Libertad: ¿Dónde estás?

Enviado por jhernandez

PRESENTACIÓN AL TEMA

El contexto social que estamos viviendo y tratando de disfrutar, no puede decirse que sea exactamente igual al de hace veinte años. La naturalización de los procesos sociales viene a ser una constante en los discursos políticos y económicos. "La globalización" o "apertura comercial" son las nuevas palabas mágicas con la que se espanta a los fantasmas de la crítica. Y la ortodoxia liberal se debate entre lavarse las manos frente a la miseria o sorprenderse.

No es necesario ser un eminente politólogo, sociólogo o conocedor de las nuevas reglas del mundo económico, para darse cuenta de que los discursos de los economistas y de los políticos buscan naturalizar y darle el tinte de legalidad, más que nunca a la desigualdad. Luego de escucharlos en el discurso oficial tan traído y llevado, uno tiene la sensación de que la pobreza, el hambre y el desempleo se han convertido en el justo castigo que deben pagar los ineficientes.

Un proceso es en el que se escuda la "globalización" y en la idea de individuo autosuficiente, para desentenderse de las consecuencias de su práctica y justificar la miseria interna. Digamos que la globalización se ha convertido en el nuevo consuelo de los tontos. ¿Por qué nos quejamos de nuestro desempleo? ¿Acaso no vemos que hay desempleados en todo el mundo?. Lo cierto es que se han globalizado los "ejércitos de reserva" y las deudas más que las inversiones productivas. Pero desde el gobierno continuamente se nos "recuerda" que nuestro sistema no inventó la pobreza y que siempre han existido pobres, y así, naturalizando una construcción social imaginaria e irreal, perfectible para el exterior, pretenden silenciar a las voces críticas.

Otra estrategia en los discursos neoliberales es la referencia al "mercado" como si se tratase de un ser vivo. Nos dicen que el mercado se "asustó", se puso "eufórico", "reaccionó", se "angustió", entró en "pánico", "enloqueció", se "deprimió", se "despertó", etc. Pero seamos claros, el uso de estos verbos no es una licencia poética, sino una versión ampliada de la "mano invisible" con la que se pretende dotar de libre albedrío a lo que no lo tiene, y sin desconocer que el análisis de los movimientos bursátiles dista mucho de ser una ciencia exacta, los resultados de su hacer no pueden ser cargados hipócritamente a fuerzas azarosas.

Curiosamente siempre pierden los mismos en aras del desarrollo. Resulta paradójico querer homologar la "autonomía" del mercado con la del ser humano, tal como se dice: "se mistifica el papel del mercado y se beatifica el del Estado", ya que pocas veces en la historia éste se ha visto tan condicionado por las estructuras. Pero la meritocracia es el dogma de los liberales y la paradoja se disuelve en su idea de hombre eternamente potencial.

De todas maneras, si la idea de mercado-hombre no convence, se puede apelar a la imagen de mercado-Dios. Nosotros, pobres aldeanos de este mundo, padeceríamos los embates de un dios vengativo que nos castiga haciendo "explotar" crisis en Asia, "desatando" devaluaciones en Brasil, "derrumbando" mercados europeos o "inundando" economías que se esfuerzan por emerger.

El discurso capitalista se las ha ingeniado para hacer parecer a sus crisis como catástrofes naturales, impredecibles y sin responsables. Éste es el proceso dialéctico en el que ha caído el iluminismo. El mismo racionalismo que logró liberarse de los dioses paganos de la Lluvia o el Trueno ha creado un nuevo dios tan enigmático y poderoso como los primeros.

Hoy al mercado se le rinde culto, se lo adora y se le ofrecen los sacrificios que los "brujos" del Norte aconsejan: ajuste fiscal, privatización indiscriminada, libre mercado, libre movimiento de capitales, reducción del estado, pago de los intereses de la deuda. Pero así y todo, el cumplimiento estricto de estas formas no garantiza la bendición celestial, y nuestro país es un caso paradigmático.

Se recurre a la deshonestidad disfrazada de sanas políticas económicas y públicas, del famoso "libre mercado económico", para tratar de justificar los "medios" en virtud de un "fin" -la famosa "cirugía sin anestesia"- la cual termina confundiendo los "medios" con el "fin" al exaltar la convertibilidad, el recorte del gasto y las privatizaciones como "metas" y no como lo que son: instrumentos para mejorar la calidad de vida del pueblo.

Esta distorsión del "crecimiento económico" encuentra un natural rechazo del juicio de la acción por los solos efectos, como el juicio de la acción por las solas intenciones, pero si tenemos que juzgar lo que nos han dejado los años de administración salinista con el nacimiento del "libre mercado", de la "liberalización de la economía para entrar al primer mundo", y de la ola neoliberal, nos encontramos con un país terriblemente injusto y con una soberanía mancillada por el poder financiero.

