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El trabajo social en Venezuela: una mirada histórico social (página 2)

Enviado por C�sar Barrantes


Partes: 1, 2

2.    Los actores políticos, empresariales, partidistas, sindicalistas, burocratistas y tecnocratistas estatales y civiles de diverso nivel, continuaban pugnando por preservar los términos del intercambio puntofijista como si la sociedad aún fuera la misma de treinta años atrás. En este sentido, la otrora fabulosa renta petrolera seguía siendo considerada como inagotable cornucopia de la que todos -gobernantes y gobernados, dominantes y dominados-, unos más otros menos, querían seguir extrayendo y distribuyendo, directa o mediadamente, legal mas no siempre legítimamente, gratificaciones tangibles e intangibles sin que éstas dejaran de seguir ilusoriamente goteando paternalista y clientelarmente hacia las clases medias y populares.

3.    La ausencia de una voluntad de fortalecimiento y autonomización de la sociedad civil, correlacionaba con la persistencia de la clase política de seguir ejerciendo el poder, al margen de todo compromiso éticopolítico, es decir, más por el peso de sus maquinarias electorales, la maniobra cortoplacista, la concertación cupular y el acuerdo a puerta cerrada que por la transparencia testimonial, la legitimidad y la representatividad popular de sus líderes.

4.    De espaldas al aumento de las frustraciones que las grandes mayorías populares venían acumulando desde hacía varios años, las organizaciones corporativas (partidos, sindicatos, empresarios), desvinculadas de la representatividad colectiva, continuaban pugnando por seguir siendo los exclusivos canales de participación controlada y de asignación de identidades y gratificaciones funcionales a una política populista y clientelar de masas, en condiciones estructurales en que el estado ya no tenía capacidad financiera para seguir activando los mecanismos de concertación tutelada (asistencialistas hacia abajo y proteccionistas hacia arriba).

5.    Las tendencias dinámicas que podían preanunciar avances sustantivos hacia la definición de un nuevo patrón de acumulación y de un nuevo estilo de desarrollo capitalista, así como las que podían potenciar la construcción de un sistema hegemónico nacional, democrático, activamente participativo y justo, se encontraban bloqueadas.

El reconocimiento de la anterior realidad, determinó que el gobierno de Pérez, a contrapelo de la propaganda electoral del año anterior, implantara el programa económico de ajuste estructural (PAE) que llegó a conocerse como el tristemente célebre paquete neoliberal. Éste tuvo como meta flexibilizar, bajo el liderazgo del gran empresariado privado y el capital trasnacional, la economía, privatizar las empresas estatales, y, supuestamente por esta vía, abrir de manera irreversible, la sociedad venezolana a la competencia de los mercados internacionales globalizados.

La realidad demostró que los supuestos y el cálculo que se desprendió de ellos fueron erróneos. Al contrario de lo esperado por la clase política, los tecnócratas y políticos de turno, con la puesta en marcha del PAE, lejos de recuperar la bonanza consumista perdida durante el decenio anterior, se inauguró la fase terminal de la Cuarta República, cuyo desenlace final fue su desplome electoral en diciembre de 1998.

Este periodo marcó nueve hitos cruciales que, aún hoy, mantienen su impronta en el imaginario político de los venezolanos, a saber: 1) La violenta explosión popular, conocida como El Caracazo, sangrientamente reprimida entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 1989. 2) El abstencionismo sin precedentes en las primeras elecciones directas de alcaldes y gobernadores, celebradas tardíamente en diciembre de 1989. 3) El fracasado pero, por este hecho mismo, políticamente exitoso golpe militar del 4 de febrero de 1992. 4) El fracasado golpe cívicomilitar del 27 de noviembre de 1992. 5) El castigo que el electorado le propinó al partido de gobierno en las elecciones regionales del 6 de diciembre de 1992. 6) La destitución del presidente Pérez por haber decidido la Corte Suprema de Justicia someterlo a un antejuicio de mérito, por el supuesto uso indebido de Bs.250.000.000. 7) El sometimiento a antejuicio del expresidente Lusinchi por un supuesto similar al de Pérez. 8) El segundo castigo electoral que el pueblo le propinó al partido de gobierno en las elecciones nacionales del 5 de diciembre de 1993. 9) La quiebra de dieciocho bancos privados a comienzos de l995 y la intervención de éstos por parte del estado venezolano.

El desplome final del régimen puntofijista[4] a los cuarenta años de su instauración, se vio significada por la abrumadora victoria electoral de Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998, líder del intento de golpe de estado de febrero de 1992. Este hecho marcó el inicio de una nueva época en Venezuela signada por un proceso inédito de protagonismo ciudadano que, en lo inmediato, produjo tres cristalizaciones cruciales:  1) La aprobación, mediante amplio consenso por referendo popular de diciembre de 1999 -el primero en la historia venezolana-, de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela y la consecuente derogación de la Constitución de 1961. 2) Durante 2000, los procesos electorales mediante los cuales se eligieron y relegitimaron todos los poderes de la novel República Bolivariana. 3) El proceso electoral que, bajo la coordinación del Consejo Nacional Electoral, por primera vez en la historia venezolana se realizó para elegir mediante voto secreto y universal los directorios de las federaciones sindicales del país.

