Urabá: banano, conflicto, narcotráfico, paz y responsabilidad social (página 3)

Esto ha degenerado en una "cultura del atajo" o, llanamente una "cultura mafiosa", es decir, este comportamiento hace relación con asumir la ilegalidad como algo normal para alcanzar altas metas en corto tiempo, lo que tiene expresiones en la vida diaria de quienes burlando las obligaciones ciudadanas, utilizan el contrabando, la corrupción administrativa y otros actos delictivos como formas de salir económicamente adelante.

En el año 2008 el Grupo de Investigación Cultura Política, Instituciones y Globalización de la Universidad Nacional de Bogotá, presentó en un foro dirigido a estudiantes de Ciencias Políticas de la sede de esta institución en Medellín, las conclusiones de uno de sus estudios en el que señala que en Colombia "tenemos una cultura mafiosa":

""la preocupación surge al interrogar la cultura política en Colombia que empieza a relacionarse con las nuevas manifestaciones que se están dando a nivel urbano. Culturas como la mafiosa se caracterizan principalmente por el rebusque, la obtención fácil y con el mínimo esfuerzo de lo ajeno, manejando un facilismo moral que premia al que no se esfuerza"[96].

Esto es contrastable con la observación empírica cuando hicimos trabajo de campo y vemos culturas como la mafiosa que se caracteriza "principalmente por el rebusque, la obtención fácil y con el mínimo esfuerzo de lo ajeno, manejando un facilismo moral que premia al que no se esfuerza"[97].

A esto se adhiere la forma exagerada y errática con que el gobierno colombiano pretende erradicar el conflicto armado en sus diferentes manifestaciones, invirtiendo cifras descomunales del presupuesto nacional en el sostenimiento de la guerra, mientras la salud y la educación disponen de precarios recursos para su desarrollo:

"Mientras Estados Unidos destina un 4% del PBI para su defensa -incluida la guerra con Irak-, Colombia destinó en el año 2007 el 6.32% de su PBI para el mismo fin, el doble de lo destinado por Venezuela y casi seis veces más que el presupuesto ecuatoriano en el área. Colombia asignó en el año

2008 $18,4 billones para gastos en Defensa, de los cuales el 81% fueron gastos de funcionamiento, pues se estima que 8 de cada 10 funcionarios del Estado pertenecen al Ministerio de Defensa. El presupuesto para defensa representa más de la quinta parte del gasto público y su crecimiento del 20% en este año es más del doble del resto de los rubros presupuestales, y cuatro veces la tasa de crecimiento esperada de la economía"[98].

Ya esas conductas habían sido estudiadas por COLCIENCIAS, ente del Estado colombiano para la investigación, la ciencia y la cultura, quienes en unidad con la empresa editorial Tercer Mundo presentaron los resultados de unas reflexiones a las que denominaron "¿Para donde va Colombia?". El objetivo de esta investigación fue patrocinar una reflexión continua y ordenada acerca de este país y su futuro que nos permitiera vernos en prospectiva y entender cómo funciona nuestra sociedad. Este documento señala en qué consiste esa cultura del atajo signada por aprovechar las circunstancias del momento:

"Esta visión oportunista, propia del "lagarto" y el "sapo" y que se difunde con rapidez entre todos los estamentos de la sociedad, se afinca en la concepción de "lo público" como campo de juego donde "el vivo vive del bobo y el bobo del más pendejo". En este juego –que bien podríamos denominar "el juego del almendrón" – impera la regla del todo o nada. Aquí no hay lugar para nada distinto a la inmediatez porque se juega en un esquema de "suma cero" según el cual todo beneficio necesariamente se obtiene a costa de una pérdida para alguien. La tentación de echar mano al engaño en este contexto es casi irresistible, ya que de partida se juega con la premisa que los problemas no son para resolverlos sino para endosarlos a alguien más.."[99]

La "cultura del atajo" es señalada en el entendido de que "para el colombiano en general las reglas no se fundan sobre el precepto que representan un criterio de consenso colectivo y por ello otorgan autonomía a la colectividad que las respeta. Este es uno de los referentes culturales que quizás más agudamente carece la sociedad colombiana"[100] de donde surgen otras conductas que ponen en tela de juicio los pilares de su legalidad, pues "entre nosotros las leyes nunca han alcanzado la investidura sagrada que les confiere el legítimo reconocimiento social de representar

un mecanismo de autorregulación asociado con la convicción colectiva de alcanzar un fin social"[101]. Sobre estas bases de una cultura que no respeta principios de una civilización democrática, el desarrollo de la industria bananera encuentra otro obstáculo para sortear y para aportar como organización empresarial.

• CÓMO AFECTA EL NARCOTRÁFICO AL MERCADO BANANERO.

