Poder femenino (página 2)

IV. Metodología

1. La investigación está basada cualitativa y cuantitativamente en las políticas públicas con perspectiva de género que se estén llevando a cabo en América Latina.

En una primera parte introductoria se realizó un seguimiento en el que se pretende identificar, analizar y ordenar: el concepto de igualdad; políticas; planes; programas; proyectos; datos estadísticos; indicadores; informes regionales; investigaciones anteriores; normas y; leyes. Luego, en una segunda parte se desarrollaron los niveles de participación en los poderes del Estado y en el ámbito local. Y en una tercera parte se compararon los esfuerzos institucionales en el impulso de políticas públicas con perspectiva de género que faciliten el acceso participativo y equitativo en democracia versus los datos y cifras reales.

Cabe destacar, que fue fundamental en el conocimiento del contexto Regional la asistencia en la XL Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y el Seminario Internacional Política y Paridad en América Latina y el Caribe desarrollados en la CEPAL de Chile (Octubre, 2006).

2. La estructura del trabajo se organiza de la siguiente forma:

• Título: "Políticas Públicas con Perspectiva de Género que potencien la Participación de la Mujer en el Poder y la Toma de Decisiones en América Latina y el Caribe".
• Capítulo I "Principales estrategias de los Gobiernos: las políticas públicas con perspectiva de género para el pleno ejercicio de las mujeres en el poder y la toma de decisiones en América Latina y el Caribe".
• Capítulo II "Diagnóstico de la situación de la mujer en las posiciones de poder y toma de decisiones en América Latina y el Caribe".
• Conclusiones.
• Anexos.

V. Sistema de trabajo.

1. Actividades a realizar.

1.1 Investigación: documental, proyectos, estudios, bibliográfica y de la Web.

1.2 Participación en reuniones.

1.2.1 Unidad.

1.2.2 IX Regional de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 3 y 4 de Octubre del 2006 y Seminario Internacional de Paridad de Género en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 5 y 6 de Octubre del 2006.

2. Técnicas utilizadas.

2.1 Investigación cualitativa y cuantitativa: recopilación, documentación, selección y trabajo de datos estadísticos desagregados por sexo y su construcción para hacer la muestra más homogénea.

2.2 Seguimiento de parámetros trazados en base a la Convención de todas las formas de Discriminación de la mujer (CEDAW, 1979) y la Cuarta Cumbre Mundial (Beijing, 1995).

2.3 Elaboración de puntos críticos entre políticas públicas y planes o programas de igualdad.

2.4 Análisis de informes regionales de las mesas directivas en participación política.

3. Coordinación.

3.1 Profesora guía. La investigación será guiada por la Sra. Fátima Arranz Lozano Profesora titular de sociología y Directora del Master en Igualdad de Género: Agentes y Políticas, Universidad Complutense de Madrid.

3.2 Coordinadora CEPAL. La Sra. Diane Almeras Oficial de Asuntos Sociales de la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL Chile.

4. Lugar físico donde se llevará a cabo el trabajo.

4.1 Unidad Mujer y Desarrollo. CEPAL, Chile.

5. Recursos.

1. Humanos: Estudiante en práctica.
2. Materiales: Oficinas de la CEPAL.

Capítulo I "Principales estrategias de los Gobiernos:

las políticas públicas con perspectiva de género para el pleno ejercicio de las mujeres en el poder y la toma de decisiones en América Latina y el Caribe"

1. Antecedentes en la Región.

La exploración del contexto de América Latina y el Caribe debe considerar que cada país tiene una realidad y una circunstancia en un espacio y tiempo determinado, más aun en parte de un continente que ha sido marcado desde sus inicios por luchas de poder, dictaduras militares y gobiernos inestables que han detonado profundas inequidades e injusticias de carácter social, político, económico y cultural, siendo estas las causas principales de pobreza y marginalidad de la población y por consecuencia un profundo subdesarrollo.

Históricamente, la población más perjudicada han sido y son las mujeres, quienes son confinadas en el ámbito privado que tiene por mandato la producción y la reproducción de la especie, quedando de esta manera limitadas de los asuntos públicos dentro un orden sociosimbólico que antepone un contrato sexual al social (Pateman, 1988). Por lo mismo, no es de extrañar que en lo político sigan persistiendo desequilibrios en la distribución del poder y funciones sociales que limitan la plena participación femenina influenciando directamente la gobernabilidad democrática y la estabilidad institucional. Según, señala Marcela Ríos en el Informe de Cuotas de Género: Democracia y Representación (2006, p9) "la debilidad democrática está íntimamente asociada a los vacíos de representación producidos cuando: las autoridades públicas electas no reflejan la diversidad existente en una comunidad, los ciudadanos y ciudadanas no gozan de un derecho efectivo para presentarse y competir a cargos públicos y/o existe una escasa efectividad por parte de los representantes para mediar entre los intereses de sus representantes y el sistema político". De hecho, en la pasada reunión de la LX Mesa Directiva de la Conferencia Regional uno de los principales temas fue la participación política y la paridad de género en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, donde se reconoció notorios avances paridad y leyes de cuotas, pero quedan profundas deudas pendientes en el camino de la equidad, especialmente con las mujeres indígenas y afrodescendientes, que además contienen la característica de ser las más pobres. En palabras de Patricia Espinosa "Sabemos que el ejercicio de una ciudadanía plena no se reduce a la acción de votar, sino a participar realmente en los asuntos públicos. Hoy en nuestra región ya hemos avanzado con la instauración de las cuotas. Si bien hay voces que cuestionan estas medidas, estamos convencidas de que son necesarias para crear la masa crítica que necesitamos las mujeres para tener acceso a posiciones igualitarias y equivalentes, y permanecer en ella", con lo que subyace también una transformación cultural integra para poder alcanzar una igualdad real.