Pero, fundamentalmente, creemos, ha significado la puesta en marcha de un largo y difícil -no exento de contradicciones intraclases y antagonismos interclases- proceso de fragua, de reconstitución y revaloración del estado nacional como estado integral ya no estadocéntrico al estilo secular, sino, inéditamente sociocéntrico; asimismo, de regeneración del cuerpo social, de búsqueda de facultamiento de las instancias formales e informales de la sociedad civil, del régimen político, del sistema de partidos, del escenario electoral, de la nación y de la sociedad considerada en su conjunto más inclusivo y a la cual pertenece el estado venezolano. Proceso que está pasando por la necesaria puesta en marcha de una tendencia -esperamos transitoria- a la centralización político-administrativa, cuyo efecto más inmediato, nos parece, es la desaceleración de los efectos desintegradores de la reforma formal del estado venezolano, tal cual se comenzó a practicar tardíamente y con más contramarchas que marchas, durante el último decenio del siglo pasado.

Sin embargo, la promisoria República no puede considerarse más que en incipiente y tenso proceso de construcción y consolidación ribeteada de fragilidades, en especial si consideramos que el viejo sistema de relaciones sociales, de hondas raíces ideológico-culturales en la historia venezolana, se resiste a ser olvidado y continúa prolongándose desde el pasado, y en cuyo ínterin se viene suscitando una constelación de síntomas morbosos y anómicos pletóricos de turbulencias y entropías, a veces insospechadas.

2. El trabajo social… una mirada…

Siguiendo a una diversidad de investigadores, podemos afirmar que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Venezuela no se puede hablar de la existencia de un estado oligárquico[5], pues, por un lado, la oligarquía como clase económica fue destruida en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, con motivo de la prolongada Guerra Federal. Por otro lado, los exesclavos, campesinos y sectores medios urbanos emergentes no pudieron llegar a constituirse en clase social, en especial por la persistencia de relaciones de servidumbre y enfeudamiento de hondas raíces coloniales, retardatarias de civilidad, modernización y democracia; asimismo, por la migración de sectores terratenientes al campo financiero y, posteriormente, industrial, y por la reconcentración de la propiedad de la tierra en manos privadas a costa de las tierras públicas y terrenos baldíos.

Fue así como el imperialismo europeo, especialmente inglés y norteamericano, encontró -en un país en el que lo nacional y la gesta bolivariana habían perdido sentidos políticos, jurídicos y económicos- las condiciones propicias para intervenir abiertamente en sus asuntos internos, intensificándose por esta vía la entrega de las riquezas del subsuelo a los monopolios extranjeros, la quiebra de la agricultura, la pobreza rural y la dependencia económica y política del país a los intereses de los centros metropolitanos.

La penetración del capitalismo, especialmente mediante las inversiones petroleras, fue garantizada a medida que el régimen dictatorial del general Juan Vicente Gómez fue consolidándose -con el apoyo de todas las fuerzas sociales preponderantes del país-, como un orden de unión, paz y trabajo que abarcó de 1908, año de la instauración de la dictadura, a 1936, año de su muerte.

Es así que algunos políticos y académicos coinciden en afirmar que el estado nacional venezolano es un producto decantado del periodo colonial realizado en el siglo veinte pero con mentalidad de los siglos dieciocho y diecinueve.

Sin embargo, en este escenario, de amplias evocaciones premodernas y sentimientos antipremodernos, comenzó a tomar cuerpo también la construcción tardía y no menos abrupta e inestable de modernidad en nuestro país.

En efecto, a la muerte de Gómez, se comenzaron a abrir las compuertas al estado posgomecista, pospatrimonialista y soberanista, cuyas relaciones con la sociedad civil se vieron mediadas por la construcción de un moderno régimen jurídico-político de corte democráticorrepresentativo, dinamizado por el juego de partidos políticos, sindicatos y organizaciones de masas.

A través de la acción amplia y directa del estado en la perspectiva de la modernización e industrialización, especialmente petrolera, la sociedad civil pasó de una situación de postración militar, política y socioeconómica a una de búsqueda de relaciones democráticas e igualitarias con el estado y de transición hacia patrones de vida urbanos, que ya había arrancado por los años veinte.

En el plano asistencial, especialmente médico-sanitario, se esperaba poder corregir las desigualdades sociales y erradicar las enfermedades, epidemias y flagelos sociales de manera realista, es decir, en la medida que el presupuesto asignado al gasto social y las capacidades organizacionales e institucionales del estado lo permitieran; asimismo, morigerar los efectos perversos del descuidado tratamiento dado a la integración social y a la producción de ciudadanía en el viejo tiempo histórico, y colocar a la población en condiciones de asumirse como fuerza de trabajo económica y socialmente productiva.

Fue así como a partir de 1936 se creó el Ministerio del Trabajo. Asimismo, (Freites y Yégüez, 2000; Martínez, 1975) se aprobó la Ley de Defensa contra el Paludismo y la Anquilostomiasis, se  reorganizaron y potenciaron los inoperantes y atrasados servicios higiénico-sanitarios y benéfico-asistenciales, se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y, junto con éste, las Divisiones Especiales de Malariología y Tisiología, el Instituto Nacional de Puericultura y las Colonias Infantiles Escolares, y se iniciaron las campañas de erradicación de enfermedades venéreas, lepra y tuberculosis, los planes de vacunación masiva y la red nacional de dispensarios médicos.

