A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los empleados públicos se pretende incorporar un régimen de personal denominado Sistema Integrado de Recursos Humanos en el cual se introducen medidas neoliberales que buscan despedir a los servidores públicos; siguiendo la concepción equivocada de lo que es la evaluación se quiere someter al trabajador a un proceso subjetivo que no establece parámetros claros y menos establece las medidas o mecanismos para lograr que el empleado desarrolle su trabajo en condiciones satisfactorias, eleve su conocimiento y supere sus limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece es el despido inmediato de quienes reprobaren la evaluación.
Para agravar el panorama el servidor no tiene siquiera la posibilidad de pedir una recalificación o de impugnar los resultados, pues, al empleado solo se le comunica que está despedido.
Cabe mencionar que en la propuesta de ley tampoco se establecen mecanismos ni sistemas de capacitación continua y permanente para el personal de las instituciones públicas.
Otro de los temas controversiales de esta propuesta es que de un solo plumazo, y a pretexto de implementar un sistema remunerativo que supuestamente termine con las inequidades salariales, se intenta echar abajo todas las escalas o sistemas remunerativos con lo que se conculca derechos adquiridos de los trabajador, pero además con esta disposición se pretende incorporar como servidores públicos al magisterio magisterio nacional y a los docentes universitarios a fin de que sean normados y regulados sus salarios de acuerdo a esta nueva Ley , echando abajo la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y el sistema remunerativo de las Universidades, lo que significa, la pérdida de conquistas como los bonos fronterizos, rurales , antigüedad, académicos, etc que son fruto de varias luchas por mejorar las condiciones económicas en las que se debaten estos sectores.
Otros temas que causan preocupación son los relacionados a la jubilación, en la que se obliga a los servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años de edad, transformando el derecho en una obligación pero además determinado inconstitucionalmente que el monto máximo de éste será de hasta 30 mil dólares, cuando el Mandato Constituyente 2 establece que el monto de la jubilación debe ser 7 salarios básicos por cada año.
Proyecto de ley orgánica sobre Servicio Público
6 noviembre, 2009
Fuente: El Mercurio
El proyecto de ley orgánica sobre el Servicio Público, será tramitado hoy por el pleno de la Asamblea. Mientras está listo para segundo debate aquel referente a la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.
El proyecto tiene como objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de los servidores públicos, tendiente a garantizar el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, productividad del Estado.Está dirigida a los organismos y dependencias de las funciones, entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales.También abarca a los organismos creados por la Constitución, para el control estatal.
La propuesta establece los requisitos para ingresar al servicio público; prohibiciones especiales; prohibición del pluriempleo; clases de nombramiento; contrato de servicios ocasionales.Establece las pensiones vitalicias de presidentes y vicepresidentes constitucionales de la República, entre otros aspectos.
Por su parte el proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos rige para toda institución que maneje cifras sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o usuarios de los registros públicos. (ALA).
A debate proyecto de ley orgánica del servicio público
Enero 26/2010
Fuente: El Telégrafo
El asambleísta Elvis Maldonado Castillo alterno de Gerónimo Yantalema, trabajó el viernes pasado en la Asamblea Nacional y presentò sus observaciones sobre el tema.
Específicamente en su intervención 13 del Pleno de la Asamblea Nacional felicitó el espíritu constitucional por cambios en la comisión que han dejado satisfechos a los legisladores de minoría y mayoría.
Maldonado cuestionó el artículo 6 de la nueva Constitución que habla del nepotismo porque se les ha pasado por alto un tema importante, preguntado qué pasa cuando la autoridad nominadora y su cónyuge ingresan a trabajar en la misma institución.
Para que no exista la terminación laboral se ponen de acuerdo los esposos y se divorcian, varios de estos casos existen en Chimborazo y por ende habrá muchísimos en el país.
En la disposición transitoria primera de la constitución, se establece que se aprobará la ley que regula el servicio público, por lo tanto desde el ejecutivo presentan la propuesta de Ley de Servicio Público, que es una reforma a la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA) ya que su contenido es casi el mismo.
El objetivo de esta ley debe ser el desarrollo profesional, técnico y personal de las servidoras y servidores públicos para lograr la eficiencia y eficacia del estado, en sí, regula a las personas que se encuentran laborando en las dependencias públicas.
Hasta cierto punto el proyecto presentado por el Ejecutivo debe ser flexible, en el sentido de que se establecen sanciones para los servidores que suspendan los servicios públicos, lo cual tiene una razón de ser.
La propuesta de la mesa se considera inconstitucional e ilegal ya que no se recoge en los articulados sin considerar los aspectos humanos de los servidores públicos, despido sin el derecho a la defensa y el momento de la evaluación saca una baja nota, tampoco tiene derecho a la defensa.
No se considera equidad en las remuneraciones, en definitiva no existe estabilidad, no se está dando lugar a la promoción y ascensos, se quiere dar igual trato a los extranjeros para que se acojan al sector público, desplazando así la oportunidad que los ecuatorianos requieren de plazas de trabajo, es necesario que el décimo cuarto sueldo se revea se complete en dos salarios básicos. En definitiva pido una verdadera estabilidad emocional para los trabajadores ya que, se está lesionando los derechos de los mismos.
De igual manera, Maldonado hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que se "ponga la camisita" para aplicar los porcentajes que deben ingresar a las instituciones públicas las personas con capacidades especiales empezando con el 5% en cada institución.
"Porcentaje que debe ser progresivo y promoviendo acciones efectivas para todos nosotros bajo el principio de no discriminación y se debe construir accesos especiales para que la persona especial pueda recorrer tranquilamente los sitios de su trabajo y las mujeres que se encuentren embarazadas deberán tomar un especial trato durante el período de gestación".
En definitiva en todo el proyecto de ley no se observa el cumplimiento del principio fundamental constitucional, que es la interculturalidad y plurinacionalidad y por otro lado, es necesario también hacer énfasis en cuanto a las medidas de acción afirmativa que permita promover la igualdad real de los titulares de derechos que se encuentran en situaciones de desigualdad, como los pueblos y nacionalidades indígenas. (Art. 11 de la constitución.
El Pacto de la "regalada gana" pretende perjudicar a los servidores públicos
Enero 27/2010
Fuente: El Telegrafo
Los Asambleístas del MPD llaman a los servidores públicas a movilizarse y a trabajar para conminar a los asambleístas democráticos y progresistas de PAIS, muchos de ellos maestros, a actuar, por encima de la orden, en correspondencia con los intereses de los trabajadores y respetando la Constitución
EM.- ¿Por qué la bancada del MPD se ha opuesto a la Ley Orgánica de Servicio público presentada por el ejecutivo?
