La tortura y crimen de lesa humanidad (página 4)

Se encuentran completamente acreditados en la investigación judicial llevada a cabo por la Magistrado Lermanda, constando en el proceso innumerables piezas probatorias entre las que destacan las pericias forenses realizadas por el Servicio Médico Legal, que concluyen de manera indubitada el daño causado como consecuencia directa e inmediata por la aplicación de tormentos.

Procesado por:

Asesinato de José Bordaz Paz.

Terrise Castro Andrés

Agente DINA

Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil.

Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Townley Michael

Civil DINA

Agente mundialmente conocido y procesado en USA por el asesinato de Orlando Letelier y Ronny Moffit. Experto en explosivos y radio. "Me puso una radio y explosivos en el cuerpo para sacarme a la calle" relata Emilio Irribarren en una de sus declaraciones.

Trujillo Miranda Otto Silvio

Empleado Civil, FACH

Agente Comando Conjunto

Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC y le salvaría la vida en una disputa entre este organismo y la DINA cuando, junto a Carol Flores y Guillermo Bratti, entregaron información a los hombres de Contreras.

Desde antes del golpe de Estado pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), luego fue llamado por Fuentes Morrison para que formara parte del equipo de seguridad del Ministerio de Agricultura y del CC.

El Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y el término del año 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión al Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas.

El Comando Conjunto estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y contó con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes de Patria y Libertad. (Ver pág. 77)

Está en la nómina de los procesados por Carlos Cerda y en los procesos abiertos por la desaparición de

Desaparición de Alonso Fernando Gahona Chávez (8 Septiembre 1975).

Víctor Vega.

Violador y torturador en Punta Arenas.

Uribe Gómez, María Alicia

Agente DINA. Ex militante del MIR conocida como Carola. Alias: "Gloria Vilches".

Luz Arce declara: En julio de 1975, la "Flaca Alejandra", "Carola" y Luz Arce, comenzaron a vivir en la torre 12 de la Remodelación San Borja. Allí vivió la testigo hasta 1977, cuando Manuel Contreras fue obligado a dejar la DINA y Odlanier Mena, el nuevo director, le pidió el departamento.

"Wenderoth pasaba a buscarnos alrededor de las 7:30 de la mañanas Llegábamos a Villa Grimaldi como a las 8 y permanecíamos allí hasta las 17:30 horas, cuando nos llevaban de regreso al departamento. No nos atrevíamos ni siquiera a abrir la puerta. Menos pensábamos en arrancarnos, sobre todo, después que lleve a vivir a mi hijo conmigo".

"Esto me creó problemas con 'Carola', quien no quería que viviera un niño. Ella habló con Pedro Espinoza y finalmente la trasladaron a otro departamento, ubicado en calle Estado con Huérfanos, en los altos del cine Astor, también de propiedad de la DINA".

"En marzo de 1976, me trasladaron de Villa Grimaldi al cuartel general. A la 'Flaca Alejandra' y 'Carola' las trasladaron a fines de marzo. Carola, como secretaria de Pedro Espinoza y "La Flaca Alejandra" quedo en la misma subdirección donde estaba yo, pero después empezo a trabajar con Raúl Iturriaga Neumann".

Para los agentes de la DINA Luz Arce era "Ana María Vergara", Marcia Merino es "Marta Vergara" y María Alicia Uribe es "Gloria Vilches".

Para Rolf Wenderoth la inteligencia de Luz Arce le permitió avanzar en su trabajo, para el oficial Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y otros oficiales de la DINA la vitalidad de Marcia Merino era inigualable y para Pedro Espinoza, la capacidad como analista política de "Gloria" o "Carola" era insuperable.

Dos vidas contrapuestas que no se pueden conciliar. Luz Arce se decidió y optó por romper con esa esquizofrénica división. Marcia Merino deambulaba intentando alcanzar un mínimo equilibrio y Marcia Uribe, o "Gloria!", o "Carola", ¿recordará su verdadero nombre desde que en 1979 cambió su apellido?, sigue aferrada a una opción: la de la nueva lealtad. En su testimonio judicial, Marcia Merino subraya que fue "obligada a entregar compañeros de partido cuando estuve en Londres 38.

"Como lo indique anteriormente, fueron: Maria Angélica Andreoli, Muriel Dockendorf, Liliana Maldonado y Adriana Urrutia. En José Domingo Cañas me obligaron a ir a un punto de contacto y entregue a la 'Carola', cuyo nombre es Maria Alicia Gómez. En Villa Grimaldi no recuerdo haber salido a ubicar personas, como tampoco realice interrogatorios ni los presencie. Solo escuchaba gritos, lamentos, quejidos de personas que eran torturadas, pero desconozco con que elementos se hacia. No se tampoco si ello ocurría en forma diaria o en ocasiones, ya que perdí la noción del tiempo".

Sobre la 'Carola y la Luz, ignoro si ellas lo hicieron o presenciaron los interrogatorios".Por el secuestro de la periodista Diana Arón, el ministro Alejandro Solís condenó en mayo de 2004 a quince años de prisión al ex jefe de la DINA, General (R) Manuel Contreras y al coronel (R) Miguel Krassnoff. El brigadier (R) Pedro Espinoza, el coronel (R) Marcelo Morén Brito, y el agente y torturador Osvaldo Romo fueron condenados a diez años de cárcel por el mismo delito, que tuvo lugar hace 30 años, el 18 de noviembre de 1974.

En la clandestinidad, Diana Aron cumplía tareas de propaganda e informaciones en la Resistencia a la dictadura. Para que no escribiera más, para que no luchara y no pudiera tener el hijo que esperaba, – ya que tenía un embarazo de meses para la detención- , la profesional mirista fue detenida y baleada por la espalda mientras caminaba por la avenida Ossa.

En diciembre del año 2002, Luis Muñoz, viajó desde Inglaterra –donde había formado parte del llamado "Piquete de Londres" durante la detención de Pinochet – a carearse con Krassnoff en el Octavo Juzgado del Crimen, en Santiago. El oficial responsable de la represión al MIR, a través de la Brigada Águila y los grupos Halcón y Tucán, intentó entonces desconocer su rol de torturador en jefe. Pero su responsabilidad fue acreditada a través de estremecedores careos con decenas de sobrevivientes de Villa Grimaldi que dieron testimonio ante la jueza. Diana había sido reconocida en la calle por "Carola", María Alicia.

Villa Urrutia Eugenio

Civil. Procesados por ejecuciones y desapariciones en Quilaco de:

José Felidor Pinto Pinto,

Luis Alberto Cid Cid,

Luis Alberto Bastias Sandoval,

Raimundo Salazar Muñoz,

Cristino Humberto Cid Fuentealba,

Gabriel José Viveros Flores (Entre Septiembre y Noviembre de 1973).

Valdivia Dames José

Civil. Participa en detención y desaparecimiento de campesinos de Santa Bárbara:

Manuel Salamanca Mella,

Miguel Cuevas Pincheira,

Julio César Godoy Godoy,

Luis Desiderio Aguilera Solís,

José Domingo, José Nazario y

José Mariano Godoy Acuña. (20 Septiembre 1973)

Zúñiga Canales Fernando Patricio

FACH. Empleado Civil. C. Conjunto

Alias "Chirola". Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA.

En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda, entre ellos Víctor Cárdenas, Carlos Durán, Luis Maturana, Humberto Castro y David Urrutia.

También está presente en la ejecución de Bratti y Flores. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los '90.

Fue procesado por el ministro Cerda y hoy aparece en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Asesinato de José Bordaz Paz.

Desaparición de Alonso Fernando Gahona Chávez (8 Septiembre 1975).

Desaparición de David Edison Urrutia Galaz.. "Comando Conjunto". (20 Diciembre 1975).

Procesado por los delitos de tortura, secuestro y asociación ilícita, cometidos por este grupo predecesor del Comando Conjunto, se encuentran completamente acreditados en la investigación judicial llevada a cabo por la Magistrado Lermanda, constando en el proceso innumerables piezas probatorias entre las que destacan; Las pericias forenses realizadas por el Servicio Médico Legal, que concluyen de manera indubitada el daño causado como consecuencia directa e inmediata por la aplicación de tormentos.

Además por testimonios, declaraciones indagatorias y careos, de manera que es inminente la petición de auto de procesamiento que demostrarán la continuidad delictiva desde el nefasto 1973 a la fecha, de este siniestro grupo represor.

Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Los Colaboradores: La prensa

Arroyo Kuhn Julio

Corresponsal de El Mercurio y Las Últimas Noticias. Escribió sobre el Plan Zeta

El Plan Zeta, un tosco montaje de inteligencia orientado a justificar las primeras matanzas de la dictadura, buscaba instalar en la traumatizada opinión pública la noción de que las FF. AA. no tuvieron más opción que tomar el poder para neutralizar un "siniestro plan" de las "hordas marxistas" para "descabezar" a sus altos mandos y asesinar a lo más granado de la sociedad de la época.

