Reflexiones acerca de la situación de violencia acontecidos en Bagua – Perú ¿Los pueblos indígenas tienen derechos? (página 2)

En este sentido, nos preguntamos ¿Qué hemos hecho tanto el Estado como la Sociedad, para corregir ésta situación? No sólo el Estado es responsable sino nosotros también como parte de una sociedad, incluso de la formación de los hogares, niños que crecen odiando y discriminando a personas por ser negros, cholos, blancos, mestizo, o porque no somos de la misma condición económica y social.

De otro lado, también acoger un aspecto que creo que es importante decirlo, reconocemos que tenemos una sociedad que aún discrimina, pero está en nosotros mismos no sentirnos discriminados por lo que somos, es decir, "auto discriminados"; ello es un tema de actitud personal, es decir, si soy indígena, pues ¡no tengo por qué sentirme menos que otros!, si soy negro ¡no tengo por qué sentirme menos que el blanco o diferente!, en lugar de hacer mesas de dialogo entre personas de raza negra o indígenas propiamente, hagamos una mesa de dialogo pluricultural, la raza ni el color no pueden ser factores que coloquen a una persona por encima de otra, de lo contrario ¿De qué derechos humanos hablamos?

No ayudamos a erradicar el fenómeno de la discriminación si nosotros no vamos a cooperar, y una de la formas es no "auto discriminarnos". Eso pasa por el hecho de inyectar una corriente de optimismo y de autoestima, concientizar que somos seres con dignidad y que nadie puede quebrantarlo y, es obligación del Estado efectivizar nuestros derechos fundamentales, hacer que se cumplan en el marco de la igualdad;

La situación de violencia en Bagua, fue producto de una desinteligencia humana, que pasa algunos factores importantes:

• Ausencia de presencia efectiva del Estado Peruano respecto de los derechos de las comunidades indígenas y nativas, no me estoy refiriendo individualmente a qué presidente de la República del Perú, sino al Estado como tal, pues es este asunto de política de Estado y no tanto de políticas de gobierno. La política de gobierno dura mientras esté vigente el gobierno que la concibió, mientras que la política de Estado obedece a un interés nacional que determina el anhelado bienestar común por lo que debe conservarse en forma permanente. En cambio las políticas de Estado es todo aquello que un gobierno desea implementar en forma permanente, para que trascienda a través del tiempo sin que se vea afectada por uno o varios cambios de gobierno.

• Provocación e información errónea a las comunidades indígenas respecto al destino de sus tierras, hecho que deberá investigarse a fondo para llegar al derecho a la verdad. La sociedad peruana tiene derecho a saber la verdad, qué Instituciones y qué personas fueron responsables de este cometido y adoptar las medidas correctivas al respecto.

• Falta de voluntad política de parte del Parlamento Nacional para derogar los decretos legislativos cuestionados y demandas, a sabiendas que ello originaria una situación de violencia, siendo ésta previsible, y, habiéndolo advertido los propios legisladores no solo nacionalistas que fueron los que más incidieron en el tema de la derogatoria sino también de otras bancadas. No resolver la situación en la oportunidad debida es una desinteligencia humana total. La sociedad peruana deberá tomar en cuenta este hecho para no volver a elegir a legisladores que no son capaces de representar los intereses del país con dignidad.

• Un acto de intransigencia en ambas partes, sí esta violencia se ha suscitado es porque no se supo dialogar, hubo intolerancia e inflexibilidad para plantear las resoluciones del caso. La intransigencia es la antítesis de la tolerancia y del dialogo constructivo.

Audiencia temática ante la CIDH

En la audiencia temática Nº 16 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo el pasado 03 de noviembre 2009, representantes del Estado y peticionarios (ONGs de DDHH), abordaron dos temas puntuales: [1]

1º.- Derechos humanos en la Amazonía peruana

Participantes: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, Estado de Perú, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESP), ORPIAN

País: Perú

Tema: Derechos de los Pueblos

2º Derecho a la consulta de los pueblos indígenas de Perú

Participantes: Estado de Perú, Instituto de Defensa Legal (IDL), Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle

País: Perú.

Temas: Derechos de los Pueblos Indígenas

En lo que respecto al primer tema, los representantes del Estado[2]protestaron porque en la comunicación cursada al Estado Peruano, no se precisó abordar el tema de Bagua, ello originó reacciones de extrañeza en los propios representantes del Estado. Acto, seguido, la CIDH aclaró en el sentido de que si bien es cierto no se precisó expresamente que en dicha audiencia, se trataría un punto relacionado con el tema Bagua, el Estado debió prepararse, toda vez, que al tratar el tema "los derechos humanos en la Amazonía Peruana" era de suponerse que el punto de Bagua se trataría sin que sea especificado. Agregó la CIDH que ello no debe ser sorpresivo para el Estado ya que todo está reglado en aplicación del artículo 41º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[3]

De otro lado, la CIDH, aclaró que el hecho de solicitar el estado actual de las investigaciones judiciales respecto al caso Bagua, ello no reporta una interferencia en la independencia y autonomía de los órganos del Estado, porque la CIDH tiene la obligación de velar por los derechos humanos de la región y más aún cuando tal situación ha sido puesta en conocimiento de la propia Comisión, ello en virtud de las competencia de ser un órgano supranacional de protección de los derechos humanos. En dicha audiencia la CIDH la solicitó al representante del Poder Judicial y al Ministerio Público información acerca de las denuncias que se vienen investigando sobre las lesiones a los civiles y muertes suscitadas en Bagua.

Se hizo hincapié a temas pendientes como la vigencia de los decretos legislativos que motivaron la violencia en Bagua y la preocupación de cuándo aproximadamente el Estado Peruano estaría emitiendo el informe la comisión de la verdad conformada para investigar los hechos en Bagua. Sobre este punto, los peticionantes subrayon que el Estado no ha dado muestras de avance alguno, y el mandato de la Comisión de la Verdad termina en diciembre,

Luego del diálogo, en definitiva el Estado precisó que jamás se van a negar a concurrir a estas audiencias, pero solicitó actuar con reglas de transparencia, se precisó que en el Perú se vive una democracia representativa y que hay respeto por todos los órganos constitucionales.

Asimismo, descargó que los hechos de Bagua obedecieron a una campaña malévola de difamación, en donde intervinieron algunas ONGs de DDHH y Congresistas opositores al gobierno.

Que el Estado peruano, viene presentando demandas contra las Instituciones ya sea del Perú y en el extranjero que desprestigiaron la imagen de la Nación en todo el mundo, colgando información en las páginas Web y además vienen solicitando la reparación civil por el daño ocasionado. Acotó además sobre la mesa de diálogo que esperan en este espacio formular las alternativas de solución.

De otro lado, los peticionantes agregaron que en el Perú hay una constante situación de discriminación, se viene incentivando medidas para hacer ingresar a las empresas transnacionales territorios de las comunidades nativas pasando por alto el derecho a la consulta previa. Así mismo, solicitó al Estado Peruano que cumpla con adoptar las medidas para resolver los conflictos sociales que aquejan a las comunidades.

Con relación al segundo tema abordado, los peticionantes sostuvieron:

• 1. Hay un incumplimiento sistemático por parte del Estado cuya actitud es causa de los conflictos sociales.

• 2. Escasa normatividad interna  que desnaturaliza el Derecho a la Consulta. El derecho a la consulta es un derecho específico distinto al de participación. Los procedimientos participativos, o de dialogo e informativos no es derecho a la consulta.

• 3. No existe una voluntad estatal para aprobar una legislación interna acorde con los estándares internacionales en materia del derecho a la consulta a las comunidades nativas y pueblos indígenas.

• 4. En el país existe una dispersa normatividad que regula el tema de participación y proceso de dialogo y se han configurado como si esto fuese derecho a la consulta.