LA.- En primer lugar porque es una propuesta inconstitucional; el gobierno pretendió hacer una reforma a la actual ley lo que contraría la Transitoria Primera de la Carta Política que claramente señala que en el plazo de un año la Asamblea Nacional debe tramitar y aprobar una nueva ley del Servidor Público, y fue precisamente ésta la primera batalla ganada al interior de la comisión por ello se aprobó elaborar un nuevo cuerpo legal, dejando de lado la propuesta del ejecutivo.
Pero lo más importante y lo que motivó nuestro rechazo, es que el proyecto del Presidente del República contenía elementos anti -servidor público, que ponen en riesgo la estabilidad y los derechos de estos trabajadores.
Temas como: el despido intempestivo (figura que consta en el Código del Trabajo), que significaba dejar abierta la puerta para un despido masivo de los servidores públicos en el país, ese era el propósito del ejecutivo; otro tema es el derecho a la antigüedad, pues obligaba a salir del servicio público al funcionario que cumpliere 70 años calificándolo como inservible; así también en el tema de las evaluaciones en los que se calificaba de "no apto" o "inaceptable" a los servidores públicos. Estos y otros elementos de carácter despectivo, perjudiciales para los trabajadores de sector público fueron debatidos y desterrados del nuevo proyecto que la comisión elaboró.
EM.- Un tema central de la propuesta del ejecutivo era la incorporación para que el magisterio nacional y la docencia universitaria pasen a regirse por la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿Cómo quedó este tema en la nueva propuesta?
LA.- Se tiró abajo la pretensión del ejecutivo de hacer que los maestros que están regidos por su Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio pasen a ser regulados por la Ley de Servicio Público, argumentamos que el tratamiento debe ser distinto. Incorporarlos a esta ley implicaba perjudicar sus remuneraciones, es no tomar en cuenta sus particularidades como el tema de las horas de trabajo, éstas no son las mismas que las de cualquier servidor, los docentes laboran en relación a horas pedagógicas.
Logramos, que el artículo 77, que derogaba la parte fundamental de la Ley de Carrera Docente y Escalafón referente a las remuneraciones se suprima y; además, en el artículo 92 del nuevo cuerpo legal se incorpore el literal m) mediante el que se excluye a los docentes del sistema nacional de educación del sistema de servicio público; así también en el art 93 se establece claramente que " El personal docente comprendido en todos los niveles y modalidades gozará de estabilidad, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.
Estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, de conformidad con el Art. 349 de la Constitución".
Respecto a la docencia universitaria planteamos en el mismo artículo 93 se agregue también un texto alternativo en el que se garantice la autonomía universitaria y que concomitantemente con ello sea la Ley de Educación Superior la que regule al docente universitario, tal cual lo ordena la Constitución en el art. 345. Esto no ha sido recogido y es una pelea por librarse en el primer debate en el seno de la Asamblea
EM. ¿Podríamos señalar que el texto para primer debate de la Ley de Servicio Público es progresista y que cuenta con el respaldo de todos los miembros de la omisión de Derechos de los Trabajadores?
LA.- Diríamos que si es progresista, siempre y cuando se mantenga lo debatido, aprobado y suscrito en el informe de mayoría.
EM ¿Qué le hace dudar?
LA.- Después de haber discutido más de mes y medio para configurar el nuevo cuerpo legal ¿Qué sucede el momento de aprobar artículo por artículo? A pesar de que ya había un consenso de todos, llega una disposición de Carondelet, a través del Ministro de Relaciones Laborales, para objetar lo que hasta el momento se había resuelto.
Los asambleístas de PAIS , María Augusta Calle, Dora Aguirre, Fernando Aguilar y el señor Samaniego , más el asambleísta Dalo Bucaram, haciendo funcionar el pacto de la "regalada gana", se echan para atrás, cambian de opinión, demostrando que trabajan sin independencia y hacen lo que su "jefe" les ordena.
Para ello caen en una contradicción, firman el informe de mayoría, pero después se les ocurre el mismo día, instalada la comisión, presentar un alcance con en el que pretenden echar abajo el contenido del artículo 93 y 106 que tienen que ver con el tema del magisterio; pretendiendo señalar que están en mayoría porque este alcance fue suscrito por cinco miembros.
Cabe recordar que la constitución y la ley Orgánica de la función legislativa establecen que las comisiones adoptan sus decisiones por mayoría de sus integrantes y cinco no es mayoría de 11. Aquí se pone en evidencia que los asambleístas de país son solo levanta manos y esperan la orden del ejecutivo.
EM.- ¿con estos antecedentes ¿Qué va ocurrir en el seno de la asamblea en el primer debate?
LA.- Es importante señalar que a pesar de las jugarretas de los señores que impulsan el pacto de la regalada gana, existe a su pesar un informe de mayoría en el que se consagran los derechos de los servidores públicos y del magisterio; vamos al primer debate y allí veremos el comportamiento de varios legisladores que no están de acuerdo con que se conculquen derechos que han sido fruto de la lucha de los trabajadores, de los maestros y que además han sido elementos contemplados en los acuerdos entre el gobierno y los sectores que han levantado importantes acciones de lucha; vamos a trabajar porque esos asambleístas democráticos y progresistas, muchos de ellos maestros, por encima de la orden actúen en correspondencia con los intereses de los trabajadores.
EM.- Conocemos que el MPD ha presentado también un informe de minoría ¿Qué aspectos contempla?
En este informe se ratifican elementos debatidos en la comisión respecto a la necesidad de respetar los derechos de los servidores , se legisla para quitar el elemento punitivo de la ley , donde se pretende sancionar a los servidores por acogerse a su derecho de la rebeldía y movilización; el derecho al trabajo, el derecho a la defensa; se ratifican en este informe los temas relacionados con el magisterio nacional, de los docentes universitarios no acogidos en el informe de mayoría; el respeto al derecho que tienen los servidores públicos a contar con tiempo para estudiar , el establecimiento de un salario digno para que este corresponda por lo menos al valor de la canasta familiar, la jubilación para que esta sea de "siete salarios mínimos" eliminando la palabra "hasta" porque con la inclusión de ésta se hace una trampa que perjudica a los trabajadores públicos.
EM. ¿Qué corresponde hacer a los sectores involucrados?
LA.- Estar vigilantes y movilizarse, para que el debate de este proyecto se desarrolle en concordancia con los compromisos públicos que ha hecho el gobierno, pero principalmente con lo que dice la Constitución; es importante que en el trascurso del primer debate y el segundo los sectores involucrados, los servidores públicos de todas las instituciones, puedan movilizarse y plantear ante la comisión sus opiniones para que éstas sean recogidas para el segundo debate.