El narcotráfico ha permeado la sociedad colombiana y es una dinámica social creciente. Éste, como portador de esquemas culturales, afecta los mercados legales, las instancias sociales y hasta la moda, hábitos y costumbres; también se ha metido en las actividades cotidianas hasta hacerse parte de la vida corriente en medio de una sociedad permisiva, llegando a ser su actividad económica tan febril y permanente en el Urabá antioqueño, que ha concitado el interés de investigadores y periodistas:

"En los municipios del norte de Urabá y el norte del Chocó dedicados a la ganadería, la concentración de tierras se dio de la mano de los predios adquiridos por el narcotráfico. Sólo en Arboletes, miembros del Cartel de Medellín compraron 48 haciendas para ganadería entre 1981 y 1989, con extensiones de 300, 400 y hasta 600 hectáreas"[102].

Con todo el poderío que consolidaron las mafias, alcanzaron a instalar todo su poder corruptor al servicio de los negocios ilícitos, utilizando la infraestructura portuaria de la zona y los ríos, adquiriendo tierras para sembradíos ilícitos a través de operaciones de lavado de dinero proveniente de esa actividad y creando empresas aparentemente legales, para servir a la industria de la región como parte de las actividades en las que el narcotráfico se soporta y se camufla, permeando la economía local por todos sus flancos. Una de las afectaciones más severas del narcotráfico en la zona bananera, fue la guerra desarrollada a través de masacres selectivas perpetradas por servidores del Cartel de Medellín, en la cual los colonos de vieja data nunca estuvieron implicados.

En el año 2000 la historia de violencia no termina; la tranquilidad es apenas temporal, pues el denominado Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC, mantiene el conflicto presentándolo como una lucha antisubversiva, lo que le permite ampliar su frontera agrícola con cultivos de palma africana, que les facilita mantener la actividad de tráfico de narcóticos, así como doblegar a parte de las autoridades y ponerlas al servicio de la ilegalidad, ampliando su poder económico al poder político, alcanzando inclusive las órbitas del Congreso de la República. Este dominio territorial fue logrado a través de asesinatos selectivos y masacres, que generaron la zozobra necesaria para desplazar masivamente pobladores colonos y parceleros, así como comunidades negras e indígenas, transformando grandes extensiones de bosques y manglares en cultivos de palma de aceite, alterando con ello la biodiversidad de la región, derivada de la tala indiscriminada y el uso de agroquímicos.

Esto demandó la atención de los bananeros organizados en AUGURA, quienes para frenar esos impactos acudieron a la gestión ambiental a través de BANATURA, proyecto creado para tal efecto. El apoyo a los bananeros en el mejoramiento de la productividad ha sido definitivo en términos de negociar las condiciones de mercado en el exterior, toda vez que esta responsabilidad es exigida para aceptar la fruta y certificarla.

Otra afectación significativa es el encarecimiento de la tierra. "…acá llegaron los traquetos[103]y por una finca que valía cien pesos, por ejemplo, ellos ofrecían quinientos. Y si uno no le vendía pues lo amenazaban y de todos modos ellos se quedaba con lo que se les antojaba", dijo un empresario bananero que solicitó no ser identificado. Ese fenómeno de las ventas forzadas de tierra ha permitido que los dineros del narcotráfico se camuflen con dineros de empresarios legales, cuyos capitales tienen un reconocido origen en el trabajo honesto.

Aparte de hacerse a las tierras, de implementar una cultura mafiosa, de afectar el medio ambiente, intervenir en la política local y nacional, de poner la cuota de violencia y de usar de manera clandestina los muelles y puertos para sus ilícitos, el narcotráfico en Urabá permeó una cultura de origen campesino haciendo una mixtura que fue particularmente violenta cuando de defender sus beneficios se trataba, convirtiéndose este fenómeno en un detonante de más a los problemas que ya afrontaba la región.

Una diferencia silenciosa de criterio se libra entre quienes quieren la tierra para cultivos de palma, quienes quieren ampliar la cobertura de producción bananera y los que quieren las tierras para sembrar coca e instalar allí toda la parafernalia necesaria para la industria del narcotráfico con excelentes salidas a los mercados internacionales.

"Aunque de acuerdo con las cifras oficiales los cultivos de coca parecen haber desaparecido prácticamente del Urabá entre 2004 y 2007, la dirección de antinarcóticos notifica, no obstante, la erradicación en la región de casi 450 hectáreas de cultivos desde 2005 hasta abril de 2008."[104]

Estas cifras son el reflejo de lo que ha sido el fracaso internacional respecto a la política antidrogas, que tiene como su principal defensor y promotor al gobierno de los Estados Unidos; esta lucha ha sido desigual entre el creciente mercado al interior de los países consumidores que alcanza el calificativo de epidemia social y la oferta de los países productores considerados culpables de este flagelo ante el resto de la humanidad. De esa manera el Urabá antioqueño se mantiene en una situación de fragilidad ante un problema que hace metástasis tanto en la estabilidad política y económica de los países que quedan al otro lado del océano, como en la propia Colombia.

