Plan estratégico de desarrollo sostenible para Santo Domingo (página 5)

Población (2002): 1,817,754 personas: 887,437 hombres y 930,317 mujeres.

Densidad: 1,402.2 habitantes/km2. Porcentaje de población urbana: 89.6%.

Ciudades principales:

Municipio cabecera: Santo Domingo Este, con 787,129 habitantes (480,749 urbana y 306,380 rural); coordenadas: 18° 29' N – 69° 54' W.

Otros municipios: Boca Chica, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste.

Distritos Municipales: San Luis, La Caleta, Palmarejo-Villa Linda, Pantoja, La Cuaba, La Guáyiga, Hato Viejo y La Victoria.

Montañas: En el norte de la provincia se encuentra la Sierra Prieta, que forma parte de la Sierra de Yamasá.

Hidrología: El principal río de la provincia es el Ozama, con sus grandes afluentes La Isabela y Yabacao. El Río Haina forma el límite con la provincia San Cristóbal mientras que el Brujuelas sirve de límite con la provincia San Pedro de Macorís.

4.5.2 SITUACIÓN ECONÓMICA

Economía: Es la provincia de mayor actividad industrial y comercial, con varias zonas industriales. Además el Puerto de Haina (compartido con la provincia San Cristóbal) es el más importante del país.

En agropecuaria, las principales producciones son de frutales (cítricos) y ganado vacuno tanto de leche como de carne. También la producción avícola es importante.

Turismo: El turismo es importante solamente en la parte oriental, especialmente en Boca Chica, uno de los principales centros turísticos del país.

La pobreza del área de Santo Domingo, es decir, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, era de un 26% en 2002, mucho más baja del promedio nacional (43%), registrando en la provincia (28%) una intensidad de la pobreza superior al Distrito Nacional (21%). En algunos municipios de la provincia de Santo Domingo, la pobreza alcanzaba el 64%, como ocurría en el municipio de Guerra; el 58% en La Victoria; el 52% en Pedro Brand; el 43% en Boca Chica. De cada 5 personas consideradas pobres del país vive en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

No obstante, el nivel de privaciones en el área de Santo Domingo es un 15% inferior al promedio nacional y es por lo menos 35% más bajo que en la mitad de las provincias del país. Es decir, la probabilidad combinada de no morir antes de los 40 años, de no ser analfabeto cuando se sea adulto, de estar sin acceso a agua potable y de estar desnutrido es cuando menos un 52% superior en la mitad de las provincias dominicanas en comparación con en el área de Santo Domingo.

4.5.3 DESARROLLO HUMANO

El enfoque de desarrollo humano y el enfoque de capacidades con la cuestión territorial son prácticamente inexistentes. Esto exige un esfuerzo adicional para tratar de entender como la literatura del desarrollo ha abordado la cuestión territorial y luego hacer el vínculo con el enfoque de capacidades.

La pregunta que se han hecho los estudiosos de la cuestión territorial es si ésta influye de alguna manera en los procesos de desarrollo. Las posturas más extremistas se preguntan si existe un potencial endógeno en los territorios que influye en el desarrollo. La intuición nos indica que la relación es más dialéctica: el uso del territorio es un hecho social determinado por ciertas potencialidades endógenas que a su vez crean externalidades positivas y negativas que refuerzan o diluyen las posibilidades de desarrollo humano en un determinado espacio. Esas fuerzas se ven acrecentadas o disminuidas por los niveles de vínculo con el proceso de globalización[49]

No cabe duda que para el enfoque de desarrollo humano, cuyos ejes son la eficiencia, la equidad, el empoderamiento y la libertad, resulta central la cuestión territorial.

La eficiencia, que implica incrementar la base material sustentada en la ampliación de las capacidades humanas, se beneficia de las externalidades positivas que puedan generarse de la aglomeración económica.

En el enfoque del desarrollo como libertad se establece una diferencia entre las circunstancias en que vive la población y la responsabilidad con que ella actúa: las personas deben igualarse en sus circunstancias teniendo acceso a similares oportunidades, pero son responsables de las consecuencias de sus decisiones, sus gustos y ambiciones, según aprovechen o no las oportunidades.

El Estado tiene la obligación de crear las condiciones que igualen las circunstancias y debe prevenir todas aquellas ocurrencias de las cuales los individuos no son responsables, pero que les perjudican. Por ejemplo, debe mejorar la calidad y el acceso a la educación, impedir la discriminación, crear un escenario favorable para que aumente el empleo o crear condiciones para que las personas participen en las decisiones que les afectan. La denegación de esas libertades es una expresión del fracaso de la responsabilidad del Estado. Sólo después de que se igualen las circunstancias, que las instituciones garanticen equidad en el acceso a las oportunidades y se eliminen las asimetrías de información, el mecanismo del mercado como institución puede funcionar eficientemente.

El empoderamiento de la población es una vía para garantizar la igualdad de oportunidades y ésta se logra en parte cuando se amplía el espacio de decisión de la ciudadanía.

Esto es el resultado de procesos simultáneos: el poder que se construye, el que se conquista y el que se redistribuye o transfiere mediante transformaciones más democráticas de la sociedad. Para que ese empoderamiento pueda ser sostenible debe ser responsable, coherente y eficaz, superando la improvisación, con un marco analítico de ideas factibles, calculadas y fundamentadas, que guíen las intervenciones públicas y que sirvan de referencia a las acciones privadas.

Así, por ejemplo, no se puede desestabilizar la macroeconomía ni violentar el equilibrio fiscal, pero sí se puede decidir cómo lograr el equilibrio fiscal (cortando gastos sociales o creando impuestos progresivos).

El enfoque de desarrollo humano provee el marco analítico, permite hacer las preguntas adecuadas y define los criterios para la formulación de políticas con estrategias que combinen diferentes instrumentos para ampliar las opciones humanas. La combinación de estos instrumentos puede variar de país a país y depende de las condiciones históricas, sociales, políticas, económicas e institucionales de cada uno.

CAPITULO V

Plan estratégico de desarrollo sostenible para la ciudad de Santo Domingo.

(Compatibilidad del desarrollo económico versus bienestar social)

5.1 DESCRIPCION

5.2 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO

5.2.1 Antecedentes

5.2.2 Estructura y Organigrama.

5.2.3 Objetivos Fundamentales

5.2.4 Proyectos y Ejecución

5.2.5 Presupuesto Municipal Participativo

5.3 PROPUESTA ESQUEMATICA DE DESARROLLO

5.3.1 Generación y Aplicación de Políticas Públicas

5.3.2 Compatibilidad del Desarrollo Económico

5.3.2.1 Versus el Bienestar Social

5.3.2.2 Versus el Desarrollo Humano

5.3.3 El Capital Humano

5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PLAN

5.5 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

5.1 DESCRIPCION

Elaborar un plan estratégico de desarrollo sostenible para la ciudad de Santo Domingo, tomando como base esencial la compatibilidad del desarrollo económico versus el bienestar social y el desarrollo humano. Dejar establecida una propuesta esquemática de desarrollo en dicha ciudad, para que este modelo se pueda implementar en toda la República Dominicana.

