El drama humano de los desplazados en el conflicto armado colombiano (página 3)

CAPÍTULO 3

DESPLAZADOS EN CALI

El fenómeno de los desplazados en Cali no sólo se debe a problemas de violencia en otras zonas sino también a la irrupción de actores armados urbanos de la misma ciudad. Los desplazados que llegan a Cali huyeron de la confrontación armada, del terror que imponen los actores armados en el vecino departamento del Cauca, de la violación de los derechos humanos en Nariño y Putumayo, de la violencia generalizada de la región de Urabá y Córdoba, y (cada vez con más frecuencia) de la guerra sucia que se apoderó del departamento del Chocó.

Cali es el punto de llegada de familias y colonos vinculados a cultivos ilícitos en el sur del país y que comienza a retornar a esos departamentos de origen como consecuencia de los conflictos armados presentados desde 1996 y de la presión de la fuerza pública para que abandonen esas actividades. La población desplazada por razones de violencia en Cali se estima en 45 mil personas, que integran 9 mil hogares, en sumatoria de mujeres y menores de edad provenientes de regiones agrarias o expulsados de zonas urbanas de la misma ciudad.

En promedio cada día llegan a Cali tres familias desplazadas por violencia, una cifra que constituye motivo de preocupación sobre los efectos del conflicto armado interno y de la violencia en la capital del departamento del Valle del Cauca, la cifra creció a 54.000 personas, o sea a 10.700 hogares.

El Comité Local de Emergencia (CLE) el 20 de Agosto de 1999, generó una campaña en conjunto con la Policía Metropolitana para evitar la entrada de mas familias desplazadas, debido a que el Valle del Cauca y en especial Cali, atraviesa por la peor crisis de su historia, la violencia aumentó sobre todo en la zona de Jamundí, comprobándose incluso la presencia de grupos paramilitares. Los desplazados llegan a Cali, queriendo solucionar los problemas," pensando que Cali es un paraíso", con la aspiración de establecer un negocio o de hallar ventajas sociales. "Aquí se van a llevar una decepción porque la situación está muy dura". Así lo advirtió el secretario de gobierno Municipal Carlos José Holguín Molina.

El problema podría pasar desapercibido en la ciudad, si se toman como referencia los altos índices de desplazados en otras ciudades del país, pero la persistencia de los conflictos armados y de múltiples formas de violencia rural y urbana exigen acciones para prevenir el fenómeno y cada vez con más urgencia, para proteger y atender a las personas que en los últimos cinco años huyeron de otras regiones y se ubicaron en otra ciudad en busca de un mejor porvenir.

Grafico 2. DESPLAZADOS EN CALI SEGÚN DEPARTAMENTO DE EXPULSIÓN

Fuente: Codnes ? Sisdes

La población desplazada por razones de violencia en Cali se estima en 53.500 personas que integran 10.700 hogares, en su mayoría mujeres y menores de edad, provenientes de regiones agrarias o expulsadas de zonas urbanas de la misma ciudad.

En promedio, cada día llegan a Cali tres familias desplazadas por violencia, una cifra que si bien es inferior al promedio nacional de dos hogares desplazados cada hora, constituye un motivo de preocupación sobre efectos del conflicto armado interno y la violencia en la capital del departamento del Valle del Cauca.

Más aun si se tiene en cuenta que la cifra puede ser mayor dadas las dificultades para la identificación de los desplazados, cuya condición de perseguidos los obliga al silencio y el anonimato.

Zonas de expulsión

Los desplazados forzados identificados en la ciudad provienen de diversos lugares de la geografía nacional; Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Choco, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Costa Atlántica y de diferentes lugares o barrios dentro de la misma ciudad, que se caracterizan por ser el escenario de múltiples violencias que atentan contra la vida, la seguridad de personas y familias. Los desplazados se identifican en el temor y el miedo que comparten, en la indefensión y la zozobra que los embarga al vivir en un lugar que no les garantiza su seguridad.

Además del departamento del Valle del Cauca (37%) de los desplazados provienen en departamentos del Cauca (23%), el cual ofrece particulares condiciones de violencia, conflictos por la tierra y pobreza, que generan una migración constante hacia la ciudad de Cali.

También es significativa la cifra de desplazados provenientes de los departamentos de Nariño y Putumayo (22%), zonas de conflictos relaciones con cultivos ilícitos, con enfrentamientos armados entre guerrilla y fuerza publica y con la persecución de miembros del ejercito y la policía del Ecuador en esa zona fronteriza. Otra zona de expulsión de población que llega a la ciudad de Cali, y que presenta alguna relevancia en el estudio, es el departamento de Antioquia (5%) y específicamente los municipios del eje bananero de la zona del Urabá.

Es probable que dentro de la tendencia migratoria de personas oriundas del departamento del Choco (4%), empiece a sentirse la presencia de desplazados por la intensidad que asume en esa región del país el conflicto armado. Las relaciones étnico ? familiares y la cercanía geográfica contribuyen a esta oriente de desplazamiento hacia Cali, que podría incrementarse significativamente.

Situación similar se registra en el caso de los desplazados de los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas (4%) que buscan en la capital del Valle una posibilidad frente a la crisis del café y las crecientes manifestaciones de violencia que se generan en esas regiones del país.

El departamento del Huila (2%), los departamentos de la Costa Atlántica (1%), en especial Córdoba y Sucre, y las zonas fronterizas con Venezuela, complementan las zonas de expulsión de los desplazados por la violencia que identifico el estudio en la ciudad de Cali.

La información consolidada del total de hogares desplazados encuestados permite afirmar que las milicias urbanas, la guerrilla y los grupos paramilitares son los principales responsables del desplazamiento forzado de la población que arriba a la ciudad de Cali.

