Descargar

Los Objetivos de desarrollo del Milenio: Un reto para la consolidación de la democracia local y los Derechos Humanos


Partes: 1, 2
Monografía destacada

    1. La reivindicación del Estado social de derecho
    2. Los Derechos humanos y la democracia
    3. El Municipio como epicentro de los derechos humanos
    4. Los objetivos de desarrollo del Milenio y los Derechos humanos
    5. El necesario complemento del control social de la gestión publica con enfoque de derechos humanos

    La presente ponencia tiene por objeto compartir algunas reflexiones sobre el significado del logro de los objetivos del milenio para la vigencia de los derechos humanos y la consecuente consolidación de la democracia municipal. De la misma manera, se proponen una serie de acciones concretas que pueden adelantarse desde los municipios para conseguir estos propósitos.

    La reivindicación del Estado social de derecho.

    Mas de diez años de experimentación en el desmonte de las responsabilidades del Estado social de derecho y en la introducción de lógicas del mercado en el diseño de las políticas publicas han dejado en América Latina mas pobreza e inequidad, así como una delicada fragilidad de las instituciones democráticas. Esta circunstancia ha sido valorada por las grandes mayorías que hoy están designando a gobernantes cuyas agendas programáticas se centran en recuperar la función social del Estado de derecho.

    Como se sabe, el concepto de Estado social surgió como reacción a la desigualdad creada en las relaciones capitalistas del siglo XlX y al principio del Laissez Faire, Laissez Passer. También su origen hace eco de la necesidad de avanzar de la mera garantía de los derechos a la vida y al goce de las libertades publicas, hacia la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales.

    El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles protección y ofreciéndoles oportunidades. Exige la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes de un país una vida digna con el fin de potenciar las capacidades de la persona. Es por ello que las autoridades deben actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los medios económicos necesarios para desenvolverse en sociedad.

    En la Constitución Colombiana, por ejemplo, el carácter social del Estado es una de las directrices de la política y de la actividad de los poderes públicos. El Estado social, entendido como idea regulativa, significa que para el Estado existe una obligación de buscar la justicia social en sus actuaciones. Este debe promover la igualdad para los diferentes grupos sociales, lo cual no significa la implantación del "igualitarismo", sino que todos los sectores de la población deben tener igualdad de posibilidades y oportunidades para el pleno goce de sus derechos. Del principio de Estado social no deriva la implantación de un modelo económico específico para el país. Sin embargo, tanto la dictadura económica del Estado, como la libertad irrestricta del capitalismo privado, serían contrarias a los preceptos del Estado social.

    Los Derechos humanos y la democracia.

    En el comienzo del tercer milenio, la humanidad ha encontrado que los principales valores éticos sobre los que se sustenta la democracia son los derechos humanos, no sólo como noción jurídico-política, sino también como los principios esenciales de la vida social. Al respecto el profesor colombiano y tratadista de derecho público Rodrigo Uprimny ha señalado que "Los derechos humanos buscan reconstruir, desde unas bases racionales pero sin generar nuevos fundamentalismos éticos, la legitimidad de las normas sociales y de las obligaciones jurídico políticas del poder estatal. En ese orden de ideas, la utopía del consenso no coactivo, la idea de una comunidad de hombres libres e iguales, la noción de auditorio universal, son todos conceptos que permiten fundar los derechos humanos como presupuesto y resultado del discurso moral moderno, como una forma de ética ciudadana y un marco de entendimiento entre las culturas".

    Los derechos humanos se constituyen en unas reivindicaciones individuales y colectivas presentes en todas las sociedades contemporáneas y están profundamente relacionados con la democracia, pues a un mayor nivel demanda y satisfacción de los derechos humanos igualmente será mayor el nivel de democracia y de legitimidad de los sistemas políticos. De manera complementaria, los derechos humanos también pueden entenderse como las facultades que el Estado de derecho atribuye a las personas y los grupos sociales como expresión de sus necesidades en lo referente a la vida, a la libertad y la igualdad, la participación política, social y a cualquier aspecto fundamental que afecte el desarrollo y bienestar integral de las personas, y constituyen la razón de ser de las instituciones públicas ?que igualmente – deberán asegurar su defensa, protección y promoción.

    Para que estos derechos humanos puedan realizarse y reconocerse dentro de un ámbito real, el Estado debe ser democrático. Entendiendo que la democracia es la que permite que todos los seres humanos participen realmente del gobierno de manera activa e igualitaria, cooperando con el reconocimiento, respeto, tutela y promoción de los derechos humanos.

    En todos los sistemas políticos donde no existe una base democrática, existen diversas situaciones donde falta equidad y justicia. En cambio, cuando existe la democracia, se debe concebir que se está inserto en una sociedad donde la convivencia es organizada, donde cada ciudadano tiene la garantía de que sus derechos serán respetados y tutelados y donde también se tiene el deber de respetar los derechos ajenos; donde la convivencia es acorde a la dignidad de las personas y se sustenta en la libertad y en el disfrute pleno de los derechos humanos. El Estado cumple un papel fundamental, porque las autoridades deben, además de reconocer los derechos, ponerlos en práctica dentro de la sociedad, para que puedan desarrollarse en un ambiente próspero.

    Partes: 1, 2
    Página siguiente