia se violan sistemáticamente los Derechos Humanos, lo que ha convertido éste problema en internacional, pues hay unos principios humanitarios, valores éticos que aún en las circunstancias de la guerra siguen vigentes y son ineludibles para quienes combaten con las armas.
• La contra-reforma agraria promovida por el narcotráfico. El conflicto social que se desarrolla en el marco de la lucha por la tierra presenta, múltiples manifestaciones de violencia e intolerancia alrededor de privilegios de unos pocos detentores de la propiedad privada de las mejores y peores tierras en detrimento de una inmensa mayoría de desposeídos. El narcotráfico con una responsabilidad del 2% se convierte en un actor más de este fenómeno; sin embargo generalmente los narcotraficantes utilizan la población civil para su beneficio, dándoles incluso sin formas de sustento, eso sí, transformando su contexto. Las acciones del ejército y la policía, ayudados por los Estados Unidos y otros países contra el narcotráfico mediante el uso indiscriminado de armas biológicas e incluso bombardeos también hacen salir a los civiles de las poblaciones.
• La expansión del paramilitarismo, el incremento de las acciones de la guerrilla en campos y ciudades y las medidas de orden público, junto con los regresivos proyectos de ley y de reforma constitucional, son hechos que se suman a la crisis del país y generan el desplazamiento.

El aumento significativo de la violación política de los derechos civiles desde 1986, acompaña cada vez más por el incremento en la actividad en guerra se caracteriza por un mayor número de víctimas, muchas de ellas inocentes, cada vez mayor. De ésta manera, y para el caso colombiano, la violencia generalizada o el conflicto prevaleciente como origen del desplazamiento coincide con el conflicto armado, siendo las principales causas los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas, los bombardeos a las zonas campesinas, los operativos militares que lesionan a la población civil, las acciones de los grupos paramilitares y los operativos antinarcóticos.

El desplazamiento también hace parte de la lógica de la guerra contrainsurgente, en los habitantes de zonas campesinas que supuestamente sirven de apoyo social a la guerrilla, son obligados a dejar su tierra para ser sustituidos por miembros de grupos paramilitares y de individuos simpatizantes de las mismas fuerzas armadas, es un mecanismo de re-poblamiento que, por demás, tiene una utilización común en el conflicto armado.

La ubicación de las regiones de partida de los desplazados se basa en el alto grado de confrontación armada, presencia de grupos paramilitares y/o significativos índices de violación de los derechos humanos. Existen niveles de ubicación de las zonas de expulsión, uno es las regiones tradicionales o de permanencia del conflicto y otro que es la expansión del conflicto en donde esporádicamente se presenta el desplazamiento, aún no con la connotación del primer nivel.

Los grupos paramilitares en la geografía nacional no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que éste ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos mas al accionar de la Fuerza Pública. En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción:

1. El involucramiento compulsivo de la población;

La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción;

c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.

La contratación de mercenarios extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado han constatado, la intervención en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.

a. EL INVOLUCRAMIENTO COMPULSIVO DE LA POBLACIÓN

La intimidación ha sido habitual a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte, éstos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

La relación con la Fuerza pública se ha determinado por llevar a cabo patrullajes conjuntos; se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de éstas estructuras criminales. El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del Estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.

b. LA CONFORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PERMANENTE

La conformación de estos grupos ha sido importante para la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas. Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.

Los grupos paramilitares han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcada en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello. Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias "Rambo" han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.

c. LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARA QUE REALICEN HECHOS ESPECÍFICOS

La modalidad que ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones. Éste accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de ésta humanidad.

Los anuncios de la administración del Presidente Samper en materia de políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno del Paramilitarismo, y la reactivación de sus acciones, constituyen la más profunda preocupación de los organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades Estatales se han negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por sobre todo, a tomar las decisiones que se requieren para poner control a su acción criminal. En efecto, la actitud de las autoridades de negar los diversos grados de conexidad entre los grupos de particulares armados y unidades militares, el consentimiento o la tolerancia de los mandos de las Fuerzas Militares, las ha conducido a pretender a toda costa evitar la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de las fuerzas armadas gubernamentales. Durante los primeros seis meses de la administración del Presidente Samper, a pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado interno, se aprecia una reactivación del Paramilitarismo, demostrada en el surgimiento de los grupos "Muerte a Comunistas y Guerrilleros" -Macogue- y "Colombia sin Guerrilla" ?Colsingue.

Los grupos paramilitares tienen un radio de acción nacional y son quienes han comandado sus acciones especialmente contra dirigentes políticos y sindicales. En noviembre de 1994 se realizó la Primera cumbre de las autodefensas de Colombia en la que según un documento de 57 páginas que ha sido conocido por las ONGs colombianas, se aprobó "… seguir considerando como blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a los familiares de los miembros de las autodefensas".

La aprobación del Decreto 3567 del 11 de febrero de 1994 constituye motivo de preocupación, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en cuyo Art. 34 se lee: "… la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para operar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada en el área donde tienen asiento la comunidad. Podrán operar con o sin armas".

El ministro de Defensa de ese entonces, Fernando Botero Zea, informó al país la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de seguridad, que luego fueron denominadas "asociaciones", las cuales, a juicio de las ONGs de Derechos Humanos, tienen el serio riesgo de convertirse en formas legalizadas de los grupos paramilitares para realizar acciones armadas ofensivas contra la población civil que sea considerada "simpatizante" o "colaboradora" de los grupos guerrilleros.

Las explicaciones dadas hasta el momento por el Gobierno de Colombia para responder a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad en relación con las asociaciones de seguridad rural, se fundamentan en señalar que las autoridades militares y de policía ejercerán un celoso control sobre dichas asociaciones para que no desborden el marco de su acción, en apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con armas de defensa personal. Resulta difícil aceptar que el Gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas asociaciones, para evitar que se conviertan en formas legalizadas del Paramilitarismo, tiendo en cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales para explicar la ausencia de resultados en el combate es precisamente que las autoridades militares y de policía han estado imposibilitadas para controlarlo.

