Derechos humanos en la argentina del siglo XXI (página 2)

5. Desaparecidos

La Comisión estima que el problema de los desaparecidos es uno de los más graves que en el campo de los derechos humanos confronta la República Argentina. En tal sentido la Comisión recomienda lo siguiente:

a) Que se informe circunstancialmente sobre la situación de las personas desaparecidas, entendiéndose por tales aquellas que han sido aprehendidas en operativos que por las condiciones en que se llevaron a cabo y por sus características, hacen presumir la participación en los mismos de la fuerza pública. b) Que se impartan las instrucciones necesarias a las autoridades competentes a fin de que los menores de edad desaparecidos a raíz de la detención de sus pares y familiares y los nacidos en centros de detención, cuyo paradero se desconoce, sean entregados a sus ascendientes naturales u otros familiares cercanos. c) Que se adopten las medidas pertinentes a efectos de que no continúen los procedimientos que han traído como consecuencia la desaparición de personas. Al respecto, la Comisión observa que se han producido recientemente casos de esta naturaleza que como todos los demás deben ser esclarecidos lo antes posible.

Detenidos a disposición del poder ejecutivo nacional y derecho de opción para salir del país. La Comisión ha podido enterarse de la situación de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional así como de los mecanismos para hacer uso del derecho de opción para salir del país.

A este respecto, la Comisión recomienda lo siguiente: a) Que la facultad que el Art. 23 de la Constitución otorga al Jefe de Estado para detener personas bajo el régimen de Estado de Sitio, se sujete a un criterio de razonabilidad y no se extiendan las detenciones indefinidamente en tiempo. b) Que, en consecuencia, se ponga en libertad a las siguientes personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional: 1. Aquellas que sin causa razonable y por tiempo prolongado se encuentran detenidas para que la detención no se convierta en pena, que solo el Poder Judicial puede imponer; 2. Los que han sido absueltos o que ya han cumplido sus penas; 3. Los que son elegibles para gozar de libertad condicional, en caso de haber sido condenados. c) Que se restablezca a plenitud el ejercicio del derecho de opción para salir del país, a efecto de que el trámite de las solicitudes no sufra dilaciones que entorpezcan la efectividad del ejercicio de dicho derecho.

Métodos de investigación. En lo referente a los métodos de investigación, la Comisión recomienda lo siguiente: Que se investiguen a fondo las denuncias acerca de la utilización de torturas y otros apremios ilegales en los procedimientos de investigación de las personas detenidas, que los responsables de actos de esa naturaleza sean sancionados con todo el rigor de la ley y se tomen las medias necesarias para prevenir la aplicación de tales métodos.

Régimen Carcelario En lo referente al régimen carcelario la Comisión recomienda lo siguiente: Tomar las medidas pertinentes para que los detenidos en algunos centros penitenciarios no sigan privados de condiciones elementales para su salud física y síquica, tales como la luz solar, lectura y ejercicios físicos, reducir el tiempo excesivo de permanencia en las celdas y evitar la imposición de castigos por faltas triviales.

Jurisdicción Militar En lo referente a las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas por la jurisdicción militar, la Comisión recomienda lo siguiente: a) Asegurar a las personas sometidas a juicio ante los tribunales militares, las garantías del debido proceso legal, especialmente el derecho de defensa por un abogado elegido por el procesado. b) Designar una comisión de juristas calificados para que estudie los procesos llevados a cabo por tribunales militares durante la vigencia del Estado de Sitio, y que en los casos en que se hayan omitido las garantías inherentes al debido proceso, haga las recomendaciones pertinentes.

Garantías procesales y de la defensa en juicio. En relación con las garantías procesales y de la defensa en juicio, la Comisión recomienda lo siguiente: a) Que se den las seguridades y facilidades para que los jueces procedan a investigar en forma efectiva, los casos de las personas detenidas en virtud de las leyes de seguridad.

b) Que se otorguen las garantías indispensables para la eficaz defensa que corresponde ejercer a los abogados que patrocinan a los procesados". Ese mismo día, la Comisión dio por concluida la observación en territorio Argentino. 3.-A partir del año 1976 funcionaron en territorio argentino alrededor de trescientos cuarenta Centros Clandestinos de Detención. La mayoría de ellos, en las propias sedes de las instituciones militares; muy a pesar de las reiteradas manifestaciones de los integrantes del régimen que insistían en negar la realidad. En el mes de diciembre de 1977, Videla declaraba a la revista GENTE: "Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario"(22.12.77). El Gral. Viola sostenía en septiembre de 1978 que "No hay detenidos políticos en la República Argentina, excepto algunas personas que podrían estar involucradas en las actas institucionales, que están realmente detenidas por su labor política. No hay detenidos por ser meramente políticos o por no compartir las ideas que sustenta el Gobierno".(7.09.78). En aquellos lugares siniestros estaban los miles y miles de argentinos y hasta ciudadanos de otra nacionalidad que eran buscados obsesivamente por sus familiares; allí estaban los "desaparecidos"; los que según las autoridades nacionales "estaban en el exterior o bien habían sido víctimas de sus propios pares"; allí iban a permanecer, mientras la Justicia del Proceso respondía en forma negativa a los miles de Habeas Corpus que todos los días se interponían ante los diferentes Juzgados y Cámaras del país. Mientras tanto, la CIDH, como dijimos, terminaba su experiencia en el país y a modo de conclusión manifestaba:

Conclusiones 1. A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestas en el presente informe, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En particular, la Comisión considera que esas violaciones han afectado: a) al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir fundamentalmente que han muerto: b) el derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad, y al haberse prolongado el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena, esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de apelación previsto en el Art. 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de esa derecho. Igualmente la prolongada penalidad de los asilados, configura un atentado a la libertad personal, lo que constituye una verdadera pena; c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes; d) al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares; y de la ineficiencia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad u orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas. 2.- Con respecto a otros derechos establecidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión señala que si bien su falta de observancia no ha revestido la gravedad de los anteriores, las limitaciones a que se encuentran sujetos afectan también la plena vigencia de los derechos humanos en la República Argentina.