Esta injusticia viene a ser provocada por la desigual distribución en los ingresos y por una concentración desvergonzada de dinero. Nunca tan pocos tuvieron tanto y nunca el capitalismo mostró tan impunemente su verdadero rostro. Lo cómico-trágico de esta escena propia de una película hollywoodesca, es ver las reacciones que tiene la élite económica, política y social, cuando alguien (llámese por ejemplo: ONGS, Iglesia o periodismo), denuncian esta triste realidad. Y nos encontramos con diversos puntos de vista, tales como los que siguen:

El cínico niega todo, jurando que estamos en el mejor de los mundos y carga sus armas contra el mensajero.
El tecnócrata dice que es el costo inevitable y previsto de las grandes reformas y clausura cualquier discusión "subjetivista", y
El hipócrita se sorprende.

Y Pareciera ser que hoy está de moda "sorprenderse" por las estadísticas. Todo el mundo anda frunciendo el ceño y poniendo cara de preocupación, cuando le informan que en nuestro país algunos chicos no comen todos los días, y que algunos hasta se mueren de hambre.

Muy preocupados los grupos de industriales y élites político-económicas por obtener el máximo de rentabilidad y reclamando una urgente "flexibilizacion" (eufemismo de explotación), se sorprenden ahora por los efectos de nuestra política económica, que proclama –en el discurso-, un verdadero desarrollo económico basado en la sustentabilidad y en el pleno y absoluto respeto a la naturaleza.

¿Cómo es posible la pobreza si yo les pago lo "justo", el salario mínimo que marca la Ley?. Sería bueno que estos señores tuviesen la delicadeza, mientras viajan rumbo a sus countries privados, de mirar por la ventanilla. Aunque más no fuese por curiosidad.

EL PROBLEMA A RESOLVER: ¿CÓMO LOGRAR LA CONJUNCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA LIBERTAD INDIVIDUAL?.

Dejemos a un lado el análisis de cifras y estadísticas por un momento, y miremos la realidad de una multitud ingente de hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos, quienes sufren el peso intolerable de la miseria, resultado de las violaciones de aquellos supuestos de necesidades fundamentales no satisfechas por causas derivadas de un mal gobierno, el que no respeta la legalidad y que no realiza con eficiencia los fines generales y los fines particulares que se le atribuyen al Estado de Derecho.

La pobreza en México -y la desigualdad como causa última de ésta-, está y siempre ha estado lejos de ser resuelta. No se trata de un problema nuevo, pero esto no es razón para ignorarlo. Nuestra historia reciente es, en cierta forma, producto de la búsqueda por terminar con ese mal social: una de las motivaciones fundamentales de la Revolución Mexicana fue, a final de cuentas, combatir la enorme pobreza que caracterizaba a una parte importante de la población. Si bien la proporción de mexicanos pobres ha disminuido considerablemente desde el fin de la Revolución, el número absoluto de mexicanos sumidos en la pobreza sigue siendo enorme, y, en todo caso, inaceptable. Ningún país ha logrado acceder al desarrollo sin resolver el problema de la pobreza. De ahí que sea imperativo actuar.

En este tenor, es importante hacer notar que la persistencia crónica de un México dual, un México en el que sólo algunos avanzan por el camino de la modernidad, mientras sectores significativos de la población están completamente marginados del proceso de desarrollo. Por eso, hablar hoy en día de pobreza en México, es hablar de cinco siglos de historia.

Cualquier observador, aunque no fuese muy agudo, diría hoy que México es un país en donde mucha gente sigue siendo víctima de la pobreza, y es que en nuestro país el problema está lejos de ser resuelto. Creemos entonces que la pobreza y la desigualdad son signos que nos caracterizan, y que tienen que ser confrontados, toda vez que ésta última es causada por la ausencia de capacidades básicas: nutrición, salud, educación y vivienda adecuada. Tenemos la plena convicción de que el problema de la pobreza se podrá atenuar, enfrentándolo con políticas y estrategias de una sana política social encaminada a atacarlo de fondo, para resolver y atenuar el problema de la desigualdad.

Así, junto con el nacimiento de los "gobiernos de la Revolución", nace en México el compromiso de enfrentar cara a cara el problema de la justicia social. Sin embargo, este problema nunca se definió explícitamente en forma de una política orientada a atacarla, pues otras han sido las prioridades políticas en el curso del tiempo.

Además de las dificultades que entrañaría la valoración de los resultados económicos de los programas implementados por el gobierno para dar solución al problema que venimos comentando, existe otra rémora de múltiples repercusiones en el ámbito socioeconómico. Es la ya mencionada economía oculta, también llamada irregular, subterránea o sumergida, y que consiste en la realización de actividades económicas de forma encubierta o clandestina, al margen de la normatividad legal y/o a la computación estadística. Su incidencia social se ha potenciado al convertirse la contabilidad nacional en fundamental instrumento informativo y sustrato indispensable de la política económica.

