Crisis de la seguridad pública en la provincia de Buenos Aires (página 2)

1. ANTECEDENTES Y CRISIS UNO

…"3La apertura de la etapa democrática encontró a los policías de la argentina en una situación caracterizada por la ausencia de revisión de sus estructuras y prácticas, sumada a la recurrente falta de orientación general , ausencia de políticas institucionales de carácter integral en la materia de seguridad ciudadana y con un involucramiento importante en una larga lista de casos de violencia policial combinado con la continuación de prácticas que expresaban graves y cotidianas violaciones de los derechos humanos"(…)

La Policía Bonaerense, en la segunda mitad de los 90´, tuvo en su haber varios cuestionamientos por su modo de actuar. Hechos de gatillo fácil, abuso de autoridad, corrupción, civiles ajenos a los hechos muertos por negligencia e impericia en la labor policial, etc. Los hechos policiales son observados y analizados por los distintos medios de comunicación, que para entonces comenzaron a popularizarse con el video cable, Internet registrando sistemas de información, actualizada, durante las veinticuatro horas.

Un antecedente importante que comenzaría por revelar o acrecentar la crisis en la institución Policial, es, desde mi punto de vista, lo ocurrido el 8 de Mayo de 1987 conocido como "La masacre de Ingeniero Budge", un caso de gatillo fácil4 donde en la localidad de Lomas de Zamora dan muerte a tres jóvenes de 26, 24 y 19 años de edad, quienes fueron acribillados por tres policías.

Otro hecho que cuestiona el accionar de la institución policial fue el suceso del 18 de Julio del año 1994, cuando se produce el segundo atentado terrorista transnacional en la Argentina, el atentado a la sede de la AMIA en Capital Federal. Esta vez con personal de la Policía Bonaerense sospechada de participar en el atentado. Si bien los imputados, luego del juicio, demostraron su inocencia en el atentado, salieron a la luz hechos de corrupción, vinculados a delitos en la compra y venta de vehículos robados.

El 25 de Enero del año 1997 en Pinamar, localidad de la costa bonaerense, comienza a escribirse una de las páginas más oscuras de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. El homicidio del periodista gráfico José Luís Cabezas, la investigación y posterior juicio confirman que los autores de la muerte del fotógrafo de la Revista Noticias fueron un grupo de policías en actividad en complicidad junto a otras personas con antecedentes penales. Estos hechos conmocionaron a la opinión pública y dejaron a la luz distintos manejos espurios de la policía junto a políticos y empresarios.

Otras de las feroces criticas que recibía la policía provincial era la indiscriminada represión producida el Miércoles 21 de mayo de 1997, cuando a raíz de un desalojo de vendedores ambulantes en la capital provincial, la policía comienza a perseguir a estas personas, donde algunas de ellas buscan refugio en la Universidad de La Plata, donde , sin autorización alguna, la policía ingresa disparando balas de goma e hiriendo a estudiantes y algunos profesores, realizando detenciones masivas y trasladándolos hasta la comisaría primera de esa ciudad.

A raíz de ello se genera un duro enfrentamiento entre policías y estudiantes, que se prolongo por el lapso aproximado de 7 horas. Este hecho además de poder verse en directo desde los distintos canales de televisión, genero críticas desde organismos políticos hasta la ciudadanía, por el exceso en la "restauración del orden", según decían en ese momento fuentes del ministerio de seguridad.

A raíz de este hecho, el entonces subsecretario de seguridad de la provincia Dr. Alejandro Granillo Fernández renuncia al cargo, además Granillo Fernández era profesor de Derecho en la Universidad de la Plata.

1.1 EL ANTIGUO REGIMEN

(…) 5"Una serie de indicadores daba cuenta del carácter autoritario de esta fuerza: la nomenclatura de los cargos y dependencias, la rígida separación entre Oficiales y Suboficiales, normativas disciplinarias tendientes a promover y legitimar la subordinación a los superiores y a restarle importancia a las faltas relacionadas con la violación de los derechos de los habitantes".

Buenos Aires es la provincia más extensa y poblada de la República Argentina. Desde el punto de vista político-administrativo, el territorio está dividido en 134 municipios. La sede de los tres poderes se encuentra en La Plata, ciudad capital de la Provincia, distante a 50 km. de la Capital Federal. Tiene una extensión territorial de 307.571 Km² y para el año 1997 la población bonaerense se estimaba en 13.700.000 habitantes, según datos del INDEC del año 1996.

Para ese entonces, la policía bonaerense administrativamente hablando, estaba dividida en Unidades Regionales, las cuales abarcaban los distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires, en total había 18 Unidades Regionales, (alguna de ellas contenían a mas de un partido), donde la jefatura de la unidad regional era ejercida por un Comisario Mayor.

En el sistema escalafonario, la persona que ingresaba a la policía Provincial, podía escoger entre la carrera de Suboficial (el requisito era menor y solo se pedía estudios primarios) o la de Oficial de Policía, donde el requisito era tener estudios secundarios completos y la duración de la formación era de dos años en calidad de internado, (solo salían los fines de semana). Para la primera opción existían 8 jerarquías, (ordenadas de mayor a menor)

1) Suboficial Mayor 4) Sargento Primero 7) Cabo

2) Suboficial Principal 5) Sargento 8) Agente

3) Sargento Ayudante 6) Cabo Primero

Para la segunda opción las jerarquías eran 9, (ordenadas de mayor a menor)

1) Comisario General 4) Comisario 7) Oficial Inspector

2) Comisario Mayor 5) Subcomisario 8) Oficial Subinspector

3) Comisario Inspector 6) Oficial Principal 9) Oficial Ayudante

La jerarquía numero 8 de la primer opción, es con la cual egresaban los aspirantes a policía , mientras que la numero 9 de la carrera de Oficiales, es la jerarquía que obtenían luego de dos años de estar internados en la escuela Juan Vucetich.

En cada partido había una estación policial denominado comando radioeléctrico, el cual, en el año 1992 con la compra de nuevos móviles policiales paso a llamarse "Comando de Patrullas" cuya función principal era la de patrullar las distintas localidades de un partido, las cuales coincidían con las jurisdicciones policiales. Cada partido tenía un Comando de Patrullas.

6"…Pero fueron las Patrullas Bonaerenses el caballito de batalla de la "Policía del siglo XXI" una mala copia del sistema popularizado por las series norteamericanas de televisión, que, bajo un comando unificado, garantizaría "presencia en las calles" que exigían las encuestas. En noviembre de 1992 se concreto la compra de 1000 Chevrolet Monza a la General Motors de Brasil y de 400 camionetas Chevrolet LUV a la filial chilena de la misma multinacional, por una suma que totalizaba 15.630.000 dólares. Blancas y radiantes, las famosas patrullas comenzaron a invadir la provincia."

Las comisarías reciben denuncias, alojan detenidos penales y contraventores, también tiene función de toma de impresiones para identificación de antecedentes por delitos o bien por trámites particulares (adopción, trabajos, trámites de ciudadanía etc.), e intervienen en los distintos hechos del ámbito de su responsabilidad, realizando las actuaciones prevencionales que dieren a lugar, con intervención de los tribunales jurisdiccionales, donde acorde al delito que se imputaba, el comisario tenia la facultad de dictar la detención preventiva del aprehendido. (art.180 del antiguo código procesal penal de la Pcia Bs.As)

Existían también las brigadas de investigaciones, quienes resultaban ser grupos operativos, quienes se dedicaban a reprimir delitos y/o faltas como el juego clandestino, la prostitucion, los robos cometidos por grandes bandas delictivas, la lucha contra las drogas ilícitas, etc. Sobre esta manera de actuar, hay un párrafo de Daniel Arzadún, que dice:

(…)7La modalidad de lucha contra el delito instituida y ampliamente extendida en esta etapa por los "grupos operativos" policiales, se basaba en la "regulación" directa o indirecta de las actividades ilícitas. Esta modalidad configuro la matriz de las políticas de seguridad una vez restablecida la democracia, en la cual se conjugaban distintas tácticas de complicidad, encubrimiento, protección, persecución y represión de grupos delictivos, dando lugar a la constitución de un amplio sistema policial de autofinanciamiento mediante el dinero gestado por las actividades delictivas permitidas, regenteadas o directamente ejecutadas por la propia policía."