Con relación a estos derechos la Comisión observa lo siguiente: a) que el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información se ha visto limitado, en diferentes formas, por la vigencia de ordenamientos legales de excepción que han contribuido a crear, incluso, un clima de incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de comunicación; b) que los derechos laborales se han visto afectados por las normas dictadas al efecto y por la aplicación de las mismas, situación que ha incidido particularmente en el derecho de asociación sindical debido a actos de intervención militar y a la promulgación de estatutos legales que vulneran derechos de la clase trabajadora; c) que los derechos políticos se encuentran suspendidos; d) que, en general, no existen limitaciones a la libertad religiosa y de cultos; aunque la Comisión si pudo comprobar que los Testigos de Jehová tienen graves restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y que, si bien no existe una política oficial antisemita, en la práctica, en ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en contra de algunos judíos. 3.- Asimismo, la Comisión considera que las entidades de defensa de los derechos humanos han encontrado y encuentran injustificados obstáculos para el cumplimiento de la labor que han venido desarrollando. 4.- La Comisión observa que con posterioridad a su vista a la República Argentina, en el mes de septiembre de 1979, han disminuido las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal y al derecho de justicia y proceso regular y que, particularmente desde el mes de octubre de ese año, no ha registrado denuncias por nuevos desaparición de personas".

6. El informe final: "la ley del olvido"

1.- El 28 de abril de 1983 las FF.AA. Argentinas daban a conocer lo que ellas suponían sería el INFORME FINAL sobre el tema de los secuestrados desaparecidos durante el régimen militar. La versión oficial sobre el Terrorismo de Estado significaba un compendio de falsedades y se trataba de un verdadero agravio para todo el país. Lisa y llanamente sostenía que los crímenes más siniestros debían quedar sin sanción y que además, se debía tener en cuenta que los hechos protagonizados por las FF.AA. debían ser considerados como meros actos de servicio y como prenda de paz y de amor entre los argentinos.

Las FF.AA como juez y parte. Vamos a recordar algunos párrafos de aquel documento, sin antes dejar de mencionar que, en primer lugar, este documento sería el antecedente más inmediato de la llamada "Ley de Pacificación Nacional" (Nro. 22.924), y en segundo lugar, que más allá de la anulación que con posterioridad el gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín hiciera de esta ley (mediante la Ley Nro. 23.040), se constituiría en el germen jurídico y legislativo que dará, entre otras aberraciones jurídicas, las leyes del Punto Final, la Obediencia Debida y los Indultos presidenciales".

"La preservación y el mantenimiento efectivo del goce de los derechos y las garantías que la Constitución reconoce a todos los habitantes de la Nación, es decir, la salvaguardia de los derechos humanos constituye la finalidad sustancial de la seguridad de un estado democrático, como lo es la República. Argentina, por su tradición histórica, política y jurídica…".

Así comenzaba el documento. En la Argentina lo que menos regía era la Constitución Nacional y su tradición se caracterizaba más por los gobiernos de facto que por los democráticos. Doctrina de Seguridad de por medio, continuaba: "…Este concepto de seguridad incluye también el resguardo de la inviolabilidad de su territorio contra amenazas externas e internas y la consolidación de un funcionamiento eficiente de su gobierno en el marco de la ley…".

"…La sanción por parte del Congreso de la Nación, de leyes que penalizan en forma específica y con mayor gravedad las conductas subversivas y los actos terroristas y la declaración del estado de sitio, no fueron suficientes para conjurar la situación… ". Por ello, agregamos nosotros, fue necesario crear un sistema criminal especial, con centros de torturas especiales y con muertes, también, especiales: la Desaparición de las Personas. "…En ese crucial momento histórico, las FF.AA. fueron convocadas por el gobierno constitucional para enfrentar a la subversión". "…a diferencia del accionar subversivo no utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aún cuando indirectamente estos pudieran haber sufrido sus consecuencias…".

Los secuestrados-desaparecidos siguen siendo inocentes; nunca tuvieron la oportunidad ni accedieron a un juicio legal; fueron, directamente, condenados y según sus ejecutores "en nombre de la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida". El informe continúa para determinar: "…En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quiénes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran MUERTOS, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas…".

Según el Informe de la CONADEP, EL 72,4 % del total de las personas que hasta el presente permanecen en la calidad de "desaparecidos" fueron detenidas ante testigos y luego desaparecieron; el 45,1 % fueron detenidas en sus domicilios también ante testigos; el 21,7 % en lugares públicos o en la vía pública; el 2% en dependencias militares, policiales o penales y un 27,6 % en circunstancias desconocidas. El Informe, agrega: "…La posibilidad de que personas consideradas desaparecidas pudieran encontrarse sepultadas como no identificadas ha sido siempre una de las principales hipótesis aceptadas por el gobierno. Coincidió con este criterio el informe elaborado por la Comisión Interamericana de DD.HH. que visitó el país en 1979 al expresar que, en distintos cementerios, se podía verificar la inhumación de personas no identificadas que habían fallecido en forma violenta, en su mayoría en enfrentamientos con fuerzas legales…".

La afirmación, hoy más que nunca, de que miles de argentinos hayan muerto en presuntos enfrentamientos, se ve de por sí totalmente desvirtuada. Algunos represores arrepentidos se han atrevido a contar que se hacía con los cuerpos de las víctimas cuando se decidía su "traslado", podían ser arrojados al mar, estaqueados, inyectados, sepultados de a grupos y arrojados en tumbas sin identidad.

Este es uno de los orígenes de las conocidas " tumbas N.N". El Informe continúa diciendo: "Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos ya que en la República. No existen lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente…". Mucho antes del Informe de la CONADEP, y como ya he hecho referencia, se habían registrado un centenar de Centros Clandestinos o Campos de Concentración, que incluían no solo su ubicación geográfica sino también su funcionamiento y a cual arma pertenecía su condición.

La dictadura militar dividió al país en cinco grandes zonas, denominados "Los Comandos de Zona". A su vez, estos Comandos. De zonas fueron divididos en zonas y áreas. Dentro de esta estructura represiva funcionaron los Centros Clandestinos de Detención y desarrollaron sus tareas alrededor de mil agentes pertenecientes a las tres armas de las FF.AA a las Fuerzas de Seguridad, Policía, Gendarmería y Servicio Penitenciario. El Informe intenta terminar con sentido exculpatorio, manifestando: "…La victoria obtenida a tan altos precios contó con el consenso de la ciudadanía, que comprendió el complejo fenómeno de la subversión y expresó a través de sus dirigentes, su repudio a la violencia De esta actitud de la población se desprende, con claridad, que el deseo de la Nación toda es poner punto final a un período doloroso de nuestra historia…".