Ante esta situación, la investigación emprenderá curso desde los primeros indicios en la igualdad en el acceso hasta la implementación de las actuales políticas públicas que contienen la perspectiva de género en lo referente al poder y la toma de decisiones en la Región.

2. La igualdad en el acceso.

El primer indicio del proyecto de igualdad se encuentra aparejado como principio al modelo de Estado Liberal del siglo XIX que legitima la distribución de los bienes de la sociedad en base a que todos tengan las mismas oportunidades para alcanzarlos y las desigualdades solo se producirán por los méritos individuales de cada cual. Sin embargo, las mujeres nuevamente se vieron invisibles ante esta nueva forma de Estado que reconoce como bien dice a todos y no a todas, la dicotomía pública y privada, familia y estado en que consistía el fundamento del concepto rousseaunoniano fue admitida completamente por la filosofía política liberal que concibe al ciudadano como un "pater familias" y utiliza las ideas del contrato social y voluntad general. (Valcárcel, 2001).

Justamente, en relación al principio de igualdad la reinvidicación de la participación política femenina se hace inminente y comienza a cobrar voz con las sufragistas en la lucha de los derechos de la mujer y la igualdad. Como en los tiempos de la Revolución francesa donde destaca Olympe de Gouges (1748 – 1793), quien a través de una vía política intenta producir un cambio significativo en la sociedad y en el Estado de la época, escribe "Los Derechos de la Mujer y la Ciudadana" . También, Mary Wollstonecraft (1759 – 1797) en su libro "Vindicación de los derechos de la mujer" le otorga el soporte teórico a Gouges haciendo un llamado a la participación activa de las mujeres en libertad y sin una subordinación producto de la distinción sexual, donde las mujeres se constituyan en sujeto político en todos los ámbitos de la vida (Rivera, 1994).

El acceso femenino a la ciudadanía formal y participativa ha sido un proceso lento y solo en el siglo XX se concretiza cuando las mujeres obtienen el derecho a votar, lo que representa el hito que las legitima por primera vez en el ejercicio de sus derechos políticos y al mismo tiempo, consolida la causa para que la equidad integra de derechos sea una realidad.

En América Latina y el Caribe, de igual forma el liberalismo de la época influencia a las sufragistas en el reclamo del voto. Ya en el siglo XIX, se pueden encontrar argumentos fundados en que las constituciones de las Repúblicas emergentes no excluían de forma explícita a las mujeres de la participación política, puntualmente el caso de Chile. No obstante, que en la conquista de este derecho se deben enfrentar fuertes obstáculos que están muy asentados a las estructuras patriarcales, por lo que poco a poco se fue reconociendo el sufragio femenino. Así, en el universo de países seleccionados en esta investigación, se ordenan cronológicamente según el año de la obtención del derecho a sufragar: República Dominicana (1942); Trinidad y Tobago (1946); Argentina (1947); Chile y Costa Rica (1949); Bolivia (1952); México (1953) y; Perú (1955).

Fuente: Cuadro Elaborado de la Historia de la CIM: "Lucha por el Sufragio Femenino en el hemisferio". * Solo países de la muestra de la Investigación.

http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/cim/defaults.htm

Luego de haber alcanzado el acceso a sufragar y por tanto, el reconocimiento de la ciudadanía, ya en una segunda etapa los esfuerzos se encaminaron en conseguir el derecho a ser electas y a la representación en el ejercicio total de los derechos políticos, pero estos se vieron postergados en el continente por factores sociales y étnicos, prevaleciendo una modernidad inmadura, cuyas consecuencias se reflejaron en golpes militares y dictaduras de derecha desde los años sesenta a los ochenta que conllevaron el aumento no solo de las brechas en lo político, sino que en las distribución de la riqueza, las clases dominantes y oportunidades.

Una vez recuperadas la democracias en los países, surge la idea de la paridad como una demanda de participación y una necesidad social para consolidar legítimamente el sistema político, como un compromiso pendiente tras años de represión (Bareiro, 2000). Siguiendo el curso de los acontecimientos, en los noventa el principio de igualdad se hace efectivo en un llamado conciente de la comunidad internacional partiendo de una remodelación institucional y de un rol del Estado que incorpore el sistema de género a nivel transversal en medidas de acción positiva y sus políticas públicas, con el fin que remueva los perpetuos designios patriarcales y que definitivamente se consiga una sociedad más justa y equitativa en una igualdad real.

2.1 El sistema Internacional y la igualdad.

Las orientaciones internacionales tienen sido relevantes en cuanto a su influencia en el compromiso de las naciones especialmente en la creación de acciones y mecanismos públicos a favor a la igualdad. En esta investigación, por su importancia y consolidación se identifica la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación "CEDAW" (1979) y la Cuarta Conferencia Mundial "Beijing" (1995).

La CEDAW representa un gran paso en el camino de alcanzar la equidad de derechos de la mujer, ya que es un instrumento de protección a los derechos humanos y que hace visible el desequilibrio existente en las relaciones de género y pone limite a la discriminación. En lo referente, a la "participación política" se pretende asegurar el desenvolvimiento de la representatividad en plena igualdad en razón a: (i) La igualdad en la vida política y pública (Art. 7) y, (ii) Garantizar sin discriminación alguna las acciones positivas (Art. 4).