El primer antecedente del Plan Zeta, el 17 de septiembre de 1973, fue su filtración por el servicio de inteligencia de la Armada al corresponsal en Concepción de los diarios El Mercurio y Las Ultimas Noticias, Julio Arroyo Kuhn, la cual fue difundida en los siguientes términos:

"Un plan destinado a decapitar la cúpula militar y eliminar a la oposición al gobierno de Allende, fue descubierto al parecer en los archivos del Palacio Presidencial, se informó en buena fuente".

El Mercurio montó la siguiente versión:

"El descerrajamiento de la caja fuerte de la Subsecretaría del Interior dejó al descubierto el minucioso plan elaborado para que se cumpliera el 17 de septiembre, a fin de asesinar simultáneamente a los jefes de las Fuerzas Armadas, políticos de oposición, periodistas y profesionales que discreparan con el gobierno depuesto".

A partir de ese instante, El Mercurio se dio a la tarea de publicar informaciones acerca de profusos hallazgos de arsenales que brotaban como callampas, de allanamientos a ubicuas escuelas de guerrillas cuyos integrantes nunca combatieron y planes de degollinas contra miembros de las Fuerzas Armadas, que invariablemente los extremistas habían tenido a bien olvidar en gavetas y cajones de sus oficinas, así como robos, desfalcos e irregularidades de todo tipo que habrían perpetrado los funcionarios del gobierno depuesto, bajo titulares como los siguientes:

"Comunistas y socialistas serían los ejecutores: 600 familias iban a ser asesinadas en Concepción";

"Marxistas Proyectaban la Destrucción de Limache";

"Planes Siniestros Alentaban Marxistas en Zona Salitrera";

"Otra Escuela de Guerrillas se Descubrió en Nueva Imperial",

La memoria histórica no debe olvidar que las ejecuciones sumarias de militantes y simpatizantes de partidos de izquierda en los sangrientos albores de la dictadura tuvieron como pretexto su supuesta participación en el Plan Zeta, y que El Mercurio prestó la coartada con titulares e informaciones como las descritas.

Carneyro Mario

Director, La Segunda

Acerca de los Detenidos Desaparecidos. Título de la primera plana, el 9 de diciembre de 1976:

"Nueva Felonía Marxista Ante los Tribunales: No hay Tales "Desaparecidos".

"Descifrada Infamia de los "Desaparecidos": Comunistas Viajaron al Exterior haciendo Dedo",

"Una nueva felonía de los marxistas ha quedado en evidencia luego que el Ministro Guastavino cerrara definitivamente el sumario que ordenó instruir la Corte Suprema, por el presunto desaparecimiento de ocho personas. El magistrado, en su amplia investigación estableció con acopio de antecedentes que los presuntos desaparecidos salieron del país hacia territorio argentino con toda su documentación y en algunos casos, a falta de medios de locomoción colectiva, hicieron dedo, aprovechándose de la buena voluntad de los automovilistas.

La campaña de los marxistas contra el régimen del Presidente Pinochet no descansa. Con tal de empañar la imagen de nuestros gobernantes son capaces de las peores felonías, como la descubierta por el ministro Guastavino. No podían permanecer no sólo trabajando en la clandestinidad contra todos los chilenos que aman la libertad y tranquilidad lograda en los tres años de gobierno, sino que además planearon otra infamia: pedir a los tribunales de justicia la designación de un ministro en visita para que investigara el desaparecimiento de ocho dirigentes sindicales, en su mayoría de filiación comunista".

Díaz Palma Fernando

Periodista, La Tercera

Acerca de los Detenidos Desaparecidos.

El 10 de febrero de 1977, la crónica de La Tercera, consignó, bajo el título:

""Desaparecidos" Se fueron en Tren, Camiones y a Dedo",

"el informe entregado recientemente por el magistrado Aldo Guastavino, expresa que estos salieron del país con toda su documentación oficial, y señala, además, que varios de ellos lo hicieron utilizando el viejo sistema del "auto-stop", es decir, gracias a la buena voluntad de los automovilistas".

Fontaine Aldunate Arturo

Subdirector, El Mercurio

Premio Nacional de Periodismo 1975 y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Santo Tomás, donde tiene a su cargo la formación de nuevos contingentes del periodismo nacional.

Secuestros del Comando Conjunto

Con el secuestro de Armando Portilla, el 9 de diciembre de 1976, integrantes del Comando Conjunto iniciaron una batida contra la tercera dirección clandestina del Partido Comunista. La criminal arremetida prosiguió los días 13 de diciembre, con el secuestro de Luis Fernando Navarro Allendes; 15 de diciembre, cuando, en distintas horas y circunstancias, fueron secuestrados Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander, Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina y Reinalda Pereira Plaza, y 18 de diciembre, con el secuestro de Lisandro Cruz Díaz, para terminar el día 20 de diciembre con el secuestro de Edras Pinto Arroyo.

Todos están desaparecidos, sin perjuicio de que el informe de las FF. AA. a la Mesa de Diálogo consigne que en la Cuesta Barriga habrían sido inhumados Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro y Fernando Ortiz.

Los tribunales rechazaron los recursos de amparo sin más trámite que oficiar al ministro del Interior, general César Raúl Benavides, y a las direcciones de inteligencia de las FF.AA., que por cierto negaron la detención y conocimiento de cualquier antecedente de los amparados.

La angustia de los familiares queda retratada en un escrito presentado en febrero de 1977: "Destacamos a V.S. nuestra enorme inquietud por la suerte corrida por nuestros familiares, habida consideración al largo período que ya llevan privados de libertad, y a la circunstancia que sus detenciones no han sido oficialmente reconocidas, inquietud ésta que se acrecienta frente a la increíble pasividad e indiferencia que han mostrado las autoridades y funcionarios públicos a quienes la ley ha entregado la función de velar por la seguridad de las personas".

La dictadura respondió a este clamor con uno de sus canallescos montajes, consistente en la falsificación de las hojas de ruta del paso fronterizo Los Libertadores, con el fin de convencer a la opinión pública que los desaparecidos habían abandonado el país rumbo a Argentina.

Ese solo antecedente bastó para que el Ministro en Visita, Aldo Guastavino, sobreseyera la causa, sin siquiera haber dado por ocurridos los hechos. Para instalar esa estratagema como "verdad oficial" los autores materiales e intelectuales de los secuestros se valieron de la colaboración de la siempre bien dispuesta y servicial prensa uniformada.

El 10 de febrero de 1977, bajo el título "Se Cerró Investigación de los Desaparecidos", la crónica del diario El Mercurio señaló: "El Ministro en Visita, Aldo Guastavino, cerró el sumario el lunes pasado, después de declarar agotada la investigación. El Ministro Guastavino había oficiado al Ministro del Interior solicitando los antecedentes de las ocho personas presuntamente desaparecidas, y recibió de esa Secretaría de Estado un oficio que adjuntaba copias de los certificados de viaje expedidos por Extranjería de la Policía Civil, en que consta la salida al país de esas personas".

"La Policía Internacional de Los Libertadores confirmó con documentación el paso hacia Argentina de las ocho personas presuntivamente (sic) desaparecidas, cuya situación estudió el Ministro Guastavino. Por su parte, el Servicio de Migración de Argentina, por intermedio del Jefe de la Avanzada Las Cuevas, dijo a El Mercurio que la documentación que registra el ingreso de cualquier persona a territorio argentino es enviada a Buenos Aires, a los archivos de la Dirección Nacional de Migración. El Jefe del Servicio de Mendoza, Juan Cortés, en conversación telefónica con este enviado especial, dijo que hay una demora de dos años en los archivos: "Creemos que puede demorar un poco cualquier comprobación del ingreso a Argentina de cualquier persona".

Garrido Mercedes

Periodista de La Segunda. El 24 de julio de 1975, publicó un titular ya clásico en los anales de abyección:

"Exterminan Como Ratas a Miristas".

Luego, en crónica del 29 de julio, arremetió contra el Comité de Cooperación por la Paz, que había presentado recursos de amparo por esas 119 personas y había publicado una inserción que alertaba sobre "la extrema gravedad que encierra que un sector de la prensa nacional retransmita en forma sensacionalista noticias emanadas de un semanario y diario extranjeros, escasamente conocidos, que se refieren a la presunta muerte de un alto número de chilenos en el extranjero, sin señalar fuentes de organismos competentes".

En la crónica firmada por Antonio Salgado, titulada:

"Comité de Cooperación Para la Paz Recurre de Amparo en Favor de los Muertos",

"el comité mencionado se pretende erigir en orientador de la prensa nacional. De señalarle el camino que debe seguir. Olvidando acaso aquella reunión de hace unos meses cuando un alto dignatario de la Iglesia Católica les hizo presente que era necesario disolver ese comité por no ser necesario a estas alturas. Y obviando de paso la situación poco confortable que dentro de los luteranos chilenos tiene el Obispo Helmut Frenz, uno de los activadores de la citada institución".