El Dr. Alfredo Galletti, miembro co-fundador de uno de los primeros Organismos Defensores de los Derechos Humanos que se constituyeron en el país, el Centro de Estudio, Legales y Sociales (CELS), luego de conocer el documento emitido por los responsables y ejecutores del Terrorismo de Estado, escribió: "El documento acerca de la subversión constituye, en su conjunto, un compendio de falsedades". Ha sido recibido con estupor, indignación y dolor.

"Se trata de un verdadero agravio para todo el país. "Pretende ser punto final en el problema de los desaparecidos. "Se trata lisa y llanamente de un documento que tiende a dejar sin sanción a las más brutales violaciones de los derechos humanos que hayan existido a lo largo de toda la historia Argentina. "No solo no habrá castigos, sino que los hechos protagonizados por las FF.AA, con su concepción totalitaria del terrorismo de estado, son exaltados y considerados como prenda de paz y de amor entre los argentinos. Una verdadera burla y un atentado a los principios más elementales del derecho y de la justicia; una befa a los principios de amor, verdad y justicia". "La desaparición forzada de personas constituye un agravio para la humanidad". "Se trata de acciones criminales insoslayables, como ha señalado Juan Pablo II". "Son crímenes de lesa Humanidad, delitos continuos, cuya acción es imprescriptible, no sujeto a amnistía. Es la lesión más grave que se pueda inferir al ser humano como tal, es la afrenta más terrible a la dignidad humana, es el compendio de todas las violaciones de los derechos humanos, una a una, no sumadas meramente, sino multiplicadas. Por esas razones jamas pueden quedar impunes y para el caso del perdon o de la reconciliacion no puede hacerse, sin previamente reconocer la existencia de la culpa y la más severa, severisima sancion: verdad y justicia son principios que no pueden eludirse". "El documento declara muertos a los desaparecidos". "Nos resistimos a creerlo. Si así fuera, es indudable que se habría cometido un genocidio y como tal, debe ser juzgado. Obrando como juez y parte del mismo tiempo, la Junta Militar expresa que las operaciones llevadas a cabo por las FF.AA. fueron ejecutadas por los mandos superiores, conforme a planos aprobados por la Junta Militar y planificados por ella a partir del momento de su constitución y quedan exentas de sanción de ninguna naturaleza". "Aún más, se pretende que fueron fieles ejecutoras de decretos emanados del gobierno constitucional, que ordenaban la lucha contra la guerrilla y la subversión en todo el ámbito del país. Pero no expresan el hecho incontrastable que tales decretos colocaban la lucha dentro de término legales, es decir, dentro de marcos normativos de los cuales no podrían apartarse. Por otra parte, tampoco expresan que el golpe militar fue dirigido contra las autoridades que habían emanado dichos decretos y que entre los fundamentos del golpe, estaba, según la "proclama", la ausencia de ejemplos éticos y morales por parte de los gobernantes". "La transformación de la lucha en Terrorismo de Estado, al utilizarse los métodos que se querían erradicar, implica una violación de los principios de la ética y de la moral y los denominados "excesos" trasuntados en el desaparecimiento de personas, de millares y millares de personas de ambos sexos, de toda edad, sin excluir niños, sacados de sus casas o lugares de trabajo, la inmensa mayoría de los casos ante testigos y luego "desaparecidas" implica una violación a todos los principios". "El considerar que el accionar de los integrantes de las FF.AA. en las operaciones realizadas constituyeron ACTOS DE SERVICIO, significa la pretensión de sustraerlos a la acción de la justicia. Pero si se trata de los "actos de servicio" y como tales reconocidos por la Junta Militar, nunca, de manera alguna, pueden ser sustraídos de la Justicia y deben ser sometida a ella. PORQUE NO ES ACTO DE SERVICIO EL LLEVAR ADELANTE CRIMENES DE LA NATURALEZA QUE SE INDICA." "De la declaración se desprende, sin lugar a dudas, que los agentes de las FF.AA. y de Seguridad han asesinado en centros de detención a un número indeterminado de habitantes de la República, en cumplimiento de órdenes de la Junta, a través de los mandos y, como tal, no pueden quedar exentos de culpa ni de juzgamiento". "El documento mismo reconoce que se cometieron "errores" que pudieron traspasar los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales, pero SOLO QUEDARAN LIBRADOS AL JUICIO DE DIOS EN CADA CONCIENCIA Y EN LA COMPRENSION DE LOS HOMBRES".

"Nada más monstruoso que tal afirmación". "Una cosa son las acciones privadas de los hombres que pueden quedar reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados (como expresa el Art. 19 de la C.N.) y otra es la de aquellas que ofendan al orden o a la moral pública o perjudiquen a un tercero. EN EL CASO DE COMISION DE UN DELITO NO PUEDE INVOCARSE JAMAS TAL NORMA". "Es inaudito pensar, como se expresa en las conclusiones, que únicamente el Juicio Histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de muertes inocentes o de métodos injustos. Se trata, ni más ni menos, que de principios que hacen a la base del propio Estado como tal y que, en caso de incumplimiento, corroen las bases del Estado mismo transformando la norma en arbitrariedad total de gobernantes omnipotentes. NI LAS MONARQUIAS ABSOLUTISTAS DE DERECHO DIVINO HABIAN LLEGADO A TAL GRADO DE ARBITRARIEDAD". "Se trata de actos absolutamente discrecionales emanados del gobierno de las FF.AA, totalmente inconstitucionales y la invalidez de tales dictados es total y absoluta. Atenta contra el principio de división de poderes, sustrae a la justicia lo que a ella atañe, saca a las personas de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. No olvidemos que el propio régimen militar dictó normas, a las cuales debió sujetarse todo su quehacer". "Esta normatividad no puede ir más allá de ciertos límites, aún en los regímenes totalitarios y autoritarios. Aún dentro de formas de supralegalidad, como pueden ser las actas, totalmente inconstitucionales, debe observarse un mínimo de respeto a los poderes constituidos- así sea por los propios gobiernos de facto- y por los derechos humanos fundamentales". "A este último respecto, cabe agregar que existe un criterio de razonabilidad del acto, pero el de la discrecionalidad absoluta, como es el caso de documentos de las FF.AA. Estas obran como poderes absolutos. La Suprema Corte, si bien hizo concesiones dentro de su jurisprudencia a la legitimidad de los actos emanados de los gobiernos de facto, nunca podría convalidar un acto – así fuera una acta institucional- que excediera todo límite de razonabilidad y se transformara en un acto despótico y en violación a los principios del derecho y de los derechos humanos fundamentales".

