Análisis comparativo entre el sistema educativo de Argentina y Nicaragua (página 2)

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1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN

La Constitución de la República de Nicaragua (1995) establece que "La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad; y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad." (Artículo 116).

La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica. Se fundamenta en los valores nacionales; en el conocimiento de la historia y de la realidad del país; de la cultura nacional y universal y en el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica. (Artículo 117).

"El Estado promueve la participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación, y garantiza el apoyo de los medios de comunicación social a la misma." (Artículo 118).

"La educación es función indeclinable del Estado. Corresponde a éste planificarla, dirigirla y organizarla. El sistema nacional de educación funciona de manera integrada y de acuerdo con planes nacionales. Su organización y funcionamiento son determinados por la ley." (Artículo119).

La educación, deseable por sí misma, es un factor primordial, estratégico, prioritario y condición indispensable para el desarrollo social y económico del país. Asimismo, es un derecho universal, un deber del Estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedades autónomas, justas y democráticas. La educación es el activo productivo más importante que la mayoría de la gente puede adquirir en su vida. Constituye junto con la inversión en salud, nutrición y vivienda, la mayor contribución a la calidad de vida.

Los objetivos de la educación son los de equipar a la población con competencias, que incluyen habilidades cognoscitivas y no-cognoscitivas, conocimientos, y actitudes necesarias para tener una vida productiva y plena, y completamente integradas en la sociedad y comunidad.

En la Ley Federal de Educación (1993) se encuentran contenidos los siguientes principios y criterios que fijan los lineamientos de la política educativa del Estado nacional:

El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincracias locales, provinciales y regionales.

El desarrollo social, cultural, científico y tecnológico y el crecimiento económico del país.

La concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación; la gratuidad y obligatoriedad de la educación (diez años), así como la erradicación del analfabetismo mediante la educación de los jóvenes y adultos que no hubieran completado la escolaridad obligatoria.

El establecimiento de las condiciones que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia social pluralista y participativa, entre ellas el derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y enseñanza de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza.

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2. PRIORIDADES Y PREOCUPACIONES ACTUALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN

Existen políticas y reformas educativas distintas en los tres subsistemas del país (la educación superior, la educación técnico-profesional y los programas del Ministerio de Educación – MINED), aunque cada uno de ellos hace referencia a la política global del Gobierno. Los dos subsistemas que están fuera del Ministerio de Educación – MINED son autónomos e independientes: la formación y capacitación profesional (bajo el Instituto Nacional Tecnológico – INATEC) está dirigida a jóvenes mayores de 14 años y adultos; la educación superior atiende a los estudiantes que cumpliendo los requisitos de ingreso hayan aprobado el quinto año del ciclo diversificado de educación media (bachillerato).

Los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación, dados a conocer a fines de junio de 1990, se constituyeron en la clave para delinear las políticas y estrategias educativas de cara a construir el nuevo modelo de educación. Se perfila de esta forma la educación del decenio de los años noventa, a través de los grandes principios siguientes:

? Rescatar el verdadero sentido de la formación de la persona;

? Educar para la democracia y la paz;

? Educar para el desarrollo;

? Educar para la familia. En este marco, se planteó en primer término la tarea de la transformación curricular, centrada en una profunda revisión de los contenidos educativos, eliminando el contenido político característico de la etapa anterior, con el pretexto de una educación neutra. En segundo lugar, sobresale la autonomía escolar como una característica distintiva del nuevo modelo.

En el año 1992, el Ministerio de Educación estableció las estrategias de desarrollo educativo referidas a: mejorar los índices de calidad de la educación primaria; superar la baja calidad en la formación docente y, por ende, en los aprendizajes de los alumnos; impulsar la transformación del currículo; superar la debilidad en la capacidad administrativa; replantear la educación de adultos y las tareas de alfabetización. (Véase: Lucio Gil, 1997a).

El proyecto Sistema de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (SIMEN, iniciado en 1992 por la UNESCO y financiado por los Países Bajos), ha servido como estrategia incisiva para el mejoramiento de la educación nacional. Sus tareas se han centrado básicamente en apoyar: la transformación curricular; la formación y capacitación de los maestros; la micro-planificación participativa; y la modernización tecnológica en la gestión educativa.

La política curricular ha orientado todo el proceso de transformación iniciado en 1992, propugnando por un cambio profundo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en las prácticas educativas, trascendiendo una pedagogía tradicional, centrada en el maestro que enseña y dirige, para llegar a una pedagogía activa centrada en la participación del educando y en su desarrollo.

La transformación curricular tiende al mejoramiento cualitativo de la educación al contribuir a: repensar la escuela en la óptica de una gestión más eficaz; favorecer la integración de la familia, la escuela y la comunidad; promover la innovación en el currículo favoreciendo nuevas formas de aprendizaje; integrar experiencias de aprendizaje, contenidos y técnicas, en congruencia con la política curricular; enriquecer el currículo nacional con los aportes propios de la cultura nacional, de la realidad de los alumnos y del medio local; lograr aprendizajes de conocimientos, actitudes, valores y destrezas pertinentes, con significado y utilidad; utilizar un nuevo concepto, criterios y técnicas para evaluar los aprendizajes; y promover el aprovechamiento de los recursos del medio para facilitar los aprendizajes.

Los principales ejes de formación multidisciplinaria del currículo están centrados en valores cívicos, culturales, morales y espirituales, comunes hoy en todos los procesos de modernización curricular en marcha en América Latina: la educación para el medio ambiente, la salud e higiene; la educación en población; los derechos humanos; la educación para la paz y la democracia; la educación para el trabajo; y el enfoque de género.