• 5. Se ha desarrollado una serie de reglamentos que han sido denominados "Consultas a los Pueblos Indígenas" pero en la práctica no ha sido así.

• 6. El Estado no puede probar que tiene una legislación  que desarrolle el derecho a la consulta sobre todo con anterioridad a la disposición de los territorios de las comunidades nativas y pueblo indígenas

• 7. La normativa interna  es inadecuada, insufienciente  y por ello se han originado conflictos sociales.

• 8. Se señalo que un aproximado del 40% de los conflictos sociales se debe  al incumplimiento del derecho a la consulta lo que demuestra la ingobernabilidad en el país. Bagua fue un caso de ingobernabilidad.

• 9. Existe jurisprudencia del TC sobre el derecho a la consulta.

• 10. Algunas recomendaciones formuladas a la CIDH y al Estado Peruano:El Estado debe tener en cuenta sus  obligaciones internacionales y en los compromisos asumidos con ocasión de esta audiencia temáticaQue el Estado asegure la participación de las comunidades indígenas en el debate del proyecto de ley sobre el derecho a la consulta  antes de ser aprobado por el congreso.

• 11. Que el proyecto de ley sobre el derecho a la consulta sea remitido a la comisión  interamericana de  DDHH a efectos de que se estudie la compatibilidad de su contenido con los estándares internacionales en materia del derecho a la consulta antes de la aprobación por el Congreso.

• 12. Que el  Estado puede proponer un mecanismo de participación de carácter permanente y no comisiones ad hoc como se viene haciendo  a la fecha.

• 13. Medidas de reparación a las comunidades nativas y pueblos indígenas  en casos de haber realizado proyectos sin consentimiento de ellos.

• 14. Acuerdo de una agenda respecto a la titulación de las tierras y asegurar que el Ministerio de Energía y Minas  consulte la titulación de los predios antes de otorgar licencia para ejecutar proyectos.

• 15. Que se centralice el registro de propiedad en el Perú.

• 16. Cese de inmediato el otorgamiento de concesiones  para la explotación y exploración de los Recursos naturales en territorios de las comunidades sin consulta previa.

• 17. Por su parte el Estado peruano,  hizo una exposición global, el Ministro Aurelio Pastor subrayo respecto a los decretos legislativos que son instrumentos que utiliza el poder ejecutivo para expedir normas en el marco de la delegación de facultades legislativas concedida por el Congreso. 

• 18. Que el parlamento con una votación  calificada puede derogar esos decretos legislativos.  En una democracia la mayoría adoptar las decisiones. El  gobierno ha decido a la mesa de dialogo tales decretos. 

• 19. Que el proyecto  de la interoceánica es el proyecto mas grande que viene ejecutando el gobierno  integrando el sur andino zonas en donde se concentra el mayor índice de exclusión  y protesta y ha sido aceptado por los alcaldes y gobiernos regional del sur. (…)

Reflexionando luego de escuchar el audio de ésta audiencia temática, podemos apreciar, en primer lugar, que la representación del Estado peruano debe ser un poco más celoso con la compatibilidad de las normas internacionales pero sobre todo tener en cuenta la naturaleza y función de los órganos supranacionales, pues luego de reclamar a la funcionaria de la CIDH respecto que el tema Bagua no fue precisado formalmente para tratarlo en dicha audiencia, era de suponerse que el tema Bagua no podía pasar por alto, más aún cuando el tema convocado a desarrollar era "Los derechos humanos de la Amazonía Peruana", no se puede concurrir a una audiencia de éste nivel desconociendo la naturaleza y función de los órganos supranacionales, cuya labor no es propiamente la de un Ministro de Estado sino de todo el cuerpo diplomático y/o funcionarios adscritos ante éstos órganos, y quienes tienen el deber de enterar al Ministro o a cualquier otra autoridad que representa al Estado a efectos de que su participación sea de mayor contundencia.

Ante el reclamo formulado por representante del Estado, la funcionaria de la CIDH dejó claramente establecido y de forma ecuánime, la aplicación del artículo 41º de la Convención Americana de Derechos Humanos para precisar por qué el tema Bagua era un punto que se debatiría aunque no habría sido explícitamente detallado en la comunicación formal al Estado; este tipo de situaciones deben evitarse a toda costa, porque la imagen del Perú también está en juego desde ésta perspectiva. Esta reflexión es dada con todo desprendimiento de alguna situación personal siendo básicamente académica la posición.

Por otra parte tiene mucha lógica lo que ha sostenido el Ministro del Estado, al decir, que se demandará a Instituciones que propiciaron la campaña de desinformación a nivel internacional con relación a los hechos de Bagua, punto que abordaremos más adelante.

De otro lado, también lógica la demanda hecha al Estado en dicha audiencia de adoptar con mayor celeridad las medidas que resuelvan los conflictos sociales. Estoy segura que en la forma o de la forma cómo el Estado afronte la situación Bagua y otros, será un precedente negativo o positivo para nuestra sociedad, ello va a depende de la eficacia con que actúe el Estado a través de sus poderes y órganos para evitar posteriores situaciones de violencia en el país.

Una última reflexión el Estado tiene mucho por hacer, que ésta situación de Bagua, conduzca a una mayor presencia estatal, dedicación y sobre todo aprender a trabajar con las comunidades nativas y pueblos indígenas del país.

Sobre la Imagen Internacional y la naturaleza de los órganos supranacionales de protección de los Derechos Humanos

Desde el punto de vista de las obligaciones de los Estados frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está el de "cooperar con las instancias intencionales" ello implica proporcionar información oportuna, pertinente y veraz respecto de la situación general de los derechos humanos en el Estado o respeto de un hecho particular del que el órgano internacional esté conociendo.

Significa brindar las informaciones que se estimen pertinentes cuando un Organismo Internacional a través de sus mecanismos de protección esté conociendo un caso de violación de derechos humanos.

Otra forma de cooperar es en el caso de las Visitas In Loco. Así por ejemplo: la visita que realizó el Comité contra la Tortura en nuestro país, agosto y septiembre de 1998, con el objetivo de recabar la mayor información posible respecto a una práctica sistemática de tortura en el Perú. Para tal propósito, el Estado Peruano brindó las facilidades del caso permitiendo visitar los centros de detención (delegaciones policiales, establecimientos penitenciarios, la base naval del Callao) entrevistas con las presuntas víctimas de actos de tortura.

Aunque no es necesario que los relatores soliciten autorización al País que se quiera visitar para la constatación de una violación de derechos humanos; sin embargo, la práctica internacional aconseja que a través de la Diplomacia, se solicite la autorización del Estado que se pretende visitar, porque es importante que sepan que están siendo observados por la comunidad internacional y ello, facilita además que el relator pueda cumplir con su labor.

Esta práctica diplomática responde al principio de cooperación de los Estados para con la comunidad internacional. A continuación un extracto de la visita del Relator de las Naciones Unidas en asuntos indígenas al Gobierno de Perú.

En lo que respecta a la visita del Sr. James Anaya[4]en definitiva, el gobierno peruano sabía de forma anticipada, la llegada del relator de las Naciones Unidas a nuestro país.

Con la llegada del relator, sin duda el gobierno aceleró un acta de entendimiento con los pueblos indígenas, la propuesta de derogatoria de los decretos legislativos, el mensaje a la Nación, la respuesta del parlamento para derogar los decretos cuando apenas días atrás se mantuvo en la posición tajante e inflexible de no hacerlo. ¿Qué paso entonces?

Indudablemente, la presencia de la comunidad internacional en el Perú, cambia radicalmente la postura del gobierno nacional, en el sentido de dar un paso hacia atrás y proponer la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 994, de otro modo, hubiese sido muy difícil de reestablecer la Paz en la Nación, toda vez, que el clima político en el Perú estaba muy convulsionado.