Los bananeros adquirieron de una manera autónoma el compromiso de aportar en la lucha contra el narcotráfico que perjudica sus intereses. Sin embargo, el exacerbado efectismo de incautaciones anunciado por las fuerzas de seguridad del Estado, no significa que las políticas hayan sido totalmente efectivas, pues cada día las cifras indican el crecimiento de este negocio. Contrario a esta realidad, en la página web de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se lee:

"Colombia ha demostrado al mundo su compromiso a fondo en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. Nos propusimos la tarea de cambiar y lo estamos logrando. Hoy como nunca antes el país ha demostrado su empeño en la lucha contra ese flagelo y ha dado a conocer resultados contundentes. Miles de hectáreas de coca y amapola fumigadas, toneladas de marihuana y opio incautadas, miles de toneladas de precursores químicos decomisados, nos invisten de autoridad frente al problema mundial de las drogas."[105]

Es imperativo cambiar las políticas para combatir el problema de las drogas y toda la estela de dificultades que vienen ligadas a la misma para que le banano urabaense no cargue con el estigma de proceder de una zona infestada con la coca u otros narcóticos.

Derechos Humanos: la gran pesadilla de gobernantes y empresarios

El tema de los derechos humanos no es artificial de cara al mercado mundial, este está enmarcado en los cambios propios de la globalización que pone desafíos novísimos en los procesos productivos, apartándolos de antiguas y desiguales formas agrarias, e insertándolos como agentes que inciden en los asuntos económicos y que generan obligaciones para mejorar la calidad de vida a los seres humanos. Por ello, el desarrollo de políticas en materia de derechos humanos y el ofrecimiento de garantías plenas a los trabajadores son vigiladas por los organismos de cooperación internacional, lo cual obliga el establecimiento de sistemas de gestión interna confiables, para garantizar que se aplican las políticas internacionales al respecto.[106]

Tomando estos criterios de la modernidad empresarial, los bananeros de Urabá con AUGURA a la cabeza optaron desde hace unos diez años por trabajar hacia la promoción de los derechos humanos como un componente o un valor agregado de sus operaciones productivas y/o comerciales, que transversalizan a empresas, socios, proveedores de insumos para la agroindustria y a las autoridades a nivel local, regional y nacional.

Las cifras de la última década son elocuentes. Para la década de los 90 un total de 614 obreros sindicalizados fueron asesinados, muchos de ellos con el común denominador de haber sido perpetrados con la colaboración de las fuerzas institucionales, actuando por el mandato velado de oscuros grupos económicos que elevan la bandera de la lucha contra el comunismo.

Sin embargo muchos han sido los ensayos de parte del poder ejecutivo nacional y de los empresarios de la región, desde el entendido de que

"Para lograr un esquema efectivo para la reinserción económica de excombatientes ilegales, se deben tener en cuenta cuatro elementos: 1) recomendaciones institucionales; 2) esquema educativo enfocado a la formación por competencias; 3) esquemas para la búsqueda de oportunidades de generación de ingreso para la población desmovilizada; y 4) esquemas para la participación del sector empresarial en la inserción económica de esta población.[107]

Participación que, a instancias de AUGURA, ha sido definitiva para desactivar las causas de esa guerra prolongada a partir de esquemas propuestos por el sector empresarial para la inserción económica de los desmovilizados, con tan buenos resultados que han sido experiencias exitosas avaladas por el gobierno central y por la comunidad internacional que permanece atenta al desarrollo del proceso y de la que depende la certificación Globalgap para acceder a la Unión Europea con la fruta urabaense.

Las cifras son contundentes y dicientes, en relación a los esfuerzos para la pacificación:

"A mediados de 2007 había más de 30.000 desmovilizados de las AUC a nivel nacional, un 30 por ciento de ellos ubicados en el departamento de Antioquia. En el Urabá se legalizaron entre 2004 y 2006 alrededor de 2.500 desmovilizados de las AUC, a la vez que entraron en la región cientos de paramilitares provenientes de otras partes del país. Una parte de ellos siguió armada, otros continuaron ejerciendo un control directo sobre el narcotráfico, y muchos otros se pusieron a trabajar en proyectos productivos que se han estado desarrollando en el marco de diferentes programas, entre ellos en los programas de desarrollo alternativo de la lucha contra los estupefacientes."[108]

Lo que significa que en este aspecto faltan mejorías y amerita continuar con las intervenciones del gremio bananero en asocio con el Estado, tal como lo ha hecho AUGURA que, en desarrollo del proyecto "Alianza para el desarrollo socioeconómico de las comunidades bananeras de Urabá y Magdalena", llevado a cabo entre el sector público y privado lograron promover "experiencias

significativas consistentes en la ejecución por parte de empresas, de programas o proyectos que promuevan el desarrollo de la comunidad afectada por el conflicto en las áreas de educación y formación, proyectos productivos, salud, cultura, participación y convivencia, entre otros."[109]

En este proyecto estuvo convocado todo el gremio bananero y sus fundaciones sociales como CORBANACOL y FUNDAUNIBAN, así como las comercializadoras internacionales UNIBAN y BANACOL, con el liderazgo de AUGURA y la Embajada Real de los Países Bajos, lo que le otorga una indudable legitimidad y transparencia a esas iniciativas.