Los grupos paramilitares, que han sido investigados los han sancionados por los crímenes realizados a la humanidad, e igualmente debe impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional; además, hacer efectivas las ordenes de captura existentes contra sus miembros, también a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección. Abstenerse de dar trato especial o benigno en virtud de eventuales negociaciones de paz con el ejecutivo.

Las normas o actos administrativos que autoricen, ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994. Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de este tipo de grupos.

Las guerrillas no aparecieron como resultado de la decisión de un grupo de campesinos oprimidos sino que comienzan seriamente en Colombia después de que Fidel Castro se toma el poder en Cuba con su grupo de guerrilleros y se posesiona como dictador. Fidel Castro y Ernesto Guevara ven su revolución como la forma de crear un mundo socialista y por ello deciden comenzar movimientos de guerrilleros en diferentes países de América y Africa. Colombia era un muy buen país para comenzar una revolución debido a la historia de violencia política entre Liberales y Conservadores (los dos grupos políticos más grandes).

Las guerrillas comienzan en Colombia con el apoyo de Cuba y la antigua Unión Soviética. Ese apoyo no existe ahora, pero la guerrilla se ha adaptado a esto como es lógico ellos siempre han tenido nexos muy fuertes con el Partido Comunista Colombiano (PCC). El PCC, por supuesto, niega estos vínculos.

Las primeras dos organizaciones guerrilleras modernas nacen en 1964: algunas autodefensas campesinas influenciadas por el Partido Comunista conforman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – Ejército del Pueblo; al mismo tiempo surge un foco guerrillero, inspirado por la revolución cubana pero igualmente vinculado a la histórica resistencia campesina en el departamento de Santander, denominado Ejercito de Liberación Nacional (ELN), el cual proclama la estrategia del Che Guevara para derrocar al gobierno colombiano y gana mucha simpatía por la integración del cura Camilo Torres en 1965. (Camilo Torres cae en su primer combate, el 15 de febrero de 1966).

La división internacional de los partidos comunistas en 1967 entre "pro-soviéticos" y "pro-chinos" hace que nazca una tercera organización, el Ejército Popular de Liberación (EPL) de pensamiento maoísta, que en poco tiempo logró extenderse particularmente en los departamentos de la Costa Atlántica.

Los tres grupos tienen su presencia principal en el campo, en muchas ocasiones, se ha constatado que esta característica es una gran limitación del movimiento insurgente. Se dice que la guerrilla es campesinista, que se retiró de las ciudades, que no tiene respuestas para los problemas urbanos. Ésta crítica hasta cierto grado es correcta, pero tampoco se debe olvidar que siempre ha sido muy difícil mantener una organización clandestina en las ciudades donde la represión es mucho más fuerte; además, siempre ha habido también una repercusión importante de la guerrilla en las capitales colombianas – desde los años 60 hasta hoy.

Los años 70 traen consigo el nacimiento de otras organizaciones guerrilleras que se distinguen de las ya mencionadas por su pensamiento político y su forma de accionar. La más importante es el Movimiento 19 de abril (M-19), muy popular en el exterior por sus acciones espectaculares como la toma de la Embajada Dominicana 1980 y su presencia urbana, a pesar de las divisiones internas en el movimiento guerrillero y las diferentes crisis de las organizaciones, la guerrilla se convierte en un peligro real para el gobierno; en 1977 se da una huelga general que expresa el descontento generalizado de la población colombiana.

El entonces presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-82) reacciona con una nueva etapa de represión. Comienzan las desapariciones de opositores, se generaliza la tortura y se decretan nuevas leyes "anti-terroristas". Pero a contrario de lo que se podía esperar, se extiende la resistencia en todo el territorio colombiano. En estos años es sobre todo que el M-19 que agudiza la guerra contra el régimen. En el sur, la guerrilla se convierte en un pequeño ejército y se acerca tremendamente a algunas capitales departamentales; la administración del conservador Belisario Betancur (1982-1986) entiende el peligro inmanente del avance guerrillero.

La experiencia nicaraguense todavía está reciente, en El Salvador reina la guerra civil y, por ello, Betancur busca una salida para neutralizar al movimiento insurgente. Propone un proyecto realmente audaz. Decreta una amnistía general para los presos políticos, entre ellos muchos dirigentes guerrilleros, y busca negociaciones directas con el movimiento armado. De hecho logra dividir así a los grupos guerrilleros. En 1984, las FARC-EP, el M-19 y el EPL entran en tregua, mientras que el ELN (y dos organizaciones pequeñas más) rechazan la propuesta que ? según ellos – llevará a la desmovilización del movimiento popular. Son años muy movidos en todo el territorio se extiende el movimiento popular, son obreros/as, cristianos/as, feministas, negritudes, indígenas y pobladores que se toman las calles. Socialistas, comunistas y ex-militantes de las FARC-EP dan vida a la organización política Unión Patriótica. Simpatizantes del EPL se presentan como Frente Popular en las elecciones municipales. Y los oponentes de la tregua conforman el movimiento político ¡A Luchar!

El gobierno Betancourt promueve la conformación de grupos paramilitares y da comienzo a la guerra sucia, en 1984 nace el movimiento terrorista para-estatal más cruel del mundo. Una alianza de militares, terratenientes, servicios secretos y narcotraficantes levantan centenares de grupos paramilitares que a diferencia de los escuadrones de muerte centroamericanos no se limitan al asesinato político y la masacre. Ejercen un verdadero poder territorial. En decenas de municipios colombianos, los paramilitares empiezan a controlar la vida cotidiana. Puerto Boyacá en el Magdalena Medio (centro del país) y las zonas ganaderas de Córdoba (Costa Atlántica) se convierten en Estados paramilitares. La guerra sucia. A mediados de los 80, son asesinados los principales líderes de la izquierda como el presidente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, y los voceros políticos del M-19 y del EPL, en aquel momento en tregua. El ejército hostiga permanentemente a los campamentos guerrilleros, violando así el acuerdo de tregua. Al mismo tiempo comienzan las masacres indiscriminadas contra sindicalistas y campesinos en zonas de conflicto; de ésta manera, la UP ha perdido mas de 2000 diputados, concejales y activistas desde 1984, en total se calcula que han sido mas de 30.000 muertos por las actividades paramilitares, no solo activistas populares sino también homosexuales, prostitutas, pequeños delincuentes y niños de la calle. Hoy se especula que las principales masacres paramilitares han sido dirigidas directamente por el ejército.