Aunque este tipo de economía existió siempre, en los últimos tiempos ha adquirido una inquietante proporción al crecer en algunas épocas y países a mayor velocidad que la economía controlada. Si se analizaran sus causas, se demostraría que ello es en gran medida como un subproducto de las actuales circunstancias, pues las principales motivaciones de la economía oculta son el creciento reglamentarismo, la rigidez laboral, la inestabilidad económica, la nueva mentalidad social y, muy especialmente, la continua elevación de las cargas públicas, dando lugar a un fenómeno acelerativo, consistente en que dicha elevación conlleva la aplicación de mayores tipos impositivos, los cuales proporcionan mayor recaudación sólo hasta cierto punto a partir del cual éste se reduce por pase de los sujetos a la economía oculta ; y como el gasto público continúa elevándose, se hace necesario elevar también la presión fiscal sobre los sujetos que permanecen en la legalidad, con lo que se acentúa aún más la propensión a la ocultación.

Es cierto que el excesivo reglamentarismo puede llegar a ser agobiante, y que las cargas públicas van creciendo demasiado, pero entonces el camino a seguir es la modificación del actual sistema económico, en lugar de tolerar marginaciones que falsean los imprescindibles datos estadísticos y convierten el proceso económico en una pugna por el descontrol que destruye el respeto a la ley y premia a la evasión insolidaria.

La apelación a la tolerancia de la economía oculta practicada por varios países como alternativa de la flexibilización legalizada de la economía, en voz de Antonio Verdú:

"Es una fórmula peligrosa que sólo favorecerá a los más ladinos, desbaratando el sistema económico basado en el juego limpio y, lo que es más grave, desprestigiando al Estado como árbitro de la sociedad".

Una solución definitiva -creemos-, no tiene otro camino que poner fin a dicho divorcio entre realidad y legalidad para conseguir, sin traumas sociales de honda repercusión económica, el paulatino encauzamiento de la ocultación hacia la legalidad, aprovechando la positiva aportación de la economía oculta, sin destruirla, mediante la eliminación de las exigencias burocráticas innecesarias y las cargas excesivas que le sirven de coartada y estimulan el perfeccionamiento de las técnicas de ocultación.

Tratemos de abordar una solución a ello, hablando de la justicia distributiva propuesta por Aristóteles. Esta se refiere a los principios que regulan la distribución del honor o el dinero u otros activos divisibles de la comunidad, mientras que la justicia conmutativa regula las relaciones y las transacciones entre particulares. La justicia distributiva es adjudicación por un tercero, mientras que la segunda es intercambio, interrelación, donde lo común a las dos formas particulares de la justicia aristotélica, es su objetivo ulterior: la igualdad, la afanosa búsqueda del punto medio, en donde el principio o criterio que habría de regir en la justicia distributiva es el de la igualdad entre los iguales: en la justicia conmutativa la igualdad entre los bienes que se intercambiase; y en la justicia correctiva la igualdad entre el crimen y el castigo.

Para arribar a tal objetivo de la igualdad, se hace imprescindible la conjunción de los tres casos de la justicia. Es entonces en este sentido que se parte de la siguiente premisa con validez universal: Si la igualdad es la meta que subyace a la justicia, la libertad es la condición necesaria para su ejercicio. "Lo justo, afirma Aristóteles, existe sólo entre los hombres cuyas relaciones mutuas están gobernadas por la ley".

Es decir, lo justo no sólo es lo igual, sino también lo legal, en donde la igualdad y la libertad son dos conceptos indisociables para la justicia. Este descubrimiento aristotélico ha sido corroborado una y otra vez durante más de dos milenios de pensamiento político. Pero la historia advierte: también enemigos audaces. La igualdad y la libertad -nos recuerda Giovanni Sartori-, guardan una relación pasional de amor-odio.

Al igual que las otras virtudes éticas, la justicia deberá ser también una disposición habitual que nos haga elegir (con la infabilidad práctica que compete a la prudencia) un término medio en nuestros estados afectivos o en nuestras acciones, y por ello Aristóteles comienza por definir la justicia como la disposición habitual por la que los hombres son capaces de practicar los actos y las cosas justas, y no sólo de practicarlas, sino de quererlas. La justicia distributiva que se aplica en la "repartición del honor, de la riqueza y de otros bienes divisibles entre los miembros de la comunidad política", a cada uno de los cuales debe tocarle de todo aquello una porción correspondiente a su mérito o dignidad. Si en este respecto son iguales las personas, deberán recibir porciones iguales; pero si no lo son, habrá que encontrar una proporción entre el valor de las cosas y el mérito personal, de modo tal que en la distribución se observa una igualdad que no podrá ser aritmética, como salta a la vista, sino proporcional.

El objetivo de este punto es el análisis de la relación que guardan la libertad y la igualdad en el marco de la justicia distributiva, partiendo de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la igualdad que subyace al criterio distributivo que presenta la posibilidad para la autodeterminación a un individuo que pertenece a una sociedad desigual?. Es decir, si se concibe a la política social como el instrumento de política pública que pretende, ya no proveer el bienestar individual, sino dar los elementos para la elección individual, ¿qué criterio es el que mejor cumple con ese objetivo?. Para contestar estas preguntas, partiremos de los siguientes puntos de interés para el desarrollo del examen del tema propuesto.