Con el mismo proyecto AUGURA se hizo ganador del premio "Emprender Paz, la Apuesta Empresarial", en su tercera versión en la categoría "Promoción de Desarrollo Comunitario para la Paz". El proyecto de AUGURA, las organizaciones sociales y demás entes tenía unas líneas dirigidas a la promoción de los derechos humanos y del medio ambiente:

"El programa se desarrolla bajo dos líneas principales, Reducción de pobreza y Protección al Medio Ambiente. El objetivo principal del programa es prevenir la agudización de la problemática social de las zonas bananeras que se vería seriamente afectada por la disminución de la actividad bananera tradicional de micro y pequeños productores quienes no cumplen con las condiciones de calidad, certificación ambiental y social para la producción de fruta, sin lo cual su permanencia en la cadena de exportación de plátano y banano es inviable, viéndose expuestos a rechazos, pérdidas de producción y a buscar otras fuentes de ingresos."[110]

Esto reporta bienestar, ganancias y confianza. La certificación permite contratos a largo plazo que aseguran la compra total de la producción, dándoles además bonificaciones en el precio por mantener la certificación, poniéndolas en el escenario de los mercados mundiales como productos con altos estándares de calidad y responsabilidad social.

• LA DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO RADICALIZÓ Y DESHUMANIZÓ LAS PARTES INVOLUCRADAS.

La escalada del conflicto en Urabá fue degenerando en sus cuantificaciones y formas de irrigar terror en la población; todo conflicto armado es inhumano desde el punto de vista de la utópica condición de la armonía social, pero la realidad es otra: en Colombia, desde el año 2003 se viene hablando en los escenarios políticos y sociales de alternativas que permitan superar la crisis humanitaria nacional y que en regiones como Urabá se acentúan. El planteamiento básico dirigido a la humanización del conflicto armado es el siguiente:

"Ante la cuestión humanitaria debe adoptarse un enfoque que: tenga en cuenta las actitudes de los actores relevantes frente al tema (obstáculos, aperturas…); conciba la humanización del conflicto no como un acto sino como un proceso basado en la modificación (voluntaria, presionada, negociada o forzada) de esas actitudes; y combine el realismo de la gradualidad con la permanente exigencia de que los actores armados cumplan con la totalidad del DIH"[111]

AUGURA fue promotor de iniciativas para generar nuevas actitudes de los actores del conflicto para la región de Urabá y las apoyó en su promoción con sus afiliados, la ciudadanía y los trabajadores bananeros. En cumplimiento atento de los postulados internacionales en especial los Convenios de Ginebra de 1949, según el artículo 6, las partes "podrán concertar […] acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente". Ese proceso oportuno[112]para Urabá implica actuar sobre las actitudes de los actores más destacados del conflicto, quienes son los únicos que pueden permitir los cambios y acercamientos por el diálogo y la comprensión de lo que manda el derecho internacional humanitario. Igualmente a nivel interno esos acercamientos para humanizar el conflicto cuentan con el beneplácito legal contenido en la ley 782 de 2002 que permite al gobierno adelantar negociaciones humanitarias o de paz con las organizaciones armadas, aunque estas no posean reconocimiento político.

Interesados en romper la dinámica de un conflicto radicalizado y deshumanizado, los bananeros del Urabá antioqueño participaron de muchas formas en lo que se llamó buenas prácticas para salir del callejón de violencia. Unas de esas acciones concretas fueron: la prohibición de reclutar menores de 15 años, efectuar ataques indiscriminados, amenazar a la población civil o ejecutar actos para aterrorizarla, utilizar la presencia de la población civil para poner determinados lugares o zonas a cubierto de las operaciones militares, realizar ataques contra obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, como represas y oleoductos, cuando dichos ataques pueden producir la liberación de aquellas fuerzas y causar lesiones, daños o pérdidas importantes a la población civil, usar métodos o medios de hacer la guerra que causen daños extensos y graves al medio ambiente, destruir bienes muebles o inmuebles pertenecientes a particulares o a entidades públicas o sociales, excepto en los casos en que sea absolutamente necesario para las operaciones bélicas, y efectuar ataques contra los lugares de culto, los monumentos históricos y las obras de arte, y emplearlos en apoyo del esfuerzo militar.

Estos pasos concretos para la humanización del conflicto, han reportado mayor tranquilidad en las regiones, siendo una de las más favorecidas la de Urabá.

• RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LAS FUNDACIONES.

En ese escenario de conflicto entran a jugar un papel importante todas las formas de organización social de base, que para el caso de Urabá se materializa en las fundaciones[113](como en todo el mundo con iguales o parecidas condiciones), sobre las cuales se escuchan voces críticas que desconocen el papel que ellas han jugado como agentes neutrales en medio de una región caracterizada por cruentos combates que no reconocen actores imparciales. Iguales críticas reciben las acciones mismas de "recuperación del tejido social"[114] que pretende recuperar la dignidad perdida en un escenario de necesidades sin resolver, con una población desprotegida, famélica y victimizada por los actores involucrados en el conflicto.

La realidad de la violencia en Colombia y su acendramiento en el Urabá antioqueño es excepcionalmente particular, razón por la cual necesita un tratamiento singular que con urgencia convoque fuerzas transformadoras como se ha hecho a instancias de los empresarios asociados en Augura.