"Se trata, por lo tanto, de una INVALIDEZ TOTAL Y ABSOLUTA y como tal así debe ser considerada". "Resulta inaudito, asimismo, la pretensión de considerar que no sólo las FF.AA obraron en la forma que lo hicieron, con desprecio total de los derechos humanos, sino que lo harán nuevamente toda vez que sea necesario. Ya sabemos bien de qué manera cumplen las FF.AA lo prometido. El discurso de Viola en Montevideo por el cual aseguraba que morirán en el país tantos como sea necesario y que fue una especie de inauguración de la política terrorista de Estado, o las declaraciones de los demás integrantes del poder militar, sin olvidar a Galtieri cuando manifestara que "no le importaba que murieran en las Malvinas también los que fueran necesarios", son unos pocos ejemplos.

"Ello significa colocarse definitivamente por sobre todo poder constitucional y por encima del Estado de Derecho. Y no solo allí llega la amenaza, sino que aprovecharán las lecciones que los deparará la represión, con el objetivo de aumentarla o corregirla sin importar el número de víctimas que pudieran ocasionarse. Ello se desprende nítidamente del texto. Y ello significa, también, una espada que se cierne sobre todo nuestro futuro institucional". "No habrá posibilidad de indagar acerca de los hechos producidos, ya que el poder militar no responderá ninguna requisitoria y se basará en el acta institucional para no hacerlo. "Desaparecerá, así, la institución clave y fundamental con referencia al principio de la libertad y la vida de los ciudadanos. Tampoco será posible, conforme al documento, la indagación acerca de los hechos producidos con motivo de "actos de servicio", aunque en la realidad nadie podrá impedir la intervención de la justicia competente. Pero podrá decirse que " aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar, pudo facilitar la comisión de hechos irregulares y que fueran detectadas, han sido juzgadas y sancionadas por los Consejos de Guerra", según reza el documento…

"Volviendo al tema de los desaparecidos, cabe manifestar que el documento nada agrega en relación con lo ya expresado en otras oportunidades. Se recurre al artilugio de los propios subversivos desapareciendo por sí, escapando al castigo; a la venganza entre distintas bandas; a la reaparición de personas que se consideraban desaparecidas; a todo el repertorio la que nos tenía acostumbrados Viola y que se repetía infinitamente y como letanía aprendida de antemano frente a las continuas reclamaciones que se realizaban. Se expresa que no existen lugares secretos de detención y cárceles clandestinas. HAY

7. Multitud De Testimonios Que Aseveran Lo Contrario.

"Los desaparecidos, por millares, fueron llevados de sus domicilios o lugares de trabajo, en la inmensa mayoría de los casos ante testigos, por las FF.AA. y los organismos de represión, con absoluta y precisa coordinación a punto tal que resulta pueril la manifestación de que no es posible su identificación…". "No se ha dado explicación alguna al respecto y la opinión pública del país asiste absorta a las conclusiones del informe, en el sentido de que todos los desaparecidos ésta muertos". "LAS MAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DD.HH. FUERON COMETIDAS Y TALES ACCIONES NO PUEDEN QUEDAR LIBRADAS AL JUICIO DE LA HISTORIA DE LA HISTORIA. ES NECESARIA LA JUSTICIA. Caso contrario, continuaremos en un camino sin fin, que no permitirá, en manera alguna, la ansiada recuperación de las instituciones argentinas. Pero, nada vale sino es con justicia, basada en la verdad y con el cumplimiento de severísimas penas para aquellos que hayan delinquido…".

En resumidas cuentas, el documento "final" emitido por la Junta agravaba la situación y significaba, también, un verdadero agravio para todo el país. El periodo de silencio de la sociedad va disminuyendo a medida que el gobierno fue mostrando falta de autoridad para imponer silencio; el pueblo de a poco comenzó nuevamente a moverse, a desendurecerse ante el miedo, los sectores que comienzan moverse con mayor libertad en un primer momento fueron los empresarios regionales, los sindicalistas, los estudiantes y la iglesia, donde la corriente a favor del proceso fue dejando lugar a otra que tenía por objetivo evangelizar crecientemente laica. La preocupación por la moral y los derechos humanos ya se hacen sentir en los documentos eclesiásticos y en la comunidad nacional.

El grupo más importante de defensores de los derechos estuvo representado por las Madres de Plaza de Mayo. Estas tuvieron un discurso ético y testimonial poniendo de manifiesto el sentimiento de maternidad destruido por el proceso. Luego de la guerra de Malvinas (dentro de la dictadura) la sociedad comenzaba a hacerse sentir, y unidos contra los represores y de la mano de Raúl Alfonsín (representante de la oposición) exigieron información al gobierno sobre la guerra, logrando instalar el tema en la opinión pública, lo que traja dificultades a los represores. Ya habían perdido credibilidad y la gente comenzaba a revelarse. La propuesta de Alfonsín de basaba en construir un gobierno civil de transición, pero dentro del gobierno de facto la propuesta no había cambiado: seguir inculcando el temor. Galtieri en un acto en la Plaza de Mayo, pasado unos días, da por finalizado el proceso de Reorganización Nacional.

Nueva Etapa, Mayores Esperanzas En 1983 asume como presidente de la República Argentina Raúl Alfonsín, iniciando la democracia. Fuera de que su gobierno perjudicó muchísimo en el plano económico al país, fue el fundador de la CONDEP. La CONADEP fue formada luego que la democracia fuera devuelta a la Argentina en 1983, con el objetivo de investigar a los miles de desaparecidos durante el gobierno militar. La comisión recibió evidencias acerca de los eventos relacionados con personas desaparecidas y entregó esa información al Presidente Alfonsín el 20 de Septiembre de 1984. La comisión no determinó responsabilidades sino que se encargó de documentar la cronología de los eventos. Con el objetivo de guardar la objetividad, el Poder Ejecutivo decidió que la comisión estuviera compuesta por individuos con prestigio nacional e internacional, elegidos por su consistencia en la lucha por los derechos humanos. Representarían diferentes afiliaciones políticas e ideologías.