La normativa legal que enmarcaba la actividad policial para esa época (hasta el año 1998) era el decreto ley 1675/80 y 9550/80, siendo las mismas la ley de personal y orgánica, juntamente con el código de procedimiento en materia penal de la Provincia de Buenos Aires, promulgado bajo la ley 3.589 del 15 de enero de 1915 (conocido como código Jofre).

La organización del sistema policial del momento era fuertemente centralizado y todo dependía de la unidad regional, no había participación comunitaria, tampoco relaciones con integrantes de las redes medias de la sociedad. La policía se mantenía distante de la comunidad.

En este periodo la prevención del delito8 se realizaba acorde a lo que dictaba el jefe de la dependencia Policial. El personal policial salía a patrullar en las zonas que delimitaba el comisario o bien en base a órdenes de servicios (operativos policiales) provenientes de la Unidad Regional o de la Jefatura de Policía. Las zonas a recorrer en general siempre resultaban ser zonas comerciales y fabriles ya que estas podían generar mayor presión sobre las autoridades policiales en caso de un requerimiento de mayor presencia policial. No existía lo que actualmente se conoce como mapa del delito, si había un mapa estadístico, el cual consistía en agregar alfileres de colores en los lugares donde se denunciaban los delitos, específicamente los hechos de robo, robo y hurto automotor, cada modalidad delictiva tenia un color en particular, donde no todos utilizaban el mismo color para identificar la misma modalidad.

A este mapa, en forma quincenal y mensual se le sacaba una foto, siendo elevada a la Unidad Regional, donde mediante la observación de la fotografía y la codificación de la moda delictiva debían interpretar que comisaría presentaba mayor o menor problemática delictual.

Este procedimiento resulta ser de difícil lectura, donde lo único que se observaban eran alfileres agrupados en distintas secciones del mapa y mezclados con otras formas delictuales, no se determinaban zona calientes, o de mayor incidencia delictual, rangos horarios, descripción de los hechos, etc. Este procedimiento solo cumplía la función de un requerimiento, uno más que realizaba la superioridad policial, se cumplía en forma mecánica y se hacia en forma quincenal o mensual.

Los patrullajes se realizaban sin planificación previa, no se tenía en cuenta los hechos cometidos durante el día, el termómetro de las zonas de mayor conflictividad o de mayor índice delictual, se sabían por la cantidad de denuncias que se recibían en la comisaría, a sabiendas que no todos los hechos se denuncian. Si no había denuncias, o interpretado de otra manera, cuanta menor cantidad de denuncias tenia un comisaría, ello era indicador de que bajaba el delito, lo cual no resultaba ser cierto. No existía una capacitación previa del personal en las distintas formas de prevención del delito, sino que todo se aprendía sobre la marcha o bien mediante transmisión de experiencias de vida laborales de otros policías, las cuales no podían aplicarse como regla para todos los casos.

En el año 1997, en la Gobernación del Dr. Duhalde, el secretario de Seguridad de ese entonces Dr. Carlos R. Brown, recibe duras criticas de la sociedad y los medios de comunicación por los hechos de "Gatillo Fácil", el reclamo era por la falta de previsión de la policía al momento de utilizar el arma reglamentaria y no advertir las consecuencias de mantener enfrentamientos armados donde existe riesgo para terceros (personas ajenas al hecho). A raíz de ello el entonces Jefe de Policía, Comisario General Adolfo Vitelli, edita lo que se denomino El Libro Azul,(conocido así por el personal policial debido al color de sus tapas) el nombre del libro era "Manual de Instrucción Para el personal Policial" el cual contenía un resumen de las leyes que conformaban y regían el accionar policial de ese momento. También tenia recortes periodísticos de distintos medios gráficos que denotaban la negligencia policial al momento de utilizar armas de fuego, donde resultaban victimas personas inocentes, básicamente trataba de ser un manual de leyes, decretos, normas internas, que estaban vigente en ese momento. En el libro, nada se hablaba de la prevención del delito o bien de métodos y mecanismos de prevención para la realidad delictual que imperaba.

A modo de ilustración se trascribe la primera parte del prologo realizado por el Jefe de policía de ese momento, el Comisario General Adolfo Hugo Vitelli:

…" CAMARADA: Ante la situación que vive la Policía Bonaerense y en el convencimiento que debemos rectificar el rumbo para revertir la situación, he considerado la necesidad de poner énfasis en el Hombre Policía, lograr mejores condiciones para desempeñar sus tareas, y en especial lograr una optima preparación del mismo a fin de mejorar el profesionalismo de la fuerza, lo que redundara en un eficaz servicio a la comunidad que sin dudas sabrá reconocer. Como parte de ello he estimado necesario editar este "MANUAL DE INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL", actualizando la edición de 1964, ya que si bien la misión de la fuerza es la misma, la problemática actual es muy diferente a la de aquellos años".

El prologo dice que este libro se actualizó, del que se había realizado en el año 1964, pasaron 33 años y muchos errores, para que se comience a pensar en generar un mecanismo de capacitación e instrucción a los policías.

En la faz judicial, el sistema de iniciación de sumarios y la investigación era delegada a la policía, quien realiza las distintas actuaciones que conformaban el plexo probatorio para mantener privado de la libertad a los presuntos delincuentes, controlado en forma directa por el juez penal. La víctima no tenía injerencia en el proceso penal.

El Estado se apodera del hecho y prosigue con la tramitación del juicio de reproche. Este sistema fue cuestionado, quedando al descubierto sumario penales armados y causas judiciales fraguadas. Estos hechos y los distintos cuestionamientos al sistema de seguridad pública, por la oposición política y los medios de comunicación aceleraron una posible intervención y posterior reforma de la policía bonaerense.

El diario Clarín en año 1997 publica una nota titulada:

Los reclamos que le hace la gente a la Policía Bonaerense9, la cual decía "…Un hombre se queja porque denunció a un bombero que le pega a su hija y en la comisaría le dijeron que el asunto no tenía importancia. Una mujer dice que en su barrio los patrulleros sirven para que los policías puedan dormir recostados en los asientos. Otra dice que pasan con la sirena encendida y gritando obscenidades por la ventanilla. Para la gente común, los vecinos anónimos de los barrios bonaerenses, el mayor problema de la Policía es que no trabaja o lo hace mal, y que no atienden sus reclamos de todos los días, aun por encima de los casos de abuso o corrupción"…

Un trabajo realizado en año 2001 por la consultora Nueva Mayoría, indica el nivel de evolución de imagen positiva de la Policía Bonaerense:

Centro de Estudios Nueva Mayoría

El nivel más bajo se observa en el año 1997

2. LA PRIMER REFORMA DE LA POLICÍA BONAERENSE

Antes de comenzar con un relato aproximadamente cronológico sobre la primer reforma policial, citare un texto del Dr.Gregorio Kaminsky10 que se llama Inseguridad, el cual escribió para la revista Argumentos, el escrito surge de una conversación bajo el tema "Inseguridad" desarrollada día jueves 4 de septiembre de 2003 en el Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde también participaron 11Alcira Daroqui y 12Juan Pegoraro.