Esta política de salubridad pública se profundizó en 1938 con el inicio de operaciones del Instituto Nacional de Higiene y  las Divisiones de Sanidad Rural, Venerología y Dermatología, y Materno-Infantil. Asimismo, se crearon el Consejo Venezolano del Niño, la Junta de Beneficencia de Caracas y una serie de oficinas de servicio social en las diversas dependencias centrales y decentralizadas, muchas de ellas como cristalización de la labor caritativa que mujeres, algunas de ellas militantes católicas, venían sosteniendo desde los años de la dictadura de Gómez.

Todo lo anterior fue profundizado en 1943 en especial con la creación del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, la promoción de la construcción de viviendas populares, el mejoramiento de la vivienda rural, la creación de comedores populares y los centros de distribución de leche y, mediante proyectos de ley modernizadores como el de la Reforma Agraria el cual, finalmente, no pudo operar con motivo del derrocamiento del General Medina en 1945.

En el escenario antes esbozado, surgió el servicio/asistencia/visitaduría social en tanto oficio auxiliar novedoso y políticamente necesario en Venezuela. Esto por cuanto el estado de la salud pública requería de un personal que realizara en los propios hogares, una acción socioterapéutica y educativa con las familias infectadas e hiciera efectivas -al igual que lo hacían las enfermeras visitadoras, cuyas funciones se confundían con las de las servidoras sociales- las prescripciones médicas y la profilaxis que condujeran a la erradicación definitiva de aquella enfermedad (Márquez, 1987; Martínez, 1975).

La labor auxiliar del servicio/asistencia/visitaduría social fue encomendada a un pequeño y eficiente grupo de mujeres de alto nivel social, por lo general dedicadas a la "humanitaria" y "apasionante" práctica del voluntariado social y la militancia católica (Martínez, 1975, 130), a veces con sentido antigomecista durante los años veinte.

Posteriormente se contrató a una social work puertorriqueña, con el afán de que las pioneras de la asistencia/visitaduría/servicio social, a quienes sólo se les exigió saber leer y escribir, recibieran, primero, un cursillo de emergencia de tres meses y, al año siguiente, uno de seis meses de duración.

Las materias impartidas estuvieron, al decir de Martínez (1975:132), imbuidas de un positivismo y un evolucionismo que "aceptaba resolver problemas" y necesidades humanas mediante mecanismos de ajuste sicológico y sociocultural.

Poco tiempo después se creó la Oficina de Asistencia Social de la División de Tisiología del Ministerio de Sanidad (Martínez, 1975: 132-133), en julio de 1938 se creó la Oficina de Servicio Social del Departamento Libertador, adscrito a la División de Asistencia Social, y en 1940, bajo la influencia benéfico-asistencial y caritativa del trabajo social especialmente belga y francés, por decreto ejecutivo se creó la Escuela Nacional de Servicio Social.

Ésta, adscrita al Ministerio de Educación pero dependiente del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, comenzó a operar en enero de 1941 con un plan de estudios de nivel medio o preuniversitario, primero de dos, luego de tres y en 1950 de cuatro años de duración.

Según Martínez (1975:160), dicho plan de estudios -integrado mayormente por materias "humanístico-sociales, biosicosociales y médico-asistenciales"- estaba técnica y filosófica, ética y espiritualmente consustanciado con la realidad y las instituciones del país, específicamente con la demanda de personal auxiliar especializado en asistencia social, planteada por la política sanitaria de los gobiernos de los Generales López y Medina.

Ahora bien, teniendo en cuenta el nivel de exigencia planteado por la complejidad de la política socioasistencial, las autoridades docentes comenzaron a sentir la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza de la asistencia/servicio social. Con este afán, en 1944 -y no en 1936 como afirma Quiroz (1999:33)-, contrataron a una asistente social chilena, para asesorar la reorganización del plan de estudios (Martínez, 1975:166)[6].

El auge que rápidamente adquirió nuestro oficio a partir de la experiencia de la Escuela Nacional, cuyos egresados obtenían el título de trabajadores sociales y no de asistentes ni servidores sociales, quedó expresado en octubre de 1945 con la creación privada de la Escuela Católica de Servicio Social, en 1950 con la segunda reforma curricular de la Escuela Nacional y, en diciembre de 1958, con la creación de la Escuela de Trabajo Social, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela[7].

Este último suceso significó no sólo la universitarización de la profesión que nos ocupa, sino, la instauración pragmática de tres niveles de capacitación en trabajo social que perduran institucionalmente desvinculados sin solución de continuidad: uno, para las cursantes de estudios secundarios -clausurada a inicios de los noventa- que escogieron la mención "servicio social asistencial" en su título de bachillerato; otro, de técnicos superiores impartidos por los colegios universitarios adscritos al Ministerio de Educación, los cuales no son reconocidos por las universidades, y el tercero, universitario de licenciatura en trabajo social[8].

En 1959, se creó en la Universidad Católica "Andrés Bello", la carrera de servicio social, la cual fue clausurada rápidamente a causa de la inopia de estudiantes[9]. En el ámbito estatal, la Universidad de Oriente creó en 1968 el Departamento de Trabajo Social, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y en 1977 se aprobó la creación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la cual venía funcionando desde 1972 en la Facultad de Medicina.

