Breves reflexiones acerca del Sistema Político boliviano (página 2)

El Sistema Político boliviano y su estructura.

El sistema político boliviano pudiera definirse entonces como el conjunto de elementos estructurados e interrelacionados entre sí (aquí incluimos instituciones, normas político – jurídicas, principios) cuya finalidad es actuar sobre la elaboración y toma de decisiones políticas en la sociedad boliviana.

El mismo está integrado por:

1. El Estado
2. Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas
3. Las organizaciones político sociales de la sociedad civil

Incluimos en él a los llamados grupos de presión, cuya definición y características expondremos más adelante.

1. El Estado boliviano: su lugar dentro del Sistema Político.

Entendemos por Estado, a aquel ente complejo, compuesto por un conjunto de organismos, órganos e instituciones, de los que se vale una clase políticamente dominante, para ejercer el poder político en una sociedad determinada.

Por su tipología histórica, Bolivia constituye un estado moderno, en tanto se asienta sobre relaciones capitalistas de producción, legitimadas en la propia Constitución Política del Estado (CPE). En su artículo 7 i) se reconoce el derecho a la propiedad privada, siempre que esta cumpla con el fin social asignado; encontrando su garantía constitucional en lo dispuesto por el artículo 22.1, donde se lee que:

"Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo."

La legitimación del derecho de propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción, se desprende, además, de la interpretación tácita de lo preceptuado en el art. 136.1_2 de la CPE; pues este permite la concesión y adjudicación a particulares de bienes considerados como originarios del estado (ej. las tierras, aguas, etc.).

Ahora, considerando que, a cada tipo histórico de estado, corresponde una determinada forma de estado, ¿cuál sería entonces la forma del estado boliviano?

El art. 1 del la CPE, nos da, de plano, la forma que este ha adoptado: "Bolivia (…), constituida en República Unitaria (en tanto los cargos públicos son elegidos y renovables, y existe un solo ordenamiento legal y un mismo sistema de órganos de poder, extendidos a todo lo largo del territorio nacional), adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa…"

Siguiendo el análisis del citado artículo, el régimen político boliviano se define como democrático representativo, en tanto el ejercicio de la soberanía popular queda delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial (art. 2 CPE), ejerciéndose la actividad político gubernativa por medio de representantes elegidos (art. 4.1 CPE).

En este punto se impone hacer una salvedad con respecto a lo que consideramos una contradicción dentro del texto del citado art. 1. En él puede leerse que Bolivia "adopta para su gobierno la forma democrático representativa y participativa." Democracia representativa y democracia participativa, suponen dos formas distintas de manifestación de un régimen democrático, pues, si bien ambas se fundan sobre la participación política y sobre mecanismos de representación de la colectividad social a nivel gubernativo, encuentran su distinción en que, en la primera, se evitan las relaciones directas entre actores sociales y aparto estatal; y en la segunda se crean diversos espacios para que los mismos participen de la actividad gubernativa, de los procesos decisionales e, incluso, para fiscalizar la actividad de sus representantes políticos elegidos.

Entendemos que el término "participación", está usado de más en el texto, en tanto:

• no define realmente el verdadero régimen político del país, que como vimos, es el democrático representativo.
• no encuentra un fundamento legal, en tanto no existen mecanismos legales que legitimen una acción directa de los distintos actores sociales de la sociedad boliviana (sindicatos, organizaciones sociopolíticas) en la práctica política de ese país. Ejemplo de ello lo encontramos en que, para demostrar el descontento contra decisiones gubernamentales, como el caso de los procesos de privatización, con las cuales las grandes mayorías no están de acuerdo, se acude a mecanismos extralegales, como marchas de protestas, bloqueos de carreteras, e, incluso, enfrentamientos directos con las autoridades (la llamada "Guerra del Agua", frente al intento de privatizar las aguas, por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, es un ejemplo de lo que sucede cuando no existen estructuras legales que legitimen la participación social en la actividad política dentro de una sociedad que ha demostrado, con creces, necesitarla; o cuando las existentes se encuentran obsoletas). Otro hecho que demuestra nuestra afirmación lo constituye el que no existe forma de que los representantes políticos, una vez elegidos, respondan de su gestión ante sus electores, y que estos, a su vez, puedan fiscalizar el actuar de aquellos, pudiendo exigir su revocación en caso que no cumplan con el mandato que se les ha asignado.

1. 1. Partidos políticos y sistemas de partido.
2. Partidos políticos y sus equivalentes funcionales en la sociedad boliviana.

Aunque en la doctrina política no podría encontrarse una definición unívoca de partidos políticos, podemos decir que estos son elementos del sistema político que actúan como instrumentos de representación política de los intereses de una clase, sector o grupo social determinado, cuyo fin se orienta a alcanzar el poder político en el Estado, o a influir sobre este para llevar a vías de hecho los objetivos trazados en un programa político.

Sería válido aclarar que el hecho de que expresen los intereses de una clase o sector de clase determinada, no es obstáculo para que en él puedan militar individuos otra clase o sector social diferente. Este hecho está determinado por el nivel de consenso que el mismo partido logre obtener en el transcurso de su labor persuasiva sobre la sociedad, de la congruencia de sus objetivos programáticos con respecto a las necesidades económicas, sociales o políticas del conglomerado social; en fin, de la mayor o menor medida en que su discurso resuma el abanico de necesidades sociales que se le presentan.

Dentro de cualquier sistema político moderno constituyen el vínculo por el cual el aparato estatal y la sociedad quedan relacionados. Siendo el Estado la expresión oficial de una determinada sociedad; es esta, dividida en clases, sectores de clase y grupos sociales; y a través de los partidos políticos, la que hace llegar al Estado, ya sea por el ascenso de estos al poder político, o por la influencia que sobre este logren ejercer, sus necesidades.

La existencia de partidos políticos en la sociedad supone la presencia de ciertos niveles de interrelación entre ellos, y de todos, a su vez, con el cuerpo del sistema político, y en especial con el Estado; es a lo que se le llama sistema de partidos. En la clasificación de Maurice Duverger, estos pueden ser sistemas unipartidistas, bipartidistas y pluripartidistas, según el número de partidos que integren la sociedad y su poder de movilización.

Aquí no será ocioso expresar que el hecho de que existan uno o varios partidos dentro de un sistema político, depende de muy variados factores, entre ellos, de la capacidad que los mismos tengan para expresar en mayor o menor medida los intereses sociales. Pero la sociedad es un ente complejo en si mismo, por la gama de intereses de distinta índole que se mueven en su interior. La escisión de la misma en clases, y las subdivisiones y contradicciones, por lo general irreconciliables, al interior de estas, lo demuestran con creces. Es por ello que suele considerarse que en una sociedad burguesa, el amplio multipartidismo no es síntoma de que exista una diversidad de alternativas políticas, sino, a veces, todo lo contrario. Con frecuencia la burguesía, dividida a su interior por intereses contradictorios entre distintas oligarquías o sectores, se vale de los partidos como medio para contrarrestar, desde una posición de fuerza una vez llegados al poder; o por medio de la lucha política, los intereses de la otra. En ciertas sociedades burguesas, la amplitud de partidos políticos y la estrechez de alternativas políticas en sus discursos, suponen debilidad y fragmentación de esta clase al interior del país. Es el caso de muchas naciones del llamado Tercer Mundo, con economías periféricas, dependientes y penetradas por el capital transnacional, como Bolivia, donde este hecho ha provocado una profunda crisis de representación, al interior del sistema partidista, que no representa tanto a la sociedad, como a los intereses de pequeños grupos o sectores de clase.