Las personas elegidas trabajaron ad honorem. Estas fueron:

• Ricardo Colombres
• Rene Favarolo
• Hilario Fernandez Long
• Carlos T. Gattinoni
• Gregorio Klimovsky
• Marshall T. Meyer
• Jaime F. de Nevares
• Eduardo Rabossi
• Magdalena Ruiz Guinazú
• Ernesto Sabato

Ernesto Sabato, el 29 de Diciembre de 1983, fue elegido como Presidente de la Comisión. La Comisión relevó miles de casos de abducción, desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso era documentado en un archivo numerado. Se compilaron más de 50,000 páginas de documentación. Un resumen fue publicado en un reporte oficial en el año 1984. Luego de miles de testimonios y hechos horripilantes, la Comisión concluyó con una serie de recomendaciones para iniciar acciones legales contra los responsables.

Los Efectos y Repercusión Social Los derechos individuales se ven claramente afectados por el proceder del Estado, que consagra la impunidad para las personas responsables de los delitos contra los desaparecidos en la época del terrorismo de estado de la década del 70. La situación de aquellos que cometieron delitos contra los derechos humanos, al no ser sometidos ante la justicia vulnera el principio de igualdad ante la ley; lo que se convierte en una lamentable afirmación: QUE NO TODOS SOMOS IGUALES ANTE ESA MISMA LEY. La falta de una sanción genera la convicción en los cuadros represivos de que pueden recrear el exterminio de personas como medio de resolver un conflicto entre el Estado y la Sociedad Civil, o entre un civil y un agente de las fuerzas del estado. Se invierten los valores que sostienen la relación Estado-Sociedad Civil, cuando el estado de derecho tiende a sancionar los delitos contra la propiedad y a admistiar y o indultar los delitos contra la vida, la preservación del ser humano pierde un espacio irrecuperable frente a la preservación de los bienes materiales.

Este fue el sentimiento general cuando en el gobierno de Raúl Alfonsín se promulgan los decretos que favorecieron a los miembros de las fuerzas armada, bajo pretexto de haber actuado por ordenes de sus superiores. Estos decretos son los representantes de la impunidad con color constitucional. De un plumazo se borra todo el trabajo realizado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, se torna nulo aquel esfuerzo de la persona que sobrevivieron a los campos de concentración en su afán de reconocer a sus torturadores.

No se hacia alusión a los miles de seres secuestrados, y desaparecidos. Nada se disponía sobre la averiguación de sus destinos. La cuestión era, seguía, y no dejaría de ser militar. Era diciembre de 1983, y el presidente de la nación anunciaba los pasos legales correspondientes para someter a la justicia a quienes a su entender habían sido responsables los atentados en la represión, que todavía no era tan lejana. Así comienzan los juicios a los ex miembros de las juntas militares, por la comisión de excesos en la represión del terrorismo. Desde el punto de vista jurídico se señala la violación de las garantías constitucionales, de haber sido los procesados sacados de sus jueces naturales que eran los Miembros del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, dispuesto por una ley dictada en fecha posterior al hecho de la causa. De esta manera se vulnera el articulo 18 de la Constitución Argentina. Alfonsín saca a los supuestos procesados de la Cámara Militar y los deja bajo jurisdicción de la Cámara Federal por ser lenta.

Los juicios culminaron hacia 1986, con la condena de 5 comandantes en jefe. Desde el comienzo coloca su gobierno bajo la tutela de los poderosos, implementando una política abiertamente a favor de las corporaciones y organismos financieros internacionales. Comienzan a concretarse la privatización de empresas fundamentales del Estado entregando a multinacionales el transporte y las comunicaciones.El menemismo destruyó o entregó a los monopolios las riquezas del país, que le costaron más de un siglo a generaciones de argentinos construirlas. El gobierno colocó al mercado como el ámbito único para resolver todos los problemas; en ese mercado la economía desplaza a la política, y los que hacen política son dueños de las corporaciones, manejan el gobierno y millones de dólares. Durante la década del 90 Argentina retrocedió en todos los planos. Las provincias en este período han perdido capacidad para afrontar sus problemas, sus aparatos productivos fueron virtualmente destruidos, y avasalladas sus autonomías.

En materia sanitaria, de educación, de atención a los ancianos y los niños o de ayuda al fortalecimiento de los nexos familiares, todos han sufrido caídas hasta niveles realmente graves. El autoritarismo ha sido el método preferido del presidente, esto se manifiesta con crudeza cuando querella judicialmente a quienes lo critican. Tenemos por ejemplo el juicio contra Hebe de Bonafini, sometida a una causa por que lo llamó basura cuando indultó a los militares genocidas.

Ignoró todos los reclamos de la gente. Menem durante todo su mandato tuvo una constante: hacer cuanto de él dependa para limitar y controlar la prensa. Con ese propósito envió proyectos proscriptivos al Parlamento Nacional, realizó amenazas verbales o de hechos contra periodistas, como los juicios que entabló contra varios medios de prensa, entre ellos está el que involucra a Horacio Verbitsky, causa que llegó hasta la Corte Interamericana. El presidente no se conformó con someter bajo su dominio a su partido sino también a los gobiernos provinciales, al Parlamento, a los órganos del Estado y muy especialmente al Poder Judicial. Durante la era menemista sufrimos la existencia de una justicia subsumida a la voluntad del Ejecutivo, incluida la Corte Suprema de Justicia, donde una "mayoria automática "salía a satisfacer los deseos de Menem. También es importante tener en cuenta la concepción menemista estadista, en virtud de la cual legaron un estado que casi no puede cumplir su misión o gestar un proyecto que proteja la Soberanía Nacional, la atención de las necesidades de la a población o garantizar la efectiva seguridad de las personas y sus derechos.