"…Creo que por el momento la debemos acompañar por segmentos que no permiten la generalización reflexiva y que encarnan cierto presente político nacional. Una cuestión tiene que ver con la Policía Bonaerense (PB), un problema en el que intentamos explicar algo más de lo que se conoce. Observemos para empezar que esa propia policía se siente conjuntamente orgullosa –la gran familia y simultáneamente alegre por su denigración –la mejor maldita policía. Es interesante ver cómo les place tener el honor de ser denominados así, aunque exista la mismísima observación anticristiana de lo "maldito". Dicho como metáfora: somos malditos pero somos los mejores malditos.

Para poner esto en una periodización histórica y en perspectiva, de modo esquemático se puede señalar que hay una PB antes y después del Caso Cabezas, el acto político-económico-policial clave. Antes temas referidos solamente a la corrupción, o a la construcción de más inseguridad que seguridad, Inseguridad luego todo ese fenómeno policial alcanza una visibilidad explícitamente política. A partir de ahí se ven con nitidez los grados de "elusión-colusión", el diverso carácter de asociaciones y alianzas entre la política, el delito y la policía. Se debe hacer una imputación a ciertas instituciones, en particular políticas, que con eso producen "caja y afirman poder". En el año 1996 comienza una Reforma de la policía, que es dirigida por quien tuvo un fuerte protagonismo en el juicio a los comandantes, y es llevada a cabo con las garantías de cierta legitimidad legislativa. Es un proyecto que ha tenido muchos registros y financiación en uno de los tiempos más crudos y duros de la década menemista. Pasaron por La Plata destacados pensadores de esa y otras cuestiones, italianos, franceses, teóricos y técnicos, canadienses, etc. Esa Reforma tuvo cuestiones interesantes hasta que efectivamente se hizo políticamente inviable: cuando había que "meter bala a los delincuentes", la mano debía ser muy dura y se debía castigar esa blandura. Fue un proyecto que no hizo demasiado caso a las urgencias políticas coyunturales…"

El 19 de diciembre de 1997, el Dr. Eduardo Duhalde como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dicta el decreto 4506/97 con el cual se dispone "la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para su reorganización", estableciendo un plazo máximo de noventa días. Mediante decreto 4508/97 designaba en el cargo de "interventor de la Policía Bonaerense" al Dr. Lugones, quien resultaba ser en ese momento diputado provincial.

Estos cambios se debían producir para lograr la efectivización de una transformación institucional que permitiría conformar una nueva estructura orgánico-funcional del sistema policial provincial.

Como toda reforma Institucional, genero ciertos rechazos, desde el interior de la propia fuerza policial, como si se estableciera una barrera y no dejara ingresar el cambio o las nuevas ideas, y sobre este concepto citare un texto del profesor Cristián Varela13, llamado "La entrada al terreno institucional", escrito en el año 2003 y publicado en la Revista Tramas, Nº 20, Ed. Universidad Autónoma de México, 2004, ISSN 0188-9373.

"…Tal como lo plantea Lourau (1975), toda institución se define por oposición a (uno) el conjunto del sistema social y (dos) al resto de las instituciones. En este sentido una institución, una organización, puede entenderse como un campo de condensación en el plano de lo social donde se concentra un conjunto de discursos y recursos relacionados con su objeto y sus prácticas; al tiempo que se expulsan o tiende a expulsarse de su seno todo aquello que no compete directamente a ese objeto. Una institución no es un espacio abierto, no es por ejemplo una plaza pública donde existe una considerable libertad para desarrollar distintas prácticas. En una plaza urbana se puede observar gente predicando o evangelizando, otros comerciando, otros haciendo proselitismo político; gente simplemente estando o paseando, algunos comiendo, otros jugando o practicando deporte… y aún concertando el intercambio sexual de manera lícita o ilícita. Aunque pueda considerarse a la plaza pública como una institución, su dimensión instituida es lo suficientemente amplia como para incluir en su interior a un variado conjunto de prácticas sociales. Pero si las iglesias, partidos y empresas pueden extender sus prácticas a los espacios públicos, difícilmente aceptarán que sus propios establecimientos se vean invadidos por la gama de actividades que se observa en aquellos.

Definirse por oposición (uno) al conjunto del sistema social, significa incluir en su interior aquello que se adecua con su función principal, y con su cultura institucional, excluyendo lo que considera inadecuado. Significa además efectuar una torsión de aquellas realidades del sistema social que no pueden excluirse. La iglesia no puede prescindir del intercambio económico, pero la presencia del dinero en su interior estará altamente ritualizada. La política, las creencias, la economía, la pedagogía…., esas grandes relaciones que toda sociedad ordena, sistematiza, institucionaliza, cuando no puedan ser excluidas del interior de cada una de las instituciones, serán reapropiadas bajo un modo específico, particular: sacralizadas en la iglesia, ideologizadas en el partido, vueltas rentables en la empresa. Tomando la expresión de Lyotard (1979) puede decirse que toda institución tiende a conformarse como una totalidad fragmentaria, como un fragmento que aspira a la totalización, dándole un sentido propio a las realidades sociales. Definirse por oposición (dos) a las demás instituciones significa que cada organización se dará una identidad propia, particular, basada en aquello que la diferencia de las otras organizaciones similares. Cada iglesia, partido, club o empresa pondrá especial cuidado en diferenciarse de las demás entidades semejantes, al punto que no sería extraño ver que el mayor esfuerzo esté puesto en incrementar la pequeña diferencia que la diferencia de las otras organizaciones del mismo "rubro".

Es en función de estas oposiciones que cada organización tiende en su derredor un cerco, un límite tanto virtual como real, con el fin de garantizar su integridad y evitar ser contaminada, desvirtuada, trabajada, por fuerzas ajenas. Castoriadis encuentra que existe una similitud entre el cerco que tiende en torno suyo la organización social y la membrana que se establece en torno de la organización biológica, cerco que en ambos casos regula el intercambio con el medio (Castoriadis, 1988). Por su parte, Elías Canetti (1983) plantea que las instituciones se constituyen lógica y cronológicamente a partir de las masas cuando éstas son encerradas. Si las masas son conjuntos sociales abiertos y más o menos espontáneos, con escasa o nula organización y caracterizadas por la incorporación no sólo irrestricta sino deseada de participantes –"la masa desea crecer"–, el pasaje a la forma institución se opera mediante su encierro en un espacio determinado, así como a través de la limitación del número de sus integrantes. La hipótesis del encierro en el origen de la institución es también la que sustenta Foucault (1964) a propósito del surgimiento del hospicio y de la prisión moderna.

Se ve entonces en qué sentido el ingreso al territorio de una institución estará siempre más o menos impedido o regulado, y cómo esto ocurre por efecto de un factor estructural de cercamiento propio de la naturaleza de las organizaciones sociales.

