El drama humano de los desplazados en el conflicto armado colombiano (página 6)

LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La Unión Europea, algunas embajadas y diplomáticos Europeos han desempeñado papeles destacados en el intento de disminuir la violencia política y el sufrimiento causado por ésta. En abril de 1997, el Embajador de los Países Bajos, Gysbert Bos, realizó una visita de tres días a la región del Magdalena Medio, en parte para llamar la atención sobre el aumento de la actividad paramilitar y el desplazamiento. Esta visita fue considerada especialmente importante teniendo en cuenta que, en ese momento, los Países Bajos ocupaban la presidencia de la Unión Europea (UE).

La Unión Europea sigue presionando a Colombia para que mejore su historial en materia de Derechos Humanos, emitiendo declaraciones fuertes criticando los niveles de impunidad y la falta de implementación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Después de los homicidios de los defensores de Derechos Humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña, el Parlamento Europeo aprobó resoluciones condenando las matanzas y solicitando a las autoridades Colombianas que investigaran y "tomaran medidas urgentes, eficaces y preventivas para proteger la seguridad personal y garantizar las actividades de las personas que defienden los Derechos Humanos, sociales, laborales y de campesinos y a los líderes políticos." Igualmente solicitó desmantelar a los grupos paramilitares y a las Convivir.

Las siguientes recomendaciones son hechas por la Comunidad Internacional a Colombia y se basan en las normas antes mencionadas y reflejan el tipo de violaciones que todas las partes del conflicto cometen. Esto significa en concreto:

• El cese de los asesinatos de personas que no participan directamente en el conflicto, incluyendo la ejecución de detenidos después de la realización de supuestos juicios. Las personas protegidas no son sólo los civiles que no participan directamente en las hostilidades, sino también los civiles cuyas opiniones puedan ser partidistas:
• El cese de los asesinatos de combatientes fuera de combate;
• El cese de la tortura;
• El cese de la mutilación de cadáveres;
• El cese de las amenazas de muerte contra civiles, incluida la amenaza de considerar civiles "objetivos militares".
• El cese de los ataques a personal religioso o sanitario que cumplen con su tarea protegidos por el Derecho Internacional Humanitario;
• El respeto a las estructuras y los vehículos marcados con el distintivo de la Cruz Roja Internacional.
• Las fuerzas deben dejar de utilizar, importar, producir y almacenar minas antipersonales, que por definición son armas indiscriminadas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.
• La adopción de un protocolo facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que aumente la edad mínima para el reclutamiento o la participación en las hostilidades de los 15 a los 18 años.
• La prohibición de la participación de niños en las hostilidades no debe limitarse a la participación "directa", sino que debe incluir la participación de menores en tareas de apoyo, dado que los niños que prestan estos servicios suelen participar directamente en las hostilidades posteriormente.
• Los bandos deben eliminar las prácticas que provocan el desplazamiento forzado y dar instrucciones a sus combatientes para que eviten el desplazamiento forzado de civiles.
• Los bandos deben adoptar reglas claras sobre la instalación de retenes para evitar la muerte de civiles. Se debe dejar claro a los combatientes que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en los retenes está absolutamente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario.
• Los atentados contra los funcionarios elegidos democráticamente, candidatos electorales y otros que expresan una opinión política también están prohibidos.

LAS PARTES EN CONFLICTO DEBEN NEGOCIAR LOS SIGUIENTES PUNTOS CON CARÁCTER PRIORITARIO:

• Un mecanismo para mejorar la localización e identificación de las personas "desaparecidas," heridas y caídas en combate, y asistir en las tareas de evacuación de civiles protegidos de las áreas de combate;
• Un mecanismo para establecer zonas desmilitarizadas en las áreas de combate para la protección de civiles y el tratamiento de heridos;
• Un mecanismo para identificar y señalar de manera adecuada los edificios de la salud y religiosos, los monumentos históricos y culturales y las áreas donde existen zonas de peligro, tales como represas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica dado que de acuerdo al artículo 15 del Protocolo II se encuentran protegidas. Se deben dar instrucciones a los combatientes para que se abstengan de atacar estas instalaciones. Se debe impartir al mismo tiempo una educación a la población sobre el significado de estos símbolos internacionales.

Las Comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa y el subcomité de Derechos Humanos organizaron en Bruselas en 1995, una audiencia pública del Parlamento Europeo y se destaco la ponencia del diputado Carlos Carnero que trabajó el tema  "La inclusión del respeto de los principios democráticos y de Derechos Humanos en los acuerdos entre la Comunidad Europea y terceros países" , en la que sostiene :

• La Comunidad Europea es pionera en el camino hacia una sociedad más justa y hacia un nuevo orden mundial basado en la dignidad de los seres humanos.
• El mercado y sus leyes no deben avalar la falta de derechos y de protección social, por el contrario cobrará sentido al servicio del bienestar material, social, cultural de la humanidad.
• El desarrollo no existe sin paz ni democracia. Por todo lo anterior una investigación como esta, al menos encuentra una luz de esperanza a los grupos económicos desarrollados y en especial la Unión Europea pueden condicionar su colaboración económica, comercial al mejoramiento del ser humano y a sus condiciones de vida. Todos pueden evitar desplazados.