Director del diario era entonces Mario Carneyro Castro, ya fallecido, mientras que la subdirección la desempeñaba Mercedes Garrido, aún en actividad como reportera política de El Mercurio.

Lavín Infante Joaquín

Editor General de El Mercurio

Director de El Mercurio a esa fecha era el propio Agustín Edwards Eastman, el cargo de editor de los servicios informativos lo ocupaba Pablo Illanes.

Operación Albania.

El 17 de junio, El Mercurio tituló:

"En Tres Enfrentamientos en Las Condes y San Miguel Fueron Abatidos 11 Integrantes del FMR".

Las crónicas interiores están cuajadas de falsedades, como probó la investigación judicial.

"La CNI indicó que los individuos iban armados de pistolas automáticas y se resistieron a las detenciones".

"Se indicó que ambos enfrentaron a los agentes de seguridad empuñando pistolas Browning de 9 mm, y Valenzuela, además, intentó arrojar una granada antipersonal. Según la misma fuente, Valenzuela resistió la detención, oportunidad en que disparó la pistola que empuñaba",

"Entre el mediodía del lunes y las 5 de la madrugada de ayer fueron abatidos doce individuos sindicados como extremistas del FMR. Siete de ellos murieron tras un tiroteo de media hora con fuerzas de seguridad".

"A través de altoparlantes se instó a entregarse a los moradores de la vivienda, definida posteriormente como casa de seguridad. La advertencia -según se dijo- fue respondida con fuego nutrido de fusiles M-16 y armas cortas automáticas. También se lanzaron tres granadas hacia el exterior". "En las acciones fueron heridos cuatro agentes de la CNI, dos de ellos con lesiones de gravedad".

En el mayor golpe que recibió el FPMR en toda su trayectoria, en los días 15 y 16 de junio de 1987, agentes de la CNI asesinaron a 12 de sus dirigentes, militantes y ayudistas, en una operación combinada conocida como matanza de Corpus Christi u Operación Albania.

En la mañana del día 15, fue interceptado en la vía pública y baleado a mansalva el ingeniero comercial Ignacio Valenzuela Pohorecky, en las inmediaciones de la casa de su madre, en la comuna de Las Condes. A las 18:30 hrs., en calle Varas Mena, comuna de San Miguel, fue asesinado en similares condiciones Patricio Acosta Castro.

Entretanto, en un departamento de la Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa, cayó Julio Arturo Guerra Olivares. Pasada la medianoche, los agentes atacaron una casa de seguridad del FPMR, en Varas Mena N°415, ocasión en que murieron Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos. La operación concluyó con la ejecución de varios combatientes y militantes del FPMR, previamente capturados, en una desvencijada vivienda de calle Pedro Donoso, comuna de Recoleta: José Valenzuela Levi, Esther Cabrera Hinojosa, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quiroz Nilo, Ricardo Rivera Silva, Ricardo Silva Soto y Manuel Valencia Calderón.

La evidencia de que se trató de una ejecución masiva quedó establecida en el trabajo en terreno de los periodistas de los medios opositores. Sin embargo, contra toda lógica y rigor profesional, amparándose en el abuso de versiones atribuidas a "fuentes de inteligencia", la prensa uniformada sólo supo ver "enfrentamientos" entre "terroristas" y "fuerzas de seguridad".

La investigación del Ministro en Visita, Hugo Dolmetsch, estableció que se trató de frías ejecuciones y, de hecho, tiene encausados por delitos de ilegítima privación de libertad y homicidios al fiscal militar y mayor de Carabineros (J) Luis Acevedo González; al general de Ejército y ex-director de la CNI, Hugo Salas Wenzel; al ex-Jefe operativo de la CNI, mayor de Ejército Álvaro Corbalán Castilla; a los oficiales de Ejército Krantz Bauer Donoso, Emilio Neira Donoso, Arturo Sanhueza Ros, Rodrigo Pérez Martínez y Erich Silva Reichart; a los suboficiales de Ejército Fernando Burgos Díaz, Marcelo Figueroa Lobos, Juan Jorquera Abarzúa, Manuel Ramírez, Sergio Mateluna Pino, Carlos Pino Soto, René Valdovinos Morales y Haroldo Veloso Castillo; a los agentes de la CNI César Acuña Luengo, Manuel Morales Acevedo, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy y Jorge Vargas Bories; a los oficiales de Investigaciones Rodrigo Guzmán Rojas, Gonzalo Mass del Valle y José Morales Morales; al capitán de la FACh Hernán Miquel Carmona, y al teniente coronel de Carabineros Iván Quiroz Ruiz.

López Ana Maria

Redactora, La Tercera

Operación Albania

La conocida connivencia entre La Tercera y la CNI quedó demostrada con el montaje de presuntos testigos presenciales que avalaban la tesis del enfrentamiento. Así, sobre los homicidios de calle Pedro Donoso, dos supuestos testigos, Ricardo Muñoz y Pedro Ramírez, "aproximadamente a las cinco de la mañana escucharon que alguien hablaba a través de un megáfono. Según estos testimonios, escucharon que el jefe de las fuerzas de seguridad gritaba: "!Están rodeados¡". "¡No se resistan y salgan con las manos en alto"!. Luego de un lapso de casi dos minutos, en que se registró el silencio más absoluto, comenzó una feroz balacera, en la cual predominaban las ráfagas de metralletas".

Más significativo aun es el testimonio atribuido al comerciante Charles Walker Martín, quien aseguró haber visto cómo Ignacio Valenzuela disparó a los agentes: "por su parte, el comerciante Charles Walker Marín explicó que en un momento determinado se situó casi en la línea de fuego del extremista que portaba un arma de fuego corta y la percutaba, al tiempo que intentaba huir, para esconderse detrás de un árbol u otro parapeto. Por último, indicó que no le cabía duda de que el violentista intentó primero alcanzar a balazos a uno de los agentes y luego huir, ya que, tras ser abatido, portaba aún en su mano derecha la pistola con la que hizo fuego".

Lo curioso del caso es que ese mismo testimonio se reprodujo días después en la revista A Fondo, un medio de fachada de Avanzada Nacional, financiado por el mismo Álvaro Corbalán. Aun más, en el proceso aparece que la coartada de Corbalán consistió en afirmar que en la noche de los sucesos ofrecía una recepción en su domicilio, uno de cuyos invitados era el director de la Tercera, a la sazón, Arturo Román Herrera. Como vicepresidente-editor aparece Germán Picó Domínguez y como redactora jefa, Ana María López.

Medina Oscar

Corresponsal de El Mercurio.

Con el secuestro de Armando Portilla, el 9 de diciembre de 1976, integrantes del Comando Conjunto iniciaron una batida contra la tercera dirección clandestina del Partido Comunista. La criminal arremetida prosiguió los días 13 de diciembre, con el secuestro de Luis Fernando Navarro Allendes; 15 de diciembre, cuando, en distintas horas y circunstancias, fueron secuestrados Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander, Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina y Reinalda Pereira Plaza, y 18 de diciembre, con el secuestro de Lisandro Cruz Díaz, para terminar el día 20 de diciembre con el secuestro de Edras Pinto Arroyo.

Los tribunales rechazaron los recursos de amparo sin más trámite que oficiar al ministro del Interior, general César Raúl Benavides, y a las direcciones de inteligencia de las FF.AA., que por cierto negaron la detención y conocimiento de cualquier antecedente de los amparados.

La angustia de los familiares queda retratada en un escrito presentado en febrero de 1977: "Destacamos a V.S. nuestra enorme inquietud por la suerte corrida por nuestros familiares, habida consideración al largo período que ya llevan privados de libertad, y a la circunstancia que sus detenciones no han sido oficialmente reconocidas, inquietud ésta que se acrecienta frente a la increíble pasividad e indiferencia que han mostrado las autoridades y funcionarios públicos a quienes la ley ha entregado la función de velar por la seguridad de las personas".

La dictadura respondió a este clamor con uno de sus canallescos montajes, consistente en la falsificación de las hojas de ruta del paso fronterizo Los Libertadores, con el fin de convencer a la opinión pública que los desaparecidos habían abandonado el país rumbo a Argentina. Ese solo antecedente bastó para que el Ministro en Visita, Aldo Guastavino, sobreseyera la causa, sin siquiera haber dado por ocurridos los hechos. Para instalar esa estratagema como "verdad oficial" los autores materiales e intelectuales de los secuestros se valieron de la colaboración de la siempre bien dispuesta y servicial prensa uniformada.

El 10 de febrero de 1977, bajo el título "Se Cerró Investigación de los Desaparecidos", la crónica del diario El Mercurio señaló: "El Ministro en Visita, Aldo Guastavino, cerró el sumario el lunes pasado, después de declarar agotada la investigación.