En la constitución misma de una institución queda de hecho establecida la división entre un interior y un exterior, entre los incluidos y los excluidos, delimitación que será materia constante de atención y perfeccionamiento y determinará la conformación de un clima, de una cultura propia. Interioridad / exterioridad territorial por un lado, inclusión / exclusión de personas por el otro. Gerth y Mills (1972) sostienen que "las instituciones seleccionan y expulsan a sus miembros de acuerdo con gran variedad de reglas formales y códigos informales". En el orden de lo formal recurren para ello a la consideración de variables que van desde las más gruesas como edad, sexo y salud, hasta las más finas que se detectan mediante exámenes elaborados de habilidades o aptitudes especializadas, de test de personalidad, etc. Las reglas formales suelen acompañarse de criterios informales de admisión que no siempre se enuncian explícitamente: recomendaciones de terceros, imagen personal, estilo de vida, etc. Algunas empresas, por ejemplo, deciden la incorporación de sus nuevos cuadros gerenciales después de invitarlos a participar en una reunión informal donde se analizan de manera vivencial las variables correspondientes a este segundo orden. En una perspectiva ligada al análisis institucional y al psicoanálisis, Enríquez considera que toda organización "desarrolla un proceso de formación y de socialización de los diferentes actores, para que cada uno de ellos pueda definirse en relación con el ideal propuesto"; sostiene que "todo modelo de socialización tiene por fin seleccionar las 'buenas' actitudes y por lo tanto juega un rol en el reclutamiento o en la exclusión de los miembros de la organización" (Enríquez, 1992: 35)"…

(Profesor Cristián Varela)

Decidida la Intervención y posterior reforma de la Policía Bonaerense, el Gobernador implementa el denominado "Plan de Reorganización General del Sistema Integral de Seguridad e Investigación de los Delitos de la Provincia de Buenos Aires", plan este que había sido elaborado por el actual Ministro de Seguridad, Dr. León Arslanian y el Dr. Alberto Binder. En este plan se establecía que la reforma del actual sistema de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no podía ser por medio de "soluciones de corto plazo", ya que la crisis del sistema comprometía al sistema policial, al poder judicial, al sistema de investigación criminal, y al sistema de seguridad privada. En unos de sus párrafos el plan dice:

…"La crisis tiene raíces estructurales en todos sus segmentos. Lo que ha entrado en crisis terminal no es esta policía en particular -pese a todos los elementos propios que tornan más profunda y dramática la situación- sino un modelo completo de seguridad e investigación que ya no responde a las necesidades de la vida moderna, a las expectativas sociales y a las exigencias que las nuevas formas de ilegalidad plantean a estos sistemas"…

Según el decreto del Gobernador la intervención debía ser de 3 meses y estaba centrado en la disolución de la Policía Bonaerense y la conformación de un nuevo "sistema de Seguridad Pública". Es decir, según el plan, una policía única, verticalizada, no era capaz de dar solución a la crisis de seguridad. En consecuencia, se proponía descentralizar la estructura Policial y diseñar un nuevo sistema en base a las siguientes medidas: una "Policía de Investigaciones" encargada de la investigación de los delitos, el fortalecimiento de la Policía Judicial mediante el traspaso de los cuerpos técnicos y periciales de la actual policía; "Policías de Seguridad" con estructura y presencia en cada uno de los 18 departamentos judiciales existentes en la provincia de Buenos Aires y encargadas de la prevención del delito y del mantenimiento de la seguridad pública; creación de un cuerpo policial encargado del "traslado y custodia de detenidos" y la creación de una "Policía de Seguridad vial" encargada de la seguridad en rutas y autopistas. En definitiva, ello significaba distinguir en el sistema policial diferentes funciones básicas, tales como la investigación criminal, la seguridad comunitaria, la seguridad vial y la custodia y traslado de detenidos, y conformar diferentes policías encargadas de cada una de esas funciones.

El 30 de diciembre de 1997, la Legislatura Provincial sancionó la ley 12.068, por medio de la cual se convalida la intervención de la Policía Bonaerense, creándose a su vez una Comisión Bicameral encargada de controlar la intervención y posterior reforma policial.

Durante los 90 días que duró la intervención de la Policía, se realizaron una serie de medidas básicas tendientes a reorganizar la estructura policial, según el plan Arslanian-Binder. Primero, se pasó a retiro a toda la plana mayor de la Policía Bonaerense, se disolvió la estructura de conducción y de mandos y se dispuso el retiro de más de 300 Comisarios entre las jerarquías de Inspectores, Mayores y, Generales (posteriormente estas personas conformarían un grupo denominado LOS SIN GORRA, quienes se manifiestan en contra de la reforma policial), esto resultó ser lo que se denominó el "descabezamiento" de la estructura policial. Se disolvieron las Unidades Regionales de las que dependían las comisarías y éstas pasaron a depender de las 18 nuevas jefaturas policiales creadas de acuerdo con las jurisdicciones territoriales de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Así mismo en lo relacionado a la formación profesional de la policía, los agentes deben cumplir con un plan de capacitación anual, donde todos los policías de todas las especialidades deben tener realizado y aprobado

El curso anual de re-entrenamiento policial, con la salvedad que en el escalafón de oficiales, el curso es obligatorio hasta la jerarquía de Oficial Principal, mientras que en el escalafón de Suboficiales, es obligación para todos, desde Agente a Suboficial Mayor.

El mismo consiste en repasar y ampliar las distintas materias, como ser procedimientos policiales, gimnasia, defensa personal, utilización del arma de fuego, practica de tiro en polígonos, un repaso amplio de las materias de carácter policial que cada uno de los integrantes de la fuerza de seguridad debió internalizar en su formación profesional.

Los cursos de entrenamiento policial se dictaban y se dictan actualmente en los denominados CENTROS DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, donde cada Jefatura Departamental tiene su propio centro, donde docentes especializados y policías capacitados, instruyen a los agentes en la labor que cada efectivo desarrolla diariamente.

Hasta hoy o al menos hasta la confección de este trabajo, no esta establecida la materia Derechos Humanos como materia o cátedra propiamente dicha.

2.1 CAMBIOS EN EL SISTEMA JUDICIAL

A todo lo expuesto se debe agregar que antes de la intervención y posterior transformación de la Policía Provincial, una incipiente reforma ya había comenzado. Se trata de la reforma al "Código de procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires", donde el nuevo código fue sancionado el 18 de Diciembre de 1996 como ley 11.922 y promulgado por decreto Nro 120 de fecha 10 de Enero de 1997, publicada en el Boletín Oficial el día 23 de Enero de 1997.

El Código de Procedimiento tardó en entrar en vigencia. Si bien una ley entra en función una vez publicada en el Boletín Oficial, esta vez no fue así, ya que se debieron sancionar otras leyes para demorar su puesta en función. Se crearon la ley 12.059, ley 12.085 y por último la ley 12.119 la cual fue publicada en el boletín oficial el día 01 de Julio de 1998 y establecía la última prórroga de la entrada en vigencia de la ley 11.922 la cual, según la ley, el nuevo código entraría a tener vigencia el día 01 de Octubre de 1998, para esta fecha la policía de la provincia de Buenos Aires ya había cambiado su estructura administrativa.

La reforma del sistema procesal penal bonaerense por Ley 11.922 del año 1997 generó un gran cambio, orientado a adecuar el modo en que el Estado debe proceder contra una persona imputada de delito al modelo constitucional del Estado de Derecho que nos rige desde la reforma Constitucional de 1994.

El antiguo código procesal tenia incompatibilidades de forma con relación al nuevo , al menos en tres aspectos: 1) La existencia de una instrucción preliminar conducida por un "juez investigador", esto desnaturaliza la figura del juez, lo que venía a significar la privación a toda una etapa del proceso penal de la garantía de la jurisdicción; 2) Las medidas de coerción personal, cuyos principios procesales establecían la prisión preventiva como regla y la libertad como excepción, concibiéndose a la prisión procesal como pena anticipada violatorio del principio de inocencia (CN, art. 18). La inexistencia del juicio oral y público, y la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos que así lo exigen (CN, arts. 24, 75, inc. 12, 118 y 75, inc. 22). Esta exigencia también se basa en el principio de inocencia, ya que la única manera de eliminar ese estado jurídico que toda persona imputada de delito posee, es a través de la comprobación de la culpabilidad a través de un juicio público, donde los jueces son expuestos al control de las partes y de la comunidad a fin de que no se produzcan arbitrariedades.