El caso de las milicias urbanas tiene una explicación en el alto índice de hogares desplazados que se vieron obligados a huir de un lugar a otro dentro de la misma ciudades. Es posible, y así lo indica el trabajo de campo, que este alto porcentaje tenga relación, además de la existencia de milicias urbanas de grupos guerrilleros (milicias bolivarianas de la FARC y milicias populares del ELN), con la proliferación de pandillas armadas que asumen el control de diversos barrios y zonas de la ciudad e imponen por la fuerza su autoridad, obligando a muchas familias a salir para salvar su vida.

Grafico 3. RESPONSABLES DEL DESPLAZAMIENTO

Fuente: Codnes ? Sisdes

Grafico 4. OTROS RESPONSABLES DEL DESPLAZAMIENTO.

Fuente: Codhes – Sisdes

Un 29% d los desplazados no identificaron un actor armado tradicional como la causa de su situación de desarraigo y señalaron motivos que van desde "La violencia y la pobreza", "las pandillas juveniles " o el "miedo" que los impulsa a huir de las zonas de conflictos, hasta la "violencia intrafamiliar", la "violencia entre vecinos" y la "inseguridad", que mas que actores son factores que provocan desplazamiento.

Las acciones contra la población civil por parte de los grupos guerrilleros que operan en el Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia, también son causa directa de desplazamiento a la ciudad de Cali. Algunos indican que este alto índice de responsabilidad de la guerrilla es explicable por las formas de sometimiento violento de la población que ha caracterizado a algunos de estos grupos en zonas campesinas e indígenas del Cauca y zonas limítrofes con el Valle. La fuerza publica (Fuerzas Militares, Policía Nacional y DAS) es señalada como responsables del desplazamiento del 5% del total de los hogares encuestados, un porcentaje relativamente bajo en comparación con los índices nacionales. Por ultimo los narcotraficantes fueron señalados por un 4% de los hogares desplazados como causa de su situación, en un hecho que muestran solo una parte del problema, pues es evidente que estos sectores acuden a la presión, la amenaza y la muerte para imponer sus propósitos ilícitos. El temor que caracteriza a esta población hace difícil que señalen a estos sectores delicuenciales.

Las amenazas, la intimidación y el terror obligaron a la mayoría de hogares encuestados a huir en busca de seguridad y protección.

Un porcentaje relativamente alto de desplazados se abstuvo de responder la pregunta sobre los hechos que motivaron su salada, en su gran mayoría dentro de la ley del silencio que caracteriza a la población objeto de la presión de los actores armados.

El miedo, respuesta recurrente de los desplazados, los asesinatos individuales y colectivos, y los atentados, entre otros hechos, complementan las respuesta sobre las causas de salida obligada de las personas afectadas.

Las entrevistas de profundidad con los desplazados después de la aplicación de las encuestas permiten identificar algunos de los factores que determinan el desplazamiento:

Grafico 5. CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

FUENTE: Entrevistas con víctimas del desplazamiento.

• Persecución e intimidación militantes de partidos o grupos políticos (de izquierda, de partidos tradicionales y movimientos cívicos, reinsertados de grupos guerilleros, concejales y autoridades municipales). Desatada en algunos de los departamentos de procedencia de los desplazados: Antioquia, Cauca, Nariño, Valle, Cauca.

• Persecución a sindicalistas, maestros, lideres y miembros de organizaciones comunitarias, defensores de los intereses de pequeños propietarios, campesinos pobres que se niegan a colaborar con actores armados y críticos de los protagonistas de acciones generadores de violencia.

• Desalojo de campesinos y adquisición de tierras aptas para la producción y/o explotación agropecuaria por parte de grupos al servicio de inversionistas, algunos anónimos, que llegan a zonas especificas del territorio nacional y proceden con el poder del dinero o de la intimidación en detrimento de la población nativa.

• Deterioro de la calidad de vida de la población por la escasez de fuentes de trabajo y la inseguridad que presentan zonas rurales en donde prevalece la confrontación armada y se hace mas evidente la crisis agropecuaria.

• La inexistencia de dinámicas soterradas tendientes a generar miedo en los campesinos y la población civil vinculada con organizaciones comunitarias y a producir el desplazamiento forzado. Algunos agentes del Estado, miembros de las fuerzas armadas que actúan en coordinación con grupos paramilitares, tienen relación con estos casos.

• Las amenazas a los campesinos inculpados de ser colaboradores y auxiliadores de uno a otro bando.

• La quiebra de productores, campesinos y pobladores de las zonas cafeteras del país y de municipios del norte del Valle, azotadas por la crisis económica y por algunas manifestaciones de violencia vinculadas al narcotráfico que afectan al sector. Estas personas se vinieron para Cali en busca de mejores oportunidades.

• Los desastres naturales del departamento del Cauca, los desbordamientos de algunos ríos en la región del suroccidente del país o la combinación de varios de los anteriores.

• Otra causa de los desplazamientos tiene relación con la crisis de orden publico registrada en los departamentos del sur del país como consecuencia de la erradicación de cultivos ilícitos.

Llama la atención que el 49% del total de jefes de hogar encuestados corresponde a mujeres entre 20 y 40 años, en su mayoría abandonadas o viudas y con la responsabilidad de un promedio de 4 hijos. El promedio nacional de mujeres desplazadas cabeza de familia es el 31%, lo que indica que este fenómeno en Cali es significativamente superior.