Proyecto de ley de Servicio Público
Miércoles, 02 de Septiembre de 2009 16:53
Enero 27/2010
Fuente: El Ciudadano
Las reformas a la Ley de Servicio Público tienen como elemento central perjudicar a los funcionarios de las instituciones del Estado, desconocer sus derechos y conquista, sometiéndoles a un proceso de inestabilidad laboral.
La Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social debate en estos días la propuesta de Ley de Orgánica de Servicio Público que reforma la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA), propuesta que fue elaborada con la participación del actual Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, que como se señaló en ediciones anteriore, implementa una política anti laboral que puede ser evidenciada en esta propuesta, en la que el elemento central es perjudicar a los funcionarios públicos, desconociendo derechos y conquistas adquiridas; incorporando en la ley figuras legales que atentan a la estabilidad del servidor público a quien se le pone a merced de ministro o titular de la dependencia del Estado; para ello se cambia la figura legal de la destitución y en su lugar se incorpora la del despido; se cambia el término estabilidad por permanencia.
Esto aparentemente es solo un problema de forma, pero en realidad se pretende eliminar todo un proceso legal en el cual obligatoriamente se debe instaurar sumarios administrativos a fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los servidores públicos
A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los empleados públicos se pretende incorporar un régimen de personal denominado Sistema Integrado de Recursos Humanos en el cual se introducen medidas neoliberales que buscan despedir a los servidores públicos; siguiendo la concepción equivocada de lo que es la evaluación se quiere someter al trabajador a un proceso subjetivo que no establece parámetros claros y menos establece las medidas o mecanismos para lograr que el empleado desarrolle su trabajo en condiciones satisfactorias, eleve su conocimiento y supere sus limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece es el despido inmediato de quienes reprobaren la evaluación.
Para agravar el panorama el servidor no tiene siquiera la posibilidad de pedir una recalificación o de impugnar los resultados, pues, al empleado solo se le comunica que está despedido.
Cabe mencionar que en la propuesta de ley tampoco se establecen mecanismos ni sistemas de capacitación continua y permanente para el personal de las instituciones públicas.
Otro de los temas controversiales de esta propuesta es que de un solo plumazo, y a pretexto de implementar un sistema remunerativo que supuestamente termine con las inequidades salariales, se intenta echar abajo todas las escalas o sistemas remunerativos con lo que se conculca derechos adquiridos de los trabajador, pero además con esta disposición se pretende incorporar como servidores públicos al magisterio magisterio nacional y a los docentes universitarios a fin de que sean normados y regulados sus salarios de acuerdo a esta nueva Ley , echando abajo la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y el sistema remunerativo de las Universidades, lo que significa, la pérdida de conquistas como los bonos fronterizos, rurales , antigüedad, académicos, etc que son fruto de varias luchas por mejorar las condiciones económicas en las que se debaten estos sectores.
Otros temas que causan preocupación son los relacionados a la jubilación, en la que se obliga a los servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años de edad, transformando el derecho en una obligación pero además determinado inconstitucionalmente que el monto máximo de éste será de hasta 30 mil dólares, cuando el Mandato Constituyente 2 establece que el monto de la jubilación debe ser 7 salarios básicos por cada año.
El SENRES se convierte en un super- organismo que evaluará, controlará, y definirá el número de personal en las instituciones y organismos del Estado y será el encargado de regular todo lo referente a los salarios.
En resumen se trata de implementar toda una política contraria a los servidores públicos, como que si ellos fueran los responsables de la ineficiencia de las instituciones públicas, cuando en realidad la ineficiencia y corrupción están en quienes las dirigen.
Atenta a los derechos de los servidores públicos
Proyecto de ley de Servicio Público
Enero 28/2010
Fuente: El Comercio
Las reformas a la Ley de Servicio Público tienen como elemento central perjudicar a los funcionarios de las instituciones del Estado, desconocer sus derechos y conquista, sometiéndoles a un proceso de inestabilidad laboral.
La Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social debate en estos días la propuesta de Ley de Orgánica de Servicio Público que reforma la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA), propuesta que fue elaborada con la participación del actual Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, que como se señaló en ediciones anteriore, implementa una política anti laboral que puede ser evidenciada en esta propuesta, en la que el elemento central es perjudicar a los funcionarios públicos, desconociendo derechos y conquistas adquiridas; incorporando en la ley figuras legales que atentan a la estabilidad del servidor público a quien se le pone a merced de ministro o titular de la dependencia del Estado; para ello se cambia la figura legal de la destitución y en su lugar se incorpora la del despido; se cambia el término estabilidad por permanencia.
Esto aparentemente es solo un problema de forma, pero en realidad se pretende eliminar todo un proceso legal en el cual obligatoriamente se debe instaurar sumarios administrativos a fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los servidores públicos
A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los empleados públicos se pretende incorporar un régimen de personal denominado Sistema Integrado de Recursos Humanos en el cual se introducen medidas neoliberales que buscan despedir a los servidores públicos; siguiendo la concepción equivocada de lo que es la evaluación se quiere someter al trabajador a un proceso subjetivo que no establece parámetros claros y menos establece las medidas o mecanismos para lograr que el empleado desarrolle su trabajo en condiciones satisfactorias, eleve su conocimiento y supere sus limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece es el despido inmediato de quienes reprobaren la evaluación.
Para agravar el panorama el servidor no tiene siquiera la posibilidad de pedir una recalificación o de impugnar los resultados, pues, al empleado solo se le comunica que está despedido.
Cabe mencionar que en la propuesta de ley tampoco se establecen mecanismos ni sistemas de capacitación continua y permanente para el personal de las instituciones públicas.
Otro de los temas controversiales de esta propuesta es que de un solo plumazo, y a pretexto de implementar un sistema remunerativo que supuestamente termine con las inequidades salariales, se intenta echar abajo todas las escalas o sistemas remunerativos con lo que se conculca derechos adquiridos de los trabajador, pero además con esta disposición se pretende incorporar como servidores públicos al magisterio magisterio nacional y a los docentes universitarios a fin de que sean normados y regulados sus salarios de acuerdo a esta nueva Ley , echando abajo la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y el sistema remunerativo de las Universidades, lo que significa, la pérdida de conquistas como los bonos fronterizos, rurales , antigüedad, académicos, etc que son fruto de varias luchas por mejorar las condiciones económicas en las que se debaten estos sectores.