CAPÍTULO 7

EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LOS DESPLAZADOS

El gobierno colombiano ha generado una serie de medidas, normas, e instituciones para atender a la población desplazada, en ocasiones por recomendación de los organismos internacionales y en otras por las presiones de la población civil e incluso de las ONG. El capitulo realiza un análisis de los principales aspectos.

El desarrollo de los parámetros internacionales para los desplazados internos, fueron presentados por el Representante del Secretario General para los Desplazados Internos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en abril de 1998. La Comisión, compuesta por 53 miembros, tomó nota de los principios en una resolución adoptada por unanimidad, y reconoció la intención declarada del Representante de utilizarlos en su trabajo. Le pidió que informará sobre los esfuerzos realizados y sobre las opiniones expresadas por los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las ONG. La resolución también señaló que los Principios Rectores habían sido bien recibidos por el Comité Permanente lnter-Agencias (CPIA), compuesto por los responsables de las principales organizaciones internacionales humanitarias y de desarrollo, el cual había pedido a sus miembros que los discutieran con sus juntas rectoras. La decisión del CPIA de marzo de 1998 también había alentado a sus propios miembros a discutirlos con su personal ya aplicar los principios en sus actividades en favor de los Dl.

Red de solidaridad social

La Red de Solidaridad Social es una iniciativa presidencial que convoca a la solidaridad nacional para atender las necesidades apremiantes de los grupos de población más pobres y vulnerables del país y facilitar su participación en los grandes programas sociales. Bajo esta orientación, la Red ejecuta un conjunto de acciones que, articuladas entre sí, buscan mejorar la calidad de vida de estos grupos y consolidar el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Es el ente oficial encargado de atender el problema del desplazamiento

El Ministerio de Salud es el ente público con la responsabilidad de la vigilancia de la Salud de los desplazados. Cuenta con una unidad dentro de la subdirección de Urgencias, Emergencias y Desastres focalizada en los desplazados.

ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LOS DESPLAZADOS

La siguiente información recoge en forma sistemática y critica el conjunto de acciones y procederes tanto del equipo asesor y acompañante como del grupo de familias desplazadas.

El proceso de organización ha tenido diversos momentos que han significado crisis, oportunidades de aprendizaje y de cohesión, valoración sobre las posibilidades, limites y exigencias que requiere una organización, en las características propias del desplazamiento.

La necesidad de construir procesos de organización y liderazgo fue una propuesta desde el comienzo del trabajo e incluso hacia parte explícita de los objetivos del contrato con el INCORA. Como tal, se pretendía no necesariamente una organización formal, pero si la distribución de responsabilidades y gestiones, como mecanismo práctico para la resolución de necesidades. Desde el principio, se busco generar un compromiso claro por parte de las y los desplazados, para ir avanzando de manera responsable hacia la decisión y construcción de sus soluciones. En esa medida, fue preocupante la facilidad con que se generaba dependencia con respecto a los agentes externos en los aspectos más simples.

Las formas organizativas variaron de acuerdo con las exigencias propias de cada momento y con los intereses y visiones de los participantes en el proceso, tanto de los desplazados como de los asesores y de las instituciones que formulaban exigencias. A continuación se presentaran tres momentos diferentes de formas de organización de los desplazados: Las delegaciones veredales, ASIPRODES y los grupos por reinstalación.

A. PRIMERA FASE: LAS DELEGACIONES VEREDALES: Los desplazados después de haber salido de sus regiones y ante las múltiples necesidades, unas de las instituciones que se constituyeron en punto de encuentro y de apoyo fueron las Iglesias y particularmente, la parroquia católica. El mecanismo que se fue gestando para la distribución de recursos, para la elaboración de listas y demás, fue el de seleccionar unos líderes por cada una de las veredas. En muchos casos esos líderes eran los pastores de distintas iglesias y líderes comunales, con experiencia en las Juntas de Acción Comunal.

Una de las preocupaciones que pesaban más en la definición de dicha organización era la de garantizar que quienes estuvieran recibiendo los beneficios fueran realmente desplazados. Dado que la migración forzada había sido masiva y que podían identificarse como vecinos, resultaba entonces práctica esta organización por veredas. Se nombraron delegados representantes de cada vereda y estos servían tanto de controladores, como de canales de comunicación en unas relaciones que resultaban masivas.

El momento se caracterizo por:

* La orientación hacia la resolución de problemas inmediatos como el hambre y las enfermedades.

* Una relación de marcada dependencia con respecto a quien gestionaba los recursos y quien se relacionaba con las entidades, sin mayor información.

* Los líderes tenían relación con el sacerdote pero no la tenían entre si como grupos de toma de decisiones o como ente propositivo.

* La labor de los líderes en la toma de decisiones frente a los demás miembros de su vereda estaba definida por las directrices que fijara el sacerdote.

