The president of Ecuador, Rafael Correa, the Constitutional Court envioa list of questions for the referendum that prepares, said today the President's Legal Secretary, Alexis Mera.Through this referendum, whose date has not yet been defined but is expected this year, Correa intends to reorganize the judiciary and combat insecurity and other issues such as environment, shares of banking or media.Mera said the questions were reduced to 9 or 10 "for reasons of administrative efficiency as both electoral voting process", said The Citizen, the official newspaper of the Government.The legal secretary also noted that the choice of subjects to be consulted directly dependent on the president Correa.He announced last month its intention to convene a referendum and ruled that has the desire to want to dominate the judiciary.Correa has previously said the consultation will include questions about whether people agree that arming shows where animals are mistreated as bullfighting and if you want a country free from gambling and casinos.
Query popular population
Sábado 01 de enero del 2011 | 15:52Política
Correa plantea reestructurar Cortes Judiciales mediante referendo
El presidente Rafael Correa anunció hoy que entre los temas de una consulta popular sobre reformas penales, incluirá una pregunta que dé atribuciones al gobierno para reestructurar las cortes de justicia.
Correa debe aún remitir a la Corte Constitucional la solicitud para el referendo y ese organismo deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del pedido.
"Aunque tengamos la mejor policía del mundo, la más eficiente, con los jueces que tenemos no habremos avanzado mucho", afirmó el mandatario en su programa de radio de los sábado Diálogo con el Presidente al referirse a su propósito de llamar a la consulta.
Añadió que es necesaria una reforma profunda que cambie el sistema de justicia, porque más demora en capturarse un delincuente que en liberarlo los jueces corruptos.
Por ello, en la consulta popular también preguntaré si quieren que el gobierno, con la veeduría de un organismo internacional, reestructure las cortes del país, afirmó.
El mandatario anunció hace un mes sus propósito de convocar a una consulta popular y descartó que tenga el afán de querer dominar la función judicial.
Correa ha dicho anteriormente que en la consulta incluirá preguntas sobre si la población está de acuerdo en que se armen espectáculos donde se maltratan animales como las corridas de toros y si quieren un país libre de los juegos de azar y casinos.
Domingo 02 de enero del 2011 Cartas al Director
¿Para eso una consulta?
Debemos entender que el Estado es una especie de súper comité barrial que hemos organizado para enfrentar las tareas que no podemos conseguir individualmente: defensa nacional, seguridad interna, salud, educación, etcétera.
Desgraciadamente, parece que sin darnos cuenta, en las últimas décadas hemos ido cediendo terreno al estatismo. Nos ha llegado a parecer normal que el individuo, que es el "dueño" del Estado, quede en segundo plano; así se ha permitido que se vaya atropellando a la persona en su vida particular. Dicho de otro modo, el "dueño" de una entidad ha sido desplazado en sus derechos por el ente meramente jurídico de su propiedad; creado y mantenido por él para que lo sirva, no para que lo esclavice. El ente se da el lujo de cuestionar la libertad de prensa y regularla, violando la libertad que tenemos de ser informados y de leer, ver y escuchar lo que nos parezca.
El Estado no es más que cada uno de nosotros. No tenemos por qué concederle el derecho de resolver por nosotros en cosas personales. ¿Algún ciudadano se cree tan poquita cosa, que necesita que otro individuo le diga qué puede leer, escuchar y ver? Si alguno dice que sí, es una persona que no ha reflexionado en su dignidad.
Los factores principales de esta barbaridad son las corrientes autoritarias del siglo pasado, en que se soñaba con un Estado benefactor de todos; falsa idea de que como en democracia la mayoría manda, la minoría – y por supuesto el individuo– carece de derechos y puede ser sometido. Y también ha influido la propaganda de estatistas, especialmente de los verdaderos y únicos dueños del Estado, que son los que lo gobiernan en cualquier época.
Es hora de que hagamos valer nuestra dignidad, terminar con el discrimen –prohibido por la Constitución– y dejar claro que cada individuo tiene derechos iguales, (recordemos que en una república el presidente es primero, entre iguales; no una majestad, aunque merece todo respeto; que es el presidente de todos, no solo de sus partidarios), y que la mayoría no puede invadir y, menos, imponer sus criterios a los demás.
Ahora resulta que al toreo se lo quiere someter a consulta popular. Es aberrante y debemos pedir al Primer Mandatario que no lo haga. A ese paso, alguien podría decir que se consulte si se prohíbe el fútbol porque hay más heridos en ese deporte que en el toreo, aparte de que las pasiones se desbordan extremadamente. Algún grupo "verde" podría decir que se consulte si se prohíben los mercados, porque en ellos encontramos hígados, criadillas y más piezas ensangrentadas, incluyendo pollos decapitados… O que se prohíban las procesiones religiosas o los Nacimientos y árboles de Navidad en lugares públicos, porque somos un país laico. La lista sería interminable pero, sobre todo, contraria a la propia Constitución y a los derechos de las personas.
Una consulta popular puede preguntar si queremos una legislatura unicameral o bicameral, o si queremos instituir dos vicepresidencias de la república, o que el sufragio no sea directo sino por colegios electorales, etcétera; pero no puede meterse en las actividades privadas ni en la conciencia de las personas.
No soy aficionado al toreo, jamás fui a una corrida, pero creo que lo civilizado y democrático es que los antitaurinos militantes –si así lo desean– traten de persuadir por la razón a los aficionados, para que abandonen esta costumbre.
Para eso hay medios de comunicación, pueden hacer campañas, manifestaciones pacíficas; pero no recurrir al Estado para que se meta en las convicciones privadas de las personas. Eso es abuso.
Y así como hoy pueden lograr su propósito, tal vez mañana otros propicien que se violen sus derechos a escoger para sus hijos educación religiosa o laica, o a practicar tal religión; o a atender a los medios de prensa que quiera.
Veamos el ejemplo trágico de Venezuela, donde se le ha permitido tanto poder al Estado, que ya ni por internet habrá libertad.
Jorge Wright Ycaza,doctor en jurisprudencia, Guayaquil
Lunes 03 de enero del 2011 Columnistas
Simón Pachano [email protected]
Sí o No
El nuevo año se anuncia con consulta popular variada y creativa. Junto a la necesaria, imprescindible e inaplazable reforma a la mejor Constitución de la historia del Ecuador, se pondrá a consideración la posibilidad de que las corridas de toros queden relegadas a las haciendas de los pelucones altivos y soberanos o a las de sus amigos de infancia y de adolescencia. Así, como ha sido siempre, las virtudes seguirán siendo públicas y los vicios serán privados, porque en eso consiste el orden natural de la vida. De paso se comenzarán a ejercer los derechos de la naturaleza, entre los que no se incluirán los gallos ni los toros de pueblo, porque los espectáculos que se hacen con ellos no son bárbaros, no hacen sufrir a los animales ni fueron importados por los colonizadores. Han sido siempre parte del buen vivir.Obviamente, el resultado está cantado. No porque se ponga a las corridas de toros como gancho, sino porque el electorado sigue dispuesto a renovar la validez del cheque en blanco que le dio hace cuatro años al Presidente. El encanto con el caudillo ha sido una marca de identidad nacional desde la fundación del país y se refuerza cuando las arcas estatales están llenas. No hay mejor negocio, en esas condiciones, que someter cualquier cosa a consulta popular. Es cuestión de saber cómo se hace la pregunta. No importa qué sino cómo se interroga. Pero, sobre todo, lo que cuenta es quién hace la pregunta.