Cuando en un sistema político determinado, un partido ha alcanzado el poder en el Estado, se dice que ha logrado una hegemonía política dentro de la sociedad, en tanto consigue colocarse a la cabeza de esta para el cumplimiento de sus fines programáticos. Dicha hegemonía se alcanza por medio del consenso logrado con la actividad persuasiva del partido, consiguiendo la simpatía del conglomerado social hacia su programa partidista. Nótese que mientras el Estado se vale de la imposición de sus decisiones por medio de la fuerza pública, el partido debe apelar a medios pacíficos que logren influir la conciencia humana: medios persuasivos.

Una vez en el poder, el partido ejerce su hegemonía por medio de diferentes vías, como colocar en puestos importantes de la dirección estatal a sus miembros, hecho que permite afianzar más el poder del este, al "controlar" los cargos de menor relevancia. En este sentido, el hecho de que en Bolivia los prefectos departamentales (que son la máxima autoridad estatal dentro del Departamento y que, en las condiciones de una república unitaria, están obligados a responder ante el poder central del estado) sean elegidos en sus propios Departamentos y no designados por el Presidente, lejos de significar mayor apertura democrática, constituyen una fisura dentro de la gobernabilidad del sistema político boliviano; en tanto, por una lado brinda la posibilidad las oligarquías departamentales de controlar los órganos de poder en sus respectivos departamentos, y por el otro, en lugar de contribuir a unificar políticamente la clase burguesa en el país, la fragmenta más aún; hecho que, en las condiciones de Bolivia, donde el débil capital nacional se ha comportado históricamente como testaferro de intereses económicos extranjeros, puede socavar profundamente la unidad nacional, deviniendo en tendencias separatistas y extremistas, como las que se han expresado en los últimos años por parte de las oligarquías cruceñas.

Son características esenciales de los partidos políticos:

• La organización por medio de normas internas y requisitos de constitución regulados por el Estado. (En Bolivia la formación, funcionamiento y organización de los partidos políticos, se encuentra recogida en la Ley de Partidos Políticos de 1999)
• Tienen como fin la obtención del poder político en un Estado o, constituir una influencia en sus orientaciones por medio de la formación de una opinión pública al respecto. (En el art. 3 de la citada Ley, se expresa que una de sus funciones es, precisamente, la formación de la voluntad popular)
• Pueden presentar niveles variables de organización.
• Jerarquización de la minoría dirigente.
• Reconocimiento y presencia de un líder
• Número ilimitado de miembros
• Heterogeneidad social y cultural de sus miembros (Aunque han existido y existen partidos homogéneos socialmente)
• Reuniones periódicas de sus miembros
• Fuerza cohesionadora.
• Presencia de reglamentos establecidos para regular el comportamiento de sus afiliados
• Sanciones contra los infractores de los mismos. (Este es el único plano, sobre sus miembros, en que un partido puede imponer decisiones con cierto grado de coacción).

1. Naturaleza jurídica y funciones de los partidos políticos en Bolivia.

Por el extendido número de agrupaciones partidistas que posee, Bolivia clasifica dentro de los sistemas pluripartidistas. En dicho sentido, la existencia y actuación de los mismos (reconocida en el art. 222 de la CPE) se encuentra regulada por la Ley de Partidos Políticos de 1999 (LPP).

Del art. 3 de la misma se desprende que son considerados personas jurídicas de derecho público y estructuras de representación popular, facultadas para participar en la actividad política, en la formación de la voluntad popular y en la conformación de los poderes públicos.

Dentro del sistema político boliviano constituyen un medio, no sólo para alcanzar o influir en los poderes del Estado, sino también para la participación y la representación políticas, en la medida en que logren canalizar los intereses comunes de la sociedad. Concurren en la formación de la voluntad política popular; constituyen estructuras de reclutamiento de personal político y gubernamental, mediante la presentación de listas de candidatos a los diferentes cargos. Tienen función gubernativa, pues están obligados a la presentación de programas políticos de gobierno y, finalmente, función educativa, pues tienen el deber legal de sembrar valores éticos y morales en el seno de la sociedad.

2.3 Los partidos políticos y sus equivalentes funcionales en el sistema político boliviano.

Los partidos políticos aparecen mencionados por primera vez en Bolivia, en el Reglamento Electoral de 1908, sin embargo, no es hasta 1961 que encuentran reconocimiento expreso una vez incorporados en el texto constitucional (ver art. 222 – 224 CPE).

Para analizar su devenir histórico en el país podríamos establecer cinco generaciones:

• una primera, vinculada al lento avance de las oligarquías urbanas, que se vio acelerado en los primeros años del siglo XX por la expansión de la minería del estaño. Estará caracterizada por la presencia de una fuerte corriente de corte liberal, a la que se opuso bien pronto, un partido de tendencia conservadora, representado por elementos de raigambre católica y análoga procedencia social. Ambos se repartirán el juego de la política dentro del país durante alrededor de tres décadas.
• el inicio de la segunda generación, estuvo matizado en Bolivia por el fracaso del liberalismo, por causa de la crisis económica de 1929 y por la derrota en la Guerra del Chaco (1932 – 1935), que aceleraron su caída; unido esto a la adaptación de la economía boliviana a la naciente economía de guerra en el mundo. Comenzaron entonces a surgir grupos organizados de oposición al orden político vigente, el Partido de Izquierda Revolucionaria (de tendencia socialista) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (de ideología pequeño burguesa y tendencia nacionalista). Eran la respuesta inevitable al hundimiento liberal precedente.
• una tercera generación se encontraría luego del truncado proceso revolucionario de 1952, matizada por el nacionalismo económico que significó, en sus primeros años, la llegada al poder de MNR. Ya para la década del 70 sus efectos se verían agotados.
• la evolución política de 1980 a 1990, harán emerger una cuarta generación partidista, unida, fundamentalmente, a dos hechos esenciales: la llamada "transición a la democracia" que marcó el fin de la dictadura de Hugo Banzer; y el advenimiento del neoliberalismo y sus posterior institucionalización entre 1985 y 1986 con los llamados decretos de capitalización. A estos "nuevos" partidos políticos que parecieran haber derivado del nacionalismo económico al discurso neoliberal, los llamaremos, para la mejor comprensión de nuestro estudio "partidos transformados" (en su discurso, valga decir).

Hoy pudiera hablarse de una quinta generación de instituciones de representación política, surgida de la profunda crisis en que ha caído el modelo democrático representativo en Bolivia, ante su visible incapacidad para resolver los grandes problemas sociales, debido, en buena medida, al fracaso económico y social que ha representado el orden neoliberal. Este modelo había impulsado, desde 1985, un plan para la estabilización económica, que supuso un enorme distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil, quebrando las estructuras organizativas de movilización y acción popular. Ello condujo a un deterioro paulatino de los mecanismos tradicionales de participación popular, y a un consecuente descrédito en el discurso de los partidos tradicionales. Esto, unido a la crisis económica y social causada por el neoliberalismo, produjo un auge de los movimientos sociales, por lo general con tendencia izquierdista, que han devenido voceros de las grandes mayorías desplazadas del poder del Estado y de los beneficios de su gestión política. Eventualmente devinieron en partidos para competir por el poder. El ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS), representante máximo de la nueva izquierda boliviana, es un vivo ejemplo de ello.