* Los líderes actuaban como convocantes a las reuniones, lo cual dentro del contexto de alta dispersión de la población facilitaba los encuentros.

* Algunos líderes respondían a esquemas de liderazgo tradicional, concentrando información y tomando decisiones.

* La rotación de los líderes se fue creciendo, en la medida en que cada cual estaba buscando sus formas de sobrevivencia

B. SEGUNDA FASE: LA CONFORMACIÓN DE "ASOPRODES" Y LOS COMITÉS DE TRABAJO: Los temores e intereses que, en medio del conflicto existían, se conjugaron para generar una nueva organización:

* Las delegaciones veredales se volvían poco operativas en cuanto a capacidad de convocatoria, pues las familias se encontraban cada vez más dispersas en el casco urbano.

* Los intereses actuales dejaban de estar ligados a los lugares de origen, ahora se trata de conseguir trabajo, educación y salud.

* El dialogo con las instituciones privadas y del Estado exigían cierta formalidad que se podía expresar en las categorías tradicionales de organización en la posesión de una personería jurídica y una estructura que representara a los asociados.

* El equipo externo conformado por los profesionales de la Pontificia Universidad Javeriana y ACPO, temían mucho a una organización formal que podría, por una parte, diluir la participación y la responsabilidad de los desplazados y, por otra, exponer a los posibles líderes a ser asesinados como venia sucediendo a las organizaciones populares en otros lugares del país. Por tanto, impulsaron la elaboración de un diagnostico participativo en el que se precisaran las necesidades y sugirieron la conformación de unos comités flexibles de trabajo para atender dichos problemas.

* El sacerdote, Jorge Uribe interesado en el retorno de los desplazados y en la consolidación de la organización alrededor de dicha vereda, impulsaba la continuación de las acciones por medio de la personería jurídica de la existente Asociación de Cosecheros de Maíz y de la Casa de la Cultura Campesina que dependía de el, insistiendo además en la necesidad de que fuera una sola organización y en que los desplazados no se dividieran.

* Algunos desplazados con base en las experiencias de las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones tradicionales (como el caso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC) impulsaron la conformación de una asociación de desplazados con toda la formalidad y la asignación de cargos de costumbre. Algunos de ellos, ligados a los políticos tradicionales veían en los desplazados una posibilidad de movimiento de sus intereses.

La decisión de constituirse en un ente formal, autónomo, con personería jurídica, con unos directivos elegidos por la asamblea, surgió en una reunión convocada por los mismos, sin participación del equipo asesor. Ante tal decisión el equipo de la universidad y de ACPO decidieron acompañar a la gente y ayudarles a madurar en el proceso organizativo que habían decidido.

ASOPRODES ha venido constituyéndose, desde entonces en espacio aglutinador de los desplazados, y su historia ha estado marcada por distintas fases:

ACOMODACIÓN: Una de las primeras tareas fue buscar coherencia entre la organización de comités que estaban ya realizando trabajos, pero que no tenían mayor articulación con la junta directiva.

-La necesidad de definir reglas del juego básico, que como cuestión formal quedaron consignadas en los estatutos, pero que en la práctica poco ha movido las formas de participación de las personas. Sin embargo, han servido para justificar decisiones en momentos críticos.

-El otro trabajo era la formalización de la personería jurídica. La elaboración de los estatutos, la realización de la Asamblea respectiva y, sobre todo, las diligencias ante los organismos encargados de la respectiva aprobación y registro demandaron esfuerzos y recursos con los cuales los desplazados no contaban. Con la ayuda del equipo asesor y a donaciones de particulares, fue posible la realización de tales diligencias.

-La etapa de que se esta describiendo se conformaron los comités de salud, vivienda, educación, trabajo, tierras y paz. En diferentes grados de intensidad y, según momentos y circunstancias, dichos comités han funcionado respondiendo a las necesidades y posibilidades que se obtienen. Curiosamente, el comité de paz, tal vez porque tiene menos expresiones materiales concretas no ha logrado funcionar como tal.

C. TERCERA FASE: REAGRUPAMIENTO POR TIPO DE SOLUCIÓN: Algunas soluciones concretas o perspectivas de solución, dispersan y relocalizan a los desplazados. Así para enero de 1998 se veía con claridad que cerca de 60 familias se reubicarían en la finca Quindío, que 22 lo harían en la Duda, y 43 familias habían retornado a Jerusalén y Quimari. Cerca de 30 familias que se habían ubicado desde hace más un año en Villamadeira y un buen grupo de familias, cerca de 120, tenían clara su decisión de permanecer viviendo en el casco urbano del municipio.

Las necesidades e intereses e incluso las instituciones con que cada grupo debe relacionarse son diferentes. Ello exige una revisión de la asociación, pues cada grupo requiere de su propia organización diferenciada. Por ahora se han ido definiendo varios grupos con organización particular formal o informal, manteniendo su vinculación con ASOPRODES. El futuro de la asociación lo irán definiendo los miembros según los intereses y circunstancias.