El Ministro Guastavino había oficiado al Ministro del Interior solicitando los antecedentes de las ocho personas presuntamente desaparecidas, y recibió de esa Secretaría de Estado un oficio que adjuntaba copias de los certificados de viaje expedidos por Extranjería de la Policía Civil, en que consta la salida al país de esas personas".

El Mercurio publicaba: "El enviado especial, el periodista Oscar Medina, quién, tras una exhaustiva investigación, logró establecer:

"La Policía Internacional de Los Libertadores confirmó con documentación el paso hacia Argentina de las ocho personas presuntivamente (sic) desaparecidas, cuya situación estudió el Ministro Guastavino. Por su parte, el Servicio de Migración de Argentina, por intermedio del Jefe de la Avanzada Las Cuevas, dijo a El Mercurio que la documentación que registra el ingreso de cualquier persona a territorio argentino es enviada a Buenos Aires, a los archivos de la Dirección Nacional de Migración. El Jefe del Servicio de Mendoza, Juan Cortés, en conversación telefónica con este enviado especial, dijo que hay una demora de dos años en los archivos: "Creemos que puede demorar un poco cualquier comprobación del ingreso a Argentina de cualquier persona".

Todos están desaparecidos, sin perjuicio de que el informe de las FF. AA. a la Mesa de Diálogo consigne que en la Cuesta Barriga habrían sido inhumados Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro y Fernando Ortiz.

Nettle Maluenda Hugo

Jefe de Informaciones, Las Ultimas Noticias. Acerca de los Detenidos Desaparecidos

"A Mendoza, Argentina, y utilizando el sistema de "auto-stop" y en vehículos particulares, viajaron ocho de los trece presuntos desaparecidos y para los cuales sus familiares solicitaron la designación de un ministro en visita".

En el caso de Reinalda Pereira, puntualizó que "lo hizo el 22 de diciembre de 1976, saliendo a pie por el paso Los Libertadores", lo cual era absurdo, toda vez que a la fecha de su desaparición tenía seis meses de embarazo.

Las planas directivas de La Segunda y La Tercera eran las mismas que durante la Operación Colombo, mientras que la de Las Ultimas Noticias estaba conformada por el director, Fernando Díaz Palma, el subdirector, Julio Abarzúa Abarzúa, y el jefe de informaciones, Hugo Nettle Maluenda.

Olave Vallejos Héctor

Subdirector de La Tercera

En la actualidad es Editor de los servicios informativos de El Mercurio, recientemente designado Premio Nacional de Periodismo 2003, galardón que en palabras del ministro de Educación y Presidente del Jurado, Sergio Bitar, se le concedió para "dar una señal de fortalecimiento del prestigio de un periodismo serio, sólido, ético y al servicio de la libertad de expresión", publicaba en el ano 1975:

Operación Colombo

"Confirmado:

Habían Presentado en Chile Amparos en Favor de los Miristas Muertos en Argentina",

"Mientras los miristas se matan entre ellos en la lucha por el poder y el dinero fuera del país, hasta donde huyeron cuando las fuerzas de seguridad empezaron a actuar, en Chile las pseudas organizaciones humanitarias comenzaron a desprestigiar al gobierno acusándolo en recursos de amparo que la policía y los servicios de inteligencia detenían a "inocentes". Incluso hay recursos de amparo en que se dice que testigos observaron como fuerzas policiales detuvieron a determinadas personas cuyo paradero se desconoce. Sin embargo, ahora se establece que todo era falso; que la acción formaba parte de la campaña internacional para desprestigiar al país puesto que los miristas "presuntivamente detenidos en Chile", se encontraban fuera del país realizando acciones ilícitas. Ahora sus cadáveres son encontrados en Argentina, Panamá, México, Colombia y Francia".

Pero todavía hay más:

"En el Poder Judicial se advertía malestar por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile. En todos esos recursos la Corte de Apelaciones enviaba oficios al Ministerio del Interior, a los jefes policiales e incluso a los magistrados, solicitándoles informes sobre los "desaparecidos luego de ser detenidos". Las respuestas de las autoridades indicaban que los extremistas no habían sido detenidos pero los abogados insistían en sus falsas posiciones. Ahora se confirmó que esos extremistas jamás fueron detenidos y que en cambio lograron salir del país para enfrentarse en la estremecedora lucha interna que libra el MIR por el dinero producto de asaltos, robos y desfalcos perpetrados en Chile en el anterior régimen".

Aunque cuesta creerlo, así "informaba" la prensa chilena sobre el drama de los detenidos desaparecidos. A esa fecha, el director de La Tercera era Alberto Guerrero Espinoza, ya retirado, y como subdirector fungía Héctor Olave Vallejos, actual editor de los servicios informativos de El Mercurio.

Hoy día, se encuentran procesados, como autores de secuestro el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras; el general César Manríquez, quien ejerció como segundo de la DINA; el oficial de Gendarmería y ex jefe de Cuatro Álamos Orlando Manzo; el también ex segundo de la DINA, brigadier Pedro Espinoza; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe de la Brigada Halcón, brigadier Miguel Krassnoff; el suboficial Basclay Zapata; el ex agente civil Osvaldo Romo; el oficial de Carabineros Conrado Pacheco; el ex detective Manuel Carevic; el coronel ex DINA y ex jefe del Servicio Secreto de la DINE Maximiliano Francisco Ferrer Lima; los tenientes coroneles de Carabineros Ricardo Lawrence Meires y Gerardo Godoy; el coronel de Ejército Gerardo Urrich; el ex jefe de la Brigada Vampiro, brigadier Fernando Lauriani, y el general Raúl Iturriaga.

Pfeiffer Carlos

Soplón y torturador,

Locutor de Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas

Puga Cappa Álvaro

Periodista y comentarista político intimamente ligado a la DINA.

Nació en 1929. Se inició en el diario Las Ultimas Noticias. Luego viajó a Argentina, México, Brasil y Uruguay. Columnista del diario La Segunda. Director por dos años de la Radio Agricultura.

El 11 de septiembre de 1973, Álvaro Puga se encontraba en el Ministerio de Defensa, junto a Federico Willoughby, también periodista y Sergio Arellano Iturriaga, abogado e hijo del general Sergio Arellano Stark.

Ferviente admirador de las Fuerzas Armadas, fue un colaborador permanente de ellas. Se le ha vinculado orgánicamente a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, como asesor del Departamento de Operaciones Psicológicas. Autor de varios artículos periodísticos, destinados a desinformar acerca de la verdadera situación represiva de la DINA. Escribió sobre la DINA y los Detenidos Desaparecidos en n un artículo del diario La Tercera,

"La acción de la DINA es lo más limpio que he visto en la historia. Tenemos que darnos con una piedra en el pecho de tener unas Fuerzas Armadas que no tenían odios contra el enemigo. Se cometieron errores individuales. …

¿Desaparecidos? Siempre los hubo en Chile. Por último, a mí no me constan"

En 1974, Juan Rene Muñoz Alarcón, conocido como el "encapuchado del Estadio Nacional" y asesinado posteriormente por los servicios de inteligencia del régimen, testificó que Álvaro Puga Cappa fue su jefe directo en la BIC-DINA junto con Jorge Enrique Schilling Rojas, otro individuo de apellido Zalaquett periodista del diario El Cronista- y Aníbal Maturana Contreras, familiar del general Manuel Contreras Sepúlveda.

Bajo las órdenes de Puga Cappa, Muñoz Alarcón debía cumplir las funciones "de cazar gente, de interrogarla, de torturarla y de matarla" .

En el año 2000, Puga Cappa vuelve a aparecer en la escena pública. Esta vez, será para presentar el libro del que fuese su otrora jefe en la DINA, el ex director Manuel Contreras Sepúlveda. El libro en cuestión es un listado de presuntos guerrilleros que iban a acabar con el país. Álvaro Puga escribe el prólogo y firma como "Alexis".

Silva Espejo René

Director, El Mercurio

Secuestros del Comando Conjunto

Con el secuestro de Armando Portilla, el 9 de diciembre de 1976, integrantes del Comando Conjunto iniciaron una batida contra la tercera dirección clandestina del Partido Comunista. La criminal arremetida prosiguió los días 13 de diciembre, con el secuestro de Luis Fernando Navarro Allendes; 15 de diciembre, cuando, en distintas horas y circunstancias, fueron secuestrados Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander, Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina y Reinalda Pereira Plaza, y 18 de diciembre, con el secuestro de Lisandro Cruz Díaz, para terminar el día 20 de diciembre con el secuestro de Edras Pinto Arroyo.

Todos están desaparecidos, sin perjuicio de que el informe de las FF. AA. a la Mesa de Diálogo consigne que en la Cuesta Barriga habrían sido inhumados Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro y Fernando Ortiz.