Otros temas que causan preocupación son los relacionados a la jubilación, en la que se obliga a los servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años de edad, transformando el derecho en una obligación pero además determinado inconstitucionalmente que el monto máximo de éste será de hasta 30 mil dólares, cuando el Mandato Constituyente 2 establece que el monto de la jubilación debe ser 7 salarios básicos por cada año.
El SENRES se convierte en un super- organismo que evaluará, controlará, y definirá el número de personal en las instituciones y organismos del Estado y será el encargado de regular todo lo referente a los salarios.
En resumen se trata de implementar toda una política contraria a los servidores públicos, como que si ellos fueran los responsables de la ineficiencia de las instituciones públicas, cuando en realidad la ineficiencia y corrupción están en quienes las dirigen.
Servidores públicos analizan proyecto de ley
30 enero, 2010
Fuente: el comercio
Delegados de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep) se reunieron en Cuenca para analizar el proyecto de Ley de Servicio Público y realizar observaciones y aportes para el segundo debate por parte de la Asamblea.
La cita de delegados efectuada en el colegio Ciudad de Cuenca contó con la presencia de los dirigentes nacionales y locales del sector así como de los asambleístas Francisco Cisneros, Guido Jalil, Nivea Vélez, María Augusta Calle.
La presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social, Nivea Vélez, defendió el proyecto de ley que regulará múltiples defectos e incorrecciones en el servicio público que han subsistido desde hace décadas.
El ingreso de una gran cantidad de empleados se ha dado sin concurso de méritos, solamente en base a las simpatías políticas y compadrazgos; no ha existido un real proceso de carrera en el servicio, los ascensos se han producido de acuerdo a los clásicos palanqueos, como privilegios o a modo de dádivas.
La desigualdad en las remuneraciones en muchos casos ha sido abismal; la capacitación ha sido nula o en su defecto débil y desordenada; las evaluaciones se han efectuado sin ninguna base real y técnica, por lo general sin conocimiento del servidor, de ahí que se han prestado para manipulaciones e inclusive despidos.
Los traslados o cambios han funcionado en base a favoritismos, chantajes y en varios casos como despidos; recientemente se han establecido límites a las remuneraciones máximas, pero no se ha hablado de las mínimas.
Razones de sobra
Por lo dicho anteriormente se justifica más que nunca la aprobación de la ley bajo cuyo control estarán el Gobierno Central y todas sus dependencias e instancias; las diferentes Funciones del Estado; los Gobiernos Autónomos descentralizados; las Corporaciones, Fundaciones y Empresas Públicas o Mixtas que tengan mayoría de acciones del Estado; las personas jurídicas creadas para la prestación de servicios públicos, puntualizó la asambleísta.
Otra propuesta fundamental es que los servicios profesionales u ocasionales se vayan eliminando de una vez por todas porque ha sido una forma de mantener la inestabilidad en el servicio público.
Se establece la igualdad de condiciones en los procesos de ingreso, ascenso y promoción, a través de los concursos de méritos y la capacitación; un sistema único de remuneraciones; jornadas especiales para quienes lo requieren, como los que tienen a su cargo el cuidado de personas con enfermedades catastróficas.Los maestros seguirán amparados por la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio.
Conasep realiza cuestionamientos
El presidente de la Conasep, Héctor Terán, expresó que la aspiración del sector era que se genere una ley orgánica que regule la labor de los recursos humanos y las remuneraciones de todo el sector público, como dice la Constitución, pero "lamentablemente esto no se dio".El Presidente de la República lo único que hizo fue enviar un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Losca), de unificación de remuneraciones del sector público.Frente a ello la Conasep se vio obligada a presentar un paquete de propuestas para mejorar el proyecto de ley, dijo.
Sostuvo que en el proyecto de ley no se ha solucionado el problema de fondo y por ejemplo subsisten las excepciones y por ende las discriminaciones y privilegios.Indicó que al momento siguen vigentes más que nunca los "favoritismos politiqueros" con la existencia de más de más de 35.200 personas contratadas para funciones que deberían hacer los servidores públicos enrolados en las instituciones.
De esta forma se duplican funciones y sueldos con un impacto económico tremendo y la vulneración de la estabilidad de los empleados cuya actividad está siendo reemplazadareemplezada por el personal contratado, inclusive, con remuneraciones superiores, lo que puede reflejarse en forma negativa en las evaluaciones, advirtió Terán.
Este reclamo lo dirigió contra el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, "que parece que nos odia a los servidores públicos de carrera y prefiere viabilizar este proceso de contrataciones". (MCM)
Servidores públicos promueven adecuación de Consejos Comunales a la nueva Ley
03/02/10
Fuente: Prensa Fundacomunal / Lusmer Sánchez
La lucha por el fortalecimiento del Poder Popular no se detiene, y el estado Vargas se suma al estudio de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, con el objetivo de reforzar el proceso de adecuación de los más de 400 consejos registrados en la entidad.
En esta oportunidad, una nutrida representación de servidoras y servidores públicos se congregaron en la sede del Teatro Pedro Elías Gutiérrez, ubicado en la parroquia Carlos Soublette, con el fin de recibir el segundo taller de inducción que ofrecen el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPCyPS) y la Fundación para la Promoción y Desarrollo del Poder Comunal (Fundacomunal)
El taller se realiza en aras de analizar el contenido de la nueva ley y apoyar el proceso de adecuación que se debe seguir para darle vida al Poder Popular, como motor del proceso revolucionario.
Patricia Marrero, directora general de Fundacomunal, destacó que las servidoras y los servidores públicos se deben al pueblo organizado, razón por la cual participar en estos talleres es una manera de promover la consolidación del proyecto revolucionario, ya que tiene la misión de promover la adecuación de los Consejos Comunales a la nueva ley, aprobada en diciembre pasado.
"Para promover la adecuación, deben conocer la ley. Por eso, estos talleres son importantes para que todos aquellos que creemos en este proceso conozcamos las bondades de este instrumento legal y seamos difusores de la misma en todas las instancias y escenarios en los cuales nos desarrollemos", dijo.
El taller se desarrolló con base en la breve reseña histórica de la ley que antecede a la recién aprobada normativa, además de una comparación entre el anterior instrumento legal y el aprobado en diciembre de 2009.
Novedades del nuevo instrumento legal
La directora de Fundacomunal fue enfática al recordar que la participación y el compromiso siguen siendo el pilar fundamental para promover el empoderamiento del Poder Popular. Además, destacó que con la nueva ley los Consejos Comunales tienen el poder a través de la adquisición de la personalidad jurídica.
"Esta ley viene a reivindicar el ejercicio del Poder Popular, dándole el mayor protagonismo a los voceros y voceras comprometidos con la misión de darle cuerpo y vida a la sociedad socialista", destacó Marrero.