El equipo de asesoría y acompañamiento decidió, ante tal perspectiva, concentrarse en unas jornadas de reflexión sobre diversos temas con quienes, dentro de la asociación, se hubieran destacado por su participación activa en el trabajo y que representaran a cada una de estas soluciones, de manera que se consolidaran en su liderazgo y que tuvieran una mayor información sobre temas como las comunidades de paz, el derecho internacional humanitario, la planeación y la organización comunitaria.

El siguiente escrito muestra la actual situación de los desplazados, con el animo de contribuir a la orientación en las acciones que se puedan realizar posteriormente. En principio es necesario aclarar que la población de la cual se esta hablando, se ha dispersado en diversos grupos, según las opciones de vida que les ha sido posible tomar. A continuación se refiere a cada uno de los grupos.

El resultado del proceso de búsqueda y gestión de tierras con el INCORA el 31 de diciembre de 1997, se realizo la negociación de la finca El Quindío, en jurisdicción del municipio de Montería, en la inspección de Nueva Lucia. Allí fueron asignadas 61 familias, 60 de las cuales provienen del desplazamiento masivo de mayo del 96 y la otra proveniente de una experiencia diferente y que había estado residiendo en Montería. A la fecha se han realizado las siguientes gestiones:

-Las reuniones convocadas por los líderes del grupo han sido múltiples, para tomar decisiones de frente a las distintas exigencias institucionales. Otras reuniones han sido convocadas por el equipo para definir cuestiones que permitieran elaborar el proyecto de reasentamiento.

-La preparación de un proyecto de reasentamiento, que incluye la propuesta para vivienda provisional. Esta ultima realizada por un funcionario de la Consejería Presidencial para Desplazados.

Los factores de conflictos son varios en los que se conjugan no sólo las desconfianzas internas y el desconocimiento frente a situaciones novedosas de convivencia, sino algunas arbitrarias intervenciones de funcionarios y, sobre todo, la demora en la posibilidad de reinstalación.

Las familias solicitantes de tierra de las cuales veintidós fueron asignadas a la finca La Duda, junto con 78 más provenientes de distintos grupos que llegaron desplazados al municipio de Montería. En la gestión del proyecto y el proceso el equipo de la Javeriana y de ACPO no han participado, pues la asignación fue dada por cupos disponibles ante la capacidad de la finca.

Los reubicados en el casco urbano de Tierralta son cerca de 150 familias y han tomado la opción de quedarse a vivir y a trabajar allí, ante las dificultades, las condiciones, las restricciones y la lentitud de los procesos de reubicación en una zona rural, con el apoyo del INCORA.

La necesidad de vivienda aunque ha sido expresa desde el primer momento del desplazamiento, y por ello se creo un comité de trabajo, este sólo se ha ido consolidando en la medida en que se han concretando las soluciones de tierras para los grupos de Quindío y La Duda. Así, de manera más evidente, y a partir de los últimos meses del año 97, se han estado reuniendo de manera periódica un grupo numeroso de personas, para darle forma lentamente a una organización, con unos directivos que les representen. En una reunión de redefinición de tareas y de apoyo a la organización surgieron las siguientes actividades:

– Las familias individualmente aportan cuotas de $2.000 quincenales

– Las reuniones de información se realizan cada quince días.

– Los lotes apropiados en el casco urbano y costos de los mismos se estuvieron buscando y averiguando.

– La alcaldía se comprometió a ceder un lote frente al barrio Nuevo Oriente, garantizando la instalación de la red de servicios básicos y el levantamiento topográfico. Este compromiso esta por escrito en un acta de reuniones con el equipo de la Universidad Javeriana y de ACPO y también quedo registrado en una carta enviada a INURBE en Bogotá, para efectos de que esta entidad se interese por el proceso de construcción.

-Las familias han conseguido 600 estacas para delimitar los lotes individuales.

-Las familias han estado haciendo comunicaciones con INURBE, SERVIVIENDA, FEDEVIVIENDA, la Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura, entre otras, para solicitar apoyo en la construcción.

-Algunos han solicitado y ya se ha realizado el levantamiento topográfico del lote en conjunto por parte de la Secretaria de Obras Publicas y la de Planeación Municipal.

– Algunos han realizado rifas con participaciones de todos los interesados para conseguir fondos y, visitas a los solicitantes para verificar sus condiciones y necesidades.

La información con la que se cuenta recogida en estos formularios hace posible que se tenga una visión sociodemográfica de las familias que han tomado la opción de reubicarse en el casco urbano de Tierralta.

La Iglesia Latina, una iglesia evangélica, decidió buscar la solidaridad y recoger algunos fondos que fueron destinados a la compra de terrenos en la zona suburbana, en la vía que conduce a Urra, a raíz del desplazamiento masivo de mayo de 1996. Repartieron dichos terrenos en 60 lotes con miras a que las familias tuvieran un sitio donde ubicarse. Algunos recibieron un apoyo adicional para madera y tejas y así, paulatinamente fueron asentándose, en viviendas muy precarias sin ningún tipo de infraestructura de servicios. Los lotes no pueden ser vendidos y la donación se hizo a los niños.

