El drama humano de los desplazados en el conflicto armado colombiano (página 5)

En cuanto a la composición etérea, el SEFC estima que de las 60.341 personas de las que se conoce su edad, el 46% es menor de 18 años (véase cuadro 11). En resumen, y extrapolando las cifras de menores de 18 años y el porcentaje de mujeres al universo de la estimación, 128.843 personas, se estima que el 71% de la población desplazada (91.968 personas) corresponde a mujeres y menores de 18 años.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

En cuanto a minorías étnicas, de las 53.280 personas sobre las que se conoce su etnia, se estima que el 19% corresponde a población afrocolombiana y el 3% a población indígena (Véanse cuadros 12 y 13)

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

El 53% de las personas desplazadas tiene que migrar a causa de amenazas generalizadas, el 19.42% por enfrentamientos armados, el 14.80% por masacres, el 5.2% toma de municipios, el 3.43% por amenazas especificas, el 1% por ataques indiscriminados y menos del 1% por mas de una de las causas anteriores. Visto por eventos, el 50% de los eventos de desplazamiento se produce por amenaza generalizada, el 29% por amenaza especifica, el 8.81% por enfrentamiento armado, el 7.09% por masacres, el 2.50% por la toma de municipios y el 1.44% por ataques indiscriminados a la población (véanse cuadro 14 y Gráfica 2).

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Gráfico 18. Factores predominantes de los desplazamientos

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Gráfico 19.Promedio de personas desplazadas según autor que realizo la acción armada en 2000

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Respecto a los autores de los desplazamientos, los datos consolidados muestran que el 58% de los desplazamientos es causado por los grupos de autodefensas, el 11.26% por las guerrillas, el 0.13% por agentes armados del Estado y el 30.15% por mas de uno de los actores armados. Estas cifras muestran que la acción de las autodefensas causa mas de la mitad de los desplazamientos.

El análisis de la información por eventos de desplazamiento muestra que el 43% de los eventos de desplazamiento ser produce por acción de guerrilla, el 34% por acción de los grupos agentes armados del Estado (véanse cuadro 15 y Gráfica 3).

Estas cifras permiten ver que si bien los grupos guerrilleros acuden con mas frecuencia al desplazamiento de población no armada como estrategia para desocupar poblaciones y avanzar en el control territorial, las acciones de los grupos de autodefensas parecen tener un nivel de incidencia mas alto en tanto desplazan mayor numero de personas. Mientras en las acciones de la guerrilla se desplazan, en promedio, 24 personas, en acciones de los grupos de autodefensas se desplazan 154 personas.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Gráfica 20. Presuntos autores de desplazamiento en 2000

Fuente: Red de Solidaridad Social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas SEFC

Finalmente, el SEFC permite estimar que un enfrentamiento armado desplaza, en promedio, a 185 personas, en una toma, a 176 personas; una masacre, a 175 una amenaza generalizada, a 89 personas, un ataque indiscriminado, a 52 personas; y una amenaza especifica, a 10 personas (véanse cuadros 16 y 17 y Mapa 4).

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Gráfico 21. Causas de los desplazamientos por tipo de acción y por eventos en 2000

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

Gráfico 22. Promedio de personas desplazadas según autor que realizo la acción armada en 2000.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes Contrastadas ?SEFC.

El SEFC estima que en el año 2000 retomaron 47.338 personas que integraban 9.62 hogares. En total se estima que se presentaron 231 retornos en 138 municipios, correspondientes a 29 departamentos. Así mismo, el SEFC estima que tuvieron lugar 51 renunciaciones en 43 municipios, correspondientes a 20 departamentos, con un total de 2.835 personas pertenecientes a 675 hogares (véanse mapas 5 y 6).

CAPÍTULO 6

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DESPLAZADOS

Las violaciones del Derecho Internacional Humanitario no son conceptos abstractos en Colombia, sino la cruda realidad de la vida diaria. La guerra irrumpe en las actividades cotidianas de una finca, una aldea, una iglesia, un autobús público o una escuela al ritmo de la llegada de combatientes armados por un sendero o en un vehículo todo terreno. A veces, los hombres armados eligen con cuidado a sus víctimas en listas. Otras, asesinan sencillamente a los que tienen más a mano, para sembrar terror. De hecho, la disposición a cometer atrocidades es una de las características más estremecedoras de la guerra Colombiana.