Los servidores y servidoras públicos conocieron que los artículos más relevantes por su carácter novedoso son los identificados con los números 2, 17, 24, 25, 28, 30, 35, 36, 28, 44, 51, 56, 59, 60 y 61, motivo por el cual se debe ahondar en ellos, ya que su aplicación conduce al nuevo modelo de sociedad socialista.
Finalmente, hizo un llamado a que los voceros y voceras comunales, promotores comunales de Fundacomunal, el Frente Francisco de Miranda, las Misiones Sociales, representantes del MPCyPS, la Alcaldía, la Gobernación, los delegados del PSUV y todos aquellos que luchan por la construcción del socialismo, se sumen a la adecuación de los Consejos Comunales a la nueva ley.
Servidores públicos, en la mira ciudadana
20/Mayo/2010
Fuente: Diario Hoy
El ministerio de Relaciones Laborales implementó un sistema de control y evaluación de atención al usuario. El acto, que se llevó a cabo en el centro de convenciones Eugenio Espejo, contó con la presencia del ministro del ramo, Richard Espinosa, quien realizó la presentación oficial del sistema."El servidor público debe estar capacitado para servir, bajo cualquier circunstancia, con amabilidad, agilidad y respeto. He ahí la importancia de implementar este sistema" señaló Espinosa.
El mecanismo emplea un sistema de buzones para receptar denuncias y sugerencias, implementación de normas técnicas para la selección de personal, elaboración de encuestas en tiempo real que permitan medir el nivel de satisfacción en las instituciones públicas y un proceso de capacitación a los actuales funcionarios públicos a través de discos compactos interactivos."Esta es una herramienta de empoderamiento ciudadano. Hemos colocado 5 040 buzones en todas las instituciones públicas del país. En este proyecto se ha invertido un promedio de $90 mil, aparte de la campaña publicitaria que se realizará", acotó el ministro.
La evaluación que se haga a todos los servidores públicos, de ser negativa, puede ser causal de destitución. La campaña publicitaria inicia en dos semanas. (SAM)
Boletín de prensa: ley orgánica de los servidores públicos
Junio 10/2010
Fuente: Asamblea Nacional.gov.ec
En la Comisión de Fiscalización y Control Político se desarrolló este miércoles 9 de junio un Taller con la participación del Colectivo Socialista, las Organizaciones sindicales, la Federación de Servidores Públicos y la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Economía.
Con la presencia de los Asambleístas socialistas Silvia Salgado y Eduardo Encalada; y con el aporte del Vicepresidente de la CEOSL José Chávez, del Presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos Dr. Miguel García y del Ec. Milton Coronel, Presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Finanzas se discutieron disposiciones del proyecto de ley de servicio público que se debatirá en segundo debate en la Asamblea Nacional.
Entre los temas observados por los servidores públicos y trabajadores, se discutieron los temas relacionados con los derechos y libertades de organización sindical, la nueva estructura y compensación de las remuneraciones del servidor; el carácter y la metodología de los procesos de selección y evaluación de personal, la nueva institucionalidad de gestión y administración de recursos humanos propuesta en la nueva Ley y el Sistema de Retiro Voluntario por Jubilación, la estabilidad de los/las servidores/ras públicos y el sistema de contratación de los servidores públicos.
Asamblea aprobó Ley de Servicio Público
11 Agosto 2010
Fuente:www.telegrafo.com.ec
El Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley que establece reformas como incluir a los militares y policías como servidores públicos.El Proyecto de Ley de Servicio Público fue aprobada esta tarde por el Pleno de la Asamblea con 108 votos a favor, 2 negativos y 9 abstenciones.
La normativa aprobada remplazará a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca). El estatuto beneficia no solo a los funcionarios y empleados públicos, sino fundamentalmente a los usuarios de los servicios que prestan las entidades estatales, porque está orientada a recuperar la institucionalidad del Estado.
La Ley de Servicio Público está conformado por 137 artículos, 23 disposiciones generales, 10 transitorias, 4 finales, una derogatoria, artículo final. Doce títulos distribuidos en 24 capítulos.
El proyecto aprobado tiene por objetivo impulsar el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante el desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.El proyecto de Ley fue aprobado sobre la base del informe trabajado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.
Entre los cambios incorporados está que las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad de servidores públicos, siempre y cuando hayan permanecido legalmente en el país al menos cinco años.La presidenta de la comisión, Nivea Vélez, expresó que la ley no solo trata de incorporar el 5% de personas con discapacidad en las instituciones del sector público, sino que sanciona a quienes incumplan la norma y sobre todo pone énfasis en la obligatoriedad que tiene el empleador de adecuar los accesos para las personas con discapacidad y la capacitación a quienes conviven con estas personas para brindarles un trato adecuado.
Además, la norma establece como transitoria consta que las Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil y Comisión de Tránsito del Guayas, pasarán a funcionar bajo la rectoría del Ministerio de Educación y sus servidores administrativos pasen a formar parte del sistema educativo público.
Entre otros aspectos el proyecto contempla la jornada especial de trabajo de las personas que cuidan a personas con discapacidad. También se considera el pluriempleo para los profesores de las universidades y orquestas sinfónicas. La normativa también considera el acceso al servicio público a través del concurso de méritos y oposición; la garantía de hacer carrera en el sector público; y, la evaluación anual como único mecanismo de acceso.
Con la nueva Ley los policía y los militares se integran a la Ley de Servicio Público, sin que se surpima su derecho de recibir condecoraciones, reconocimientos, porque ellos no cobran horas extras, ni complementarias, tienen jornadas y horarios especiales.
En los próximos dos días hábiles el proyecto de Ley será enviado al Presidente de la República para que en 30 días sea aprobado u objetado.
Norma tuvo 106 votos a favor y 2 en blanco
Servidores públicos ya tienen nueva ley
11 de Agosto de 2010
Fuente: El Expreso
Se regula a empleados de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Control Social. La Legislativa y la Judicial mantienen autonomía
Júbilo. El oficialismo ayer festejó por dar paso a una de las leyes que, según la Constitución, es de aprobación obligatoria.
Evaluaciones anuales, ascensos por méritos e ingreso por concurso de oposición son parte de las nuevas reglas que regirán a los servidores públicos.
Ayer, con 106 votos a favor y dos en blanco, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Servicio Público, que reemplaza a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca).
Nívea Vélez (ex ADE), presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, destacó que la norma, que tiene 137 artículos, contó con el apoyo mayoritario de los bloques.
Esto se debió a que varios temas polémicos, que fueron incluidos en la propuesta original del Ejecutivo, no constaron en el informe definitivo.