Acciones adoptadas por el gobierno a consecuencia de la presencia del relator.-

• Atendiendo a los hechos ocurridos el 05 de junio 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Organizaciones Internacionales, y el Grupo Parlamentario Nacionalista cursaron comunicaciones de urgencia al Relator de las Naciones Unidas James Anaya, para solicitar su visita al Perú y verificar In Situ los hechos ocurridos en Bagua.

• El Grupo Parlamentario Nacionalista, mediante Oficio Nº 089-2008-2008-GPN-FOP/CR, de fecha 05 de junio 2009, se envió una comunicación escrita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informando sobre la situación en Bagua y el pronunciamiento inmediato.

• Con fecha 17 de junio 2009, el Relator sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas, Prof. James Anaya visitó el Congreso de la República, específicamente a la Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar y recomendar lineamientos y políticas para solucionar la problemática de los Pueblos Indígenas Amazónicos y Comunidades Campesinas de la Sierra.

• Luego fue recibido por miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República en la Sala de Embajadores, acudieron a la cita, los Señores Congresistas: José Vargas Fernández, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder Bedoya, Marisol Espinoza Cruz, Jhonny Lescano, Víctor Mayorga, Raúl Castro. Acto protocolar de saludo, en el que los señores congresistas presentes, dieron sus puntos de vistas al relator de las Naciones Unidas, algunos con pruebas documentadas. En dicho acto, se observó también algunas fricciones entre congresistas, que denotaron poco nivel de educación frente a una visita internacional.

• El mismo día de la visita del Relator de las Naciones Unidas al Perú y en su visita protocolar al Congreso de la República, el gobierno peruano realizó dos hechos concretos e importantes:

• 1. Con Oficio Nº 152-2009-PR, el Presidente Alan García Pérez y Yehude Simon Munaro, presentaron al Congreso de la República el proyecto de Ley que propone derogar los decretos legislativos 1090 y 994 a horas 1.45 PM recepcionado por el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República asignado con Número 3340/2008-PE

• 2. Un mensaje a la Nación en horas de la noche del 17 de junio, cuyo texto se reproduce a continuación. [5]

Se reproduce a continuación el comunicado emitido al respecto:[6]

• El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas concluye visita al Perú 19 de junio de 2009 Lima, Perú – En los últimos días se han seguido dando pasos decisivos encaminados a la solución a los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el camino del diálogo, como la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron a la tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, a concluir su visita al Perú.

• El Relator Especial realizó una visita de 3 días al Perú del 17 al 19 de junio de 2009 a fin de observar, comprender y analizar la situación que se produjo en Bagua, Departamento de Amazonas, el 5 de junio y los días inmediatamente posteriores, así como los hechos que generaron esta situación.

• Hago llegar mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas así como mi solidaridad con las personas que resultaron heridas en estos lamentables sucesos y reitero el llamado que realicé en mi comunicado del 10 de junio de 2009 para que se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas así como que cualquier demostración o manifestación se efectúe de forma pacífica respetando los derechos humanos de todos, dijo el Relator Especial.

• Durante la visita el Relator Especial realizó reuniones con los miembros del Congreso, diversos Ministros, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y con representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, inclusive en la región de Bagua. El Relator Especial agradece la invitación y el apoyo del Gobierno del Perú así como todas las facilidades que recibió de su parte para la realización de la visita, y considera que demuestra un gesto de buena voluntad y apertura del Gobierno peruano.

• El Relator Especial toma nota de las investigaciones llevadas a cabo y actualmente en curso por el Ministerio Público y las averiguaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo, así como la iniciativa para establecer una comisión de investigación del Congreso de la República, para aclarar los hechos del 5 de junio. Sin embargo, durante las reuniones que ha llevado a cabo durante la visita, el Relator Especial ha recibido versiones divergentes y hasta antagónicas en cuanto a los sucesos en Bagua y de las circunstancias en que éstos se produjeron.

• El Relator Especial considera que es necesario realizar un esclarecimiento e investigación completa y objetiva sobre estos hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido. A este fin, el Relator Especial recomienda que se establezca una comisión especial e independiente, conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo, recomienda que se de consideración a la participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta comisión especial. El esclarecimiento de los hechos es esencial para la creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes, enfatizó el Relator Especial.

• Esta comisión especial propuesta es sin perjuicio de las investigaciones que deben desarrollar las instituciones de la administración de justicia para determinar de manera objetiva, exhaustiva e imparcial, las responsabilidades civiles, administrativas y penales que corresponden. El Relator Especial considera que la realización de la justicia es un elemento fundamental para restaurar un ambiente propicio para la solución de los problemas de fondo que aquejan los pueblos indígenas de la Amazonía.

• El Relator Especial exhorta a las diferentes instancias que administran justicia a que realicen su trabajo conforme a los estándares internacionales aplicables a la administración de justicia en un Estado de Derecho, especialmente las garantías de independencia, prontitud e imparcialidad. Es importante, en este sentido, que todas las partes tengan claridad sobre los cargos imputados, los lugares donde las personas están detenidas, y la jurisdicción donde se realizarán los procesos; y que los acusados gocen efectivamente de todas las garantías de debido proceso, especialmente la garantía de una defensa legal adecuada y efectiva, así como que se aseguren condiciones adecuadas de detención.

• Además, el Relator Especial recomienda que se profundice el proceso de diálogo iniciado. Entre los aspectos sustantivos del diálogo debería incluirse el relativo a los otros decretos legislativos que han preocupado a los pueblos indígenas y son susceptibles de afectarles, así como los otros temas de fondo que dichos pueblos han planteado en las diferentes instancias de diálogo hasta ahora.

• En el proceso de diálogo deberían estar representados todos los actores relevantes, y los pueblos indígenas a través de sus representantes libremente elegidos por ellos mismos.

• La transparencia del diálogo es esencial para que sea fructífero. En este sentido, debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutable los acuerdos a que se lleguen y para resolver las cuestiones que se susciten durante el proceso.

• Como una medida de creación de confianza para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda revisar las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas cuya participación en el dialogo es indispensable.

• Asimismo, tanto el proceso como los acuerdos a que se lleguen deben estar inspirados y ser compatibles con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, inclusive aquellos sentados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, el cual ha sido ratificado por el Perú. El Especial Relator recomienda, en este sentido, que se recurra a la asesoría técnica de la OIT y de otros organismos internacionales.

• El Relator Especial nota que el Perú tiene ahora una oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales en la aplicación interna de los criterios y principios establecidos en los instrumentos internacionales aplicables, en particular, en lo que se refiere a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, de cualquier medida que dichos pueblos consideren pueda afectar sus derechos.

• El Relator Especial destaca la importancia que el proceso de solución de esta situación se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en el Perú.

• Finalmente, el Relator Especial reitera su disponibilidad e interés de realizar una visita posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de examinar la situación general de la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas del país, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Ello nos permite reflexionar, que toda solución a las controversias se logra mediante el diálogo estructurado y con disposición y voluntad política de enrumbar los destinos de la Nación hacia el cauce de la justicia social que todos anhelamos como peruanos.

Cuan importante es mantener una imagen sólida a nivel internacional, un país que no respeta los derechos humanos, no es pasible de crédito y apoyo internacional que son indispensables para todo país en desarrollo, más aún cuando, hay necesidad y apremio de satisfacer derechos sociales y combatir la pobreza extrema.

Toda sanción moral que provenga de la comunidad internacional afecta la dignidad de la Nación y restringen la posibilidad de un eficaz desarrollo como país. Esta imagen también se ha de salvaguardar con la emisión de informaciones inexactas a la comunidad internacional; es sabido que algunas ONGs informan de forma tergiversada los hechos, desnaturalizadamente, pero no menos cierto es que también los gobiernos emiten informaciones pretendiendo ocultarlo todo.