Ahora esas funciones las cumplen los organismos financieros internacionales, las corporaciones que controlan el país, las bandas armadas y los lideres políticos que sostienen la democracia que el neoliberalismo y el mercado reconocen como legitimo. Estos hechos se dan en medio del triunfo de la denominada cultura light, donde el llamado pensamiento único se convertía en concepción oficial. A esta concepción no le interesa lo que dice la gente, solo le importa la opinión de la cúspide gobernante y la tutela del capital financiero. La cultura oficial se encargó de diluir toda oposición, a descalificar a la critica y a convertir en invisible al enemigo del país y del pueblo, donde el imperialismo perdió espacio ganado por el mercado, donde los derechos de las personas, se ven claramente afectados, donde el que mas tiene, mas puede, donde la justicia es compatible con el dinero y no con la verdad, donde trabajar no es un derecho, sino un lujo, o u golpe de suerte por haberlo encontrado, donde la educación es proporcionada y obligatoria para todos, pero solo en los papeles, donde la igualdad ante la ley ya deja de ser igualdad para ser desigualdad ante los menos provistos de medios para hacer frente a un litigio o a la corrupción de la justicia, donde el hambre es moneda corriente en la vida de miles de personas, donde los derechos de los niños en la práctica parecen estar abolidos para esa interminable cantidad de chicos que viven sin un techo, sin un mínimo alimento, sin zapatillas, o simplemente sin lo mínimo para subsistir; así también es la situación de los jubilados, que bregan por cobrar lo que por derecho y trabajo les corresponde, donde la obra social no le proporciona la atención que deben. Y si son necesarios mas ejemplos, con solo hacer un poco de memoria, y hasta mirando por una ventana, la realidad nos los puede proporcionar.

La presidencia de Carlos Menem se extendió por 10 años, desde 1989 a 1999, etapa donde como ya se a expuesto que los derechos humanos fueron violados, en una intensidad mínima quizá, comprado con la década del 70, pero nunca hay que perder de vista que violar los derechos no tan solo es matar.

Así llegamos al año 1999 donde es elegido como presidente Fernando de la Rua; el nuevo mandatario recibió un país sumido en la pobreza, con graves problemas sociales, y que hoy por hoy lucha por surgir. El Presidente se arrogó como atributo propio la decisión de votar contra cuba en el tema de los DDHH, es justo exigirle una conducta ética medida en su participación en el logro de la felicidad pública y el bien común. La realidad demuestra que no la tiene; por el contrario, es culpable en alta medida del sufrimiento agravado de vastísimos sectores de ciudadanos argentinos. Tampoco se conocen antecedentes de su contribución real y no declamativa en la brega por la vigencia de los DD HH, a pesar de la demanda de luchadores en un país arrasado por continuas dictaduras militares y gobiernos civiles que se identificaron con las mismas. En síntesis, nadie que milita en el campo de los Derechos Humanos lo vio alguna vez allí.

Si invertimos la categoría del sujeto que castiga, habría que estimar a la Argentina como modelo de conducta en el género. Se desataría la risa aquí si la historia no hablara de una persistente cultura de la destrucción, con cientos de miles de personas condenadas literalmente a morirse de hambre o de las enfermedades que ese hambre genera, con torturas aberrantes para quienes se resisten al poder, con un rosario de crímenes cometidos por el Estado con alevosía, y la invención y puesta en práctica de un arte monstruoso: la desaparición masiva del diferente, a quien previamente se le niega la mínima calidad humana.

Vamos en la actualidad como es el tratamiento de los derechos en nuestro país: El derecho a la educación: Pese a ser un derecho consagrado por la Constitución nacional y muchas provinciales, la situación de la educación en la Argentina es poco menos que calamitosa. Más de la mitad de los docentes están bajo de la línea de pobreza. El 40 por ciento de las docentes son "jefas de hogar" y con ese magro ingreso deben atender al grupo familiar de 4 personas promedio y a la vez contar con buena predisposición para "educar al soberano". Más del 70 por ciento de los docentes no fue consultado para la reforma educativa y un 72 por ciento opinó que con esa reforma la educación empeoró. Aumenta el nivel de deserción escolar y muchos niños concurren a la escuela ante la única posibilidad de comer que tienen, en general comida basura contratada a empresarios inescrupulosos, pero comida al fin. El nivel de la enseñanza sigue cayendo en picada. Casi el 50 por ciento delas escuelas entra en la categoría de "no recomendadas" de la UNESCO. Podríamos continuar ofreciendo más datos, pero éstos son más que suficientes para afirmar que "en materia de educación los Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora, en la Argentina.

El derecho al deporte Cuando hay posibilidad de alcanzar una medalla de oro el presidente de turno se hace presente. Y los deportistas que se aproximan a obtenerla lo hacen en función de un gran esfuerzo y sacrificio personal. El abandono por parte del Estado argentino, a la atención del deporte y la recreación para con sus ciudadanos es total. Lo sintetizado en este punto es suficiente para afirmar que "en materia de deportes y recreación, los Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora en la Argentina.

El derecho al trabajo Otra vez la Constitución nacional es letra muerta. Los índices oficiales indican poco más del 15 por ciento de desocupación. Por el método de cálculo utilizado sabemos que hay otro 5 por ciento que no está incluido, que la realidad indica el 20. Los semiocupados, cuentapropistas, los con salarios derivados de contratos basura representan casi otro 20 por ciento más. La sociedad argentina padece de esta manera una crisis social sin precedente. El 40 por ciento de su población marginada. Y el resto, el que aún tiene la suerte de contar con empleo vive con miedo a perderlo, con miedo a convertirse en un paria más, porque el que pierde el trabajo difícilmente lo recupere. ¿Qué esperanza tienen los jóvenes en encontrar un trabajo, donde más del 50 por ciento de los que se encuentran en edad de trabajar y hasta los 25 años son desocupados? ¿Qué esperanza tiene el que pasó los 45 años y pierde su empleo de reinsertarse en un trabajo cuando el modelo lo considera viejo?. En materia de empleo los Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora en la Argentina.

El derecho a la salud ¿Qué podemos agregar aquí? Sabemos del alarmante crecimiento del deterioro de la salud pública en nuestro país. Hospitales desmantelados, sin medicamentos, sin elementos básicos. Enfermos terminales abandonados a su suerte. Médicos con salarios de hambre. Grandes zonas del país sin asistencia básica. Desnutrición. Rebrote de enfermedades que deberían haber sido erradicadas. La Argentina, que no ha sido un país que no haya dedicado en su momento atención a la salud pública, tiene actualmente algo más de 3 médicos cada mil habitantes. El índice de "mortandad infantil", es del 23 por mil. Lo que significa que en nuestro rico país mueren tres veces más niños, que en otros países de Latinoamérica, muertes en la mayoría evitables si se volcara un poco de atención a resolver ese drama. Y en el índice de "esperanza de vida", que refleja el número de años que puede esperar vivir, como media, un recién nacido, es para nosotros de 72,9 años. Sin la menor duda de que "en materia de salud, los Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora en la Argentina.