Entre ellos, la figura del despido intempestivo que fue eliminada y en su lugar consta que un servidor público que sea separado de su cargo deberá gozar del debido proceso.
Además, en los casos de supresión de partidas o de jubilación voluntaria se otorgará una liquidación correspondiente a siete salarios unificados por año de trabajo. El límite será 210 salarios en total.
La comisión también determinó que habrá una bonificación para los burócratas que renuncien a su cargo, pero que hayan trabajado -al menos- cinco años en una entidad.
Otra bonificación está contemplada para quienes tienen que trasladarse a cumplir su labor en lugares de difícil acceso.
En cuanto a las evaluaciones, la nueva ley establece que los funcionarios podrán ser calificados con sobresaliente, muy buena, regular o insuficiente. Sin embargo, será el Ejecutivo el que determine en el reglamento los parámetros de calificación.
Como una forma de incentivo, se prevé que quienes obtengan sobresaliente y muy buena sean considerados para un ascenso. En contraparte, las personas cuya evaluación resulte insuficiente tendrán seis meses para rendir una nueva prueba que, de no mejorar, será causal para el despido.
Además, la ley determina que el 5% de los empleados de las entidades estatales deberán ser personas con discapacidad. Para cumplirlo, hay un plazo de cinco años.
Ley de Servicio Público fue aprobada con 108 votos
Miércoles, 11 de Agosto de 2010
Fuente: Asamblea Nacional.gov.ec
Con 108 votos, 2 negativos y 9 abstenciones el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley de Servicio Público, que remplaza a la LOSCCA y que tiene por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.
El proyecto de Ley que fue aprobado sobre la base del informe trabajado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, está conformado por 137 artículos, 23 disposiciones generales, 10 transitorias, 4 finales, una derogatoria, artículo final. Doce títulos distribuidos en 24 capítulos.
La aprobación de esta ley que regula la relación de los servidores públicos con el Estado responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadana, así como a los nuevos preceptos consagrados en la Constitución, priorizando el desarrollo de la carrera enfocado hacia la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones, en el ejercicio de la función pública.
La Ley beneficia no solo a los funcionarios y empleados públicos, sino fundamentalmente a los usuarios de los servicios que prestan las entidades estatales, porque está orientada a recuperar la institucionalidad del Estado. Además, se garantizan efectivamente los derechos de este sector y se destierra definitivamente cualquier forma de informalidad laboral.
La presidenta del organismo parlamentario, Nivea Vélez, al señalar que al margen de las diferencias políticas partidista que son legítimas, están empeñados en dar al país leyes que aporten al desarrollo nacional, precisó que los 11 integrantes del organismo, de las diferentes fuerzas políticas, respaldaron el informe.
La Comisión recibió más de un centenar de observaciones en el segundo debate de las cuales se ha acogido el 70% de las propuestas de los asambleístas, 21% de diferentes organizaciones y el 9%, que fueron nudos críticos, mismos que fueron resueltos con los jefes de bloque.
Entre los cambios incorporados está que las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad de servidores públicos, siempre y cuando hayan permanecido legalmente en el país al menos 5 años, sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que rijan sobre la materia.
Nivea Vélez expresó que es una ley progresista que puede servir de modelo para otras legislaciones, porque no solo se trata de incorporar el 5% de personas con discapacidad en las instituciones del sector público, sino que sanciona a quienes incumplan la norma y sobre todo pone énfasis en la obligatoriedad que tiene el empleador de adecuar los accesos para las personas con discapacidad y la capacitación a quienes conviven con estas personas para brindarles un trato adecuado.
Como transitoria consta que las Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil y Comisión de Tránsito del Guayas, pasarán a funcionar bajo la rectoría del Ministerio de Educación y sus servidores administrativos pasen a formar parte del sistema educativo público.
Entre otros aspectos el proyecto contempla la jornada especial de trabajo de las personas que cuidan a personas con discapacidad; pluriempleo para los profesores de las universidades y orquestas sinfónicas; el bono de jubilación; el acceso al servicio público a través del concurso de méritos y oposición; la garantía de hacer carrera en el sector público; y, la evaluación anual como único mecanismo de acceso.
Además la Policía y los militares se integran a la Ley de Servicio Público, respetándose el derecho que tienen a recibir condecoraciones, reconocimientos, porque ellos no cobran horas extras, ni complementarias, tienen jornadas y horarios especiales.
En los próximos dos días hábiles el proyecto de Ley será enviado al Presidente de la República para que en el plazo de treinta días sea aprobado u objetado.
Asamblea aprueba normas de servicio público y organización territorial
11 de Agosto de 2010
Fuente: El Diario
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó hoy la ley de Servicio Público y el código orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que deberán ser estudiadas por el Ejecutivo para su ratificación o veto.
La ley de Servicio Público fue aprobada con el voto a favor de 108 legisladores, dos en contra y nueve abstenciones, precisa un comunicado de la Asamblea Nacional.
Dicha norma, que reemplaza a la antigua Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca), busca el desarrollo profesional de los servidores públicos para mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos y la productividad en el Estado, añade el texto.
Este cuerpo legal está compuesto por 137 artículos y 38 disposiciones, distribuidas en doce títulos y un total de 24 capítulos.
"La aprobación de esta ley, que regula la relación de los servidores públicos con el Estado, responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadana", agrega el texto oficial.
La nueva reglamentación, entre otros aspectos, permite a los extranjeros que residan en el país por, al menos, cinco años, prestar sus servicios como empleados públicos.
Asimismo, obliga a las instituciones públicas a contratar a un mínimo del 5 por ciento de personas con discapacidad y permite a los profesores de universidades públicas dictar cátedra en varios centros de enseñanza superior.
Además, la ley incorpora una "evaluación anual" a los servidores públicos e incluye a militares y policías, aunque éstos no pierden sus derechos a recibir condecoraciones y reconocimientos.
Por otra parte, el pleno de la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece la conformación política y administrativa territorial del Estado, así como los niveles de gobiernos autónomos, descentralizados y regímenes especiales. La ley, que consta de 499 artículos, prevé el desarrollo de un modelo de descentralización "obligatoria y progresiva", a través de un sistema nacional de competencias.
El legislador oficialista Virgilio Hernández aseguró que la norma se rige "por los principios de unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana y sustentabilidad del desarrollo".
Apuntó que en la normativa se precisa el rol de los municipios, consejos provinciales y juntas de las parroquias, así como de sus autoridades ejecutivas y de las circunscripciones territoriales indígenas, de afrodescendientes y de campesinos de la costa.