Es saludable, oportuna la decisión del Estado peruano de iniciar demandas a los que resulten responsables por la imagen desprestigiada del país a la que conllevó la situación de Bagua. Ello va a sentar un feliz precedente de que ninguna organización y/o Institución o lo que fuese, tenga derecho alguno de lastimar la dignidad de todos los peruanos.

Sobre este punto, quisiera rescatar lo que afirmó también el Ministro de Justicia del Perú en la audiencia temática del 03 de noviembre 2009, ante la CIDH "Nosotros no nos van a negar a concurrir, vendremos todas la veces que sean necesario, pero con reglas de transparencia".

Esta acotación que hace el señor Ministro, ha de ser válida para todos los actores, los peticionantes, las instancias internacionales pero principalmente el Estado, porque tiene el dominio de información, toda vez, que se quiere evitar que utilicen todo el aparato estatal para violar derechos humanos de los peruanos.

En el caso del Perú, el relator no se refirió a actos de genocidio, pero sí fue enfático al señalar "…que el Perú tiene ahora una oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales en la aplicación interna de los criterios y principios establecidos en los instrumentos internacionales aplicables, en particular, en lo que se refiere a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, de cualquier medida que dichos pueblos consideren pueda afectar sus derechos".

Con esto el relator, le está diciendo al Estado Peruano, que no se olvide que como Estado es parte de tratados internacionales de derechos humanos y que asumió de buena fe los compromisos internacionales para respetar los derechos humanos de todos los peruanos, compromiso que no se puede quebrantar por la falta de voluntad política de los gobiernos cuando están llamados a cumplirlas y exigidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Relator Especial destaca la importancia que el proceso de solución de esta situación se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en el Perú.

Sobre el accionar del Parlamento Peruano con relación al tema Bagua

Esta situación motiva un acto de reflexión en el Parlamento, toda vez, que tuvo varias oportunidades para derogar los decretos legislativos y no lo hizo. El error que conlleva una responsabilidad política es no resolver la situación en la oportunidad debida. Finalmente, toda ésta situación conllevó a una Moción de Censura contra el premier y la Ministra del Interior.

El Parlamento técnicamente censuró al gabinete actual, es lamentable que algunos congresistas se hayan abstenido de votar en la moción de censura, cuando debieron emitir su voto a favor o en contra.

No se estaba debatiendo un proyecto de ley, sino ejerciendo un mecanismo de control parlamentario por la evidencia de una responsabilidad política que ameritó la censura, por no haber planteado soluciones concretas en la oportunidad debida, ello es desprovista de toda condición personal, aquí estaba en juego los planteamientos de parte del gobierno para solucionar el tema Bagua evitando finalmente la violencia del que hemos sido testigos y que lamentaremos de por vida.

El Parlamento es un órgano soberano constituido mediante elecciones periódicas, libres e imparciales para velar por el gobierno de un pueblo. Como órgano soberano está facultado para legislar y mantener las políticas y las medidas del poder ejecutivo bajo un escrutinio constante. ¿Por qué se dice que el Parlamento es el primer poder del Estado? Porque el parlamento no sólo proporciona un marco constitucional a nuestros derechos fundamentales sino que establecen además el marco jurídico que garantiza la independencia y autonomía de los poderes y órganos constitucionales del Estado; por consiguiente, es el imperio de la Ley, pilar básico de un Estado de Derecho, de la democracia y la protección de los derechos humanos, de ahí que el parlamento es el primer poder del Estado.

La Constitución de 1993 en su artículo 90º señala: "(…) para ser elegido Congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad y gozar del derecho de sufragio…" Nuestra constitución no dice nada más al respecto, por consiguiente, cualquier persona con éstos mínimos requisitos podría postular no sólo al Congreso sino también a la Presidencia de la República, porque en el artículo 110º de la CPP, señala que: "(…) para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener mas de 35 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio."

Con esta redacción constitucional cualquier ciudadano puede ser legislador e incluso presidente de la República. Cabe hacernos la siguiente pregunta ¿La exigencia de calidad en la representación nacional nos puede llevar a perpetrar un acto de discriminación, prejuicio social, rechazo al orígen, raza y cultura de las personas?

Algunos indicadores para la exigencia de una mejor calidad en la representación nacional:[7]

• Que, el parlamento exprese una diversidad cultural, porque los indígenas no son extraterrestres, son seres humanos como nosotros y peruanos con una identidad cultural a la que se debe todo el respeto. Un parlamento Multicultural exige la aplicación de la tolerancia, porque la diversidad de opiniones y enfoques que no siempre suelen ser la de un jurista, políticos con trayectoria, con dominio de oratoria. Nos hemos mal acostumbrado a escuchar a los que supuestamente más saben y dejar de lado a los nuevos políticos que comienzan su carrera prácticamente sentenciados. Es indudable que ha habido serias decepciones de políticos antiguos y nuevos o relativamente nuevos, es sabido además, que no articulan bien sus palabras, se enredan y finalmente no saben cómo proyectar su intervención y otros se duermen en las sesiones plenarias o de las comisiones de trabajo e incluso algunos ni siquiera intervienen, no se les conoce, renuncian a sus cargos y otros dicen que no el parlamento no les inspira ¿Para qué postularon entonces? Son éstos los casos que nos puedan motivar una seria reflexión para que en otra oportunidad podamos escoger con mayor responsabilidad y sobre todo que los propios partidos políticos asuman la mea culpa de sus propios errores que en lugar de fortalecer la democracia vienen deteriorándola. No quisiéramos volver a la década de los 90, cuando el debilitamiento de nuestros partidos políticos no pudo hacer frente a una dictadura impuesta clausurando el congreso y demás Instituciones democráticas.

• Por calidad de legisladores, se ha de entender, a personas que no importando de dónde sea su procedencia, sean limeños, provincianos e indígenas, tenga una acreditada solvencia moral, una demostrada vocación por la democracia y el respeto a los derechos humanos así como también el ejercicio de una profesión y trayectoria política o participe activamente en un partido político, sea coherente con la ideología de su partido sin que ello signifique ser inflexibles a nuevos cambios de tiempos modernos y mundo globalizado pero que no hagan perder su esencia ideológica.

• Hay que partir de una premisa que al Parlamento, quienes resulten legisladores, no van a ir a aprender o a improvisar discusiones y/o decisiones políticas sobre realidad nacional, sino a fortalecer el órgano legislativo. De ningún modo, ésta exigencia, contraviene con el derecho que tiene toda persona a elegir y ser elegidos. Es responsabilidad nuestra, conocer a nuestros futuros legisladores, qué trayectoria política, que virtudes tuvo dentro de su vida pasada tienen, si en verdad, queremos que nuestro Parlamento sea eficiente y respetable, el orden de las cosas ha de cambiar, es decir, voy al Parlamento no para aprender sino para contribuir y fortalecer su investidura.

• El Parlamento no es una escuela de aprendizaje, no está formando políticos porque para eso están los partidos políticos. El Parlamento necesita de políticos debidamente formados, no importa la profesión que uno tenga, recordemos que el parlamento es el foro político por excelencia y se llega con la convicción de que vamos a trabajar por el Perú y no en función de intereses de elites o de carácter personal o lo peor de todo postular al parlamento con el miramiento de que es un "gran negocio lucrativo porque se gana mucho y se hace poco". Esto es una de las impresiones de la ciudadanía en general, lo que ha motivado que los Altos funcionarios públicos tengan una escala de sueldos y trabajen con austeridad. Sin embargo, mal haríamos en comprender a todos los legisladores en esta última aseveración, siempre hay honrosas excepciones.

El parlamento además necesita de personas que conozcan nuestra realidad nacional desde lo más profundo del Perú.

• Nuestro Parlamento requiere de líderes políticos que permita el enriquecimiento de los debates y una mejor elaboración de proyectos de leyes que reflejen el interés nacional así como también, una eficiente labor de fiscalización.