Esta Convención es considerada como la "Carta de Derechos Humanos de las Mujeres", por el respaldo a la construcción de Constituciones que solventen el principio de igualdad real, igualdad de oportunidades y acciones positivas, en el sentido de que los países tengan un soporte normativo que en su accionar de políticas públicas sea coherente a la igualdad de género. Por este motivo, en el siguiente cuadro se expondrán de la muestra de los países escogidos de la región, los que en sus bases constitucionales consideren el principio de igualdad, igualdad real, la no discriminación y la igualdad en la participación política.

Fuente: Cuadro Elaborado a partir de la Información del Cuadro 1 de Igualdad y No Discriminación, Aranda Verónica y Montaño Sonia, "Reformas constitucionales y equidad de género: Informe final Seminario internacional Santa Cruz de la Sierra, 21, 22 y 23 de febrero de 2005. Serie Seminarios y Conferencias n° 47, Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL. Santiago de Chile, marzo del 2006.(p 50 a 73). Y la Constitución de Trinidad y Tobago de 1976 y con Reformas hasta el 2000. * S/D Sin datos.

De acuerdo, al cuadro expuesto se puede constatar que en la actualidad el principio de igualdad está establecido por un consenso en los países por la máxima ley que es la Constitución y el principio de no discriminación según la fuente de los datos indagados solo Chile y República Dominicana no presentan su instauración constitucional, y Argentina es el país que reconoce los cuatro campos en términos de igualdad y no- discriminación.

También, es destacable que en el año 1999 se instaura un Protocolo Facultativo para el seguimiento continuo de esta Convención otorgando la facultades a los/as ciudadanos/as o grupos gubernamentales para denunciar toda forma de discriminación al Comité de la CEDAW.

En el caso de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, se impulsó la legitimación del rol mecanismos en el adelanto de la mujer por parte de los gobiernos en la formulación de sus políticas y la introducción de la perspectiva de género transversalmente para su articulación y coordinación en los distintos espacios. Según relacionan Bareiro Line, López Oscar, Soto Clyde y Soto Lilian (2004, p 57) en el estudio "Sistema electorales y representación femenina en América Latina". La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer fue probablemente el punto más alto de ejercicio internacional de ciudadanía por parte del movimiento de mujeres y de visibilidad de la problemática de género, no solamente por los días mismos de la Conferencia, sino por la relevancia del proceso preparatorio, por ser un documento aplicado a las políticas públicas de igualdad de género y orientador de algunas oficinas nacionales para la igualdad y ser un instrumento de monitoreo por parte de la sociedad civil.

Además, en esta Conferencia se establece una Declaración y la Plataforma de Acción que propone objetivos estratégicos en diferentes áreas para que sean depositados por los gobiernos e instituciones en la legislación, políticas y programas, y en la n° 7 "La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones" enfoca su propósito de conseguir la igualdad de las mujeres en el derecho de participar de forma activa en la gestión de los asuntos públicos en dos preocupaciones: (i) Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones y; (ii) Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. De esta manera, se afirma que las mujeres tienen derecho a participar de los asuntos públicos con autonomía, decisión y contribuir directamente en los procesos políticos.

3. Políticas públicas con perspectiva de género para elevar el adelanto de la mujer en el poder y la toma de decisiones.

3.1 Políticas públicas con perspectiva de género.

La mayor parte de las definiciones de políticas públicas coinciden en que pueden ser entendidas como un curso de acción del aparato estatal que tiene por interés alcanzar un determinado objetivo ante una necesidad del sistema social. Este objetivo tiene como prioridad el bien común, por lo que involucra los efectos que tenga en la ciudadanía, los cuales deben ser en igualdad y por tanto, la introducción de la perspectiva de género se hace imprescindible en la compresión de los procesos sociales y su organización para que todos y todas tengan las mismas oportunidades. Entendiéndose, que se debe trabajar en las agendas gubernamentales con un análisis que visibilice, incluya y valorice la situación de las mujeres como sujeto propio en el diseño de las políticas públicas.

Virginia Guzmán en el documento "La institucionalidad de género en el estado: Nuevas perspectivas de análisis" (2001, p29) señala que la creación de una institucionalidad de género como instancia de coordinación de políticas asienta en la mayoría de los casos en una historia previa caracterizada por la existencia de las oficinas de la mujer de distintas orientaciones y de programas específicos dirigidos a las mujeres en el campo de la salud, de la promoción rural o de la pobreza. Muchas veces la nueva institucionalidad es creada como un punto de llegada, con el objetivo de coordinar y centralizar los esfuerzos ya existentes en el Estado. En los países seleccionados de América Latina y el Caribe la institucionalidad de género es representada y consolidada desde principios de los noventa en las siguientes organizaciones públicas como se muestra a continuación.

Fuente: Cuadro Elaborado a partir de la página Web http://www.cepal.org/mujer/proyectos/perfiles/ * S/D Sin Datos

En las políticas públicas con perspectiva de género en la Región lo que se pretende primordialmente es corregir las desigualdades existentes en el acceso de los espacios públicos, donde las mujeres están subrepresentadas en el poder y tienen escasa participación que las embista de autoridad en la toma de decisiones. En las primeras acciones para fortalecer estas políticas se han eliminado las barreras de discriminación en la ley para conseguir la igualdad formal, por lo cual se han producido herramientas en el adelanto de la mujer, tales como los mecanismos nacionales de regulación, coordinación e implementación, los que se pueden ver reflejados en orientaciones, normas, instrumentos, planes, programas, etc. De igual forma, en el proceso de coordinación para ser integro debe tener un sentido transversal en todos los sectores que integran el gobierno y la administración del Estatal.

