Los Objetivos de desarrollo del Milenio: Un reto para la consolidación de la democracia local y los Derechos Humanos (página 2)

1. La democracia, como la define Sartori, debe responder al principio del querer y del sentir de la mayoría limitada. Esto significa que el futuro de la democracia y su permanencia en el tiempo dependen de la conversión de las mayorías en minorías, y viceversa, pero también, de la capacidad de la sociedad de garantizar el desenvolvimiento del individuo. En este sentido, se requiere que la mayoría respete en todo momento los derechos y libertades de la minoría y que estas dos no apabullen los derechos del individuo. Los derechos de la mayoría no pueden ser ilimitados, sino, más bien, restringidos y evitando actitudes arbitrarias o autoritarias sin ningún control efectivo.

   Así pues, no habrá democracia cuando, por un lado, no haya protección de las minorías y, por otro, cuando la mayoría pueda autoerigirse permanentemente en ganador absoluto de todas las contiendas y acaparador de todos los privilegios y beneficios del progreso económico, social, cultural y político de la sociedad. Anular la oposición, por ejemplo, significa ir en contra de los mismos principios democráticos ya que se excluye del juego político a una parte esencial del demos y, por ende, se vacía de contenido el concepto de soberanía popular. La alternancia en un sistema democrático, pues, debe venir determinada por los distintos procedimientos electorales a través del sufragio universal e igual.

   La celebración de elecciones regulares y la representación política de la ciudadanía que conlleva, son una exigencia necesaria pero no suficiente para atorgar la etiqueta de país democrático, tal como lo ha señalado el informe sobre la calidad de la democracia en América Latina que ha lanzado una aguda pregunta: ¿Cuánta hambre aguanta una democracia?

   De otra parte, a nadie se le escapa que la convocatoria de unos comicios no tiene por qué ser necesariamente libre y, por tanto, la transmisión del poder que supone la representación no tiene por qué ser el reflejo de las distintas sensibilidades políticas de la sociedad. La concesión del poder a una elite política encargada de representar al pueblo debe ser, pues, libremente consentida y, por tanto, revocable. Si los dirigentes son capaces de sustraerse del control de la ciudadanía o los mecanismos de control habilitados a tal efecto carecen de plena eficacia, el sistema democrático está predestinado a su propio suicidio político. La rendición de cuentas (accountability), tanto vertical (entre representantes y representados) como horizontal (entre poderes públicos), son procedimientos ineludibles para la regeneración democrática. El control permanente a través de las elecciones sobre la actuación de las autoridades políticas permite que éstos respondan periódicamente de sus actos.

   Del mismo modo, la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los órganos de control y vigilancia y de las autoridades electorales, es decir, la autonomía de los pesos y contrapesos que ejercen los distintos poderes del Estado, es otra de las exigencias claves e ineludibles cuando pensamos en cualquier democracia.

   La llamada democracia directa, es decir, aquella en la cual la comunidad interviene en los asuntos públicos sin la intermediación de los mecanismos históricos de participación y gestión política, necesita de tres condiciones: en primer lugar, un Estado fortalecido en la democracia y no en el militarismo; en segundo lugar, una audaz política de descentralización y de incremento de la capacidad local de decisión y, en tercer lugar, una alianza de sectores sociales unida sistemicamente por un proyecto nacional.

   Si estas condiciones, entre otras, no se cumplen, los canales de participación de las comunidades deben referenciarse no con la democracia participativa sino con la democracia representativa. ¿Por qué razón? Por la razón de que como lo afirmaba Jurgen Habermas, las comunidades exigen no democracia retórica sino democracia en efectivo, democracia in cash, que no es otra que aquella que permite orientar los recursos públicos para resolver las necesidades colectivas y procurar el bienestar y la felicidad.

   Las comunidades pueden tener capacidad y creatividad a través de sus recursos culturales y de sus tradiciones para resolver sobre los asuntos de sus ámbitos locales, de sus comunas, de sus barrios y veredas. Pero cuando se trata de incorporar esas decisiones de manera orgánica al conjunto de la nación con la finalidad de potenciar el uso y goce de los recursos, de defender la soberanía y de proteger la identidad cultural, se exige un salto de calidad que convierte al comunero, al maestro, al padre de familia, al estudiante, al policía, al profesional, no en un líder social o deportivo, sino en un líder político, cuyo principal compromiso es el de utilizar los escenarios políticos de dirección del Estado para transformar las situaciones de injusticia y exclusión.