Este fenómeno comenzó en la segunda mitad de la década de los 80, cuando partidos de derecha, como MNR, o de izquierda, como MIR, iniciaron un viraje hacia el discurso y prácticas neoliberales. Tras la alianza que ambos llevaron a cabo en 1989, la gente perdió la noción de qué o a quién representaban realmente, pues, con programas políticos opuestos, de pronto se habían aliado en una misma tendencia política.

Ello definirá las dos características actuales de estos partidos tradicionales "transformados". En primer lugar suponen la presencia de un pensamiento uniforme. Dentro de la pluralidad de organizaciones partidistas tradicionales se observa un elemento curioso: la causa común con la idea neoliberal, con lo cual queda sepultada cualquier referencia al pluralismo político (entendido este como diversidad de alternativas y discursos políticos) que se pretende presentar. Y en segundo lugar, el fraccionamiento político, representado en el gran número de partidos que, sustentados en igual ideología, existen. Ello nos conduce a dos conclusiones inmediatas:

• la ausencia de vías de participación y representación política pareciera "fabricar" partidos políticos que, no obstante su número, apenas representan el discurso común de sus miembros. Por otro lado, hace mucho que los nombres de los partidos políticos dejaron de significar, en Bolivia, la tendencia política de los mismos. El uso excesivo de las siglas, más que una economía de palabras, pareciera querer ocultar los verdaderos intereses que estos representan, y el giro hacia un discurso ideológico común entre sus programas.
• a pesar de sostener un discurso neoliberal común, el fraccionamiento partidista representa la profunda división y rivalidad existente al interior de la burguesía boliviana, la cual está sustentada en dos grandes oligarquías: la cruceña y la paceña, en conflicto por despojar la primera a la segunda, de los mecanismos de control político y de administración fiscal. Es así que la aparente "rivalidad" entre cambas y collas, no es sino el tenue reflejo de un conflicto económico – administrativo entre dos oligarquías nacionales, en pugna por controlar los dividendos de la economía cruceña.

Ante tamaño divorcio entre intereses de partido e intereses populares, la sociedad, de manera casi natural se ve obligada a buscar nuevas formas de representación y participación política. De este modo, en 2004, los partidos políticos bolivianos perdieron, dentro del sistema político, el rol exclusivo de la representación, al verse obligados a compartirlo con las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas (art.222 – 223 CPE). De esta forma, el fraccionamiento político boliviano no ha hecho más que fraccionarse más, con la aparición de estos nuevos medios de representación. Este resultado, obvio en las condiciones de ese país, tuvo su antecedente en 1967, con el reconocimiento de que, las entonces "agrupaciones cívicas", podían postular candidatos formando parte de una alianza de partidos. A raíz de las reformas políticas de 2004, las ahora agrupaciones ciudadanas, de conjunto con los pueblos indígenas, fueron reconocidos como "equivalentes funcionales" de los partidos políticos, compartiendo semejantes requisitos de constitución y funciones dentro del sistema político del país. Su número fue particularmente creciente para las elecciones municipales de 2004, cuando se presentaron en toda la nación, un total de 1502 agrupaciones ciudadanas y 75 pueblos indígenas, según las estadísticas presentadas por la Corte Nacional Electoral (CNE) en su sitio en Internet.

Este estado de cosas, no refleja sino la necesidad del paso de un régimen democrático representativo, a uno participativo, más acorde con la situación socio – económica de un país subdesarrollado, multiétnico y pluricultural.

Sin embargo, toda esta situación, en la que se unen la incapacidad de los medios tradicionales para representar las necesidades políticas de la sociedad, y la parcialización de estas por medio de las nuevas formas de representación; unidos a la ausencia visible de mecanismos y medios, coherentes y objetivos, para el logro de la misma, tiene más posibilidades de dividir al país que de unificarlo políticamente, con lo cual, cualquier plan de acción desde el poder, parecería inocuo.

En dicho sentido se evidencia una marcada tendencia a la creación de facciones políticas, que respondan, incluso, a cuestiones étnico – culturales. Ello sería, en las condiciones de Bolivia, como país multiétnico y pluricultural, particularmente peligroso a la estabilidad nacional.

Actualmente, dos fuerzas políticas han acaparado, en su mayoría, las instancias parlamentarias: el Movimiento al Socialismo (MAS) y Poder Democrático Social (PODEMOS). Uno, nacido de movimientos campesinos e indígenas; y el otro, que ha evolucionado desde la perspectiva de agrupación ciudadana, y que, al parecer, ha sintetizado los principales intereses de las oligarquías neoliberales. Este hecho, el de la procedencia de ambas, creemos, sienta una pauta evolutiva frente a las demás organizaciones partidistas, de corte tradicional, que componen el Congreso, a saber, MNR y UN.

El caso del MAS es bastante curioso, no sólo para la propia historia política del país, sino del Continente. Ha supuesto una ruptura total con la izquierda tradicional, encarnando, en su persona, la nueva fisonomía que los representantes de esta corriente han asumido en la palestra política boliviana.

2.3.1. Izquierda Tradicional y Nueva Izquierda en Bolivia:

No quisiéramos continuar nuestro estudio sin antes dedicar unos párrafos al análisis de las izquierdas en Bolivia, en tanto las mismas, en el marco de la actual situación política, han sufrido mutaciones cíclicas, que las han colocado en lugar muy distinto al que ocuparon años antes. Constituye un hito de la historia política, en el espacio de la región andina, la actual fisonomía que la izquierda boliviana ha adoptado.

Fue a principios del siglo XX, con el ascenso de las primeras industrias, que empezaron a gestarse sindicatos con tendencia socialista y anarquista (influidos mayormente por los acontecimientos políticos mundiales). La primera agrupación socialista se crea en 1914. El Partido Obrero Revolucionario (de tendencia trotskista) se funda en 1934. Las agrupaciones partidarias tienen su contraparte en los sindicatos y federaciones obreras (por ejemplo, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, fundada en 1938) que poco a poco van conformándose en la medida en que las masas urbanas se proletarizan: el socialismo, la cuestión nacional, el obrerismo y el antimperialismo son los temas fundamentales de ese momento.

Un segundo ciclo viene luego del triunfo de la Revolución de 1952. La crisis económica mundial de los años 30 y la derrota sufrida por Bolivia en la Guerra del Chaco, dieron por resultado un fuerte sentimiento de nacionalidad y el surgimiento de una nueva generación, opuesta al antiguo sistema político del país, lo que, unido a las organizaciones sindicales preexistentes, desencadenaron la Revolución del 9 de abril, con la participación fundamental de Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Víctor Paz Estenssoro. Unos días después de la victoria revolucionaria, se crea la Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por el líder sindical Juan Lechín Oquendo. La COB se convertiría así en la organización más poderosa de la historia del sindicalismo en Bolivia y en América Latina. Considerando la importancia de la minería en la economía nacional, éste fue el sector social que marcó la política. El paradigma teórico giró alrededor del nacionalismo revolucionario, y la propuesta política se concretó en el llamado "poder dual", que implicaba la participación directa de los trabajadores en la conducción gubernamental. La política se hace desde el sindicato y desde el partido.