En tiempos de crítica a la democracia representativa se ha vendido con éxito la idea de la consulta como el procedimiento que permite la expresión directa de la ciudadanía y que, dado que la voz del pueblo es la voz de Dios, de ella se deriva un mandato inapelable. Pero la realidad es muy diferente. Por una parte, la divina voz del pueblo se reduce a un monosílabo. Un sí o un no, eso es todo. Se eliminan los matices consustanciales al pensamiento y a la voluntad de las personas. Es un sí o un no que, además, depende de la manera en que esté formulada la pregunta. Recordemos que los problemas de forma gramatical en la consulta de 1997 establecieron peores condiciones de representación que las que existían cuando se votaba por listas cerradas. Sencillamente, la gente creyó que votaba por otra cosa.
Por otra parte, ese procedimiento es verdaderamente democrático cuando se origina en la iniciativa popular. Pero cuando la hacen los gobernantes es un instrumento que claramente sirve para incrementar su poder. Por ello, en las constituciones más avanzadas y democráticas, como la uruguaya, se asigna la facultad de convocatoria solamente a la ciudadanía. Nosotros, febriles buscadores de poderes absolutos sin controles ni contrapesos, entregamos esa potestad a los gobernantes para que la utilicen a su antojo. Así, la consulta deja de ser una vía de expresión de la voluntad popular y se convierte en una herramienta adicional para que las autoridades puedan alinear uniformada y sumisamente a la gente en la procesión.
Martes 04 de enero del 2011Política
Judiciales cuestionan pregunta de consulta
El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, anunció que las preguntas para la consulta popular planteada por el mandatario Rafael Correa, están casi listas para ser enviadas a la Corte Constitucional (CC).
Mera dijo que el cuestionario tendrá entre cinco y diez preguntas; aunque no adelantó los temas que se incluirán.
El Mandatario ha dicho, no obstante, que las preguntas se referirán a las reformas penales para reducir la delincuencia en el país, así como la reestructuración del sistema judicial, la abolición de las corridas de toros, los juegos de azar y hasta la Ley de Comunicación.
Las preguntas, explicó Mera, serán validadas por la CC para evitar que se induzca al pueblo a dar una respuesta a favor o en contra. Luego se enviará el proyecto al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se encargue de la convocatoria.
Aún no hay fecha para esto, aunque el Presidente dijo el martes de la semana pasada que esperaba hacerlo la primera semana del año.
Ayer, en tanto, jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cuestionaron que el Jefe de Estado quiera incluir entre las interrogantes una que se refiere a la reestructuración de la justicia a través de veedurías internacionales.
Ellos aseguraron que ya está en marcha un proceso interno de cambios, sin la intervención del poder político.
Los jueces nacionales, Luis Quiroz y Carlos Ramírez, señalaron que pedirán al pleno de la CNJ que prepare un pronunciamiento institucional para oponerse a esa intención.
Ramírez, quien es miembro de la Primera Sala Civil, indicó que la idea de incluir ese tema en la consulta es inoportuna, tomando en cuenta que el país está en proceso de conformación de los órganos de justicia: primero del Consejo de la Judicatura; luego, de la Fiscalía; y finalmente, de las cortes de todo el país.
Todo ello, sobre la base de las disposiciones constitucionales y las contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. "No nos oponemos a la consulta al soberano, pero no estoy de acuerdo con otra reestructuración, que no sea la que respete la Constitución", dijo Ramírez. Más crítico, el juez Quiroz, presidente de la Segunda Sala Penal de la CNJ, dijo que jurídica y constitucionalmente no cabe la convocatoria a una consulta para reestructurar la justicia, ya que las normas legales determinan las causales para la destitución, sanción, cancelación o suspensión de los jueces o funcionarios judiciales.
"Como en el país nos enseñan, desde el Presidente, a irrespetar la Constitución, bien puede hacer lo que quiera porque tiene la Asamblea a favor de él. Al pueblo también se lo ha preparado en contra de la Función Judicial y violar la Ley tampoco es imposible", dijo.
ReglasLa Constitución norma el procedimiento para convocar a consultas populares en los artículos que van del 104 al 107. Se establece que la Corte Constitucional debe calificar las preguntas. CostosLos procesos de consulta, convocados por la Presidencia, serán imputados al Presupuesto del Estado.
Sábado 08 de enero del 2011 | 13:00Política
Correa someterá a consulta popular iniciativa Yasuní-ITT
El presidente Rafael Correa anunció el sábado que someterá a una consulta popular la posibilidad de explotar una reserva petrolera ubicada en un parque amazónico, en caso de que no se concrete la aportación financiera que aspira por parte de la comunidad internacional.Vamos a preguntar (al pueblo ecuatoriano) si considera que si no hay corresponsabilidad de la comunidad internacional, con todos los cuidados ambientales y sociales, se explote la reserva más grande de petróleo que está en el ITT (campo petrolero), dijo Correa en su programa Diálogo con el presidente.
La llamada Iniciativa Yasuní-ITT se lanzó en el 2007 y busca evitar la explotación de crudo en una zona declarada por la UNESCO como reserva de biosfera mundial, a cambio de que la comunidad internacional aporte al menos 3.500 millones de dólares, para evitar la contaminación con unas 410 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Que esos 7.000 millones de dólares (que se obtendrían con la explotación de crudo) sirva para cuidado ambiental … pero también para educación, salud, infraestructura, dijo el mandatario.
Correa aspiró a que ojalá tengamos ese sí rotundo que siempre nos ha dado nuestro pueblo para seguir gobernando.
Hasta el momento solo Chile, con 100.000 dólares, e Italia, con un canje de deuda por 35 millones de dólares, han concretado su aporte económico a la iniciativa ambiental.
El avance de la propuesta se evaluará en junio de 2011 aunque no se ha fijado un plazo definitivo para la recaudación.
La pregunta será parte de un pliego de inquietudes que se consultarán a la ciudadanía sobre reformas legales para el combate a la delincuencia, reestructuración de las cortes de justicia, la necesidad de eliminar las corridas de toros y los juegos de azar en el país, entre otras.La solicitud sobre la consulta popular se remitirá el lunes a la Corte Constitucional que deberá calificar el pedido, anunció el mandatario.
Domingo 09 de enero del 2011Política
"Sí, queremos meter las manos en las Cortes"
La consulta popular que impulsa el Ejecutivo averiguará al menos diez temas, que fueron explicados ayer por el presidente Rafael Correa, durante el enlace sabatino, que transmitió desde Baeza, en Napo.
Además de las preguntas relacionadas a la inseguridad ¬tiempo para la caducidad de la prisión preventiva y no otorgar medidas cautelares alternativas en ciertos delitos¬, el Gobierno aprovechará para introducir otros cambios que, inclusive, enmendarán la Constitución.El Mandatario ratificó ayer lo que había anunciado en el gabinete itinerante del viernes: consultar sobre la creación de una comisión técnico-ejecutiva que asuma las funciones del Consejo de la Judicatura (CJ) para reestructurar el sistema de justicia del país.
Sostuvo que de mantener a la actual Corte Nacional de Justicia (CNJ), no podrán implementar los cambios judiciales.
"Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter manos: para bien del pueblo ecuatoriano… Tenemos que cambiar el sistema de justicia, compatriotas", enfatizó.
Anticipó que esto provocará una campaña en su contra, por lo que pidió a los ciudadanos ser veedores y constatar que el régimen no pondrá a jueces por su conveniencia.
Admitió que algunos aspectos de la Constitución no están funcionando como deberían, como la integración del CJ con nueve vocales que se encarguen de lo administrativo. Dijo que ellos deberían "evaluar a los jueces y el sistema de justicia", aspecto que también irá a consulta.Anunció, además, que pedirá la eliminación de las comisiones ciudadanas que se encargan del proceso de elección de las nuevas autoridades, en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
"Así no vamos a acabar nunca de elegir a las nuevas autoridades, entonces vamos a preguntar al pueblo si está de acuerdo con eliminar las comisiones ciudadanas, no el CPC".