5.2 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO

Son muy pocos los municipios que han realizado planes estratégicos y en la mayoría de los casos no ha habido continuidad cuando han cambiado las autoridades municipales[50]

Un plan estratégico es una idea, una visión concretada en un conjunto de acciones, actividades y obras realizadas en un tiempo determinado que proyectan a la comunicad hacia el futuro. No es vinculante y su implementación depende de la voluntad concertada entre los diferentes actores políticos, empresariales y de la comunidad. En el país algunos planes han sido el resultado de propuestas de organizaciones comunitarias o de agencias de cooperación internacional con la participación de las autoridades.

En general, el éxito de estos planes depende de varios factores, entre los que están:

1) Capacidad social que los sustente;

2) Un arreglo entre los partidos políticos locales para que haya continuidad;

3) Una apropiación real de las autoridades que lo ejecutarán;

4) Un conocimiento preciso de los recursos territoriales y de la infraestructura disponible;

5) Un marco institucional y legal que le dé sostenibilidad;

6) Disponibilidad de los recursos que demanda el plan, y la relevancia de las intervenciones que mejoren las condiciones materiales de la población del municipio, así como también para sus necesidades e intereses.

Un plan de ordenamiento territorial es un instrumento legal vinculante sobre el uso del espacio, que ordena y racionaliza las intervenciones sobre el territorio y propicia su desarrollo y aprovechamiento sostenible. Quienes lo elaboran toman en cuenta las potencialidades y deficiencias de la zona, la equidad y el uso óptimo de los recursos naturales, económicos y humanos para lograr el desarrollo humano. Aunque hay algunos intentos, en el país no existe ningún municipio que tenga un plan de ordenamiento territorial vinculante.

5.2.1 ANTECEDENTES

El plan estratégico de Santo Domingo surge de la necesidad de integrar iniciativas y definir claramente los caminos del desarrollo de la ciudad de Santo Domingo de cara al 2020. Este instrumento se constituye en una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la implementación de una política de inversión en los sectores públicos y privado, encaminada a dinamizar e impulsar el desarrollo de la ciudad en los próximos 10 años.

El plan estratégico sostenible se plantea como el resultado de la integración de los esfuerzos de los sectores público y privado para proponer un nuevo proyecto de ciudad. Se trata de una serie de acciones coordinadas conducentes a mejorar su habitabilidad y su competitividad económica. El plan, como instrumento, busca la implementación de estrategias caracterizadas por la comunicación, participación y el consenso de los capitaleños.

La iniciativa del plan surge en 2006 cuando El Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), elabora el plan indicativo de la zona metropolitana de Santo Domingo (PIMSD) a través del Centro de Estudios Urbanos, auspicio un proceso de concientización y capacitación de diversos sectores con incidencia sobre la dinámica urbana de la ciudad de Santo Domingo. El propósito de esta iniciativa era motivar a esos agentes a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad. De ahí nació la idea de auspiciar un sistema local de gestión ambiental urbana y municipal, dentro del cual se desarrollaran planes para la sustentabilidad de la ciudad y el municipio.

Mucho antes a este proceso, surge en 1993 en la ciudad de Barcelona, España, el centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Este organismo fue creado por los alcaldes de diferentes ciudades iberoamericanas, con el fin de difundir la metodología e instrumentos de la planificación estratégicas urbanas y para ofrecer asesoría a las ciudades que decidiesen elaborar planes estratégicos. Por iniciativas de la administración del CONAU en el año 2006, la cuidad se Santo Domingo se convirtió en uno de los nuevos miembros del CIDEU. Es a partir de esta incorporación cuando se decide seguir incentivando los diferentes sectores para el desarrollo de un plan estratégico de la ciudad[51]

Esta responsabilidad estuvo a cargo del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) hasta mayo 2007, a partir del cual debe crearse formalmente la Oficina Coordinadora del plan. El Ayuntamiento del municipio de Santo Domingo (ADN) y el CONAU canalizaran, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), un primer aporte para crear la estructura organizativa y operativa, e iniciar el proceso de un plan estratégico de desarrollo para la ciudad de Santo Domingo.

5.2.2 ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA

5.2.3 OBJETIVOS FUNDAMENTALES

El objetivo principal es establecer una estrategia a largo plazo que combine las políticas para el desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, con el fin de mejorar de forma sostenible el bienestar y las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras.

Integrar a los ciudadanos en la discusión de problemas comunes y en la búsqueda de soluciones.

Identificar las oportunidades, potencialidades, limitaciones y amenazas de la ciudad con miras a definir el futuro deseado, partiendo de posibilidades viables.

Elaborar una agenda de ciudad a partir de 2010 donde se defina la visión, las líneas estratégicas, programas y proyectos para lograr mayor habitabilidad y competitividad en la ciudad.

Desarrollar los mecanismos necesarios para la implantación de las decisiones priorizadas, evaluándola constantemente y mejorándolas según las oportunidades. Esto requiere la integración de los recursos organizativos, humanos y financieros de los agentes públicos y privados, para la consecución y sostenibilidad de acciones y proyectos necesarios para construir el modelo de ciudad deseado.

SÍNTESIS

Esta estrategia establece un marco político a escala de la ciudad de Santo Domingo para permitir el desarrollo sostenible, es decir, para responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a la hora de satisfacer sus propias necesidades.

El desarrollo sostenible se basa en cuatro pilares: económico, social, medioambiental e internacional que deben reforzarse mutuamente. Las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de todas las políticas deben examinarse de forma coordinada y tenerse en cuenta en el momento de su elaboración y adopción. Las autoridades gubernamentales deben asumir asimismo sus responsabilidades internacionales en materia de desarrollo sostenible: éste debe promoverse dentro y fuera de la ciudad capital, incluidos los aspectos relativos a la democracia, la paz, la seguridad y la libertad.

El objetivo es servir de catalizador ante la opinión pública y los responsables políticos para influir en el comportamiento del conjunto de la sociedad. Se basa en medidas sobre los principales desafíos identificados, así como en medidas transversales, financiación adecuada, la participación de todas las partes interesadas y una aplicación y seguimiento eficaces de las políticas.

Los principios básicos de la estrategia son los siguientes: promoción y protección de los derechos fundamentales, solidaridad intra e intergeneracional, garantía de una sociedad abierta y democrática, participación de los ciudadanos, empresas e interlocutores sociales, coherencia e integración de las políticas, explotación de los mejores conocimientos disponibles y principios de precaución y penalizando de manera rigurosa a quienes incumplan con estos propósitos.

Medidas para responder a los principales desafíos

La estrategia pone de manifiesto siete tendencias insostenibles que requieren una intervención: la exclusión social y el envejecimiento demográfico, el cambio climático y la energía, los transportes, el consumo y la producción, los recursos naturales, la salud y el fomento del desarrollo sostenible en el mundo. Esta estrategia enumera toda una serie de objetivos operativos y cuantificados, y medidas concretas a escala de la ciudad capital para alcanzarlos.

El primer objetivo específico a largo plazo de la estrategia consiste en luchar contra el cambio climático y sus efectos, respetando los compromisos del protocolo de Kioto y limitando el aumento de la temperatura media mundial a 2 ºC respecto al nivel preindustrial.