El derecho a la cultura De Nación y Cultura, de Héctor P. Agosti, leemos: "Recuerdo un pueblo salteño, en un atardecer transparente, cuyo cielo tenso como parche de tambor retumbaba al leve rumor del viento. Recuerdo la humilde estación ferroviaria y el recortado perfil de las montañas azules luchando con los últimos resplandores. Pero recuerdo sobre todo los hombres amontonados en la estación, indios cotudos y descalzos en su mayoría, con ponchos desflecados de tan viejos, sin otro espectáculo en sus vidas que el paso jadeante de los trenes. En la tarde dolorosamente humanizada me pareció que esa presencia implicaba el más elemental y urgente programa de cultura. Cultura significaba aquí –dramáticamente– proporcionar botines y asistencia médica a tantas criaturas desamparadas. Acaso parezca tosco el argumento. Pero si no se cree que es un puro goce de refinamientos estéticos reservados para algunas minorías, entonces no resulta tan torpe esa exigencia de botines como fundamento de la cultura". Sabemos que el acceso a la cultura de enormes sectores de la población es imposible en nuestro país mientras existan estos gobiernos y estas políticas. Por lo tanto podemos afirmar con plena seguridad que "en materia de cultura, los Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora en la Argentina.

El derecho al acceso de los avances científicos Muy especialmente conocemos el tratamiento vergonzoso que se les otorga a la ciencia y a los científicos en nuestro país. No voy a abundar en detalles al respecto. Solo vale decir que en el país no faltan talentos, lo que falta es apoya, campañas tendientes a promover la investigación y los avances científicos, ayudar a quienes luchan por la ciencia en Argentina, no aplicarles recortes, brindarles beneficios para su labor, pues luego todos disfrutaremos de su trabajo. No dejemos ir del país a nuestros científicos, los ayudemos, por el bien de todos.

El derecho a la seguridad La seguridad en la Argentina está, en alarmante proporción, a cargo de delincuentes u organizadores de delincuentes. Sabemos que gran parte de puestos claves, entre ellos la comandancia en jefe del ejército, está en manos de torturadores y sospechados de haber estado al servicio de la dictadura genocida y asesorados por letrados nazis. Que parte de los jueces son corruptos e ineficaces y que arrastran en general una doble carencia: carecen simultáneamente de dignidad y de idoneidad. Seguridad en manos de criminales no es seguridad. ¿cómo es posible hablar de seguridad cuando minuto a minuto aumenta el índice de robos? , es lamentable tener que aceptarlo, pero más lamentable aun es soportarlo. La violencia en los últimos tiempos a trepado índices insospechados, hoy no se conforman los delincuentes con solo robar, sino que dado el caso no les tiembla el pulso para matar.

Por lo tanto podemos afirmar que "en materia de seguridad ciudadana, los Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora en la Argentina.

El derecho de igualdad de trato ante la ley ¿Con cuál juez empezamos? ¿Por Trovato, que cambia por un mueble el valor de una vida? ¿O por Liporaci, que logra lo que millones de argentinos no pueden obtener, una modesta vivienda con el sudor de su frente? ¿Puede alguien asegurar que el derecho de libertad de trato ante la ley se respeta en la Argentina? ¿Lo puede asegurar la madre de la pequeña que murió cayendo del hueco de un ascensor, cuando el juez de la Nación cambió su vida por un armario? ¿Lo pueden asegurar los presos políticos de La Tablada, que no gozaron del derecho de defensa y no se respetaron normas internacionales aceptadas? Este es el gobierno en un país donde los peores asesinos gozan de plena libertad en vez de estar purgando sus crímenes en la cárcel. Donde la Justicia es un mamarracho plagado de corruptos que defienden a corruptos. Donde su independencia del poder político es inexistente y se apañan y potencializan mutuamente. El que vulnera uno de los derechos "básicos", como es el derecho a un juicio justo, como en el caso de Emilio Alí, diez meses detenido por reclamar alimentos y ahora condenado a más de cinco años de prisión. Se siguen violando los Derechos Humanos hoy con el silencio cómplice de los ‘paladines de la democracia. En materia de igualdad de trato ante la ley, los Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora en la Argentina.

El derecho a la libre expresión de las ideas. En la Argentina del 2000 somos todos libres de expresarnos, de postularnos, de opinar, de peticionar, de exigir, de gozar de nuestros derechos, de expresarnos libremente ante los mandatarios etc. , pero solo en la tinta y el papel, nada en la libertad de actuar, porque nadie escucha el pedir dl pueblo, el deseo de trabajar de mejorar. Somos libres, estamos en democracia, podemos expresarnos, pero con el aditivo de l represión policial, porque nuestro derecho de hacernos oír esta dominado por el derecho del gobierno asilenciarlo, a pagar coimas para lograr sus propósitos, sin importar la repercusión en el pueblo. Si, somos libres d expresarnos, pero nadie nos escucha.

Se cumplen 25 anos del golpe impulsado por el imperialismo yanqui a manos de las FF.AA., la iglesia católica, la burocracia sindical y civiles que colaboraron para instalar definitivamente en la Argentina un proyecto político, económico y social, al que llamaron proceso de reorganización nacional. Así nuestro país siguió cayendo en manos del poderoso capital nacional e internacional. Los gobiernos militares por medio del terrorismo de estado, desaparecieron, torturaron y persiguieron a miles de personas. La herramienta que estos genocidas utilizaron fueron los secuestros, las violaciones, los robos, las listas negras, esto significó para el sistema, fortalecer su aparato represivo criminal sobre los luchadores obreros y populares. El 24 de Marzo de 1976 comenzó una de las dictaduras más sangrientas de los últimos tiempos.

Obviamente, los militares no estuvieron solos, el decreto de aniquilamiento fue firmado por el gobierno peronista de Isabel y la Triple AAA, quien contaba en sus filas con Luder y Carlos Ruckauf. También se sumaron a este proyecto los radicales La vuelta a la democracia burguesa continuo con lo exigido por el FMI. y el Banco Mundial, pauperizando aun más las condiciones laborales de los trabajadores mediante la reforma laboral y la Ley Federal de Educación que tiene como objetivo privatizar la educación publica y crear mano de obra esclava. Todo esto impulsado por un equipo técnico con Domingo Cavallo, Machinea y López Murphy, seguidores José Alfredo Martínez de Hoz.