Afirmó que también se averiguará si los amparos constitucionales deben ser normados, ya que aunque se trata de un recurso legal, pueden frenar ciertos proyectos importantes.El Presidente informó que otro punto que se incluirá en la consulta es sobre la posible explotación del crudo que yace bajo el Parque Nacional Yasuní, de no existir la corresponsabilidad que se busca en la comunidad internacional.
El régimen impulsa la Iniciativa Yasuní-ITT para conservar esa área protegida a cambio de la inversión monetaria de otros países. Correa garantizó que si el pueblo permite explotar la zona, las ganancias irán a proyectos ambientales y de salud.
De su parte, explicó que se preguntará a la gente si cree que los banqueros no deben poseer acciones en "negocios ajenos al sistema financiero". Dijo que esto está prohibido en países como Estados Unidos.
La Constitución ya les prohíbe tener participación en los medios de comunicación.Sobre estos últimos también habrá un inquietud en el referéndum. Correa señaló que a los ciudadanos se les consultará si quieren que los medios de comunicación nacionales solo deban tener negocios vinculados al sector de la comunicación.
Por último el Mandatario aseguró que incluirá una pregunta para que el Estado pueda comprar renuncias en el sector público, a fin de sacar a los corruptos de ciertas instituciones. Dijo que la Asamblea quitó este aspecto en la aprobación de la Ley de Servicio Público.Apuntes: Otros temas de enlace
Paro transportistas
El mandatario Rafael Correa dijo que no aceptará la presión de ciertos gremios de la transportación, que amenazan con irse al paro, si no se remueve al director del Consejo Nacional de Tránsito, Ricardo Antón. Dijo que el Gobierno sabrá responder y recordó a los choferes que obstaculizar la vía pública es delito. Además ratificó su apoyo a Antón.
Ley Educación Intercultural
El Jefe de Estado anticipó que impondrá un veto parcial al proyecto de Ley de Educación Intercultural, cuya votación final en la Asamblea está pendiente. Correa dijo que no aceptará extorsiones, como aquella de que no se aprobará la normativa. Denunció que el legislativo insiste en aprobar la ley con un bono al maestro y el pago retroactivo desde julio del 2010. Lo cual él negó.
Lunes 10 de enero del 2011 | 13:46Política
Presidente de la Judicatura apoya consulta popular
Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura, indicó esta mañana que está de acuerdo con la reestructuración de la justicia, empezando con el organismo que preside, pero que debe ser "bien hecha" mediante referendum.
Según Cevallos, es viable la propuesta anunciada el pasado viernes por el presidente de la República, Rafael Correa, sobre la integración del Consejo.
De acuerdo al Mandatario, el organismo debe estar integrado por tres miembros de diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Cevallos, quien aseguró que está preparando su rendición de cuentas, dijo al noticiero de Gama TV que nunca se ha aferrado a su actual cargo y que la etapa de transición "ha sido muy larga".
No obstante, cuestionó que la justicia tenga pocos recursos para capacitación, pues "se exige mucho y se da poco".
Además, señaló que la justicia se ve impedida de actuar por la ausencia de los acusados, peritos y fiscales. Agregó que se ha sancionado con rigor a los jueces cuando se ha observado su responsabilidad por audiencias fallidas.
Indicó que la inseguridad es un problema social grave, así como la falta de empleo, y que los 320 jueces de garantías penales no dan abasto cuando la población nacional es de casi 14 millones de personas.
Martes 11 de enero del 2011 | 20:25Política
Presidente de Ecuador pide apoyo de simpatizantes para consulta popular
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió el martes a sus simpatizantes que respaldaran la consulta popular que planteará para definir "instrumentos para gobernar", como una reestructuración de la justicia, cuyo pliego de preguntas podría presentar el miércoles."Voy a hacer una consulta popular al pueblo ecuatoriano", expresó el mandatario socialista durante la entrega de viviendas en el puerto de Guayaquil (suroeste), y añadió que "mañana (miércoles) probablemente voy a mandar" las preguntas a la Corte Constitucional para su aprobación.Esa Corte debe calificar las preguntas antes de que la consulta sea convocada por el Tribunal Electoral.
Correa, en el poder desde enero de 2007, señaló que necesita "instrumentos para gobernar" y enfatizó que los ecuatorianos van "a enfrentar un nuevo desafío" en las urnas.
"Ya están diciendo (los opositores): 'Con ésto, Correa quiere manipular a la gente (…) que lo que quiere es meter mano en la Corte (de Justicia)'. ¿Quién de ustedes no ha sido víctima de un juez corrupto?", declaró el presidente, cuyo mandato concluirá en 2013, con la posibilidad de ser reelecto hasta 2017.
Miércoles 12 de enero del 2011Política
Presidente estrena campaña por el Sí a la consulta popular
El presidente Rafael Correa intervino ayer en su primer acto proselitista a favor de la consulta popular, aunque la Corte Constitucional (CC) todavía no califica las preguntas que el Ejecutivo pretende incluir.
En un populoso sector del noroeste de Guayaquil, y aprovechando una ceremonia de entrega de viviendas, Correa instó a los asistentes a "dar un Sí rotundo a la consulta popular".
Desde una tarima y con micrófono en mano, el Mandatario destacó la importancia del referendo para cambiar la situación del país.
Indicó que la propuesta será remitida hoy –probablemente– a la CC, y que fue elaborada de tal forma que los ecuatorianos contesten Sí a la mayoría de las preguntas, pues son los cambios que se necesitan, dijo.
"Ustedes pueden confiar en este compañero Presidente que nunca va a buscar nada para sí mismo; nada para nosotros, todo por la patria. Así que necesitamos esa nueva muestra de confianza", les manifestó a los habitantes de la cooperativa Lomas de la Florida que ayer asistieron a un acto organizado por el Ministerio de Vivienda (Miduvi).
Correa anticipó que la nueva consulta será un reto para el régimen, ya que las anteriores fueron de una sola pregunta.
El gobierno de Alianza PAIS ha impulsado dos referendos: a favor de la instalación de la Asamblea Constituyente, en el 2007; y en apoyo a la nueva Carta Política, en el 2008.
"Va a ser el más grande desafío porque las consultas populares que hemos ganado han sido Sí o No a la Asamblea Constituyente, Sí o No a la nueva Constitución. Ahora tenemos una consulta popular con muchas preguntas; complicadas, bastante largas… Quisiéramos que a todas respondieran Sí".
El Ejecutivo busca introducir al menos diez preguntas en el referendo, pero no todas están vinculadas a la inseguridad, que fue el problema que motivó la realización del proceso.
Una de ellas busca la creación de una comisión tripartita que reestructure el sistema de justicia, y otra la compra obligatoria de renuncias en el sector público ya que, según criticó Correa en su enlace sabatino, la Asamblea no aprobó este punto en la Ley de Servicio Público."¿Cómo quieren que cambiemos las cosas con la misma gente de antes? ¿Cómo quieren que cambiemos la atención en el Hospital Guayaquil con los mismos de antes? No pues, tenemos que cambiar a la gente", enfatizó ayer.
El Mandatario dirigió su discurso a las decenas de personas que acudieron al proyecto Socio Vivienda Guayaquil para presenciar la entrega de 158 casas que hizo el Miduvi, a igual número de familias que fueron reubicadas del estero Salado.
A ellos les dejó un mensaje desde la tarima: "A prepararse para una victoria popular más y dar un Sí rotundo a la consulta que el Gobierno va a plantear". Luego recorrió las casas, se tomó fotos y almorzó con ellos.
Conmemoración: Cuatro años de Gobierno
Informe de labores
El enlace sabatino del día 15 de enero se realizará en Machala, provincia de El Oro, en el estacionamiento del nuevo edificio del Servicio de Rentas Internas (SRI).