Las comunidades arrastradas han intentado negociar acuerdos locales con combatientes para proteger sus vidas. No obstante, ninguna de las partes en conflicto ha respetado esa decisión, lo que demuestra lo difícil que es cambiar la conducta de estos grupos en la práctica. Las negociaciones de paz han estado condenadas al fracaso debido sobre todo a que no se plantean asuntos fundamentales, como la impunidad por las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ni el cese al fuego, ni el fin de ataques a la población civil.

Colombia expone las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de tres instituciones del Estado: el Ejército de Colombia, la Policía Nacional y las CONVIVIR. (Aún en duda si originaron los grupos paramilitares).

Las organizaciones internacionales, incluso las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido repetidas veces recomendaciones detalladas al gobierno de Colombia para mejorar la protección de los Derechos Humanos, combatir la impunidad, mejorar las condiciones humanas de detención a muchas personas acusadas o condenadas por terrorismo o rebelión, pues, en general, las condiciones son nefastas, especialmente para las personas que el Estado considera miembros de medio o bajo rango de las organizaciones insurgentes. Mientras que es posible que los líderes encarcelados estén albergados en lugares muy cómodos dentro de centros de máxima seguridad y reciban los alimentos y las medicinas que quieran, los presos de las bases de estas organizaciones viven en bloques de celdas sumamente hacinados donde los actos de violencia son habituales y existe una carencia crónica de alimentos, agua y atención médica.

INFRACCIONES GRAVES AL DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO

• Ataques contra la vida, la integridad física o moral y la supervivencia de las personas protegidas.
• Reclutamiento de menores.
• Homicidio intencional.
• Juicios sumarios.
• Tortura y tratos crueles e inhumanos.
• Atentados contra el personal sanitario y religioso.
• Desaparición forzada.
• Uso de medios y métodos de combate prohibidos.
• Ataques contra la población civil.
• Actos terroristas.
• Usar a la población civil como escudo.
• Armas prohibidas
• Ataques indiscriminados.
• Perfidia
• Ataques fuera de combate.
• Ordenar que no haya sobrevivientes.
• Desplazamiento forzado.
• Hacer padecer que hambre a la población.
• Toma de rehenes.
• Secuestro.
• Bienes protegidos.
• Bienes civiles.
• Bienes sanitarios.
• Bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.
• Pillaje.
• Ataques a instalaciones que contengan fuerzas peligrosas.

VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN NACIONAL

NORMATIVIDAD

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

ART. 18 DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

ART. 22 DERECHO A LA PAZ

ART. 24 DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION

ART. 40 DERECHO AL VOTO

CODIGO PENAL COLOMBIANO

ART. 186 CONCIERTO PARA DELINQUIR

ART. 187 TERRORISMO

ART. 192 PERTURBACION SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO U OFICIAL

ART. 40 DERECHO AL VOTO

ART. 248 PERTURBACION ELECTORAL

ART. 249 CONSTREÑIMIENTO AL ELECTOR

ART. 293 VIOLACION DEL DERECHO POLITICO ENTRE OTROS

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERCHOS HUMANOS

ART. 13 LIBERTAD DE CIRCULACION

ART. 21 Numeral 1 y 3 PARTICIPACION DEMOCRATICA

PROTOCOLO II

ART. 4 Numeral 2, Literal d (ACTOS DE TERRORISMO)

ART. 4 Numeral 2, Literal h (AMENAZAS)

ART. 4 Numeral 2, (PROHIBE LAS AMENAZAS DE VIOLENCIA CUYA FINALIDAD SEA ATEMORIZAR A LA POBLACION CIVIL), entre otros.

El tipo de violaciones cometidas por el Ejército varían en función de la región y la unidad. En el oriente de Colombia, donde los paramilitares son una fuerza débil o que todavía no han avanzado lo suficiente, el Ejército está implicado directamente en el asesinato, tortura o amenazas a personas que no participan directamente en las hostilidades o de combatientes que se han rendido o han sido capturados, en condiciones calificadas por los Convenios de Ginebra como horas de combate (fuera de combate). En el resto del país, donde los paramilitares tienen una presencia destacada, el Ejército no adopta medidas contra ellos y tolera sus actividades, entre ellas graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario; suministra información de inteligencia a los grupos paramilitares para que lleven a cabo sus operaciones; y en otros casos promueve y se coordina activamente con las unidades paramilitares y participa en maniobras conjuntas con ellos que suelen resultar en Cundinamarca. Las unidades de las AUC suelen operar en coordinación directa con las fuerzas de seguridad Colombianas, las AUC también actúan de manera independiente y cuentan con su propia estructura de mando, fuentes de suministro de armas y provisiones y planificación de operaciones.