La población base de este estudio incluye 521 hogares en situación de desplazamiento integrados por 1.876 miembros, de los cuales el 53.73% son mujeres y el 45.74% son hombres. Son personas desempleadas, en su mayoría, o con muy bajos ingresos, que en su afán de proteger sus vidas, encontrar un refugio o satisfacer su necesidades básicas de subsistencia y bienestar, a las cuales es mas difícil acceder en las zonas de violencia, llegan a la ciudad generando un aumento relevante de su población.

Buen parte de esta población es muy joven, son adolescentes habitantes de los barrios más pobres de la ciudad, que están inmersos o huyen de diferentes formas de violencias. Algunos son miembros de pandillas juveniles que ocasionalmente participan en "Cruces" (acciones delictivas), con el fin de conseguir algo para el sustento de su familia. Otros son jóvenes recién llegados a los barrios marginales que, por negarse a pertenecer a determinados grupos o pandillas, son amenazados con perder sus vidas y las de sus familiares mas cercanos.

Un 45% de los hogares desplazados tenían tierra para trabajar y, de éstos, el 83% respondió que en calidad de propietarios. Es decir, más de la mitad de los jefes de familias desplazadas en Cali provienen del campo y son, en su mayoría, campesinos pobre cuya propiedad correspondía a menos de una hectárea (45%) o poseían entre 1 y 20 hectáreas de tierra (22%)

El hecho más dramático es que más del 55% de los jefes de hogares desplazados que poseían tierras tuvieron que abandonarlas como consecuencia de los hechos de violencia. Lo que confirma, una vez mas, que alrededor de los fenómenos de violencia y confrontación armada se ocultan intereses económicos relacionados con la llamada contrarreforma agraria que afecta a pequeños y medianos propietarios.

En el mejor de los casos, los campesinos logran vender la tierra antes del desplazamiento, pero a los precios que determina la intimidación que imponen los depositarios de las armas y el terror.

Grafico 6. TENENCIA DE LA TIERRA ANTES DEL DESPLAZAMIENTO

FUENTE: Jefes de familia entrevistados sobre el tema.

Grafico 7. TENENCIA DE LA TIERRA ANTES DEL DESPLAZAMIENTO

FUENTE: Jefes de familia entrevistados sobre el tema.

Como es apenas obvio, los índices de desempleo en la población desplazada económicamente activa, superan los índices oficiales de desempeño para la ciudad de Cali.

El 67% del total de los jefes de hogar en situación de desplazamiento no tiene una ocupación remunerada, cifra que incide en el desempleo del 17% del total de la población económicamente activa en la ciudad de Cali, reportado por el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).

Mientras las ventas ambulantes representan una opción de ingresos para el 16% del total de jefes de hogar desplazados, en el proceso de desplazamiento disminuyeron los empleados formales (pasaron del 8% al 2%), los asalariados agrícolas (del 23% al 13%) y los comerciantes (del 8% al 0.5%).

Gráfico 8. ÁREA DE TERRENO EN HECTÁREAS

Gráfico 9. ¿Qué PASÓ CON LA TIERRA?

FUENTE: Encuesta a jefes de hogar desplazados

El hogar, como espacio de trabajo para la mujer, disminuyo del 19% al 4%, lo que explica el gran numero de mujeres desplazadas obligadas a vincularse a oficios domésticos, ventas ambulantes u otros trabajos informales para garantizar su subsistencia y las de sus hijos.

El 40% de los jefes de familia no percibió ningún ingreso durante el mes anterior a la aplicación del formulario. Mientras que el 21% solo obtuvo ingresos por $60.000, el 21% entre %60.000 y $120.000 y el 26% entre $120.000 y $180.000 solo el 11% de otros miembros del hogar desplazado obtuvieron ingresos que oscilan entre menos de $60.000 y $180.000.

Este panorama laboral solo confirma el deterioro de la calidad de vida de los desplazados y el grave problema social que implica su existencia y crecimiento como fenómeno social producido por la violencia que impera en el país.

¿Permanencia, reubicaciÓn o retorno? El futuro incierto

Quedarse en Cali, como una opción de seguridad frente a la violencia que continua en las zonas de las cuales fueron expulsados, es la decisión de la inmensa mayoría (72%) de las familias desplazadas por la violencia y ubicadas en la capital del Valle del Cauca. Un significativo 14% desea reubicarse en otra zona del país y un 10% esta dispuesto a retornar al lugar donde fue expulsado por la violencia.

La explicación de estas expectativas fue aclarada por los propios desplazados con respuestas que indican la fuerte presión psicosocial que impone el desarraigo.

Un 38% se abstuvo de responder pero el silencio es una forma de expresión cuando quiere significar la resignación frente a la tragedia acumulada.

Gráfico 10. OCUPACIÓN JEFE DE HOGAR DESPLAZADO ANTES Y DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.

FUENTE. Encuesta jefes del Hogar desplazados.

Gráfico 11. OCUPACIÓN JEFE DE HOGAR DESPLAZADO DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.

FUENTE: Encuesta a jefes de hogar.

Un 6% manifestó que prefieren vivir en esta ciudad por tranquilidad y recuerdan los hechos de violencia que motivaron la salida.

Otras respuestas encierran la particularidad de cada familia y las expectativas que tienen frente al futuro inmediato:" es mejor el ambiente y hay posibilidades de trabajo" / "estoy reunido con los familiares"/ " aquí es mejor la situación"/ " ya conseguí casita propia" / "aquí tengo mas futuro" / "aquí va mejor que donde estaba" / " ese es mi destino " /"quiero conseguir vivienda" / "Por la educación de los niños" / "por que hay menos violencia" / " para que mis hijos salgan adelante sin tanta violencia" / "aquí no me amenazan, no hay violencia ni guerrilla" / "me amaño, lavo y plancho" / Por que aquí mi esposo no me maltrata" / "por el ambiente" / porque Cali es la capital del cielo".