Los documentos de los organismos de derechos humanos y de la misma justicia colombiana, basados en los testimonios de diferentes dirigentes paramilitares, inculpan a generales tan importantes como Jesús Gil Colorado (jefe del ejército hasta 1994) y Farouk Yanine Díaz (primero jefe de la V. Brigada en Bucaramanga y luego docente de la Escuela Interamericana de Defensa en Washington),lo más grave es que estos protagonistas de la guerra sucia disfrutan de la mas completa impunidad. Si no fuera por las presiones internacionales, ni siquiera se darían mínimas investigaciones judiciales.

La Coordinadora Guerillera Simón Bolívar se conforma en 1987. Son éstas condiciones de guerra sucia y hostigamientos militares que pronto llevan al fin del proceso de paz, después de un año de tregua, el M-19 y el EPL vuelven en 1985 a la actividad armada por que no vean una disposición real del gobierno para una democratización del país. También se conforma la Coordinadora Nacional Guerrillera, integrada principalmente por el M-19, el EPL y el ELN. En 1987 se juntan las FARC a esta iniciativa de unidad y surge la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Ya que el gobierno no puede presentar soluciones sociales en los 80, se extiende la lucha armada.

El ELN, por ejemplo, que tenía unos 4 frentes a principios de los 80 supera los 30 frentes guerrilleros en 1990. A pesar de tener en el 2000 una estrategia totalmente diferente, también las FARC-EP viven un crecimiento impresionante. En el mismo período, alcanzan tener 50 frentes habiendo partiendo de unos 20 en 1980. La guerrilla se convierte en muchos territorios en un contra poder palpable y masivo.

Colombia es un país que se ha acostumbrado a la guerra. Hoy se convive en la insensibilidad del combate. Existe una herencia colonial desde el siglo XV cuando la Metrópoli Española trajo su feudalismo tardío en forma de encomienda, que hoy se expresa como latifundio y concentración de la tierra en pocas manos, así como su estancada inquisición y sus obsoletas formas político – administrativas en manos de una estirpe poco calificada profesional y en su condición de humanos.

La República se constituyó expropiando al nativo americano de sus tierras y desplazándolo a las altas cumbres en la lucha por sobrevivir. En adelante, la población civil de origen Europeo y los mal llamados Criollos se trenzaron en combates por el poder, unos de tinte político, otros de tinte civil. Son famosos algunos combates como la guerra de los mil días, la matanza de las bananeras, la violencia oficial de mitad de siglo.

El problema social en Colombia podrá resumirse citando a una aristocracia poseedora de los medios de producción y a una gran masa del pueblo luchando, los unos por mantener su poder y posición, los otros por subsistir. Así, en éste escenario se consolida el fenómeno de la guerrilla, del narcotráfico, del paramilitarismo, de un fuerte ejercito respaldando al Estado y luchando por legitimarlo, abusando de su autoridad violentando Derechos Humanos y generando desplazamiento.

Los desplazados en Colombia son en su mayoría campesinos que durante los últimos diez años huyeron de las amenazas y los homicidios de los grupos guerrilleros, de los voraces atropellos cometidos por los paramilitares, de los abusos y ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública y de la violencia generalizada provocada por el narcotráfico.

La población desplazada, en su inmensa mayoría acaba en barrios marginales de ciudades distritales en los que les tocó reconstruir sus patrones culturales. El padecer el síndrome del desarraigo trae problemas dramáticos en el deterioro de la calidad de la vida, unas fuertes y severas consecuencias psico-sociales.

CAPÍTULO 2

LOS ACTORES DEL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

Uno de los problemas más complejos y de mayor impacto negativo que ha debido enfrentar Colombia en el transcurso de su historia es el de la producción, tráfico y consumo de drogas de alta peligrosidad. La agudización de los efectos nocivos del narcotráfico en Colombia a hecho que este síntoma aparezca como la causa de los males que aquejan al país, desdibujando la importancia que tienen los factores estructurales , relacionado con las desigualdades y desequilibrios internos y externos como generadores de la pobreza, el atraso y la injusticia propios del subdesarrollado; sin embargo por el poder que desarrolla como empresa, efectivamente sí es una de las principales causas de los problemas de Colombia.

El narcotráfico se ha convertido en una de las mas grandes organizaciones internacionales, capaz de movilizar centenares de millones de dólares diariamente, de quebrantar el concepto de soberanía estatal, producir acciones impensables de violencia, financiar guerrillas y alimentar el terrorismo. El narcotráfico es un fenómeno singular y preocupante de la era contemporánea. Sus propulsores constituyen una nueva transnacional, que con su colosal poder económico y su red de corrupción ha modelado una verdadera narcoeconomía en muchos lugares del mundo. Ha penetrado los mandos del Estado y de la fuerza pùblica. Ha roto la imparcialidad de la justicia. Ha corrompido a políticos. Ha atemorizado a policías. Ha creado un nuevo poder social levantando sobre la corrupción, el crimen y el terror. Ha ocasionado miles de desplazados.

Los narcotraficantes para comenzar su negocio necesitaron apoderarse de inmensas extensiones de tierra, que fueron compradas a muy bajos precios, pero que utilizó como mano de obra de primera línea al campesinado de la región, transformando inmediatamente las realidades socio-económico-políticas del área. En épocas de bonanza se convirtió en costumbre ver comunidades de campesinos o de indígenas utilizando lujosos carros y dándose la gran vida al lado de una violencia que los acompañaba silenciosamente. La no tenencia de la tierra hizo del campesinado una presa fácil del abuso de los patrones, lo que inicia procesos de desplazamiento masivo.