Los tribunales rechazaron los recursos de amparo sin más trámite que oficiar al ministro del Interior, general César Raúl Benavides, y a las direcciones de inteligencia de las FF.AA., que por cierto negaron la detención y conocimiento de cualquier antecedente de los amparados. La angustia de los familiares queda retratada en un escrito presentado en febrero de 1977: "Destacamos a V.S. nuestra enorme inquietud por la suerte corrida por nuestros familiares, habida consideración al largo período que ya llevan privados de libertad, y a la circunstancia que sus detenciones no han sido oficialmente reconocidas, inquietud ésta que se acrecienta frente a la increíble pasividad e indiferencia que han mostrado las autoridades y funcionarios públicos a quienes la ley ha entregado la función de velar por la seguridad de las personas".

La dictadura respondió a este clamor con uno de sus canallescos montajes, consistente en la falsificación de las hojas de ruta del paso fronterizo Los Libertadores, con el fin de convencer a la opinión pública que los desaparecidos habían abandonado el país rumbo a Argentina. Ese solo antecedente bastó para que el Ministro en Visita, Aldo Guastavino, sobreseyera la causa, sin siquiera haber dado por ocurridos los hechos. Para instalar esa estratagema como "verdad oficial" los autores materiales e intelectuales de los secuestros se valieron de la colaboración de la siempre bien dispuesta y servicial prensa uniformada.

El 10 de febrero de 1977, bajo el título "Se Cerró Investigación de los Desaparecidos", la crónica del diario El Mercurio señaló: "El Ministro en Visita, Aldo Guastavino, cerró el sumario el lunes pasado, después de declarar agotada la investigación".

"El Ministro Guastavino había oficiado al Ministro del Interior solicitando los antecedentes de las ocho personas presuntamente desaparecidas, y recibió de esa Secretaría de Estado un oficio que adjuntaba copias de los certificados de viaje expedidos por Extranjería de la Policía Civil, en que consta la salida al país de esas personas".

"La Policía Internacional de Los Libertadores confirmó con documentación el paso hacia Argentina de las ocho personas presuntivamente (sic) desaparecidas, cuya situación estudió el Ministro Guastavino.Por su parte, el Servicio de Migración de Argentina, por intermedio del Jefe de la Avanzada Las Cuevas, dijo a El Mercurio que la documentación que registra el ingreso de cualquier persona a territorio argentino es enviada a Buenos Aires, a los archivos de la Dirección Nacional de Migración.

El Jefe del Servicio de Mendoza, Juan Cortés, en conversación telefónica con este enviado especial, dijo que hay una demora de dos años en los archivos: "Creemos que puede demorar un poco cualquier comprobación del ingreso a Argentina de cualquier persona".

Operación Colombo

La "Operación Colombo", una macabra operación de inteligencia para encubrir la desaparición de personas perpetrada por la DINA durante los primeros años de la dictadura, es un catálogo del engaño, la mentira y la desinformación como armas de guerra sicológica, utilizadas con la triple finalidad de implantar el terror, engañar a la Iglesia y burlar a la comunidad internacional.

El montaje consistió en difundir una lista de 119 personas detenidas por la DINA, por las que se habían interpuesto recursos de amparo, en publicaciones apócrifas que las hacían aparecer como asesinadas por sus propios compañeros o caídas en enfrentamientos con la policía.

A partir de estas y otras falsedades, el régimen emprendió una despiadada campaña para intentar humillar a los familiares de los detenidos desaparecidos y a los organismos que les prestaban apoyo, como el intereclesial Comité de Cooperación para la Paz.

Sin embargo, el Informe Rettig confirmó que esas 119 personas (cien hombres y diecinueve mujeres, en su gran mayoría menores de treinta años y militantes del MIR) fueron detenidas entre el 23 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975, torturadas, encarceladas, asesinadas y hechas desaparecer por agentes de la DINA.

El 15 de julio de 1975 apareció en Buenos Aires la revista Lea, creada sólo para la ocasión, con una fabulación sobre pugnas internas del MIR, que habrían cobrado 60 víctimas en diversos países. Dos días más tarde reapareció en Curitiba, Brasil, el periódico O" Día, con una segunda lista con 59 nombres de desaparecidos que habrían muerto en Argentina, en enfrentamientos con la policía.

La maniobra del Departamento Exterior de la DINA no habría tenido sentido sin la complicidad de la prensa chilena, que no se limitó a reproducir esas insostenibles versiones, sino que agregó titulares y notas editoriales de su cosecha.

La mentira mercurial

El 16 de julio de 1975, en la página 15 de El Mercurio, bajo el título,

"Miristas Muertos en Argentina Eran Buscados en Chile",

"los dos integrantes del MIR que fueron asesinados la semana pasada cerca de Buenos Aires, figuraban como desaparecidos en Chile y entidades humanitarias habían planteado reclamos por ellos, se informó en fuentes de gobierno".Más adelante, con su típico estilo, despachó este párrafo de antología:

"Los servicios de seguridad comprobaron que está en marcha un plan para hacer falsos secuestros. Según fuentes de Gobierno, elementos marxistas irrumpen en domicilios de compañeros, se identifican como personal de seguridad y se llevan a los dueños de casa. Por supuesto -puntualizaron las fuentes- se cuenta con la complicidad de éstos, lo que ignoran los familiares. Estos, lógicamente, concurren a los tribunales a denunciar la desaparición de sus parientes. (…) Estos pseudo detenidos o secuestrados -explican las fuentes- son trasladados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros, y tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile".

El 23 de julio El Mercurio coronó su actuación con un comentario editorial que agrega infamia a la mentira:

"la violencia engendra violencia y quien cree que ella constituye la razón de ser de la acción política concluye por ser víctima del propio monstruo que despierta. Huidos del país, dispersos en distintos lugares, los violentistas de entonces se han visto forzados a enfrentar una nueva situación. A las dificultades económicas encontradas en naciones extranjeras, se sumaron las "liquidaciones de cuentas". Dineros robados y cuyos usos fueron decididos por el primer audaz, encendieron pasiones y crearon odios. Se culpan de debilidades, errores o falta de audacia por no haber empujado todavía más al país a la catástrofe extrema que pretendieron. Las rivalidades ayudaron a hacer estallar el conflicto y las venganzas sucedieron a las venganzas en una escala pavorosa. Es obvio que en las contiendas entre quienes sólo aceptaban la violencia como criterio, apelaron a la única manera que sus protagonistas preconizan y entienden: la liquidación inmediata y artera del rival o del disidente".

Aparte de la mentira y la complicidad en uno de los montajes más tortuosos de la DINA, aparece claramente configurado el delito de injurias y calumnias contra personas asesinadas, a las que además se les asesinaba la imagen.

Vial Correa Gonzalo

Columnista, La Segunda

Plan Zeta

Respecto de la autoría del Plan Zeta, hay versiones que apuntan al historiador y columnista del diario La Segunda, Gonzalo Vial Correa, lo que en rigor es inexacto puesto que su participación se reduce a su publicación en el Libro Blanco de la Junta Militar, único antecedente público del plan, tal como reconoció en su columna de La Segunda, el 2 de febrero de 1999.

Vergara Tagle Pilar

Editora de Servicios Informativos, La Segunda

Bajo el título "Doce Muertos en Enfrentamientos entre CNI y Frente Manuel Rodríguez", La Segunda, en su edición del 16 de junio de 1987, desplegó versiones de sus propias "fuentes de seguridad":

"Fuentes del organismo de seguridad señalaron que la serie de acciones tuvo su origen en "seguimientos e investigaciones que funcionarios de ese servicio" vienen desplegando desde el descubrimiento de los arsenales del norte y del atentado al Presidente de la República. (…) A ello, como pista tangencial, se agrega la acción de propaganda armada que protagonizó este domingo el MIR en la población Santa Olga de la capital. "Efectivamente hay una relación entre la acción de Santa Olga, comuna de La Cisterna, y los enfrentamientos terroristas y fuerzas de seguridad que se prolongaron hasta la madrugada de hoy. Sin embargo, ese hecho no fue el punto de partida de los sucesos", recalcó la fuente".

A la fecha de estos hechos, el director de La Segunda era Cristián Zegers Ariztía y editora de los servicios informativos, Pilar Vergara Tagle.

Willoughby Mac Donald Federico

Periodista

Operación Silencio

Fue funcionario del gobierno de Jorge Alessandri. Trabajó un tiempo en Miami. Era uno de los hombres fuertes de Radio Agricultura, comentarista, coordinador y miembro del directorio. Durante el gobierno de la Unidad Popular era miembro de la dirección de Patria y Libertad, partido de extrema derecha, que realizó innumerables atentados y boicots en contra del gobierno.

Participó activamente en la "Operación Silencio", para silenciar las radioemisoras proclives al gobierno de Allende. Las modificaciones que se realizaron en torno a este Plan fueron introducidas el 4 de septiembre de 1973 en el Plan de Seguridad Interior "Hércules".