La universitarización de la formación en servicio/asistencia/visitaduría social en 1958, marcó un hito crucial en Venezuela. Si bien este oficio/profesión ganó en prestigio, perdió organicidad con los aparatos de política socioasistencial del estado venezolano. La creación de escuelas de trabajo social en las universidades, significó un salto cualitativo de gran valor político, social e institucional que implicó la construcción de una plataforma superior al proceso pedagógico seguido por la vieja Escuela Nacional de Servicio Social, el cual había sido pensado y realizado en función de estudiantes que no tenían más que el certificado de conclusión de estudios, primeramente escolares y, posteriormente, secundarios inconclusos.

Ateniéndonos al exiguo número de colegas que han escrito sobre el trabajo social en Venezuela, dicha construcción fue una tarea para la cual la planta profesoral y directiva de la nueva Escuela de Trabajo Social, egresada con carácter de técnicas preuniversitarias de la vieja Escuela Nacional, no estaba habilitada.

En esencia, de lo que se trató fue de una tensión crucial entre dos tipos de práctica de la profesión, ambos complementarios pero asumidos como antagónicos por tirios y troyanos: uno, strictu sensu o tradicional que magnificaba la sustantividad inherente a la resolución -institucionalmente funcional al nuevo sistema político que se estaba implementando- de los problemas -clasificados como propios de la asistencia/servicio social- de los carenciados, y, otro, latu sensu reputado como moderno, apropiado por los docentes universitarios y reproducido por amplios sectores de sus alumnos, referido a la transformación de las estructuras de explotación y dominación que determinaban el sistema de necesidades de las clases populares.

Pero, fundamentalmente, en nuestro criterio, se trataba de un desfase[10] entre el imaginario de las pioneras formadoras de las primeras generaciones de trabajadores sociales que fueron academizadas por decreto, la teoría del trabajo social y la práctica curricular y entre estos y la realidad del país.

Dicho desfase parecía estar más determinado por una discontinuidad de sentido entre tres tiempos sociales que, evocando a Bagú (1970), parecían corresponderse con la discursividad de tres realidades co-constitutivas de la configuración social venezolana: el tiempo social del stablishment, el tiempo social de las clases sociales sujetadas a la necesidad, y el tiempo social de la universidad, cuyo saber tiende, al decir de Lacan (Roudinescu, 1994:504), a sustituir al de la Iglesia.

Así que de la visión de Martínez (1975), Méndez (1986) y Méndez, Márquez, Urbina y Tramontín (1990) pareciera derivarse que la formación de los trabajadores sociales quedó enclaustrada en el tiempo social de la academia, mejor dicho, en las contradicciones y antagonismos de las prácticas y discursos academicistas.

Es la razón por la cual parafraseando a Martínez (1975) las escuelas de trabajo social, no estaban contribuyendo a capacitar los "cuadros" que exigía el país, ni trasmitían a éstos "el compromiso" de ser "agentes dinámicos del cambio sociocultural" y colaboradores con equipos interdisciplinarios en "la aplicación de programas sociales útiles a la cohesión orgánica, funcional, ideológica y política del pueblo", y de "labores planificadas dirigidas a crear el Estado de bienestar que", en los  años setenta del siglo pasado, algunos sectores sociales "busca(ban) para la sociedad venezolana".

Durante los setenta, ochenta, noventa del siglo veinte e inicios del actual siglo, la formación de trabajadores sociales y trabajadoras sociales siguió debatiéndose entre dos tipos de necesidades -también complementarias pero asumidas como antagónicas dentro de los docentes- a las que, supuestamente, se enfrentaba el país en esos tres decenios: la de mejorar y la de cambiar (Méndez, 1986; Méndez, Márquez, Urbina y Tramontín (1990:85). Reforma (modernización) o revolución (crítica). Reformismo o revolucionarismo. No hubo términos medios ni puntos de encuentro.

Esta sostenida tensión significó -nos parece- la constitución de las tres únicas escuelas venezolanas de trabajo social en campos de guerra de posiciones, cuyo saldo histórico ha sido el deterioro de la salud organizacional, la baja productividad y el aislacionismo respecto del resto de las escuelas de sus respectivas facultades y de otras universidades nacionales y latinoamericanas.[11]

En cuanto a la Carrera de la Universidad de Oriente, ésta continúa siendo afectada especialmente por el aislamiento con respecto a las demás escuelas de trabajo social nacionales y extranjeras.

En el caso de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, aquella situación logró ser objeto de procesamiento y resoluciones creíbles  a inicios de los noventa del siglo pasado, en virtud de lo cual ingresó en una etapa de incremento de productividad y legitimación de las normas mínimas de convivencia social y académica entre los miembros de la comunidad docente-estudiantil.

En relación a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela la guerra de posiciones no ha sido superada, razón por la cual su saldo histórico continúa siendo el deterioro sostenido de la salud organizacional (Barrantes, 1996) y sicofísica de un número significativo de docentes, algunos de los cuales han migrado a otras escuelas; asimismo, la baja productividad intelectual y el aislacionismo respecto del resto de las escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de otras universidades nacionales y latinoamericanas.

Dentro del espectro institucional de enclaustramiento academicista arriba esbozado, debemos ubicar los únicos tres procesos (1969, 1974, 1993) de reforma curricular realizados durante el periodo que nos ocupa.

Recapitulando, las escuelas de trabajo social no han contribuido de manera innegable a hacer del heterogéneo e inorgánico conglomerado de trabajadores sociales y trabajadoras sociales una comunidad ético-estética, científico-política y tecnoprofesional productora y difusora de conocimientos con  especial referencia a la intervención-acción en la  trama societal en la que  todos estamos implicados para bien o para mal.