• Nosotros como país hemos tenido legisladores sin trayectoria política, que haciendo uso de popularidad en otros medios han llegado a ser parlamentarios, completamente improvisados que se inscriben en partidos políticos o son invitados pero sin trayectoria sólo porque tienen popularidad que resulta ser en la práctica un plus adicional a otros ingredientes para ser legisladores. En la práctica política quien tiene popularidad es casi seguro que será legislador, entonces podemos decir "popularidad es a legislador". La ciudadanía deber aprender elegir por la calidad humana, política y profesional de los candidatos y no tan solo por su carisma y don de oratoria. Por ello, resulta conveniente establecer una reforma constitucional integral y no por partes. La Constitución es un solo cuerpo normativo y cada artículo, disposición constitucional se articula entre sí.

El artículo 90º como bien se ha descrito, ha de contemplar otros requisitos que puedan permitir la elección de legisladores con mayor calidad de representación. Pero en caso, de que no sea un profesional pero tiene una acreditada solvencia moral, vocación democrática, trayectoria política o que se encuentre activo en un partido político, es decir, que trabaje o haga una carrera política dentro de un partido, creo que resultaría una interesante opción a elegir y evitaría una proliferación de candidatos al parlamento así como la vaya electoral actual.

De otro lado, no siempre un buen político es aquel que tiene una larga trayectoria en la política, porque en ocasiones caen en la monotonía, por cuanto, creen saberlo todo, y no se actualizan, no son capaces de ampliar sus horizontes de comprensión y sensibilidad social, de interrelacionarse con los pueblos del Perú mas olvidados y sentarse a legislar de sus curules sin conocer las necesidades existentes de aquellos que exigen verse representados y no lo son. "

• Tampoco un buen político es aquel que lanza su postulación a ser parlamentario y luego se arrepiente y busca los medios para renunciar ¿En donde quedó entonces su compromiso con la ciudadanía que lo eligió?

• Debemos afianzar nuestra cultura democrática y aprender a vivir en democracia, recordemos lo que dijo la Unión Interparlamentaria Declaración Universal sobre la Democracia, El Cairo, septiembre de 199, párrafo 3 " Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de conseguir esos objetivos; es también el único sistema político capaz de corregirse así mismo"[8]

¿Cómo aprendemos a vivir en democracia?

La Presidencia de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, a cargo de la Congresista de la República del Perú, Sra. Cenaida Uribe Medina, publicó el 10 de diciembre 2008, un texto de difusión denominado " Hacia una cultura de valores y de respeto por la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".

La revisión y elaboración de este texto estuvo a mi cargo, en mi calidad de asesora del Despacho de la Congresista Uribe Medina[9]de aquel entonces, un trabajo que se llevó a cabo coordinadamente con la presidencia de la Comisión de Educación. En este texto, en el Modulo III denominado "Democracia y Derechos Humanos", se encuentran los 10 ingredientes para aprender a vivir en democracia que a continuación se detalla:

10 Ingredientes

1. RECONOCER TUS CUALIDADES Y CAPACIDADES.- Nos permitirá saber hasta dónde hemos avanzado y qué nos falta por recorrer. ¿Cómo eres? y ¿cómo deseamos ser?

2. EMPRENDER UN CAMINO A SEGUIR.- El ser humano debe aprender a trazarse metas, objetivos, proyectos en la vida y escoger los escenarios en donde vamos a aplicar nuestras cualidades y capacidades, brindando un servicio de calidad. Ello requiere de un esfuerzo individual y colectivo, aquí se aplica la solidaridad, el apoyo mutuo que nos falta concientizar.

3. TRANSPARENCIA.- Es una exigencia de comportamiento debido en todas las personas, más aún en nuestros líderes políticos, autoridades y gobernantes. La transparencia va de la mano con la honestidad y lealtad. Hay que actuar con la verdad.

4. EL ACTO DE RECONOCER QUE SOMOS CAPACES DE EQUIVOCARNOS EN LA VIDA SE LLAMA HUMILDAD.- En nuestro país nos falta humildad, pues si el más capaz y sabio se equivoca no quiere decir que haya dejado de serlo, sino por el contrario, el reconocer que nos equivocamos es una gran virtud que dignifica al ser humano y nos hace grandes.

5. ACEPTAR QUE SOMOS UN PAIS HETEROGÉNEO CON CULTURAS DIVERSAS.- Usamos las palabras cholo, serrano, indio, negro, como expresiones despectivas para discriminar y agredir la dignidad de las personas. ¿Es un delito o vergüenza pública ser negra, chola, indígena, serrana, selvática? NO. Pero SI es un delito y vergüenza pública ser terrorista, discriminadora, corrupta, violadora, asesina.

6. APRENDIENDO A ESCUCHAR.- El sólo hecho de escuchar a alguien ya es un acto de entrega y servicio a los demás. Es el desprendimiento de los asuntos personales o laborales para ceder parte de nuestro valioso tiempo e invertirlo en alguien que clama ser escuchado o ser oído. ¿Sabias que aprendiendo a escuchar inicias una cultura por la tolerancia?

7. TENER EL VALOR DE PERDER Y LA HUMILDAD PARA GANAR.- Si participas en una elección popular y no ganas ¡acéptalo! Es parte del respeto a la voluntad popular y de nuestra cultura democrática. Si se gana en una elección popular no es motivo para jactarnos ni humillemos a quien compitió juntos con nosotros. Aceptar con humildad el triunfo y mostrarnos agradecidos con quienes nos han elegido.

Recordemos que hemos triunfado para trabajar por los demás y no para nuestros intereses personales.

8. APRENDIENDO A DEBATIR.- El debate, la discusión alturada, enriquece la cultura de todo ser humano. Pero debatir con altura significa primero conocer el tema y no atacando a la persona, ni con palabras o gestos. Se necesita no solo elocuencia sino ecuanimidad para debatir. Si no te gusta lo que se dice, hay formas para llamar al entendimiento, pero sin agresión verbal ni física. ¡Debatir con altura significa demostrar que tenemos cultura!

9. SÉ PACIFICO.- Para reclamar nuestros derechos no necesitamos lastimar el derecho de los demás. Levantemos la voz de protesta frente a alguna injusticia, indignación, el derecho a la huelga no tiene por qué ser agresivo y violentar el derecho de los demás. Cerrar las calles, quemar llantas, apedrear a la gente, dañar los bienes públicos y privados o hacer espectáculos poniendo en riesgo la vida, la salud y la libertad de los demás no es digno de aplausos. No es muestra de cultura ni de respeto a los demás.

10. TENER EL CORAJE DE DENUNCIAR UN HECHO ILICITO.- No te vuelvas cómplice.

¿Qué pueden hacer los Parlamentarios en materia de Derechos Humanos?[10]

Los parlamentarios pueden:

• Alentar el debate parlamentario sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, particularmente aquellas en las que se centra "el debate público".

• Alentar el debate dentro de su propio partido político sobre cuestiones de derechos humanos y las obligaciones del país en esta materia.

• Organizar campañas locales, regionales o nacionales para mejorar el conocimiento en derechos humanos

• Participar en debates en la televisión, radio, reuniones o conceder entrevistas en derechos humanos

• Escribir artículo en derechos humanos académicos y/o periodísticos.

• Establecer relaciones con las ONG y otras entidades nacionales dedicadas a los derechos humanos para movilizar a la opinión publica y, cuando, proceda elaborar estrategias de información en materia de DDHH

• Organizar o participar en talleres, seminarios, reuniones y otros eventos en su circunscripción electoral a favor de los derechos humanos.

• Apoyar las campañas locales en DDHH

• Aprovechar el Día Internacional de los Derechos Humanos para dar a conocer al público sobre puntos de importancia en DDHH.