Para promover modos de producción y de consumo más sostenibles, conviene, en particular, romper el vínculo entre crecimiento económico y degradación ambiental y tener en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas. La Secretaria de Medio Ambiente debe, entre otras cosas, fomentar la contratación pública ecológica, definir con las partes interesadas los objetivos de comportamiento ambiental y social de los productos, aumentar la difusión de innovaciones medioambientales y tecnologías ecológicas y desarrollar la información y el etiquetado adecuados de productos y servicios.[52]

Otro de los objetivos es una gestión más sostenible de los recursos naturales. En efecto, debe evitarse su sobreexplotación, aumentar la eficiencia de su utilización, reconocer el valor de los servicios ecosistémicos y frenar la reducción de la diversidad biológica antes del año 2020. El estado dominicano debe esforzarse en materia de agricultura, pesca y gestión de los bosques, garantizar la realización del programa Quisqueya Verde, definir y aplicar medidas prioritarias en relación con la protección de la biodiversidad y velar por la integración de los aspectos relacionados con el mar y los océanos. Asimismo, debe apoyarse el reciclado y la reutilización.

La limitación de los riesgos para la salud pública es otro objetivo de la estrategia. Debe garantizarse la seguridad y la calidad de los productos a todos los niveles de la cadena alimentaria. Antes del año 2020 han de eliminarse los riesgos para la salud y el medio ambiente debido a los productos químicos y desarrollarse la investigación sobre los vínculos entre salud y contaminantes ambientales. Deben abordarse los problemas vinculados a las epidemias y a la resistencia a los antibióticos -especialmente para estar preparados ante una posible pandemia y para luchar contra el VIH/sida, así como los problemas relacionados con el estilo de vida.

Medidas intersectoriales

La sociedad del conocimiento debe impulsar el desarrollo sostenible. Ha de hacerse especial hincapié en el ámbito de la educación y la formación del mayor número posible de ciudadanos, a fin de estimular un cambio de comportamiento y proporcionarles las competencias necesarias para alcanzar los objetivos fijados en la estrategia. Por otra parte, debe fomentarse la innovación científica y técnica, en particular mediante los programas marco de investigación y desarrollo, con la colaboración de las universidades, institutos de investigación, empresas y responsables públicos.

Una mejor comunicación permite promover el compromiso de los ciudadanos y las empresas. Se subraya la importancia del diálogo sistemático con los consumidores y la consulta con terceros países a fin de movilizar los esfuerzos de todos los agentes. Deben crearse asociaciones entre las diferentes partes interesadas, entre las que se incluyen los poderes públicos, las empresas y los ciudadanos (incluidas las organizaciones no gubernamentales).

5.2.4 PROYECTOS Y EJECUCIÓN

Iniciativas estratégicas

Objetivos

Recuperar la capacidad de gestión del territorio por parte del gobierno de la ciudad, a partir de intervenciones estratégicas que validen el ejercicio de la autoridad local.

Propuestas

• Recuperación del frente marítimo de la ciudad.

• Recuperación y reciclaje de la avenida Duarte y su entorno.

• Renovación de la avenida México y su entorno.

• Boulevard del estudiante.

Gestión y uso de los espacios públicos

Objetivo

Establecer una política municipal que fomente el uso de la ciudad como espacio colectivo de interacción y equidad que incremente la calidad de vida.

Propuesta

• La estructuración de espacios públicos de nueva planta

• Regulación de la publicidad exterior.

• Revalorización de los espacios públicos existentes.

Gestión de la calidad ambiental

Objetivo

Mejorar los indicadores de calidad ambiental en el ámbito del Distrito Nacional, desde una perspectiva integral, y de acuerdo con sus características urbano-ambientales.

Propuestas

• Monitoreo de la calidad ambiental a través de redes tecnológicas comunitarias.

• Estructuración del sistema de evaluación ambiental.

• Análisis y evaluación de riesgos ambientales.

• Gestión y manejo de los desechos y residuos urbanos

• Promoción y educación ambiental.

Cultura ciudadana y animación urbana

Objetivo

Recuperar el Distrito Nacional como espacio de desarrollo humano sobre la base de una cultura civista que promueva el incremento del capital social y la solidaridad ciudadana.

Propuestas

• Programa Barrio Mío.

• Programa Malecón Libre.

• Programa de Educación Ciudadana.

• Arte y Ciudad.

Fortalecimiento y gobernabilidad

Objetivo

Generar un clima de gobernabilidad y desarrollo local fundamentado en el fortalecimiento del ADN, en la participación de los agentes sociales y la restitución de la confianza de los munícipes de la ciudad.

Propuestas

• Modernización y eficientización de procesos internos y servicios públicos.

• Transparencia de la gestión pública.

• Participación comunitaria y presupuesto participativo.

Competitividad de la ciudad

Objetivo

Desarrollar una estrategia global de competitividad para la ciudad que potencie sus atributos culturales, económicos y geográficos en el marco de la capitalización de la ciudad.

Propuestas

• Creación de una marca de ciudad.

• Incremento del Capital Fijo de la Ciudad.

• Creación del sistema de navegación e información urbana del Distrito Nacional.

• Promoción del Capital humano y social.

Renovación urbana y ordenamiento territorial

Objetivo

Reorientar el patrón urbano de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán mediante la transformación institucional del planeamiento urbano estableciendo mecanismos de desarrollo urbano.

Propuestas

• Sistema Municipal de Planeamiento Urbano. (SIMPLUR)•

• Formulación del Plan Regulador de la ciudad.

• Reformulación Plan Director Urbano.

• Formulación programa proyectos urbanísticos estratégicos.

5.2.5. PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO (PMP)

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios abren un nuevo espacio de participación. La Ley determina que los ayuntamientos fomentarán la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión de la gestión municipal, creando los mecanismos para tales fines y garantizando que las mujeres participen en, por lo menos, un 50%.

Para promover la participación de la sociedad civil se prevé la creación de un registro de organizaciones sin fines de lucro y la inclusión de una partida presupuestaria denominada Fondo Concursable de Asociaciones Sin Fines de Lucro. Para acceder al mismo, el Concejo Municipal debe reglamentar los requisitos, el procedimiento para su distribución y los criterios para justificar el uso dado a los recursos que reciban.

El artículo 230 de la ley define las vías de participación ciudadana, entre las cuales están:

• El derecho de petición. Es el derecho de la ciudadanía a presentar ante los órganos de gobierno municipal solicitudes, peticiones, reclamos y propuestas de carácter normativo sobre asuntos del interés y competencia del municipio.

• El referéndum municipal. Es un mecanismo mediante el cual el ayuntamiento convoca a la comunidad para que se pronuncie sobre una propuesta de normativa de aplicación municipal u otros temas de interés de los munícipes y organizaciones locales. No se pueden someter a referéndum leyes nacionales o la división política administrativa del territorio. Para ser solicitado se debe contar con el apoyo de por lo menos el 5% de la población del registro electoral del municipio y debe ser convocado por el presidente del ayuntamiento o por quien delegue el Concejo de Regidores/as, y su resultado es vinculante.