En el ámbito público aparece evidentemente la situación de desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres, lo que implica un esfuerzo de las políticas públicas de corregir esta situación con la estrategia de las acciones positivas que desde un comienzo actúan reconociendo las desventaja inicial de las mujeres, por lo que se prioriza en elevar su condición en un consentimiento de justicia social, y así, asegurarles su permanencia para que puedan participar hasta nivelar la situación en una dimensión equitativa.

En este sentido, en la aplicación de las medidas de acción positiva se plantearon opiniones contradictorias de diversos sectores, por un lado se recogió la idea de que no cumplían con el principio de igualdad de oportunidades cuando se reparaba una desigualdad produciendo desigualdad. Asimismo, otros la accedían a estas medidas justificando su existencia en razón a la igualdad con la producción de correcciones no igualitarias. Y otros, se centran en la responsabilidad generacional que privilegia a las mujeres por su desigualdad histórica ante los varones. Lo importante, es que estas medidas potencian el principio de igualdad al incorporar el actuar sin discriminación y permite el posicionamiento de sectores que eran propios masculinos, pero no ha implicado que se produzca del mismo modo en los tradicionalmente determinados como femeninos conllevando una doble presencia para las mujeres (Astelarra, 2004). Aquí en este punto, las estrategias deben orientarse a crear las posibilidades que permitan complementar lo público con lo privado, valorizar que toda actividad humana tiene un esfuerzo y un trabajo en el accionar en sociedad, y de esta forma el sexo de una persona no determine su forma de ser, estar y relacionarse con el mundo.

Para Nieves Rico las acciones positivas son "Como una forma de contribuir a romper la situación de desigualdad que afecta a las mujeres en los puestos de decisión, en 12 países de la región se han adoptado medidas de acción positiva, fundamentalmente leyes de cuotas o cupos. Este mecanismo tiene como objetivo incidir en la igualdad de trayectoria de los actores sociales –en este caso las mujeres, por sobre la igualdad de oportunidades, de modo de asegurar una representación mínima en los puestos de decisión. También ha tenido como efecto acostumbrar a los y las lectores a ver mujeres en las listas y posteriormente en los cargos decisorios".

En los siguientes puntos, se analizarán las medidas de acción positiva que se están llevando a cabo en la Región.

3.2 La democracia paritaria.

Como se ha señalado, las medidas de acción positiva permiten avanzar a la igualdad y con una dirección de garantizar legítimamente un sistema sin discriminación de género y con justicia social. La participación femenina hasta hace poco tiempo era prácticamente inexistente y aun es muy baja en los niveles de las jerarquía institucionales en una democracia que no consideraba la universalidad y la validación en el poder y en la toma de decisiones en igualdad de oportunidades, porque al final solo otorga a unos pocos privilegiados el derecho a su ejercicio y como lo indica la Presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet en el discurso inaugural del Seminario Internacional sobre Paridad y Participación Política en América Latina y el Caribe (Santiago, 2006) "Si pensamos que las minorías deben ser respetadas y debidamente representadas, con mayor razón lo deben ser las mayorías. En este caso, las mujeres, evidentemente están subrepresentadas en la política.

No deja de ser curioso. ¿Se han fijado ustedes que las mujeres, para convencer que tenemos derecho a participar activamente en política, tenemos que decir que somos la mitad de la población? ¿Qué pasaría si fuéramos menos de la mitad? ¿En ese caso no sería legítimo que ejerciéramos el derecho a participar en las decisiones de la vida de nuestros países?

Por eso que éste no es un tema simplemente numérico, es un asunto de principios democráticos. De constatar que existe una falencia en la representación y que, por tanto, se justifica adoptar alguna medida, aunque sea transitoria, para corregir dicha falencia.

La discriminación de la mujer en la política, y en general en todo tipo de puestos de liderazgos, es real y es profunda".

La idea de democracia paritaria lo que plantea es mejorar el sistema de representación política de los géneros principalmente en los cargos y puestos de poder en que se reconoce ambos sexos como sujetos legalmente sexuados, esto significa que va más allá de la propia igualdad formal y postula al mismo tiempo una nueva forma de ciudadanía en que mujeres y varones son considerados por los poderes públicos a tomar medidas para consolidar una igualdad en todas sus actividades de participación (Astelarra, 2004). En esta trama, se hace vital para su soporte una agenda pública con perspectiva de género que consolide la paridad en el poder y todos los ámbitos de la vida en una nueva cultura representativa.

Es sobresaliente, que en Chile al año 2006 resulta una excepción que una mujer sea presidenta de la república en la región y que exista paridad en un gabinete a nivel ministerial, subsecretarías, intendencias y en las jefaturas de servicios.

3.3 Las cuotas.

Otro gran alcance en la introducción de la igualdad de oportunidades en términos normativos es la incorporación de las cuotas que pueden aplicarse del mismo modo por vías constitucionales, legales o voluntariamente por los partidos políticos pretendiéndose desactivar las desigualdades existentes en la participación política de las mujeres en el acceso en cargos de poder y toma de decisiones y cuyo efecto es reparador en el fin de la equidad.

Las cuotas actúan previo establecimiento de un número o un porcentaje concreto de miembros en: una lista de candidaturas, unas asamblea parlamentaria, una comisión o un gobierno (Ríos, 2006).