En el caso de quienes desean reubicarse, hay un porcentaje importante de desplazados sometidos a nuevas reformas de violencia en la ciudad (19%): "hay mucha pandilla" / "por peleas entre vecinos" / "porque tengo una hermano aliada a la guerrilla" / por tantas peleas, robos y muertes " / "vivo muy amenazada" / "hay mucha inseguridad" / "tengo miedo de tanta violencia"….

Un 10% afirma que desea volver a trabajar en el campo, en tanto que otros se refieren a las necesidades de trabajo, a las dificultades para conseguir vivienda, a la necesidad de buscar otras alternativas y oportunidades, al alto costo de la vida en Cali o al aburrimiento, la soledad y la angustia de vivir en la ciudad.

En cuanto a quienes desean retornar una vez mas aparece la no ? respuesta y l silencio de un 28% de los desplazados, mientras que la respuesta del 19% fue el deseo de recuperar los bienes abandonados y volver a trabajar en el campo.

El 12% manifiesto su interés por reunificar la familia, en tanto que otras respuestas tienen que ver con el aburrimiento, la soledad, el maltrato del esposo y la posibilidad de que "las cosas estén mas tranquilas allá y no haya tanta violencia…"

Las expectativas de permanencia, retorno o renunciación tienen relación con las necesidades mas importantes de los desplazados en cuanto a generación de ingresos se refiere.

La microempresa, como opción individual o familiar de subsistencia, y el trabajo asalariado constituyen, según las respuestas, las principales alternativas de trabajo de los desplazados.

En cuanto a las microempresas, es valido señalar que tiene correspondencia con la solicitud de capacitación técnica advertida en las necesidades en materia de educación.

Y en cuanto a tierras y trabajo en el campo, una vez mas una franja de la población desplazada insiste en esa posibilidad que implica retorno o renunciación de la población en zonas agrarias.

CONSECUENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO

El fenómeno del desplazamiento forzoso en Colombia lleva implícita una situación de caos y violencia prolongada, y se reviste en la mayoría de los casos de irracionalidad y de la primariedad característica de procesos sociales arbitrarios.

El orden, como organizador del aparato psíquico no ha existido en el sentido real de la palabra. Ha habido un orden impuesto, sostenido por la muerte, la corrupción y el terror, que de ninguna manera pueden generar valores primarios organizadores como son los de la vida y la solidaridad. La imposición social de la violencia ha impedido pensarla, hacerla socialmente consciente con miras a implementarse mecanismos de cohesión reestructurados de las relaciones entre los individuos y la sociedad.

SOCIOECONÓMICAS : Los Departamentos Antioquia, Santander, Meta, Córdoba, Cauca, Boyacá, Bolívar, Norte de Santander y Cesar son regiones que afrontan una crisis que afecta tanto a los propietarios como a la población asalariada obligados a migrar. Esto causa un gran deterioro en su calidad de vida y como consecuencia constituye un factor de incremento del desempleo, dada la magnitud de estos flujos migratorios.

POLÍTICAS : La mayoría de los desplazados son víctimas de la violencia y de ésta manera deben ser apoyados por parte del Estado, garante de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

Los desplazados en algunos casos no pierden su identidad o tradición partidista y en la práctica se sienten decepcionados con la colectividad porque ésta no ha sido solidaria en el tiempo de desplazamiento y menos en su reubicación. El desplazamiento generado por violencia política, incrementa el abstencionismo, atenta contra los derechos de participación, libre expresión y movilización.

PSICOSOCIALES : El fenómeno socio-demográfico provocado por razones violentas genera un proceso colectivo de desarraigo que afecta a un sector importante de la población con grandes repercusiones en la vida nacional.

Las experiencias agresivas insensibilizan ante la crueldad y las personas se transforman en seres diferentes, lo que se constituye en una penetración de los patrones de violencia con consecuencias en la salud mental y en el entorno social, también se puede incrementar el consumo de alcohol y de drogas, el aislamiento social, la depresión profunda, la disfunsión familiar, laboral y social. La migración no es sólo una respuesta a las situaciones dadas, es una combinación de factores sociológicos relacionados con procesos afectivos.

La pérdida de Tierra es una de las consecuencias principales del desplazamiento; pero trae consigo implícitas muchas otras, como el amedrantamiento obtenido por el impacto de la selectividad de la violencia, sobre los líderes y miembros de organizaciones campesinas, y sobre los jefes de familia.

El desplazamiento produce efectos en los núcleos familiares en:

• La mujer se tiene que constituir en cabeza de hogar, y como no hay fuentes de empleo en la economía formal debe ingresar al rebusque cotidiano.
• Los niños deben interrumpir bruscamente sus estudios que generalmente nunca concluyen, pues en los lugares donde son nacidos no existen políticas al respecto.
• Los sobrevivientes masculinos quedan sin trabajo y pierden su tranquilidad y seguridad.
• Los hogares se ven obligados a recomponerse y reorganizarse, eliminando incluso la satisfacción de sus mínimas necesidades y se ven obligados a vivir por el sustento diario, cambiando las responsabilidades dentro del nuevo grupo familiar.

CAPÍTULO 5

CONTEXTO DEL DESPLAZAMIENTO RURAL EN COLOMBIA

El desplazamiento ha sido un motor de la historia del país, especie de eje vicioso de destrucción ? reconstrucción ? destrucción de relaciones económicas, políticas, técnicas, ecológicas y culturales de la sociedad colombiana. En este sentido, el desplazamiento de la población rural no es solo el problema de un 2% de la población colombiana, generalmente, de origen campesino. Es un problema de todos.