AniversarioLa fecha coincidirá con los cuatro años de gobierno de Rafael Correa, quien asumió su primer mandato el 15 de enero del 2007.
Enlace sabatino
El secretario nacional de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado, recalcó que la transmisión se efectuará bajo la misma dinámica normal.
Miércoles 12 de enero del 2011Política
Jueces esperan a su nuevo titular para enfrentar consulta popular
Los servidores judiciales y jueces de todos los niveles del país entraron en un compás de espera –mientras se designa al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)– para adoptar una posición unificada sobre la consulta popular que promueve el Gobierno, con miras a reorganizar las cortes, tribunales y otros entes administradores de justicia.La elección está programada para las 09:30 de hoy y se prevé que habrá segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor respaldo: Hernán Ulloa y Carlos Ramírez. Al tercer aspirante, Rubén Darío Bravo, se le atribuye solo el apoyo de cuatro jueces.
Una vez que la Corte designe a su nueva autoridad, el paso a seguir será organizar un frente de defensa de la justicia.
Según el presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas, Lenin Pilalot, la eventual convocatoria a consulta anunciada por el Jefe de Estado, Rafael Correa, para reorganizar las cortes, trastoca el ordenamiento constitucional aprobado en la Asamblea Constituyente de Montecristi.Pilalot, quien ayer visitó la Corte Nacional de Justicia para dar su respaldo al candidato Ulloa, dijo que la reorganización de las cortes es una "vieja práctica" implementada por regímenes anteriores, sin resultados en estabilidad y garantías de independencia y autonomía del Poder Judicial.
Contrariamente, agregó, las reorganizaciones significaron más politización y debilitamiento de la Función Judicial como institución del Estado. Tampoco garantizó los derechos ciudadanos de acceso a la justicia, sostuvo.
En esa misma línea, Ulloa, presidente de la primera sala penal de la CNJ, calificó de inoportuna a la convocatoria a una consulta popular, porque el país está a las puertas de nombrar una Corte definitiva.
Según este magistrado, un pronunciamiento oficial se dará tras una asamblea general de judiciales y jueces. Esta será convocada tras las elecciones de la Corte Nacional.
A juicio de Pilalot, los jueces y judiciales utilizarán los caminos que les otorga la ley y la Constitución para oponerse a las intenciones de reorganizar las cortes.
"Los judiciales somos ciudadanos y tenemos los derechos legítimos que garantiza la Constitución", sostuvo Ulloa.
La reunión de hoy del pleno de la Corte de Justicia estará dirigida por el presidente saliente, José Vicente Troya, quien renunciará en los próximos días a su cargo de juez, para pasar a integrar el Tribunal Andino de Justicia.
Opinión: Sobre convocatoria
TrasfondoEl veedor ciudadano Gabriel Salvador cree que la convocatoria a consulta tiene como objetivo nombrar sin concurso de merecimientos al "mejor aliado" del régimen, el fiscal general Washington Pesántez, como miembro de la comisión tripartita que reorganizará las cortes.
Miércoles 12 de enero del 2011 | 18:32Política
Gobierno posterga la entrega de las preguntas de consulta popular
El gobierno de Ecuador aplazó para los próximos días la presentación de las preguntas de la consulta popular que impulsa para conseguir lo que definió como "instrumentos para gobernar", las cuales se esperaban que fueran anunciadas este miércoles.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que las preguntas serán enviadas en los próximos días, y no este miércoles, a la Corte Constitucional para su aprobación, según señaló la casa de gobierno.
Anotó que el Ejecutivo continúa analizando el contenido de las preguntas, algunas de las cuales se referirán a reformas legales orientadas a mejorar la seguridad ciudadana y una reestructuración de la justicia.
El martes en Guayaquil, el presidente Rafael Correa dijo que "voy a hacer una consulta popular" porque "necesitamos instrumentos para gobernar", y anotó que "mañana probablemente voy a mandar" las preguntas a la Corte Constitucional.
El mandatario también planteará que se decida en las urnas si los banqueros pueden tener acciones en negocios ajenos al sistema financiero (tras ser prohibida su participación en sectores de la prensa) y si los propietarios de los medios de comunicación deben tener negocios únicamente en esa área, según la agencia pública Andes.
Asimismo, consultará si se explotan 846 millones de barriles de petróleo en el parque amazónico Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, ante la demora del apoyo internacional a la iniciativa ecuatoriana de evitar su extracción a cambio de una compensación de 3.600 millones de dólares.
De acuerdo con la Carta Magna, enmiendas constitucionales pueden ser aprobadas mediante referéndum solicitado por el presidente o por iniciativa de la Asamblea Legislativa, que en ese caso deberá aprobarlas con el voto de las dos terceras partes de sus miembros (83 de los 124).
El oficialismo, con 59 escaños, controla el Congreso con el apoyo de otros bloques legislativos minoritarios, pero no alcanza las dos terceras partes.
Jueves 13 de enero del 2011Política
20 preguntas, en borrador de la consulta popular
El primer borrador del cuestionario para la consulta popular que propone el Gobierno llegó a las 20 preguntas, dijo ayer la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, al final del taller realizado en Puembo, donde el gabinete evalúa sus cuatro años de gestión.
El texto, sin embargo, todavía debe ser pulido por el equipo jurídico de la Presidencia, pues la intención es reducir el número de temas; de ahí que todavía no hay fecha para que este sea enviado a la Corte Constitucional, la cual tiene que calificar la viabilidad de su contenido.El presidente Rafael Correa había adelantado que el documento sería remitido a ese organismo ayer. Pero a través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación aclaró que se lo haría "en los próximos días".
Soliz señaló que el tema central del referéndum será la reforma a la justicia.
La ministra indicó que el presidente puso reparos a la existencia de las comisiones ciudadanas, porque retarda el proceso de designación de autoridades. "No estamos insatisfechos con el trabajo del quinto poder sino que se crean mecanismos que resultan engorrosos", expresó ella.
En tanto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo en una entrevista en Ecuavisa que espera que la consulta que impulsa el régimen sea seria y no busque "réditos electorales".
"¿Están haciendo una consulta seria o una consulta para que todo el mundo diga sí? Si es la segunda opción, no sé para qué es la consulta y no sé cuál es el mérito electoral tampoco", indicó el funcionario.
Nebot dijo que la redacción de las dos primeras le ha parecido correcta, pues contienen una alternativa. "Por ejemplo, se pregunta: ¿Quiere usted que continúe o no esta disposición sobre la caducidad (de la prisión preventiva) que permite que, por un año que no hay sentencia, delincuentes acusados de robo, violación o asesinato salgan libres? Si se pregunta así, creo que la ciudadanía va a decir que no, que se derogue… Si se pregunta: ¿Quiere usted que continúe el dos por uno o las medidas sustitutivas alternativas de la prisión preventiva, que a un asesino con tres detenciones se le dice cambie la prisión preventiva y que me visite como juez los días jueves, la gente dirá que no", opinó.
Análisis: Propuesta
EstrategiaLa ministra de la Política, Doris Soliz, reconoció ayer que este proceso electoral "es una estrategia política profundamente democrática".
TrabasAgregó que existe una deuda muy grande de instancias, como la del Consejo de la Judicatura y de la propia Función Judicial que impiden el avance de las iniciativas del Ejecutivo.
Jueves 13 de enero del 2011 | 13:10Política
Gobierno enviará el lunes al Constitucional las preguntas para la consulta
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, enviará el próximo lunes a la Corte Constitucional el listado de preguntas para la consulta popular que prepara, según dijo hoy el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Mediante esta consulta popular, cuya fecha aún no se ha definido pero se prevé para este año, Correa pretende reorganizar la función judicial y combatir la inseguridad ciudadana, entre otros asuntos como medio ambiente, acciones de la banca o medios de comunicación.