Los mecanismos para implementarlas son básicamente: (i) Indicar las mínimas de los grupos discriminados y; (ii) las máximas para ambos sexos no pueden superar el 60% de los cargos y las mínimas deben incluir el 40% de las mujeres. Hay posturas que reclaman esta medida con justificación al no cumplimiento del principio de igualdad, siendo lo que se pretende corregir son las desigualdades históricas en que se ha marginado a la población femenina en los puestos de decisión.

Cabe destacar, que en Argentina estas medidas marcan un acontecimiento en el año 1991, ya que es el primer país en establecerlas en la Región y en el Mundo. De acuerdo, a esta pauta se acentúa en las naciones la preocupación de sus democracias en la subrepresentación femenina en la arena política y pública, por lo que no es aislada la introducción de las cuotas y en los países escogidos de América Latina y el Caribe son verificables concretamente en tres niveles como se puede apreciar en el próximo cuadro.

Cuadro elaborado de la información encontrada en página Web: http://www.quotaproject.org

* S/D Sin Datos.

Ciertamente, Argentina es el único país que cumple los tres niveles de cuotas por su inclusión en la carta constitucional que marca la diferencia con el resto de los países. Aunque, es indiscutible que en la mayoría se tienen leyes de cuotas salvo el caso de Chile y Trinidad y Tobago. La secuencia de su formulación en el tiempo es: Argentina (1991); Costa Rica (1996) y México; Bolivia, Perú y República Dominicana (1997). En lo relativo, a los partidos políticos se aplican las cuotas en su generalidad con la excepción de Perú y nuevamente Trinidad y Tobago.

En cuanto, al nivel porcentual es importante distinguir que en Costa Rica se aplica el máximo de la Región con un 40% en los puestos de elección popular.

4. Planes de Igualdad.

Los planes de igualdad son un instrumento de los gobiernos y sus instituciones en los distintos niveles, los que tienen por razón la organización estratégica de las políticas públicas para superar las problemáticas que atenten o limiten la igualdad del sistema de relaciones y desarrollo de la sociedad. De este modo, se hace imprescindible tener una perspectiva de género que potencie los objetivos, metas, actividades, indicadores y presupuestos en el logro de la igualdad real o de resultados, y que siempre en su que hacer tenga una constante de seguimiento en la detección de las necesidades emergente y pueda retroalimentarse en su actuar.

Judith Astelarra en su documento Políticas de género en la Unión Europea y algunos apuntes sobre América Latina (2004, p38) distingue en los planes elaborados en Latinoamérica dos tendencias claras: "una estrategia de acción asistencial para atender a los colectivos más desfavorecidos; dos, un inicio de la implementación de políticas de igualdad de oportunidades. Seguramente el contexto económico y social así como las características institucionales son las que explican las estrategias de actuación que subyacen a las políticas de género latinoamericanas. La igualdad de oportunidades es el punto de partida necesario, sin el cual, no se pueden abordar otros cambios en el sistema de género. Evidentemente, como ya se ha dicho, siempre es necesario combinar todas las formas de actuación. Pero, no se puede ignorar que sólo cambios en el sistema de género pueden garantizar un crecimiento sostenido en la eliminación o moderación de la discriminación de las mujeres. En este sentido, se puede afirmar que la discriminación de las mujeres ya es un tema de la agenda política y estatal, pero que la necesidad de incrementalidad de las estrategias de actuación será una tarea de futuro en América Latina".

Con respecto, al asunto de la incorporación de las mujeres en el poder y la toma de decisiones no todos los países de la Región han trabajado por medio de planes de igualdad, pero pueden ser otro tipo como en un plan, un programa o un proyecto, e igualmente pueden ser elaborados a nivel de la estructura orgánica administrativa de cada Estado a nivel nacional, regional o provincial y municipal. En el terreno se presentan los que contiene el próximo cuadro de la muestra de países.

Fuente: Cuadro Elaborado a partir de las páginas Web de las Oficinas de la Mujer en América Latina y el Caribe. * S/D Sin Datos.

En la agendas gubernamentales y las políticas públicas con el fin de elevar la participación política de la mujer para que sean integrales debieran incluir los siguientes puntos críticos: 1) Fomentar la inclusión de la mujer en cargos de representación política: "Ser elegibles"; 2) Impulsar la igualdad en el ejercicio de funciones públicas: "Puestos en las instituciones gubernamentales"; 3) Mecanismos para la participación activa de la mujer en la formulación y ejecución de políticas públicas; 4) Promoción y apoyo para la creación de alianzas y organizaciones dirigidas por mujeres; 5) Educación y capacitación para el ejercicio de las mujeres en el poder y la toma de decisiones y; 6) Medidas en contra la Discriminación y su difusión en los medios de

comunicación. Estos puntos se clasifican en el próximo cuadro como parte de Políticas Públicas o Planes de Igualdad según la información que se dispone de los países de la muestra.

Cuadro elaborado a partir de la información por país en materia de participación política en el contexto de políticas públicas y planes de igualdad de oportunidades. * S/D Sin Datos.

Según, lo investigado en Argentina a pesar de ser uno de los países que cuenta con una de las mayores representaciones femeninas en el poder legislativo de América Latina y el Caribe no existe un Plan de Igualdad que planifique y estructure las políticas públicas del país a modo general que este enfocado a los distintos niveles jerárquicos administrativos y territoriales en el poder y la toma de decisiones. Lo que no quiere decir que no existan y precisamente son responsabilidad del Consejo Nacional de la mujer que de forma conjunta a la Coordinación del Presidencia de la Nación son los que vinculan a la mujer y participación política en: (i) Legitimar ante la sociedad la relevancia de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia. Además, se concentran en fortalecer las áreas provinciales y locales e impulsar la articulación de acciones conjuntas y; (ii) Promover políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos.