Las 30 familias que residen actualmente allí, han ido organizándose alrededor de la cuestión religiosa, siendo cultos, las campañas evangelistas y la escuela dominical, las actividades comunitarias que realizan. Al mismo tiempo se han ido definiendo unas reglas de convivencia muy estrictas, frente a la cultura costeña, que prohíbe la realización de fiestas, el trago y la música. No se admiten personas que no sean cristianas, y que no asuman estos compromisos.

Las actividades de los hambres adultos se concentran en el jornaleo agrícola, que no es fijo y cuya demanda no es suficiente para la mano de obra disponible. Las mujeres por su parte en la mayor parte de los casos se dedican al hogar y a cuidar los niños y sólo algunas generan ingresos a través de la venta de comida.

Las veintinueve familias registradas, sólo en cinco la mujer es cabeza de hogar y la población menor de 15 años llega al 55% y a diferencia de la tendencia general, los hombres superan a las mujeres en cantidad.

La organización inicial que tenían los desplazados en Tierralta, a través de delegados veredales, se fueron conociendo experiencias diversas de organización en cada caso. Así fue como se conoció de la vivencia de las familias de Jerusalén y de su deseo por retornar en medio de grandes incertidumbres. Luego de varias reuniones para ir buscando caminos y apoyos que facilitaran ese proceso, se fue dando un retorno de familias de manera muy lenta. Una de las instancias convocadas fue la Prelatura del Alto Sinu y San Jorge, a cuya cabeza estaba Monseñor Vidal, y quien acepto acompañar la peregrinación a la vereda, que ha tenido una tradición católica. Esta celebración se realizo en el mes de septiembre de 1997 y en ella participaron desplazados de otras veredas.

Las gestiones que se realizaron, entre ellas estuvo la solicitud al municipio, para nombrar un maestro para la escuela y una promotora de salud, hechos que se dieron a principios de 1998 a la fecha están asistiendo 25 niños y niñas a la escuela, cuyo profesor es miembro de una de las familias de la vereda.

La gestión que realizo el Sr. Obispo, posteriormente se logro el apoyo de la Consejería Presidencial para desplazados, la cual dio un aporte de 60 millones de pesos para apoyar a los desplazados en Tierralta y Montelibano. De lo correspondiente a Tierralta, se asignaron cinco millones de pesos para las veredas de Jerusalén y Quimari. Como este dinero estaba coordinado por un sacerdote de la parroquia, un comité estuvo coordinando la gestión y distribución de estos recursos. Sin embargo, por falta de definición concertada en los criterios, surgió una crisis en la comunidad, pues esta comisión debía responder por los deudores de este aporte, los cuales optaron por seleccionar sólo a algunos vecinos.

La inconformidad y el conflicto allí surgido, se opto por hacer una reunión aclaratoria, en donde se decidió cubrir con recursos provenientes de la Fundación Social a las otras familias, de manera que la 41 registradas quedaran apoyadas de manera equitativa, por un aporte de $200.000 destinados a actividades agrícolas.

El mes de mayo del 98, el Ministerio de Agricultura informo que aprobaba una solicitud realizada apoyo en la seguridad alimentaria, por un valor de seis millones de pesos, y con la asistencia técnica de la UMATA municipal. Para efectos de decidir el uso de este aporte, se realizo una asamblea en la vereda, en donde se definieron algunos acuerdos y responsables.

La medida en que el proceso ha avanzado, otras familias que han subido a veredas cercanas han solicitado apoyo. Tal es el caso de la vereda de Bony. Pero por otra parte, la presencia de grupos paramilitares también ha retornado de manera reciente a estas veredas y se mantiene una actitud de expectativa frente a los sucesores próximos. Es impredecible el rumbo que tomen estos acontecimientos aunque se mantiene la esperanza de poder sostener el retorno, conservando la autonomía comunitaria y sin comprometerse con estos actores armados.

El acompañamiento a los retornados a Batata ha sido una actividad que ha quedado en manos de un sacerdote de la parroquia, debido por una parte a serias dificultades para la coordinación, dado el manejo de criterios de trabajo muy distintos, y por otra parte, por la cantidad y complejidad en el trabajo con los grupos ya mencionados, frente a los recursos humanos disponibles en el equipo de la Universidad y de ACPO. Sin embargo, se han recibido varias solicitudes de apoyo de algunos líderes de Batata, quienes han decidido organizar una Asociación de Desplazados autónoma, que les permita gestionar ellos mismos ante las entidades y buscar solucionar sus múltiples problemas. Están en tramite de adquirir personería jurídica y seria muy importante dentro de la posible continuidad del trabajo prestar asesoría suficiente a esta nueva dinámica organizativa.