Con lo anterior no significamos -en modo alguno- que el inorgánico aglomerado de trabajadores sociales y trabajadoras sociales desconozcamos lo siguiente:

1)       La innegable suficiencia pedagógica[12] de las escuelas de trabajo social, en cuyo seno conviven -no sin tensiones intersubjetivas y sistémicas- testimonios evidentes de actividad intelectual e investigativa con deficiencias, desfases y baja productividad derivadas, si bien de estructuras organizacionales basadas en los poderes administrativistas, partidistas y academicistas, fundamentalmente de la secular ausencia de un plan maestro pedagógico y político-científico integralizador que coordine, oriente, potencie y relance la formación de trabajadores sociales y trabajadoras sociales en nuestro país.

2)       La existencia de profesionales -algunas desaparecidas físicamente como Argelia Pulido y Helena Guerra- que son testimonio viviente de calidad intelectual, académica, humana y ética, cuyos productos editoriales -por lo general muy poco apreciados y menos aún difundidos por nosotros mismos- forman parte de la historia especialmente oral del trabajo social en Venezuela y de alguna que otra de las múltiples entidades gubernamentales de asistencia social.

No obstante lo anterior, lo cierto es que el aglomerado inorgánico de trabajadores sociales y trabajadoras sociales venezolanos hemos ingresado al siglo veintiuno carentes de una ley de ejercicio profesional y de estructuras organizacionales e institucionales que nos permita constituirnos en actores-sujetos con capacidad de influencia y experticia en los ámbitos humano-sociales en el nombre de los cuales se viene discursivamente justificando la razón de ser de nuestra profesión.

Hacia ello apunta el espíritu y la letra de nuestra propuesta de Ley de Ejercicio del Trabajo Social de la República Bolivariana de Venezuela, que a continuación exponemos brevemente.

3. La Ley de Ejercicio del Trabajo Social: una propuesta innovadora

El Proyecto de Ley de Ejercicio del Trabajo Social es la síntesis del esfuerzo sostenido de un colectivo de entre diez y ciento treinta hombres y mujeres que, desde hace más de tres años, venimos trabajando por la instauración de la democracia y propiciando la restructuración del actual Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela, así como contribuyendo a la discusión, redacción y aprobación legislativa de dicha Ley.

Se trata de un Proyecto novedoso que establece mecanismos ausentes en otras leyes de otras profesiones nacionales y extranjeras. Además, tiene la bondad de, por un lado, promover efectivamente el desarrollo integral del trabajo social y de su ejercicio disciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, y, por otro lado, asegurar el fiel cumplimiento de la futura Ley de Ejercicio del Trabajo Social.

En este sentido, integra y enriquece los dos proyectos que le anteceden en la discusión legislativa y profesional. Estos son los siguientes:

1.   El Anteproyecto de Ley de Ejercicio de los Profesionales del Trabajo Social que fue consignado en marzo de 1986 ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la antigua Cámara de Diputados, cuyo trámite quedó sin efecto al quedar extinta la Cuarta República.

2.   El Anteproyecto de Ley de Ejercicio Profesional de l@s (sic) Trabajadores Sociales, que es el mismo de 1986 pero con enmiendas  y agregados que no logran un buen producto histórico-jurídico, el cual fue consignado ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional el 13 de junio próximo pasado por un grupo de colegas dentro de los cuales se encuentra el autor del Proyecto de Ley del Trabajo Social.

3.1. Limitaciones de los proyectos anteriores

Los dos proyectos mencionados soslayan los siguientes aspectos cruciales:

1.   Su origen sociohistórico-político. Ninguno de los dos parte de un análisis de sus respectivas realidades en y a través de las cuales adquieren sentidos y significados, en el primer caso, gremialista, reivindicacionista-economicista, que se corresponden con la lógica del estado bienestarista, asistencialista y desarrollista que colapsó en 1989 y cuya correlación de fuerzas varió -esperamos definitivamente- a partir de 1999. En el segundo caso, restauracionista de las condiciones propias del régimen denominado puntofijista, de espaldas al actual proceso sociopolíticocultural de siembra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la República misma en las conciencias ciudadanas.

2.   El estado del arte de la profesión con especial referencia a Venezuela.

3.   Las capacidades académicas, investigativas, organizacionales y gremiales de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales.

Es la razón por la que ambos proyectos ostentan como coincidencia de fondo, no sólo su visión estrecha del trabajo social, que queda reducido a su simple ejercicio gremial-profesional-reivindicacionista-economicista, sino también su desfase de la actual realidad nacional y, fundamentalmente de la realidad de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales. Esto por cuanto ambos proponen -sin fundamentación de ningún tipo- como figura jurídico-organizacional, una federación de colegios de trabajo social que no se corresponde con la trayectoria real y verdadera -especialmente organizativa y gremial pero también académica e investigativa- de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales del país.

Veamos tres ejemplos gremiales y uno académico, de que la propuesta de una federación de colegios no se corresponde con la realidad real y verdadera de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales de Venezuela:

1)      A casi diecisiete años de haber sido presentado ante la antigua Cámara de Diputados el Anteproyecto de Ley de Ejercicio de los Profesionales en Trabajo Social, aún no contamos con una Ley del Trabajo Social en Venezuela.