En el caso de Bolivia se incorporan criterios respecto a mujer y participación política en el Plan Quinquenal: "Mujer Ciudadana" (2003 – 2007) y relacionan la ciudadanía con los siguientes objetivos: (i) "La ciudadanía política, entendida como la capacidad real de participación en la vida, a través de la autorepresentación de los intereses y demandas propias de las mujeres en el marco de una democracia plural. Esta ciudadanía trasciende el ámbito del voto y el ejercicio de electora e impulsa de las mujeres para que sean elegibles"; (ii) De impacto: "Se ha contribuido al ejercicio pleno de ciudadanía política, económica y social de las mujeres bolivianas". En que cuya variable "Participación Política" es establecida por el Indicador: 20% de mujeres en la estructura jerárquica del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial); (iii) De efecto: "Se ha contribuido a la gobernabilidad social, desde la construcción de una cultura de inclusión de las mujeres, en el Estado, la Sociedad Civil y el Sistema Político. La variable propia son "Normas del Sistema Político Partidario", la que es elaborada teniendo en cuenta el Indicador: Incremento en el Número de Mujeres dirigentes en los Partidos (en todas sus expresiones culturales, generacionales y regionales) y; (iv) Obtener un modelo de Gestión del Viceministerio de la Mujer descentralizado y participativo institucionalizado está marcado por la variable "Sistema de Comunicación" que se basa en el indicador: Temas colocados en la agenda pública; Generación de corriente de opinión favorable a la inclusión de las mujeres y; promoción de visibilidad institucional.

Cabe resaltar, el Programa 3 "Mujeres al poder" por medio del cual también se trabaja en la participación política femenina.

Chile en su Plan de Igualdad se despliegan objetivos y lineamientos de políticas públicas por medio de: (i) "Desarrollar estrategias para fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones". Lineamientos: (a) Desarrollar mecanismos de acción positiva que incrementen la participación efectiva de las mujeres en los cargos de elección popular; (b) Fortalecer e incrementar la participación de las mujeres en los distintos espacios y niveles de toma de decisión, incluyendo las instancias regionales y municipales; (c) Potenciar la participación de las mujeres y de sus asociaciones en los espacios y foros en que se debaten temas de interés público; (d) Producir y aplicar instrumentos de capacitación que consideren explícitamente los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio del poder y; (e) Avanzar en el desarrollo de acciones comunicacionales orientadas al acceso efectivo de más mujeres a posiciones de poder; (ii) "Desarrollar estrategias para fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones". Lineamientos: (a) Fortalecer e incrementar la participación de las mujeres en los distintos espacios y niveles de toma de decisión, incluyendo las instancias regionales y municipales y; (b) Producir y aplicar instrumentos de capacitación que consideren explícitamente los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio del poder; (iii) "Fortalecer el liderazgo de las mujeres para facilitar su reconocimiento como sujetos sociales y fortalecerlas en el ejercicio de sus derechos". Lineamiento: (a) Incentivar el ejercicio de control ciudadano de las mujeres en torno a acciones y políticas públicas vinculadas especialmente a la equidad de género; (iv) "Estimular la creación y fortalecimiento de la asociatividad y redes de mujeres".

Lineamientos: (a) Analizar y adecuar la legislación sobre organizaciones sociales de modo que estimule la participación de las mujeres; (b) Asignar de manera estable recursos fiscales en el nivel central, regional y comunal para apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las instituciones que fomenten su participación y liderazgo y; (c) Incentivar la asociatividad y la acción política de las mujeres más distantes de los centros de decisión social, económica, cultural y geográfica; (iv) "Fortalecer el liderazgo de las mujeres para facilitar su reconocimiento como sujetos sociales y fortalecerlas en el ejercicio de sus derechos". Lineamiento: (a) Promover la presencia de mujeres en los medios de comunicación. (v) "Desarrollar estrategias para fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones". Lineamiento: (a) Producir y aplicar instrumentos de capacitación que consideren explícitamente los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio del poder (vi) "Fortalecer el liderazgo de las mujeres para facilitar su reconocimiento como sujetos sociales y fortalecerlas en el ejercicio de sus derechos". Lineamientos: (a) Promover la capacitación de las mujeres para optimizar su capacidad de tomar decisiones en todos los ámbitos y; (b) Entregar a las mujeres información para promover su participación calificada en los debates y espacios públicos. (vii) "Fortalecer el liderazgo de las mujeres para facilitar su reconocimiento como sujetos sociales y fortalecerlas en el ejercicio de sus derechos". Lineamiento: (a) Incentivar el ejercicio de control ciudadano de las mujeres en torno a acciones y políticas públicas vinculadas especialmente a la equidad de género.

La participación de las mujeres en la vida política de Costa Rica es de fundamental importancia en la construcción de una democracia amplia y diversa.

Los planes de Igualdad en este país tienen como meta incorporar paulatinamente la perspectiva de género mediante la variable de "transversalización" en las acciones, planes políticas y proyectos municipales.

El objetivo principal de los Planes Municipales para la Igualdad y equidad es la "Necesidad de desarrollar una gestión municipal promotora de la equidad y la igualdad entre los géneros, por medio de una intervención hacia el municipio orientada a mejorar la condición y elevar la posición de las mujeres en el ámbito local, potenciando su participación y generando mejores condiciones para el acceso de las mujeres a este espacio local, para lo cual se requiere, de una activa participación de esta instancia a través de la Oficina Municipal (OFIM) que tiene como fin iniciar o continuar procesos con las mujeres sobre el reconocimiento de sus derechos así como la puesta en práctica de los mismos, desarrollando en las mujeres capacidad de propuesta y de organización".