La estrategia para que ninguno de estos protagonistas del terror pagara con la cárcel, quedó primero en manos de los radicales con Raúl Alfonsín y Jaunarena y posteriormente de los peronistas con Carlos Menem, a través de las leyes de obediencia debida y punto final y de los decretos de indulto. Asimismo, el gobierno de De la Rúa permitió el ascenso de asesinos de las FF.AA. y colabora con los yanquis como policías del mundo.

Los intereses de los grupos de poder hoy, igual que ayer, encarcelan a luchadores como Emilio Ali. dirigente de la unión de vecinos organizados de Mar del Plata, Emerenciano Senna, trabajador desocupados del Chaco, Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, Cesar Matoso, abogado de los asentamientos y cuatro luchadores de los Sin Tierra de Lomas de Zamora. Y condenan también a los compañeros del M.T.P. y de la ORP. Mas víctimas de estos asesinos fueron Víctor Choque en Tierra del Fuego, Teresa Rodríguez en Neuquén, Ojeda y Escobar en el puente de Chaco / Corrientes, a 5 días de asumido el actual gobierno, Verón en Salta, Arias en Neuquén, los inmigrantes perseguidos y los jóvenes que mueren a manos de policías o grupos parapoliciales, caso conocido como de gatillo fácil.

La brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande, muere un chico cada 40 minutos por el hambre y crecen los índices de desempleo. Producto del plan de ajuste, represión, hambre y desocupación de este gobierno queda demostrado a través del voto contra Cuba en la reunión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su apoyo al Plan Colombia (penetración militar Norteamericana en Latinoamérica) y la organización del 5 al 7 de abril en Bs.As. de la cumbre del A.L.C.A. (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). Pero todo esto genera que los trabajadores y el pueblo lo enfrenten mediante su lucha como se viene demostrando en los últimos paros generales, piquetes en las rutas etc. Ante esta nueva situación política (Machinea, López Murphy, Cavallo) se pretende dar una vuelta de tuerca al modelo económico que se viene aplicando desde el año 1976. Como está ocurriendo en estos días llamamos al pueblo a continuar saliendo a la calle para frenar y tirar abajo cada medida de ajuste en contra de los intereses de los trabajadores, desocupados, estudiantes, porque si bien no están matando abiertamente a nadie, están condenando al pueblo argentino a la más cruel y agónica caída. Castigo a los genocidas de ayer y de hoy y sus complices restitución de la identidad de los chicos apropiados libertad a todos los presos políticos y desprocesamiento de los mas de 2800 luchadoras obreros y populares.

8. Conclusión

Luego de realizar este trabajo, salta a la vista que la impunidad en nuestro país y la violación de los derechos humanos, continuó luego del proceso de reorganización nacional. Esto surge cuando conocemos que por influencias políticas no se supo, sabe o quizás nunca se sepa que pasó con las 30000 personas desaparecidas; así también que a los militares, no se los castigó como debía hacérselo, a unos por actuar "bajo ordenes" y a los "que ordenaron", tampoco se les aplicó el peso de la ley; entonces nos preguntamos ¿porque?, y no encontramos respuesta ante tan funesto pasado, cuando verdaderos asesinos fueron favorecidos por la ley de indultos de Carlos Menem. Por este favoritismo del expresidente, hoy caminan por la calle miles de asesinos, por esa misma calle donde caminan miles de almas dolidas por las perdida irreparables de sus seres queridos, alma de personas cuyas memorias nunca olvidaran la pena de sentir que la justicia no existe. ¿Por qué tanta impunidad?, ¿por qué no se esclarecen las desapariciones?, esa es la pregunta sin respuesta que hoy nos formulamos todos. La esperanza del pueblo argentino, es que algún juez recuerde que afuera, algunos de los tantos asesinos de argentinos, hoy libres, tienen condena, y que por el indulto no la están cumpliendo, pero todos los que amamos la vida y procuramos el respeto de los derechos humanos, pedimos a gritos, para poder volver a creer que existe la justicia.

Matar, violar, torturar, hacer desaparecer, denigrar, quizás san las formas más crueles de vulnerar los derechos que los hombres poseen por el solo hecho de haber nacido hombres; pero no son las únicas formas. Que un niño padezca desnutrición, y hasta pueda morir por ella, que un padre no tenga trabajo para mantener a su familia, y se vea en el peor de los casos obligado a delinquir para procurarle lo mínimo indispensable a sus hijos, que las personas en general no puedan acceder a una educación digna por no tener dinero, que una maestra trabaje en la digna labor de "educar al soberano" cobrando miserias, que un niño o adolescente se vea obligado a limpiar vidrios en los semáforos, a comer de la basura que descartan los que más tienen, que un jubilado no cobre los haberes que por años de trabajo y de aportes, y por sobre todo por que la Ley le confiere ese derecho, no lo perciba, que quien deba asistir a un hospital publico, no sea atendido por falta de elementos… ESO TAMBIEN ES VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS.

A lo largo del periodo que abarca los últimos 25 años, vale decir que la 1ª etapa (1977-1983) fue el lapso donde el dolor fue la cara de la Argentina y la cruz de su pueblo. Cuando en 1983 asume como presidente Raúl Alfonsín, se renueva el aire por el retorno de la Democracia, y poco a poco el pueblo comienza a creer en la posibilidad de volver a sentirse libre, pero eso no implicaba olvidar el dolor de la muerte de 30.000 personas, del daño irreparable en sus mentes, y de las secuelas que dejó el golpe militar. Así poco a poco el cambio se va gestando, permite vislumbrar la leve evolución del respeto de estos derechos. Hoy ya estamos a 25 años de distancia de esa época, pero debemos estar alertas ante cualquier manifestación de este germen social, y erradicarlo para que no resurja. La gran diferencia esta en que hoy tenemos democracia, en que el pueblo argentino conoce las dos caras de la moneda, y es por ello que debemos defender el sistema democrático, en base a una mayor participación, para evitar caer en ese pozo en el que nuestro país estuvo en la década del ’70.

Autor:

Silvia Quinteros

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UNT