En el ambito de los 18 departamento Judiciales se erigieron las fiscalias, las cuales fueron ocupadas por fiscales que ya existían como tal y se convocaron a concurso nuevos fiscales para ocupar esos puestos, se crea la figura del juez de garantías quien controlara el proceso penal y será el fiscal quien solicitara medidas al juez de garantías como ordenes de detención y allanamientos para los distintos procesos e investigaciones que comenzaban a tener los fiscales, quienes con la reforma al código de procedimientos, comienzan a dirigir la llamada investigación Penal Preparatoria (IPP), la figura de fiscal es mas preponderante que con el antiguo código. Se crea también la oficina de asistencia a la victima, donde son asesoradas sobre los hechos que denuncian, el derecho que le asiste y las intervenciones en el proceso penal, como así también la ayuda brindada por un gabinete especializado para la contención.

2.2 NUEVAS LEYES

Instalada la Intervención Policial e iniciada la reforma, todavía faltaban leyes ya que la policía normaba su actividad y principios básicos de actuación a dos decretos de la época del Proceso Militar, estas eran los decretos ley 1675/80 9550/80 y 9551/80, esta última, ley orgánica de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Con la reforma se crean dos leyes muy importantes como ley Provincial 12.154 de Seguridad Pública y ley 12.155 de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Las dos leyes mencionadas, son las bases fundamentales y el marco legal necesario para la reforma del sistema de Seguridad Publica en la Provincia de Buenos Aires y la conversión de la Policía Bonaerense. Ambas leyes fueron promulgadas el 5 de Agosto de 1998 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires numero 23.650, el día 11 de Agosto de 1998.

La ley de Seguridad Publica en el artículo 2 establece quien es el responsable de la seguridad Pública:

Art. 2º – La seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La seguridad pública importa para los ciudadanos, el goce y ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales.

Se puede apreciar que en el artículo 13 de la ley 12154, se crea una nueva figura, los Foros de Seguridad, estableciendo en la ley las funciones de cada uno de ellos:

Art. 13 – Créase, en el ámbito de actuación territorial de cada Comisaría integrante de las Policías Departamentales de Seguridad, un Foro Vecinal de Seguridad.

Art. 16 – Los Foros Vecinales de Seguridad tendrán como funciones: a) Entender e intervenir en las cuestiones atinentes a la seguridad pública vecinal.

b) Evaluar el funcionamiento y las actividades de las Policías de la Provincia y de los prestadores del servicio de seguridad privada, en su ámbito de actuación.

c) Formular sugerencias y propuestas y solicitar informes a los titulares de las Comisarías.

d) Intervenir en los planes de prevención de actividades y hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad pública y en los planes de mantenimiento de la situación de seguridad pública desarrollados por las Comisarías correspondientes a su ámbito de actuación.

e) Derivar inquietudes y demandas comunitarias y formular propuestas al Foro Municipal de Seguridad que corresponda.

f) Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión o asunto atinente a la seguridad pública en el ámbito vecinal.

g) Invitar a autoridades o funcionarios públicos provinciales y/o municipales, con actuación en su ámbito territorial, para tratar cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública del ámbito vecinal.

La implementación de los foros de Seguridad, al inicio de la primer reforma había comenzado a generar en los vecinos la preocupación e interés , en algunos sectores, sobre como funcionaba la seguridad en su barrio o ámbito de actuación, pero esto comenzó a decaer con el alejamiento del la gestión del Dr. Arslanian , ya que ,cuando renuncia a su cargo , el nuevo ministro no sigue los lineamientos anteriores , opacando de esta manera el trabajo que se había realizado, hasta ese momento, en temas de participación comunitaria de la seguridad.

En lo que respecta a la ley 1412.155, esta ley en particular sienta las bases generales de los principios básicos de actuación policial, donde se advierte en su texto gran contenido de instrumentos de Derechos Humanos, incorporados en la Constitución Nacional en el año 1994. La ley creaba cuatro cuerpos policiales provinciales, a saber, las "Policías Departamentales de Seguridad", la "Policía de Investigaciones", la "Policía de Seguridad Vial" y el "Servicio de Custodia y Traslado de Detenidos". Estos cuerpos fueron definidos como "instituciones civiles armadas de carácter profesional, jerarquizadas, obedientes, disciplinadas y en servicio permanente" y quedaban instituidos como el "instrumento policial" del sistema provincial de seguridad pública.

En la reforma, estos cuerpos provinciales cumplían misiones y funciones básicas de toda policía en un sistema institucional moderno. Las Policías Departamentales de Seguridad, cuerpo de carácter orgánico-funcional descentralizado, figuran con la misión básica de prevenir delitos e intervenir en el mantenimiento o restablecimiento de la situación de seguridad pública. Para ello, se fija como funciones fundamentales las de recibir denuncias, impedir que los hechos delictivos tentados o cometidos fuesen llevados a consecuencias delictivas mayores, desarrollar planes de prevención de actividades y hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad pública y de mantenimiento de la situación de seguridad pública, llevar a cabo acciones de vigilancia y protección de personas, eventos y lugares públicos, implementar mecanismos de disuasión frente a, actividades y hechos delictivos y efectivizar las funciones previstas en el artículo 294 del Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, siempre que no mediare la intervención inmediata de la autoridad judicial competente.

Con la Sanción de las leyes antes mencionadas y comentadas se da inicio a la primer reforma policial en la Provincia de Buenos Aires, la cual va a fracasar por distintas razones, y para expresarlo mas claramente citare nuevamente al Dr. Gregorio Kaminsky quien escribió para la revista Argumentos, sobre Inseguridad ,el escrito surge de una conversación bajo el tema "Inseguridad" desarrollada en el año 2003 en el Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires:

…"La Reforma falló, creemos, porque empezaron por donde tenían que terminar: descabezaron primero a cientos de comisarios generales, subcomisarios, etc. Y luego reformaron. Algo similar ocurre en los días precedentes (septiembre de 2003), por lo que no es muy difícil augurar un pronóstico bastante cierto.

Ahí donde el estado de inseguridad crece, se advierte un estado de subjetividad social al que se deduce de cierta sensibilidad difusa, se habla de "sensación de inseguridad". Hay algo como una evaluación de un estado subjetivo y moral, un "ánimo". Es invocado como estado generalizado, y como "verdad", verdad "segura". Retóricas de un discurso de la "libertad" por arriba y de la "seguridad" por abajo. Se condena el aborto por ser un acto criminal, al mismo tiempo que se oyen proclamas de pena de muerte en la legislación, incluso de la justicia sumaria. Todo eso existe, y también existe su contrario. El año pasado, lo tomo como dato, en una zona del conurbano no tan cercano a Buenos Aires, y con diferencia de pocos días, la policía mata a un joven, de 17 o 18 años, y en circunstancias terribles. Se recogen protestas y declaraciones de la madre, de padres que habitualmente no salían a manifestar, y ahora van hasta cierto lugar que puede ser la Departamental o la Comisaría, o un lugar donde saben que vive tal o cual personaje ligado a ese crimen. En unas declaraciones, la madre insiste con dar algún perdón a quién cometió el homicidio de su hijo.