Los desplazados por lo general, buscan parientes, compadres o conocidos en las capitales y cabeceras municipales, donde les ceden un rincón de la casa para dormir en hamacas o esteras. Otros ni siquiera tienen donde llegar. El 43% de los desplazados llegan a las capitales sin ayuda alguna, a engrosar los cinturones de miseria. La gran mayoría nunca regresa a su lugar de origen. Lo peor de todo es que ni siquiera saben por que perdieron sus tierras.

La descordinación institucional es evidente para la atención al desplazado según Jorge Rojas de CODHES, cada organismo del estado actúa por su lado y para solucionar cualquier problema prima el deseo de protagonismo. La atención es lánguida, por que el déficit fiscal ha obligado a restringir la inversión social; La ausencia de políticas que benefician a los desplazados es total por parte del estado, hasta ahora se le da un tratamiento coyuntural a un problema que se ha convertido en estructural.

La respuesta al conflicto ha sido hasta ahora coyuntural: El envío de mercados, asistencia de salud, medicamentos, ropa, y algunas carpas para los improvisados campamentos. Pero las condiciones de los desplazados son dramáticas y la poca ayuda recibida es transitoria.

Los desplazados ante la falta de garantía para su retorno, prefieren perderlo todo y no regresar. La reubicación en otro sitio es darle la razón a los desplazadores y permitirles que cumplan su objetivo monopolizando las mejores tierras. El gobierno, por su propia debilidad, no es ninguna garantía, y la comunidad internacional le ha expresado en numerosas oportunidades su preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos en el país; en la actualidad cursa un proyecto de la ley en el congreso que contempla la creación de una institución coordinadora del conflicto de los desplazados y esto sólo será posible con la participación y la presión del resto de la sociedad colombiana.

El programa de atención y apoyo al desplazado se concibe como el que debe brindar una primera orientación a la persona desplazada que llega a la ciudad. Esta orientación debe hacerse primero desde un sitio estratégico de información, ubicado en los que se han determinado, son los principales sitios de llegada de estas personas: Terminal de transporte, comisarías de familias, inspecciones de policía, cruz roja, personería, iglesias y centros de salud.

La información que se brinde aquí es fundamental pues es la que se le va a posibilitar al desplazado orientarse en un primer momento y determinar su rumbo, que puede ser el de quedarse en la ciudad o irse hacia otro lugar.

Los sitios de información para que funcionen es necesario en primera instancia hacer un filtro con las instituciones que reciben a las personas desplazadas para conocer su nivel de compromiso con el programa pues se requiere que ellas puedan destinar una o más personas para que se encarguen de dar la orientación necesaria. Una vez comprometidas las entidades se procederá a dar inducción, a través de una capacitación, al personal asignado pues es importante que ellas puedan hacer un diagnostico preliminar, además de tomar las datos iniciales. También se busca unificar ciertos criterios y que cada persona maneje la misma información sobre donde orientar o remitir a la población desplazada.

La persona si define que va a quedarse en la ciudad, se le brinda el apoyo a través de los centros de acogida y atención al migrante, que son lugares donde va a encontrar una orientación más cualificada y acorde con sus necesidades. Allí se le hace inicialmente una evaluación a través de un cuestionario que da cuenta del estado de sus necesidades, igualmente se determina cual es la causa de su desplazamiento y como se le puede apoyar de manera más cualificada. Sino tiene donde quedarse o no tiene los recursos para hacerlo se le remite al centro de migrantes, donde podrá permanecer durante un período de tres a cinco días y donde se les dará unas condiciones mínimas de sobrevivencia mientras se reubica o retorna su lugar de origen, si fuese el caso.

Los desplazados llegan a la ciudad con la esperanza de busca solución de vivienda y las necesidades básicas que en principios son atendidas por las instituciones pero esto sólo se descubre cuando ya están seguros de que son desplazados y para esta verificación esta el ministerio del interior, la personería y la red de solidaridad que es la que determina si son o no desplazados por las características y documentos que pueden encontrar, según las necesidades con las que llegan los desplazados, las diferentes entidades los organizan de acuerdo a las capacitaciones y apoyo que les pueden brindar como son:

El gobierno para la atención social de las familias ha establecido convenios y líneas de trabajo coordinado con cada una de las entidades distritales para la atención de las familias en esta primera fase de intervención. Esta se puede describir así:

El instituto apoya a la unidad de atención integral a través de los proyectos de prevención y protección, que se desarrolla en los 15 centros zonales dando prioridad a mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de 18 años. Estos proyectos son:

* Atención al menor de 7 años.

* Atención complementaria al escolar y al adolescente.

* Asistencia y asesoría a la familia.

* Protección especial.

* Atención extrajudicial al menor y a la familia.

* Vinculación a los niños a los programas de atención y nutrición en los hogares comunitarios y hogares familias.

* Asesoría psico-social.

Los desplazados son trasladados o remitidos al Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual es parte vital e importante en la atención humanitaria en las familias desplazadas en lo concerniente a las emergencias de protección, alimentos, colchonetas, kit de aseo baterías de cocina y también remisiones de urgencias en los centros de salud y hospitales. Este apoyo es por tres (3) meses consecutivos, el cual puede extenderse a tres (3) meses más si al desplazado no ha encontrado ninguna solución.