Al formular su Plan Nacional de Desarrollo Sostenible para el período 1996-2000, el Gobierno propuso lo siguiente: En cuanto a la educación general básica y media, se pretendía:

? Incrementar la cobertura del sistema escolar, otorgando prioridad a la implementación efectiva de la educación primaria universal, con énfasis en las áreas rurales y en la educación de la niña;

? Mejorar la calidad de la educación y elevar los índices de retención y aprobación, priorizando los primeros cuatro grados de primaria (con incrementos anuales de 2% en el índice de retención y de 3% en el nivel de aprobación), y aumentando la efectividad en la transmisión de las habilidades básicas (lectura, escritura y aritmética);

? Promover la formación de valores morales sociales, democráticos, culturales y cívicos;

? Elevar la calidad de vida del docente, con una atención particular en los más pobres.

Para el logro de estos objetivos, la estrategia de desarrollo del sector tenía que centrarse en las siguientes áreas de acción:

? Ampliar la participación de la sociedad civil, mediante: i) la implementación plena de la modalidad de autonomía escolar y de administración delegada a nivel de consejos de padres de familia; ii) la extensión de la descentralización administrativa del nivel municipal al departamental; iii) la promoción de asociaciones de padres de familia, consejos directivos, consejos consultivos y consejos educativos municipales; iv) la modernización y flexibilización del marco legal, con el fin de facilitar la autonomía escolar, la municipalización y las iniciativas de la sociedad civil en el campo de la educación; v) la realización de campañas de comunicación, dirigidas a toda la sociedad, para realzar la importancia de la educación y movilizar la participación de la sociedad civil en las tareas educativas.

? Mejorar la captación y asignación de recursos, a través de las acciones siguientes: i) priorizar la provisión de educación primaria universal y gratuita en la utilización de los recursos del estado; ii) rehabilitar las instalaciones escolares, y asegurar su buen uso y mantenimiento, promoviendo la participación de las comunidades; iii) corregir los desequilibrios existentes entre el campo y las ciudades; iv) focalizar los esfuerzos de alfabetización en las mujeres de 15 a 25 años, y los programas de preescolar en las zonas rurales y en las urbanas marginales; v) recuperar una parte de los costos en los centros estatales de educación secundaria y universitaria, de acuerdo a la capacidad de pago y mérito de los estudiantes; vi) contener los costos y aumentar la eficiencia en el sector educativo estatal.

? Mejorar los contenidos y métodos educativos, por medio de: i) la reforma del currículo de educación primaria; ii) el suministro de textos escolares para todos los alumnos de las escuelas públicas del país; iii) la ampliación de los programas de experimentación e innovación educativa; iv) el impulso de una estrategia extraescolar a nivel de la educación preescolar, apoyada en educadores voluntarios; v) la continuación del proceso de educación preventiva integral contra las drogas, responsabilidad sexual y defensa del medio ambiente; vi) la promoción de la formación vocacional y la orientación ocupacional; vii) el desarrollo de un sistema nacional para medir, en forma independiente de los centros escolares, los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes, y para evaluar la eficacia de las distintas modalidades educativas.

? Capacitar y promover al personal docente, a través de las acciones siguientes: i) mejorar los sistemas de capacitación para los maestros de primaria, a los niveles de escuelas normales, capacitación remedial, y actualización continua; ii) profesionalizar a los maestros de primaria que actualmente ejercen sin título; iii) proveer incentivos para que los mejores maestros enseñen en los primeros y segundos grados; iv) revisar la Ley de Carrera Docente, especialmente en lo que se refiere al nexo del salario con el nivel de capacitación, la promoción y las pensiones de retiro; y, v) continuar otorgando incentivos económicos para los maestros de secundaria a través del bono financiado por aportes voluntarios de los padres de familia.

? Fortalecer la capacidad institucional para mejorar la eficiencia y eficacia administrativa del Ministerio de Educación.

En cuanto al sub-sistema de formación y capacitación profesional, se pretendía:

? Consolidar al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), ente regulador y formulador de políticas de capacitación, y como administrador de los fondos de capacitación aportados por las empresas y/o asignados por el presupuesto;

? Estudiar la posibilidad de separar de INATEC las actuales funciones relacionadas con la ejecución de programas de capacitación, organizándolas en instituciones autónomas a ser contratadas por INATEC;

? Mejorar el marco normativo para facilitar el libre desarrollo de diversas ofertas alternativas de capacitación, y definir mecanismos más competitivos para acceder a los fondos de capacitación;

? Perfeccionar un sistema normalizado de competencias laborales que permita describir las capacidades de los individuos en forma homogénea;

? Desarrollar un sistema nacional de certificación de competencias laborales, en colaboración entre el sector privado y el Gobierno;

? Promover programas de becas y pasantías en el exterior para capacitación en áreas claves;

? Perfeccionar mecanismos de coordinación y programación que faciliten la identificación de las necesidades del sector empresarial y su incorporación sistemática dentro de los programas de capacitación ofrecidos. (De Castillo Urbina, 1997b).

A partir del 2001 se ha iniciado el Proyecto de Reforma Educativa, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre los componentes se destacan el Plan Nacional de Educación 2001-2015, la modernización de sistemas de información y la reforma de la educación secundaria.