2)      En el largo periodo de cerca de treinta años que tiene de vida el Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela -un colegio sin ley-, apenas hemos sido capaces de crear descoordinada e inorgánicamente, una media docena de filiales del mismo.

3)      Desde hace doce años la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela[13] tiene secuestrada la legalidad, la representatividad y la institucionalidad de esta Entidad -un colegio que, bajo la figura jurídica de una organización no gubernamental (ONG) sin ley- en virtud de lo cual su junta directiva se resiste a convocar a elecciones, no obstante los cuestionamientos, las movilizaciones y "tomas" intermitentes del Colegio por parte de diversos grupos de estudiantes y colegas.

4)      En el plano académico tenemos que la Asociación Venezolana de Escuelas de Trabajo Social desde que fue creada hace poco más de veinte años, no ha operado con criterios de eficiencia, efectividad y prospectiva, en virtud de lo cual la formación de trabajadores sociales y trabajadoras sociales no cuenta con un plan maestro que integre el perfil técnico-profesional-cientifico-vocacional y las actividades de cada escuela de trabajo social entre sí y con la  realidad nacional de cara al futuro.

3.2. El Proyecto de Ley de Ejercicio del Trabajo Social. Ventajas competitivas

Las diferencias fundamentales del proyecto de Ley de Ejercicio del Trabajo Social -que son también sus ventajas comparativas y competitivas- con respecto a los dos proyectos que le anteceden, son las siguientes:

1.   No pretende, en modo alguno, reducir la futura Ley de Ejercicio del Trabajo Social a la simple regulación gremialista, reivindicacionista y economicista del ejercicio de los profesionales del trabajo social, tal como lo hacen los dos anteproyectos que le anteceden.

2.   Remite el concepto mismo de trabajo social en tanto específica práctica social disciplinaria, interdisciplinaria, pluridisciplinaria y transdisciplinaria, a sus fundamentos éticos, políticos, epistemológicos y hermenéuticos así como al marco jurídico-político de nuestra vida democrática representativa, participativa y protagónica, dentro del cual tanto el trabajo social como sus inagotables formas de ejercicio adquieren significación sociohistóricopolíticocultural.

3.   En el sentido anterior, refiere la futura Ley de Ejercicio del Trabajo Social a la Constitución de 1998 y al pensamiento de El Libertador Simón Bolívar y demás próceres, héroes y heroínas de la independencia nacional y latinoindoafrocaribeña; asimismo, con los procesos estatales, sociopolíticos, culturales, civiles y mercadistas, mediante los cuales las clases sociales -especialmente subalternopopulares- satisfacen sus carencias y potencian sus aspiraciones; finalmente, con la necesidad histórica que tiene la neonata República Bolivariana de Venezuela de construir ciudadanía, justicia e institucionalidad ciertamente con perspectiva de corto, mediano y largo plazo, pero fundamentalmente sobre la base de la incorporación del discurso del otro en la lógica misma de dicha construcción.

4.   Propone la figura federada -tan federada como nuestro país nacional según el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, decentrada, flexible, plural, solidaria, cooperativa, ética y democráticamente integralizadora del Colegio Federado de Trabajadores Sociales. Esta se enraíza en las antepropuestas que hace algunas décadas intentaron, sin acciones consecuentes por parte de los ductores gremiales y académicos del trabajo social, crear sedes o filiales de dicho Colegio en las diversas entidades federales de la República. Definitivamente, el proyecto de Ley de Ejercicio del Trabajo Social asegura -como nunca antes- la presencia decidida de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales en el escenario principal de la historia del país.

5.   Potencia efectivamente una ética de la eficiencia, de la efectividad y del redespliegue de las capacidades innovativas, sobre la base del involucramiento activo de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, en los asuntos que les concierne como ciudadanos y profesionales.

6.   Instaura potentes y novedosos dispositivos que no se encuentran en ninguna otra ley de ejercicio profesional -de allí su carácter innovativo- como son el sistema organizacional mismo del Colegio Federado y su potente red de órganos nacionales, estadales y regionales. Entre estos, se encuentran la Convención Venezolana de Trabajadores Sociales, el Instituto de Previsión Social, el Foro Venezolano de Políticas Públicas y "Cantera Social", la Revista Venezolana de Políticas Públicas.

Asimismo, las comisiones permanentes tales como las académicas; de cultura, recreación y deportes; de concursos y premiaciones; de ética y derechos humanos; de relaciones gremiales e interinstitucionales; y de investigación y acción social.

Finalmente, crea la novedosa figura de las juntas conciliadoras dotadas del procedimiento arbitral para la resolución de conflictos entre los agremiados entre sí y entre estos y los agentes externos.

6.       Contiene afinamientos éticos, políticos, académicos y científicos que fortalecen y promueven el desarrollo decidido del trabajo social en tanto práctica social disciplinaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria de la intervención social, así como la protección y el relanzamiento del ejercicio profesional de técnicos medios y superiores, técnicas medias y superiores, licenciados y licenciadas con posgrados o sin estos. Asimismo, de los licenciados en promoción social, educación social, orientación social, mediación social, terapia social, desarrollo humano y otras áreas del trabajo social cuando las hubiere en el país.