En el capítulo del Crecimiento Económico, se enfatiza que a partir de la instrumentación de las medidas del programa de acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia Económica (PARAUSEE), la estabilización de la economía avanza en lo que se refiere a las cuentas con el exterior, las tasas de interés y el tipo de cambio. El aspecto negativo de esta instrumentación, es sin duda alguna, una aguda recesión y un desempleo que crece a pasos gigantescos.
Se desprenden cinco grandes temas objetivos que responden a inquietudes evidentes de la sociedad mexicana, algunas añejas y otras producto de la coyuntura, entre las que destacan: la soberanía, el Estado de Derecho, el desarrollo democrático y social, así como el crecimiento económico. Este último punto pretende establecerse en cinco puntos: PROMOCION DEL AHORRO INTERNO; ESTABILIDAD ECONOMICA Y FNANCIERA; USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONOMICOS; UNA POLÍTICA ECONOMICO-AMBIENTAL, Y POLITICAS SECTORIALES.
Se insiste continuamente en la disciplina fiscal como ingrediente para generar estabilidad y certidumbre, en que el objetivo primordial de dicha política, es la estabilización de precios y la promoción de micros, pequeñas y medianas empresas. Se enfatiza la necesidad de aumentar el ahorro interno en 6 (seis) puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), con la base de que ello resulta primordial en el crecimiento de la economía, y en lograr un mayor coeficiente de ahorro en el presente, traduciéndose en mayores oportunidades de consumo e ingresos en el futuro, para el sano desarrollo económico, político y social, y constructor de un Estado Democrático, como se desprende del contenido de la Alianza para el Crecimiento, en sus objetivos cuantitativos para 1997, 1.- Crecimiento del PIB de cuando menos el 4.0% real ; 2.- Inflación acumulada de 15% medida por el Indice Nacional de Precios al Consumidor ; 3.- Incrementar la inversión y el ahorro público ; 4.- Un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, inferior al 2% del PIB. Resulta alentador y prometedor que se lleven a cabo los objetivos propuestos, sobre todo en lo que respecta al desarrollo social, la inversión asociada al sector público; fomento al empleo y competitividad industrial, así como fomentar la creación de más viviendas, por citar algunos.
Asimismo, con fecha 5 de enero de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el cual SEDESOL determinó la metodología, fórmula y distribución, para el ejercicio fiscal de 1996 de las asignaciones correspondientes al Fondo de Desarrollo del Ramo 00026, Superación de la Pobreza entre entidades federativas, con un presupuesto de 7,500 millones de pesos.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y la Alianza para el Crecimiento.
El Desarrollo económico y social del "milagro de la economía mexicana".

De acuerdo al marco en que se desenvuelve el sistema político mexicano en el presente, y de acuerdo a las definiciones expresadas líneas arriba, es claro que se resienten más sensiblemente las repercusiones de la situación económica y social prevaleciente, lo que va a dificultar el llevar con éxito los programas implementados por el gobierno, de donde es oportuno mencionar lo siguiente:

Una inequitativa distribución de la riqueza, la cual es determinante para el tiempo actual, después de que culminó la etapa llamada "el milagro mexicano", el cual inicia con un período económico crudo y desesperado, caracterizado por la agudización de la pobreza, tanto cualitativa como cuantitativamente, con todas sus repercusiones, que van desde el aumento del abstencionismo político y electoral, hasta la participación de una parte de ese sector abstencionista y de miembros del partido mayoritario en favor de partidos políticos de oposición o minoritarios.
La crisis económica y la elevación extrema de los precios de los satisfactores, correlativamente con desproporcionados aumentos salariales, ha propiciado un sentimiento de inconformidad con el aparato gubernamental de una parte muy considerable de la población.
La Religión y la política, en donde las interinfluencias entre el sistema religioso y el sistema político han provocado que las corporaciones que integran el primero de ellos, trate de volver a poner en el tapete de las discusiones la participación de la Iglesia en cuestiones de índole política, estimando que existe campo propicio para fortalecer la penetración y la influencia social de tales corporaciones.
En el ámbito exterior, en el aspecto internacional se ha dato coto a que varias de las posturas adoptadas por el gobierno mexicano, provoquen controversias, tales como las ventas de petróleo a bajo precio, la actitud asumida para la renegociación de la deuda y ampliación de la misma, la cantidad de petróleo que se exporta.
Y por último señalaremos las clases sociales, en donde vemos que el sistema de clases sociales, producto del sistema económico produce consecuencias en el sistema político, si tomamos en cuenta que elPartido Revolucionario Institucional no representa categóricamente una de las clases sociales mexicanas. En sentido formal, los campesinos y los obreros se encuadran en el Partido de la Revolución Mexicana, pero no son los únicos.

Confrontemos esto con lo que nos dice la Doctrina. Escuchemos el pensamiento de un gran hombre, sencillo y honesto, el señor Don Antonio Gómez Robledo, quien en su obra: Meditación sobre la Justicia, nos dice:

"Ningún otro problema ha sido tan apasionadamente discutido; por ninguna otra cuestión se ha derramado tanta sangre preciosa, o llorado lágrimas tan amargas; sobre ninguna otra han meditado tan profundamente los espíritus más esclarecidos, de Platón a Kant; y sin embargo, esta pregunta está aún hoy sin respuesta. Parecería como si fuera una de esas preguntas con respecto a las cuales hubiera que renunciar con resignada sabiduría, a encontrar una respuesta definitiva, sin tratar apenas de formularla mejor".