El propósito del Plan Nacional de Educación (PNE) es dotar al país de un marco de referencia para guiar los cambios en el sistema educativo, enfrentar los retos de la superación de la pobreza y fortalecer la modernización del Estado, a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible del país con mayor equidad. Específicamente, el PNE busca definir los principios de la educación nicaragüense para los próximos quince años, promoviendo un proceso participativo para la articulación de los subsistemas educativos entre sí (formales y no formales) y con el medio social y económico. Dado el carácter de marco de referencia que tiene el Plan, no incorpora proyectos y programas como tales, los cuales por su naturaleza dinámica y mutable deberán pensarse y generarse en forma congruente con el mismo por los diferentes actores del proceso educativo. El Plan ha sido elaborado en forma participativa, involucrando organizaciones de todo tipo, tomando como referencia la Estrategia Nacional de Educación, las necesidades de mayor capital social y humano para el desarrollo sostenible y la superación de la pobreza, así como la estrategia del Gobierno de privilegiar la educación como un medio indispensable para la reducción de dicha pobreza. El diagnóstico del sistema educativo muestra deficiencias en la cobertura y falta de capacidad física y financiera para atender a la población en edad escolar obligatoria, así como para absorber el incremento vegetativo de la población.

Uno de los problemas más sentidos es la falta de pertinencia del currículo, el cual no responde a la realidad de las regiones, sobre todo las rurales y las autónomas de la Costa Atlántica. Los docentes no tienen un salario adecuado ni tampoco un reconocimiento social de su labor, lo cual no favorece una motivación para su desempeño. El gasto e inversión en educación básica y media sigue siendo muy bajo. Es necesario continuar incrementando los recursos nacionales e internacionales para impactar positivamente en la cobertura y la calidad de la educación, especialmente en los estratos socioeconómicos más vulnerables. Los niveles de pobreza influyen fuerte y negativamente en el acceso a los diferentes niveles del sistema educativo actual. A mayor pobreza se tienen menos oportunidades de acceder a los programas educativos. De hecho, la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo actual es un embudo que está en función de la pobreza. En conclusión, el diagnóstico del sistema y el tipo de educación actual no es alentador ya que re-produce la estructura de pobreza, y tiende a mantener las desigualdades económicas y sociales.

El PNE 2001-2015 se inspira en nueve principios generales:

? La educación es un derecho humano fundamental. El Estado tiene el deber indeclinable de garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y promoción para todos, tal como lo establece la Constitución.

? La educación es creadora y forjadora del ser humano y de valores sociales, ambientales, éticos, cívicos, humanísticos y culturales, orientada al fortalecimiento de la identidad nacional. Reafirma el respeto a las diversidades religiosas, políticas, étnicas, culturales, psicológicas y de género, y a los derechos de los demás para la convivencia pacífica. En ese sentido, contribuirá a crear y fortalecer la identidad Centroamericana.

? La educación será un proceso integrador, continuo y permanente, organizado en un sistema nacional que articule los diferentes subsistemas, niveles y formas del quehacer educativo.

? La educación se regirá de acuerdo con un proceso de administración y gestión articulado, descentralizado, participativo, eficiente, transparente, como garantía de la función social de la educación, sin menoscabo de la autonomía universitaria.

? El centro educativo es el lugar de encuentro de los sujetos del proceso de enseñanza aprendizaje y el eje integrador de los procesos técnicos pedagógicos de gestión y participación.

? La educación es una inversión en las personas, fundamental para el desarrollo humano, económico, científico y tecnológico del país, y debe establecerse una necesaria relación entre la educación y el trabajo.

? El estudiante es el artífice de sus propios aprendizajes, en interacción permanente con sus maestros y maestras, compañeros y compañeras de estudio y con su entorno.

? El maestro es factor clave y uno de los principales protagonistas del proceso educativo; tiene derecho a condiciones de vida y trabajo, de acuerdo con la dignidad de su elevada misión.

? Es deber y derecho de madres y padres de familia, instituciones, organizaciones y demás integrantes de la sociedad civil, participar activamente en la planificación, gestión y evaluación del proceso educativo, dentro de la realidad nacional, pluricultural y multiétnica.

Sobre la base de los diagnósticos, la Estrategia Nacional de Educación y los principios, los lineamientos estratégicos del Plan para el sistema educativo son los siguientes: elevar la calidad de los aprendizajes; asegurar condiciones dignas y actualización de los educadores; enfatizar la innovación, ciencia y tecnología; promover mayor relevancia y diversificación de la educación; incrementar la cobertura, acceso y equidad de la educación; y fortalecer la modernización institucional y gestión educativa.

En síntesis, el PNE busca crear un sistema relevante para el desarrollo vigoroso y sostenible de la sociedad, con mayor equidad, así como para profundizar y hacer permanente los procesos democráticos. Para esto es necesario que la educación básica y técnica sean integrales y tengan mayor cobertura. La educación superior debe jugar un papel clave en impulsar la generación, adaptación y adopción de los conocimientos y tecnologías que coadyuven al desarrollo y a la superación de la pobreza. Si bien al Estado, en sus diferentes niveles, le corresponde una responsabilidad de primer orden en relación con la planificación, administración y financiación del sistema educativo, el logro de los propósitos, estrategias y metas de un Plan de esta naturaleza, sólo será posible si éste se convierte en un gran compromiso nacional por la educación, que una vez adoptado habrá de concretarse en compromisos territoriales, sectoriales e intersectoriales así como en el diseño de programas y proyectos financiados con fondos internos y externos. (MINED, 2001).

En el 2004 el Ministerio de Educación (MINED) definió tres políticas educativas dirigidas a solucionar los problemas de educación existentes, coadyuvar al proceso de democratización, alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y económico, y mejorar la calidad de vida de la población.