Ella es una fervorosa adherente a un grupo evangelista que establece que es necesario perdonar, que hay que pensar más en amor que en castigo incluso en quienes han cometido tan grave desgarramiento a su propia vida. En sectores del conurbano el evangelismo ya es un gran aparato ideológico y es muy interesante ver qué espacios han ocupado las cuestiones de la seguridad. Ella, la madre, perdona. Al poco tiempo ocurre un hecho igualmente terrible y, en sus efectos, similar al anterior. En el proceso, ante los reclamos y el clamor de justicia, esta madre profiere y reclama al Estado una retribución al asesino exacta a la acción infligida, esto es: pena de muerte a los culpables reconocidos por ella misma.

Sería, dirían los académicos, la concepción de la teoría retribucionista, se pide la quema del presunto actor, la muerte y linchamiento para el homicida. Entonces, frente a esos actos delictivos, entre cientos o miles de otros, se ve que por un lado hay un tipo de actor de la legalidad, pero también hay cierta forma de ejecución social.

Como en estos ejemplos, no se trata aquí de una cuestión estrictamente económica –el tema de los pobres– porque esos eran sectores medios, sino que está ligado a otras circunstancias culturales, ideológicas, con fuerte predominio en los procesos de socialización. Muerte social por arriba, muerte individual por abajo. Hay un cierto discurso que alienta y favorece esa famosa sensación de inseguridad, en donde se puede encontrar en la sociedad civil mucho deseo de pena de muerte sin que un Estado se haga cargo de este problema como una política propia y no como política de persecución. Es el discurso biopolítico que disciplina y controla el reclamo de la propia sociedad civil del deseo colectivo del perdón o de lo que mata. Es el perdón de la violencia, del delito, y es el reclamo popular-autoritario, al que Marcuse define como fascista. La población dice que se siente insegura y reclama más policía, más rápida, más instrumentada, con armamento y chalecos antibalas. Pide una guerra, pero una guerra a escala barrial, brutal y a escala infinitesimal. Hacen un reconocimiento invertido de la cuestión, es la apoteosis del fetichismo. Giorgio Agamben, un gran filósofo italiano actual, señala que a escala de países como el nuestro, es indispensable enfocar antes la seguridad interior que la exterior. Hay una cuestión que aparece como muy venerada, que Agamben denomina "denegación histérica", una tecnología de los modos sociales fetichistas. En nuestro país tan psicologizado, los estudios de la problemática de inseguridad – seguridad brillan Inseguridad escandalosamente por su ausencia: existe una denegación histérica en el campo del saber. Solamente es abordada como un capítulo de la criminalística y de la crónica mediática policial. Parecería que el problema focalizado es el lugar del delincuente y de quien tiene la tarea de reprimir, un agente auxiliar del Estado.

Sin embargo, la seguridad es una cuestión decisiva que en estos tiempos aparece con crudeza y brutalidad. Es el mismísimo terror como ingrediente inevitable cuando se trata nada menos que de una política del Estado. Del mismo modo que lo es la salud y la educación. ¿Se resuelven los problemas de la salud descabezando a los directores de hospital que han hecho una compra directa de algodón o jeringas, o los de la educación descabezando directores de escuelas que compraron tizas y pizarrones? Además, no se forma ni capacita a los productores de seguridad como se lo hace en las otras dos políticas de Estado.

¿Es posible depositar nuestras vidas en esos funcionarios de la seguridad como lo hacemos con los médicos y profesores? ¿Dónde comienza la seguridad, y por dónde termina? Se mira críticamente a las empresas de servicios privatizados tales como las de energía, gas, teléfonos, etc., pero ¿a los noventa mil custodios privados diseminados por todo el territorio provincial? ¿Es que así calmamos esa famosa "sensación de inseguridad"? El Estado no lo toma en serio, y no es que no quiera, es que no se tiene mucha idea acerca de recuperar el monopolio del Estado en seguridad, el monopolio de la violencia institucionalizada interior. Se tranquilizan algunos días "descabezando" jefes o comisarios dentro de la institución que es una "hidra de mil cabezas". "Cabezas", reaparece nuevamente el nombre mismo por donde empezamos. Creo que, entre otras cosas, hay que plantear una "desmoralización" de la institución policial. Quiero decir, instituciones que no son buenas ni malas, o que hay buenos policías y los hay malos. Eso es una simplificación infantil y temeraria cuando se alude a las instituciones de seguridad. En el nivel de Estado están las problemáticas económico-sociales que acompañan necesariamente a la cuestión de la seguridad. Hay una mirada, una "sensación" de inseguridad. La sociedad civil es tomada como pura víctima pasiva, pero no en sus fuerzas y potencias, es vista como muchedumbre y no como multitud, como el lugar adonde acude el delito, la violencia, donde se convierte en "objeto social de ese sujeto asocial". El ciudadano, dicen, se ha convertido en el blanco criminal de esta negrura social."…

3. ANTECEDENTES Y CRISIS DOS

El año 1999, estuvo atravesado por una dura campaña política. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Ministro de seguridad era el Dr. León Arslanian, quien se encontraba realizado la reforma de la Seguridad Publica en la Provincia, reforma esta que quedo trunca debido a la batalla política que se produjo antes de las elecciones del 24 de Octubre de 1999.

En ese entonces la provincia de Buenos Aires estaba viviendo una crisis económica y social y junto a ello la inseguridad, la cual se observaba en los titulares de los diarios, robos seguidos de muerte, asaltos, violaciones civiles y policías muertos en enfrentamientos violentos. La oposición política de ese entonces al justicialismo era la Alianza,(conformada mayoritariamente por el partido Frepaso y UCR) quien comienza a cuestionar la reforma policial y el sistema de seguridad pública.

En una nota del diario clarín de ese entonces se podía leer el siguiente titulo "INSEGURIDAD: OFENSIVA DE LA OPOSICION CONTRA EL MINISTRO DE SEGURIDAD BONAERENSE15" y la nota decía:

…" La Alianza consideró ayer como un rotundo fracaso la política de seguridad del Gobierno bonaerense y pidió la renuncia del ministro León Arslanián, responsable de las reformas aplicadas en esa área.El dardo lanzado por la coalición UCR-Frepaso contra la gestión de Eduardo Duhalde, precandidato presidencial por el justicialismo, se inscribe en la pulseada política que generó la ola delictiva en los aprontes de la campaña electoral." (…) " Los dirigentes aliancistas se turnaron en atribuirle al gobernador bonaerense la responsabilidad por el clima de inseguridad en el conurbano. Y además hicieron hincapié en la falta de control al consumo de droga y al narcotráfico como una de las causas del componente de violencia de los delitos cometidos últimamente en esa zona de la provincia.

El candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el justicialismo era el Dr. Carlos Ruckauf, quien también critico el sistema de seguridad bonaerense y baso su campaña política en la demanda de seguridad por parte de la ciudadanía. En un artículo del diario clarín publicado el día 04 de Agosto de 1999 se leía:

"INSEGURIDAD: RECHAZO DE LA OPOSICION16" (…)"Un combate sin piedad contra los delincuentes. Medidas más duras. Una actitud menos garantista y otra vez un policía al frente de la Bonaerense. Carlos Ruckauf, en plena campaña electoral, sintetizó así el plan de seguridad que aplicaría en la provincia de Buenos Aires si llega a la gobernación. Hay que meterles bala a los ladrones, explicó el candidato del justicialismo. El vicepresidente Ruckauf expresó públicamente sus ideas sobre la seguridad y se metió de lleno en el debate sobre un tema que es, de acuerdo con diversas encuestas, el que mayor preocupación despierta en los argentinos después del de la desocupación"..