La violencia y desplazamiento son expresiones de dos tipos de conflictos que se complementan y entrecruzan, pero que es necesario distinguir, para una sana comprensión y formulación de alternativas: el conflicto por la tierra y el conflicto por el territorio.

El conflicto por tierras, se refiere a la a estructura concertadora de la tierra y a las relaciones competitivas por este recurso, que se manifiestan en antagonismos entre latifundios ganadero y/o empresa agroindustrial y el minifundio campesino. Se trata de competencia entre unos económicamente fuertes frente a otros más débiles, por un recurso escaso e importante no solamente para la explotación agropecuaria, sino también para la minería. Estos conflictos usualmente se concentran en espacios locales y tienen que ver con la propiedad y el control sobre la tierra.

Los conflictos por territorios se refieren al dominio y control del territorio como espacio de orden político y económico. Puede tratarse bien de fuerzas que quieren sacar de su paso a competidores que cuestionan su poder, como grupos de izquierda, o de fuerzas guerrilleras o paramilitares que se disputan el dominio territorial. Estos se orientan hacia la población que ocupa la región, es decir, tiene un radio de impacto mayor. En estos casos, la tierra como parte importante del territorio tiene un papel que va mas allá de su función productiva, pues funciona como espacio comercial, fuente de recursos naturales, área de paso, conexión, refugio, etc.

El territorio colombiano presencia como estos dos problemas se superponen y se complementan y la diferenciación podría hacerse mas por el mayor énfasis que alcanza uno de ellos en determinada región, que por la no presencia del otro. Por ejemplo, se puede decir que en Urabá hay un mayor énfasis del conflicto por el domino territorial y en el Cesar, un mayor énfasis del conflicto de tierras.

La violencia juega un papel de comodín, entre causa y efecto, de la ambición y la búsqueda por concentrar los espacios productivos rurales, en medio de un proyecto modernizante que se apoya en la explotación de la tierra, o que exige el dominio territorial, y que se esta construyendo a sangre y fuego. Hay una reconcentración de la propiedad de la tierra, acentuándose la polarización entre el neolatifundio y el mini y microfundio. Las mejores tierras y los espacios estratégicos se constituyen en objetivo prioritario de fuerzas violentas que, creando confusión y amparadas en la impunidad, propician la expulsión de los pobladores más vulnerables, y dejan así el campo abierto al desarrollo de sus intereses económicos y políticos. Vale la pena considerar que tanto la tierra como el territorio han ido adquiriendo distintas valoraciones que tienen que ver, entre otros, con los recursos naturales y su condición geoestratégica que van más allá de la tradicional explotación agropecuaria.

Una de las consecuencias de la violencia y el desplazamiento es, entonces, la perdida de la tierra por parte de las familias rurales. Sin embargo, su atención implica mucho mas que la preocupación por dotar de tierras a las familias rurales desplazadas que quieren regresar al campo, problema que, por supuesto, debe ser atendido.

Una forma característica del ejercicio de la violencia rural es la selectividad con que actúa contra los puntos neurálgicos de las sociedades locales, que son los lideres y miembros de las organizaciones campesinas, cualquiera que sea su carácter. Ello ejerce un impacto enorme, amedrentado y desplazando las familias circundantes. Esta estrategia, además de los efectos económicos descritos, disuade los procesos de organización de las sociedades civil rural que luego del desplazamiento, van a tener muy pocos deseos de constituirse en una fuerza organizativa para denunciar su situación y para gestionar colectivamente la solución de sus necesidades. Las experiencias traumáticas van llevando a relegar la participación política en sus diversas manifestaciones. Los procesos de la violencia rural se entretejen de manera muy sutil, pero muy fácil, con los conflictos derivados de las estructuras locales de poder. Estos, a su vez, han ido sufriendo en mayor o menor medida los efectos de los procesos de descentralización. De esta manera, se articulan y encubren intereses locales, grupales y/o individuales, dentro de intereses regionales y aun nacionales.

La población rural desplazada corresponde al 67.8% del total nacional. De acuerdo con las proyecciones realizadas, en los meses de septiembre del 94 a octubre del 95 fueron obligados a desplazarse 14.451 hogares con vínculos rurales, que corresponderían a 60.694 personas (calculo sobre un promedio de 4.2 personas por hogar, Sisdes) . De acuerdo con los datos de la Conferencia Episcopal y Codhes, es posible afirmar que entre 1995 y 2004 se registro el desplazamiento de aproximadamente 58.854 hogares con vínculos rurales (HVR). A pesar de que actualmente Colombia es considerado un país mayoritariamente urbano, las dos terceras partes de los desplazados, tienen vínculos rurales . Sin embargo, de éstos, no todos residían en las veredas. Solo el 53% de los desplazados encuestados a nivel nacional declaran tal procedencia. La procedencia rural o urbana, definida por veredas es un tanto relativa, pues del total de HVR registrados, un 14.3% aunque habitara en cascos urbanos de municipios pequeños e intermedios, mantenía una ocupación agropecuaria.

Ocho de cada diez hogares con vínculos rurales accedían a la tierra, pero solo 65% en calidad de propietarios. Sus parcelas , dada su área, correspondan a micro o minifundios y ahora se encuentran, en la mayoría de los casos, abandonadas. Antes del desplazamiento trabajaban con escasos recursos y en condiciones difíciles, como la mayoría de los pobladores rurales del país, pero se autoabastecían y gozaban de relativa tranquilidad. Los pobladores rurales, en condiciones ya poco favorables desde antes del desplazamiento han sido sometidos por éste a un abrupto empobrecimiento. La parcela y la vivienda, en la mayoría de los casos único patrimonio, ha pasado al abandono forzoso en dos tercios de los hogares con vínculos rurales (71.6%). Su venta solo fue posible en un 12.8% de los casos, y su arrendamiento solo en un 2.0%. Otras opciones frente a la tierra han sido cederla a otros familiares, devolverla a los dueños, cuando no son propietarios y cederla a amigos.