Mera dijo que las preguntas se han reducido a 9 o 10 "por razones de eficiencia administrativa tanto de proceso electoral como de votación", según indicó El Ciudadano, el diario oficial del Gobierno.
El secretario jurídico señaló también que la elección de los temas que se consultarán depende directamente del presidente Correa.
Viernes 14 de enero del 2011Política
Coincidencia en plazos de la consulta y el CPC causaría conflicto legal
Un conflicto jurídico político podría generar la convocatoria a la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Rafael Correa, con la cual busca la reorganización del Consejo de la Judicatura (CJ).
Esto debido a los plazos que determina la Constitución y la ley tanto para la organización del proceso electoral como para que el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) elija a los nuevos vocales del CJ.
El conflicto radicaría en la coincidencia de fechas entre la proclamación de los resultados de la consulta, lo cual ocurriría entre junio o julio, y la elección de los vocales de la Judicatura que, según el cronograma del consejo ciudadano, terminaría a inicios de junio.
Según el artículo 106 de la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuenta con 15 días para la convocatoria de la consulta popular, luego de recibir el pedido para su realización. Tiene, además, 60 días para organizar el proceso.
Previamente, la Corte Constitucional (CC), según las declaraciones públicas de su presidente, Patricio Pazmiño, se tomaría un máximo de 45 días para calificar la constitucionalidad de las preguntas que le remitirá el Mandatario.
Adicionalmente, la Asamblea Nacional cuenta con 15 días para calificar el texto y entre 30 y 90 días para aprobarlo, en el caso de que se trate de una enmienda constitucional.
Todos estos plazos suman 225 días, que tomará la calificación de las preguntas, la convocatoria de la consulta y la proclamación de sus resultados. Pero podrían disminuir, pues se espera que cada instancia despache el pedido del Mandatario en el menor tiempo posible.No obstante, este proceso se hará en forma paralela al que realiza el Consejo de Participación para elegir a los vocales de la Judicatura (que también designarán al nuevo Fiscal). La presidenta del CPC, Marcela Miranda, adelantó que no se detendrá ese proceso. Es decir, que los tiempos del CPC coincidirán con los que prevé la Constitución y la ley para la organización de la consulta popular.
Según los consejeros del CPC, David Rosero y Andrea Rivera, de concretarse la propuesta presidencial habrá un retroceso democrático, que eliminará la garantía que determina que no se pueden hacer consultas que restrinjan derechos ciudadanos. En defensa de esas conquistas, pidieron al pueblo una "reacción contundente".
Según Rosero, en el escenario que gane el Sí se abriría un conflicto legal: si el CPC designa antes de la consulta popular al CJ, sus vocales podrían reclamar su legitimidad y con ello iniciar un debate jurídico, que sería de exclusiva responsabilidad del Jefe de Estado.
No obstante, Mauro Terán, ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, afirma que la convocatoria a una consulta popular en la que el pueblo autorice al Mandatario a elegir una comisión tripartita que reemplace al CJ, tendrá prevalencia sobre los resultados del concurso de méritos que realiza el CPC para elegir a los miembros de ese ente.El artículo 106 de la Constitución vigente indica que "el pronunciamiento popular será de inmediato y obligatorio cumplimiento".
Las comisiones ciudadanas que elegirán a la nueva Judicatura se posesionarán la próxima semana.
Sábado 15 de enero del 2011 | 13:36Política
Correa presentará el lunes las preguntas para la consulta popular
El presidente Rafael Correa admitió hoy que la consulta popular que impulsa para reformar la justicia y mejorar la seguridad ciudadana será un reto electoral difícil, aunque confió en un triunfo arrollador.
"¡A prepararnos para esta lucha electoral compatriotas, va a ser duro!", exhortó Correa en su informe semanal de labores en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, donde celebra sus cuatro años de gobierno.
El mandatario afirmó que esta consulta "va a ser un poco más complicada que las otras", en las que los ecuatorianos fueron interrogados sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la aprobación de la actual Constitución.
"Ojalá obtengamos un nuevo respaldo al gobierno ecuatoriano, un sí rotundo a esta nueva gesta electoral", confió el gobernante, reelegido en 2009 para cuatro años en elecciones anticipadas, tras promulgarse la nueva Constitución que lo habilita para postular nuevamente en 2013.
Correa confirmó que la consulta incluirá unas diez preguntas, que entregará personalmente el lunes a la Corte Constitucional, y anticipó que algunas se refieren a la "caducidad de la prisión preventiva, medidas cautelares alternativas y reestructuración del sistema de justicia".Según la Carta Política, enmiendas constitucionales pueden ser aprobadas mediante referéndum solicitado por el presidente o por iniciativa de la Asamblea Legislativa, que en ese caso deberá aprobarlas con el voto de las dos terceras partes de sus miembros (83 de los 124).El oficialismo, con 59 escaños, controla el Congreso con el apoyo de otros bloques legislativos minoritarios, pero no alcanza las dos terceras partes.
Domingo 16 de enero del 2011Política
Consulta divide a los organismos de justicia
Los organismos de justicia se dividieron frente a la propuesta del mandatario Rafael Correa de convocar a una consulta para que el pueblo decida si quiere que se reestructure la Función Judicial a través de una comisión tripartita conformada por el Ejecutivo, la Asamblea y la Función de Transparencia.
Tanto el fiscal general, Washington Pesántez y tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Ulpiano Salazar, Marco Tulio Cordero y Oswaldo Domínguez, se pronunciaron a favor de la propuesta presidencial, como un mecanismo para promover la participación ciudadana en la gestión pública.
Estos consideran que la Constitución y el Código Judicial contienen disposiciones que limitan la implementación de los cambios urgentes que requiere actualmente la justicia.Incluso el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez, admitió que no existe la posibilidad de oponerse a la propuesta del Ejecutivo, que de ser aprobada por el pueblo, debe ser acatada por todos los judiciales.
Con esos criterios discrepan los gremios de los judiciales del Guayas, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, por considerar a la propuesta como inconstitucional. A su juicio está resquebrajo el orden constituido y promueve una interferencia en la administración de justicia.
Cevallos, quien lidera el grupo de mayoría del CJ, señala que la única forma de iniciar un proceso de reestructuración de una de las funciones del Estado, en este caso del organismo que preside, es a través de una reforma constitucional y no con una consulta popular, que implica una enmienda legal.
"Como presidente del CJ no aceptare la injerencia en la Función Judicial, cuya independencia está garantizada en la Constitución", agregó.
Cevallos dijo que una vez que se haga público el cuestionario seguirán el camino que les da la Constitución y la Ley para observar el proceso.
Los jueces y servidores judiciales del Guayas, en cambio, insisten en crear un frente común para evitar la injerencia del Ejecutivo en los procesos de depuración interna.
Ayer, durante su enlace sabatino, Correa manifestó que las diez preguntas de la consulta serán enviadas mañana a la Corte Constitucional (CC).
Estas se referirán, entre otros temas, a seguridad ciudadana, caducidad de prisión preventiva y reestructuración del sistema de justicia.
Sobre este último, Correa insistió en que no habrá injerencia del Ejecutivo. "Si tienen algún temor, pongan las veedurías que quieran, llamen veedurías internacionales, denuncien si a algún juez se lo pone en función de conveniencias políticas", invitó el Mandatario.
Lunes 17 de enero del 2011Política
Proceso de institucionalización demoraría más con la consulta
La institucionalidad del país no toma forma en los dos años de vigencia de la Constitución, y con la consulta popular que alista el Ejecutivo para depurar la Función Judicial, el régimen de transición se alarga.
Este proceso se inició cuando se aprobó la Constitución del 2008, para posibilitar nuevos cambios institucionales. Las funciones Ejecutiva y Legislativa son las únicas de cinco del Estado que están consolidadas legítimamente.