Transformación Educativa: Relevancia y Calidad: La Transformación Estructural del Sistema Educativo constituye un pilar fundamental de las Políticas de Educación Básica y Media. El objetivo que se persigue es elevar la calidad de la educación en el país, orientando los aprendizajes hacia la vida y el trabajo, y transformando el sistema educativo de manera que éste adquiera una estructura articulada, flexible y relevante para los territorios, la nación y los estudiantes mismos.

Ampliación/Diversificación de la Oferta y Estímulo a la Demanda: Acceso y Equidad: El objetivo de esta política es el de ampliar la cobertura del sistema educativo dando especial atención a los niños, jóvenes y adultos más pobres, asegurando calidad y equidad en la distribución de oportunidades para la educación.

Transformación de la Gobernabilidad: Transparencia y Eficiencia: El sector educativo necesita transformar y modernizar sus estructuras institucionales, sus procedimientos administrativos y operativos así como sus sistemas de incentivos y supervisión, para obtener mejores resultados en términos de cobertura, calidad y relevancia de la educación. El objetivo de esta política es resolver el problema de gobernabilidad del Sistema Educativo, desarrollar el proceso de descentralización territorial de la educación, y concluir el proceso de autonomía escolar. La nueva estructura institucional del MINED debe facilitar los procesos de cambio, promover los espacios democráticos para la toma de decisiones, responder a las necesidades locales y la autogestión. Es necesario mejorar la forma en que la productividad del sistema escolar está organizado, y crear una orientación hacia resultados. Para esto, es condición indispensable llevar a cabo un sustantivo proceso de descentralización de las funciones y recursos humanos, materiales y financieros.

La aprobación de la Política Nacional de Descentralización y Desarrollo Local en el 2003, los objetivos de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP), y del Plan Nacional de Educación (2001-2015), así como el Plan Nacional de Desarrollo del 2003, proveen a Nicaragua el marco de políticas necesarias para impulsar la descentralización de la gestión educativa.

Argentina es una República democrática que durante varios períodos de su historia reciente vivió diversas interrupciones políticas al proceso democrático, con consecuencias críticas para su economía y el conjunto de la sociedad. Con el restablecimiento de la democracia y el proceso de reforma del Estado se generan condiciones propicias para el mejoramiento sustantivo del sistema educativo. Sin una mejora educativa será imposible que la nueva estructura del Estado y las reformas económicas, logren por sí solas el objetivo del desarrollo sostenido. Con ese fin la transformación está orientada en torno a la complementación de los siguientes objetivos: la consolidación de la identidad nacional; el afianzamiento de la democracia; la generación de crecientes niveles de justicia social; el aumento sostenido de la productividad, la eficiencia y la competitividad.

Existe consenso acerca de que el papel de la educación en la conformación actual de la ciudadanía no se agota en la esfera política del voto, de la representación y de la igualdad formal ante la ley. La educación debe transmitir valores que preparen a los ciudadanos para ser miembros activos de una comunidad organizada y para una convivencia basada en el respeto por la diversidad, el pluralismo y la tolerancia. La generación de crecientes niveles de justicia social implica otorgar a la educación un papel activo en la disminución de las desigualdades sociales. En esta línea, se hace hincapié en una distribución democrática de saberes socialmente válidos y de las credenciales que los acreditan como parte fundamental de la contribución de una sociedad verdaderamente integrada.

Toda política de crecimiento tiene un alto contenido de capital humano. Desde esta perspectiva, la educación y la producción y difusión de conocimientos presentan un carácter central en el proceso de desarrollo tecnológico y en el incremento de la competitividad de los individuos y de la nación.

Una de las líneas de acción es la federalización educativa que, como proceso de conducción política, apunta a profundizar la cohesión del sistema educativo nacional. La descentralización tiene como fin mejorar el gobierno y la gestión de la educación y generar procesos de formación acordes con las diversas realidades. La descentralización constituye uno de los ejes principales de la actual gestión educativa. Dentro de ella se inscribe como una etapa la transferencia gestora de los servicios educativos a los niveles provinciales de gobierno.

Para instrumentar la transferencia de servicios, el Congreso aprobó una ley específica que faculta al Poder Ejecutivo a concertar con los gobiernos provinciales el financiamiento y sostén de los servicios transferidos en caso de que las jurisdicciones no alcancen – por los mecanismos previstos en el presupuesto – a solventar los gastos correspondientes.

El fortalecimiento del Consejo Federal de Cultura y Educación constituye el ámbito adecuado de concertación y coordinación de programas y proyectos de las distintas jurisdicciones, sin afectar las facultades y responsabilidades propias de cada una de ellas. Para evitar que el resultado del proceso de descentralización sea la anarquización y la mayor segmentación de la educación nacional, se trabaja a través de la generación de políticas que den cohesión al sistema, que aseguren la unidad nacional, que garanticen la igualdad de posibilidades a todos los habitantes y que permitan un sistema ágil de validación de saberes y de certificados de los alumnos cuando se trasladen de una jurisdicción a otra.

En este marco, la reestructuración comprende básicamente nuevas definiciones en torno a diferentes aspectos: perfil institucional y funciones; mecanismos de gobierno y de gestión; los procesos y resultados; la composición y las características de los recursos humanos; la infraestructura y el equipamiento; y la reorganización del Ministerio de Cultura y Educación (actualmente, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología).