Como objetivos específicos se distinguen (i) Crear un sistema de monitoreo capaz de registrar los avances así como los principales nudos que representan el seguimiento al Plan de Igualdad; (ii) Establecer una coordinación estrecha con la OFIM para propiciar espacios de capacitación y sensibilización al personal municipal, Concejo Municipal, Concejos de Distrito y Organizaciones comunales, en materia de igualdad y equidad de género, a través de (a) Aprovechar en el calendario fechas claves para que al interior del municipio se realicen actividades que incorporen la perspectiva de género, con el fin de contribuir en la sensibilización y; (b) Generar condiciones para la planificación de un proceso de capacitación a los y las funcionarias municipales, desde la integralidad de los derechos humanos dirigido especialmente a los y las coordinadoras de área asumiendo el compromiso de replicar la experiencia a lo interno de cada área municipal y; (iii) Aprovechar en el calendario fechas claves para que al interior del municipio se realicen actividades que incorporen la perspectiva de género, con el fin de contribuir en la sensibilización.

El asunto de elevar participación femenina en el poder y la toma de decisiones en México es tratado en el Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 2001 – 2006, y atañe las realizaciones en los objetivos específicos que se presentan a continuación: (i) "Garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las estructuras de poder y la toma de decisiones, en igualdad de condiciones con los hombres". Líneas estratégicas específicas: (a) Impulsar reformas legislativas en materia electoral que garanticen efectivamente el acceso, y la representación equitativa de género en los cargos de elección popular; (b) Promover acciones de cooperación institucional que refrenden la intervención de las mujeres en estructuras organizativas y en los procesos electorales; (c) Promover el diseño de mecanismos que faciliten y consoliden la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisión en los tres niveles de gobierno; (d) Promover la consolidación de un Servicio Civil de Carrera que garantice la igualdad de oportunidades y; (e) Promover acciones de cooperación institucional que refrenden la intervención de las mujeres en estructuras organizativas y en los procesos electorales; (ii) Metas a largo plazo (junio del 2006): "Contar en la administración pública federal, con un Servicio Civil de Carrera que garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y; Alcanzar un equilibrio entre el 35 y 65%, entre hombres y mujeres en los ámbitos de toma de decisiones en los tres poderes públicos en los tres niveles de gobierno, tal y como se recomienda en el ámbito internacional". Líneas estratégicas específicas: (a) Promover el diseño de mecanismos que faciliten y consoliden la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisión en los tres niveles de gobierno y; (b). Promover acciones de cooperación institucional que refrenden la intervención de las mujeres en estructuras organizativas y en los procesos electorales.

(iii) Metas a corto plazo (diciembre 2002): "Diseñar mecanismos de interlocución claros y precisos que faciliten la participación equitativa entre hombres y mujeres en los procesos de toma de decisión en la administración pública". Líneas estratégicas específicas: (a) Promover acciones de cooperación institucional que refrenden la intervención de las mujeres en estructuras organizativas y en los procesos electorales; (b) Promover la sensibilización y capacitación en género en las instancias directivas y de toma de decisión de las estructuras de sindicatos, partidos, empresas, organizaciones públicas y privadas y; (c) promover la construcción de base de datos desagregadas por sexo que permita identificar la afiliación y participación de las mujeres en espacios de dirección en el interior de los partidos, sindicatos, empresas, organismos sociales, privados y asociaciones cívicas y profesionales; (d) Promover acciones de cooperación institucional que refrenden la intervención de las mujeres en estructuras organizativas y en los procesos electorales y; (e) Promover la sensibilización y capacitación en género en las instancias directivas y de toma de decisión de las estructuras de sindicatos, partidos, empresas, organizaciones públicas y privadas. (iv) Metas a mediano plazo (diciembre 2004): (a) Realizar talleres de sensibilización y capacitación en género en las instituciones públicas sobre la participación equitativa en las instancias directivas y de toma de decisión y; (v) Metas a mediano plazo (diciembre 2002): (a) realizar una serie de campañas permanentes de divulgación que promueva la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones tanto en los espacios públicos como en los privados.

En el Perú, las estrategias se enmarcan en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones 2006 – 2010 con lineamientos propios de: (i) "Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres y el acceso equitativo a instancias de poder y toma de decisiones". Objetivo Estratégico 5: Mujeres y varones ejercen plenamente sus derechos civiles, políticos y ciudadanos. Resultados esperados al 2010: Mayor participación de las mujeres en órganos e instancias de representación política, gestión pública y toma de decisiones. Acciones estratégicas (a) Hacer cumplir la ley electoral y establecer sanciones a los miembros de los organismos electorales por el incumplimiento de las normas relativas a la representación de género; (b) Propiciar en la sociedad civil mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de las normas relativas a la representación de género en los procesos electorales y en las elecciones internas de los partidos políticos; (c) Ejecutar acciones afirmativas para la participación equitativa de mujeres y varones en los distintos niveles de toma de decisión del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Gobiernos regionales y locales así como en las entidades de la administración pública y; (d) Ejecutar acciones afirmativas para la participación equitativa de mujeres y varones en los distintos niveles de toma de decisión del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Gobiernos regionales y locales así como en las entidades de la administración pública. (ii) Resultados esperados al 2010: "Mejores condiciones civiles, sociales, económicas y culturales para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres". Acciones estratégicas: (a) Ratificar la agenda de mujeres en el debate público descentralizado, sus nuevos roles, la sociedad y la familia, mayor participación en los procesos políticos y económicos, otras relacionadas con la equidad de género, es decir la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones; (b) Conformar instancias descentralizadas de vigilancia ciudadana para el seguimiento de políticas y acciones del acuerdo nacional y acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano en materia de equidad de género, es decir igualdad de oportunidades entre mujeres y varones; (c) Desarrollar programas de información y capacitación a las mujeres, para el ejercicio activo de su ciudadanía y liderazgo, en especial a las zonas rurales, con métodos adecuados a su idioma originario y respetando sus patrones culturales y; (d) Difusión de los requisitos para el registro e inscripción de partidas de nacimiento y documento nacional de identidad en los poblados alejados a los centros de salud.