Estamos ampliamente convencidos de que no es preciso decir más para justificar la necesidad en que nos hallamos, de meditar una vez más, con toda la profundidad que podamos, sobre la justicia, no tanto sobre su definición verbal, que no será por sí sola de mayor provecho, sino sobre su contenido real, cuya percepción es lo único que puede satisfacer lo que, después de todo, es la urgencia humana más vital y apremiante. En el momento que estamos viviendo, nos encontramos en una coyuntura histórico-cultural caracterizada por el asombroso desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones. Pero no debemos permitir que la euforia técnico-científica ofusque los espíritus hasta el punto de impedirles admitir una realidad evidente: la cultura actual se encuentra sumergida en una profunda crisis.

Admitámoslo. El hombre contemporáneo vive con apremio y de modo individualista y egoísta, víctima de una deformación del sentido del deber, olvidándose frecuentemente que el bien individual se ha de alcanzar en el Bien Común, reconociendo que éste -el Bien común- no es suceptible de reparto, sino de participación y sus relaciones, para ser justas, son siempre integrativas y de subordinación. Así, la igualdad en esta justicia del bien común, que consiste en el respeto a determinadas proporciones, no a una necesaria igualdad numérica, como lo veremos más adelante en la fórmula propuesta por Aristóteles.

Vemos con tristeza que los adelantes tecnológicos y el avance de la ciencia que tanto orgullo producen al hombre de hoy, producen otro problema más: una asfixia individual y colectiva de principios, en donde la vida se deshumaniza y la técnica se vuelve en contra del hombre. Aún cuando a merced de los aportes de las ciencias y de la tecnología, estamos descubriendo que nos olvidamos de la búsqueda de la solidaridad, la cual se torna cada día más apremiante, producto de un estilo de vida consumista, frívolo, superficial, materialista y masificado. Hay una pérdida del sentido del orden natural y desconocimiento de la esencia del hombre, de la familia y de las leyes, por referirme a lo más próximo. Estamos sometiendo la vida humana al cálculo utilitarista. Confundimos sabiduría con ciencia técnica, e incluso con cientificismo y tecnicismo, lo que nos está llevando a desaparecer poco a poco el sentido trascendente de la existencia humana.

No podemos por ello dejar de reconocer que los procesos de integración económica generan modificaciones en las estructuras legales de los países que participan en ella, y es así que observamos como la poderosa Francia debatió sobre posibles enmiendas constitucionales derivadas de la participación en la Comunidad Económica Europea. Y si ésto hizo un país que integra el llamado Grupo de los Siete (más ricos del mundo), es lógico que los subdesarrollados están mucho más determinados por estos fenómenos.

Es hablando en este contexto que hoy en día, América Latina, desde México hasta Argentina, los funcionarios gubernamentales, los medios de comunicación, los periodistas, los académicos, y por supuesto, los banqueros y ejecutivos de corporaciones se han unido al coro que celebra el advenimiento del capitalismo sin regulaciones, como la panacea para la crisis del desarrollo de la región. El neoliberalismo, o como lo pregonan sus protagonistas, la economía de libre mercado se anuncia como un enfoque práctico, realista y nuevo, para resolver los problemas latinoamericanos. Afirman haber descubierto la fórmula: abriendo los mercados al libre flujo de capitales y bienes, se obtendrá el crecimiento, prosperidad y libertad.

Hablar en este contexto del crecimiento socioeconómico que en los últimos años ha logrado México, es reconocer en primer lugar, que éste no siempre ha sido realizado en una sana distribución de las riquezas y de las oportunidades para todos los que habitamos esta gran nación; el desarrollo no ha sido, por consiguiente, un crecimiento que se haya realizado de manera homogénea.

Esta disparidad que señalamos, además de las políticas económicas que se siguen actualmente, se debe a que nuestra nación no es una sociedad monolítica. Dentro de esta gran nación que es México, se dan una gran diversidad de culturas, pueblos, situaciones geográficas y económicas. Esta heterogeneidad hace posible que se susciten diversas formas de responder a los problemas nacionales y que exigen a los responsables directos, soluciones reales y no meras especulaciones o respuestas generales dictadas desde un centro de operación sin conocimiento expreso de la realidad concreta.

Es evidenciado que una de las preocupaciones que actualmente se está dando de manera general en América Latina, y en particular en México, ha sido el problema de la propiedad, en donde es bien conocido el hecho de que la economía de mercado tiene por falla fundamental no sólo el problema del desempleo, sino el de una desigual distribución de la riqueza y la renta, ya que es bien conocido que el alto grado de concentración del capital y de la tierra es causa principal de la desigualdad, se han buscado las fórmulas para solucionar este problema que hoy nos aqueja enormemente, ya que el problema que comentamos, no sólo consiste en la mala distribución de la riqueza, sino en el enorme poder que éste otorga al empresario para decidir con exclusividad qué cosa se ha de producir, cómo producir y para quién se ha de producir.