El tercer momento sucede bajo regímenes dictatoriales. Desde 1964 hasta 1982, Bolivia vive dictaduras con breves interrupciones democráticas. Los movimientos mineros y estudiantiles salen a la palestra pública en busca de formas de acción y organización, entre la vía democrática para acceder al poder y la lucha armada. En este sentido, la influencia del Che, y su muerte en 1967 en Ñancahuazú, hacen que un grupo, conformado en su mayoría por líderes universitarios, ingresen al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y opten por la guerrilla, que inicia acciones en la selva de Teoponte en julio de 1970. Su eficacia será limitada y en tres meses se tendrá un saldo de más de 50 muertos, todos guerrilleros. Paralelamente, jóvenes de la democracia cristiana, al lado de otras organizaciones, se inscriben en distintas propuestas políticas; una de ellas y quizá la más significativa de la época, es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado en 1971. Los núcleos de la movilización social estarán, por un lado, en el sector minero, fuertemente reprimido; y, por el otro, en el estudiantil. Paralelamente, algunos liderazgos fundamentales darán voz a estas propuestas, como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fundaría años más tarde el Partido Socialista. El centro de la discusión giraba alrededor del socialismo, el antimperialismo, el gobierno popular y nacional. Una de las características de este momento es la débil vinculación entre la propuesta de los sectores urbanos y sindicalismo minero. Es evidente que el surgimiento de estos partidos políticos (y ésa fue su debilidad) estuvo vinculado, sobre todo, a la clase media urbana, con poco contacto obrero y popular.

El cuarto periodo podríamos denominarlo como el de pasión y muerte de esta izquierda tradicional. En 1978, el dictador Hugo Bánzer llama a elecciones, pretextando una huelga de hambre iniciada por 4 mujeres mineras. La izquierda, tras años de dictadura, se une en una sola divisa: democracia. Las elecciones de 1978, 1979 y 1980 son ganadas por la Unión Democrática y Popular (UDP) con más del 30 por ciento de la votación. Esta, aglutina distintos partidos, que van desde el MIR, hasta la izquierda del MNR, pasando por el Partido Comunista Boliviano (PCB). Por su parte, el Partido Socialista 1 (PS-1) se presenta a las elecciones y obtiene el 4.17 por ciento y el 7.65 por ciento de los votos, en 1979 y 1980, respectivamente; en 1982 la UDP asumiría la dirección del país. Si bien en un principio intentó buscar formas de participación obrera, intentando reeditar el "cogobierno", a la vuelta de los meses la COB será una de las principales instancias de crítica al gobierno udepista y, a su vez, éste será incapaz de modificar las estructuras de participación política y económicas del país. Este momento es conocido por su hiperinflación y retroceso en indicadores económicos; entre 1980 y 1985, el PIB real fue de -1.2 y la inflación promedio de 2692.4.

Paralelamente, en 1979, se funda la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que dará inicio al katarismo (con distintas vertientes al interior), evocando al líder indígena Tupak Katari (asesinado en 1781, luego del Cerco de La Paz). El katarismo, por su parte, creció, para convertirse en uno de los ejes de la nueva izquierda.

En 1985, la UDP deja el gobierno y se instala el MNR, con el que se institucionaliza el neoliberalismo. Los elementos que marcan este periodo son: la política económica de libre mercado, el paradigma de la gobernabilidad y la "democracia pactada". El neoliberalismo se encargará de, por un lado, desorganizar al movimiento obrero a través del proceso de "relocalización", que implicó cerrar varias minas enviando a la calle a miles de trabajadores; destruyendo así los sindicatos mineros, que habían funcionado, hasta el momento, como estructuras eficaces de participación y de presión obreras sobre el gobierno; y, por otro, captar (en distintas etapas) a la izquierda partidista. Así, el MIR, al perder sus bases sindicales, dio un salto acelerado hacia la derecha, lo que le permitió seguir teniendo, desde ese ángulo, cierta presencia electoral; una fracción de este partido, el Movimiento Bolivia Libre, batalló en algunas elecciones con magros resultados y terminó incorporándose a la propuesta política de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1993 (en las elecciones de 2002 el MNR y el MBL participan en una misma fórmula). Es evidente que la izquierda tradicional, especialmente en su estructura de partido político, había muerto.

Esta contundente derrota, en lo sindical, lo partidario y lo ideológico, de la izquierda tradicional boliviana, permitiría la aparición de una nueva izquierda con unas bases y una tendencia completamente nuevas en la historia política de la Nación.

Las condiciones para su surgimiento comenzaron, en un primer aspecto, con el resquebrajamiento económico del modelo neoliberal, y de sus casi inexistentes rendimientos sociales.

Un segundo aspecto a destacar es el agotamiento de la lógica de la gobernabilidad a través de una "política de pactos". De 1986 a 2003, se realizaron siete pactos entre la élite gobernante con distintos fines, lo que le valió el apelativo de "democracia pactada". Estos, siempre con nombres rimbombantes, fueron acuerdos firmados por los líderes de los partidos políticos, sin ninguna participación de los movimientos sociales o sindicatos (ver recuadro). Se creó así una bifurcación entre los partidos políticos que concertaban y definían el destino político de la nación y la población que, ya sea desde la calle, la federación o la comunidad, no participaba de la toma de decisiones.

Pactos entre partidos políticos de 1985-2001

Esta dinámica, sostenida a través de los años 90, generó un tercer aspecto, al que hacíamos referencia al inicio de nuestro estudio: la distancia entre el mundo político y el mundo social. Se dio un proceso de profesionalización de la política y, con ello, la aparición de un sector muy especializado que, paulatinamente, fue perdiendo contacto con la gente. Además, en el "hombre político" se concentró toda la negatividad, acusándolo de ser el responsable de la crisis, la corrupción, la pobreza, etcétera. La dinámica de estar "dentro" o "fuera" del partido generó una peligrosa zanja que luego el mundo político tradicional no logró saldar. La política se instrumentalizó, y los partidos dejaron de ser un espacio para hacer, propiamente, política.

Estos elementos generaron un escenario favorable al surgimiento de nuevas opciones que pudieran satisfacer las demandas de la población, tanto en términos materiales, como en formas de integración a la dinámica de la participación y gestión política. Unidos a otros múltiples factores (como la tradición de lucha sindical, las históricas sublevaciones indígenas, las constantes movilizaciones cocaleras, etcétera), comenzó a nacer una nueva variante de la izquierda, en la figura de los Movimientos Sociales, que serían la base para toda la cadena de transformaciones posteriores.

Es innegable su protagonismo que, en la política del país, desde el año 2000 han evidenciado: la "Guerra del Agua" en Cochabamba (abril, 2000); el bloqueo a la ciudad de La Paz, de septiembre de 2000, protagonizado sobre todo por sectores campesinos aymaras; la Guerra del Gas de octubre de 2003, que dio como resultado la expulsión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada; son hechos que lo demuestran. La agrupación más importante en esa dirección es el MAS (movimiento social, devenido partido político, y que, con el apoyo otros movimientos y organizaciones sociales de tendencia izquierdista, fundamentalmente del sector campesino, ha logrado canalizar en su programa y en su actuación política, las necesidades sociales más urgentes de la sociedad y economía bolivianas), cuyo ascenso al poder en las elecciones de 2005, es el hecho más visible para reconocer quiénes son los nuevos actores sociales de la sociedad boliviana actual. Tres características esenciales nos permiten, en este sentido, establecer el rompimiento que existe, entre estas nuevas organizaciones sociales de izquierda y las tradicionales:

– Vinculación sindical. Tanto el MAS como el MIP son resultado de una decisión que surge de la deliberación sindical y comunitaria. De hecho, son consideradas como "instrumentos políticos" de una agrupación social, por lo que tienen una relación directa y regular con sus "bases", lo que les brinda un dinamismo propio para su acción política.