La actividad del Ministerio queda legitimada por la pertinencia de sus propuestas generadas con la participación permanente y oportuna de los actores sociales implicados. Esto supone una capacidad para comunicar y defender informaciones, propuestas y argumentaciones complejas ante actores diversos, en particular:

? Con el conjunto de jurisdicciones que tienen a su cargo la gestión educativa, en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación;

? Con los actores que conforman el proceso educativo, con el objeto de recibir sus propios aportes, visiones e intereses referidos a la elaboración, aplicación y evaluación a las políticas educativas: universidades, gremios, y organizaciones de educación privada, entre otros;

? Con los otros sectores de la comunidad, con el objeto de lograr una participación activa en la acción educativa formal y no formal.

En los inicios del nuevo siglo el sistema educativo argentino enfrenta un conjunto complejo de desafíos relacionados con la resolución de problemas del pasado que aún subsisten y con el imperativo de construir el futuro. Entre las deudas del pasado figuran: el hacer efectivo los 10 años de escolaridad, el nivel inicial de 5 años, el incremento de la retención y la inclusión de los que no ingresaron o abandonaron sin haber completado la escolaridad obligatoria. En la actualidad, la ampliación de la cobertura del nivel medio y su terminalidad se agregan a las anteriores. La incorporación de pautas de innovación en el sistema, la atención a la calidad y la integración de las nuevas tecnologías a la vida escolar, aparecen también como desafíos significativos.

Los profundos cambios económicos y sociales de las últimas décadas profundizaron la fragmentación social exigiéndole al sistema escolar respuestas diferenciadas para las nuevas situaciones sociales. Respuestas que garanticen la igualdad de posibilidades para el acceso, la permanencia y el egreso con calidad equivalente en los aprendizajes. Para lo cual se requiere:

? Fortalecer las posibilidades de escolarización temprana de los niños y niñas de la Argentina. En un contexto de fuertes desigualdades sociales el acceso temprano a la escuela es central para favorecer la integración de los niños pertenecientes a los sectores sociales más carenciados.

? Garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad para todos los niños y niñas argentinos. Las estadísticas educativas muestran el incremento de la cobertura del sistema educativo en el tramo obligatorio y en la edad correspondiente. Sin embargo, esas mismas cifras señalan que aún hay mucho por hacer si se pretende que los diez años de escolaridad obligatoria se hagan realidad para el conjunto de los niños ya que persisten profundas diferencias regionales y con ello, fuertes dificultades para el logro de este objetivo.

? Garantizar un ciclo lectivo de 180 días como mínimo.

? Garantizar la igualdad de posibilidades de acceso a similares niveles de calidad de competencias, saberes y valores en cada uno de los niveles del sistema educativo. Para ello es necesario desarrollar estrategias que permitan compensar las desigualdades sociales y regionales. Ésta es una condición necesaria para lograr esa igualdad, pero además, resulta indispensable poner la calidad de los aprendizajes en el centro de las preocupaciones del sistema escolar.

? Fortalecer la formación para la moderna ciudadanía. El fuerte incremento de la exclusión social, enfrenta al sistema escolar con el desafío de fortalecer los valores democráticos y formar para un pleno ejercicio de la ciudadanía. Sólo recuperando una noción de ciudadanía que suponga la posibilidad de ejercer los derechos civiles, sociales, políticos y humanos que el sistema jurídico le reconoce a todos los ciudadanos es posible pensar en la superación de la exclusión.

? Fortalecer la vinculación del sistema educativo con el mundo del trabajo.

? Desarrollar políticas de innovación pedagógica. Que permitan dar respuesta a los problemas en los cambiantes contextos educativos.

? Fortalecer la articulación e integración al interior y entre los diferentes niveles del sistema educativo y entre éstos y el sistema científico.

? Jerarquizar el trabajo docente.

? Mejorar la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos educativos de todas las jurisdicciones.

? Consolidar el funcionamiento de los organismos productores de información y conocimiento.

? Fortalecer la unidad del sistema educativo nacional.

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3. LEYES Y OTRAS NORMAS FUNDAMENTALES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN

La Constitución establece que "El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la ley." (Artículo 121).

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha sido creado de conformidad con la Ley n° 89 de Autonomía de las Instituciones de la Educación Superior, dictada el 4 de abril de 1990.

El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), bajo cuya responsabilidad se encuentra el sub-sistema de educación técnica y profesional y el sub-sistema de capacitación dirigido a trabajadores del sector productivo, ha sido creado por Decreto presidencial n° 3-91 del 10 de enero de 1991.

La Ley n° 162 de uso oficial de las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua ha sido aprobada el 10 de julio de 1993.

La organización federal del país tiene como consecuencia un complejo ordenamiento jurídico. Las bases legales que rigen la educación nacional están constituidas por: la Constitución y las leyes nacionales; las constituciones y las leyes provinciales; los decretos dictados por el poder ejecutivo nacional y por los poderes ejecutivos de los gobiernos provinciales; las resoluciones ministeriales nacionales y de los gobiernos provinciales.

Los instrumentos legislativos más recientes y significativos son los siguientes:

La Ley n° 24.049 de 1991, mediante la cual se establece la transferencia a las provincias de los servicios educativos que aún dependían del Gobierno Nacional. La instrumentación del proceso de descentralización de los servicios educativos se llevó a cabo entre 1992 y 1994 mediante la suscripción de convenios de transferencia entre el Estado nacional y cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley n° 24.195, Ley Federal de Educación. Sancionada en 1993, la Ley plantea los lineamientos básicos para la transformación de la educación de los niveles primario y secundario. Establece nuevos objetivos, una nueva estructura académica y la necesidad de nuevos contenidos para todos los niveles, así como normas para el gobierno descentralizado de la educación. Asigna al Estado el papel de formular las políticas, controlar la calidad educativa y compensar las diferencias, mientras que los servicios educativos dependen directamente de los gobiernos provinciales.