• El plebiscito local. Es el mecanismo institucional de consulta a la ciudadanía sobre lineamientos generales de medio ambiente, proyectos de infraestructura o de ordenamiento territorial, siempre que no modifiquen la actual división política administrativa. Al igual que el referéndum, su convocatoria requiere del apoyo del 5% de la población con registro electoral en el municipio. Adicionalmente, puede ser solicitada por la sindicatura o por la mayoría absoluta del Concejo de Regidores/as. Su resultado obliga a las autoridades competentes a adoptar las decisiones que correspondan para cumplir con la voluntad expresada.

• Cabildo abierto. Es la reunión del Concejo Municipal con los habitantes del municipio o de una de sus divisiones territoriales, en la que éstos pueden participar directamente y debatir asuntos de interés para la comunidad. Las organizaciones sociales del municipio podrán solicitar su celebración, teniendo el síndico/a la obligación de asistir a todos los cabildos abiertos que se convoquen. Puede hacerse representar por el vice síndico/a o un funcionario/a.

La Ley de Municipios de julio de 2007 instituye de manera obligatoria el sistema de Presupuesto Municipal Participativo (PMP).

Este establece los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento al uso del 40% de los fondos del presupuesto nacional que se transfiere a los municipios y que debe destinarse a gastos de capital e inversión. También contempla la participación para decidir sobre los ingresos del cabildo que se destinen a lo mismo. El PMP debe garantizar a la población: representación, acceso, participación en las decisiones, información y equidad de género.

Los PMP se deben organizar en tres etapas: en la primera, las autoridades y las organizaciones se ponen de acuerdo sobre cómo realizarán el proceso de participación y el monto de dinero a gastar; planificarán las obras y proyectos, garantizando la equidad territorial. La segunda etapa es la consulta con la población mediante asambleas comunitarias en parajes o comunidades de más de 30 familias, asambleas seccionales de barrios y el cabildo abierto, tomando en cuenta la representatividad territorial y poblacional. La tercera etapa es la transparencia y el seguimiento al plan de inversiones municipales. Se ejecuta a lo largo del año según un calendario de obras y proyectos. Para tal fin, las comunidades eligen un comité de obras o de auditoría social para darle seguimiento a cada una de las obras y, eventualmente, éste se convierte en comité de mantenimiento.

La nueva Ley determina que los servidores públicos de los municipios están obligados a rendir cuentas por su trabajo y deben difundir de forma periódica la evolución del gasto municipal, especialmente de la inversión, a través de boletines, de páginas web y de cualquier otro medio. Además, es de obligatorio cumplimiento incluir en el presupuesto municipal anual el plan de inversión municipal decidido por el Cabildo abierto, especializar a técnicos y proveer medios para llevar a cabo el presupuesto participativo.

Asimismo, las sectoriales del gobierno central deberán participar en las actividades del Presupuesto Municipal Participativo (PMP).

¿Cuántos municipios y distritos municipales tienen presupuestos participativos?

El proceso de presupuesto participativo empezó en 2003 con cinco municipios; en 2004 se elevaron a 30, y en 2005, a 58. Para el período 2006-2007, 128 municipios están en alguna de las fases del proceso. Con la nueva Ley de Organización Municipal todos los ayuntamientos del país tendrán que realizar presupuestos participativos[53]

En términos de recursos se planificaron inversiones por 750 millones de pesos para 2005, alrededor de 1,000 millones de pesos para 2006, y casi 2,000 millones de pesos para 2007. Se ha estimado que alrededor del 35% de la población del país vive en municipios donde se hace PMP.

De los 128 municipios que están en proceso, el 44% ya tiene experiencia en esta materia de años anteriores y 56% empezaron en 2006. Además, unos 104 ya cuentan con un Plan de Inversiones Municipales. Hay varios elementos importantes que se deben rescatar y potenciar en la experiencia de los Presupuestos Participativos. Primero, la participación de las mujeres, que tiende a ser creciente. El informe sobre las experiencias de Presupuesto Participativo de los meses de septiembre-diciembre de 2004, afirma que 8,004 personas participaron en las asambleas de trece municipios y de ese total el 55% eran mujeres.

Segundo, en general no hay inversiones en actividades productivas y la gran mayoría de los proyectos son pequeñas obras de infraestructura relacionadas con la vialidad, agua (micro acueductos, pozos, malacates), electricidad, construcción y reparaciones de escuelas, centros comunales, letrinas, saneamiento de cañadas, instalaciones deportivas, iglesias, pequeños puentes, viviendas, dispensarios médicos, centros comunitarios, parques, etc.

Tercero, la experiencia histórica indica que los ayuntamientos que participan el PMP invierten aproximadamente el 60% del 40% establecido por ley. Para el presupuesto del 2007 se estima que alrededor de 2,000 millones de pesos están comprometidos para realizar obras y hay unos 208 técnicos/as y síndicos capacitados en el Sistema de Transparencia y Seguimiento a la ejecución de obras y funcionamiento de los sistemas de seguimiento y Comités de Obras.

Cuarto, durante 2006 el porcentaje de síndicos/as reelectos/as fue mayor entre los que practicaron presupuesto participativo que entre los que no lo hicieron. El 73% de los que hicieron presupuesto participativo fueron reelectos mientras que el promedio nacional fue de 50%. Inclusive entre los más votados figuran los síndicos/as de municipios que aplican el Presupuesto Participativo, en algunos casos con más de 59% de los votos de sus respectivos munícipes. No obstante los avances que significa el Presupuesto Participativo, el proceso no está exento de riesgos:

• Ningún ayuntamiento tiene un plan maestro para organizar su territorio y establecer la normativa de uso de suelo. En tal sentido, el PMP carece de ese referente y las inversiones que realicen, aunque respondan a las demandas de la población, pueden ir en cualquier dirección, sin criterios de ordenamiento territorial.

• La fascinación por el instrumento es un riesgo. Se podría actuar como si el PMP fuera un fin en sí mismo y no un medio para crear ciudadanía, mejorar la transparencia y crear empoderamiento.

• Una parte importante del presupuesto ejecutado por los ayuntamientos no está sometido al escrutinio público. ¿Qué pasa con el otro 60% u 80% del gasto de los municipios que no está en PMP? Se debe garantizar que los ayuntamientos rindan cuentas por lo que está fuera de los PMP.

• Los síndicos están expuestos a la cultura del monumentalismo que caracteriza mucho del gasto público del gobierno central; es decir, la construcción por la construcción, soslayando el hecho de que la inversión en infraestructura de por sí no significa desarrollo.

• Podría generarse clientelismo entre las sindicaturas y los liderazgos comunitarios.

• Puede surgir descoordinación entre las sectoriales del gobierno central y los municipios. Hay que buscar la forma de lograr mayor coordinación entre los ayuntamientos y las secretarías de Educación, Salud, Medio Ambiente, Obras Públicas e instituciones como INAPA, entre otros.

• Existe el riesgo de pequeñas obras que, aunque reflejen las aspiraciones de la población, no acumulen capital físico a largo plazo para la comunidad.

Finalmente, lo que hace la diferencia en los PMP no es tener o no el instrumento, sino el grado de empoderamiento y ciudadanía que alcance la comunidad.

Para el éxito de los PMP es crucial el grado de empoderamiento de la sociedad. El resultado a largo plazo dependerá de las capacidades sociales de la comunidad.