– Combinan el nacimiento de nuevos partidos políticos de izquierda con el surgimiento de actores sociales con capacidad de movilización muy grande. Por tanto, los frentes de batalla son la representación parlamentaria, y la política desde las calles, a través de marchas y bloqueos. Los líderes, Evo Morales, Felipe Quispe, Oscar Olivera, etcétera, son de origen indígena o popular, lo cual rompe esa tradición de la izquierda boliviana, cuyo líder era siempre alguien vinculado a la pequeña burguesía urbana.

– El discurso gira alrededor de demandas culturales, aspectos económicos, soberanía con respecto al uso de los recursos naturales, particularmente el gas, y participación política. El Estado se sitúa en el centro de las reivindicaciones, y toda la actuación está perneada por la oposición al neoliberalismo.

Frente a un proyecto y práctica política que incluye: la nacionalización de los recursos económicos estratégicos del país (petróleo y gas); realización de una nueva redistribución de las tierras; programas intensivos de alfabetización; y como centro del conjunto de reformas, la redacción y aprobación de un nuevo texto constitucional que viabilice el desarrollo socio económico del país; la oposición, liderada por PODEMOS, pareciera haberse aliado en un todo frente a las propuestas masistas. Ello demuestra el hecho de que, el pluripartidismo en Bolivia, no supone la existencia de una pluralidad de alternativas políticas, sino todo lo contrario; hecho que se evidencia en el carácter unívoco del discurso y práctica de los partidos de la oposición, que representan una alternativa neoliberal en su conjunto y utilizan, no sólo los mecanismos legales a su alcance para bloquear la actuación del MAS, sino que se valen de todo un sistema de propaganda contra el gobierno que, en su modalidad más extremista, llega a rayar con la balcanización del país, disfrazada en el reclamo "autonómico".

Nunca como ahora ha quedado, en la lucha política boliviana, tan al descubierto la verdadera correlación de fuerzas e intereses al interior de la nación; manifestándose la manera tan sui generis en que han venido a funcionar el sistema político y los órganos de representación de Bolivia, ante la propuesta de llevar a cabo una revolución social desde el poder.

Al interior del Congreso de la República, PODEMOS, MNR y UN han formado frente único contra el MAS, a pesar que este representa la facción mayoritaria (muestra evidente de que, por más que los escaños estén compartidos entre cuatro partidos políticos, hay sólo dos alternativas políticas evidentes, debido a que MNR y UN parecieran haberse supeditado, en su discurso y en su práctica, a PODEMOS).

Por ejemplo, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 44 artículos, sancionada por el Senado el 28 de noviembre de 2006, y que permite la expropiación por el Gobierno de latifundios improductivos de manera legal, supuso, en su proceso de aprobación, el bloqueo de las sesiones del Senado durante varios días por la oposición, impidiendo que se alcanzara el quórum necesario para su aprobación; fundamentalmente porque el carácter anti latifundista de esta dañaba, no ya los intereses de los hacendados de la parte oriental del país, sino de los propios parlamentarios. Es curioso entonces que, cuando finalmente, tras el convencimiento de los senadores de PODEMOS, Mario Vargas (titular) y Andrés Fermín Heredia Guzmán (suplente), y de Abraham Cuellar Araujo, legislador suplente de Unidad Nacional (UN), de asistir a las sesiones de la Cámara Alta para completar el quórum y finalmente, aprobar esa misma noche la Ley, la oposición acusara al Gobierno de haberlos sobornado, a lo que el presidente Evo Morales contestó: "No hemos pagado, tenemos dignidad y honor". En el mismo cable, publicado por el diario digital español Rebelión, Bolpress comentó, que esa "noche, el senador de PODEMOS Antonio Franco entró por la fuerza a la sala donde sesionaba el Senado, rompió un vidrio, golpeó la puerta e intentó sacar a los senadores de su partido, pero no pudo impedir que el Senado sancionara la ley".

No obstante, la oposición derechista, en voz de Jorge Tuto Quiroga, líder de PODEMOS, acusa al Gobierno de actuar en forma autoritaria. No debe olvidarse que este hombre era Vicepresidente cuando, bajo el gobierno de Bánzer, fueron firmados 32 contratos de riesgo compartido, en violación de los Art. 139° y 59° de la actual Constitución.

Este hecho de la práctica política boliviana actual, evidencia, con creces, dónde se encuentra la raíz, no ya de la crisis de participación política y de representación popular, de la que veníamos hablando, sino del descrédito mismo de los partidos tradicionales y de su verdadero papel en la política nacional, como representantes de los sectores oligárquicos, que, esencialmente de raíz regional, se enfrentan, en pugna, unos contra otros; y, en frente unido, contra el MAS.

El mismo martes 30 de noviembre fue aprobado, en su totalidad, el reglamento de debates de la Asamblea Constituyente, aún bajo la protesta oposicionista, en forma de huelgas de hambre. Según las declaraciones del MAS, la oposición miente al país al decir que el oficialismo impuso la mayoría absoluta para la aprobación de la nueva Constitución. Santos Ramírez, presidente del Senado, declaró a Bolpress que tal afirmación: "Es una mentira para desestabilizar la Asamblea Constituyente y el escenario nacional. El Artículo 71° señala que la Asamblea Constituyente aprobará por dos tercios de votos de los miembros presentes el texto final de la nueva Constitución Política del Estado, como manda el Artículo 25° de la Ley de Convocatoria, y los artículos del proyecto de la nueva Constitución que sean observados".

Es una tarea titánica para el MAS, no sólo enfrentarse a una oposición políticamente fanática, sino utilizar y reformar, sobre la marcha, un sistema político construido para defender los intereses de oligarquías y transnacionales. Es allí donde entra a jugar su papel el actor político más importante de los últimos tiempos en Bolivia, que ha sido el propio pueblo, según declaraciones del presidente Evo Morales, este tiene en sus manos la posibilidad de concretar el cambio en Bolivia. "A veces nos bloquean desde el Senado, tratan de chantajearnos, pero cuando hay pueblo movilizado no hay forma. De un tajllaso (golpe) aprobaron los contratos petroleros gracias a la marcha, se aprobó también el presupuesto reformulado para que los prefectos opositores gasten más. Gracias a las marchas mejoran los ingresos del país y ahora deben controlar a los prefectos que no quieren ser controlados."

Es así que la movilización popular ha devenido el instrumento más poderoso en manos del MAS para impulsar el cumplimiento de su programa político.

Esa simbiosis que ha creado la lucha masista entre los órganos del poder legislativo y las movilizaciones populares; la conexidad entre el pueblo movilizado y los procedimientos legislativos; e incluso, el propio proceso constituyente, es quizá la característica más notoria de la dinámica interna del sistema político boliviano actualmente; lo cual convierte al proceso revolucionario que vive hoy la nación, en un hecho paradigmático dentro de la región andina, con la cual comparte una situación histórica, cultural y económica semejante.