La Ley n° 24.521, relativa a la Educación Superior, sancionada en 1995. Se ocupa del nivel terciario tanto en lo que hace a la universidad como a los estudios terciarios no universitarios, entre los cuales se encuentra la formación de docentes.

La Ley n° 26.075 sobre el Financiamiento Educativo, sancionada en diciembre de 2005, señala que el incremento gradual de la inversión en educación, ciencia y tecnología debería alcanzar en 2010 el 6% del Producto Interno Bruto.

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4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

El Ministerio de Educación (MINED) es un órgano estatal que depende del poder ejecutivo y tiene como función la planificación, organización, dirección, control y evaluación de la educación para la formación de los recursos necesarios para el desarrollo del país. El MINED administra los programas siguientes: educación especial, preescolar, primaria, media, formación docente y educación de adultos. Sus funciones y atribuciones son:

? El estudio, la elaboración y la implementación de las políticas educativas;

? La supervisión del proceso educativo;

? La reglamentación de la educación pública y privada;

? La promoción de la formación integral de los estudiantes.

Su estructura orgánica en la sede central consta de tres niveles: a) el nivel de dirección, que comprende la Dirección Superior, la auditoría, los asesores, la Secretaría General y la Dirección General de Planificación; b) el nivel sustantivo, que incluye la Dirección General de Educación y la Dirección General de Supervisión Educativa; c) el nivel de apoyo, constituido por la División General de Administración (Recursos Humanos, Servicios Generales y Finanzas) y la División de Proyectos Nacionales.

En los Departamentos y Municipios del país, los programas del MINED están bajo el control técnico y administrativo de las Direcciones Departamentales de Educación y de los Delegados Municipales.

A partir de 1993, el Ministerio de Educación dio inicio al Programa de Descentralización de la Educación, que comprende dos modalidades: la autonomía escolar y la municipalización de la educación. En esencia, se trata de transferir a los propios centros escolares con instancia de apoyo administrativo al nivel departamental y municipal, la capacidad de decidir los asuntos propios de la gestión escolar; de afirmar la primacía de los padres de familia como los principales responsables de la educación de sus hijos; y de establecer el papel del Estado como ente de apoyo y subsidiario en el desarrollo de la educación en el país. La autonomía escolar actualmente abarca 1.781 centros (37%).

Para garantizar la participación de los padres de familia y de los diversos organismos que de una forma u otra están involucrados con la educación, se han creado los Consejos Educativos Departamentales, los Consejos Educativos Municipales y los Consejos Directivos Escolares, expresión de la participación de la comunidad en las tareas educativas.

El Consejo Educativo Departamental o Regional (CED o CER), estructura de carácter consultivo, sirve como órgano de representación, coordinación, integración, consulta y facilitación entre el nivel municipal y el central. La Asamblea de CED/CER, presidida por el Ministro de Educación, brinda asesoría al MECD en materia de educación. Los Consejos Educativos Municipales (CEM) son órganos representativos y con poder de decisión de la sociedad civil en la administración de recursos para la educación. Los Consejos Directivos Escolares (CDE), son la máxima autoridad académica y administrativa local de cada centro educativo, teniendo entre sus principales funciones: cumplir y hacer cumplir las políticas educativas y las normas y procedimientos emanados por el MINED; velar por el cumplimiento obligatorio del currículo básico nacional; promover y observar la transparencia y rectitud en el funcionamiento del centro educativo; aprobar el Proyecto Educativo de Centro presentado por el Director; aprobar la incorporación de nuevas asignaturas electivas y actividades coprogramáticas; determinar formas de evaluación a alumnos y personal docente; etc. (Véase también: Lucio Gil, 1997a).

La progresiva, aunque rápida aplicación del modelo de descentralización, se ha hecho acompañar de estrategias como: aplicación del programa de autonomía escolar; apoyo a la descentralización municipal; organización de la red de asociaciones de padres de familia; y la ejecución del programa de capacitación para los padres de familia y directores. Entre los resultados esperados destacan: el mejoramiento de retención escolar; el desarrollo de valores humanos; y la apertura de espacios a la participación de la sociedad civil. Se requiere formar estructuras organizativas en cada nivel y definir las funciones y relaciones entre las instancias. Los nuevos actores son los padres de familia, los gobiernos locales, la empresa privada local, la iglesia, los funcionarios del MINED, el gobierno nacional y la cooperación internacional.

El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto presidencial N° 3-91 del 10 de enero de 1991 a fin de contribuir al desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense por medio de la formación y capacitación de recursos humanos calificados en todos los sectores económicos y en los diferentes niveles ocupacionales. Son componentes de INATEC el sub-sistema de educación técnica y profesional, y el sub-sistema de capacitación dirigido a trabajadores del sector productivo. Las funciones y atribuciones de INATEC son las siguientes:

? Orientar, dirigir y ejecutar las políticas globales para la formación profesional de jóvenes y adultos de ambos sexos en todos los sectores y ramas de la actividad económica del país, a fin de preparar los recursos humanos técnicos que requiere el desarrollo socio-económico para la democracia y la paz, con una sólida formación humanística, científica y tecnológica.

? Ejecutar programas de formación profesional dirigidos a jóvenes y adultos de ambos sexos mayores de 14 años, empleados o no, así como a grupos especiales de la población, para ejercer un empleo, adaptarse a uno nuevo y mejorar sus calificaciones con miras a adquirir calificaciones de nivel superior.