Servidores públicos ya tienen nueva ley
Jueves 12 de agosto de 2010
Fuente: Carei Radio Tv
Ayer, con 106 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Servicio Público, que reemplaza a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca).
La presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, destacó que la norma, que tiene 137 artículos, contó con el apoyo mayoritario de los bloques.
Esto se debió a que varios temas polémicos, que fueron incluidos en la propuesta original del Ejecutivo, no constaron en el informe definitivo.Entre ellos, la figura del despido intempestivo que fue eliminada y en su lugar consta que un servidor público que sea separado de su cargo deberá gozar del debido proceso.
Además, en los casos de supresión de partidas o de jubilación voluntaria se otorgará una liquidación correspondiente a siete salarios unificados por año de trabajo. El límite será 210 salarios en total.
La comisión también determinó que habrá una bonificación para los burócratas que renuncien a su cargo, pero que hayan trabajado -al menos- cinco años en una entidad.
Otra bonificación está contemplada para quienes tienen que trasladarse a cumplir su labor en lugares de difícil acceso.
En cuanto a las evaluaciones, la nueva ley establece que los funcionarios podrán ser calificados con sobresaliente, muy buena, regular o insuficiente. Sin embargo, será el Ejecutivo el que determine en el reglamento los parámetros de calificación.
Como una forma de incentivo, se prevé que quienes obtengan sobresaliente y muy buena sean considerados para un ascenso. En contraparte, las personas cuya evaluación resulte insuficiente tendrán seis meses para rendir una nueva prueba que, de no mejorar, será causal para el despido.Además, la ley determina que el 5% de los empleados de las entidades estatales deberán ser personas con discapacidad. Para cumplirlo, hay un plazo de cinco años.
Una norma para el control de la burocracia del país
12/08/2010
Fuente: negocios@elcomercio.com
La Asamblea aprobó ayer la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) con 106 votos favor de 119 legisladores presentes en el Pleno.
La votación inició aproximadamente a las 13:10, 40 minutos más tarde de lo previsto, debido a la demora en la aprobación del Código de Organización Territorial Autónomo y Descentralización (Cotad).
Salarios unificados
El artículo 97 establece que dentro de la remuneración mensual unificada de los servidores públicos no se incluirán los sobresueldos, fondos de reserva, bonos geográficos, etc.
El Ministerio de Relaciones Laborales se encargará de la modificación de las escalas salariales, según el artículo 102.
El artículo 118 prohíbe el pluriempleo y la doble remuneración en funciones públicas. Aunque sí permite la capacitación en otras instituciones.
Previo a la votación, la asambleísta Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presentó el proyecto, destacando temas como la selección de personal a través de los concursos de méritos y oposición.Luego se procedió a la votación, que no demoró más de cinco minutos. Tras su aprobación el asambleísta Ramiro Terán, del Movimiento Popular Democrático (MPD), pidió la reconsideración, pero fue negada por 99 legisladores de 118 presentes. La nueva ley que regula a los servidores públicos, y que reemplazará a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca), incorpora la posibilidad para que los extranjeros que hayan vivido más de cinco años en el país puedan acceder a cargos públicos.
Esto no molesta a Remigio Hurtado vicepresidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep). "Lo importante es que no se les dará puestos a dedo, sino que también deberán aplicar a los concursos".Entre los funcionarios que quedarán fuera del ámbito de aplicación de la ley están miembros de la Función Legislativa, Función Judicial, docentes, etc. No así los servidores de quienes laboren en la Función Ejecutiva, la Procuraduría, entre otros.
Jaime Carrillo, representante de los empleados del Ministerio de Educación, destacó la forma cómo se realizarán las evaluaciones. Según el artículo 81, los servidores que tengan bajas notas tendrán dos oportunidades para ser calificados.
La ley tiene grandes avances con relación al texto enviado por el Presidente, entre los que está gozar de estabilidad, recibir indemnizaciones por supresión de puestos o partidas, etc.
Sin embargo, la ley solo se refiere a los empleados mas no a los servicios públicos. Hace falta un articulado a través del cual se determinen las normas para garantizar un buen servicio a los ciudadanos del país.
Otro de los puntos que hay que criticar es la transitoria séptima, en la que se establece que, solo por una única ocasión, quienes hayan laborado por más de cuatro años en una institución bajo la modalidad de contrato, ingresarán directamente a la carrera del servicio público.
Este es un subterfugio que han implementado para dar empleos. Cerca de 5 000 personas se convertirán en funcionarios con nombramiento, muchos de los cuales ingresaron con la llegada de este Gobierno.
Ellos deberán participar en un concurso en el que se les asignará un puntaje especial, pero no se establece cuál y bajo qué criterios se lo escogerá.
También rechazamos que entre las causales de destitución, expuesta en el artículo 48, se establezca la mala atención al público. No pueden mezclar esta situación con delitos graves como cohecho, peculado, o incurrir en acoso sexual o violencia.
Ley de Servicio Público llega a la Presidencia
13 de agosto del 2010
Fuente: El Telégrafo
Para garantizar una buena atención a la ciudadanía, los servidores públicos deberán pasar por un proceso de capacitación.
Antes del inicio de la vacancia legislativa, la Asamblea remitió al Jefe de Estado el texto aprobado.
Desde ayer corre el plazo para que el Ejecutivo apruebe o vete la Ley Orgánica de Servicio Público que reemplazará a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Presidente de la República tiene un plazo máximo de 30 días para pronunciarse. Los servidores públicos del país se pronunciaron de acuerdo con la mayoría del texto que fue aprobado el miércoles con el voto favorable de 106 asambleístas, aunque la Federación de Servidores Públicos de Pichincha aún tiene algunas observaciones que las remitirá al Jefe de Estado. Incluso los propios asambleístas de Alianza PAIS como Ángel Vilema quieren que se elimine el artículo que faculta a los extranjeros residentes en el país a acceder al servicio público. Los técnicos docentes, trabajadores de la salud y representantes de los gobiernos autónomos dijeron estar complacidos con la norma debido a que el Ministerio de Relaciones Laborales, en un plazo no mayor a 45 días, a partir de la publicación de la ley, expedirá la escala de remuneraciones. "La Ley de Educación termina con toda la jerarquía educativa que tenían las direcciones de Educación, las subsecretarías regionales y el Ministerio de Educación. Por esa situación los técnicos docentes pasaremos a la Ley de Servicio Público", exclamó Jaime Carrillo, representante de los funcionarios del Ministerio de Educación.
Carrillo dijo que el estar regulados por esta nueva norma les permitirá contar con salarios dignos, mientras que Sofía Vaca, enfermera profesional, calificó a la ley de positiva porque beneficia a su sector.