Es decir, el propietario de los medios de producción es un rey absoluto en la empresa, y los asalariados están excluidos de todo derecho a participar en decisiones que los afectan dentro de la empresa, por lo que resulta necesario que los empresarios dejen de mirar a las empresas como una propiedad y la vean como un sistema de colaboración.

Para resolver los problemas de acceso a la propiedad, principalmente entre los trabajadores que conforman el sector productivo de México, atendiendo al derecho Constitucional, asistido en el artículo 4º, que se refiere al derecho de todo ciudadano a tener una vivienda digna y decorosa, se han inclinado los diversos sectores -público, privado y las ONG´S- y aún el mismo gobierno con la implementación de sus programas de apoyo a la Banca en primer lugar, y a la población general en segundo término, a tratar de encontrar solución a tan grave problema que nos está aquejando, modificando la naturaleza del derecho de propiedad, a fin de otorgar algún grado de participación o una total participación en la gestión, que busca constituir una vía distinta a la de modificar el derecho de acceder a ella. Se trata de un nuevo camino que permite modificar no sólo las desigualdades que origina la concentración de capital.

La propuesta entonces en sí es sencilla, y consiste en dar acceso o difundir la propiedad masivamente a todos los trabajadores del país a través de programas objetivos que sí funcionen y se alejen de la maquinaria burocrática del Estado. Si este objetivo es alcanzable, no sólo se corrigen las desigualdades, sino que ofrece la posibilidad de difundir la propiedad masivamente, lo cual -pienso-, resolvería el problema de la desigualdad extrema en la riqueza y la renta y la posibilidad de fundar la propia empresa y de gestionarla, y de gozar de sus resultados económicos.

En países como el nuestro, la división jurídica del trabajo por la vía de Sociedades especializadas, sobre todo en el área financiera, es facilitada, porque el Legislador ha superpuesto al derecho común de sociedades una serie de regímenes específicos propios a estas actividades, concebidas éstas como una pieza del sistema de producción compuesto por múltiples unidades que se complementan y compiten para atender a las demandas de los consumidores, constituyendo, en voz de Juan José Folchi y Antonio Verdú:

"… la célula del organismo económico sobre la que recae la función consistente en obtener productos que satisfagan las necesidades humanas…… Una consecuencia de la función social de la empresa, la ofrece el denominado balance social, cuya justificación parte de la base de que si bien la contabilidad constituye el instrumento idóneo para que las unidades de producción puedan conocer su situación, trayectoria y rendimientos, además es la base primordial para elaborar por integración la contabilidad nacional como expresión de la evolución económica de un país sirviendo de guía para las decisiones de política económica y de las propias empresas….. Por su contribución a la formación del Producto Nacional la empresa aporta unos valores materiales destinados a satisfacer necesidades humanas….".

Cabe ahora hablar de otro punto importante para el desarrollo del planteamiento propuesto, y para ello quisiéramos precisar en estas líneas la Tesis del Liberalismo Igualitario propuesta y desarrollada por John Rawls: Resucitó el debate teórico-filosófico que parecía agonizar en la década de los sesenta. Su trabajo se encuentra fundamentado en la filosofía Kantiana, iniciando una corriente de pensamiento político conocida como el liberalismo igualitario, la cual representa la columna vertebral de su postura.
El objetivo de su Teoría de la Justicia, consiste en brindar una alternativa teórica al utilitarismo, para la evaluación de arreglos e instituciones económicas, políticas y sociales, erigiendo su construcción teórica a partir de una intuición que para él es socialmente compartida: "el supuesto de que la sociedad es un sistema imparcial de cooperación social entre individuos libres e iguales". La libertad y la igualdad a la que Rawls alude parte de la personalidad moral kantiana, en virtud de la cual los individuos poseen un sentido de la justicia y una concepción personal del bien. Nos dice: "Si la sociedad es un sistema imparcial de cooperación entre personas libres e iguales, ¿cuáles serían, pues, los principios de justicia con los que la sociedad funcionaría?".
Para resolver esta pregunta, nuestro autor apela al recurso hipotético del contrato social y nos invita a imaginar una situación inicial en la que los contrayentes -personas racionales, libres e iguales- deliberan sobre principios de justicia, cubiertos por un "velo de ignorancia", deliberando bajo circunstancias imparciales, y es por eso que la justicia rawlsiana es una teoría de la "justicia como imparcialidad" (justice as fairness), en donde requiere que todos los bienes sociales primarios (derechos, libertades, oportunidades, ingreso y riqueza y la base social para el autorespeto) sean distribuidos por partes iguales en la sociedad, a menos de que una distribución desigual favorezca al individuo en la peor situación, llamada por Rawls el principio de diferencia, procediendo a la jerarquización en la concepción particular de la justicia, desprendiéndose dos principios y dos normas de prioridad que han de ser inamovibles:
Primer principio: Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertades para todos.
Segundo principio: Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para:
a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo a un principio de ahorro justo, y
b) unido a que los cargos y las funciones sean asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades.
Primera Norma de Prioridad (la prioridad de la libertad).
Los principios de la justicia han de ser clasificados en un orden lexicográfico y, por tanto, las libertades básicas sólo pueden ser restringidas en favor de la libertad misma.
Segunda Norma de Prioridad (la prioridad de la justicia sobre la eficacia y el bienestar).
El segundo principio de la justicia es lexicográficamente anterior al principio de la eficacia, y al que maximiza la suma de ventajas y la igualdad de oportunidades es anterior al principio de la diferencia.
La teoría del Liberalismo Igualitario de John Rawls.
CONCLUSIONES