2. El municipio como epicentro de los derechos humanos.

Muchos tratadistas coinciden en señalar al municipio como la célula de la democracia, pues es allí donde vive la gente "de carne y hueso", allí es donde cada cual se realiza como ser humano, y donde la gente percibe el ejercicio del poder que el pueblo ha conferido a las autoridades para asegurar el bienestar colectivo y el ejercicio de las libertades públicas. Es el escenario de la democracia cotidiana y en consecuencia, es también el espacio geográfico e institucional donde se vive la vigencia de derechos humanos.

El municipio como unidad jurídico-administrativa esencial del Estado es la primera instancia para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. El municipio enmarca la vida en sociedad, es el escenario por excelencia para la interacción humana y la generación de lazos naturales de vecindad, solidaridad y organización. De igual forma, el municipio es el escenario de los conflictos y las diferencias propias de la complejidad política, social y cultural de un país.

Es en el municipio donde todas las relaciones de corte teórico encuentran su principio de realidad y adaptación a las realidades concretas de su respectiva cultura e historia. Y es el alcalde, como primera autoridad municipal designada por sus conciudadanos, el que conoce de primera mano las necesidades de su comunidad y quien debe atenderlas de conformidad con las funciones que le son encomendadas: dirige la administración municipal, es la primera autoridad de policía del municipio, ordena el gasto público y es su representante legal.

La legitimidad histórica del municipio, su cercanía a la comunidad y el conocimiento de sus problemas la hacen un agente clave para facilitar el desarrollo local y la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. En el caso Colombiano, la Constitución Política de 1991 define al municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del estado, entendiéndose que es el municipio la célula organizativa que está más próxima a las necesidades por satisfacer y a los problemas por resolver. El principal objetivo del municipio es la realización de los principios del Estado social de derecho, es decir, la vigencia de las tres generaciones de los derechos humanos. Es servir a su comunidad, generando y prestando los servicios sociales, garantizando a su comunidad la satisfacción de las necesidades mínimas y básicas, de manera eficiente y eficaz, en particular, los servicios domiciliarios y las condiciones mínimas habitacionales.

El segundo gran objetivo del municipio tiene que ver con la promoción de la prosperidad general, en términos de aumentar la riqueza colectiva, desarrollar las potencialidades humanas y mejorar la situación económica, atendiendo su propia diversidad, cultura y potencialidades. En consecuencia, es el municipio quien debe proveer los bienes de uso público, el equipamiento colectivo, la provisión de medios e instrumentos que promuevan el desarrollo de las actividades económicas, profesionales y laborales. Asimismo, debe diseñar estrategias que tiendan a la equidad real y efectiva en cuanto a la asignación de los recursos públicos y la adopción de medidas a favor los grupos sociales discriminados o marginados. En este sentido debe fomentar la participación de todos en las decisiones que afectan la vida de la comunidad, en materia política, administrativa y cultural, desarrollando instrumentos institucionales en su organización y gestión.

Un tercer objetivo, es el aprovechamiento de los recursos disponibles en la localidad de cara al bien común. En este sentido, los gobernantes locales deben utilizar las ventajas comparativas y competitivas de los municipios. El fomento de la solidaridad y de la búsqueda del bien común, debe ser la regla de oro para el mejor aprovechamiento de los recursos de los municipios.

La importancia de los municipios en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos es determinante, pues las acciones que emprenden los alcaldes y demás autoridades municipales en el marco de sus planes de gobierno, garantizan los derechos de la población desde iniciativas reales. Cuando desde las alcaldías se emprenden campañas para prevenir los conflictos violentos, reducir la accidentalidad o asumir una sexualidad responsable, el alcalde está protegiendo el derecho a la vida. Cuando recibe de manera abierta y propositiva las críticas a su gestión, permite la libre expresión. Cuando trata como iguales a todas las personas de su comunidad sin importar el género, la orientación sexual, la etnia, la condición económica, la edad o la filiación política, está garantizando el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Cuando respeta la vida personal y familiar de todos los miembros de su comunidad, posibilita el derecho a la intimidad.