Falta por nombrar la Función Judicial, Electoral y de Transparencia, de la que solo se ha elegido al Consejo de Participación Ciudadana (llamado "Quinto Poder"), pese a que esta función está integrada además por el Contralor, Defensor del Pueblo y Defensor Público, cuyos concursos de designación están aún en proceso.
Bajo estas premisas, el anuncio del Gobierno de convocar a una consulta popular que apruebe la creación de una comisión tripartita que reemplace al Consejo de la Judicatura (CJ) –cabeza de la Función Judicial– alargaría más el periodo transitorio.
Este régimen se estableció al final de la Constitución. Y aunque no tiene fecha de vencimiento, su objetivo es disponer de todos los instrumentos jurídicos para que el Estado se adapte al nuevo marco constitucional, explica el constitucionalista Santiago Guarderas.
Agrega que mientras no se nombre al nuevo Fiscal, a la Judicatura, a la Corte Constitucional (CC) y el resto de representantes de la Función de Transparencia, la institucionalización seguirá "en veremos".
Por ello advierte que, de efectuarse una consulta que otorgue poderes totalitarios al Ejecutivo para intervenir en las demás funciones, "generará procesos retroactivos en la aplicación de la Constitución en cuanto a independencia y autonomía de las instituciones".
"Si se mete mano en la Justicia, como lo dijo el presidente (Rafael) Correa, se desconocerá lo que él mismo impulsó en Montecristi: la división de poderes en un Estado de derecho". El ex asambleísta constituyente Luis Hernández (RED) explica que el régimen de transición se creó para nombrar a las autoridades de los organismos de control, pese a que "aún no estamos viviendo al 100% lo que establece la Constitución".
David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, teme también que la consulta solo alargue más este periodo. "Imagínese el tiempo que transcurrirá hasta que la CC resuelva el proceso que debe tomarse para realizar la consulta. Peor aún si se resuelve que debe ser la Asamblea la que cambie la Constitución: son dos debates, el segundo convocado dentro de 90 días, esto tardaría por lo menos un año… Y peor, si se crea una comisión tripartita conformada por "iluminados", esta permanecerá en funciones por 18 meses, mientras se elige al nuevo CJ. Serían casi dos años sin que el país pueda estar legalmente conformado".
En julio de 2008, a días de que la Asamblea se posesione, Fernando Cordero (PAIS), quien entonces presidía la Comisión Legislativa y de Fiscalización, reconoció una "dificultad operativa" en este proceso transitorio, por lo que las autoridades se mantendrían en sus funciones "indefinidamente".
El entonces "Congresillo" discutió este capítulo "al apuro, y la crítica se enfocaba en que para designar a las autoridades transitorias se utilizaban cuotas políticas a favor del gobierno, recuerda Hernández.
El "Quinto Poder" es el que tiene a cargo terminar con la transición. Pero hasta el momento solo ha nombrado a cuatro autoridades de control, los superintendentes de Compañías, Bancos y de Telecomunicaciones; y al Procurador del Estado, que también formaban parte del proceso transitorio.
ConformaciónFunción Electoral
Los integrantes del Consejo Nacional y del Tribunal Contencioso fueron elegidos por AP, tras la nueva Constitución y sin concursos. El Consejo de Participación debe reemplazarlos. Corte Constitucional
Aprobada la Constitución del 2008, los integrantes del ex Tribunal Constitucional se autonombraron miembros de la nueva Corte. Este es el máximo órgano de control e interpretación constitucional.
Contralor General
Desde el 2003, el Ecuador no tenía un Contralor titularizado, pero en febrero del 2007, el presidente Rafael Correa acepta una terna enviada por el antes "Congresillo", de la que elige a Carlos Pólit.
Consejo de la Judicatura
Es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Ya están las comisiones ciudadanas de selección. El concurso se iniciará en febrero.
Martes 18 de enero del 2011 | 09:02Política
Nebot decepcionado por planteamiento de la consulta
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, señaló esta mañana que desde el punto de vista de la inseguridad ciudadana, que avanza a pasos agigantados cada día, el planteamiento de la consulta es una gran decepción.
Recordó que el Presidente de la República, Rafael Correa, dijo que le iba a dar la oportunidad al pueblo de decidir sobre la caducidad de la prisión preventiva, pero no lo ha hecho. El Jefe de Estado entregó ayer las 10 preguntas para la consulta popular a la Corte Constitucional, para su calificación.
El cuestionario incluye cinco preguntas para que se las evalúe por referéndum y cinco por consulta popular.
Nebot indicó que la pregunta conduce a que el tema vuelva a la Asamblea, que no ha hecho nada al respecto, y termine quedando en manos de los jueces.
Martes 18 de enero del 2011 Columnistas
Hernán Pérez Loose
Consulta y reforma judicial
Así como no podemos en estricta justicia estar en desacuerdo con el presidente Correa sobre la necesidad imperiosa de una reforma judicial –algo que se viene intentado hace varios años–, debemos también exigir que tan importante asunto sea abordado con toda seriedad. Una reforma judicial –una que no sea de simple parche– debe tener tres ejes: el enjambre institucional, las normas del sistema y la cultura jurídica. Esas son las tres aristas de todo sistema jurídico. Una reforma que no aborde estos elementos –el institucional, el normativo y el cultural– terminará probablemente fracasando, tal como ha sucedido antes.En cuanto al primero de estos aspectos, uno de los asuntos claves ha sido y es la independencia de los jueces tanto frente a las influencias externas como internas. Hay otros igualmente importantes pero el de la independencia judicial juega un papel crítico. Esa independencia depende, a su vez, de varios factores tales como el mecanismo para acceder a los cargos judiciales, el régimen de ascensos, el grado de autonomía financiera del sistema, el nivel de remuneraciones, el régimen de disciplina, la protección de los jueces frente a las presiones internas, y así por el estilo.
Todo ese conjunto de factores, más otros de igual importancia, deben asegurar a los ciudadanos que los jueces y las cortes no serán una sombra de los otros poderes, que serán tan autónomos como responsables de sus decisiones, que los casos serán resueltos de acuerdo al derecho y nada más. Nada o muy poco de esto tenemos hoy en nuestro país.
Ahora bien, ¿vamos a lograr sinceramente estos cambios con la consulta popular que se ha propuesto? ¿Vamos a tener magistrados independientes gracias al nuevo mecanismo que se instalará luego de la consulta popular?
El sistema de selección actual, es decir, el que está previsto en la Constitución vigente aún no había comenzado a funcionar, pues, gracias a los plazos irrazonablemente largos el periodo de transición recién en los próximos meses debía arrancar. El mecanismo previsto no pudo ser más desacertado y confuso. En ninguna parte del mundo se designan a los magistrados de las altas cortes de justicia en base a carpetas, cuestionarios o puntajes, y menos se los somete a la calificación de comisiones sin ninguna legitimidad democrática, es decir, comisiones cuyos integrantes no han sido elegidos por el voto universal. La justicia, después de todo, se administra en nombre del pueblo, y este es el origen de la ley.
Pero a pesar de los errores que se cometieron en Montecristi, lo cierto es que este mecanismo fue el aprobado en referéndum, y era y es el que está previsto constitucionalmente. Y ya en tan poco tiempo se lo quiere cambiar. Pero el asunto que sigue gravitando es si gracias a la nueva modalidad que se propone ¿gozarán los magistrados de independencia e idoneidad? ¿Es este un paso a la dirección correcta para esa reforma judicial que todos necesitamos? Porque se van a gastar en la consulta 30 millones de dólares.