La República Dominicana incorpora en el Plan Nacional de Equidad de Género las acciones en participación política cuyos propósitos atienden a: (i) "Generar cambios en la cultura política dominicana que faciliten la participación equitativa de las mujeres y hombre en el ámbito político". Matriz: Participación Política y Social 2000/2004 y sus lineamientos indican: (a) Negociar con los partidos políticos y legisladores/as para incrementar la cuota de participación en los puestos públicos; (b) Promover el compromiso de los partidos políticos con la inclusión de los asuntos de equidad de género en las agendas políticas y programas; (c) Cabildear con los partidos políticos la cuota de participación de las mujeres, tanto a nivel interno como de candidaturas externas; (d) Negociar con las y los funcionarios gubernamentales para que promuevan la participación de las mujeres en los puestos vinculados a la agenda política y económica; (e) Negociar con los partidos políticos y legisladores/as para incrementar la cuota de participación en los puestos públicos; (f) Negociar con las y los funcionarios gubernamentales para que promuevan la participación de las mujeres en los puestos vinculados a la agenda política y económica; (g) Cabildear con las organismos de la sociedad civil para que sus directivas incluyan en sus estatutos disposiciones relativas a la equidad de género y;(h) Negociar con las y los funcionarios gubernamentales para que promuevan la participación de las mujeres en los puestos vinculados a la agenda política y económica; (ii) Capacitación e información: "Segundo Nivel; Mujeres líderes" (a) Realizar cursos modulares de capacitación dirigidos a mujeres líderes de partidos políticos en temas de la agenda pública con énfasis en economía y política y: (b) Llevar a cabo acuerdos de trabajo con instancias académicas y de cooperación nacionales e internacionales para impulsar el liderazgo femenino en el país: BID, INTEC, PNUD UNESCO y otras instancias; (iii) Capacitación e información: "Primer Nivel; Tomadores de decisiones" (a) Realizar acciones de formación en planificación en género con docentes y estudiantes en coordinación con la Secretaría de Educación y; (b) Realizar talleres sobre equidad de género y planificación con perspectiva de género con funcionarios/as gubernamentales, congresistas, funcionarios/as de nivel local, directores/as de organizaciones de la sociedad civil y dirigentes, partidos políticos. "Segundo Nivel; Mujeres líderes"; (b) Realizar cursos modulares de capacitación dirigidos a mujeres líderes de partidos políticos en temas de la agenda pública con énfasis en economía y política y: (c) Llevar a cabo acuerdos de trabajo con instancias académicas y de cooperación nacionales e internacionales para impulsar el liderazgo femenino en el país: BID, INTEC, PNUD UNESCO y otras instancias; (iv) Divulgación y sensibilización: (a) Realizar campañas de sensibilización sobre la participación política de las mujeres: spots de televisión, cuñas de radio, afiches, folletos, etcétera; (b) Distribuir informaciones a tomadores de decisiones sobre la participación de las mujeres en República Dominicana y a nivel mundial y experiencias exitosas de mujeres gerentes, funcionarias y mujeres líderes a nivel comunitario; (c) Realizar acciones de sensibilización dirigidas a tomadores de decisiones; (d) Realizar actividades de sensibilización a mujeres de todos los ámbitos sobre la importancia de su participación en coordinación con organizaciones de mujeres, mujeres de partidos políticos, y otros sectores; (e) Impulsar actividades de coordinación y sensibilización con medios de comunicación: reuniones y estrategia permanente de contacto con directores/as de medios, mujeres comunicadoras y mujeres publicistas; (f) Organizar actividades de difusión/promoción del Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG) a nivel de: sociedad en general, sistema educativo (Secretaría de Estado de Educación), sistema de salud (Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social), organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y otros y; (g) Negociar con los medios de comunicación para que aumenten los espacios y localización de informaciones con valoración positiva de la participación política de las mujeres

En una primera instancia si se cumplieran los diferentes puntos críticos propuestos en el cuadro, por medio de las políticas públicas y consistentemente en los planes de igualdad sería ideal para hacer sólidos los accesos y la permanencia de las mujeres en el poder y la toma de decisiones, no obstante existen debilidades principalmente en: Promoción y apoyo para la creación de alianzas y organizaciones dirigidas por mujeres y; Educación y capacitación para el ejercicio de las mujeres en el poder y la toma de decisiones. Además, de los puntos mencionados los países de la Región deben aunar esfuerzos en una estrategia común de igualdad que sea prioridad en la agenda pública y forje en sus bases un cambio cultural que sea tan natural como la conformación de género en la sociedad, pero para el alcance de este ideal todavía queda mucho camino por recorrer como se analizará en el siguiente capítulo que es prácticamente una radiografía en cifras de la situación regional.