En síntesis, la población rural, se caracterizaba antes de su desplazamiento por ser, en su mayoría, propietarios pobres y asalariados agrícolas, quienes aunque no poseían la tierra la trabajaban para otros, en distintas formas. Como bien prioritario dentro de la población rural, la tierra era ya un recurso escaso en estos hogares (Gráfico N° 1,2,3).

Gráfico 12. TENDENCIA DE LA TIERRA ANTES DEL DESPLAZAMIENTO.

Fuente: Codhes ?Sisdes

Gráfico 13. ÁREA DE TERRENO A LA QUE LOS HVR TENIAN ACCESO ANTES DEL DESPLAZAMIENTO.

Fuente: Codhes – Sisdes

Grafico 14. ¿QUÉ PASO CON LA TIERRA?

Fuente: Codhes -Sisdes

Según la edad los hijos de los HVR encuestados se caracterizan así: un 15.9% corresponden a población menor de 5 años, en un 21.7% entre los 5 y los 9 años, en un 20.1% entre los 10 y 14 años. Se tiene entonces que lo hogares con vínculos rurales albergan en su seno un 57.6% de los hijos menores, con gran dependencia para la satisfacción de sus necesidades básicas. Los hijos entre los 15 y 19 años corresponden a un 13.6%.

El nivel educativo formal, del total del HVR desplazados 21.1% reportan no tener ninguno, en tanto que el 64.4% han cursado la primaria de manera completa o incompleta; 13.2% recibieron educación secundaria total o parcial ; solamente el 1.2% tiene estudios técnicos o superiores. Para los demás miembros de los HVR, se registran los siguientes datos: un 38.4% no tienen ningún nivel educativo formal, en un 48.7% tiene primaria y en un 12.0% alcanzaron estudios secundarios. La educación universitaria, técnica y no formal, solo tiene el 1% de los otros miembros de la familia, distintos al jefe de hogar.

El desplazamiento produce efectos muy serios en la vida de los hogares y en cada uno de los miembros que la componen, atendiendo a su especificidades de genero y edad:

• La mujer debe constituirse en cabeza de hogar de manera forzada e ingresa obligatoriamente a las filas de la economía informal. Se registra un aumento sensible en la jefatura femenina del hogar que pasa al 26.6% (frente al 16.3% del estudio del Episcopado); algo mas de la cuarta parte de los hogares con vinculo rural.

• Los hijos interrumpen bruscamente sus estudios y solo una quinta parte puede continuar asistiendo a la escuela primaria.

• Los hombres, si sobreviven a la persecución, quedan privados de su trabajo habitual y de las pocas seguridades con que contaba.

• Todos deben abandonar su parcela y vivienda, fruto de esfuerzos de muchos años y sitio donde era posible, aunque de manera precaria, la reproducción de la economía campesina.

• Los hogares se ven obligados a padecer un rápido proceso de desorganización ? reorganización familiar, que con frecuencia provoca el traslado abrupto de responsabilidades y la perdida de la satisfacción de sus mínimas necesidades. De ello son víctimas, especialmente, los niños y niñas. Además, en la búsqueda de la sobrevivencia física, las necesidades emocionales y los traumas psicosociales pasan a ser secundarios y muy poco atendidos.

Los jefes de HVR desplazados en el ultimo año, reconocen que pertenecían en un 56.29% a diferentes organizaciones, antes de su éxodo. La mayor frecuencia se sitúa en los organizaciones comunitarias, (15.74%), seguida por las organizaciones políticas (11.11%).

El desplazamiento es una realidad nacional y no solo un problema que se presenta en algunas zonas. Si bien la intensidad de desplazamiento en algunos departamentos es proporcionalmente alta, en los demás la cifra es muy significativa: sumados estos últimos, pueden alcanzar cerca de la mitad de la población rural desplazada en el país. (Gráfico 4).

El proceso de intensificación y concentración de la expulsión se agudizó en el ultimo año. Antioquia y particularmente Uraba, alcanzan a duplicar la intensidad encontrada antes del 94. Los departamentos de mayor salida, Antioquia y Santander, son a la vez, muy importantes en el flujo de llegada. Ello refleja un desplazamiento intradepartamental significativo en estas dos zonas. Se registra una dinámica de los departamentos expulsores de la población rural, que aumentan para el Cesar, Cauca y Sucre, y que disminuye ligeramente en intensidad para Cundinamarca, Valle, Magdalena, Huida, Boyacá y Casanare.

Atlántico, Córdoba, Valle y Boyacá, registran una alta proporción de llegada de hogares con vinculo rural, lo cual los convierte en zonas preferencias de "albergue". Cundinamarca, que más exactamente corresponde a Bogotá, es un caso excepcional en intensidad de llegada, dado el carácter estratégico en cuanto a su dinámica económica y la posibilidad que ofrece la ciudad capital para poder lograr el anonimato.

Gráfico 15. DEPARTAMENTOS DE EXPULSION DE POBLACION CON VINCULOS RURALES.

Fuente: Codhes ?Sisdes

El efecto secundario de un enfrentamiento entre grupos armados, en el desplazamiento es menos que la consecuencia directa de acciones de grupos armados, que la consecuencia directa de acciones de grupos armados contra la población civil. Por lo tanto, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario. El desplazamiento se da en medio de lo que se denomina la "guerra sucia", en la que los contrincantes poseedores de las armas, antes que enfrentarse entre si, se dedican a amenazar, asesinar, torturar y perseguir a la población civil no combatiente. Identificar a estas fuerzas que hostigan y presionan a los pobladores rurales no es fácil, además que es parte de su estrategia para crear la confusión.