Martes 18 de enero del 2011 | 12:10Política
Judicial cuestiona cuarta pregunta de la consulta popular
Lenin Pilalot, presidente de los servidores judiciales del Guayas, indicó esta mañana que aunque cree que la Función Judicial necesita de una reforma estructural, no está de acuerdo "en la forma cómo están conceptuados los cambios", por medio de la consulta popular.Consideró que la comisión de tres miembros que se plantea en la cuarta pregunta de la consulta popular, "no es una garantía a la depuración interna de la Función Judicial que deba darse"
Enfatizó que la depuración es ya un proceso en marcha que está institución con la Carta de Montecristi, la nueva Constitución aprobada por los ciudadanos en la consulta popular del 28 de septiembre de 2008.
Martes 18 de enero del 2011Política
Consulta para sistema judicial, comunicación y muerte de animales
El mandatario Rafael Correa entregó ayer personalmente al presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, su propuesta de referéndum constitucional y de consulta popular para su calificación. El jefe de Estado pidió a los nueve magistrados celeridad en el proceso de revisión.
El cuestionario es mixto en su contenido, ya que incluye cinco preguntas para que se las evalúe por referéndum y cinco por consulta popular.
"Ejerciendo las atribuciones que me otorga la Constitución quiero hacer la entrega de las preguntas para la consulta popular; son parte para referéndum donde le consultamos al pueblo si quiere reformar normativas como la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Judicial; y, otra parte es el plebiscito para consultar al pueblo sobre asuntos varios", dijo.
Según explicó se trata de la caducidad de la prisión preventiva, sobre la sustitución de las medidas cautelares alternativas y la posibilidad de reestructurar la Función Judicial, que "todos sabemos que está en crisis en estos momentos históricos".
En ese sentido pidió "la confianza del pueblo ecuatoriano en este Gobierno de manos limpias, que jamás va a buscar nada para sí mismo. Queremos que nos confíen la posibilidad de reestructurar ese sistema judicial sin el cual va a ser muy difícil lograr la tan ansiada seguridad ciudadana", aseguró.
El Jefe de Estado rechazó las críticas sobre la Constitución elaborada en el 2008. "Se nos dice que estamos reformando una Constitución que apenas tiene dos años. Somos gente honesta y pragmática y estamos aquí para satisfacer las necesidades del pueblo, no nuestras fijaciones ideológicas".
Correa pidió celeridad a los magistrados en el tratamiento de este cuestionario. Patricio Pazmiño respondió que se tomarán 45 días para emitir un pronunciamiento oficial.Y agregó: "Vamos a preocuparnos al máximo en poner nuestro empeño profesional para el país".Hernando Morales, vocal de la CC, dijo que las preguntas entrarán a un sorteo entre mañana y el jueves para que se designe el juez que definirá la viabilidad de las preguntas. Luego dijo que pasará a conocimiento del pleno y de no haber impugnaciones se remitirá al Ejecutivo con la aprobación final.
Miércoles 19 de enero del 2011 | 10:59Política
Vocal de la Judicatura se confiesa partidario de la consulta popular
Max Ulpiano Salazar, vocal del Consejo de la Judicatura, dijo esta mañana que está dispuesto a enfrentar su renuncia al cargo, pero que debe ser presentada en el momento oportuno, y ante el órgano nominador, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley; es decir, ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
No obstante, señaló que una gran mayoría del sistema judicial se niega a apostar a un cambio, que forman una estructura burocrática cerrada.
Indicó que no se ha podido trabajar en el cargo para el cual fue elegido porque ha tenido que enfrentar situaciones internas, obstáculos internos, enemigos internos y externos dentro de la función Judicial.
Indicó que la fuerza jurídica en la Constitución se basa justamente en que representa la voluntad soberana del pueblo, que lo ejerce a través del voto, enfatizó el funcionario, quien se confesó partidario de la consulta popular propuesta por el Gobierno, y que se encuentra en poder de la Corte Constitucional, que debe calificar las preguntas.
Salazar dijo al noticiero de Gamatv que considera necesario acceder a una reestructura profunda de todo el sistema judicial, dejando de lado cualquier tipo de situación que impida o niegue que el pueblo ecuatoriano vea resultados en la transformación profunda del poder judicial.
Viernes 21 de enero del 2011 Columnistas
Orlando Alcívar Santos [email protected]
Consulta "ad portas"
Ya habrá tiempo en las próximas semanas, luego de que se pronuncie la Corte Constitucional, para analizar una a una las preguntas de la consulta popular propuesta por Rafael Correa (que es una mezcla de un curioso referéndum y de un plebiscito), pero mientras tanto es necesario hacer algunas consideraciones generales a los documentos presentados, como por ejemplo que el afán ciudadano –pues no solo es del Presidente– de cambiar la justicia para que el pueblo confíe en sus jueces, no debería sacrificar el respeto a los ejes que sirven de soportes fundamentales a nuestra Constitución y a las constituciones del mundo de las tres últimas centurias, desde que el absolutismo monárquico europeo de los siglos XVII y XVIII generó la Revolución Francesa y con ella la modernidad en el manejo del Estado por la división de los poderes y la independencia de cada uno, concepto ratificado a través del tiempo pues una nación en la que los poderes no están separados ni los derechos garantizados no tiene una estructura constitucional.
Pues bien, esa sería mi primera observación a la consulta; qué garantías tendrá el pueblo para suponer que el primer día de actuación de la nueva Comisión Técnica tripartita que propone el Presidente para que durante 18 largos meses, nada menos, reemplace al Consejo de la Judicatura, no será igual al último de la era anterior –es decir a la intromisión de la política en los recintos judiciales comenzando por la nominación de jueces afectos al régimen– si la tal comisión estará integrada por representantes del Ejecutivo que preside Rafael Correa, de la Asamblea Nacional que domina Rafael Correa y de la Función de Transparencia y Control Social que maneja Rafael Correa. ¿Esa integración asegura la creación de un laboratorio de escogencias y nombramientos, aséptico como un quirófano, sin virus ni bacterias de intereses políticos infecciosos?
Mi segunda observación general es un tecnicismo legal constreñido a que la pregunta que tiende a enmendar la Constitución modificando los plazos de caducidad de la prisión preventiva debió ser hecha directamente señalando los nuevos plazos que se estima convenientes, lo que no ocurre en el texto formulado pues traslada a la Asamblea Nacional la misión de fijarlos, lo que significa que sería la Asamblea quien enmiende la Constitución, lo que no es procedente.
También, dentro de lo puramente técnico, no es viable derogar las disposiciones de varias leyes a través de una consulta popular, pues a pesar de que la Constitución puede enmendarse por medio de un referéndum, las leyes no. La Ley Suprema encarga esa tarea a la Asamblea Nacional, no obstante que el Presidente de la República puede convocar a consulta popular "sobre los asuntos que estime convenientes". Además, una enmienda constitucional derogaría tácitamente cualquier ley que la contradiga o se le oponga.
En lo de fondo, ratifico lo dicho en mi artículo anterior, la preocupación porque no hay la seguridad ni la confianza de que logremos la anhelada nueva justicia, imparcial, proba, capaz, si los procedimientos diseñados que se someterán a la aprobación popular no lucen muy transparentes, y no lo serán mientras el Gobierno (que es sinónimo de "la política") tenga una altísima injerencia en los mismos. ¿Dónde quedaron los ciudadanos?
Viernes 21 de enero del 2011Política
Gobierno dictador surgirá de consulta advierten políticos
El foro Cauce Democrático inició ayer su labor con la entrega de un manifiesto en el que expresa su preocupación por la situación de la democracia en el Ecuador.