Urabá es un espacio donde han confluido fuerzas sociales y actividades económicas diversas que oscilan entre lo legal y lo ilegal, reflejando una rica región con índices de pobreza que alarman las estadísticas y encienden las alarmas de los gobiernos; por ello es que el Urabá antioqueño se ha constituido en un verdadero laboratorio para de experiencias sociales, pues allí se han ensayado todo tipo de métodos de análisis políticos, de intervención y sicosociales, para entender y cambiar la realidad.

De la mano de Augura, por medio de convenios, han entrado a la región organizaciones sociales con capacidad para incidir en una situación calamitosa en lo que a las personas refiere, pues la intervención de apoyo para recuperar el tejido social tiene doble propósito: reparar los activos físicos de la región y consolidar esta labor como parte de la solución a otros retos del post-conflicto como la reintegración económica de los excombatientes y el retorno de los desplazados y refugiados, para que se recupere la confianza general en la región y en las instituciones públicas y privadas.

Medio ambiente: fumigación y protección

Los riesgos del monocultivo son evidentes, de acuerdo a las más autorizadas y difundidas opiniones de los científicos locales y foráneos. Señalan los estudios fitosanitarios que la dependencia en un solo tipo de cultivo estimula el crecimiento de hierbas resistentes a los pesticidas y otras prácticas agroindustriales.

Concretamente en Urabá, donde se usa la fumigación para control fitosanitario del banano y para mejorar la producción, se aplican fungicidas que son sustancias tóxicas que actúan para impedir el crecimiento o para controlar los hongos y mohos perjudiciales. En esta región se utilizan los productos llamados imazalil y tiabendazole en el proceso de post cosecha del banano (y plátano), a los que se les mezcla una solución de alumbre y se aplica directamente en la corona de las maras para que la fruta alcance el curado, además de las fumigaciones realizadas para el control de plagas como la sigatoka.

Para que los efectos colaterales dañinos no sucedan con alta gravedad, los empresarios productores (llamados finqueros) han optado por mantener el cuidado de no pasar por la crisis que se han vivido en otros lugares de monocultivo con la ruina generalizada. Por eso se han puesto al tanto de atacar uno de los males más destacados del banano, la sigatoka negra, enfermedad de las plantaciones que tuvo su aparición en la el país desde el año 1981, según se tienen noticias; esos controles se hacen con conocimiento cualificado obtenido a partir de la creación del Centro de Investigaciones del Banano- CENIBANANO, pues el cultivo del banano en Urabá necesita de fumigaciones y aspersiones a gran escala que, en ocasiones, cuenta con el uso de avionetas para mantener los altos niveles de productividad, lo cual demanda altos cuidados para mantener el medio ambiente bajo controles de sostenibilidad.

• LA SIGATOKA: ENEMIGO DE PRIMERA LÍNEA.

El primer brote de Sigatoka negra apareció en Centroamérica. Fue detectado en la localidad de La Lima, Honduras, en 1972, desde donde se dispersó hacia norte y sur llegando a invadir las plantaciones de Colombia. El primer foco de la enfermedad en el país se presentó en 1981 en la zona bananera de Urabá, exactamente en el municipio de Apartadó, Antioquia, desde donde se diseminó al resto del país.

En el año 2000 la enfermedad fue encontrada en el Chocó, zona del Pacífico colombiano cubierta completamente por selva, donde se presentan cultivos de plátano en pequeñas parcelas al borde del río Atrato, única vía de acceso a la región, como resultado de la vecindad de regiones.

En Colombia, las Sigatokas negra y amarilla afectan más del 30% del total de las hectáreas sembradas en banano y plátano, razón por la cual se le considera un enemigo de primera línea en la cadena productiva de esta fruta en el Urabá antioqueño, cuyos costos de control para el país ascienden a unos veinte millones de dólares anuales, siendo uno de los métodos para controlarla los fungicidas, en los cuales se invierte cerca del 30 al 40% de los costos de producción; este control obligado a las plantaciones, acarrea unos efectos colaterales a los ecosistemas y a la salud humana.

Los fungicidas más comúnmente usados en el control de la Sigatoka negra que afecta las plantaciones bananeras de Urabá son pertenecientes al grupo de los benzimidazoles, los cuales actúan directamente sobre la división celular del hongo en el proceso de la mitosis, los cuales van creando resistencias a los productos, por lo que su eficiencia se ve reducida, especialmente cuando el producto se usa de forma intensiva.

La enfermedad se ha trasladado colonizando otras zonas cercanas como el Chocó, donde los investigadores[115]han detectado material infectado tipo semilla, fruta y hojas que han "viajado" por el río Atrato, tema que ha incidido notoriamente en la decisión de construir la carretera Panamericana, aduciendo que esta vía acarrearía alto riesgo para la expansión de dicha enfermedad.

Exceptuando el proyecto liderado por AUGURA para estudia la fitopatología y epidemiología del banano, existen pocos grupos de investigación dedicados al estudio de la Sigatoka; el rigor científico no ha puesto allí la suficiente atención para atender un tema tan importante en la bese alimentaria de millones de personas, el cual constituye además un importante renglón de exportación para la zona tropical.