2.3.2. Los pueblos indígenas en la política boliviana actual.

La irrupción de los pueblos indígenas, como actores sociales y políticos, es uno de los fenómenos más sobresalientes de los últimos veinte años en América Latina y, sin duda, tendrá impactos de larga duración en las democracias de la región.

Las reformas políticas del 2004 efectuadas en Bolivia, permitieron a los pueblos indígenas, el ser considerados equivalentes funcionales de los partidos políticos, y concurrir, en iguales condiciones, a los procesos eleccionarios. Como queda recogido en el artículo 5 de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, estos son:

"…son organizaciones con personalidad jurídica propia reconocida por el Estado, cuya organización y funcionamiento obedece a los usos y costumbres ancestrales.

Estos pueblos pueden participar en la formación de la voluntad popular y postular candidatos en los procesos electorales, en el marco de lo establecido en la presente Ley, debiendo obtener su registro del Órgano Electoral."

Desplazados por siglos, no solo del acceso a los mecanismos de poder, sino del ejercicio y de los beneficios de la gestión política, los pueblos indígenas bolivianos han devenido en poderosos actores de la política del país.

Entendemos que el actual rol protagónico que estos desempeñan tiene diversas causas:

• el carácter multiétnico y pluricultural, presente en la conformación del pueblo boliviano y de su propia cultura e identidad, es un elemento básico en este sentido.
• las secuelas del histórico proceso de marginación sufrido por estos pueblos, primero bajo el régimen colonial y, luego, en los sucesivos regímenes republicanos a los que no interesaba, por razones diversas, la incorporación de estos a la nación.
• el fracaso del proyecto de nación, tradicionalmente asignado a Bolivia manifestado en el hundimiento del Estado, producto de la debacle del modelo neoliberal.
• el total descrédito e inoperancia del sistema de partidos boliviano, hecho que ha llevado a amplios sectores de la sociedad (pueblos indígenas y agrupaciones ciudadanas), desplazados de la gestión y de los beneficios de la política, a la autorepresentación.

Habría que decir que en ello la izquierda boliviana tradicional ha tenido algo de culpa histórica, al no haber elaborado un proyecto político coherente con las realidades culturales del país. El gran mérito histórico de las nuevas fuerzas políticas de izquierda surgidas en Bolivia, y que encuentran en el MAS su expresión más acabada, radica allí, en la elaboración de un programa político en el que han encontrado sitio las diversas realidades que conforman la nación, a partir de la identificación y enfrentamiento a problemáticas socio económicas comunes, tales como la desprivatización de los recursos naturales; una nueva redistribución de las tierras; y la refundación del Estado, sobre las bases histórico culturales existentes, a través de una nueva Constitución Política. Demandas que en diversos sectores, tanto agrarios como urbanos, tenían una larga data de reclamos.

Las causas enumeradas anteriormente, unidas a la propia esencia de los movimientos sociales del país, explican por sí mismas el papel histórico que han de desempeñar, en el ámbito boliviano, los pueblos indígenas, a favor del cambio, y en pro de nuevas formas de representación, más acordes con la realidad social.

1. Las organizaciones socio – políticas de la Sociedad Civil boliviana.

El tercer elemento del sistema político boliviano se encuentra, naturalmente, en el ámbito mismo de la sociedad civil. Este término, como lo conocemos hoy, es un producto de las revoluciones burguesas, y ha sido utilizado en la historia del pensamiento político en un doble ámbito: como sinónimo de Estado o sociedad política, frente a la sociedad familiar, natural o religiosa; y como sociedad civilizada, para diferenciarla de las primitivas o salvajes.

Si estamos de acuerdo en que, a cada tipo de sociedad corresponde un determinado tipo de Estado, y que este actúa como representación oficial de aquella, pudiéramos entender entonces, por sociedad civil, a aquel conjunto de actividades e interrelaciones sociales de carácter integral, donde se desarrollan física y culturalmente los conglomerados humanos (entendidos como individuos y como colectividades), frente al aparato de poder estatal. De esto se deriva que, si la sociedad humana es un ente tan complejo y diverso, para poder canalizar el discurso de "todos", adopte una cierta organicidad o coherencia en su desenvolvimiento. Esta incluirá, entonces para sus fines de producción y reproducción de la vida humana, a comunidades, organizaciones, individuos, instituciones, normas, actividades, modelos axiológicos; etc.

Este vínculo de unión entre la diversidad de la sociedad civil y el Estado, sería la llamada sociedad política, o sociedad civil políticamente organizada; o sea, que se refiere al conjunto de órganos que se mueven en la esfera de la sociedad civil pero que, a diferencia del resto con carácter económico, cultural, artístico, científico, tienen fines y carácter políticos, denominándose organizaciones socio – políticas.

Su existencia en la sociedad boliviana está legitimada por el derecho de libre asociación voluntaria, reconocido en el art. 7c) de la CPE, y se diferencian de los partidos políticos en que sus finalidades son inmediatas, específicas de ciertos grupos humanos (como estudiantes, obreros, campesinos, homosexuales, mujeres, etc.), en modo alguno interesados en obtener el poder político del Estado, pero sí en actuar de alguna manera sobre este para el logro de sus fines determinados. Un ejemplo de ello pueden ser las reclamaciones por parte de organizaciones feministas para el reconocimiento de la equidad de género en sociedades donde son discriminadas; de organizaciones homosexuales en pro del matrimonio gay; las luchas estudiantiles por el logro de la Reforma Universitaria; etc.

Su vehículo de enlace con el poder estatal lo constituyen, con frecuencia, los partidos políticos, a los cuales es frecuente encontrarlas unidas, ya porque este las haya creado para alcanzar mayores niveles de acceso a los consensos sociales; o porque, luego de sus surgimiento espontáneo, se hayan integrado al mismo.

Esta especie de asociación se rige por dos principios fundamentales: una independencia orgánica de las organizaciones respecto al partido, al conservar sus propios estatutos y los relacionado con el régimen d vida interna; y la fluida comunicación que debe existir entre ambos, basada en el apoyo de la organización a la línea programática del partido, logrando este reflejar las demandas de aquella.

Dicha cooperación es necesaria, en tanto, frente a los objetivos generales que se traza el poder estatal sobre la sociedad, los partidos se convierten en el medio de hacer llegar a él las necesidades de grupos humanos específicos, canalizadas, a su vez, en las organizaciones socio políticas.

En las condiciones de la representación en Bolivia, no sólo encontramos asociación de partidos con las organizaciones socio políticas, sino de estas con agrupaciones ciudadanas.

4. Los grupos de presión. Concepto. Su lugar dentro del sistema político.

Hemos descrito brevemente el conjunto de elementos que conforman el sistema político de la sociedad boliviana, y que se encuentran relacionados con la toma de decisiones políticas, siendo el Estado el elemento fundamental dentro del mismo, donde inciden o luchan por incidir los demás, para hacer que el aparato de poder gire a favor de intereses determinados.