Los narcotraficantes realizaron alianzas estratégicas con la guerrilla para obtener seguridad a los cultivos. Esta bomba narco-guerrilla se convierte en un elemento muy importante en la desestabilización del Estado, que por su centralismo no hizo presencia en múltiples zonas del país. La narco-guerrilla se apodera institucionalmente de pueblos, logrando así un respaldo en la población. Las condiciones políticas de Colombia cambiaron y la guerrilla comienza ha ser perseguida por los paramilitares lo que deja a la población en medio del conflicto armado y produciendo una ola de desplazamiento de los campesinos que tuvieron que dirigirse a las grandes ciudades, no solo en busca de empleo si no para proteger su vida.

El diagnóstico de Washington es que los orígenes del problema de la droga se encuentran en el lado de la oferta , mientras que los países productores afirman que es la demanda, puesto que en tanto ésta subsista y se amplíe siempre habrá alicientes para el cultivo, procesamiento y comercialización de ella. Es una simple cuestión de lógica del mercado. Aquí reside la principal discrepancia entre los países productores y los consumidores. Pero detrás de esta discrepancia existen muchos otros intereses concretos. El tema no puede ser reducido a un tema meramente moral , como plantean los países del norte.

El cultivo de la coca forma parte de la economía de los países productores. Decenas de miles de campesinos pobres se dedican a él. No es tan fácil, por tanto, erradicarlo sin causar un problema social de enormes proporciones, aún mayor que el causado por el desplazamiento. Hay muchos elementos y realidades en el problema, algunos de ellos dramáticos, que tienen que ver con las precarias condiciones de vida de amplios sectores de la población campesina que han optado por estos cultivos porque han sido la única oportunidad que les ha ofrecido la sociedad como alternativa para alcanzar la relativa prosperidad que el mercado siempre les negó. Por la inoperancia del Estado, Colombia ha aprendido a convivir con el narcotráfico.

La inversión de dineros del narcotráfico en compra de tierra ha sido muy notable en 251 municipios del país. Solamente el gran corredor minifundista oriental desde Nariño hasta Norte de Santander, ha permanecido en lo fundamental ajeno al apetito por tierras por parte de las mafias. Al desplazamiento de campesinos ocasionado por la mayor concentración de la propiedad se suma un aumento de los precios de la tierra y un relevo de capas propietarias anteriores, con lo cual cambia la naturaleza de los adversarios del campesinado en áreas del conflicto. El cambio apunta a la mayor identidad entre los señores de la tierra y los señores de la guerra, pues los mafiosos, en las regiones donde tienen grandes territorios, han formado escuadrones de la muerte que protegen sus intereses y administran justicia privada. En 126 municipios de aquellos donde los narcotraficantes han comprado tierras ha habido movilizaciones sociales.

En tres de las principales regiones de movilización rural y conflicto guerrillero, el conjunto de Urabá-Córdoba-Bajo Cauca-Magdalena Medio y el conjunto de Ariari -Guayabero-Guaviare, las mafias armadas gozaron de los beneficios de una alianza implícita con las Fuerzas Armadas en su lucha contra las guerrillas, pues la creación de autodefensas por las Fuerzas Armadas y la de escuadrones privados por las mafias fueron allí mismo proceso en distintas fases, ocurrido desde 1981.

Las regiones de alta movilización rural donde no ha sido notable la compra de tierras por las mafias son el Norte de Santander, oriente de Santander, Arauca, centro-oriente de Cauca, Huila y Vaupés. Las restantes regiones donde ha habido movilización social han tenido la transformación de origen mafioso, que se alían con las anteriores o loas desplazan y subordinan.

La economía de las drogas ha financiado a las guerrillas y los grupos paramilitares, y ha elevado enormemente el valor del botín de guerra y las recompensas clandestinas que son captadas por miembros de seguridad. Los ejes del paramilitarismo han sido la compra de grandes territorios por parte de narcotraficantes organizados y la creación de grupos de autodefensa por las Fuerzas Militares, que convergieron en unas regiones y no en otras. La simple comparación de las dos cifras ya mencionadas de 373 municipios de acción paramilitar y 251 de alta compra de tierras por narcotraficantes ilustra la mayor cobertura territorial del paramilitarismo.

Las regiones donde se asocian la compra de tierras y las acciones paramilitares son Urabá, Córdoba, Magdalena Medio Antioqueño y Boyacense, alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, norte de Cauca, sur del Valle y municipios del eje cafetero y sur de Antioquia.

Las regiones donde han operado paramilitares y no han comprado tierra los narcotraficantes de una manera notable son el nor-oriente (oriente de Santander, Norte de Santander), Arauca, sur del Tolima y centro sur del Huila, centro-oriente del Cauca, Vaupés y municipios dispersos del eje cafetero y el sur de Antioquia. En estas regiones los grupos paramilitares han convocado al apoyo de medianos y grandes propietarios, algunos empresarios y comerciantes y la cooperación ilegal de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Muchos de estos grupos tienen un origen cercano a las necesidades de autodefensa de la comunidad, pero con el paso del tiempo son cooptados al servicio de jefes locales y se transforman en fuerzas predatorias que extorsionan a los pobladores a cambio de seguridad.

El despliegue territorial de los grupos paramilitares ha logrado sembrar el terror de las comunidades campesinas de todas las grandes regiones donde hay alta presencia guerrillera. Más aún, han actuado en territorios donde no es alta la presencia de las guerrillas, como Guajira, Atlántico, sabanas de Sucre, norte del Tolima, eje cafetero, norte del Valle, centro del Huila y Vaupés, donde su presencia responde a la lógica del control territorial y la protección de negocios ilícitos.

En algunas regiones criticas de violencia, los paramilitares han provocado éxodos masivos de población campesina y han repoblado territorios con campesinos desplazados por las guerrillas.

LA GUERRILLA

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodenominadas "FARC", a través de su proceso histórico, cumplieron las siguientes etapas:

La historia de las FARC se inicia prácticamente el 09 de Abril de 1948, a raíz del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, situación que desembocó en la organización de grupos armados que con un claro objetivo, incrementaron la violencia; termina ésta etapa en 1959 y abarca dos fases plenamente definidas :

1ra Fase : Se inicia en 1948(9), cuando el Partido Comunista Colombiano (PCC) en su intento por capitalizar el caos que cubría gran parte del territorio nacional, lanza la consigna de organizar la masa campesina para que sirviera de apoyo en la conducción de la resistencia armada, termina ésta fase en 1953, con la amnistía del 13 de Junio, otorgada por el General Rojas Pinilla e instalación del nuevo gobierno, habiéndose realizado durante esta fase, como tarea principal, la evacuación campesina hacia las regiones seleccionadas por el Partido Comunista (región de El Davis, Tolima), para instalar en ellas el mayor número de familias campesinas afiliadas al partido.