Para ello, se coordinó con Roberto Guillard, oficial de Telecomunicaciones del Ejército, enviado por el comando en jefe del Ejército, para esta misión. Guillard se reunió con oficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea para elaborar el plan y diseñarlo.

Luego del golpe militar, el periodista Federico Willoughby se transformó en vocero de la Junta Militar y secretario de prensa de la Junta. Así es como pasó a ser una persona ampliamente conocida para los chilenos.

No es extraño, entonces, que el nombre de quien fuera uno de los pocos civiles que con antelación a esta fecha conocía los planes de las Fuerzas Armadas para derrocar a Allende, figure con regularidad en los archivos de instituciones del gobierno de Estados Unidos. Se le vincula en repetidas oportunidades como informante de la estación de la CIA en Santiago. Los documentos de la última desclasificación revelan detalles de las actuaciones que Willoughby tuvo tanto en Chile como en Estados Unidos y, en especial, sobre sus esfuerzos para evitar que fuera extraditado el capitán Armando Fernández Larios y luego, en la deserción y asilo en Estados Unidos del oficial.

Luego de que se descubriera la vinculación de Fernández Larios con el atentado que costó la vida a Orlando Letelier y a Ronni Moffit, ocurrido el 21 de septiembre de 1976, en Washington, Willoughby expresó que "el Ejército creía que Fernández Larios era solamente un pequeño pez que había obedecido órdenes y que no debía por lo tanto ser castigado tan severamente como sus superiores".

Como hábil comunicador, Willoughby supo aprovechar sus continuos viajes a Estados Unidos, donde debía tratarse una grave dolencia renal, para establecer contactos políticos de alto nivel, presentándose en secreto como emisario personal del presidente de la Junta, Augusto Pinochet, lo que le abría muchas puertas. Al retornar a Chile, hablaba de sus reuniones privadas con las más altas autoridades estadounidenses. A poco andar, su comportamiento comenzó a generar suspicacias entre algunos consejeros civiles y militares de la Junta. Willoughby tenía en la prensa una dura posición contra los opositores al régimen militar. Cuanto notaba que decrecía la cobertura en la prensa de los "ataques subversivos", se preocupaba de instalar nuevamente el tema de la seguridad nacional en la portada de los medios.

El informe del 30 de enero de 1975 de la CIA, define a Willoughby como un "fanfarrón que formaba parte del grupo más conservador. Era un derechista fanático que más que poseer una bien definida convicción ideológica en contra del marxismo, sentía un repudio ciego hacia él".

El 12 de enero de 1976, Willoughby renunció a su cargo en el gobierno. Envió una carta diciendo que su estado de salud no le permitía continuar. No obstante, se sostenía que Willoughby había sido removido de su cargo luego de que les expresara a los miembros de la Junta su desacuerdo con la nueva ley de prensa. Después de su renuncia, fue nombrado en un cargo en relaciones públicas de Codelco. El teniente, Armando Fernández Larios, encargado hasta esa fecha de su seguridad personal y con quien había entablado férreos lazos de amistad, pasó a formar parte de la DINA.

Escribió sobre el DINA y la CNI, en 1977

"Panorama Nacional: La comprensión interna

por Federico Willoughby

"La creación de un nuevo organismo de Seguridad, basado más en la información que en los factores operativos, es una decisión que corresponde al cambio de tipo institucional que conduce el Presidente Pinochet.

Pero ello no debe llamar a error en cuanto a que el país no contará con la protección que estos organismos prestan a la colectividad.

A pesar de la imagen poco atractiva que existió sobre la ex Dirección de Inteligencia, es de justicia señalar que sus grandes aciertos y los sacrificios de sus integrantes no alcanzaron la publicidad de otros hechos.

Es por eso conveniente recordar en este momento que tanto la institución como sus integrantes han permitido erradicar el terrorismo y amedrentar eficazmente a los enemigos del Estado"…

Los Colaboradores: Poder Judicial y Abogados

La complicidad del Poder Judicial.

Durante los años de dictadura, la Corte Suprema legitimó el régimen militar a través de acciones simbólicas, discursos públicos y sus resoluciones.

El Poder Judicial fue la única dependencia del gobierno que no fue directamente intervenida. En la declaración proclamada por la Junta de Gobierno un día después del golpe, se incluyó una cláusula que consignaba que

"la Junta, en el ejercicio de su misión, garantizará la plena eficacia de las atribuciones del poder judicial…"

El 26 de septiembre de 1973, cuando los cuatro miembros de la Junta visitaron la Corte Suprema, Augusto Pinochet le dijo a los jueces:

"La Junta que tengo el honor de presidir ha querido llegar hasta este solemne recinto para testimoniar el respeto que siente por el Poder Judicial, símbolo del derecho y la justicia chilena".

Sin embargo, mientras Pinochet daba su palabra respecto de la integridad del Poder Judicial, la Junta que él encabezaba estaba ya en proceso de desmantelar la estructura legal e institucional de Chile. Según los militares, la Junta había tomado control del país para restaurar el orden constitucional el que, se acusaba, había sido violado por la Unidad Popular. Sin embargo, dentro de poco, la Junta concluyó que las normativas del orden constitucional estaban obsoletas y que era necesario sustituir aquel sistema.

Dentro del contexto de emergencia nacional producido por el autoproclamado estado de guerra interna, las garantías constitucionales fueron suspendidas por medio de decretos leyes publicados en el mismo Diario Oficial, que antes del régimen militar, consignaba las leyes aprobadas por el Congreso.

Habeas Corpus Denegados

Los Artículos 20 y 21 del Código Penal de la Constitución de 1980, estipulan la existencia del "recurso de amparo", un instrumento similar al habeas corpus. El habeas corpus es un requerimiento judicial que tiene como propósito proteger la libertad e integridad física de los individuos detenidos así como también aquellos que temen ser arrestados sin motivo o sienten su integridad física amenazada.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos dicta el habeas corpus.

Con el propósito de simplificar la lectura del texto, se utilizará el vocablo habeas corpus como sinónimo del "recurso de amparo" chileno.

"…Las cortes han sido abrumadas con numerosísimos recursos de amparo impuestos a pretexto de las detenciones que ha decretado el Poder Ejecutivo.

Y digo con el pretexto, porque en la mayoría de los recursos se deducía en favor de personas que según los recurrentes se encontraban desaparecidas -entiéndase NO detenidas- y que en verdad se trataba de individuos que viven en el país en la clandestinidad, o que de la misma manera han salido del país".

Enrique Urrutia Manzano,

Presidente de la Corte Suprema, 1 de marzo 1975.

En marzo de 1974, siete meses después del golpe, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano declaró:

"…puedo señalar que los tribunales de nuestra dependencia han funcionado en la forma regular que establece la ley, que la autoridad administrativa que rige el país cumple nuestras resoluciones y a nuestros jueces se les respeta con el decoro que merecen".

Como lo señaló la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991, si las palabras de Urrutia hubieran sido en verdad exactas, se habrían salvaguardados mejor los derechos humanos. En vez de ello, la Comisión constató que:

"La actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo…un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas".

De los 5 mil 400 recursos de amparo solicitados entre 1973 y 1983, sólo se confirieron diez, de acuerdo a información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

De hecho, la primera vez que un prisionero obtuvo su libertad por un recurso de amparo fue en 1986, cuando la corte de Apelaciones ordenó la liberación de Gonzalo Durán, un estudiante de Enseñanza Media de 15 años.

De los escasos recursos aceptados, la mayoría fueron inoficiosos porque cuando se obtenía lo solicitado, las personas por las que se solicitaba protección ya habían muerto asesinadas. (caso de Carlos Contreras Maluje)

Según un informe del Departamento Legal de la Vicaría de la Solidaridad, ("El poder judicial y el recurso de amparo," 1977)

"…de haber ejercido la corte tales facultades… en muchos casos se habría impedido la comisión de apremios físicos a los detenidos, su sometimiento e incomunicación, su permanencia en recintos secretos…la concretización de una nueva detención ilegal, la irreversibilidad de un desaparecimiento, la concretización de la medida de expulsión…"

Rechazo a la primera petición de recursos de amparo

El 14 de septiembre de 1973, el dirigente del Partido Demócrata Cristiano y ex ministro Bernardo Leighton pidió recursos de protección para Carlos Briones, Clodomiro Almeyda, Jorge Tapia, Claudio Jimeno, Oscar Waiss, Luis Armando Garfias y Álvaro Morel, todos detenidos en un regimiento. La policía de investigaciones informó a la Corte Suprema que ninguna de estas personas habían sido privadas de libertad y que no había información al respecto del Ministerio del Interior.

Sólo en base a este informe, la Corte Suprema negó la petición de Leighton afirmando que

"…la Junta Militar declaró estado de sitio en todo el país, lo que permite arrestos y mantención de las personas en lugares que no son prisiones…"

Varias de las personas para las cuales Leighton pidió recurso de amparo, permanecen desaparecidas aún hoy en día.