También se destaca el trabajo de la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB), basado en la manipulación genética del hongo para evitar que genere proteínas asociadas con la infección y con el desarrollo de la enfermedad, con una técnica denominada RNA de interferencia (RNAi), iniciativa que hace parte de un proyecto estratégico que pone a la región de Urabá a la vanguardia en este tipo de desarrollos.

Atendiendo la gestión del gremio bananero, el Ministerio de Agricultura aprobó el proyecto "Manejo integrado del Moko en la Zona Bananera del Magdalena" por 10 meses, por un valor de $243.402.014, de los cuales el Ministerio aportó $199.995.710, AUGURA $31.016.304, las comercializadoras $8.800.000 y el ICA[116]$3.600.000, cuyos resultados aportan al mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector.

• FUMIGACIÓN AÉREA.

La fumigación aérea es propia de las áreas de monocultivo que abarcan grandes extensiones, las cuales tienen esta práctica como la forma de aspersión de fungicidas más idónea. Sin embargo, con el uso de avionetas para la fumigación, se corre el riesgo de contaminar centros educativos, parques, poblados, y todo lo que se exponga como ríos, quebradas y lagunas, e inclusive campamentos que se sitúan en las propias fincas que se fumigan, pero en Urabá se ha demostrado que los riesgos son prevenibles y subsanables si se tiene en cuenta los protocolos acertados para el manejo de plaguicidas u otros elementos químicos.

Las prácticas de fumigación aérea en Colombia están debidamente reglamentadas. El decreto 4368 de 2006, modifica el artículo 98 del decreto 1843 de1991, en lo que respecta a las distancias mínimas a las que pueden operar las pistas de fumigación aérea con respecto al eje central de las vías troncales y de sus cabeceras municipales, cuerpos o cursos de agua y edificaciones o áreas que requieran protección especial. Estas prácticas se pueden ejecutar siempre y cuando se cuente con el estudio técnico por parte del interesado en la operación de las pistas, en el cual se establezcan las medidas de prevención, mitigación y corrección de los posibles impactos que se puedan generar sobre la salud humana y el medio ambiente.

Según los estudios realizados en el año 2007 por CORPURABÁ sobre los efectos de los agroquímicos utilizados mediante los sistemas aéreos de fumigación para determinar concentraciones de los insumos agroquímicos mancozeb y clorotalonil en el aire en centros poblados de fincas de 11 municipios y corregimientos, con el auspicio y dirección científico académica de la Universidad de Antioquia, no se detectó presencia de elementos morbosos en el aire ni en ninguna zona que hiciera incurrir en peligro a los seres humanos o animales, como tampoco se detectó la presencia en el muestreo de las aguas lluvias. Igualmente el estudio arrojó como resultado la no presencia de los compuestos orgánico persistentes (COP) aldrín, lindano, y los conocidos DDD y DDT[117]en muestreo realizado en el recurso suelo.

Destaca el estudio que para obtener los resultados positivos de estas observaciones, han mediado eventos puntuales como los procesos de sensibilización sobre el tema, la socialización de la normatividad ambiental referente al almacenamiento y transporte de los plaguicidas, la entrega de los Términos de Referencia en el uso de esos elementos y las charlas sobre uso y manejo seguro de agroquímicos en comunidades campesinas por medios aéreos.

De manera conjunta AUGURA y CORPOURABA realizaron diagnóstico de cada una de las pistas en los componentes ambientales, incluyendo muestreos, caracterizaciones, estudios de ruido, de plaguicidas en suelos, aguas superficiales y subterráneas, entre otros. Fruto de la concertación empresarios-Estado se elaboraron los documentos denominados "Lineamientos y Términos de Referencia para la operación de pistas de fumigación aérea a distancias inferiores a las establecidas en el Decreto 1843 de 1991".

Algunos analistas críticos aseguran que la fumigación aérea resulta ineficaz, porque el 90% de los fungicidas y emulsiones acuosas lanzadas desde avionetas no llega a su destino, señalando además que las consecuencias medioambientales del monocultivo del banano, no sólo se circunscriben a las tierras, ecosistemas, y núcleos urbanos cercanos a las fincas sino que la presencia de los químicos derivada de la actividad agrícola intensiva se detecta a varios kilómetros lejos de los sitios de aplicación. Sin embargo, estas críticas no se soportan en estudios, como sí lo ha hecho con responsabilidad social y ambiental la organización bananera de Urabá.

• INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS.

La industria bananera organizada ha venido adelantando acciones concretas para enfrentar las amenazas de las enfermedades propias del banano, los manejos sustentables del medio ambiente y la producción responsable, a través de un adecuado manejo de plagas, uso de riegos y destinación de los residuos plásticos.