El desplazamiento de los hogares con vínculos rurales durante el ultimo año, muestra de manera individual a los paramilitares como la fuerza mas hostigadora, con un 26.3% seguidas por la guerrilla, con el 8.3% Narcotraficantes, milicias y autodefensas, como grupos específicos, son poco señalados (por debajo del 1.3%).

Comparando estas tendencias con las registradas para los hogares rurales desplazados entre 1994 y 2005, se encuentra un descenso de la guerrilla, señalada en un 27.7% y un aumento de las fuerzas paramilitares, señaladas en este periodo en un 16.1%

Los encuestados señalan otros causantes: el temor y el miedo a la violencia y a sus estragos, en un 39.2%; actores no intensificados, en un 29.7% un 16.6% identifican a particulares reconocidos, como terratenientes y delincuentes. Por ultimo, un 8.3% expresan que su desplazamiento tiene que ver con la incertidumbre económica (falta de fuentes de trabajo, perdida de la cosecha, ausencia de servicios públicos). En menor proporción son señalados otros organismos del Estado que producen temor, en un 3.6%. Un 2.3% afirman que las amenazas provienen de la guardia venezolana.

Los hechos que provocan el desplazamiento corresponden, para el último año en un 40% a amenazas, las cuales conllevan un alto contenido de presión psicológica. Frente a los resultados provenientes del estudio del Episcopado, que mostraban en un 29.8% la presión de las amenazas, se registra un aumento sensible de este mecanismo, como motivo del éxodo rural. Los asesinatos constituyen el 9.3% de las causas y sumando a ellos los atentados, desapariciones y torturas se llega a un 16.1% de hechos graves violatorios de los derechos humanos, con una marcada selectividad.

UBICACIÓN Y CONDICIONES ACTUALES

La llegada y ubicación en los nuevos sitios, en gran parte de los casos, se realiza sin contar con ayuda alguna. Así lo manifiesta el 42.4% de los hogares rurales consultados, proporción que se mantiene igual frente a lo indicado por los hogares rurales desplazados entre 1985 y 1994.

En cuanto a las fuentes de ayuda, la muestra indica que el 29.6% de los hogares que han contado con algún apoyo lo han recibido de familias y amigos. La iglesia, las organizaciones comunitarias, la ONGs y las organizaciones estatales, son mencionadas por los encuestados entre un 5% y un 6.5% cada una. El 31.2% de los hogares asegura haber recibido ayudas de dos o mas organizaciones y personas de las ya mencionadas.

Los encuestados respondieron con respecto a las ayudas recibidas que en un 53.1% de los casos fueron apoyados en dos o mas servicios en materia de alimentación, vivienda, salud, educación, asistencia legal o apoyo moral. Para cubrir una sola de las anteriores necesidades, se registra que se ha recibido apoyo para alimentación (13.3% de los casos), vivienda (12.0%), apoyo moral (8.4%) y otras ayudas (7.1). La salud, la educación y la asistencia legal han sido menos satisfechas, de pronto por haber sido menos apremiantes.

La situación de la vivienda, para los desplazados de los últimos 15 meses, es bastante difícil. Únicamente la mitad de las familias que antes del éxodo vivían en casa, continúan haciéndolo, mientras que el numero de quienes viven en un cuarto alquilado, se quintuplico. Ello muestra al incremento en el hacinamiento. La tenencia de la vivienda también se modifico sustancialmente: de 5 familias que antes del desplazamiento vivían en casa propia, ahora solo una habita en propiedad. El arrendamiento y la invasión se triplicaron. En cuanto al acceso a los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado, se registran aumentos en la cobertura que alcanzan el 30%.

Desde algunos indicadores de la medición de las necesidades básicas para determinar la pobreza, podría leerse al desplazamiento como un factor que propicia mejores condiciones de vida, pero esto seria un análisis bastante mal enfocado sin embargo, dadas las condiciones de abandono rural y las características con que usualmente se atiende estas necesidades, que implica la existencia de una alta densidad poblacional, los desplazados ubicados en cascos urbanos gozan ahora de algunos servicios ya existentes allí. Sin embargo, el acceso a tales servicios, no significa mayor cosa dentro del conjunto de situaciones de los hogares desplazados: gran hacinamiento, perdida de la propiedad sobre su vivienda, abandono forzoso del trabajo que les generaba sus ingresos y su subsistencia, drástica reducción en la escolaridad de los niños y bajo el nivel de ingresos. Por el contrario, el proceso de pauperización que produce el desplazamiento es creciente, con efectos rápidos en los miembros del hogar mas vulnerables, y con tendencia a empeora.

Cuatro de cada 10 jefes de hogar no habían recibido ningún ingreso en el ultimo mes, en el momento de la encuesta; y 2 de cada 10, recibieron únicamente el equivalente a medio salario mínimo (de 2000). Cerca de una cuarta parte de los hogares lograron entre medio y un salario mínimo y sólo un 12.2% de los jefes de HVR logró una suma superior al mínimo.

Muestra cómo en el cuadro N° 4, referido a la ocupación antes y después del desplazamiento, se diminuye de manera seria la posibilidad de explotación agropecuaria, que reportaba, además de algún ingreso por la venta de excedentes producidos, la posibilidad de la seguridad alimentaria familiar para cerca de la mitad de los HVR. Por cada 12 hogares que antes del desplazamiento dependían de esta actividad, luego del éxodo solamente uno puede seguirlo haciendo.