Araya Roberto

Actuario y Secretario del Fiscal Sergio Acuña

Arce Sergio

Armada,

Abogado , acusado de Torturas en Buque Escuela Esmeralda

Avilés Mejías, Víctor Manuel

Abogado DINA

Departamento Jurídico de la DINA.

Balmaceda Jorge

Abogado, FACH

En una entrevista reciente el ex miembro del Comando Conjunto "Colmillo Blanco" preguntado acerca de quién les ordena no entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, este responde:

"Los abogados de la FACH Jorge Balmaceda y Carlos Portales. Además del coordinador de enlace de la Fuerza Aérea, quien se conoce e identifica como coronel Villalobos. No sabemos más datos de él, pero nos da órdenes a nombre de los superiores. Es extraño porque nadie sabe si Villalobos es su verdadero nombre o se trata de una chapa (apodo). Es un señor de tez blanca, nariz grande y puntiaguda, medio calvo, macizo de como 1 metro 70".

"Otro es César Luis Palma Ramírez, alias el Fifo (ex Patria y Libertad). El tiene mucho poder. Se reúne con generales y también nos da órdenes e instrucciones. Fifo fue el jefe de grupo que participó en el homicidio del comandante Arturo Araya, edecán naval del Presidente Salvador Allende. Mató mucha gente, sabe demasiado y los jefes lo respetan porque los puede involucrar. Otro que nos prohíbe hablar es el Mono Saavedra (coronel [R] Juan Francisco Saavedra Loyola). El fue y es el verdadero jefe de operaciones del Comando Conjunto. Estuvo a cargo de interrogatorios y torturas, pero tenemos orden de no nombrarlo en ningún proceso".

"Volviendo a las instrucciones que reciben para no declarar la verdad en tribunales y proteger a sus jefes, ¿cómo se dictan estas órdenes? Responde Colmillo Blanco: El abogado Jorge Balmaceda lo hace pausadamente y te lo pide casi como recordándote tus obligaciones. Cuando nos entrega los informes nos pide que leamos detalladamente y que le consultemos cualquier duda que tengamos. Cuando le explicamos que nosotros no nos podemos inculpar para salvar a un jefe, se molesta y nos trata de convencer y recordar que la ayuda que recibimos es de la FACH. Nos ubica con frases como: "a ustedes los protegemos aquí en la Fuerza Aérea". "¿Quieren pedir ayudar al Partido Comunista?". "¿Los jueces los van a proteger?". Con esas recomendaciones nadie sigue preguntando y sólo nos aprendemos casi de memoria lo que hay que declarar.

El Comando Conjunto cuenta hoy con clases informativas en que abogados de la FACH y el Fifo los instruyen antes de ir a un tribunal.

Las charlas del abogado Jorge Balmaceda, según relata Colmillo Blanco, son como verdaderas cátedras. Los temidos protagonistas del Comando Conjunto escuchan atentos en una sala, mientras el abogado, de terno y corbata, se desplaza por ella.

Se les explica el perfil de los jueces, los accesos de la FACH a ellos y las consecuencias de los procesos. Cuando los confundido torturador consulta al abogado qué hacer ante un careo con un ex jefe, la cara del defensor de la Fuerza Aérea cambia y también su paciencia. Balmaceda le recuerda que aún son soldados de la FACH y les repite que las órdenes de sus superiores son claras: "No mencionar datos del paradero de los detenidos desaparecidos ni a sus jefes de la época. Esto irrita a los suboficiales presentes quienes comentan, en voz baja, que de esa forma no saldrán en libertad".

Barahona Víctor

FACH, Asesor legal, SIFA

Ex oficiales y suboficiales de la Fach fueron cruelmente torturados en la Academia de Guerra Aérea (AGA). El general (r) Sergio Poblete Garcés recuerda el trato que le dieron sus compañeros de arma cuando fue detenido "comenzaron las torturas que incluyeron, además de golpes, quemaduras en las manos y brazos. Me llevaron a una pieza con un sillón tipo dentista y trataron de hipnotizarme -práctica que realiza la DINA y efectuaba el médico Osvaldo Pinchetti- a lo que resistí mordiéndome el interior de las mejillas hasta sacarme pedazos.

Durante los días y las noches que me torturaban me mantenían de pie con las manos amarradas a la espalda con cuerdas de paracaídas, además aprovechaban de golpearme con los puños y culatazos. Eran sesiones que duraban horas. Después de una con electricidad, en que me amarraban a un somier metálico y semi desnudo me aplicaban corriente en diversas partes del cuerpo, dientes, genitales, y lugares sensibles, me tiraron por una escalera y abajo estaba el general (r) Gustavo Leigh, quien dispuso mantenerme de pie en el centro de una sala observándome silenciosamente durante un largo tiempo".

La crueldad que caracterizó su permanencia en la Academia de Guerra Aérea (AGA) alcanzó tal nivel que el 8 de octubre de 1973 "fue asesinado a un metro frente de mí, y en presencia de otros prisioneros, el sargento FACH Rafael Reyes Gajardo, sólo porque en una crisis de desesperación se puso a llorar y preguntó por su familia de la cual no tenía noticias. El soldado que le disparó fue felicitado personalmente por el general (r) Orlando Gutiérrez Bravo y el comandante (r) Sergio Lizosoain Mitrano".

Cruzat, Jaime

FACH. Asesor legal, SIFA

Torturador de la Academia de Guerra

Parra Miguel Ángel

Abogado. Departamento Jurídico DINA

Representante ante tribunales de agentes de la DINA.

Poblete Rodríguez Miguel Ángel

Abogado.

Miembro del Consejo Nacional de Televisión nombrado por Pinochet al fin de la dictadura. Estuvo a cargo de la organización de las sociedades de pantalla de la DINA, como "Elissalde y Poblete" mediante la cual se pagaban los sueldos de los torturadores, y de la "legalización" de los robos que se efectuaban contra los detenidos.

Poli Garaycochea Guido

Agente CNI

Subdirección Nacional de la CNI.

Abogado. Implicado en el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider. De la DINA pasó a la CNI y continuó ejerciendo labores para la dictadura.

Portales Carlos

Abogado, FACH

En una entrevista reciente el ex miembro del Comando Conjunto "Colmillo Blanco" preguntado acerca de quién les ordena no entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, este responde:

"Los abogados de la FACH Jorge Balmaceda y Carlos Portales. Además del coordinador de enlace de la Fuerza Aérea, quien se conoce e identifica como coronel Villalobos. No sabemos más datos de él, pero nos da órdenes a nombre de los superiores. Es extraño porque nadie sabe si Villalobos es su verdadero nombre o se trata de una chapa (apodo). Es un señor de tez blanca, nariz grande y puntiaguda, medio calvo, macizo de como 1 metro 70".

Las instrucciones son impartidas por coroneles de enlace, ex superiores de la organización y los abogados Carlos Portales y Jorge Balmaceda. Este los prepara para ir a tribunales, explicando el perfil de los jueces, los accesos de la FACH a ellos y as consecuencias de los procesos.

Radic Walter

Abogado y Fiscal en Consejos de Guerra

Rodríguez Cristián

Asesor legal, SIFA, FACH

Torturador de la Academia de Guerra

Rojas David

Abogado

Procesado en calidad de cómplice en proceso Caravana de la Muerte junto a los generales A. Pinochet, S. Arellano, coroneles Moren B. Sergio Arredondo, Pedro. Espinoza y Patricio Díaz, capitán Armando Fernández Larios (solicitud de extradición pendiente).

Schweitzer Speisky Miguel

Abogado. Fallecido.

Fue presidente del Consejo de Estado durante el régimen militar, ex ministro de Justicia. Padre del abogado Miguel Alex Schweitzer, quien en 1998 participa en la defensa de Pinochet en Londres.

Tapia Falk Julio

FACH. Abogado SIFA

Torturador de la Academia de Guerra

Los Colaboradores: Médicos

Alessandrini Jorge León

Dentista

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

Arraigada Rehren Eduardo

Médico de Sanidad, Ejército, DINA

Jefe del proyecto de guerra bacteriológica

El ministro en visita Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, ha descubierto gracias a la declaración de un importante testigo, el laboratorio de armas químicas y bacteriológicas más secreto del Ejército, cuya ubicación en Santiago Centro, nunca antes había sido divulgada.