• Establecer contactos con parlamentarios de otros países con el fin de intercambiar experiencias, información sobre casos satisfactorios y enseñanzas extraídas así como debatir posibilidades de cooperación bilateral o multilateral, particularmente en relación con la violación de los derechos humanos que exijan la cooperación transfronteriza como es el caso de trata de personas, la migración o las cuestiones sanitarias.

• Velar porque el parlamento participe, por conducto de las comisiones competentes, en la labor del Consejo de Derechos Humanos (antes Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas)

• Asegurarse de que el Parlamento sea informado de toda negociación en marcha sobre nuevos tratados de derechos humanos y de que tenga la oportunidad de contribuir a esas negociaciones

• Velar porque el Parlamento, por conducto de las comisiones competentes, señale las violaciones de los Tratados de Derechos Humanos que se cometan en otros países y, cuando proceda, invite al gobierno a presentar una denuncia entre Estados

• Participar en misiones de observaciones en elecciones y otras misiones internacionales de derechos humanos

• Cerciorarse de que el Parlamento sea informado de toda negociación internacional cuyo resultado pueda influir negativamente en la capacidad del país para cumplir sus obligaciones de derechos humanos y, si procede preguntar al Gobierno cómo se propone salvaguardar ese cumplimiento.

La situación de violencia en Bagua y el CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue fundado, hace casi un siglo y medio, como comprobación de esa triste realidad. Su finalidad es tratar de mantener un poco de humanidad en medio de la guerra. Se guía por el principio de que incluso la guerra tiene límites: límites en el modo de hacer !a guerra y límites en el comportamiento de los combatientes. Las normas estipuladas al efecto, refrendadas por casi todas las naciones del mundo, son conocidas como derecho internacional humanitario, y su piedra angular son los Convenios de Ginebra.

los Estados han asignado al CICR un cometido especial. En el constante diálogo que mantiene la Institución con los Estados, pone siempre de relieve su independencia, pues, sólo si tiene libertad de acción con respecto a los Gobiernos u otras autoridades, puede velar por los intereses reales de las víctimas de los conflictos, esencia de su misión humanitaria

CICR nació de una iniciativ privada suiza, pero su ámbito de acción y su cometido son internacionales. La organización tiene delegaciones y misiones en unos 80 países en el mundo. Su personal está integrado por unos 11.000 colaboradores, casi todos oriundos de los países donde la Institución realiza actividades. En la sede en Ginebra (Suiza), trabajan cerca de 800 personas cuyas actividades son prestar el apoyo esencial para las operaciones del CICR en el terreno y supervisar la realización de esas operaciones así como definir y hacer aplicar la doctrina y la estrategia institucionales.

Las delegaciones del CICR en el terreno cubren un país o, en el caso de las delegaciones regionales, varios países. Despliegan diferentes actividades, teniendo en cuenta la situación y las necesidades de cada país. Por ejemplo, realiza actividades relacionadas con:

• 1. La protección y la asistencia de las víctimas de situaciones reales o inminentes de conflicto armado o de violencia (personas civiles, personas privadas de libertad, familias dispersas, heridos y enfermos); Bajo este principio, el Comité Internacional de la Cruz, intervino en los hechos acontecidos en Bagua.

• 2. La acción preventiva, la cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como la coordinación y la diplomacia humanitarias.

Las delegaciones actúan, asimismo, como importantes sistemas de alerta temprana para que el CICR pueda, en cuanto se desencadene un conflicto armado o un acto de violencia armada, responder a las necesidades de forma inmediata y efectiva.

El CICR es una organización humanitaria independiente, neutral e imparcial. Mediante los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977, valiosos sucesores del primer Convenio de Ginebra de 1864, ha recibido de los Estados el cometido de prestar protección y asistencia a las victimas de los conflictos armados.

El CICR se diferencia en su cometido y su estatuto jurídico de las organizaciones intergubernamentales, tales como los organismos de las Naciones Unidas, y de las organizaciones no gubernamentales. Con las autoridades de casi todos los países donde trabaja ha suscrito acuerdos de sede con sujeción al derecho internacional. Gracias a éstos, el CICR goza de privilegios e inmunidades, tales como la inmunidad contra procedimientos jurídicos —que lo exime de procedimientos administrativos y judiciales— y la inviolabilidad de sus instalaciones, archivos y otros documentos, que habitualmente sólo se conceden a las organizaciones intergubernamentales. Son indispensables para el CICR porque garantizan dos principios esenciales para su acción: la neutralidad y la independencia. El CICR firmó un acuerdo con Suiza, por el que se refrenda su independencia y su libertad de acción con respecto al Gobierno de este país.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está presente y activo en casi todos los países del mundo y está integrado por unos 100 millones de miembros y voluntarios. Debe su unidad a los Principios Fundamentales que guían su acción —humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad—, los cuales son una referencia universal para todos sus miembros. Las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen una finalidad esencial: prevenir y aliviar, sin discriminación, los sufrimientos del ser humano y proteger su dignidad.

El Movimiento está integrado por:

• 1. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR);

• 2. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales); y

• 3. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de ia Media Luna Roja (Federación Internacional).

El CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales de todos los países son organizaciones independientes. Cada institución tiene sus propios estatutos y ninguna tiene autoridad sobre las otras. Se reúnen cada dos años en el Consejo de Delegados. Celebran también una Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en principio cada cuatro años, con los representantes de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

Los participantes en la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en 2003, convinieron en la realización de un programa de acción humanitaria en el término de cuatro años, antes de la XXIX Conferencia, que ha de celebrarse en 2007.

El CICR, es el órgano fundador del Movimiento. Además de desplegar actividades operacionales para proteger y asistir a las víctimas de la guerra, es el promotor y el guardián del derecho internacional humanitario. Vela también por el respeto de los Principios Fundamentales. En colaboración con la Federación Internacional, organiza las reuniones estatutarias del Movimiento.

Es el promotor y el guardián del DIH, y basa su labor en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977.

Estos instrumentos internacionales confieren al CICR el derecho a realizar ciertas actividades, como socorrer a los combatientes heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas, visitar a los prisioneros de guerra, restablecer el contacto entre familiares separados por un conflicto, prestar asistencia a la población civil y procurar que las personas protegidas por el derecho humanitario reciban un trato digno.

Principios Fundamentales del CICR

Los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo guardián es el CICR, fueron proclamados* oficialmente en la XX Conferencia Internacional de la Cruz. Roja, celebrada en Viena el año 1965. Son los siguientes:

Humanidad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.

Independencia

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento.

Voluntariado

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a iodos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad

El Movimiento Internacional de !a Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.

Con relación a los hechos acontecidos en Bagua no es propiamente un conflicto armado interno para los efectos de una aplicación del Derecho Internacional Humanitario, pero sí reviste una situación de violencia particular por su naturaleza y empleo de armas de los actores, hecho que obligó al CICR bajo el principio de neutralidad e independencia, disponer la ayuda necesaria para visitar a las personas detenidas en la ciudad de Bagua Grande con el objeto de "verificar las condiciones de su detención", debido a los enfrentamientos que el pasado 5 de junio 2009, dejó a varias personas fallecidas y a decenas de heridos.

Recordemos que el DIH es el conjunto que protege a las personas que no participan o han dejado de participa en las hostilidades.

Establece restricciones en el uso de las armas y los métodos de guerra. Tiene por objeto proteger la dignidad humana y limitar el sufrimiento en tiempo de guerra. También se lo conoce como derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados.

El DIH es una de la herramienta poderosa con que cuenta la comunidad internacional para garantizar la seguridad y la dignidad de las personas en tiempo de conflicto armado. Su finalidad es que, incluso en la guerra, se preserve al menos un mínimo de humanidad.

El DIH, limita o prohíbe las armas que causan sufrimientos excesivos e innecesarios. Además, obliga a las partes en conflicto a:

• 1. Distinguir entre combatientes y no combatientes, y abstenerse de ataca a la población civil.