En Informe sobre Gestión en Investigación de AUGURA concurren detallados estudios de caso y de implementación de políticas generales[118]Para el año de 2010 se contabilizan en la región de Urabá 3.850 hectáreas de banano cultivadas bajo riego, las cuales en su gran mayoría utilizan riego por aspersión subfoliar. Muchas de las fincas que cuentan con sistemas de riego por aspersión aún no han alcanzado las producciones esperadas, debido principalmente a un mal manejo de las frecuencias de riego y a excesos en la cantidad (lámina de riego) de agua aplicada, generando excesos de humedad en el suelo que se traduce en pérdidas por escorrentía o percolación, favoreciendo la evolución de la Sigatoka Negra en las plantaciones. Adicionalmente, muchas de las fincas bananeras tienen problemas de ascenso y descensos de nivel freático durante el año, especialmente las localizadas en las partes más bajas de la zona y los problemas generados por niveles freáticos altos son considerados contraproducentes para el desarrollo normal de la plantas. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que estos excesos de agua pueden aportar al cultivo, lo que se traduce en una disminución de las cantidades de humedad requerida durante las épocas secas, lo que revela la falta de conocimiento sobre el uso potencial de esas aguas y su eficiente manejo, razón por la cual se definió que es CENIBANANO con sus criterios técnicos y de investigación quien determina el control.

La investigación se constituye en esas condiciones, en un insumo para el desarrollo del negocio en cada una de sus fases que lo acredita internacionalmente, cohesiona los miembros asociados y hace que cada uno comprenda cabalmente la estrategia general del negocio y su sostenibilidad en el tiempo.

• FUMIGACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EL GRAN RETO.

La potencial exposición a los pesticidas, hace que la tarea de fumigación sea peligrosa, por ello es urgente la formación de nuevos modelos mentales en las unidades productivas, que las lleve a integrar experiencias positivas para mejorar el medio ambiente sin que ello riña con la necesidad de fumigar los cultivos bananeros. Prácticas ambientales concretas como que los trabajadores usen el respirador, protector de ojos, lavado de ojos al terminar las faenas, llevar guantes, casco y ropa resistente a químicos, van creando una cultura de sustentabilidad y de responsabilidad con la seguridad y salud ocupacional, así como con el medio ambiente.

CORPOURABÁ como autoridad ambiental de la región, entre sus funciones es responsable de "Ejecutar las políticas, planes y programas en materia ambiental definidas por ley, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción y ejercer funciones de planificación global del territorio". En ese contexto, las acciones emprendidas por esta corporación entre enero del año 2000 y diciembre del año 2009, han contribuido a garantizar la protección del medio ambiente en la región de Urabá e influido en la mejora de los mecanismos de control determinados por la normatividad ambiental internacional.

A manera de conclusiones

Muy a pesar del conflicto social y armado acentuado en el Urabá antioqueño, el sector productivo del banano se ha caracterizado por ser un actor generador de paz, promotor de la convivencia en armonía social y de la preservación del medio ambiente, desempeñando su rol de líder responsable con altas obligaciones sociales, capaz de atender los postulados y paradigmas de la modernidad empresarial.

Las actividades desarrolladas por los empresarios aglutinados en AUGURA desde el año 1963 convocan a agricultores y ganaderos del Urabá antioqueño para cumplir con las obligaciones empresariales que el mundo de la globalidad demanda, mas aún cuando se trata de desarrollar cultivos comerciales de banano a los más altos niveles productivos; su ejercicio gremial ha sido no sólo para mejorar los niveles de exportación de la fruta, sino también para la promoción y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores bananeros, el progreso de las condiciones de respeto por los derechos humanos de los mismos y la preservación del medio ambiente de la zona, acciones que han adquirido mayores dimensiones entre los años 2000 y 2009.

Las evidencias sobre la vinculación real de los trabajadores de la zona del Urabá antioqueño en la consolidación del proceso de defensa de los derechos humanos y en la preservación del medio ambiente, mediante un trabajo de socialización de actos compromisorios con la vida y con el ambiente, son un ejemplo claro de lo enunciado; así mismo, existen evidencias que dan cuenta de la vinculación real de los empresarios del banano en la consolidación de procesos de defensa de los derechos humanos y preservación del medio ambiente[119]como ha sido su participación en la generación de alternativas de trabajo para los desmovilizados que el gobierno acogió por vía de la ley 975 de 2005, conocida como la "Ley de Justicia y Paz", mediante la cual se otorgaron beneficios a los combatientes y jefes paramilitares que se acogieran al llamado de desmovilización del gobierno nacional.

Todas estas actividades tienen un dinamizador que pocas veces aparece como protagonista de los hechos, el cual desde el año 1966, tres años después de haber nacido la organización de los empresarios en el Urabá, se especializó en la atención de la agroindustria del banano bajo la denominación de "Asociación de Bananeros y Agricultores de Urabá", la cual por el año de 1986 se convirtió en la "Asociación de Bananeros de Urabá" y en el año 1994 trascendió para asumir el rol de interlocutor ante el Gobierno Nacional justo cuando el problema de la violencia en esa zona y en el país atravesaba por los más difíciles momentos para dirimirse.

No obstante las dificultades en medio del conflicto, el gremio ha logrado una positiva gestión ante el Estado colombiano a través de acciones contundentes como el manejo y control de las aspersiones aéreas, el manejo de desechos in situ, y la creación de una conciencia colectiva sobre la importancia de promover el respeto de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente, lo cual se ha convertido en una revolución local que cohesiona las comunidades, permitiendo que se vislumbren nuevos paradigmas y posibilidades de coexistencia en medio de la diversidad.