Rosende ha declarado: "En el año 1977, aproximadamente, oportunidad en que estaban malas las relaciones bilaterales con Argentina, recuerdo que me llamó a su oficina mi jefe el Médico Eugenio Tastest Solís (hoy fallecido), donde me presentó al Médico de Sanidad de nuestra Institución militar, el Dr. Eduardo Arraigada Rehren, donde me entero que este último estaba a cargo de un proyecto de crear un antídoto de Ántrax, ya que por información de Inteligencia se sabía que Argentina tenía una Escuela de Guerra bacteriológica y se temía que si existía una eventual guerra con ese país, se presumía que iban a contaminar la población animal o las aguas. Fue así que mi jefe me pidió que trabajara con el Dr. Arriagada para crear un suero anti carbunclo (ántrax). Este proyecto duró hasta el año 1991 aproximadamente, para lo cual me visitaba periódicamente el doctor Arriagada en mi laboratorio. Tomé conocimiento que cuando comencé a trabajar este proyecto, en el año 1977, Arriagada Rehren trabajaba para el Servicio de Inteligencia de la época".

El coronel Joaquín Larraín y comandante Jaime Fuenzalida, entonces, fueron dos nuevos nombres. El primero fue director del Bacteriológico tras el golpe militar y el segundo, jefe de finanzas y seguridad del recinto. Ambos habían declarado, en una primera oportunidad, desconocer la llegada a Chile de la Toxina Botulínica, como también a Sergio Rosende y Arraigada Rehren. Pero las pruebas obtenidas por Madrid anularon sus negativas y las convirtieron en contradicciones que no pudieron sostener en el proceso.

Sergio Rosende, efectivamente aparecía vinculado a la compra y entrega de una potente toxina, llamada Clostridium Botulinum (que provoca el botulismo), como también a la petición de unos ratones de laboratorio en el ex Bacteriológico, según lo declaró en el proceso otro veterinario, llamado Sergio Romero Medel, para probar, supuestamente, la inocuidad de unas conservas que comería personal del Ejército.

La petición de la toxina botulínica se hizo a Brasil en 1981. Cuando ésta llegó a Chile, Arriagada Rehren y Sergio Rosende fueron a buscarla al Bacteriológico. Es aproximadamente julio de 1981, el laboratorio de calle Carmen 339 sigue funcionando.

En diciembre del mismo año, los miristas Ricardo Aguilera y su hermano Elizardo permanecían detenidos en la galería Nº 2 de la ex Cárcel Pública por Ley de Seguridad Interior del Estado. En la misma situación estaba quien fuera el jefe de las Milicias de Resistencia del MIR, Guillermo Rodríguez Morales, junto a Adalberto Muñoz Jara. Junto a ellos, los reos comunes, Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.

Todos cayeron misteriosamente enfermos de botulismo. Sólo se salvaron los presos políticos. Corvalán y Pacheco fallecieron por "intoxicación aguda inespecífica". Nunca se hicieron análisis de sus restos.

"Es dable señalar la fecha del día 8 de diciembre de 1981, día en que se intoxicaron cuatro reos comunes y cuatro reos subversivos -miristas- en la ex Cárcel Pública de Santiago por toxina botulínica. Ese es el mismo día en que el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, sufrió una grave infección, donde fue intervenido nuevamente con diagnóstico de peritonitis aguda", señala la investigación.

Sergio Rosende era amigo del director del Bacteriológico, el coronel Joaquín Larraín. Eduardo Arraigada Rehren, era el jefe del proyecto de guerra bacteriológica contra Argentina, en caso de conflicto.

Marcos Poduje, especialista de liofilización, ha declarado: "El coronel Larraín me solicitó que reparara el liofilizador. Cuando lo arreglé, el uniformado me ordenó que lo llevara hasta la Vicaría de Carabineros, ubicada en calle San Isidro donde lo recibiría un veterinario. Finalmente, como no estaba quien lo recibiría quedó detrás de un altar. Desconozco qué sucedió con el aparato", recordó Poduje en el proceso.

Pareciere ser que si se pudo liofilizar la toxina botulínica, bien podría haberse echado en los alimentos de los miristas que estaban en la ex Cárcel Pública. Nadie lo habría notado. Además el aparato fue dejado bastante cerca de donde estaba el laboratorio del Ejército. Desde calle San Isidro hasta Carmen, hay sólo unos pocos metros.

El Juez continua investigando como fue posible inoculársela a Frei. Y aquí entra Luis Becerra, quien fuera su chofer y hombre de confianza, quien según se descubrió luego fue informante de la CNI, durante muchos años. Por ahora la investigación continua.

Azar Saba Camilo

Médico CNI

Traumatólogo y ortopedista.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Álvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Álvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Trabajaba en el ex Hospital Deformes. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Involucrado en el asesinato de

Federico Álvarez

Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.

Aranda Guillermo

Médico DINA

Medico Cardiólogo de Punta Arenas, aplicó sus conocimientos para la tortura de presos. El cardiólogo de Punta Arenas es reconocido por muchos torturados de esa localidad.

Arraigada Loyola Darwin

Médico DINA

Participa en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a los presos políticos.

Participó en la entrega de médicos de izquierda, mas de 30 de los cuales fueron asesinados.

Dirigente Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. # H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Babaich Schmith Alejandro

Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas

Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos. Reconocido por muchos torturados de esa localidad.

Berg Fontecilla Humberto

FACH Coronel

SIFA

Médico de la FACH. Ex oficiales y suboficiales de la Fach fueron cruelmente torturados en la Academia de Guerra Aérea (AGA)

Bolumburú Taboada María Eliana

Enfermera DINA

Trabajó en las clínicas clandestinas de Santa Lucía Nº 162 y "London", con dirección en Almirante Barroso Nº 76. En estos recintos dependientes de la DINA no sólo se atendía el personal del organismo represivo de la dictadura de Pinochet, sino también a algunos prisioneros que comenzaban a colaborar, como forma de premiarlos, y también a detenidos que se encontraban moribundos producto de la tortura, para que fueran "recuperados" y los agentes represivos pudieran continuar con sus interrogatorios y torturas.

Relatos de sobrevivientes, que pasaron por dichos recintos, señalan que en éstos también se torturó y que existía un comunicación directa con el campo de concentración de Villa Grimaldi, lo que permitía que los prisioneros escucharan torturas de algún familiar.

María Eliana Bolumburú trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército.

Burgos Gregorio

Médico DINA

Regimiento de los Ángeles.

Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Ángeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Carcuro Correa Víctor

Médico DINA

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Colaborador de la CNI fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en los sucesos que culminaron con la muerte del transportista

Mario Fernández López en Octubre de 1984.

Contreras Balcarce Eduardo

Médico DINA

Otorrinolaringología

Trabajó en las clínicas clandestinas de Santa Lucía Nº 162 y "London", con dirección en Almirante Barroso Nº 76.

En estos recintos dependientes de la DINA no sólo se atendía el personal del organismo represivo de la dictadura de Pinochet, sino también a algunos prisioneros que comenzaban a colaborar, como forma de premiarlos, y también a detenidos que se encontraban moribundos producto de la tortura, para que fueran "recuperados" y los agentes represivos pudieran continuar con sus interrogatorios y torturas.

Relatos de sobrevivientes, que pasaron por dichos recintos, señalan que en éstos también se torturó y que existía un comunicación directa con el campo de concentración de Villa Grimaldi, lo que permitía que los prisioneros escucharan torturas de algún familiar.

Por estas clínicas clandestinas pasaron cientos de detenidos, muchos de los cuales hoy se encuentran desaparecidos o fueron ejecutados posteriormente por la DINA.. Estos facultativos prestaron ayuda a los crímenes de la dictadura, muchos de los cuales siguen desempeñándose en el campo de la salud pública o privada amparados en la impunidad.

Entre sus víctimas se encuentran:

René Acuña Reyes, 22 años, quien fue detenido y herido a bala el 14 de febrero de 1975; Diana Aarón, 24 años, egresada de Periodismo, detenida el 18 de noviembre de 1974 por agentes de la DINA y quien, al percatarse que iba a ser aprehendida por civiles, intentó huir resultando herida por impactos de bala en el pulmón y en el riñón;

Isidro Pizarro Meniconi, 21 años, detenido el 19 de noviembre de 1974;

Ida Vera Almarza, 31 años, detenida el 19 de noviembre de 1974 y

Nilda Peña Solari, 23 años, detenida el 10 de diciembre de 1974, quien sufrió un aborto producto de los golpes y torturas a los que fue sometida.

Secuestro de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista, abril de 1976

Existen pruebas y testimonios que señalan que todos ellos pasaron por dichos recintos ocupados como "clínicas" y centros de tortura y que, posteriormente, desaparecieron a manos de los propios agentes de la DINA.

También se encuentra documentado el caso del agente

Manuel Leyton Robles, quien pasó por la "clínica" London y fue asesinado luego de ser descubierta su vinculación con el organismo al robar una Renoleta.

Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, Avenida Recoleta 464, Santiago.

Díaz Doll Raúl

Médico DINA

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

Díaz Paci Guido

Médico DINA,

Pediatra.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Relacionado con asesinato de:

Mario Fernández López,

María Avalos,

Bernardo Lejdermann.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.