• 2. Prestar protección y asistencia a los heridos y los enfermos, y proteger al personal sanitario.

• 3. Garantizar que se preserve la vida, la integridad física y (a dignidad de los prisioneros de guerra y de los internados civiles, y permitir que los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los visiten.

La aplicación del DIH es básicamente a los conflictos armados internacionales, es decir, cuando hay un enfrentamiento beligerante entre dos países; conflicto armado no internacional cuando en el territorio de un país hay enfrentamiento entre las FFAA del Estado y grupos organizados.

Es evidente que la situación de Bagua no recaía en la naturaleza de un conflicto armado no internacional, pero la función del Comité Internacional de la Cruz, como guardián del DIH, actuó no en vías de una aplicación normativa sino humanitaria. Esta ayuda también fue solicitada a través del Despacho de la Parlamentaria Marisol Espinoza Cruz, solicitando la presencia del CICR a efectos de aminorar ésta situación de violencia proporcionando su apoyo humanitario a las comunidades indígenas y policía nacional, victimas de la violencia acaecida.

El CICR también se esfuerza para respaldar y fortalecer la capacidad de trabajo de las Sociedades de la Cruz Roja de la región en caso de situaciones de disturbios y tensiones internos.

A continuación comunicado completo de fecha 11 de junio 2009:

A raíz de enfrentamientos entre efectivos policiales y alrededor de 2.000 indígenas que bloqueaban desde abril la carretera peruana de Bagua Grande, el 5 de junio se registraron en Bagua, departamento de Amazonas, decenas de muertos, centenas de heridos, detenidos y un número indeterminado de personas que han perdido el contacto con sus familiares.

Ante las graves consecuencias humanitarias generadas a partir de estos acontecimientos, la delegación del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú, en su papel de intermediario neutral e independiente, despliega, junto con la Cruz Roja Peruana (CRP), las siguientes acciones en favor de las personas afectadas:

• El CICR se encuentra visitando a las personas detenidas en la ciudad de Bagua Grande, departamento Amazonas, y a las que fueron trasladadas a la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con el objeto de verificar las condiciones de su detención y de ser el caso, formular -en forma bilateral y confidencial- las recomendaciones necesarias a las autoridades pertinentes.

• El CICR, preocupado por las personas que habrían perdido contacto con sus familiares, está elaborando, a partir de las informaciones proporcionadas por algunos familiares, una base de datos de personas sobre las cuáles no se tienen noticias por el momento, con el objetivo de intentar restablecer esos contactos.

• Un equipo del CICR, acompañado por personal de la CRP, ha evaluado las necesidades médicas. Ante el colapso de algunos centros de atención, entregó suministros médicos de urgencia a los hospitales de Bagua Grande y Bagua Chica, así como a la clínica de la Policía Nacional del Perú en la zona.

• El CICR se mantiene atento ante las necesidades humanitarias que pudieran presentarse en los próximos días y permanecerá en el terreno realizando las gestiones necesarias para contribuir, en la medida de sus posibilidades, con la ayuda humanitaria que pudiera ser requerida. Esto se realiza de manera complementaria a la labor de las instituciones estatales.

El Comité Internacional de la Cruz, viene desplegando todos los esfuerzos para difundir la aplicación del DIH, recordar que por mandato de la ley 27771, determina la enseñanza obligatoria del DIH en todos los Institutos educativos civiles y militares, por consiguiente, las universidades peruanas tiene la obligación de adecuar en sus respectivas mayas curriculares, la enseñanza obligatoria y no electiva del DIH.

La comunidad académica, debe asumir este deber de difundirlo en las cátedras, en sus investigaciones, artículos, eventos, cursos de especialización, maestrías, doctorados, entre otros.

Es parte de nuestro deber como sociedad fomentar la difusión en tiempos de paz la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Es sabido que para el caso de Bagua la norma aplicable es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y no el DIH.

Es importante, que funcionarios del Estado, interactúen con el DIH, toda vez, que estos conflictos de carácter social, mañana más tarde pueden adquirir la connotación de conflicto armado no internacional cuya competencia está bajo el DIH. No esperemos a que ello ocurra, las medidas preventivas son las que deben primar hoy día y la disposición de solucionar dichos conflictos mediante medios pacíficos.

Conclusión

La situación de violencia en Bagua ha demostrado que estando en un gobierno democrático, no hemos aprendido a la fecha a vivir en democracia. Debemos esforzarnos por tener una cultura democrática en nosotros mismos, de lo contrario, seguiremos siendo presa fácil en el curso de nuestra historia constitucional de gobiernos dictatoriales y de ideológicas recalcitrantes, "la dictadura es el perfecto ladrón de la paz" y exacerbar la mente de los demás e incitarla a la violencia es un verdadero crimen contra la paz y los derechos humanos, quien hace esto no tiene condición para liderar ni mucho menos gobernar una nación, es la desinteligencia humana por excelencia".

La igualdad es un derecho básico para la realización del ser humano; es a su vez el que funda la universalidad de los derechos humanos. Recordemos lo que dijo Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, discurso presentado en la Universidad de Teherán en el día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1992. "Los derechos humanos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas las naciones; son universales".

La Tolerancia, es un valor poco practicado, de ahí la discriminación entre los humanos. A través de la tolerancia ponemos en práctica todos los demás valores, si no sabemos tolerar no hemos aprendido a escuchar, y si no sabemos escuchar no hemos aprendido a respetar y por ende lastimamos la dignidad humana. La tolerancia no distingue raza, género, opinión, ideología. Es aceptar y comprender a tu prójimo como tal.

La democracia sólo es posible con la igualdad, justicia, dignidad y libertad en un mundo tolerante y armonioso. Las políticas de los Estados solo serán eficaces con la praxis de las normas jurídicas manteniendo la identidad étnica y cultural en el mundo actual.

Nuestras comunidades indígenas y nativas son parte de nuestra sociedad y del sistema democrático, resistirse a aceptarlo es no tener vocación democrática y denigrar su condición y por ende su dignidad que es también la nuestra. No son ni deben seguir siendo un mundo aislado, el Estado debe esforzarse a perfeccionar un proceso de integración entre todos los peruanos y nosotros como sociedad debemos asumir el compromiso democrático y firme de trabajar por ellos e integrarnos y respetar sus derechos fundamentales de la misma manera como nosotros exigimos que se nos respete.

No hay una política de reconciliación nacional, después de los ocurrido con la violencia terrorista no se ha trabajado de manera contundente a reconciliar a los peruanos en especial a las comunidades que son las que más sufrieron en ese conflicto armado interno.

Lo que ha sucedido en Bagua es debido a la ausencia de una política de reconciliación e integración nacional. La reconciliación nacional no pasa por ideologías, si eres de derecha o de izquierda o centro, pasa por el hecho de que todos los peruanos tengamos la decisión de vivir en paz y en armonía con nuestros gobernantes y hermanos.

El Estado y la sociedad debemos de deponer todo interés personalísimo y comenzar a construir un futuro de integración, ser una nación sólida con valores, con autoridad moral, sólo así vamos a vencer toda injerencia o intromisión de gobiernos o personas que tengan interés en destruirnos como país. "Una nación sólida jamás será vencida ni siquiera con las peores ideologías recalcitrantes, porque habremos levantado como peruanos la bandera de la paz y de la reconciliación".

Apuntemos a ser un Estado amante de la Paz y de los derechos humanos de todos, sin excepción; que nuestra preocupación como Estado y sociedad sea por todos los peruanos, incluyendo a los militares, policías, indígenas. En Bagua se han cometido asesinatos a policías y de la peor forma, y a indígenas, hechos que no pueden quedar impunes. Exigimos una respuesta pronta y sobre todo conocer la verdad. Si no hay verdad no puede haber reconciliación ni mucho menos perdón.