Estas declaraciones y los distintos hechos delictivos que se sucedían y las críticas al plan de seguridad provincial, aceleraron el alejamiento del entonces Ministro de Justicia y Seguridad Dr. ARSLANIAN, quien dejara su cargo el jueves 5 de agosto de 1999. En reemplazo del mentado ministro asume el entonces Juez Federal del departamento judicial de Zarate–Campana Dr. OSVALDO LORENZO, quien intento seguir los lineamiento de la reforma iniciada por su antecesor, pero no pudo.

3.1 RAMALLO, GEO Y TELEVISION

Los días 16 y 17 de septiembre de 1999, se produce lo que la prensa denomino "Masacre de Ramallo" hecho que se produce cuando tres ladrones intentan asaltar la sucursal del Banco Nación de esa localidad del norte bonaerense, tomando seis rehenes, tres de los cuales fueron liberados con las negociaciones.

Luego de veinte horas, los delincuentes quisieron escapar con los tres rehenes restantes, como escudos humanos, en un auto Volkswagen Polo del gerente, luego, a la salida de estos y a raíz de una orden o confusión, personal del grupo GEO (grupo especial de operaciones) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comienza a disparar contra el vehículo donde en pocos segundos recibió varios impactos y a consecuencia de ello dos de los rehenes murieron, al igual que uno de los asaltantes, otro de los ladones resulto herido y el tercero muere ahorcado en una comisaría de la zona.

Este hecho dio la vuelta al mundo, donde se veía la total negligencia e impericia policial, dando muerte, en vivo y en directo (fue trasmitido por todos los canales de noticias del país), en consecuencia el Juez Osvaldo Lorenzo presento la renuncia luego de recibir duras críticas de todos los sectores políticos. Hasta aquí un nuevo revés para la crisis de seguridad en la Provincia, seguido de la crisis política que para ese entonces el todavía gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Duhalde, era a su vez candidato a presidente de la Nación.

Este último hecho (masacre de Ramallo) nada beneficiaba al gobernador para su candidatura. Una nota del diario Clarín resume muy bien lo acontecido desde el inicio a la primera reforma policial bajo el titulo "ESCÁNDALOS Y REFORMAS"17 , la nota dice:

…"LA MALDITA POLICIA. Se desata una ola de escándalos de corrupción que deriva en delitos más graves: aparecen policías involucrados en el atentado a la AMIA y en el crimen de José Luis Cabezas. En 1996 renuncia el jefe de la fuerza, Pedro Klodscyk.SIN UNIFORME. A fines de 1997 llega el primer jefe civil, el interventor Luis Lugones, que disuelve la cúpula policial. En abril de 1998 asume el ministro León Arslanián.PURGA Y REFORMA. Arslanián echa a miles de policías, transforma la estructura policial e impulsa la modificación del sistema judicial bonaerense mediante el nuevo Código Penal Procesal.RENUNCIA. El candidato a gobernador por el justicialismo, Carlos Ruckauf, acusa a Arslanián de ser blando con los delincuentes. El ministro renuncia.PERFIL DURO. El 6 de agosto pasado asume Osvaldo Lorenzo, ex juez federal. Dice que revisará las medidas que tomó su antecesor.ACUSACION. La Cámara Federal de San Martín cuestiona a Lorenzo por supuestas violaciones de derechos individuales. Poco después el ministro remplaza a su secretario de Seguridad, Héctor Lufrano, ex abogado del delincuente Luis Valor.MASACRE Y FINAL. Tras los sucesos de Villa Ramallo, Lorenzo renuncia. En su lugar asume Carlos Soria. Duhalde pasa a disponibilidad a tres comisarios mayores y disuelve el Grupo Especial de Operaciones (GEO) ".

3.2 ELECCIONES GANADAS, MINISTRO… PERDIDO

Las elecciones a gobernador las gana el Dr. CARLOS RUCKAUF, quien asume el día 10 de diciembre del año 2000, designando al ex – militar (cara pintada) Aldo Rico, como figura fuerte en la cartera de seguridad, tendiente a demostrar un fuerte compromiso con la lucha en la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires. La realidad demostró que el Ministro Aldo Rico solo ejerció durante no más de 3 meses, pues debido a distintas desinteligencias con el electo gobernador, debió presentar su renuncia.

Una nota publicada en el diario pagina 12, resume el paso de Aldo Rico por la cartera de seguridad, titulando:

"UN EX SOLDADO EN DECLIVE18"…" El último no fue el mejor año de Aldo Rico. Desde que asumió como ministro de Seguridad, el carapintada tuvo que pedir disculpas por amenazar a periodistas, protagonizó el papelón del indio Castillo y, luego de una reacción destemplada, se vio obligado a renunciar. De vuelta en San Miguel, Rico calificó de "negros de mierda" a un grupo de vecinos y fue salpicado por el escándalo de los prostíbulos ilegales. El 23 de diciembre, apenas trece días después de asumir como ministro de Seguridad bonaerense, Rico impulsó una resolución en la que prohibía a los empleados del organismo usar pelo largo, minifaldas y arito. Cuando se enteró, Carlos Ruckauf tuvo salir a frenar la norma.

El 6 de enero, Rico protagonizó otro exabrupto cuando amenazó a tres reporteros gráficos en Pinamar. "Les voy a mandar a la policía para que los persiga. ¿Para qué quieren más fotos? ¿Para masturbarse?", dijo en esa oportunidad. Un nuevo reto de Ruckauf lo obligó a pedir disculpas, que pronunció a medias: el carapintada atribuyó todo a "un malentendido" y aseguró que la amenaza era "inexistente". En marzo, Página/12 reveló la relación de Rico con Carlos "El Indio" Castillo, que había sido detenido acusado de intento de homicidio. La reacción fue veloz: Rico difundió una foto en la que supuestamente el indio Castillo aparecía como custodio de Fernando de la Rúa. Fue un papelón: se trataba, en realidad, de un oficial de la Policía Federal. Ante la novedad, Rico primero se acuarteló en su despacho, después tuvo que desmentir su renuncia una y mil veces y luego acusó a la prensa de estar "aferrada a ideologías trasnochadas". Más tarde, obligado por Ruckauf, tuvo que pedir disculpas. Lo hizo a través de una carta que potenció el disgusto de De la Rúa. Pero no alcanzó: Ruckauf volvió de una gira por Estados Unidos y le pidió la renuncia. El carapintada volvió a San Miguel.

Se siguieron sucediendo los cambios en el Ministerio de seguridad y a modo de resumen desde el año 1999 hasta el año 2004, fueron ministros de Seguridad:

• Dr. León Arslanian (Ex juez Federal)
• Dr. Osvaldo Lorenzo, (Juez Federal)
• Carlos Soria, (Diputado Bonaerense),
• Aldo Rico, (ex-militar carapintada)
• Ramón Orestes Verón,( ex-comisairo general)
• Juan José Alvarez,(ex intendente de Hurlingham)
• Luis Genoud, (Senador bonaerense)
• Juan Pablo Cafiero (Secretario provincial de desarrollo humano)
• Raúl Rivara (Ingeniero agrónomo).

4. AÑO 2001, LA CRISIS ECONOMICA E INSEGURIDAD SOCIAL

Luego de la crisis económica y social del año 2001, y la falta de liquides en todo el sistema financiero,hizo que el Estado nacional y las provincias deban emitir bonos para el pago de sueldos, especialmente a los empleados estatales. En la provincia de Buenos Aires circulaba el bono denominado PATACON, el cual tenía el mismo valor al peso argentino. Debido a los distintos reclamos de los ahorristas, que quedaron dentro del llamado"Corralito Financiero", los bancos no contaban con mucho dinero en su tesoro.