5.3 GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas deben establecer los límites de las libertades individuales cuando se trate de garantizar el bienestar y la calidad de vida de las mayorías en el presente o para futuras generaciones.

Por ejemplo, deben impedir el abuso de poder de una empresa que contamine y regular el uso del territorio para evitar que sea más vulnerable a la amenaza de fenómenos naturales. Este tipo de decisiones constituyen la base de la política ambiental en una sociedad dada y se concretizan en los arreglos institucionales e instrumentos de gestión de dicha política[54]

El Estado debe garantizar la equidad en el acceso a las oportunidades y al capital natural que no se encuentre en todas las regiones; debe regular las actividades productivas, en función de las potencialidades biofísicas y de las necesidades de la población, y debe legislar y fiscalizar los arreglos institucionales.

En el ámbito local, la acción descentralizada del Estado debe preservar la coherencia en la gestión de un territorio (o región), a fin de preservar la integridad de una política de desarrollo. El compromiso es político y deliberado en la medida en que implica la asunción de la eficiencia, la equidad, el empoderamiento y la libertad como modus operandi fundamentales de las estrategias productivas y de desarrollo.

Elaboración de políticas y seguimiento de los progresos

Los Estados miembros han de elaborar estrategias nacionales y dar cuenta, periódicamente, de los avances registrados. Deben recurrir a las evaluaciones de impacto antes de adoptar sus políticas o de comprometer fondos públicos.

Tienen que utilizarse todos los instrumentos a disposición de los poderes públicos para contribuir al desarrollo sostenible: no se trata tan sólo de las medidas reglamentarias, sino también de incentivos e instrumentos basados en el mercado.

La Comisión debe realizar cada dos años una evaluación de la aplicación de la estrategia en función de los indicadores de desarrollo sostenible que ha adoptado y que reactualiza en caso necesario. Esa evaluación sirve de base a una evaluación realizada también cada dos años con ocasión del Consejo Europeo de diciembre. Otros órganos e instituciones examinan también los progresos realizados y, llegado el caso, actúan de enlace entre los Estados miembros y los ciudadanos. Asimismo, la estrategia debe revisarse completamente al principio de cada mandato de la Comisión.

Contexto

Las líneas principales de la estrategia propuesta en 2001 por la Comisión se incluyeron en las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001 y formaron parte de los trabajos preparatorios de la Unión Europea para la Cumbre mundial de 2002 sobre el desarrollo sostenible (Río + 10) que se celebró en Johannesburgo. La Comisión presentó antes de esa Cumbre otra Comunicación sobre la posible contribución de la Unión al desarrollo sostenible en el mundo, cuyos elementos se integraron en la estrategia en el momento de la revisión.

Tras la entrada en funciones de la nueva Comisión, en el año 2004, se organizó una consulta pública sobre la estrategia de desarrollo sostenible. La Comisión presentó asimismo una visión de conjunto de los avances registrados merced a la estrategia de desarrollo sostenible, que incluía los principales resultados de esa consulta y las grandes orientaciones para la revisión de la estrategia.

Por su parte, el Consejo Europeo de Bruselas de junio de 2005 reafirmó los objetivos clave del desarrollo sostenible y recordó los principios rectores que deben servir de base para la renovación de la estrategia.

En diciembre de 2005, la Comisión adoptó una Comunicación en la que:

• determina los principales ámbitos que requieren un nuevo impulso en los próximos años; recuerda que esos ámbitos son interdependientes e implican respuestas basadas en la cooperación y la solidaridad, la investigación y la innovación, y la educación de los ciudadanos;

• propone que se tenga más en cuenta la incidencia de las políticas internas de Europa en el desarrollo sostenible mundial;

• propone métodos para medir los avances registrados y reexaminar periódicamente las prioridades nacionales y comunitarias;

• recomienda un diálogo permanente con las personas y las organizaciones (empresarios, poderes públicos regionales y locales, organizaciones no gubernamentales [ONG], etc.) comprometidas con el desarrollo sostenible.

5.3.1 COMPATIBILIDAD DEL DESARROLLO ECONÓMICO:

5.3.1.1 VERSUS EL BIENESTAR SOCIAL

El estudio del bienestar en el seno de la Psicología se remonta a la década de los sesenta, y en su transcurso ha dado lugar a dos grandes tradiciones (Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002): la hedónica, representada por una sólida línea de investigación que se ha ocupado del estudio del bienestar subjetivo, y la tradición «eudaemónica », centrada en el bienestar psicológico. La literatura sobre el bienestar subjetivo trata de cómo y porqué la gente experimenta su vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como reacciones afectivas. El bienestar subjetivo se inscribe, pues, dentro de un marco fundamentalmente emocional que ha tomado diversas denominaciones: felicidad, satisfacción con la vida, y afectos positivos o negativos que se desprenden de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra existencia. A la postre, viene a ser el resultado de un "balance global" (nivel de satisfacción) que hace la persona de sus oportunidades vitales (recursos sociales, recursos personales y aptitudes individuales), del curso de los acontecimientos a los que se enfrenta (privación-opulencia, ataque-protección, soledad-compañía, etc.), y de la experiencia emocional derivada de ello: "la satisfacción con la vida es el grado en que una persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. En otras palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva" (Veenhoven, 1994, p. 91).

El bienestar psicológico es una tradición más reciente, y ha centrado su interés en el desarrollo personal, en el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y el afán por conseguir nuestras metas. Seis han sido las dimensiones psicológicas propuestas originalmente por Ryff en 1989 y reiteradas con posterioridad (Ryff y Keyes, 1995): autonomía, objetivos vitales, autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio ambiental y crecimiento personal.

5.3.1.2 VERSUS EL DESARROLLO HUMANO

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. De esta manera el desarrollo humano refleja además los resultados de esas funciones y capacidades en cuanto se relacionan con los seres humanos. Representa un proceso a la vez que un fin.

En todos los niveles del desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va mucho más allá: otras esferas de opciones que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos, todas necesarias para gozar de respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente.

La utilización del índice de desarrollo humano como indicador del nivel de desarrollo de una población se basa en la idea, generalmente aceptada hoy en los medios políticos y académicos, de que si bien el crecimiento económico es una condición necesaria para explicar el grado de avance de un país, no constituye una condición suficiente. En otras palabras, se acepta la idea de que crecimiento y desarrollo son conceptos relacionados, pero distintos.

La implicación empírica de dicha posición no es trivial: los indicadores del producto per capita, utilizados por muchos años como medidas del desarrollo de los países, son incompletos y no proporcionan toda la información deseada. Es común ver en la literatura correspondiente ejemplos de países que tienen una posición relativamente aceptable si las comparaciones internacionales se realizan con base en su ingreso per capita, mientras que resultan en posiciones inferiores cuando se incorporan otros indicadores. Existen también los casos opuestos, países cuya política social ha sido exitosa y brinda a la población acceso a servicios sociales que están por encima de lo que su nivel de ingreso podría permitirles.