Se requiere urgentemente revertir el deterioro social, ese es el reto que hay que superar, pero las probabilidades y posibilidades de poder hacerlo parecen bajas y escasas. No hay un escenario realista que contemple una reversión del deterioro a mediano plazo, al año 2000. El panorama no es nada alentador. Las tendencias que se observan a mediano plazo se encaminan hacia la polarización de la desigualdad, el aumento de la pobreza, el desempleo, la violencia y la inseguridad pública, presentadas en un contexto de estancamiento económico, a diferencia de otros momentos de la historia, en los que se había manifestado mayor dinamismo, dadas también estas tendencias sociales por el contexto de la transición política que estamos viviendo, la cual, por fuerza, conlleva elementos de inestabilidad e indeterminación.
Debemos considerar que las nuevas declaraciones de derechos, además de ser más explícitas en cuanto a la enumeración de éstos y en cuanto a su enunciación, exigen ya un compromiso particular y concreto de darles cumplimiento por parte de los poderes públicos, que consiste en atribuirles a los derechos fundamentales del hombre un valor de suprapositividad, de manera que se constituyan en criterios para orientar la actividad de los poderes públicos y en principios de interpretación jurídica de todo el ordenamiento jurídico, como el establecido en la Constitución Española de 1978, que consagra esta clase de enunciados ejemplares, bajo los Títulos I y III, de manera tal que el Capítulo II habla de los enunciados abstractos, y luego el Capítulo III titulado De los principios rectores de la política social y económica, hace las concreciones pertinentes para que a cada derecho abstracto le corresponda una garantía de acción eficaz por parte de los poderes públicos. Veámoslos:

Art. 39.1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

Art. 40.1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Art. 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Art. 42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientará su política hacia su retorno.

Art. 43.1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Art. 44.1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Art. 47.- Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Art. 50.- Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Más adelante, en el Título VII, de la Economía y Hacienda, vuelve a sentirse el espíritu Constitucional, cargado de nobles sentimientos sociales, cuando se refiere a la obligación del Estado en la formulación de las políticas económicas para lograr la planificación económica general, tendiente a atender necesidades colectivas, equilibrando y armonizando el desarrollo regional y sectorial, además de que se exige la participación responsable de todos los actores económicos: Gobierno, Sindicatos, Organizaciones Profesionales y Empresariales, bajo la constitución de un Consejo. Veamos.

Art. 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa privada en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Art. 129.1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Art. 131.1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

No podrían expresarse mejor las cosas. Se habla de garantías, y tienen que ser tales. Los poderes públicos deben asumir este compromiso de hacer realidades todos estos propósitos. Por descontado que, por posibilidad, podría quedarse en meras promesas, y entonces de poca cosa iban a servir tales enunciados y la Constitución entera. La tarea que nos proponemos no es fácil, ya que si el gobierno actúa en contra de los intereses del sector empresarial, disminuyendo sus ganancias a niveles que ellos consideran insuficientes para justificar su inversión, ésta se reduce y aumenta el desempleo.