Sin embargo, un sistema político no solo está compuesto por partidos (y sus equivalentes funcionales en el caso de Bolivia) y organizaciones socio políticas. Existen otros elementos que, a diferencia de estos, actúan sobre el mecanismo estatal de modo más invisible y, sin embargo, en forma tanto o más poderosa que aquellos.

Habíamos visto que, a su interior, las sociedades se agrupan en conjuntos de individuos con intereses comunes, y que, incluso, al interior de las propias clases surgen contradicciones que se tornan irreconciliables.

En las sociedades burguesas, el control de los recursos económicos, o las decisiones políticas que tome el Estado con relación a estos, encontrarán siempre la resistencia de grupos económicamente dominantes en esa sociedad, los que verán amenazados sus intereses. Los grupos de presión constituyen uno de los modos de los que se valen para influir sobre el aparato estatal a su favor.

Para conceptualizarlos, tomemos como punto de partida la siguiente definición para la cual son "conjuntos de individuos formados en torno de intereses particulares comunes, cuya finalidad esencial consiste en la defensa de ventajas materiales o la salvaguardia de valores morales, que influyen, para el efecto en la política pública."

Su influencia es decisiva, y llegan a formar lo que se ha denominado "gobierno invisible" y, sustentados en el poderío económico que representan, han llegado a formar, en muchos casos, el gobierno real.

El hecho de que se formen por individuos agrupados en torno a intereses particulares, excluye toda referencia a cualquier cosa que tenga que ver con interés público o general. Ello deja entrever a las claras, que se trata de agrupaciones privadas; el otro elemento que los caracteriza es "su gran poder económico", lo cual viene a completar la denominación: son agrupaciones privadas de individuos con gran poder económico.

Esta esencia (económica) pasa a determinar sus fines dentro del sistema político, que son la defensa e incremento de esos mismos intereses económicos en torno a los cuales se agrupan, pasando "inadvertidos" ante los ojos de la sociedad, debido a que carecen de vertebración, organicidad estructural y funcional, sin membresía determinada específicamente y separados (al menos formalmente) del Gobierno, cuyo poder se abstienen de alcanzar y ejercer, al menos en forma directa; prefiriendo influenciar sus decisiones, para lo cual se valen de medios tales como la propaganda, la persuasión, la amenaza, el chantaje, el soborno, el sabotaje, hasta llegar al uso de la fuerza, y a los atentados contra los representantes del poder, para el logro de sus objetivos.

Visto esto podríamos decir que se trata de agrupaciones privadas de individuos con gran poder económico en una sociedad, que se reúnen, de manera informal y eventual, en torno a intereses económicos comunes, para influir, a través de diferentes medios extralegales, en las decisiones de los órganos del Estado.

Su actividad alcanza a todos los aspectos de la vida política, pudiendo dirigirse, no sólo a impedir la sanción de una Ley, sino también a la detención u obstaculización de cualquier acción gubernamental, administrativa o judicial. En Bolivia han actuado por generaciones en la forma de las llamadas "roscas".

Algunas legislaciones como la norteamericana, han legitimado su actividad, al considerarla parte integrante de un sistema democrático.

La falsedad de esta afirmación estriba en que, en la práctica, resultará influyente el grupo económicamente más poderoso y hábil, y no aquellos que representen a un mayor número de personas, hecho explicable perfectamente por su esencia.

Dos elementos fundamentales diferencian a los grupos de presión de los partidos políticos, pues estos tienen una organización jurídico – formal reconocida por el Estado; a diferencia de aquellos, que por regla carecen de la misma y actúan a la margen de la legalidad estatal (salvo el caso visto en Estados Unidos). Los grupos de presión no luchan, como los partidos políticos, por la obtención del poder en el Estado, sino que intentan influir en el mismo "desde afuera" con arreglo a sus intereses.

Sin embargo, si ocurre con frecuencia que partidos políticos representen los intereses de determinado o determinados grupos de presión, que se presten para apoyarlos en sus campañas.

También pueden considerarse grupos de presión a determinadas agrupaciones de individuos que, sin constituir partidos políticos u organizaciones sociopolíticas, se reúnen para hacer presión sobre los órganos de poder con arreglo a determinados fines que pueden ser ecologistas, de ayuda ante determinados sucesos; etc.

En el caso boliviano, los propios movimientos sociales han actuado y actúan, como grupos de presión frente a determinada decisión por parte del gobierno, o, en la actualidad, contra la oposición parlamentaria.

En Bolivia, los grupos de presión actúan, incluso, al interior del propia Asamblea Constituyente. En su edición digital del 21 de agosto de 2006, el diario boliviano Los Tiempos, en un artículo titulado "Asambleístas tienen la presión de 16 grupos", destacaba que existían vínculos entre 188, de los 255 asambleístas, con los sectores sociales más representativos del país, entre ellos, choferes, maestros, empresarios, cívicos y municipalistas, campesinos, cocaleros, indígenas, periodistas, uniformados, dirigentes vecinales, universidades, empresarios, pequeña empresa, ONGs, evangélicos y gremialistas. Este hecho nos da a entender que no necesariamente los grupos de presión van a representar a sectores económicos de la sociedad, sino que, en determinadas condiciones, pueden convertirse en una vía para lograr, de manera no oficial, y en forma más directa, altos niveles de participación popular en los procesos políticos.

Notas:

Constitución Política del Estado, art. 71.1 y 72.

Weber, Max, La política como vocación. Conferencia dictada a estudiantes de la Universidad de Munich, 1919.

Lenin, V. I., Obras completas, t. 37, Ed. Progreso, Moscú, 1983, p. 189

Marx, Carlos, Carta a Pavel V. Annenkov, en Obras Escogidas, 3T, t. I, Ed. Progreso, Moscú, 1986, p. 532.

Debe entenderse que el término "propiedad privada" empleado, se refiere a las relaciones de propiedad existentes entre los individuos de una clase social determinada y los medios fundamentales de producción en una sociedad y de los bines materiales creados por estos; sobre todo por la reiteración, en el apartado 2 del mismo artículo citado, de la necesidad o utilidad pública que esta debe cumplimentar, a la a falta de la cual sobreviene la expropiación por parte del Estado (art. 22.2 CPE); y no a la simple propiedad personal, entendida como las relaciones de apropiación sobre objetos, cosas y el producto de estos, esenciales para la vida de los individuos en una sociedad.

Entiéndase que el hecho de que los poderes del Estado ejerzan la soberanía, no significa, en modo alguno, que la misma dimane de ellos, como bien establece el art. 2 de la CPE, esta reside en el pueblo, siendo delegado su ejercicio en manos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

De todas sus funciones, como ha apuntado Pedro Lazarte, esta parece ser una de las más volátiles, en el sentido de que no existen parámetros precisos para su elaboración, con lo cual puede ocurrir que los mismos se conviertan en una simple enumeración de buenas intenciones.

Esta obligación se ha visto profundamente cuestionada en la reciente historia política del país, por la actividad desplegada por los partidos tradicionales frente a los programas de corte social lanzados desde el poder, desacreditándolos y bloqueando su ejecución, a sabiendas de la profunda crisis social de pobreza y desigualdad que se vive en el territorio. Ello define, en buena parte, la profundidad del conflicto ético que estos llevan en sí.

Ver, para esto, art. 4, 5 y 6 de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004.

Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas participantes en elecciones municipales de 2004 en http://www.cne.org.bo 11 de febrero de 2007.