DESEPAZ es una de las primeras instituciones donde recurren los desplazados para buscar apoyo, ya que en estas se les brinda alojamiento dado por las diferentes fundaciones sin animo de lucro como son los centros de acogida y del migrante de la iglesia y otras instituciones, que son albergues transitorios. El cual es por tres (3) días reglamentarios, por que lo estipula el reglamento interno para la atención al desplazado.

El convenio suscrito de atención integral para las familias desplazadas que llegan a la ciudad, por un valor de ($200.000.000 ) dos mil millones de pesos, por un período de un año. El convenio contempla la atención medica y quirúrgica, la entrega de medicamentos y la atención psico-social. Cada grupo familiar es remitido por la unidad a la red adscrita de hospitales distritales, para su atención por un período de tres (3) meses.

La Secretaria de Salud en el marco del convenio efectuara el control y la supervisión de los recursos que aportara el ministerio de salud. Igualmente verificara la calidad de los servicios que prestaran las entidades de salud a la población de acuerdo a la ubicación por localidad.

ESTRATEGIAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

SOCIOECONÓMICA

El gobierno distrital actúa como apoyo al desarrollo de las políticas y planes del nivel nacional a través de la unidad de atención integral para procurar el desarrollo de proyectos productivos, de generación de ingresos, capacitación y organización social y de atención social a la población, brindando alternativas concretas para la superación de las condiciones sociales y económicas de los desplazados, permitiendo además una adaptación progresiva al medio de vida urbano en aquellos casos en que las familias no tengan otra alternativa que rebuscares en la ciudad, ya sea por que no se han superado las causas que ocasionaron los desplazamientos en la región expulsora o por que definitivamente no será posible una reubicación rural o urbana en otro sitio del país. En esta óptica la unidad de atención ha venido adelantando y consolidando procesos en la siguiente área:

La secretaria de Educación ofrece el servicio educativo a los niños desplazados en sus instituciones educativas, en cualquier momento del año, en los grados en que corresponda a su nivel académico y edad. A dado instrucción a los directivos docentes de las instituciones educativas del distrito para que matriculen a los niños desplazados, sin exigir, en el caso en que estos no puedan hacerlo, la presentación de los documentos que se requieren para realizar el proceso de matricula y también con total exoneración de costos es decir sin ningún valor.

La secretaria mediante circulación interna ha dado instrucciones a las instituciones educativas del distrito para que expidan las certificaciones académicas a los niños desplazados que no puedan presentarla, sobre grados cursados previamente. Estas certificaciones se expiden con base en resultados de pruebas académicas que se le aplican a los estudiantes (pruebas de validación), de acuerdo con los procedimientos establecidos por la secretaria de educación distrital para tal fin.

El SENA a través del programa de apoyo de sostenimiento para capacitación de alumnos dará prioridad en el acceso de los cursos de formación técnica a la población joven desplazada y diseñara y ejecutara programas especiales de capacitación para las mujeres desplazadas que propendan por su inserción laborar en las ciudades, a nivel de artes y oficios, modistería, entre otras.

* La población tendrá un acercamiento de una manera distinta, construir un espacio de trabajo terapéutico, analizar conjuntamente el problema y sus alternativas como población afectada, establecer prioridades con relación a sus necesidades más apremiantes, al igual que plantear propuestas de trabajo concreto desde el ámbito de lo individual y lo colectivo.

* El programa acciones para la convivencia del D.A.C.C. , a través del cual se inscribieron cinco (5) organizaciones de desplazados y dos (2) grupos de jóvenes que recibirían capacitación para desarrollar proyectos que promuevan y generen procesos de participación e integración comunitaria, los cuales serán financiados por el programa.

* El fomento y capacitación de las familias a nivel microempresarial direccionada a la constitución y conformación de empresas asociativas para el trabajo que tiene como fundamento obtener un recurso económico a largo plazo y grupal, el cual con el apoyo de la Cámara de Comercio.

LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE EN EL TEMA DE LOS DESPLAZADOS

La ley 387 de 1997 y considerando la magnitud del conflicto armado vivido en el departamento, se viene diseñando de manera concentrada el plan de acción para la prevención y atención al desplazamiento teniendo en cuenta la región como expulsora de población por el conflicto armado y receptora de otras regiones del país. Por lo cual se ha venido las causas, características propias de la región, el análisis poblacional, territorial y las acciones con los aliados estratégicos en el diseño de alternativas tanto de prevención, seguridad, atención humanitaria o restablecimiento.

Centro del Valle: Municipios de Tulúa, Buga, San Pedro, Andalucía, Sevilla y Bugalagrande. Se encuentran registradas en albergues 814 personas. En el municipio de Tulúa en su mayoría son pequeños productores dedicados a las actividades agropecuarias en sus minifundios, los restantes son administradores de fincas y jornaleros.

El desplazamiento se registra desde la zona rural de estos municipios, hacia el casco urbano, la ciudad de Cali y departamentos del eje cafetero.