Conceptualmente, la discusión sobre el desarrollo económico fue redefinida a partir de las conferencias del profesor Amartya Sen tituladas "Equality of What?". Sen retomó la discusión sobre la importancia de la igualdad económica planteando una pregunta central:

¿Cuál es la dimensión relevante para medir la desigualdad?. Los conceptos introducidos en dicho debate serían desarrollados posteriormente en los trabajos del profesor Sen y de otros filósofos y economistas del desarrollo, de entre los cuales destaca "Bienes y capacidades"

El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano.

Significa crear un entorno en el que las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus intereses.

• EL CAPITAL HUMANO

¿Por qué el capital humano es Esencial para el crecimiento y El bienestar económico de un país? Para demostrar la relevancia del capital humano en la determinación de las posibilidades de crecimiento de los países, en primer término, se apelará a la notoria coincidencia de resultados que se da en los estudios que han tratado de dilucidar este asunto y, en segundo lugar, se realizará una investigación propia con el objeto de aportar nueva evidencia sobre el tema.

Razones teóricas y evidencia de estudios previos

El interés de los economistas por el conocimiento de los factores que determinan los niveles de crecimiento y bienestar económico de los países, y las razones de que éstos difieran entre unos y otros, data de fechas cuando menos tan remotas como la de la publicación de la obra de Adam Smith: Sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, en 1776. Asimismo, la idea de que la formación de la mano de obra —o, utilizando la denominación actual, el capital humano— es uno de los factores clave en la explicación de los niveles de desarrollo económico se ha sustentado desde antiguo.

Sin embargo, al igual que ha sucedido con muchas otras de las cuestiones esenciales y complejas que plantearon los economistas clásicos, la contribución del capital humano al crecimiento y bienestar económico es un asunto en torno al que subsisten muchos interrogantes que necesitan seguir siendo investigados. A este respecto, una de las razones que explica la complejidad del tema son los problemas que entraña la medición de la variable de «capital humano», lo que ha conllevado la utilización de un sinfín de indicadores que, aun cuando han mejorado a lo largo del tiempo, distan de ser idóneos, pues en el mejor de los casos sólo logran captar el componente del capital humano asociado a las inversiones en educación reglada'. De hecho, las diferencias que se dan entre los indicadores empleados para medir las dotaciones de capital humano en los estudios empíricos constituye uno de los motivos que explican que sus resultados no sean, en su conjunto, más precisos y concluyentes.

En todo caso, los estudios realizados en las últimas décadas, en especial a raíz del importante trabajo de Solow ( 1957), aportan una evidencia clara acerca de la influencia positiva y sustancial del capital humano en la productividad y, consiguientemente, en el crecimiento económico de los países.

Nótese que aunque éste sea sin duda el componente principal del capital humano existen otros como las numerosas vías de educación no reglada o el aprendizaje adquirido a través de la experiencia laboral (en otros términos: lo que Aitow denominara «learning-by-doing») que quedan marginados.

A este respecto. Levine y Renelt ( 1992) realizan un extenso número de estimaciones sobre los factores determinantes del crecimiento en las que introducen especificaciones diferentes de las variables explicativas, entre ellas la de capital humano, obteniendo una prueba elocuente de la gran sensibilidad de las conclusiones a los cambios en la medición de esta variable.

5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PLAN

Ventajas

• Una visión global de la ciudad como territorio en un proceso de cambio permanente.

• El logro de un objetivo común de ciudad

• Una mejor asignación de los recursos escasos ante problemas de magnitud creciente.

• Una superación de costos de improvisación.

• Dotarla de elementos de competitividad que permitan asegurar el progreso económico y social de los ciudadanos

• Articula un proceso de participación ciudadana cohesionando los diferentes agentes urbanos.

• Está basada en el contrato social o consenso, regularmente asumido por las autoridades.

• Eleva la auto estima en la población.

• Crea una cultura ciudadana

• Desarrolla una cultura a la negociación de conflictos.

• Define una estrategia integral de ciudad diferentes ámbitos (social, ambiental, económico, etc.) y no solo en lo físico-territorial como los planes urbanísticos o planes de ordenamiento territorial.

• Establece una visión clara de desarrollo con programas y proyectos viables e íntimamente relacionados.

• Se orienta a cuestiones criticas y a la acción para su resolución

• Promueve la reforma de la propia administración local articula la cooperación publica y privada.

• Organiza "lobbies ciudadanos" para reivindicar sus competencias, recursos o actuaciones favorables de los poderes del estado.

• Aumenta la imagen de la ciudad y su gobierno local.

Desventajas

• Determinación de objetivos demasiado genéricos, no factibles a medio plazo.

• Escasa participación de los agentes de la ciudad con incidencia sobre el devenir económico y social.

• Escasa promoción del Plan como proceso de la ciudad y para la ciudad.

• La partidarización del Plan.

• Falta de garantía de financiación del plan.

5.5 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.

El abordaje teórico de los problemas relativos al desarrollo requiere sistematización y centralización estructural, en un entorno de recursos escasos, como forma inmediata de priorización y rutinización. Por tanto, la iidentificación de mecanismos y procedimientos mediante los cuales se puedan abordar los problemas estructurales de la pobreza y promover una estrategia deductiva apreciable requiere: a) la generación de políticas públicas para el desarrollo, como subproducto del diagnóstico local (provincial o municipal), b) coordinación intersectorial para la optimización de las acciones en curso, c) realización de programas relacionados con las faltas apreciadas por los ciudadanos en su entorno y d) fomento de un compromiso de respaldo entre personas y entidades.

La erradicación de la pobreza es un objetivo central y rector de todos los esfuerzos nacionales en pro del desarrollo humano, tal como resulta de las ejecutorias gubernamentales actuales y del Plan de Gobierno 2008-2012.

Propiciar el desarrollo (o, puede decirse también, reducir la pobreza) puede hacerse de manera efectiva y eficaz abordando el problema con una amplia gama de políticas, dado que no se trata de una cuestión sectorial o un problema segregado y específico.

Para ello es necesario fomentar oportunidades de crecimiento individual mediante la solidaridad social con atención prioritaria a los sectores más vulnerables, la creación de más y mejores empleos y programas especiales de apoyo y fortalecimiento de la micro y pequeña empresa.

Se considera esencial mejorar los programas universales, con el fin de disminuir y prevenir las condiciones que llevan a las familias a caer bajo la línea de pobreza. Esta tarea se llevará a cabo mediante programas inclusivos de mejora en salud, vivienda, nutrición y educación, como también los económicos referidos a la capacitación laboral, entre otros. Estos programas serán complementados con acciones sociales compensatorias enmarcadas en la reorientación de recursos ya aplicados (como la celebración de campañas de vacunación y operativos médicos locales prorrateados, de conformidad con los objetivos del Gobierno Central), La política generadora de oportunidades de esta Administración está basada en mejorar la situación económica y social del país, con el fin de que todos puedan tener un crecimiento acorde con ella.