En una rueda de prensa a la que asistieron personalidades de la política como el ex presidente de la República, Osvaldo Hurtado; el ex ministro de Defensa José Gallardo; los ex presidentes del Congreso, Wilfrido Lucero y Guillermo Landázuri; y de otros ámbitos como Simón Espinosa, Oswaldo Viteri, Abelardo Pachano, Elsa de Mena, se convocó, a través de esta iniciativa a la ciudadanía a construir un espacio de reflexión para estudiar las reales intenciones gubernamentales de ampliar el control del sistema de justicia y de atentar contra las libertades mediante la consulta popular.
"Persuadidos de que el caudillismo y el autoritarismo suelen engendrar gobiernos que conculcan derechos y libertades, afectan a la unidad nacional, propician la corrupción e irrogan graves daños a la sociedad y a la democracia…", dice parte del manifiesto.
Para el ex presidente Hurtado esta consulta popular es clave para el futuro del país, pues la población decidirá si "quiere ser gobernado por una democracia o por una dictadura, que concentra en una persona el Gobierno, la legislación y la justicia".
"En la consulta hay dos preguntas importantes. La justicia y los medios de comunicación, que es lo que el Ejecutivo busca controlar", declaró Hurtado.
Aseguró, además, que hay que pedirles cuenta al régimen que ya va cuatro años en el poder. En materia de seguridad, por ejemplo, recordó el retiro de visas a los extranjeros que entran al Ecuador, la posición ante las FARC, entre otros.
Gallardo calificó a la consulta como "tramposa" para que la población vote si el Gobierno nombra a jueces, lo que se convierte en una amenaza contra las personas que tengan un criterio discrepante.
En relación a las preguntas relacionadas con el tema de comunicación, Simón Espinosa señaló que existe un riesgo gravísimo el aprobar un Consejo Regulador, en medio de un proceso de manipulación a la voluntad popular.
"Con qué autoridad el Gobierno se arroga el derecho de restringir la libertad de pensamiento expresada en los medios. Lo que quieren es poner miedo en los medios particulares. Seguir dominando en los medios públicos para que no hagan crítica al proyecto del Gobierno", declaró.
El ex magistrado de la Corte de Justicia, Ernesto Albán, declaró que las preguntas a más de ambiguas se contraponen a la Constitución. Puntualizó temas como la restricción de derechos al limitar la libertad de empresa, de asociación, de expresión y la reforma a la estructura del Estado al querer incluir una Comisión para que realice la reestructuración judicial. "Lo que debe hacer la CC es no dar paso a la consulta", dijo.
Hurtado reiteró que no iniciarán una campaña política por el No, porque esa es una responsabilidad de los partidos políticos, movimientos sociales, pero precisó que sí darán su opinión.
Viernes 21 de enero del 2011Política
"Libertades y principios se afectan con texto de consulta"
Las preguntas de la consulta popular que el Ejecutivo envió el lunes pasado a la Corte Constitucional para su calificación, se contraponen a principios y garantías constitucionales, según el criterio de analistas.
El ex vicepresidente de la República, Blasco Peñaherrera Padilla, considera que el texto atenta contra el derecho a estar informado y al principio de igualdad ante la ley, lo que lo vuelve "discriminatorio y anticonstitucional".
Peñaherrera cree que los miembros de la Corte Constitucional, que ya admitió el trámite del texto dividido en dos partes, le darán el visto bueno a las preguntas que planteó el presidente Rafael Correa. "La Corte Constitucional agachará la cabeza para decir sí, pero el pueblo tiene que prepararse para decir no".
La libertad de información se verá restringida, sostiene el analista, porque "el propósito oculto en la consulta es hostigar o eliminar el sistema de comunicación privado".
Lo más grave, según Peñaherrera, es la violación al principio de equilibrio de poderes. Su análisis sobre nombrar una comisión para reformar el sistema de Justicia a través de un nuevo Consejo de la Judicatura es que el Ejecutivo pretende asumir la totalidad de los poderes del Estado. "El Gobierno trata de tener una estructura judicial adscrita a la Presidencia".Con él coincide el ex vicepresidente León Roldós, quien afirma que con las dos primeras preguntas del referéndum, sobre el cambio de los plazos para la caducidad de la prisión preventiva y sus medidas sustitutivas, "se afecta la presunción de inocencia".
Otro punto que no escapará al control estatal, dice Roldós, es el tema patrimonial. Observa que mientras en el primer enunciado en el que el Presidente sustenta el pedido de la consulta se habla del enriquecimiento ilícito de una persona particular, en el desarrollo de la primera pregunta dice que sería delito "el enriquecimiento privado injustificado".El catedrático deduce que, de ganar el sí en esa pregunta, "una persona tendrá que justificar cómo adquirió sus bienes y hay pruebas negativas casi posibles de producirse, porque hay variaciones de valor, plusvalía, y una serie de circunstancias".
Con la propuesta del Ejecutivo es claro que quedaría coartada la libertad de emprendimiento, enfatiza Roldós, al diferenciar "que una cosa era disminuir a través de la ley la influencia de los banqueros en los medios, pero que los directores y accionistas (de estos) no puedan tener otros negocios, es una marginación al principio de igualdad de derechos".Para Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, el texto es muy ambiguo y contrario a los derechos humanos y garantías constitucionales. "Me sorprende que el Gobierno no tenga una posición clara, como en el tema de los juegos de azar y la tortura de animales. Primero se dijo que todo eso se acabaría, pero ahora lo deja a criterio de cada jurisdicción cantonal. Abre la puerta para más consultas y eso es innecesario", critica.Críticas por texto
Blasco Peñaherrera
Ex vicepresidente
"Es inaudito cortar la posibilidad de inversión privada por una consideración de orden político".León Roldós
Ex vicepresidente
"El tema es claro: quieren meterle la mano a la justicia y tener instrumentos de represión".
Viernes 21 de enero del 2011 Cartas al Director
La justicia es una virtud que está en nuestras mentes para hacer el bien, pero siempre adecuada a la ley. La justicia es de dos vías: moral y civil; moral, porque siempre adecuamos nuestros pensamientos a lo establecido en la ley, y civil, porque nuestras acciones exteriores siempre deben estar adecuadas a lo que dispone y establece la ley. No robamos, no matamos, no vendemos drogas porque lo prohíbe la Ley. La consulta es justa, pero injusta e inmoral a la vez, ¿por qué?
Hace dos años nos dijo el Presidente voten sí y mil veces sí por la Constitución, porque esta es la mejor del mundo y durará 200 años. Actualmente sabemos que él y sus asambleístas no construyeron una buena Constitución, esta es contradictoria y garantiza la corrupción y el delito.
En la actualidad el Presidente propone una "justa" consulta con un aditivo, preguntas totalmente injustas y alejadas de la realidad que motivaría para una consulta ciudadana.Las preguntas que reforman la Constitución caen en la injusticia civil, porque estas violan los artículos 441 y 442 de la Constitución; y las cinco preguntas de consulta caen en la injusticia inmoral, porque no es justo y moral que nos pregunten sobre la vida de los animales, mientras nuestras vidas están a merced de una dictadura delincuencial impuesta por la Constitución del 2008.
Ahora, bajo el mismo método mentiroso pretenden tomarse la justicia; callarnos con muy buenas intenciones de injusticia para todos, poniendo a esta a favor de delincuentes de toda clase. Prohibido olvidar cómo mienten. ¡Ojo!, la oposición para que no se aprobara la actual Constitución se sustentó en el ataque a las personas de una orientación sexual. No dio resultado.
Ahora, estamos en la dicotomía del "Sí" de los unos y los otros, que privilegia la inseguridad con un rumbo claro hacia el totalitarismo de conveniencia conservadora-revolucionaria, y que eclipsa la solución justicialista y de derecho dispuesta en el artículo 444 de la Constitución; una nueva Constituyente que nos dé seguridad jurídica y trabajo.
Douglas Baquerizo Monserrate,
abogado, Guayaquil
Viernes 21 de enero del 2011 Cartas al Director
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