Municipio de Cali: Esta registrado como receptor debido a la visión que se tiene sobre la ciudad, desde otras regiones, acerca de características como; desarrollo de la infraestructura, condiciones climáticas, culturales y étnicas. Situación que dispara aun más las tasas de desempleo. Los desplazados están ubicados en el Distrito de Aguablanca, Terrón Colorado, Silbé, Comuna 18 (barrio Lourdes), Barrio Obrero, Barrio el Calvario y Centro principalmente.

Buenaventura y zonas del Pacifico: Es valorado como receptor y expulsor recepciona población de los departamentos del Choco, Antioquia y del mismo Valle. Expulsor de su área rural y municipios aledaños del Anden Pacifico (reposo y carretera vieja), hacia el casco urbano, la ciudad de Cali y departamentos como Risaralda.

Zona rural de Jamundi y sur del Valle: Por presencia de actores armados se genero el desplazamiento masivo el año anterior, hacia el municipio de Jamundí de 1500 familias, para lo cual se vienen planteando propuestas de PAZ cotidiana y restablecimiento.

El departamento del Valle cuenta con dos centros de atención transitorios para la ubicación de los desplazados que son:

* CAT's CALI: se están ubicando los lotes en coordinación con la alcaldía.

* CAT's SEVILLA: se adelanto por parte de la gerencia los tramites para definir el predio.

La instalación de mesas en el departamento del Valle se dio así: una mesa departamental (1), municipales (4), Buga, Tulúa, Sevilla y Cali; a través de las cuales se inicia el trabajo de organización de la comunidad, agendas de trabajo permanente, identificación de grupos poblacionales, grupo de interés y alternativas de solución a las diferentes situaciones.

Las alternativas se plantearon, como espacios permanentes de interlocución con las familias desplazadas, las entidades en la oportunidad y tipo de atención. Se identificaron acciones a seguir de acuerdo a la evaluación y conclusiones, así como, elección de representantes, mecanismos y información acerca de la política nacional, metas, estrategias.

Las diferentes propuestas han sido evaluadas y presentadas para el retorno a la entidad, concluyéndose, que no existen actualmente condiciones de seguridad para que la comunidad regrese a sus predios generando proyectos productivos.

Las mesas permanente de trabajo se han identificado alternativas de paz cotidiana, seguridad y seguridad alimentaria. A la vez se adelantan de tiempo atrás, propuestas de restablecimiento en los municipios de Trujillo, Buenaventura, Jamundí y Repatriados.

Los casos especiales, como el municipio de Sevilla y Ceilán, donde los desplazados laboran en el día en sus parcelas y regresan a dormir al casco urbano, siendo necesario trabajar el tema de seguridad y plantear su solicitud de subsidio de transporte.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Las metas y políticas trazadas por el gobierno nacional, la gerencia de la red, la oficina de la primera dama del departamento, a través del comité departamental y en coordinación con la fundación Valle en Paz, de manera concertada y tendiente a reforzar las propuestas que se vienen diseñando plantean:

Una primera fase, tendiente a trabajar directamente con las comunidades en la construcción de tejido social y proyectos de restablecimientos.

Una segunda para los proyectos productivos, condiciones de seguridad para el retorno o la ubicación, de la población desplazada que se encuentra en albergues, así como aquellos que se encuentran en posición de resistencia.

Los casos de nuevos desplazamientos y restablecimiento para estos se plantea:

A. Registro y orientación, buscando sean ubicados en primera instancia donde familiares o amigos.

B. Esquema de adopción por familia, cuando no es posible la anterior.

C. Remisión a los CAT's, donde la atención se dará por tres meses prorrogables a seis, mientras se define el restablecimiento, esto cuando no es posible alguna de las dos anteriores.

APOYO A PROCESO DE RETORNO Y REUBICACIÓN

La unidad de atención integral apoya las acciones que en esta línea se requieren para posibilitar el retorno y la renunciación de las familias desplazadas. Dicho apoyo se refiere a destinación de recursos para la provisión de pasajes terrestres a través de la oficina de atención al migrante en riesgo que depende del departamento Administrativo de bienestar social y los recursos propios de la unidad, los cuales aseguran además el transporte de los enseres de las familias. Por su parte la Red de solidaridad social, verifica las condiciones de seguridad de la zona destino, aporta recursos económicos para el viaje y un mercado por cada familia. Coordina con la correspondiente delegación Red para iniciar su proceso de acompañamiento en la estabilización socioeconómica de los mismos.

La unidad de atención integral canaliza las solicitudes de retorno o reubicación individual o grupal que a través de esta se presente y coordina con la Delegación Bogotá, para que proceda de acuerdo a la ley.

La participación de las entidades del nivel nacional es prioritaria en la tarea mancomunada de desarrollo de estos procesos, aquí entran a participar el SENA, el Ministerio de Trabajo, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe, el fondo Nacional para la Atención a la Población Desplazada, el Ministerio de salud, el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Agricultura, el INCORA, entre otros.