De igual forma, cuando el gobierno municipal hace uso adecuado de los recursos que le trasfiere la nación, está promoviendo los derechos a la educación y la salud y la vigencia del estado social de derecho. Cuando ofrece los espacios para que las y los jóvenes participen, fortalece los derechos de este sector de la población. Cuando brinda espacios de esparcimiento y ofrece las condiciones para la recreación, está garantizando los derechos al deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y a la cultura.

Sin embargo, el municipio no es el único responsable de los derechos humanos, es mas, su plena vigencia desborda el ámbito de competencia de los gobiernos locales. Aspectos como la seguridad humana, la política económica y el diseño del modelo desarrollo, la función de justicia y la protección de las libertades públicas deben encontrar en el marco legal e institucional nacional, los principales protagonistas.

Es equivocado pensar que una descentralización de la política pública de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, descargue de sus responsabilidades primigenias a las autoridades nacionales transfiriendo a los ámbitos locales de gobierno y a la misma comunidad, responsabilidades que las desbordan. En este sentido, es conveniente entonces, una sana coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales de cara a garantizar los derechos humanos, asumiendo cada una de estas instancias sus responsabilidades y generando complementariedades producto de las sinergias de las alianzas para el trabajo mancomunado en lo local, eso sí, por los derechos humanos.

4. Los objetivos de desarrollo del Milenio y los derechos humanos.

Los objetivos de desarrollo del milenio son una serie de compromisos adquiridos por las naciones del mundo en la llamada cumbre del milenio del año 2000 para erradicar antes del 2015 flagelos como la pobreza extrema y el hambre, el analfabetismo, la discriminación a las mujeres, la mortalidad materno infantil, frenar pandemias como el paludismo y el VIH/SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y dar pasos en la consolidación de una agenda mundial para el desarrollo de los países más pobres del planeta. Estos objetivos están relacionados con el ejercicio de los derechos de la tercera generación, o derechos colectivos y de la solidaridad, que imponen a un mundo globalizado responsabilidades con personas y pueblos enteros que hoy viven en condiciones que los países ricos tenían hace 400 años.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

La pobreza extrema y el hambre no pueden entenderse solamente como la carencia o limitación que se le presenta a las personas para llevar a su mesa una ración necesaria para su pervivencia diaria o la mera falta de ingresos. Es también, entre otras cosas, la condición de humillación que produce la mendicidad; es la falta de oportunidades y la concentración de la riqueza y de las oportunidades; es la falta de valoración de las capacidades de las grandes mayorías excluidas de los beneficios del progreso.

Este objetivo se identifica con derechos humanos como: el derecho a la vida por la vulnerabilidad manifiesta que la pobreza plantea a las personas; con el derecho a la protección de la dignidad humana, pues ésta es concebida como la capacidad de valerse por si mismo y la pobreza genera la perversidad de la dependencia y la vulnerabilidad; con el derecho a la libertad personal pues nadie puede hacer uso de la libertad si no tiene los medios necesarios para ejercerla; con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, cuando la condición social y la pobreza son una causa, pero también un motivo de exclusión; con el derecho a la libre circulación por el territorio cuando en casos como el colombiano la pobreza se deriva del desplazamiento forzado; con el derecho a la educación cuando esta no se posibilita como medio para generar equidad; con el derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, cuando no se puede acceder a lo que dicta la vocación por la ausencia de acceso a la educación superior; con el derecho a la reunión y a la asociación cuando no se incentiva el trabajo cooperativo y la organización social; con el derecho a la participación política pues ofrece la posibilidad de elegir gobernantes adecuados; con el derecho de petición pues gracias a él se puede presionar para que las entidades gubernamentales adopten medidas que favorezcan a los pobres; con el derecho al trabajo cuando no se puede acceder a él o se labora en condiciones neo-esclavistas; con el derecho a la salud pues en una situación de vulneración manifiesta como la pobreza extrema, la salud se constituye en uno de los más preciados bienes; con derechos de las minorías, que generalmente son las mas golpeadas con la pobreza como las mujeres, los niños y jóvenes, los ancianos y los discapacitados; con el derecho a una vivienda adecuada, pues si no hay pan es posible que no se tenga tampoco un techo digno; con el derecho a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, pues la pobreza extrema sólo genera angustia; con el derecho a la cultura, ya que la pobreza afecta con frecuencia a las minorías étnicas; con el derecho a un medio ambiente limpio, pues la pobreza obliga a refugiarse allí donde otros no lo harían y con el derecho a la paz, pues no hay condición más violenta que la pobreza y el hambre.

Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:

• Promover condiciones de trabajo dignas y respetuosas de los derechos de los trabajadores.
• Implementar un plan municipal de empleo e instar a la empresa privada a la generación de nuevos puestos de trabajo.
• Proporcionar oportunidades para que las personas realicen sus ideales de vida facilitando el derecho a la libertad personal.
• Creación y puesta en marcha de mecanismos de acceso al crédito, tales como el banco de los pobres, el microcredito asistido, etc.
• Creación y puesta en marcha de cooperativas y precooperativas, así como de encadenamientos productivos que utilicen las ventajas comparativas y competitivas de las regiones y de sus pobladores.
• Prevenir formas laborales seudoesclavizantes, asi como el trabajo de los niños.
• Promover el acceso a la propiedad de tierra y techo.
• Sensibilización social hacia la utilización de las capacidades y recursos de los sectores vulnerables y marginales.
• Vinculo de los saberes ancestrales de las de minorías étnicas y raciales.
• Acciones de no discriminación a discapacitados y enfermos.
• Diseño e implementación de estrategias de descentralización y participación ciudadana, en particular en la co-gestión del desarrollo local.
• Prevención sobre nuevas formas de esclavitud y la trata de personas.
• Prevención y atención integral a las poblaciones desplazadas por la violencia.
• Promoción de organizaciones de economía solidaria y las diversas formas de organización comunitaria.
• Viabilizar el libre acceso a cargos públicos.
• Promover acciones para la generación de ingresos de poblaciones como las mujeres y los jóvenes.
• Vinculación de los excluidos al desarrollo comunitario del municipio.
• Prevención de la drogadicción, el alcoholismo y el consumo de sustancias psicoactivas.
• Protección especial a la población de la tercera edad.
• Promoción de formas asociativas para la autoconstrucción de vivienda. Así como facilitar el acceso a subsidios de los gobiernos nacionales y el acceso de vivienda a las poblaciones rurales.
• Adelantar jornadas de sensibilización en los medios comunitarios de comunicación local para solidarizarse con las personas que están en debilidad manifiesta.

En el tema alimentario, se puede aplicar el principio de seguridad alimentaria, el cual implica:

• Dar prioridad a la producción de alimentos para el mercado doméstico y local, basada en sistemas productivos campesinos y familiares, diversificados y agroecológicamente gestionados.
• Asegurar precios justos a los productores, lo que significa el poder de proteger el mercado interno de importaciones subsidiadas a bajos precios.
• Acceso a tierras, agua, bosques, áreas de pesca y otros recursos productivos a través de una redistribución genuina.
• Reconocimiento y promoción del rol de la mujer en la producción de alimentos, en el acceso y control equitativo de los recursos productivos.
• Control de la comunidad sobre los recursos productivos, como opuesto a la propiedad corporativa de la tierra el agua, los recursos genéticos, etc.
• Protección de las semillas, base de los alimentos y de la vida en sí misma, para el libre intercambio y uso entre productores, lo que implica no patentar la vida y la moratoria para los organismos genéticamente modificados que conduce a la contaminación genética a la diversidad genética esencial de plantas y animales.
• Inversión pública en apoyo a actividades productivas familiares y a comunidades, enfocada al empoderamiento, al control local y a la producción de alimentos para la población y el mercado local.
• Adelantar acciones como la creación de un banco de alimentos y programas de nutrición y acceso a una alimentación adecuada para niños y niñas, mujeres, ancianos y poblaciones marginadas.

1. Lograr la enseñanza primaria universal.

La educación constituye uno de los mayores factores para generar equidad en una sociedad y está asociado de manera directa con el derecho a la educación, sin embargo de manera complementaria se asocia a derechos humanos como: con el derecho a la protección de la dignidad humana, en tanto la educación ofrece igualdad y fortalece el autoestima de las personas; con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, cuando todos los niños son atendidos en las escuelas sin distinción alguna; con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pues este contribuye a que los niños puedan hacer uso efectivo de sus derechos y accedan fácilmente a los centros educativos; con el derecho al libre desarrollo de la personalidad pues la educación pública y pluralista debe generar autonomía; con el derecho a la libertad de expresión y a la información para que las comunidades sepan por qué y cuando deben llevar sus hijos a la escuela; con el derecho de petición pues este es un mecanismo de presión para el ejercicio del derecho; con el derecho a la reunión y a la asociación pues la educación debe garantizar ciudadanos dispuestos a trabajar por el bien común y con visión de comunidad; con el derecho a la participación política pues la educación también debe formar en la responsabilidad del bien común; con el derecho al trabajo y a la seguridad social pues este debe garantizarse a los docentes; con el derecho a la salud para educarse lejos del flagelo de la enfermedad, con el derecho a la vivienda adecuada pues la escuela es una segunda casa y esta debe ser digna y adecuada, con el derecho a la cultura pues esta debe ser respetada y exaltada en los contextos educativos.

Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:

• Adelantar planes municipales de mejoramiento de la calidad, ampliación de la cobertura y disminución de los costos de acceso a la educación.
• Facilitar el ejercicio docente mediante el pago oportuno y condiciones dignas de trabajo, así como promocionando formas de mejoramiento profesional de los profesores.
• Adelantar programas de subsidios y estímulos a las familias de los niños mas pobres para que los puedan mandar a la escuela.
• Diseñar e impartir programas educativos libres de fanatismos, estigmatizaciones y prejuicios.
• Fortalecimiento de las emisoras de radio comunitaria como mecanismos de difusión de los programas educativos.
• Garantizar información a la ciudadanía sobre las alternativas de educación en la región.
• Garantizar la educación de las comunidades indígenas y de las minorías étnicas, de conformidad con sus usos y costumbres.
• Buscar el fomento de programas como escuela saludable, el cual integra a la escuela elementos como: el manejo de los alimentos, la alimentación adecuada, la prevención de enfermedades y los programas de vacunación y atención primaria en salud a los niños y niñas.

1. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

La igualdad de género es un imperativo en cuanto son las mujeres las que con mayor frecuencia se ven sometidas a flagelos como la pobreza, la discriminación y la violencia. Garantizar su desarrollo en la sociedad y la igualdad es un objetivo que está directamente relacionado con los derechos de las mujeres, vigentes desde 1954.

Sin embargo, el desarrollo pleno de tales derechos está asociado de manera complementaria con derechos como: el derecho a la protección de la dignidad humana que permite a la mujer ser reconocida y valorada por la sociedad; el derecho a la libertad personal y al libre desarrollo de la personalidad, que le garantiza autonomía y libre albedrío; el derecho a la igualdad y a la no discriminación en cualquier ámbito de la visa social; el derecho a la libertad de expresión y a la información, que le ofrece la posibilidad de disentir, de informarse y formarse un criterio propio; el derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, con lo cual se debe garantizar decidir sobre su propia vida y el rol profesional que desee asumir; el derecho a la reunión y a la asociación para garantizar sus derechos políticos y de participación comunitaria; el derecho a la participación política para que pueda elegir y ser elegida, así como ser parte de cualquier institución del gobierno; el derecho al trabajo, para que este la dignifique, le genere autonomía y sea tratada con respeto e igualdad; al derecho a la seguridad social y a la salud, lo cual le garantiza la atención materna, la prevención y tratamiento de enfermedades y los subsidios que sean necesarios ante una eventual convalecencia; el derecho a una vivienda adecuada pues en muchos casos es la mujer la que está al frente de un grupo familiar y facilitar el acceso a la vivienda es propiciarlo a toda una familia y el derecho a la cultura como una forma de incentivar su arraigo, la exteriorización de su identidad y la decisión sobre su futuro desde el conocimiento de su pasado y su presente.

Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:

• Adelantar los procesos de planeacion municipal y presupuestación con enfoque de genero. De la misma manera, la rendición de cuentas de los Alcaldes, visibilizando los derechos de las mujeres, puede contribuir al logro del objetivo mencionado.
• Promover el liderazgo femenino en todas las esferas de la vida municipal, en particular en el ejercicio de responsabilidades políticas en cargos públicos.
• Instruir a los servidores públicos y a toda la sociedad, sobre la tolerancia y el respeto a las diferencias.
• Adelantar acciones educativas y de investigación para romper tabúes, estigmas y cambiar conductas socialmente aceptadas como el machismo y la discriminación.
• Promoción de la tolerancia en todos los ámbitos de la vida en comunidad.
• Adelantar programas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
• Conformación de los Consejos Municipales de protección a la familia y la niñez.
• Fortalecimiento de las emisoras de radio comunitaria como medio para promover la equidad y la no discriminación.