Creemos que la crisis que vive actualmente México, estimulará en lo posible para lograr una búsqueda vigorosa de nuevos estabilizadores institucionales para la economía internacional y otras medidas que reduzcan el riesgo de una inestabilidad sistemática. Otros simplemente llegarán a la conclusión de que las economías emergentes deben valerse por sí mismas. Es importante identificar las lecciones para mejorar la capacidad de los gobiernos para aprovecharlas. Debemos comprender los factores políticos que subyacen a las incapacidades de aprendizaje de los gobiernos, recibir tanta atención como la identificación de las lecciones económicas correctas.
Esto se vuelve todavía más importante, cuando las oportunidades para una coexistencia pacífica con bases económicas débiles se han extinguido casi por completo. El márgen para instrumentar políticas económicas equivocadas es actualmente muy estrecho, y sus consecuencias se hacen evidentes con una inmediatez e intensidad nunca antes vista.
Las nuevas declaraciones de derechos -en voz de José Barragán-, además de ser más explícitas en cuanto a la enumeración de éstos y en cuanto a su enunciación, exigen ya un compromiso particular y concreto de darles cumplimiento por parte de los poderes públicos….. atribuirles a los derechos fundamentales del hombre un valor de suprapositividad, de manera que se constituyan en criterios para orientar la actividad de los poderes públicos y en principios de interpretación jurídica de todo el ordenamiento jurídico, en donde los poderes públicos deben asumir este compromiso de hacer realidades todos estos propósitos.
Atento a lo expuesto, recordemos siempre que: "Las notas esenciales de todo ordenamiento jurídico son la coherencia y plenitud, porque un ordenamiento jurídico si no es coherente y pleno -ésto es, coherente en el sentido de no tener contradicciones y plenitud en cuanto a su autosuficiencia desde el punto de vista científico deja de ser tal-. Es decir, deja de ser ordenamiento jurídico pues no es una estructura, no es un sistema. Por consiguiente, la tarea del intérprete debe ser en función de los propios elementos que le brinda el ordenamiento, buscar el mantenimiento de esas características de plenitud y coherencia. Esos elementos deben ordenarse en función justamente de la naturaleza de las normas -nomas obligatorias, normas prohibitivas y normas permisivas- y para dilucidar el conflicto, básicamente los principios de jerarquía, de temporalidad y de especialidad".
La empresa que nos proponemos no es fácil. Resulta espinosa y difícil de llevarla a cabo y a un feliz término, ya que si el gobierno actúa en contra de los intereses del sector empresarial, disminuyendo sus ganancias a niveles que ellos consideran insuficientes para justificar su inversión, ésta se reduce y aumenta el desempleo. La paralización de las inversiones entonces generaría una grave crisis económica que se manifiesta en todos los demás sectores de la economía. Si los empresarios se atemorizan, es probable que saquen sus capitales del país. La fuga de capitales disminuye la capacidad crediticia de los bancos, hace subir el tipo de interés, decae la producción y el nivel de empleo. La fuga de divisas obliga a los gobiernos a establecer controles de cambio -recuérdese el colapso financiero de diciembre de 1994-, y suele ocasionar devaluaciones a la moneda.

Es claro que los grupos de sociedades, financieros y comerciales son una tangible realidad en la vida económica y jurídica de nuestro país. Son un factor claro de progreso en el desarrollo de las actividades económicas.
El legislador no podrá permanecer indiferente a un grave problema como el que enfrenta la denominada sociedad de consumo, brindando normas previsoras que clarifiquen el funcionamiento del mercado financiero. En último análisis, es un problema que deberá ser encarado desde la perspectiva de la justicia distributiva, pues afecta a la población en su conjunto. Sin bien el endeudamiento es una noción económica, el derecho deberá darle cabida como lo hace con todo aquello relacionado con la acción humana.
Del principio de justicia distributiva presentado por Aristóteles, se desprende una nueva definición de la política social, la cual tiene como meta igualar las circunstancias sociales y naturales que atañen a cada individuo de la sociedad, de tal manera que las desigualdades entre los individuos no sean producto del azar o de una situación anterior abiertamente injusta. En unas cuantas palabras, el propósito es minimizar las diferencias que no provengan directamente de la elección individual, proveyendo de las capacidades básicas a todos los individuos de la sociedad, prescindible sólo si la política trabaja en beneicio de la persona en la peor situación. Lo que subyace a este criterio distributivo es una redefinición del papel del gobierno en la sociedad, dejando atrás la pretensión de que el gobierno está en las condiciones de definir y proveer el bienestar individual.
En suma, la impartición imparcial de las justicias conmutativa y correctiva aristotélicas en un auténtico Estado de Derecho, son esenciales para que el individuo ejerza su elección, ya que si la política social dota a la persona de las capacidades básicas para elegir, la ausencia de mercados competitivos, de un estado de Derecho o de desigualdades materiales provenientes de una situación anterior abiertamente injusta, harían sucumbir los intentos de la nueva política social. Es por ello crítica la configuración de una estructura económica competitiva y de un verdadero Estado de Derecho que permita el ejercicio de las libertades económicas, políticas y civiles, es decir, de un contexto económico-político que ayude a cerrar la pinza de la autodeterminación individual.
Debemos encontrar un plexo normativo por las leyes nacionales que constituyan un ordenamiento armónico del sistema patrimonial en nuestra República, aplicable a todas las relaciones jurídicas públicas y privadas, fundadas en la razonabilidad de las leyes, concordante con los principios establecidos por los artículos 4º, 5º, 25, 26 y 27 de nuestra Constitución Nacional. En el pensamiento de Juan Francisco Linares, "la razonabilidad equivale a justicia y constituye uno solo de los factores de razón suficiente de derecho," y es el alcance de la expresión de razonabilidad que maneja nuestra Suprema Corte de Justicia y los Códigos Civiles. Esto hace a una garantía de la libertad jurídica de las personas, que se vislumbra en el debido proceso legal sustantivo y de constante aplicación al control constitucional de las leyes.
Esta razonabilidad de la que venimos hablando, tiende a buscar una razonable y sustancial relación con la moralidad, el bienestar general y las garantías constitucionales de la propiedad privada y la preservación del patrimonio de la Nación y sus habitantes. Por ello, considero siguiendo el pensamiento de Linares, que la razonabilidad de la ley es el fundamento de su constitucionalidad y de su valoración jurídica.

José Luis Hernández Ramírez