? Crear y ejecutar programas especiales de atención a la mujer, desempleados y discapacitados, así como programas de apoyo a cooperativas y pequeñas empresas.

? Organizar, planificar, controlar y evaluar las actividades de formación profesional bajo su competencia, en los siguientes niveles: mano de obra semi-calificada; mano de obra calificada; técnico básico; técnico medio.

? Fortalecer y diversificar las oportunidades y servicios de formación profesional de acuerdo a la realidad local y las posibilidades de trabajo existente en éstas, a fin de incrementar los índices de calificación de la fuerza de trabajo, elevar los niveles de empleo, distribución de ingresos y bienestar social.

? Brindar asesoría técnica, metodológica y organizativa dirigida a personal directivo, técnico y administrativo de centros e institutos de formación profesional.

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) es responsable de la planificación del sub-sistema de educación superior. La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Educación Superior se ocupa de los aspectos académicos y administrativos, de la acreditación de los estudios y del intercambio de información entre las instituciones.

Finalmente, el Consejo Nacional de Educación es la instancia máxima de consulta en materia de educación en el país y a nivel del MINED Central.

Acorde al Plan Común de Trabajo (PCT) del MINED 2005-2008 se contempla que para el año 2006 aproximadamente el 60% de los municipios de Nicaragua deberían estar funcionando bajo el esquema de municipalización de la educación y el 100% en el año 2008.

La República Argentina es un estado federal dividido en 24 jurisdicciones. Cada una de ellas gobierna (decide políticamente y administra) todos los servicios sitos en su territorio, incluidos los servicios escolares.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (anteriormente, el Ministerio de Cultura y Educación) de la Nación, en el marco del Poder Ejecutivo nacional, constituye el más alto nivel de conducción de la educación y su responsabilidad es concurrente y concertada con los Ministerios de Educación Provinciales y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA). Las provincias y la MCBA tienen a su cargo la administración y supervisión de la mayor parte de los servicios educativos, exceptuado el subsistema universitario y parte de los servicios de evaluación superior no universitaria. La forma de organización político institucional que adopta el gobierno de la educación en cada provincia depende de la legislación vigente en cada caso, de las peculiaridades histórico-culturales y del desarrollo y complejidad de su sistema educativo. En algunas provincias existen ministerios de educación, en otras secretarías de estado y en algunos casos direcciones generales.

Le compete al Ministerio de Educación, entre otros:

? Garantizar el cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del sistema nacional de educación.

? Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza que faciliten la movilidad horizontal y vertical de los alumnos/as dejando abierto un espacio curricular suficiente para la inclusión de contenidos que respondan a los requerimientos provinciales, municipales, comunitarios y escolares.

? Dictar normas generales sobre equivalencia de títulos y de estudios, estableciendo la validez automática de los planes concertados en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación.

? Favorecer una adecuada descentralización de los servicios educativos y brindar a este efecto el apoyo que requieran las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA).

? Promover y organizar concertadamente en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, una red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente del sistema educativo nacional.

? Administrar los servicios educativos propios y los de apoyo y asistencia técnica al sistema, entre ellos, los de planeamiento y control: evaluación de calidad; estadística, investigación, información y documentación; educación a distancia, informática, tecnología, educación satelital, radio y televisión educativas en coordinación con las provincias y la MCBA.

? Contribuir con asistencia técnica para la formación y capacitación técnico-profesional en los distintos niveles del sistema educativo, en función de la reconversión laboral en las empresas industriales, agropecuarias y de servicios.

? Elaborar una memoria anual donde consten los resultados de la evaluación del sistema educativo, la que será enviada al Congreso de la Nación.

El Consejo Federal de Cultura y Educación es el ámbito de coordinación y concertación del sistema nacional de educación y está presidido por el Ministro nacional del área e integrado por el responsable de conducción educativa de cada jurisdicción y un representante del Consejo Interuniversitario. La misión del Consejo es unificar criterios entre las jurisdicciones, cooperar en la consolidación de la identidad nacional y en que a todos los habitantes del país se les garantice el derecho constitucional de enseñar y aprender en forma igualitaria y equitativa. En particular, le corresponde al Consejo concertar, dentro de los lineamientos de la política educativa nacional, los contenidos básicos comunes, los diseños curriculares, las modalidades y las formas de evaluación de los ciclos, niveles y regímenes especiales que componen el sistema. Además, es función del Consejo acordar los contenidos básicos comunes de la formación profesional docente y las acreditaciones necesarias para desempeñarse como tal en cada ciclo, nivel y régimen especial.

Según la Ley Federal de Educación, el Consejo Federal de Cultura y Educación tendrá a su vez el apoyo de dos consejos consultivos: el Consejo Económico Social, integrado por representantes de las Organizaciones Gremiales Empresarias de la Producción de los Servicios, la Confederación General del Trabajo y el Consejo Interuniversitario Nacional; y el Consejo Técnico Pedagógico, integrado por especialistas designados por miembros del Consejo Federal y dos especialistas designados por la organización gremial de trabajadores de la educación de representación nacional mayoritaria.

Las autoridades competentes de las provincias y de la MCBA, tienen entre otras las siguientes atribuciones: a) planificar, organizar y administrar el sistema educativo de su jurisdicción; b) aprobar el currículo de los diversos ciclos, niveles y regímenes especiales en el marco de lo acordado en el Consejo Federal; c) organizar y conducir los establecimientos educativos de gestión estatal y autorizar y supervisar los establecimientos de gestión privada en su jurisdicción; y e) evaluar periódicamente el sistema educativo en el ámbito de su competencia controlando su adecuación a las necesidades de su comunidad, a la política educativa nacional y a las políticas y acciones concertadas en el seno del Consejo Federal, promoviendo la calidad de la enseñanza.