2a. Fase : Se inicia en 1954 con la organización de la resistencia armada en Cunday y Villarrica, bajo el mando Pedro Antonio Marín (alias Tiro fijo ó Manuel Marulanda Vélez) y Ciro Trujillo Castaño (alias Mayos Ciro), sin embargo, por la acción de las tropas se ven en la necesidad de replegarse hacia la región de la Marquetalia, Guayabero y Río Chiquito; termina ésta fase en 1959 con la organización de autodefensas en las áreas señaladas. Termina así la primera etapa del proceso revolucionario, la cual se caracterizó por falta de coordinación en las acciones y la carencia de una dirección "político-militar" centralizada.

2. La segunda etapa se inicia en Enero de 1960. El partido Comunista, lanza el "movimiento de autodefensas de Marquetalia", debidamente organizado y entrenado en la contienda armada, por Pedro Antonio Marín e Isauro Yosa, jefes armado y político respectivamente, quienes proclaman la zona como "República Independiente de Marquetalia", estructuran y difunden el 20 de Julio de 1964 el denominado "Programa Agrario de los Guerrilleros".

Los anteriores acontecimientos obligaron al gobierno, a las Fuerzas Militares a tomar las medidas necesarias para la conservación del orden interno, las cuales culminaron en la realización de la "operación Marquetalia" (Mayo/64), con la cual se obliga a una nueva dispersión y repliegue de los grupos armados del PCC, hacia las regiones de Río Chiquito, Pato y Guayabero. En esta segunda etapa, las guerrillas son obligadas a pasar a la defensiva, gracias a la acción acertada de las tropas, aprovechando que no hubo una decisión militar favorable, los guerrilleros trataron de pasar a una tercera etapa.

El movimiento guerrillero se expandió hacia las zonas del Quindío, Valle y Risaralda, estas aspiraciones fueron frustradas por tropas de la Octava Brigada, fracaso que obligó a los guerrilleros de las "FARC" a regresar a sus bases de operaciones iniciales, así mismo a revisar sus tácticas de dirección y a definir una nueva estrategia a seguir; disparándose a amplias zonas del Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, y Valle, así como a la región del Sumapaz y Cundinamarca. A través de su larga historia revolucionaria ha desarrollado ocho conferencias guerrilleras y nueve plenos, durante los cuales ha diseñado la táctica y la estrategia para "someter" a las fuerzas del orden, destacándose el Pleno del 89 en el cual rediseñaron el plan estratégico del 82 y dieron luz a la denominada campaña Bolivariana por la nueva Colombia aún vigente.

La FARC se encuentra conformada por un Estado Mayor Central, constituido por 25 miembros incluidos los 7 integrantes del secretariado, cabecillas de los bloques de frente e integrantes representativos de lagunas cuadrillas. Cuenta con 5 bloques de frente, 2 comandos conjuntos que aglutinan las 61 cuadrillas rurales, 18 compañías móviles con proyección a constituirse en nuevas cuadrillas, 4 frentes urbanos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), 4 columnas móviles para un total aproximado de 11.000 insurgentes. Además cuenta con las milicias Bolivarianas ubicadas en áreas de injerencia de las cuadrillas rurales cuyo numero se ha estimado en aproximadamente 8.000 hombres.

La guerrilla actual en conjunto en Colombia, vive la autojustificación de un proyecto imposible, como lo manifiesta en su ultima obra "Derechos Humanos y Democracia" Alberto Ramos Garbiras : La guerrilla navega todavía entre la insurrección y la revolución, cayendo en la desfiguración de los propósitos: desfiguración propia del ejercito intenso y extenso de la violencia, sin la materialización del triunfo"; situación que trae como consecuencia directa el éxodo de campesinos Colombianos.

La organización con su actual dispositivo tiene cubierto gran parte del territorio nacional, localizándose estratégicamente a lo largo de la cordillera oriental y en aquellas áreas que por su ubicación ofrecen ventajas geoestrategicas (Urabá-Putumayo-Arauca) y zonas potencialmente económicas. Su influencia armada terrorista se acentuó en el Urabá Antioqueño y Chocoano, Putumayo, Arauca y Meta entre otros.

EL EJÉRCITO DE LIBERACION NACIONAL ? ELN-

Disidentes de las FARC formaron el ELN. Este grupo concitó el apoyo de los sectores sindicalistas del Departamento de Santander. Elementos universitarios se unieron a sus filas, al igual que una serie de sacerdotes católicos, siguiendo el ejemplo del Padre Camilo Torres que se sumó al movimiento y murió en un enfrentamiento con el Ejército en 1966. El ELN fue liderado durante muchos años por el Padre Manuel Pérez, religioso español que murió en febrero de 1998.

El ELN ha puesto mucho énfasis en su ataque a la legitimidad del proceso democrático y ha secuestrado a numerosos funcionarios públicos y candidatos electorales. El ELN actuó contra figuras políticas con particular virulencia en los meses que antecedieron a las elecciones municipales de octubre de 1997. Sin embargo, después de las elecciones, el ELN siguió secuestrando a alcaldes y concejales locales en gran número. El ELN también ha luchado a favor de la nacionalización del petróleo. Como parte de esta campaña, el ELN ha realizado más de 600 ataques con dinamita desde 1986 contra la infraestructura utilizada por estos sectores industriales. El ELN cuenta actualmente con unos 3.000 a 4.000 integrantes.

El ELN ha anunciado su interés en procurar una solución política negociada al conflicto armado. El Presidente Pastrana se reunió, después de su elección a la presidencia, con los encarcelados representantes del ELN, Felipe Torres y Francisco Galán, para discutir las propuestas del grupo disidente para las negociaciones de paz. El grupo ha exigido la celebración de una convención nacional para discutir la paz con la sociedad civil y recientemente llevó a cabo varias reuniones preparatorias para dicha convención con el aval del Estado.