Sólo todos y cada uno de nosotros podemos encarnar en el día a día, no sólo el trabajo social que queremos y nos merecemos, sino, fundamentalmente, el que éticogeopolíticamente debemos construir porque es el trabajo social que está por hacerse de cara a los retos inéditos que nos está planteando la construcción sociocolectiva de la República Bolivariana de Venezuela en estos tiempos de imperio, globalización y posmodernidad.

Consideraciones finales

Hemos dado cuenta del proceso políticosocial de alimentación recíproca pero mediada -¿debiéramos decir mediatizada?- por el tiempo social de la academia universitaria, entre dos prácticas, una, del estado rentista petrolero, desarrollista y bienestarista venezolano y, otra, de los trabajadores sociales en tanto agentes-actores-sujetos de un arte/oficio/profesión/disciplina paramédica y parajurídica que, si bien durante sus veintidós primeros años estuvo consustanciada con las necesidades asistenciales de aquél, los últimos cuarenta y tres años ha estado desencajada[14] tanto de las necesidades de reproducción sistémica del estado y la sociedad venezolana como de la reproducción individual y social de las clases subalterno-populares y, más específicamente, de la enseñanza superior.

Hoy, cuando la configuración societal venezolana se encuentra atravesando una prolongada crisis agonal o de reconstitución no resuelta, las conexiones de sentido de las prácticas discursivas del trabajo social parecieran que no han cambiado sustantivamente con respecto a dicho estado y a sus formas de relacionarse éste con la sociedad a la que pertenece y con sus propias instituciones.

En la actualidad contamos con una nueva Constitución y se están sentando las bases para consolidar la novel República Bolivariana de Venezuela; ello bajo nuevos esquemas de protagonismo ciudadano y una nueva institucionalidad que no puede considerarse más que en incipiente, ambivalente y frágil proceso de instauración y consolidación, en especial si consideramos que las salidas a las crisis y las innovaciones democráticas están determinadas no sólo por los propios términos que las suscitan, sino, también porque -evocando el Marx del Dieciocho Brumario- somos prisioneros de los fantasmas del pasado y de nuestras formas de pensar, oír, hacer, sentir y soñar, que son las mismas que condujeron a las circunstancias que se desean superar, sea, el viejo sistema de relaciones sociales de hondas raíces ideológico-simbólico-culturales en la historia venezolana que, resistiéndose a ser olvidado, continúa prolongándose desde el pasado reciente y mediato, y en cuyo ínterin se viene suscitando una constelación de síntomas morbosos y anómicos pletóricos de puntos de estrangulamiento, turbulencias y entropías, a veces insospechadas.

En este proceso, la relevancia del papel jugado por los trabajadores sociales no ha sido objeto de problematización metódica por parte de éstos, ni de publificación por parte de los medios de difusión masiva ni por los organismos académicos, gremiales, estudiantiles, ni estatales ni civiles en general. Pero el reto nos lo ha lanzado la realidad misma que está a la espera de la inventiva de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, la actuación científico-profesional y el trabajo social mismo, están planteando una serie de discusiones que no han sido asumidas en todas sus consecuencias por amplios sectores de trabajadores sociales y trabajadoras sociales venezolanos. Entre aquellas tres nos parecen cruciales:

1.   Las conexiones de sentido de las prácticas del trabajo social con respecto a la construcción social del estado venezolano y de las formas de relacionarse éste con la sociedad y sus propias instituciones.

2.   La relevancia de los roles y las capacidades y retos de los trabajadores sociales y de las trabajadoras sociales en estos tiempos de imperio, globalización y posmodernidad que, para bien o para mal, sobredeterminan la refundación de la vida democrática en Venezuela.

3.   La construcción de espacios de alimentación recíproca y encuentros de integración pluriversa entre las prácticas del trabajo social; de las diversas ciencias y tecnologías sociales, naturales, bioéticas y telemáticas; de la academia, del estado, del sistema político y de la sociedad civil.

Estas nos exigen abandonar toda esperanza de solución, si no media una rigurosa y exhaustiva política de investigación-docencia-intervención-acción-implicación societal ético-geopolíticamente orientada, en especial aquella que tiene que ver con la necesidad de recontextuar, resemantizar, revalorar y rescribir, desde otras posicionalidades epistémicas, el trabajo social que está por hacerse en Venezuela y en América Latina.

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Autor:

César A. Barrantes A.

Ex profesor de la Universidad de Costa Rica. Trabajador social, planificador social, analista de política social, consultor social, profesor-investigador de grado y posgrado de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad del Zulia. Presidente fundador de la Red Latinoiberoamericana y Caribeña de Trabajadores Sociales (RELATS).

[1] Este apartado básicamente ha sido tomado de Barrantes (1997, cap. II)

[2] El primer ciclo recesivo se inició en febrero de 1983 con la primera devaluación de la moneda nacional y se prolongó a mediados de 1987, cuando se produjo un breve repunte económico que alcanzó a finales de 1988. El segundo ciclo va de principios de 1989 hasta el presente. Determinado por la crisis del modelo económico sustitutivo de importaciones y la mengua de la renta petrolera en que se sustentaban la Cuarta República y el Pacto de Punto Fijo, el agotamiento de éstos allí quedó también diagnosticado.