Los municipios constituyen las unidades locales de administración, y en su gran mayoría no han desarrollado servicios de educación. En algunas localidades, los municipios han creado establecimientos de educación preprimaria. La Municipalidad de Buenos Aires, por su importancia y dimensión, funciona como una jurisdicción más del sistema nacional de educación y goza de las facultades que son competencia de las administraciones provinciales. Administra servicios de enseñanza preprimaria, primaria y secundaria, así como regímenes especiales.

Una figura muy extendida en la organización escolar es la de las cooperadoras escolares. Se trata de organizaciones donde se reúnen los padres de los alumnos de un establecimiento a los efectos de estrechar las relaciones entre ellos y la escuela. En la ciudad centran su acción en la ayuda económica a la escuela, canalizando los fondos que pueden extraer de la comunidad (vía donaciones o cuotas de los alumnos) o administran otras actividades que reciben de las autoridades (como en el caso de construcciones o refacciones, y en algunas provincias los comedores escolares).

NICARAGUA

ARGENTINA

5. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Educación Inicial

La educación inicial atiende a los niños de 4 a 6 años en dos modalidades, formal y no formal (preescolares comunitarios). Se cubren tres niveles de atención, dándole prioridad al tercer nivel (niñas y niños de 5 y/o 6 años de edad). La modalidad formal se imparte en centros únicos de atención preescolar o aulas anexas a escuelas primarias. La educación preescolar no es obligatoria.

Educación primaria

La educación primaria brinda atención básica a los niños de 6 (7) a 12 años y a los que se encuentran en situación de extraedad hasta los 15 años. Comprende seis grados escolares divididos en dos ciclos: educación fundamental (primeros cuatro años) y segundo ciclo (quinto y sexto grado). La educación primaria es obligatoria y gratuita.

Educación secundaria

La educación secundaria o media brinda atención educativa a jóvenes y adultos preparándolos para continuar sus estudios en el nivel superior o participar eficientemente en la vida del trabajo. Comprende dos niveles: el ciclo básico (tres años de duración) y el ciclo diversificado (dos años, para el título de bachiller en ciencias y letras). La educación técnica secundaria ofrece un programa de tres años de duración a los jóvenes de 15 a 18 años para el título de técnico medio.

La educación superior comprende las universidades (públicas y privadas), los centros de educación técnica superior (institutos politécnicos y tecnológicos) y los centros de investigación y de capacitación. La educación técnica superior ofrece programas de 2-3 años de duración para el título de técnico superior. El título de licenciado requiere normalmente cuatro a cinco años de estudios (seis años en el caso de medicina para el título de doctor). Los programas de maestría requieren dos años adicionales de estudios después de la licenciatura.

El año escolar comprende 200 días lectivos.

Educación preprimaria

La educación inicial es constituida por el jardín de infantes para niños de 3 a 5 años de edad, en la que es obligatorio el último año. El jardín maternal atiende niños menores de 3 años.

Educación primaria

La educación general básica (EGB), obligatoria, tiene nueve años de duración a partir de los 6 años de edad. La EGB es entendida como una unidad pedagógica integral organizada en tres ciclos de tres años cada uno. La Ley Federal de Educación ha transformado la antigua estructura de siete grados de escuela primaria y cinco de escuela secundaria en esta nueva organización.

Educación secundaria

La educación polimodal, después del cumplimiento de la EGB, es impartida por instituciones específicas y los estudios tienen tres años de duración como mínimo. La educación polimodal define dos tipos de formación: una formación general de fundamento, que asegura la adquisición de un núcleo de competencias básicas; y una formación orientada, con contenidos diferenciados definidos por las distintas instituciones. En paralelo con el nivel polimodal, las escuelas pueden ofrecer un trayecto técnico-profesional que habilita para tareas específicas y que puede llegar hasta un año más de estudios para obtener el título de técnico.

La educación superior no universitaria se ofrece en los Institutos Superiores de Formación Docente o equivalentes y en los Institutos de Formación Técnica que otorgan títulos profesionales y estarán articulados horizontal y verticalmente con la universidad. La duración de los estudios varía entre dos años y medio y cuatro años. La educación superior de nivel universitario (definida como educación cuaternaria) está bajo la responsabilidad de las universidades y de las instituciones académicas, científicas y profesionales de reconocido nivel, siendo requisito para quienes se inscriban el haber terminado la etapa de grado o acreditar conocimiento y experiencia suficientes para el cursado del mismo.

Aunque mayoritariamente la nueva estructura del sistema educativo ha sido implementada, en algunas jurisdicciones se encuentra coexistiendo con la estructura anterior. La heterogeneidad del panorama muestra establecimientos cuya estructura corresponde en su totalidad a la nueva ley, ya sea porque completaron la transformación o porque son de reciente creación, establecimientos en los que coexisten ambos sistemas (es decir, los niveles tradicionales y los nuevos ciclos), y establecimientos que no iniciaron su transformación (ofertando, pues, los niveles tradicionales).

La implementación del Tercer Ciclo dio lugar a una gran diversidad de formas de aplicación, ritmos y tipos institucionales en los que entraron en juego la articulación de definiciones políticas, las tradiciones institucionales de cada provincia y la disponibilidad de recursos físicos, materiales y técnicos.