Los asalariados agrícolas pierden su espacio laboral en cerca de una tercera parte. Las mujeres rurales, que antes se dedicaban al hogar dentro de la economía campesina, ahora, muchas de ellas viudas y al frente de la familia, salen en la mitad de los casos a incorporarse en la economía informal, de lo cual da cuenta el incremento en empleo domestico. La variación de la ocupación de los jefes de hogar es muy impactante, en ocupaciones como las ventas ambulantes que se multiplican por 87, y de los empleados (se refiere a oficios como celaduría, labores de aseo y otros que no necesariamente implican estabilidad laboral), que se quintuplica. Es preocupante, además, la desocupación reinante, que aun cuando ya estaba presente en muchos jefes de hogar (no hay que olvidar las diversas crisis del sector agropecuario), ahora se ha aumentado en siete veces.

Otras ocupaciones como educador, comerciante, funcionario publico y empleado, que ejercían jefes de hogar con vínculos rurales, y donde la explotación de la tierra significaba una actividad secundaria, se vieron también modificadas. Los comerciantes aumentaron cuatro veces y los funcionarios se mantuvieron estables.

Tendencias en las necesidades y expectativas

La población campesina desplazada entre 1985 y 1994, de la cual el 36% deseaba retornar a su lugar de expulsión, de los hogares con vínculos rurales desplazados en el ultimo año, solamente el 18.3% desean hacerlo. Por el contrario, un 60.4% prefieren quedarse en el sitio actual de residencia. Irse para otro lugar es la opción deseada de un 18.0% de los casos. Un 3.3% no responde.

La necesidad de acceder a tierra como fuente de generación de ingresos, es manifestada por 21 de cada 100 hogares desplazados encuestados y por 30 de cada 100 hogares con vínculos. Pareciera que con el desplazamiento, la perspectiva de reincorporación a los vínculos rurales, se reduce seriamente, pues solo 1 de cada tres hogares que antes tenían acceso a la tierra, considera que volver a ella ahora pudiera ser una alternativa económica. Se calcula, entonces, que entre el 70 y 80% de la población desplazada del campo pierde de manera total y definitiva el vinculo rural por razón del desplazamiento. Cualquier decisión frente a su futuro, sin embargo, esta mediada por la posibilidad real y oportuna que se les brinde para satisfacer sus necesidades mas apremiantes, entre las que se destaca el trabajo, que les permitirá recobrar la autoestima y la autogestión.

Mas de la mitad de los hogares con vínculos rurales en situación de desplazamiento no han accedido a ayudar alguna. Sin embargo, su persistencia en la sobrevivencia y su empeño en la vida les ha llevado a buscar por su propio esfuerzo y de manera cotidiana, posibilidades de subsistencia. Los amigos, la familia y los paisanos parecen constituir las fuentes primarias e inmediatas de apoyo y ayuda. Otros han sido beneficiados por la solidaridad local, por las ONG?s que poco a poco han ido asumiendo la atención del problema. Algunas entidades del Estado empiezan también a intervenir; sin embargo se percibe amplia burocratización manifestada en respuestas tardías, en el marco de un proceso de neocentralización caracterizado por una restricción en la toma de decisiones a nivel local y una imponente espera de expediciones de decretos, autorizaciones firmas de instancias superiores o centrales Se evidencia también la falta preparación de los funcionarios sobre el fenómeno de desplazamiento, las circunstancias y traumatismos de la población afectada y los canales y procedimientos para la búsqueda de posibles alternativas.

El trabajo de termina por observar, igualmente, cierta estigmatizacion de los desplazados por parte de funcionarios públicos locales, regionales y nacionales y, en algunos casos, de la población a donde llegan. En esto influye el temor a que se reproduzcan en las nuevas zonas las dinámicas de violencia.

En ciertas áreas se han dado algunos intentos de coordinación de las instituciones preocupadas por el fenómeno del desplazamiento forzado. En algunos casos se ha involucrado al Estado, pero éste no ha sido líder convocante. Es necesario reconocer que las ONGs han mostrado mayor eficiencia y capacidad de respuesta y de atención a los desplazados que las instituciones gubernamentales.

Algunos lineamientos nacionales, como el documento Conpes sobre la población desplazada por violencia y el Acuerdo del Incora para establecer un reglamento especial de dotación de tierras para los desplazados forzosos por la violencia, constituyen, ciertamente, avances en materia de reconocimiento y voluntad política para ofrecer atención particular y asignación de presupuestos y funcionarios. Así mismo, la determinación de una instancia especifica en el Ministerio del Interior para responder por la atención estatal, puede constituirse en oportunidad para articular distintos esfuerzos y garantizar la efectiva puesta en marcha de programas. Sin embargo, el tiempo transcurrido ha ido mostrando que a pesar de la voluntad de algunos funcionarios, el peso de la parsimonia burócrata ha impedido una atención real y oportuna de los desplazados.

El SEFC informa que en el año 2000 se presentaron 1.351 eventos de desplazamiento en los cuales tuvieron que migrar 128.843 personas, pertenecientes a 26.107 hogares. Visto por semestres, en el primero ser reportaron 51.515 personas el 40%, y el segundo 77.328 personas, el 60% lo que reporta un crecimiento de 50%. De las 128.843 personas desplazadas se conoce el lugar de expulsión del 96%, (124.187 personas, de 25.979 hogares ). De estos desplazamientos, el 35% (467) corresponde al primer semestre del año y el 65% (884), al segundo semestre, lo que indica un crecimiento de 89% (Véanse cuadros 1 y 2)

Fuente: red de Solidaridad: sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ? SEFC.