El líder de las AUC, Carlos Castaño ha declarado reiteradamente su voluntad de comprometer a sus fuerzas a que respeten el Derecho Internacional Humanitario, lo cual si se pone en práctica, supondría un avance en la protección de la vida humana. Sin embargo, Castaño también ha afirmado que las características de la guerra Colombiana (con muchos combatientes sin uniforme ni identificación) hacen que las normas estrictas sean difíciles si no imposibles de aplicar. En cambio, ha defendido una versión "criolla" del Derecho Internacional Humanitario, que es incompatible con un principio esencial de este derecho: la protección de los combatientes rendidos, capturados o que de cualquier manera se encuentran en un estado de indefensión.

La Policía Nacional también ha incorporado el tema de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a su discurso oficial, y realiza capacitaciones periódicas sobre estas normas internacionales a sus agentes. En general, los mandos policiales prestan más atención que los militares a los informes sobre abusos cometidos por sus subordinados y están más dispuestos a iniciar investigaciones sobre estos hechos. En varias ocasiones, la Policía ha calificado públicamente a comunidades enteras de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla y retira la protección policial, una violación de su responsabilidad de proteger a los civiles en situaciones de peligro de conformidad con el derecho Colombiano e internacional. En lugar de reforzar la presencia policial tras los ataques de la guerrilla, los mandos policiales retiran a los agentes, promoviendo o permitiendo de este modo que los paramilitares circulen libremente en la zona y asesinen a civiles.

Las CONVIVIR están autorizadas por el gobierno y dirigidas por civiles que presuntamente practican la autodefensa y constituyen una red de respuesta rápida contra los ataques de la guerrilla. Sin embargo, varias CONVIVIR han participado directamente en las hostilidades, han atacado a la guerrilla y han colaborado estrechamente en operaciones militares y policiales. Las CONVIVIR desdibujan peligrosamente la línea divisoria entre civiles y combatientes, lo que expone a los civiles al riesgo de ataque. Además, el gobierno hasta ahora no ha supervisado ni controlado eficazmente a las CONVIVIR, y algunas de ellas han asesinado o amenazado de muerte a civiles.

Las FARC, la más grande guerrilla Colombiana, intenta adaptar sus métodos de lucha a las normas internacionales cuando consideran que existe un beneficio político, exhiben su respeto al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, en decenas de otros casos donde no existe un beneficio claro, violan flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario. Entre las violaciones documentadas se encuentran masacres y asesinatos planificados de civiles, asesinato de combatientes fuera de combate, tortura, toma de rehenes, pillaje y ataques a objetivos sin carácter militar como ambulancias. Una y otra vez, las FARC niegan su participación en este tipo de violaciones incluso cuando la prueba de su responsabilidad es contundente.

La UC-ELN (Unión Camilista del Ejercito de Liberación Nacional) fue uno de los primeros grupos insurgentes de Colombia que inició un debate interno sobre el Derecho Internacional Humanitario. Incluso cuando Colombia no quiso adoptar el Protocolo II, la UC-ELN reclamó negociaciones con el fin de "humanizar" el conflicto político. Sin embargo, ésta apertura a la negociación todavía no se ha reflejado en su conducta real. De hecho, la UC-ELN cuestiona enérgicamente los conceptos del Derecho Internacional Humanitario, a veces para justificar tácticas que constituyen claras violaciones y en la práctica demuestra un desdén claro por estas normas. Además, la UC-ELN viola la prohibición de atacar objetivos sin carácter militar mediante la colocación sistemática de explosivos en los oleoductos Colombianos con el fin de extorsionar a las compañías petroleras y demostrar sus objetivos políticos.

El EPL informó que respeta el Derecho Internacional Humanitario, con ciertas excepciones. Por ejemplo, permite que sus fuerzas ejecuten a personas que participan en grupos paramilitares. Dichas excepciones confirman que en los hechos cometen asesinatos políticos que los disfraza de juicios, más el asesinato de familiares de desertores de la guerrilla y de combatientes fuera de combate, la toma de rehenes y los ataques a objetivos sin carácter militar, como los autobuses públicos.

Todas las fuerzas en contienda en Colombia provocan desplazamientos y reclutan niños menores de quince años, sin importar en lo absoluto lo dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario. Actualmente, más de un millón y medio de Colombianos han sido desplazados por la violencia. Dentro de las causas principales del desplazamiento forzado están las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El desplazamiento forzado suele ser el resultado de ataques indiscriminados, el terror causado por las masacres, los asesinatos selectivos, la tortura y las amenazas.