El problema institucional

A partir de un análisis exhaustivo de la institucionalidad social del país se encontraron una serie de factores que restan efectividad a la acción social. De estos se pueden señalar los siguientes:

• Las políticas y programas hasta ahora predominantes no aseguran la atención a los grupos más pobres. Se han desarrollado con éxito políticas de carácter universal, pero muchos de los grupos con mayores niveles de pobreza no encuentran respuesta efectiva a sus necesidades y se sienten desprotegidos, de ahí la validez de ciertas consignas propagandísticas que realzan la importancia de "la gente". Para atender de forma efectiva la pobreza, a partir de la situación actual, se hace necesario complementar las políticas universales con políticas y programas selectivos hacia la población objetivo;

• La falta de diagnóstico local de problemas vinculados con la pobreza. Se tienen estudios importantes a nivel macro, pero son las personas que padecen los problemas quienes tienen el deber de contribuir a su identificación y solución;

• La atomización de programas sin articulación. Esto genera duplicidad de gastos, encarecimiento de acciones y dispersión de recursos dirigidos hacia la misma población. Estos programas en su mayoría no responden efectivamente a los factores estructurales de la pobreza, y algunos han tenido horizontes de realización irreales, careciendo de una orientación adecuada para el logro de los resultados esperados. El Comité de Desarrollo articula las diferentes acciones, tanto generando como contribuyendo con políticas de desarrollo local;

• La ausencia de coordinación en la ejecución de programas impide enfrentar la pobreza de manera integral con respaldo poblacional. Es normal que se atiendan las necesidades en forma separada, y que no se faciliten las condiciones de promoción humana tendientes a generar situaciones de bienestar sostenible para la familia o el individuo sujeto de la acción social. En Costa Rica, los pobres perciben soluciones parciales y separadas de un conjunto institucional sin coordinación;

• Desarticulación entre la oferta de soluciones y la población objetivo. Son los pobres precisamente las personas menos organizadas y con menor capacidad de gestión ante organizaciones oferentes de servicios. En algunos casos, son otros sectores sociales quienes se ven beneficiados al percibir la ayuda del Gobierno. Corresponde entonces al Gobierno asumir de manera especial la representación de los sectores más desposeídos, mostrándoles el camino del progreso por la organización consciente de recursos escasos. También es necesario incluir en agenda gubernamental, acciones que se vinculen directamente con la atención de estos grupos de población, con el fin de asegurar que esos recursos sean utilizados en la atención de la población objetivo y se facilite la retroalimentación;

UN NUEVO ENFOQUE: Comité de Desarrollo Humano Provincial

Pudiendo vincularse con organismos superiores a nivel de Secretaría de Estado de Desarrollo Humano-Social, hemos propuesto la formación de un Comité de Desarrollo Humano basado en la estructura provincial, que incluso puede funcionar como estudio piloto para la implementación nacional.

Misión

La misión del Comité de Desarrollo Provincial es generar, seguir y consensuar programas y políticas de desarrollo humano. Define su papel como herramienta de planificación, supervisión y evaluación de los programas que se desarrollan para la atención focalizada de las políticas públicas para el desarrollo local.

Objetivos Generales

• Potenciar el uso de los recursos del sector público mediante la articulación de las políticas, eliminando las duplicidades y los traslapes programáticas.

• Fortalecer la participación ciudadana mediante la creación de espacios a mujeres y hombres en la toma de decisiones en sus diferentes niveles de planificación, gestión, administración y ejecución de iniciativas para el desarrollo humano.

• Generar una nueva concepción de gobierno, en el que las personas que laboran en el sector público trabajen desde la perspectiva de la demanda mediante un contacto directo con las comunidades y con las personas que conforman los gobiernos locales.

• Mejorar la expectativa de vida, la longevidad, el nivel de conocimiento, el alfabetismo, el promedio de años de escolaridad, el acceso a los recursos y a niveles decentes de vida;

• Organizar la participación ciudadana local, por grupos etéreos, en un compromiso personal e institucional de desarrollo, en términos de aceptación, colaboración y autogestión;

• Impulsar la evaluación permanente en los diferentes procesos de implementación y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Nacional, de manera que permita tomar decisiones certeras y oportunas, basadas en resultados de la información y seguimiento sistemático

Actores

Las personas, organizaciones, empresas, ayuntamientos y otras entidades públicas que asuman la nueva herramienta de desarrollo integrada en el Comité de Desarrollo Humano Provincial.

Comunidades. Representadas por personas, organizaciones de la sociedad civil, empresas y todo grupo comunal propio del lugar que busca el desarrollo local. Participan en la determinación de las prioridades locales, presentan iniciativas y proyectos propios para su ponderación y consulta; participan mediante convenios, contratos y otros mecanismos.

Instituciones Públicas. El papel que juegan las instituciones públicas esta íntimamente ligado a un proceso de desconcentración, que permita dotar a las entidades provinciales del Gobierno Central y las instituciones autónomas de herramientas administrativas y financieras flexibles y eficientes para que sus programas respondan de manera efectiva a las demandas y requerimientos locales.

Implica la delegación de funciones y atribuciones a órganos subalternos municipales que puedan programar, formular, ejecutar y evaluar sus propias acciones con mayor independencia. Aspecto que está íntimamente vinculado a los procesos de modernización institucional y perfeccionamiento del modelo de gestión pública.

Paralelo a ello se promueve la descentralización, entendida como el reconocimiento de la autonomía del Gobierno Local y el poder que se le desea proveer a la organización civil para que sean gestores de su propio desarrollo. Ello comprende el otorgamiento a las y los representantes regionales una mayor autonomía para definir las estrategias mediante las cuales, los grandes lineamientos de política nacional o sectorial, se ponen en práctica, en concordancia con las características y prioridades locales.  

Pasos del proceso

El proceso comprende la promoción para la participación de las comunidades hasta la identificación, formulación, gestión, ejecución, control y evaluación de proyectos, de manera concertada, coordinada, complementaria y solidaria entre las personas, familias, comunidades, organizaciones, gobiernos locales e instituciones del gubernamentales. 

Asimismo, Financiamiento Mixto.

Demarcación Geográfica

Se define como unidad geográfica esencial la provincia. Se hace un sondeo de su composición política y organizativa (instituciones gubernamentales y planes en operación o proyecto) para dar inicio a la coordinación y organización de fuerzas para la consecución de recursos humanos y materiales para integrarse al proceso de trabajo.

Coordinación

Se cuenta con un Directorio integrado por delegados de los representantes políticos principales, con los que se mantiene comunicación sistemática y se llevan a cabo reuniones de coordinación del ámbito local.

Para el trabajo específico de cada municipio, se designa y promueve la incorporación de representantes del nivel municipal.

Una vez integrado el Consejo Directivo, la Secretaría convoca a reunión de enlaces para información con respecto a las organizaciones que a nivel provincial y municipal tienen alguna vinculación con la institución (mapeo social previo).

En el mismo acto se prevén los recursos necesarios para generar, consensar y apoyar programas y proyectos en cada uno de los municipios, y además se les invita para que acompañen el proceso de convocatoria en cada una de sus localidades. 

Mapeo Social Integrado

Consiste en la identificación de las organizaciones e instituciones públicas y privadas que funcionan en la comunidad, utilizando como referencia la información brindada por los enlaces. Se realiza un levantamiento de información con los nombres de los representantes organizacionales. Representa una labor de suma importancia, dadas las implicaciones que tiene para el futuro del proceso, por su transparencia y amplitud de participación en la convocatoria abierta a todas aquellas personas, que de forma voluntaria y democrática, asisten a las Asambleas Vecinales para escoger a los representantes por cada sector de la sociedad civil y elegir representantes ante el Consejo Directivo del Comité.