El ELN ha sugerido que, mientras se prepara la convención nacional, las negociaciones deben conducir a la humanización del conflicto, incluyendo una aplicación más estricta de las normas del derecho internacional humanitario. El ELN afirma que actualmente respeta las normas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, las prácticas del ELN en materia de secuestros para la extorsión, etc. dejan en claro que en realidad no respeta estas normas como son interpretadas conforme al derecho internacional. En junio de 1998, el ELN firmó un acuerdo en el cual se comprometió a respetar ciertas reglas mínimas del derecho internacional humanitario. Este acuerdo fue firmado con representantes del Comité Nacional de Paz de Colombia en Mainz, Alemania, después de un diálogo entre dirigentes del ELN, representantes del Estado colombiano y representantes de la sociedad civil. Las conversaciones de paz con el ELN han avanzado en los últimos meses a través de algunos contactos y reuniones dentro y fuera de Colombia.

El fuerte de la organización se basa en un grupo de elite especializado en el manejo de explosivos de alto poder. Eso explica que solo en el mes de enero de 2000, cuando quería presionar la realización de la convención nacional, haya volado 200 torres de energía eléctrica. Eso, no obstante, no significa que su accionar hacia el futuro corresponda a la misma fragilidad. "No necesariamente tiene que lanzar grandes campañas militares, sino que pueden recurrir a acciones aisladas de sabotaje como, por ejemplo, ataques contra la infraestructura eléctrica.

La verdadera fuerza del ELN radica en su capacidad de atacar la infraestructura del país. El desarrollo de la guerra implica resolver tres problemas fundamentales: hombres (mandos y tropa), material bélico (adecuado y suficiente) y recursos financieros. Este último es el que finalmente determina los dos anteriores y las posibilidades de continuar la pelea. En el caso del ELN este parece ser uno de los cuellos de botella para su crecimiento. A diferencia de las FARC, que lo solucionaron recurriendo al cuidado de cultivos ilícitos en gran escala y a las actividades relacionadas con el narcotráfico, dentro del ELN hay cuestionamientos éticos a esta forma de financiación y eso ha hecho que solo unos pocos frentes se hayan involucrado en el negocio ilícito. Por eso son menos poderosos que las FARC.

Un estudio del Ejercito Colombiano dice que el ELN tiene 40 frentes rurales, 12 comandos urbanos, 29 escuadras menores, todos agrupados en cuatro frentes de guerra que se mueven en diferentes áreas del país, que pueden provocar acciones violentas. Aunque el ELN cuenta con el frente Carlos Alirio Buitrago, que según fuentes del Ejercito dispone de 450 hombres, con la misión de atacar el sector enérgico y realizar operaciones terroristas en el eje vial Bogotá ? Medellín, también es cierto que ha recibido severas bajas.

Los golpes al ELN están consignados también en el balance de la Fiscalía General de la Nación. Hay detenidos 13 de sus comandantes, entre ellos Armel de Jesús Robles Cermeño, alias "El Chino", Francisco Gaitán y Felipe Torres, y se les ha capturado a 1.341 de sus militantes. El ejército, por su parte, ha dado muerte en combate a 614 de sus miembros.

El EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN ?EPL-

El EPL surgió en 1965. El grupo originalmente se negó a participar en las negociaciones de paz iniciadas por el Presidente Belisario Betancourt. Posteriormente, uno de sus dirigentes, William Calvo, cambió de posición y firmó un acuerdo de paz en 1980. Muchos de los integrantes del grupo aprovecharon la amnistía política que se les ofreció. Sin embargo, muchos otros que se reinsertaron en la vida civil eventualmente regresaron a la lucha guerrillera cuando William Calvo fue asesinado en una calle de Bogotá, el 20 de noviembre de 1985.

El EPL pasó luego a ser una de las partes en los acuerdos de paz concertados durante el Gobierno del Presidente Virgilio Barco. Posteriormente, muchos de sus miembros se integraron a la vida civil y han formado un partido político denominado "Esperanza, Paz y Libertad".

Un número muy elevado de integrantes del EPL reinsertados han sido asesinados. Estos asesinatos son primordialmente llevados a cabo por la facción disidente del EPL, que no firmó los acuerdos de paz, y por las FARC. Al menos en parte como resultado de la violencia de que fueron objeto, algunos de los anteriores integrantes del movimiento armado disidente se han aliado ahora con las fuerzas de seguridad del Estado e inclusive con los grupos paramilitares.

PARAMILITARISMO

El paramilitarismo fue planteado como un proyecto militar que buscaba eliminar a las guerrillas del país. Es obvio que una situación como ésta pusiera en alerta al Estado Colombiano, ya que había sido formado dentro de unos fundamentos que los hacían enfrentar sólo conflictos de baja intensidad. De manera que ante la amenaza de aquellos brotes de insurgencia, era necesaria la toma urgente de medidas para combatirlos.

El surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos hizo que el Estado Colombiano desarrollará desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada "doctrina de la seguridad nacional", que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los Derechos Humanos.

La pretensión aparente de la política contrainsurgente era supuestamente la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados, iniciándose así una desbandada de campesinos en busca de protección, originados por la incapacidad del Estado para enfrentar la guerrilla.

Los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

El año de 1982, fue el escenario para que en Puerto Boyacá (municipio en el Magdalena Medi/o ubicado en el departamento de Boyacá) naciera la primera organización paramilitar; por iniciativa del capitán del ejército Oscar Echandía y con el concurso de terratenientes de la región, se le asignó como meta "limpiar junto al ejército a la región de subversión".