En su edición del 13 de diciembre de 2006 el diario digital español Rebelión, publicó un interesante artículo del prestigioso politólogo alemán Heinz Dietrich, quien adjuntó al mismo el siguiente panfleto que citamos a continuación, publicado en Bolivia por Nación Camba y Unión Juvenil Cruceñista, nada más y nada menos que llamando a la limpieza étnica. Si no fuera por la animalidad y la barbarie del texto, este, más que asco, causaría risa.

"14 de diciembre del 2006

LLAMADO A LA POBLACION CAMBA

LA NACION CAMBA y la UNION JUVENIL CRUCENISTA, convocamos a los verdaderos hijos de esta tierra de Ñuflo Chávez, al cabildo convocado por los padres de esta nuestra patria RUBEN COSTAS Y GERMAN ANTELO para declarar nuestra independencia y fundar una nueva nación de gente de raza superior que comparta nuestra visión de país, por este motivo solicitamos tu participación.

Una vez acabado el cabildo procederemos a la toma de las instituciones públicas como también de las empresas que sean de collas, ya que todo lo que hay en estas tierras debe ser de nosotros los cambas y no así de las razas malditas que deben ser eliminadas ya que son una contaminación para nosotros.

Las razas malditas son: Quechuas, Aymaras, Guaranies, Ayoreos, Pupyguaranis, Matacos y todos los que no son como nosotros.

También para que quede claro:

padre camba + madre camba = hijo camba puro

padre camba + madre colla = hijos camba

padre colla + madre camba = hijo colla

padre colla + madre colla = hijo colla

No debemos permitir ninguna infiltración en nuestra nación.

También les pedimos que todo aquel que tiene algún arma ya sea de fuego o blanca lleve al cabildo, ya que desde ese momento empezaremos la limpieza étnica." en http:// edición del 13 de diciembre de 2006.

En este sentido, el Vicepresidente electo Álvaro García Linera describió la actual experiencia política del país como una "construcción de múltiples movimientos sociales con una trayectoria de largo alcance y una capacidad organizativa y autónoma que poco a poco ha ido presionando al estado y finalmente ha llegado a ocuparlo". Citado por Mark Engler en Bolivia y el mandato progresista en América Latina, en http://www.democracyuprising.com/articles/espanol2006/lat_am_mandate_es.php

Término de reciente uso por la Ciencia Política para definir el proceso de desintegración territorial de una nación determinada. Debe su nombre al proceso de desmembramiento, en pequeñas naciones, que sufrió la antigua Federación Yugoslava tras años de guerra civil.

Redacción Bolpress, Evo: se terminó el latifundio en Bolivia, en www.rebelion.org, edición del 30 de noviembre de 2006.

Orozco Henríquez, José de Jesús, "El poder de los grupos de presión", en Colectivo de Autores, Constitución y grupos de presión en América Latina, Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, México, 1977, p. 106.

En 1946 se aprobó en ese país la llamada Lobbyng Act. En su art. 307 se define como lobby (nombre que han recibido en ese país los grupos de presión, derivado del lugar donde, por lo general, ejercen sus actividades los representantes de los mismos) a toda persona individual o colectiva que "directa o indirectamente solicite, recaude o reciba dinero o cualquier otra cosa de valor para ser usada principalmente en influir directa o indirectamente en la aprobación o desaprobación de cualquier legislación por el Congreso de los Estados Unidos." Cit. por Julio Fernández Bulté en Teoría del Estado, Ed. Félix Varela, La Habana, 2004, p. 196.

Asambleístas tiene la presión de 16 grupos, en http://lostiempos.com/noticias/21-08-06/21_08_06_nac8.php.

Bibliografía.

1. Alonso Freyre, Joaquín y Mirtha A. del Río, "Lógica funcional del sistema político", en Colectivo de Autores, Teoría sociopolítica. Selección de Temas, 2T, t.I, Ed. Félix Varela, La Habana, 2003.
2. Andrea Sánchez, Francisco de, Los partidos políticos. Su marco teórico jurídico y las finanzas en la política, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002.
3. Bolpress, Evo: "Se terminó el latifundio en Bolivia", en www.rebelion.org, edición del 30 de noviembre de 2006
4. Colombo, Rafael, El Estado en la teoría social clásica. 26 de marzo de 2006, en http://www.rebelion.org/libros.
5. Diego Cañízares, Fernando, Teoría del Estado, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1979.
6. Engels, Federico, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en Obras Escogidas, 2T, t. II, Ed. Progreso, Moscú, 1955.
7. Engler, Mark y Benjamín Dangl, Bolivia y el mandato progresista en América Latina. 9 de junio de 2007, en http://www.democracyuprising.com/articles/espanol2006/lat_am_mandate_es.php
8. Fernández Bulté, Julio, Teoría del estado, Ed. Félix Varela, La Habana, 2004.
9. Halperin Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, Alianza Editorial, Madrid, 1975.
10. Lazarte R., Jorge, "Regulación jurídica de los partidos políticos en Bolivia", en
11. Daniel Zovatto, Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina. 12 de febrero de 2007, en http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2144.
12. Lenin, V. I., "El estado y la revolución", en Obras Escogidas, 3T, t. II, ed. Progreso, Moscú, 1960.
13. Limia David, Miguel, "Estado y sociedad civil en Cuba", en Colectivo de Autores, Teoría sociopolítica. Selección de Temas, 2T, t.I, Ed. Félix Varela, La Habana, 2003.
14. Marx, Carlos, "Carta a Pavel Vasilievich Annenkov," en Obras Escogidas, 3T, t.I, Ed. Progreso, Moscú, 1986.
15. Marx, Carlos y Federico Engels, "La Ideología Alemana," en Obras Escogidas, 3T, t. I, Ed. Progreso, Moscú, 1986.
16. Orozco, Henríquez, José de Jesús, "El poder de los grupos de presión", en
17. Colectivo de Autores, Constitución y grupos de presión en América Latina, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1977.
18. Romero Ballivián, Salvador, "CONDEPA y UCS: el declive del neopopulismo boliviano", en Revista de Ciencia Política, vol. XXIII. No 1, 2003.
19. Sanjinés C., Javier "Movimientos sociales y cambio político en Bolivia," en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, enero – abril, año/vol 10, número 001, pp. 203 – 218, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2004.
20. Vila de Prado, Roberto, "El conflicto en la Bolivia contemporánea. Alternativas de solución," en Revista Futuros, No 15 vol. IV, 2006. 2 de marzo de 2007 en http://www.revistafuturos.info
21. Weber, Max, Economía y sociedad, t. I, Fondo de Cultura Económica, México, 1977.
22. _________, La política como vocación, Conferencia dictada a estudiantes de la Universidad de Munich en 1919, en http://derecho.itam.mx/facultad/materiales/proftc/herzog/Weber%20-%20Poltica%20como%20vocacin55.pdf -, 12 de febrero de 2007.
23. Zovatto, Daniel, Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina. 12 de febrero de 2007, en http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2144.

Autor:

Lic. Yuri Fernández Viciedo

Nació en Cuba, país donde reside actualmente. Se licenció en Derecho en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2007. Actualmente se desempeña como profesor de Filosofía del Derecho en el Centro Universitario "José Martí" de Sancti Spíritus. Este trabajo fue terminado en Sancti Spíritus, Cuba, el 15 de septiembre de 2007.