[3] A partir de la muerte del General Gómez, quien gobernó dictatorialmente entre 1908 y 1936, se sucedieron dos gobiernos militares elegidos por el Congreso Nacional como ensayos democráticos posgomecistas. En 1945 el presidente General Medina fue derrocado y sustituido por una junta cívico-militar socialdemócrata presidida por Rómulo Betancourt. Ésta gobernó hasta 1948 cuando se eligió al primer mandatario civil, el escritor Rómulo Gallegos, quien nueve meses después, fue depuesto por el General Pérez Jiménez, cuya dictadura fue abolida el 23 de enero de 1958 por la sublevación popular que, antecedida por el fracasado levantamiento militar dirigido por el coronel Trejo el 1 de enero, condujo a la hegemonía socialdemócratacristiana y al régimen político denominado puntofijista, en virtud de que los partidos predominantes suscribieron un pacto en la casa rotulada Punto Fijo, propiedad de unos de sus dirigentes: Rafael Caldera. Este pacto tiene el mismo significado excluyente que el del Pacto de Ochomogo que, en Costa Rica, fue celebrado entre los ganadores de la denominada guerra civil de 1948: un pacto que excluyó y persiguió a los comunistas y calderonistas e instauró el régimen político que hoy podemos denominar socialdemócratacristiano neoligárquico.

[4] Sobre el término puntofijimo, ver la cita número tres.

[5] En Europa y Estados Unidos el nacimiento del trabajo social, estuvo vinculado al derrumbe de los estados liberales y a los procesos de su reconstitución en estados interventores, providenciales o de bienestar. En América Latina, mediando especificidades de cada país, la historia de la demanda institucional de visitadoras/servidoras/asistentes sociales y de escuelas de formación profesional, resulta ser paradigmática (Lizarraga, 2000; Cornelli, 2000; Quiroz Neira, 2000; Tello y Arteaga, 2000; Jiménez, 1992; Campos y otras, 1977; Netto, 1997; Molina y Romero, 1998; Poveda, 1998; Iamamoto, 1984; Martínez, 1977). Aquélla se produjo -en unos países más tarde que en otros- dentro del marco de la penetración diferencial del capitalismo, el desmoronamiento de los estados oligárquicos en donde éste existió y del incremento de las luchas populares. Fue así como se comenzaron a  tecnificar y profesionalizar los elementales aparatos de estado en cada país -entre éstos las fuerzas armadas y la administración de la asistencia social- en especial cuando a aquél le llegaba el momento de modernizarse e intervenir en la economía y en la cuestión social; en esta última, a través de legislaciones cooptativas de las fuerzas sociales populares.

[6] Contrario a la creencia de Quiroz (1999:33) de que la creación de la primera escuela de asistencia/visitaduría social en el Chile de 1924 "marcó un hito…al participar…en la creación y desarrollo de otras escuelas…latinoamerican(as)", los procesos venezolano y de otros países muestran que la demanda de estos profesionales fue endógena a cada configuración societal bajo la influencia estadounidense y europea, especialmente belga y francesa. Diversas historias locales (Tello, 2000) señalan que -en muchos casos- la influencia chilena se produjo, entre otras opciones, por la vía de la consultoría, cuando las escuelas latinoamericanas se veían concitadas a restructurarse.

[7] El artículo primero del decreto No. 386 del 17 de octubre de 1958, señala que "Los estudios de Trabajo Social serán de índole humanístico y profesional y se harán en dos etapas: la primera, mediante un plan de estudios, de segundo ciclo de educación secundaria, con especialización en humanidades y orientación hacia el ejercicio profesional del Trabajador Social; y en la segunda se hará en universidades o instituciones de Educación Superior…"

[8] La historia es más compleja, pero los objetivos y las limitaciones de espacio asignados a esta comunicación no nos permiten desarrollarla.

[9] En 2000 esta Universidad jesuita, reabrió dicha Carrera con el nombre de Trabajo Social, un enfoque interdisciplinario y una concepción metódica centrada ya no en el servicio, la asistencia y la promoción institucionalmente funcional, sino, centrada en el desarrollo integral de la persona humana. En 2002 dicha Carrera fue congelada nuevamente por inopia de postulantes.

[10] Este desfase se vio posteriormente reforzado al influjo de los radicalismos cientifizantes e ideologizantes que pusieron en la palestra política dos grandes matrices del denominado movimiento de reconceptualización del servicio/asistencia/visitaduría social: la modernizadora y la crítica (Celats, 1983). Para una crítica a las tendencias reconceptualizadoras desde otra experiencia, ver Barrantes (1979; 1986).

[11] Estos rasgos no son exclusivos de las escuelas de trabajo social, sino, también -aunque de manera diferencial- del trabajo social venezolano, pero por razones de espacio no abordaremos este proceso.

[12] Mención especial debemos hacer de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia en donde operan desde hace varios años los hasta hoy únicos cuatro proyectos académicos de gran valía en Venezuela: el Centro de Investigaciones en Trabajo Social, la Revista Venezolana de Trabajo Social, la Maestría en Intervención Social, y el programa de profesionalización de los técnicos en trabajo social.

[13] La filial del Zulia, una de las seis existentes en el país que tiene veinticuatro estados, tiene diez años de no convocar a elecciones.

[14] Con este término no significamos, en modo alguno, esterilización, inutilidad o superfluidad. Mucho menos ahistoricidad o asocialidad, pues eso que llamamos trabajo social (Barrantes, 1986) es una práctica y un producto societales cuyos usos y fundamentos en Venezuela están a la espera de ser reconceptuados, resemantizados.

Partes: 1, 2
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