1. Reducir la mortalidad infantil.

La mortalidad infantil sigue siendo una de las mayores dificultades para los países en vías de desarrollo por múltiples factores como la ausencia de agua potable, una alimentación deficitaria, la limitación en los programas de inmunización y vacunación, la inasistencia médica y otra serie de factores que sumados, ponen a los niños en una situación de vulnerabilidad que merece atención y acciones decididas de parte de los gobiernos nacionales y locales.

El derecho a la vida está directamente asociado a este objetivo y por tanto, en él confluyen todos los derechos humanos en la medida en que la vida no se asocia estrictamente a la mera supervivencia, sino al pleno disfrute de la vida en condiciones de dignidad. De manera complementaria este derecho a la vida puede asociarse: al derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trato en centros asistenciales y en los programas de atención a la niñez; al derecho de petición como mecanismo de presión y de exigencia frente a las entidades pertinentes; al derecho a la salud y a la seguridad social para que los niños puedan ser atendidos en los centros asistenciales y sean además amparados en casos de enfermedades de alto costo; a los derechos de los niños y las niñas, los cuales son un mecanismo que propicia un trato preferencial a la infancia; y, al derecho a un medio ambiente limpio, por la facilidad que tienen los niños a ser víctimas de condiciones medioambientales adversas.

Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:

• Implementar programas de vacunación, seguimiento nutricional y capacitación en la atención a los niños.
• Buscar la total cobertura en salud para la infancia y hacer énfasis en las poblaciones vulnerables.
• Promoción de la ética médica y de la responsabilidad social de los centros asistenciales frente a los niños y niñas.

• Velar por que se cumplan los trámites de registro civil como una forma de reconocimiento y amparo legal para los niños y niñas.
• Promocionar y velar los derechos de los pacientes con énfasis en los niños, los cuales deben ser atendidos de manera prioritaria.
• Puesta en marcha de Sistemas Locales de Información para la prevención de enfermedades y la difusión de programas educativos.
• Conformación de los Consejos Municipales de protección a la familia y la niñez.
• Adelantar programas de prevención, control y sanción de la violencia intrafamiliar.

1. Mejorar la salud materna

La salud materna se asocia directamente al derecho a la vida y por tanto, tiene un amplio espectro de relación con los derechos humanos y particularmente con los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos concebidos en el marco de los derechos de la familia; con el derecho a la salud y a la seguridad social, los cuales garantizan la atención que deben recibir las mujeres gestantes y lactantes.

De una manera complementaria pero no menos importante, la salud materna se asocia al derecho a la protección de la dignidad humana, pues en la dignidad subyacen factores como el estar libre de la violencia doméstica, de la violencia sexual y de otras formas de ultraje; al derecho a la igualdad y a la no discriminación; al derecho al libre desarrollo de la personalidad; al derecho a una vivienda adecuada, que posibilite una condición de vida adecuada y que cuente además con servicios sanitarios; y al derecho a un medio ambiente limpio, que se asocia al acceso a fuentes de agua potable y al disfrute de servicios públicos domiciliarios.

Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:

• Promover y adelantar programas de salud para mujeres gestantes y lactantes.

• Promoción de la ética médica, así como la oportuna atención de las mujeres en los centros asistenciales.

• Promoción de programas de salud sexual y reproductiva.
• Conformación de los Consejos Municipales de protección a la familia y la niñez.
• Protección especial a la mujer rural.
• Promover la afiliación a la seguridad social.
• Enfatizar los programas educativos que ofrezcan a los jóvenes capacitación en una sexualidad responsable y eviten el embarazo juvenil.
• Promover hábitos saludables para las mujeres gestantes y lactantes como el adecuado manejo de los alimentos, el mantenerse alejadas del alcohol y las sustancias psicoactivas.

1. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

La concentración demográfica, el poco énfasis de programas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y la aparición tardía de los primeros síntomas, son sólo algunos de los factores que inciden para que una pandemia como el VIH/SIDA siga avanzando exponencialmente. Sin embargo, gracias al desarrollo de nuevos medicamentos, en algunos países los contagiados pueden llegar a tener un tratamiento que les devuelve la calidad de vida y les genera una alta expectativa de supervivencia a largo plazo, lo que hace que el VIH/SIDA pase de ser un problema de salud pública a un problema de carácter económico, por cuanto quien no tiene el dinero para costearse el tratamiento se ve abocado a morir señalado y segregado.