Coordinación con Representantes Claves

Durante el recorrido por la comunidad se identifican los líderes comunales a quienes se les motiva para las acciones sucesivas y éstos a su vez se convierten en colaboradores del proceso 

Diagnóstico sectorial

La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través del Departamento de Información Primaria, identifica los problemas demográficos, medio-ambientales y productivos de la provincia; los recursos y potencialidades y las desventajas o inconvenientes.

Para hacerlo, previa convocatoria de representantes comunales identificados en la forma que se indicará más adelante, operacionaliza un diagnóstico zonal en los términos subsiguientemente:

I. Diagnóstico Provincial

_ De los Aspectos Demográficos

_ De los Aspectos Sociales

_ De los Aspectos Económicos

_ De los Aspectos Urbanos

_ De los Aspectos Ambientales

_ De los Aspectos de Finanzas Públicas

De los Aspectos Organizacionales e Institucionales

II. Identificación de Necesidades Comunitarias

_ Dinámica Económica y Competitividad

_ Desarrollo Humano y Calidad de Vida

_ Evaluación de Mejoras Urbanas

_ Necesidades en el Sector Agropecuario

_ Requerimientos Medioambientales

_ Evaluación de Prioridades

III. Escenarios de Desarrollo Municipal

_ Escenarios de Cambio Demográfico y Desarrollo Humano

_ Escenarios de Organización Territorial y Urbanización

_ Escenarios de Comportamiento de la Economía Municipal

_ Escenarios de Procesos Sociales en el Municipio

_ Escenarios de Dotación de Infraestructura

_ Escenarios de Participación Pública

_ Escenarios de Financiamiento Público

IV. Programas

_ Desarrollo Humano y Política Social

_ Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

_ Desarrollo Rural Sustentable

_ Desarrollo Turístico, Cultura y Deporte

_ Promoción Económica Municipal

_ Seguridad Pública

V. Mecanismos de Evaluación

_ Mecanismos de Evaluación y Retroalimentación (Encuesta ISE).

Conclusión Parcial: análisis de fortalezas y debilidades de la provincia.

Asamblea de Vecinos

Se lleva a cabo a nivel municipal, en un lugar que reuna las condiciones de espacio y mobiliario adecuadas.

De forma paralela se preparan las actas para cada una de las asambleas y un formulario de acreditación para cada una de las personas que son electas como representantes de sectores y miembros de las contralorías cuidadanas. 

Mesa de Negociación

Es el mecanismo mediante el cual el Comité, representado por su Consejo Directivo en pleno, acuerda con la comunidad y representantes delegados de instituciones gubernamentales la implementación de acciones conjuntas en el corto plazo.

Participantes

• Comunidades y organizaciones sociales de cada Distrito: Tres miembros electos en las Asambleas de las Comisiones de Desarrollo Distrital y Contraloría Ciudadana

• Municipalidades: El Consejo Municipal con sus regidores y regidoras propietarios (as) y el o la Alcalde

• Instituciones: Participan aquellas personas designadas por los Jerarcas que tienen conocimiento de la Institución y están autorizadas (os) para comprometer recursos, puede ser por representación Nacional o Regional.

Procedimiento:

La Secretaría convoca a la Mesa de Negociación Cantonal en el lugar, hora y fecha indicada, actuando como facilitador del proceso, con voz pero sin voto.

Con la presencia de las partes, se abre el proceso de negociación por temas, es decir, los representantes comunales de cada distrito van presentando sus propuestas y las Instituciones y Municipalidad hacen sus ofertas programáticas, discutiendo la viabilidad de los planes previamente consensados por los representantes comunales con el Comité de Desarrollo.

Toma de acuerdos:

Los acuerdos serán tomados por las partes según el tema en discusión y en caso de controversias  se busca el mejor acuerdo, mediante la búsqueda de consenso. 

Firma de cartas de compromiso

Para el acto de firma de la carta de compromiso se convoca a la asamblea distrital, dirigentes comunales, autoridades locales, representantes institucionales y observadores.

Se define como el logro más importante en el marco del Triángulo, pues se concreta en un documento formal los compromisos de cada una de las partes, de común acuerdo con la mesa de negociación cantonal.

Los compromisos se firman por

• Representantes de Instituciones gubernamentales, de acuerdo con los compromisos adquiridos por sectores.

• Representantes de Empresas Privadas locales;

• Representantes municipales;

• Representantes Comunales, uno por cada sector predefinido en razón de la extensión geográfica considerada;

Seguimiento y control permanente

Un delegado técnico del Comité, en coordinación con los representantes institucionales, brindará el monitoreo del proceso de implementación y ejecución de los proyectos locales.

Sistematización y evaluación

Los procesos de sistematización se realizarán en forma permanente, de manera que se ofrezca una memoria de cada una de las actividades realizadas. Como insumo para la evaluación se utiliza, al finalizar el Taller de Planificación Estratégica, una guía en la que brindan información cada uno de los participantes.

El establecimiento de un Sistema de Información Seguimiento y Evaluación por parte del Departamento de Informática permitirá a las comunidades, autoridades municipales, institucionales y a las autoridades correspondientes contar con información oportuna y desagregada para:

• Orientar la toma de decisiones;

• Retroalimentar a las distintas instancias que participan en Programas, Proyectos y Actividades de Desarrollo Social sobre la evolución y resultados;

• Vincular la asignación de recursos en concordancia con las prioridades que se identifiquen en el nivel local;

• Evaluar los resultados en función de la eficiencia y eficacia de los programas, proyectos y actividades, con énfasis en los acuerdos de las cartas de compromiso;

• Exigir cuentas a las instancias ejecutoras en el marco de funcionamiento de las contralorías ciudadanas;

• Informar a la opinión pública;

• Formular programas y proyectos de cooperación técnica internacional;

• Elaborar planes de desarrollo a mediano y largo plazo;

• Desarrollar evaluaciones de impacto basadas en los índices de desarrollo humano.

Mecanismos de control: Indicador de Satisfacción Estándar (ISE)

Es un sistema integrado que busca mejorar el control interno, la calidad del servicio al beneficiario y la eficiencia administrativa. Es el principal instrumento para asegurar que la inversión social sea dirigida efectivamente a la población en condiciones de pobreza. El ISE consiste en una encuesta estándar aplicada a munícipes con déficit en la satisfacción de sus necesidades básicas. La información obtenida se introducirá en un sistema computarizado administrativo creado específicamente a esos fines por el Comité de Desarrollo Humano en su Departamento Informático. A esta población censada, se le aplican criterios estándar de selección de beneficiarios para los diferentes programas de incentivos. La información es compartida mediante una red de cómputo interinstitucional, si es necesario, donde se registre cada vez que se apruebe un servicio o satisfaga una necesidad.

Prioridades

• Definición de Local Operativo, Implementos y Equipos, Presupuesto

• Integración del Equipo de Información Primaria y Datos Cualitativos, a partir de profesionales identificados.

• Realización del Diagnóstico Provincial y Tareas Primarias en salud y provectos.