La incapacidad de garantizar el control social y el orden público se sumaron, por un lado a la accidentada política de diálogo y tregua con algunos grupos alzados en armas impulsada por el presidente Betancur desde 1982 y, por tanto, la intensificación de las denuncias contra la violación de derechos humanos por parte de los militares, las cuales sintieron limitada su capacidad de acción contraguerrillera por vías institucionales además del crecimiento del poder económico de los narcotraficantes que los había llevado a adquirir tierras en algunas de las zonas más fértiles del país (Magdalena Medio, Costa Atlántica, Llanos Orientales), donde existía presencia de organizaciones insurgentes desde décadas anteriores; los capos del narcotráfico, ahora hechos terratenientes no estaban dispuestos a someterse a las exigencias económicas y políticas propias de las regiones controladas por los grupos rebeldes y dispusieron de sus cuantiosas fortunas para financiar fuerzas paraestatales. Además, algunos frentes guerrilleros (en particular de las FARC en el Magdalena medio) se habían excedido en la presión económica sobre medianos y pequeños propietarios rurales a través de la contribución forzosa, el secuestro y la extorsión; ello creo una disposición de algunos campesinos para colaborar con proyectos "antisubversivos". El proyecto contrainsurgente se vio fortalecido por la financiación de narcotraficantes como José Gonzalo Rodríguez Gacha quien financió la traída de mercenarios Israelitas e ingleses así como la adquisición de sofisticadas armas. Con base en información de inteligencia suministrada por el Ejército, se ejecutaba sumariamente a presuntos simpatizantes de la guerrilla dentro y fuera de la región por otro lado, en coordinación con el ejército dieron contundentes golpes a los frentes guerrilleros asentados en el Magdalena Medio desde hace más de tres décadas, logrando casi su total expulsión de la zona.

Los hermanos Fidel (Alias "Rambo" y Carlos Castaño), a mediados de los años ochenta, terratenientes y narcotraficantes del departamento de Córdoba, crearon su propia estructura militar antiguerrillera, las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Sus escuadrones han sido responsables de varias de las masacres más notorias como la de Mejor Esquina (Córdoba) con 39 muertos y Puerto Bello (Antioquia) con 42. A fines de los años ochenta aparecieron otros grupos paramilitares como el MNR (Muerte a Revolucionarios del Nordeste), los Blancos los Yeyes, COLSINGUE (Colombia sin Guerrilleros) y MACOGUE (Muerte a comunistas y guerrilleros), cuya actividad criminal se extendió a otras regiones como los Llanos Orientales donde narcotraficantes y conocidos esmeralderos como Víctor Carranza ha adquirido tierras y donde las guerrillas de las FARC poseen una presencia histórica de más de tres décadas.

La década de los noventa finaliza con un balance de 12.859 asesinatos políticos y la agudización del conflicto armado en todo el país, y la conversión del paramilitarismo en el responsable del 32% del desplazamiento en Colombia

Los grupos paramilitares no han tenido un solo modelo o método de acción, sino que ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública. En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción:

a. El involucramiento compulsivo de la población; b. La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c. La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de un grupo permanente.

La intimidación a la población ha sido habitual mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

La modalidad de contratación para realizar actividades delictivas a nombre del paramilitarismo ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, el accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de tesa humanidad.

La persecución y desestructuración de los grupos paramilitares, desde el gobierno se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno. Situación ésta que entorpece el actual proceso de paz llevado a cabo entre el gobierno y las FARC-EP.

El ejército es el primero que hace presencia, con la Fuerza Aérea y/o la Naval al "teatro de operaciones" donde se presume hay presencia guerrillera o donde los insurgentes han actuado recientemente bombardean y realizan operaciones rastrillo en las zonas rurales, arrinconando a la guerrilla y obligando a la población a refugiarse en los cascos urbanos más cercanos. Luego, llegan los paramilitares y hacen el "trabajo sucio"; detienen, masacran supuestos colaboradores de la guerrilla (en su mayoría pertenecientes a alguna organización cívica, campesina o sindical) cuando no a familias o comunidades enteras de "sospechosos"; en algunos casos realizan actos de barbarie como decapitar, descuartizar y castrar a los muertos, tal como la violencia de los cincuenta; a continuación amenazan de muerte a los demás pobladores y los obligan a huir del municipio o la zona, agravando el drama del desplazamiento.

Los terratenientes (varios de los cuales también son políticos y/o narcotraficantes) limpiado el terreno, amplían sus propiedades y las repueblan con allegados y simpatizantes de la nueva alianza terrorista; por último, llegan las Convivir a garantizar "la paz" y el orden. Este libreto ha sido seguido casi al pie de la letra en Riosucio, Alto Baudó y Salaquí en Chocó, Carepa, Pavarandó, San Miguel y Las Mercedes en Antioquia. En algunos casos, las primeras víctimas son los propios alcaldes electos, concejales o autoridades locales, previamente "denunciados" por algunos medios como simpatizantes de la guerrilla. Pertenecer a alguna organización social, a un partido de izquierda o asumir una posición crítica o independiente frente a los "paras" es condenarse a muerte; sólo en el primer semestre de 1997 en el municipio de Segovia (Antioquia) han sido asesinados más de sesenta líderes cívicos y populares.

El paramilitarismo no sólo es un proyecto político; representa un mecanismo de control militar por parte de grupos económicos poderosos, en particular los ganaderos, los terratenientes, muchos de ellos también narcotraficantes o estrechamente vinculados en sus negocios. Pero el paramilitarismo no sólo protege intereses, sino que contribuye o su concentración y acumulación de bienes. De este modo, a nivel económico el paramilitarismo tiene como finalidad recuperar, salvaguardar, controlar y ampliar espacios en los cuales hay o puede haber inversiones de capital, sea éste ganadero, agroindustrial, minero, energético o narco. Esto se evidenció al analizar la geografía de la expansión paramilitar; no solo están haciendo presencia allí donde hay guerrilla, sino en lugares donde se juegan grandes intereses económicos presentes o futuros: hidroeléctricas, recursos petroleros y minerales, megaproyectos como el Puerto de Urabá o el Canal interoceánico o la Represa de Urrá.