Evolución mensual de los cacerolazos (Diciembre 2001- Marzo 2002)

(*) Comprende a partir del 19 de diciembre-Centro de Estudios Nueva Mayoría-

El siguiente cuadro indica la comparación de los niveles de pobreza e indigencia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.-

El descredito de la clase politica y las exteriozaciones callejeras por parte de agrupaciones sociales y popupares, eran cada vez mas evidentes y masivas en todo el pais, con cortes de ruta y calles , reclamando planes sociales, trabajo, y atención social.

La Argentina trataba de encaminarse y salir de la debacle institucional y economica que habia dejado el año 2001 con el anterior presidente de la Nación, el Dr. De la Rúa. Luego de esta crisis y de la sucesion de varios presidentes,desde la renuncia de De la Rúa, asume el cargo el Dr.Duhalde como presidente de la Nación, con acuerdo del senado.

En estos momentos, la preocupacion a nivel institucional ,desde mi punto de vista, era otra, era la vulneracion de la seguridad , pero de la seguridad social, ya que luego de la crisis institucional del 2001, los medios de comunicacion tematizaban todo lo relacionado a esta crisis institucional (protestas,cacerolazos,ahorristas contras los bancos, quiebras de empresas, el aumento del indice riesgo pais, fusiones de entidades bancarias, cierres de empresas, empresas tomadas por sus empleados,cierres de financieras etc,) esto no significaba que no habia noticias relacionadas a los delitos, de hecho habia, y muchas ,pero estaban ahi, la preocupacion rondaba mas lo economico-social donde una franja importante de poblacion habia quedado excluida socialmente , al no tener medios para ser incluida.

Un autor destacado que puedo citar, sobre este tipo especifico de inseguridad, es Dr.ROBERT CASTELL19, quien en su libro ‘‘La inseguridad Social ¿Que es estar protegido?’’ dice :

… ‘‘20Se pueden distinguir dos grandes tipos de portecciones.Las protecciones civiles grarantizan las libertades fundamentales y la seguridad de los bienes y de las personas en el marco de un Estado de derecho. Las protecciones sociales ‘‘cubren’’ contra los principales riesgos capaces de entrañar una degradación de la situacion de los individuos,como la enfermedad, el accidente,la vejez emprobecida, dado que las contingencias de la vida puede culminar, en última instancia,en la decadencia social.

… ‘‘Sin embargo, en estas sociedades rodeadas y atravesadas por protecciones, las preocupaciones sobre la seguridad permanecen omnipresentes. No se puede eludir el carácter perturbador de esta constatación pretendiendo que el sentimiento de inseguridad es sólo un fantasma de persona acomodada que habrían olvidado el precio de la sangre y de las lágrimas, y hasta qué punto la vida antes era ruda y cruel.

Tiene tales efectos sociales y políticos que, por cierto,forma parte de nuestra realidad y hasta extructura en gran medida nuestra experiencia social. Hay que reconocer que, si bien las formas mas más masivas de la violencia y de la decadencia social han sido ampliamente nuetralizadas, la precupación por la seguridad es por cierto de naturaleza popular, en el sentido fuerte del termino. ¿Como dar cuenta de esta paradoja? Ella conduce a formular la hipótesis de que no habría que oponer inseguridad y protecciones como si pertenecieran a registros opuestos de la experiencia colectiva. La inseguridad moderna no sería la ausencia de protecciones, sino más bien su reverso, su sombra llevada a un universo que se ha organizado alrededor de una búsqueda sin fin de protecciones o de una búsqueda desenfrenada de seguridad. ¿Qué es estar protegido en estas condiciones ? No es estar instalado en la certidumbre de poder dominar perfectamente todos los riesgos de la existencia, sino más bien vivir rodeado de sistemas que dan seguridad, que son construcciones complejas y frágiles, las cuales conllevan en sí mismas el riesgo de fallar en su objetivo y de frustrar la expectativas que generan.Por lo tanto, la propia búesqueda de protecciones estaría creando inseguridad.

Vale decir que con la crisis del año 2001 la argentina sufrio dos desprotecciones, una civil y la otra social, en la primera se generaron saqueos y robos y lo mas importante la gente que fue muerta por policias en los actos y protestas de plaza de mayo y del conurbano bonaerense en las horas previas a la renuncia del presidente de la Alianza, y en el caso de la segunda, la desprotección que sufrió la poblacion al quedarse excluida del sistema de proteccion , quedandose el sistema financiero con con sus ahorros, con su dinero, sin olvidar como una franja de la sociedad se quedo sin trabajo para generar ingresos.

4.1 CULPA DE LA POLITICA …

Siguiendo con la situacion de la crisis, siendo presidente el Dr.Duhalde y en medio de la protesta social, donde como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, asume Felipe Sola, quien se hace cargo de la gobernacion luego de que el gobernador electo (Ruckauf) renuncia a su cargo para acceder al pedido del actual presidente Duhalde donde ocupo el cargo de canciller de la Republica.

Habiendo dado lucha a la crisis institucional de la provincia de Buenos Aires, una nueva oleada de crisis politica comienza a gestarse, luego de que Felipe Sola anunciara su deseos de postularse como gobernador para las elecciones del año 2003, ya que Sola politicamente hablando contaba con una aparato incipiente y la verdadera maquinaria era la del duhaldismo, Marcelo Sain en su libro Politica, Policia y Delito, dedica unas lineas a este conflicto diciendo :

‘‘ … 21Un tiempo antes, Felipe Sola, quien desde el comienzo del 2002 se venía desempeñando como gobernador de la Provincia de Buenos aires, en reemplazo del renunciado mandatario Carlos Ruckauf, había comunicado su intención de postularse para un nuevo mandato como candidato a gobernador por el Partido Justicialista en las elecciones que se desarrollarían en abril del 2003.Ello generó un fuerte rechazo de los principales dirigentes Duhaldistas que controlaban el poderoso aparato partidario del peronismo bonaerense, no sólo porque Solá no pertenecía a dicho sector sino que aquella decisión re-eleccionista había sido anunciada sin haber entablado consultas o negociaciones con dichos dirigentes.Por cierto, sin el apoyo de este sector difícilmente Solá obtendría un triunfo electoral. Además, el mandatario provincial venía gobernando sin efectuar cotidianas consultas a los referentes duhaldistas y en más de una ocación había destacado que la situación provincial era caótica y que ello respondía a las deficiencias de las susecivas gestiones gubernamentales anteriores.

Duhalde había gobernado la provincia entre 1991 y 1999, para ser reempleazado por Ruckauf, quien en enero de 2002 abandonó el cargo para asumir como canciller durante la presidencia del propio Duhalde.

Por su parte, el peronismo Bonaerense, protagonista de la articulación de una extendida red de clientelismo político y social de corte conservador venía protagonizando un fuerte enfrentamiento con las organizaciones piqueteras representativas de los sectores de desocupados que se conformaron a partir de mediados de los 90s.

En la provincia de Buenos Aires, estas organizaciones habían surgido disputando con las extructuras clientelísticas del peronismo la representación de los sectores populares desocupados del conurbano bonaerense y durante los años 1999 y 2001 habían conseguido una importante influencia organizacional y un alto grado de movilización en la articulación de sus reclamos sectoriales, que profundizó la confrontación con el peronismo Bonaerense.

Marcelo Sain, también participo en forma activa en el gerenciamiento policial, ya que en el año 2002 fue Subsecretario de Planificación y Logistica de Seguridad del Ministerio de Seguridad, de la Policia de la Provincia de Buenos Aires.

Al nivel de estos hechos ,nuevamente, la Bonaerense volvia a reincidir en unas de sus acciones mas oscuras de ese año, hecho este que la prensa llamó « La masacre de Avellaneda ».