Los parlamentos y los parlamentarios pueden contribuir de manera considerable a los esfuerzos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos. En este mundo globalizado las decisiones adoptadas a nivel internacional tienen repercusiones cada vez mayores en las políticas nacionales y limitan el alcance de la adopción de decisiones nacionales.

El parlamento tiene la gran responsabilidad de elaborar sus leyes basados en consensos y realidades atendibles, legislar por el interés nacional, legislar bien, lo cual, significa que se conozca e interprete adecuadamente lo que se va a legislar para que no sean susceptibles de una acción de inconstitucionalidad, lo cual, deja un mal precedente. Cuando una ley es declarada inconstitucional quiere decir, que los legisladores no saber legislar, porque la ley que aprobaron va en contra de la Constitución, no se puede tener un parlamento que no se conozca así mismo. Sobre ello, la sociedad peruana deber ser más prudente para elegir a quienes nos representen.

El término "democracia" también se utiliza ampliamente no sólo para designar una forma de organización política, sino una forma de convivencia y organización social menos vertical y más horizontal, con relaciones igualitarias entre sus miembros. (…) Existen muchas variantes del concepto de democracia, algunas de ellas llevadas a la realidad y otras sólo hipotéticas. En la actualidad los mecanismos de democracia más extendidos son los de la democracia representativa de hecho se trata del sistema de gobierno más utilizado en el mundo.

Particularmente me llena de un profundo pesar que tengamos que esperar a que un relator venga a nuestro país a tratar de conciliar las posturas de ambas partes. Ello merece que reflexionemos, porque no damos una buena imagen como Estado al no solucionar nuestros propios conflictos sociales o de cualquier otra índole, por el contrario, es dar a demostrar que no se tiene capacidad de gobierno. Esta situación debe evitarse, procuremos consolidarnos como Estado fuerte que no es lo mismo a un Estado dictador o antidemocrático. Un Estado fuerte es capaz de gobernar, solucionar, representar, reconciliar y trabajar de la mano con la sociedad y la comunidad internacional, pero sobre todo un Estado capaz de integrar a los peruanos.

No estamos es una situación de ingobernabilidad, por el contrario, pero Bagua debe ser para el Estado y la Sociedad una reflexión profunda que reflejen las enmiendas necesarias de ambas partes para construir una sociedad mas justa y de respeto.

La democracia también es vista como una forma de vida, porque implica que las personas y los gobernantes adoptemos actitudes y modos de conducta o comportamientos que tienen como base valores sobre la dignidad de la persona humana, tales como la tolerancia, disposición de escuchar al otro, espíritu reflexivo y juicio personal, sentido de diálogo, admitir la opinión del otro, reconocer los derechos de los demás y a no atropellarlos, desarrollo de una libertad responsable con decisión propia y autodisciplina. Si no aprendemos a comportarnos de esta manera, entonces el sueño de un país totalmente democrático solo será eso: un sueño.

Recordemos las palabras del jurista Alfredo Quispe Correa [11]"(…) Hay que estar alertas. La lucha por el derecho no es un acto súbito ni espontáneo. Hay que abrir los ojos. Salir al frente cuando se intenta desvirtuar los contenidos democráticos. Como hacen los jóvenes esta tarde en el debate académico, para perfilar una sociedad donde los derechos humanos se desarrollen sin otros límites que los del derecho ajeno. La convocatoria docente tiene la virtud de aclarar ideas y promover una voluntad juvenil para alcanzar ese orden justo que nosotros soñamos y se nos escapó entre las manos. No es un reproche. Ni es un acto de contrición. A mi generación la asaltó iguales desazones e hizo propuestas para humanizar la vida. Esos esfuerzos fueron quedando en el camino, y hoy, otra generación, la de estos jóvenes, plantea críticas fundadas a un orden inequitativo con nuevos y mejores argumentos. Y hay que apoyarlos para que algún día esa vehemente, terca y rediviva actitud de Sísifo logre que la piedra quede en su cimiento para siempre. En el mito de Sísifo la condena es eterna. En la visión de estos jóvenes tiene un fin próximo

Bibliografía

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. DESCUBRA AL CICR. GINEBRA 2006

JUAN PABLO II. ENCÍCLICA "EVANGELIO DE LA VIDA" A LOS OBISPOS A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS A LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS A LOS FIELES LAICOS Y A TODAS LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD SOBRE EL VALOR Y EL CARÁCTER INVIOLABLE DE LA VIDA HUMANA. ROMA, 1995.

LESLY LLATAS RAMIREZ. "DISCRIMINACIÓN, DERECHO A LA INTIMIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CASO DE LA CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA HILARIA SUPA HUAMAN (MAYO 2009) PUBLICADO EN: WWW.USMP.EDU.PE / FACULTAD DE DERECHO/ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS/ REVISTA ON LINE.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. "LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS". NACIONES UNIDAS, NEW YORK Y GINEBRA 2006.

TRANSCRIPCIÓN DE LOS DEBATES DE LAS SESIONES PLENARIAS Y DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. mayo- junio 2009

pagina web consultada: www.un.org

Anexo

CRONICA

I.- INICIO DEL CONFLICTO SOCIAL.-

• Mediante carta Nº 113-AIDESEP-2009, de fecha 13 de marzo 2009, la Asociación Interétnica de desarrollo de la selva peruana (AIDESEP) comunica a la Presidencia del Consejo de Ministros a cargo del Sr. Yehude Simon Munaro, su preocupación por la falta de voluntad política del gobierno para atender y resolver los problemas históricos de los Pueblos Indígenas del Perú.

• En el tenor de su comunicación, AIDESEP manifiesta además que de parte del Poder Ejecutivo y de la Presidencia del Consejo de Ministros no hay la menor voluntad política de establecer un diálogo franco y democrático que conlleve a encontrar soluciones a la infinidad de problemas por los que atraviesan los pueblos indígenas en materia de sus derechos territoriales, reconocimiento y titulación de comunidades tradicionales, educación, salud intercultural y de calidad; implementación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio Internacional 169 –OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

• De otro lado, solicitan la implementación del procedimiento de consulta en los procedimientos administrativos que lleva a cabo el gobierno y que afectan los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se hace alusión en dicha carta acerca de la constante agresión y discriminación del gobierno a los pueblos indígenas, iniciando procesos judiciales y/o detenciones arbitrarias.

• Mediante Oficio Nº 344-2009-PCM/SC, de fecha 24 de marzo 2009, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su contestación a la carta Nº 113-AIDESEP-2009, se señala que es prioridad para el gobierno garantizar el dialogo alturado y democrático. Se le cursa la invitación a AIDESEP a una reunión de trabajo a fin de retomar el dialogo. La reunión había sido programa para el día 30 de marzo a horas 5:00 PM.

• Mediante Carta 160-AIDESEP-2009, de fecha 30 de marzo 2009, AIDESEP contesta que no puede reunirse por atender asuntos institucionales y solicita que se precise una agenda a tratar en dicha reunión.

Convocatoria para la movilización indígena.-

• Con fecha 05 de Abril 2009, AIDESEP, convoca a una movilización indígena para el 09 de abril 2009, en mérito del XXI congreso nacional de dicha Institución, espacio en el que se acordó declararse en movilización permanente frente a las agresiones del gobierno contra los pueblos indígenas.

FECONACO y su organización regional (ORPIO) y nacional (AIDESEP) convocaron a todas sus bases a movilizarse el 09 de abril desde las 00 horas hasta lograr conseguir la plataforma de lucha siguiente:

• 1. Vacancia del Presidente de la República, por incumplimiento de sus compromisos políticos con el pueblo peruano.

• 2. Reforma Constitucional, para restituir el carácter inalienable e inembargable de los territorios indígenas.

• 3. Derogatoria de los decretos legislativos que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.