Las estadísticas oficiales presentadas por el Ejercito, muestran que mas de 308.000 personas fueron desplazadas de sus hogares durante 1998 debido a la violencia generada por los grupos, revela un Informe divulgado por Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes) Según esa entidad no gubernamental, el desplazamiento ha registrado en la última década una línea ascendente en el número de afectados por el conflicto armado protagonizado por las guerrillas, los paramilitares y el Ejército. En 1998, precisa el informe, se calcula en 308.00 personas la cifra de personas desplazadas violentamente por las dinámicas de terror, muerte y éxodo que propicia masacres, asesinatos y amenazas. En ese año, indica también el mismo informe, divulgado por CODHES, "se produjo el desplazamiento de 71.613 hogares integrados en su mayoría por mujeres, niños y niñas y jóvenes menores de edad?. En resumen, desplazamiento de 71.613 hogares integrados en su mayoría por mujeres, niños y niñas y jóvenes menores de edad?. En resumen, subraya el documento, "aproximadamente ocho hogares fueron desplazados cada hora en Colombia durante 1993".

Sin, embargo para Carlos Castaño las Masacres no son un método de lucha. "En la AUC les respondió Castaño a los periodistas de El colombiano de Medellín no consideramos un método de guerra la ola de masacres de las tres ultimas semanas. Nuestro método de guerra consiste en enfrentar la subversión utilizando los mismos medios que ella utiliza para agredirnos. No ordenamos masacres; ordenamos dar de baja a los subversivos plenamente identificados en el estado en que se encuentren, de civil o uniformados".

Grafico 1

FUENTE: Consultoría para los Derechos Humanos ?CODHES

Las estadísticas indican que las masacres se han convertido en el pan de cada día de la confrontación de paramilitares y guerrillas, y que son la piedra en el zapato de varias de las políticas más sensibles del Gobierno. "El fenómeno de estos grupos esta creciendo y afectando de lleno a la sociedad a todas las políticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de búsqueda de la paz y la de búsqueda de la convivencia y seguridad ciudadanas".

El problema, que reviste una gravedad extrema, no es nuevo. Según un estudio realizado por el Ministerio de Defensa, en 1986 los grupos ilegales de autodefensa contaban con 93 hombres en sus filas. Diez años mas tarde, el numero de combatientes en esas filas llegaba a 2.880, y en 1999 el numero ascendía a 5.915. El gran salto se dio en el paso del 99 al 2000, año en el que al mes de noviembre las autoridades estimaban en más de 8.000 hombres el pie de fuerza de las autodefensas.

Para algunos observadores ese salto en el numero de miembros de las AUC coincide con la campaña de las Farc de atacar poblaciones con cilindros de gas para buscar el retiro de los puestos de Policía de los cascos urbanos, con los ataques terroristas del ELN, como la voladura de torres de energía y el secuestro de civiles del avión Focker y la iglesia de la María, en Cali.

Aunque Carlos Castaño lo niegan las estadísticas muestran el aumento vertiginoso de las masacres cometidas por grupos de autodefensas en los últimos años. El estudio del Ministerio de Defensa señala que en el año 1997 estos grupos perpetraron seis masacres, en el 98 fueron 16, en el 99 cometieron 61 masacres y a octubre del año 2000 ya eran 75 masacres. Si ese ritmo de crecimiento se compara con las 23 masacres cometidas en apenas 17 días de este mes, la conclusión obligatoria es que si se trata de un método de lucha y que la tendencia es a que aumenten y no a que disminuyan en el futuro cercano.

El gobierno venia trabajando en el combate a los grupos paramilitares, y buena parte de su estrategia consistió en aplicar con rigor los correctivos a la violación de los derechos humanos, en especial los cometidos por integrantes de las Fuerzas Militares. En desarrollo de esta especie de purga fueron retirados cerca de 200 miembros del Ejército, entre ellos una veintena de oficiales, sobre quienes recaían sospechas o había pruebas de sus vínculos con grupos de autodefensas. Esa limpieza parece haber tenido un resultado positivo en la medida en que logro disminuir sensiblemente los nexos entre militares y autodefensas y permitió rebajar los índices de violación de los derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Las alarmas en el gobierno se activaron cuando las autoridades se percataron de que a pesar de todas las medidas tomadas no solo se dispararon los dato de efectivos reclutados por las autodefensas y los ataques perpetrados por estos grupos, sino que los sondeos de opinión empezaron a mostrar una simpatía creciente de los colombianos por este tipo de manifestaciones violentas. Fue así como se creo lo que se conoce como el grupo antisicarial. Se trata de un programa gubernamental que busca coordinar los esfuerzos de las distintas agencias del Gobierno que tienen algo que ver con el tema.

La idea salió de un consejo de seguridad que presidio Andrés Pastrana, y al que asintieron también el vicefiscal General de la Nación y el procurador Jairo Bernal Cuellar. La reunión, cuyos asistentes coinciden en calificar como una de las mas importantes y efectivas entre cuantas se han realizado sobre ese tema, fue el primer paso para la elaboración del plan, que se concreto finalmente el martes 18 de enero de 2000 en el Ministerio de Defensa.

En esta reunión, a que asistieron el fiscal Alfonso Gómez Méndez y el nuevo procurador, Edgardo Maya Villazón, fue diseñada la nueva política contra el paramilitarismo en dos niveles. Por un lado la creación del grupo antisicarial, integrado por representantes de todos los programas de seguridad y la Fiscalidad, con el fin de unificar esfuerzos y compartir información y recursos para combatir de manera mas contundente y eficaz los grupos paramilitares . Y, por otro, reconocer que el fortalecimiento del Ejercito y la Policía en la lucha contra la guerrilla es una forma eficaz de evitar el desarrollo de los grupos paramilitares y del apoyo ciudadano a este tipo de organización. Hoy se definen claramente en el que son dos formas de actuar: por un lado, enfrentando estas organizaciones en bloque, y al mismo tiempo fortaleciendo a la fuerza pública para que la sociedad no vea a los paramilitares como una opción, que es lo que esta ocurriendo.

Todo lo ocurrido en este sangriento comienzo de año muestra que el aterrador escenario de la guerra difícilmente puede ser peor. Pero si a pesar de todo se trata de rescatar algo bueno detrás de todos este horror, habría que mencionar dos cosas. La primera, que el Gobierno tomo una serie de medidas que pueden llegar a ser un paso importante en la lucha contra estos grupos. Y la segunda, que lo sucedido debe servir para que algunos sectores de opinión que se habían dejado seducir en los últimos meses por el discurso paramilitar recapaciten y entre en razón.