Las perspectivas para fortalecer y consolidar el proceso de defensa de los derechos humanos y preservación del medio ambiente en la zona bananera de Urabá son hechos que se confirman con las certificaciones obtenidas de la Comunidad Europea como consumidora del producto que se genera en la zona, por sus estándares de calidad, por el entorno en que éste se genera, y por los compromisos adquiridos para su producción responsable.

La cruda época de violencia vivida en Urabá durante los años 70 y 80 del siglo anterior se han venido superando con creces, gracias a las gestiones realizadas por el gremio bananero tanto en lo nacional como en lo internacional, muy a pesar de encontrarse en medio de una situación problemática que le comprometía; sin embargo, mucho se ha avanzado en propuestas para instaurar en esta zona una nueva historia que rompa con los esquemas que desde épocas anteriores ha marcado la producción del banano, por medio de intervenciones en lo social y con el acompañamiento a las iniciativas del Estado, así como en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los escenarios internacionales.

AUGURA como asociación con presencia nacional, es un gremio con alto reconocimiento y prestigio por sus acciones comerciales, sociales y políticas en beneficio de los empresarios y trabajadores bananeros, alcanzando un significativo nivel de madurez organizacional en el último decenio, con hechos como la creación de la primera comercializadora internacional de banano- Unibán, además de importantes logros económicos derivados de beneficiosas negociaciones internacionales como resultado del fiel cumplimiento de lo acordado con sus socios externos, lo que ha reportado una positiva confianza en inversionistas pequeños y medianos, que antes calificaban esta actividad como de alto riesgo.

AUGURA promovió e hizo posible el regreso de los productores a sus fincas abandonadas años atrás por la inseguridad que registraba la región, generando confianza y promoviendo relaciones de responsabilidad social y ambiental de la mano de políticas nacionales que privilegian la seguridad y de las fuerzas institucionales que se han instalado en la región.

Finalmente, en este frágil proceso de post- conflicto que aún se vive en la región, los programas de gestión social y ambiental del sector bananero colombiano[120]han demostrado que es posible asumir la responsabilidad del mejoramiento continuo y vincular por medio de la pedagogía a los productores para que todas sus acciones repercutan de una manera positiva en el contexto global; una gran mayoría de las empresas asociadas han redirigido sus acciones a fortalecer la inversión en investigación y seguimiento de procesos, con lo cual se ha logrado que productores, comercializadores, trabajadores, y comunidad en general, puedan contribuir activamente con la instauración de nuevos modelos para un desarrollo regional sustentable y respetuoso de los derechos humanos, a pesar de los conflictos existentes en una zona de gran importancia estratégica, en la que actores de diferentes bandos aún intentan mantener un estado de zozobra[121]que beneficie sus propósitos.

Medellín, Colombia, septiembre 6 de 2010.

GARCÍA GONZÁLEZ, Juan Jairo.

Índice de siglas empleadas

ACCU: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

ACORBAT: Asociación para la Cooperación en la Investigación y el Desarrollo Integral le las Musáceas Banano y Plátano.

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia.

AUGURA: Asociación de Bananeros de Colombia.

BANACOL: Compañía Comercializadora Internacional de Banano de Colombia S.A.

BANAFRUT: Sociedad de comercialización internacional Banafrut S.A.

BANATURA: Programa de gestión social y ambiental del sector bananero colombiano

CCEE:

C. I. TROPICAL: Comercializadota Internacional Tropical.

CENIBANANO: Centro Nacional de Investigaciones del Banano.

CIB: Corporación de Investigaciones Biológicas

COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

COP: Compuestos Orgánicos Persistentes.

CORPOURABÁ: Corporación Regional Autónoma de Urabá.

ELN: Ejército de Liberación Nacional.

EPL: Ejército Popular de Liberación.

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Siglas en ingles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

FLO: Fairtrade Labelling Organizations Internacional (siglas del inglés de las Organizaciones Etiquetado de Comercio Justo Internacional).

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario.

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Sistema de Información Ambiental.

OIM: Organización Mundial para las Migraciones.

PPP: Public Private Partnership (Sigla en inglés de Alianzas Público-Privadas)

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.

SGP: Sistema Generalizado de Preferencias

SINTRAINAGRO: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria.

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development. (Sigla en inglés de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).

UNIBAN S.A.: Unión de Bananeros de Urabá Sociedad Anónima.

USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

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Autor:

DEDICATORIA

A todos los hombre y mujeres, colombianos y extranjeros, que desde el Urabá antioqueño le han apostado con valor civil a la instauración creativa de formas de vida que erradiquen definitivamente el horror de la muerte, la exclusión y el desplazamiento, basados en la cooperación mutua, la solidaridad y el respeto, allende las fronteras que establecen las diferencias económicas, políticas, étnicas, religiosas y de género.

A mi hija Isabela, aliciente permanente en estas jornadas.