En este sentido el derecho a la vida se asocia casi de manera directa con el derecho a la salud, a la seguridad social y al derecho a la igualdad y a la no discriminación, que deben garantizar un tratamiento adecuado y permanente a todas aquellas personas que sean víctimas de estas enfermedades de alto costo; de igual forma el derecho de petición se convierte en un instrumento importante para garantizar la tutela de dichos derechos por parte de las autoridades competentes.

Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:

• Realizar una agresiva campaña educativa de difusión y prevención, que ponga fin a los tabúes frente a la sexualidad y permita que sea asumida de manera responsable. Esta iniciativa debe partir del supuesto que cualquier persona puede ser infectada y que en ese sentido, todos podemos ser potenciales víctimas. De esa forma se buscará atender igualmente otro de los grandes problemas que viven los infectados de estas enfermedades, como lo es la discriminación y la exclusión.
• Adelantar programas educativos de prevención, difusión y toma de exámenes en instancias próximas al cotidiano vivir de las personas como: sitios de trabajo, bares, centros comerciales, conciertos, festivales, etc. Se trata de hacer visible la problemática y que las personas comprendan la necesidad de la prevención.
• Formular programas para el manejo y acceso a tratamiento para las personas afectadas por estas enfermedades.
• Facilitar que las mujeres gestante puedan hacerse pruebas y si resultan portadoras hacer el seguimiento adecuado para garantizar que el bebe nazca sano.
• Promoción de la ética medica hacer seguimiento a los centros asistenciales para que ofrezcan un tratamiento adecuado a los pacientes.
• Promover la afiliación de la población a la seguridad social y garantizar la cobertura en salud a quienes no tienen los ingresos para costear un régimen de afiliación contributivo.

1. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

La sobre-explotación de los recursos naturales, así como la deforestación y la extinción de cientos de especies de flora y fauna son cada vez más frecuentes. Muchos de los países en vías de desarrollo, especialmente en América latina, tienen la ambigua condición de estar en territorios ricos en recursos y diversidad biológica y al mismo tiempo padecer de situaciones como la pobreza extrema, la inasistencia médica, las precarias condiciones sanitarias y otros múltiples factores. A esto se suma que en la dinámica del mercado, los recursos naturales resultan una fuente importante de riqueza privada que los explota desconociendo que son un patrimonio público, colectivo, y que requiere un manejo sostenible generado a su vez el menor impacto sobre los ecosistemas.

Este objetivo del milenio coincide con los derechos humanos colectivos y del medio ambiente. Se asocia de manera directa con el derecho a un medio ambiente limpio, que también implica su preservación para las futuras generaciones y también está profundamente ligado con los derechos de los usuarios de servicios públicos por cuanto estos deben preservarse de la privatización y constituirse como bienes públicos. En cuanto a la sostenibilidad de los recursos naturales, estos se relacionan con los derechos, pero también con los deberes de los consumidores, los cuales deben procurar un uso racional de recursos como el aguay la energía.

Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:

• Propender por que las autoridades cumplan con funciones de control, vigilancia y sanción a quienes explotan los recursos naturales. Una situación frecuente en las grandes ciudades es la explotación fraudulenta de aguas subterráneas para surtir empresas privadas y evadir así el pago de este importante recurso.
• Garantizar la oferta, cobertura y calidad de bienes y servicios a los usuarios más necesitados. Buscar alianzas para que servicios como el agua y los servicios sanitarios puedan implementarse en las poblaciones más marginales como una forma de garantizar la salud de los ciudadanos.
• Implementar programas educativos para el buen consumo y el uso racional de los recursos naturales.
• Promover en los productores, proveedores y expendedores, el deber de informar a los ciudadanos sobre los ingredientes y posibles efectos secundarios del uso de los productos existentes en el mercado como una forma de responsabilidad empresarial frente al consumidor. De igual forma se debe propender por sacar del mercado aquellos productos que puedan lesionar o atentar contra la salud de las personas.
• Garantizar un control efectivo a la explotación de los recursos naturales.
• Vigilar y sancionar el tráfico de especies de fauna y flora.
• Educar, vigilar y sancionar a quienes contaminen las aguas, el aire y los suelos.
• Cuidar y velar por la conservación de la calidad de las aguas y controlar las actividades que generen vertimientos, evitando todas aquellas acciones que puedan causar su contaminación tales como arrojar en ríos y quebradas materiales de desecho y residuos sólidos, aguas residuales y efluentes de la industria sin tratamiento y demás actividades que generen vertimientos sin el respectivo permiso, con grave peligro para la salud y la vida de las personas que necesitan hacer uso de esas aguas.
• Control de la contaminación auditiva y sonora, promoviendo el derecho que tienen las personas a estar libres del ruido y vivir una vida tranquila.
• Promover la responsabilidad social empresarial en temas medio-abientales.

1. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

La transferencia de tecnología, el apoyo económico y la cooperación técnica entre los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo, se consolida en este objetivo del milenio y propende por generar condiciones de equidad e igualdad en todo el planeta. Este objetivo es sin duda el más ambicioso y compromete la voluntad política de las naciones más industrializadas para que dicho objetivo se haga realidad.

Sin embargo, no se trata de una medida altruista, sino de un compromiso irrestricto con todos los derechos humanos y que trasciende las fronteras nacionales. En este objetivo confluyen las tres generaciones de derechos humanos y se vinculan de manera directa derechos como la vida y la dignidad de la misma, la igualdad y la no discriminación, la educación y la salud, los cuales son campos estratégicos para alcanzar un desarrollo sostenible y duradero allí donde las condiciones de precariedad han sumido a los pueblos en la pobreza y la exclusión durante generaciones.

Si bien este objetivo implica una gran alianza, también pueden darse pasos para desarrollarlo desde lo local mediante acciones como el adecuado manejo de los recursos, el favorecer el bien común y buscar amplia la cobertura de los servicios de salud, educación, servicios sanitarios y agua potable.

Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:

• Propiciar el diseño, planeación y ejecución del presupuestos de manera participativa, buscado favorecer los sectores más vulnerables de la población como los niños, mujeres, jóvenes, desplazados, minorías étnicas, etc.
• Adelantar acciones de cooperación con el gobierno nacional para promover el desarrollo regional en ámbitos como la educación, la generación de ingresos, acueductos, alcantarillados, salud y seguridad social.
• Propender por el hermanamiento entre las ciudades y regiones del mundo, dando paso a nuevas formas de cooperación descentralizada y de intercambios de experiencias y mejores practicas.

• Promoción de formas asociativas para el trabajo en el municipio, la construcción de vivienda y la ejecución de proyectos de beneficio general.
• Implementar de manera sinérgica y simultanea las acciones enumerada para todos los objetivos anteriores.

4. El necesario complemento del control social de la gestión pública con enfoque de Derechos humanos.

Adoptar un marco de derechos humanos para el control social de la gestión publica, ayuda a mejorar la cultura de derechos humanos, refuerza la legitimidad de las instituciones publicas y contribuye a mejorar los niveles de gobernabilidad democrática. Ofrece un camino para la gestión publica donde la participación ciudadana adquiere un especial significado, pues hace parte tanto del proceso como de los resultados en materia de incremento de la vigencia de los derechos humanos. En este sentido el control social de la gestión pública con enfoque de derechos humanos comprende:  

• Visibilizar el marco de derechos humanos que una determinada política pública o plan de inversión posee. Se trata de hacer pedagogía de derechos humanos a partir de casos concretos de su aplicación.
• Fomento de inteligencia social sobre la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. La inteligencia social hace referencia a la capacidad de la sociedad de autotransformarse y de organizarse, de la posibilidad de enfrentar y crear nuevos desafíos, de la capacidad que tiene un orden humano para detectar y resolver problemas a partir de las experiencias acumuladas y del libre debate de opciones alternativas.
• Diseño de indicadores de impacto y de evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
• Fortalecimiento de la cultura ciudadana de derechos humanos.
• Promoción del derecho a la ciudad.

Adelantar las acciones que se proponen de cara al logro de los objetivos de desarrollo del milenio, así como de la vigencia de los derechos humanos en la vida cotidiana de los municipios, es un paso adelante en la consolidación de la democracia. Para ello es fundamental entender la democracia como dialogo entre gobernantes y gobernados y entre los diversos estamentos de la sociedad alrededor de la vigencia de los derechos humanos.

Bogota, abril de 2006

Anexo.

Por:

Alfredo Manrique Reyes