Nivea Vélez, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, sostuvo que la actitud de la Asamblea fue de madurez política. Considera que es una ley totalmente incluyente al haberse acogido las sugerencias de las organizaciones y de los asambleístas.
Dijo que la norma establece el ingreso al servicio público a través de un concurso de méritos y oposición. Asimismo indicó que la carrera del servidor público dependerá de la formación, capacitación y evaluación anual."¿Por qué el servicio público es malo? Porque se pone gente sin perfil, sin ningún mérito, en cambio ahora sí garantizamos el ingreso por concurso de méritos y una carrera profesional. Eso se reflejará en el servicio que se ofrece. Además, de los resultados de las evaluaciones dependerán los ascensos", señaló la asambleísta.
500.000 servidores públicos se estima que existen a escala nacional, según los propios empleados
El funcionario que saque insuficiente en la evaluación podrá presentarse a una nueva, si vuelve a obtener una mala nota, será destituido.
"Es una ley garantista de derechos que acaba con la intermediación laboral y la tercerización", manifestó.
Observan la normativa
Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos de Pichincha, reconoció que en relación al texto original de la ley se registran algunos avances.
Por ejemplo dijo que se eliminó la figura del despido intempestivo. Hizo extensivo su desacuerdo con que los ciudadanos extranjeros accedan al servicio público, por considerarlo inconstitucional.
Criticó la séptima disposición transitoria que faculta nombramientos, previo al concurso de méritos, a las personas que a la presente fecha mantengan vigentes contratos de servicios ocasionales por más de cuatro años en la misma institución.
Ley de Servidores Públicos deben tener reformas puntuales
Agosto 13/2010
Fuente: Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley
EL PAÍS NECESITA QUE SE CORRIJA la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pues es imperativo eliminar las injusticias que se dan en cuanto a la retribución que deben hacer los servidores públicos a sus administrados (los ciudadanos), además se debe limitar el gasto del Estado y precisar, entre otras cosas, qué significa que una entidad tenga autonomía.
Sin embargo, el Gobierno que estaba empeñado en realizar ciertos cambios a la Ley, recibió la negativa del Congreso Nacional, hace pocas semanas. De acuerdo con Edgar Terán Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, el Gobierno equivocó el camino tras enviar un largo documento, que era una suerte de reescritura de la ley anterior.
El Congreso Nacional negó esta ley, el 6 de agosto pasado, en un episodio que detonó, incluso en el rompimiento de la alianza de Gobierno con Pachakutik, pues este último tampoco votó a favor de la ley del Ejecutivo.
A decir del principal personero de Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, Édgar Terán Terán, si el presidente de la República pretende cumplir con esos cambios, que además son requeridos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá mandar un nuevo proyecto que cubra solamente los puntos esenciales que deben ser corregidos.
"La idea es que sea un proyecto corto, que no deje al Congreso opción de hacer una discusión teorética ni tampoco una discusión de artículo por artículo inacabable, sino que vaya a lo propio a lo que se debe reformar y regular", dijo Terán. Los puntos más importantes a los que debe apuntar el nuevo proyecto tienen que ver con las situaciones más complejas que vive actualmente el sector público.
El servidor público debe servir
Todo ciudadano tiene derecho a que los servidores públicos, como su palabra lo indica, le sirvan. Desgraciadamente, en la práctica, el servicio público ha convertido en un sistema de poder en el que una cantidad de privilegiados se enquistan, viven de las rentas públicas e imponen su necesidad y su imperio, como la razón de ser del Estado
Ahora es necesario definir mejor las categorías de servidores públicos. En la Ley de hace 35 años había dos tipos de servidores: los de carrera, sometidos a la carrera administrativa, que daban exámenes de ingreso y hacían cursos para ascender, y que tenían grandes privilegios (sobre todo la inamovilidad) y tenían derecho a unos cuantos subsidios en función de cursos realizados. Aparte, estaban los demás, los que no se habían sometido a los exámenes ni estaban dentro de este régimen
Poco a poco, esta Ley fue degenerando y ahora quedan como reliquias pocos servidores de carrera, que tienen enormes privilegios, frente a una masa de servidores que carecen de prebendas. Esta es una situación que requiere un cambio inmediato.
Entidades autónomas despilfarradoras
En las entidades autónomas, sean estas las que celebran contratos colectivos como las empresas públicas, o las que ejercen control por mandato constitucional, la autonomía se ha interpretado como soberanía.
Lo que ha venido sucediendo es que se ponen los sueldos y los presupuestos que quieren, y luego el ministro de Economía tiene que encontrar, a como dé lugar, la plata para pagarles. Dentro de estas entidades, también se puede ver cómo un mal productor de petróleo gana cinco veces más que la misma categoría de servidor público en una entidad que cuida niños párvulos.
El presidente tiene que mandar un nuevo proyecto que tope los puntos clave de la injusticia, un proyecto que defina lo que es autonomía. Según la Constitución el Presidente es el jefe de la Administración Pública, en cuanto a servidores públicos todos tienen que obedecer a un régimen y a una autoridad, la del Presidente de la República aunque sean servidores de una entidad autónoma. El régimen de salarios tiene que ser uno solo, tanto por justicia como por norma Constitucional. El Conarem (Consejo Nacional de Remuneraciones) es la entidad encargada de regular todos los sueldos y salarios del sector público, pero esto no se cumple con eficiencia porque las mismas entidades autónomas, muchas de ellas autoridades de control que ejercen poderes definitorios sobre la conducta de otros órganos del Estado, han frenado su actividad.
Por ello, el presidente debe definir muy claramente qué son las autonomías y promover un robustecimiento de la capacidad del Conarem para fijar todos los sueldos y salarios de los servidores públicos, pues solamente así tendremos una aproximación a la justicia distributiva.
Hay que poner el límite para los salarios, que deben tener como referente lo que gana el presidente de la República y hay que prohibir que aumenten los salarios durante un determinado lapso.
Estado debe achicarse
Hay una cantidad de instituciones que sirven para torturar al ciudadano y para entrabar el proceso de la producción económica del país, lo cual invita a reflexionar sobre la necesidad de cerrar este tipo de dependencias públicas. Sin embargo, como no es el caso mandar a la desocupación a cientos de empleados ni descapitalizar al Estado pagando altas indemnizaciones, se debe establecer una política de liquidaciones.
En primer lugar, los empleados separados no deben volver a ser empleados públicos. La indemnización debería ser el mismo sueldo que habían venido recibiendo durante un lapso más allá de generoso de dos o tres años.
Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley ha preparado un proyecto de Ley, que apunta a reformar solamente los problemas más importantes.
Ley de Servicio Público se aprobó con más de 100 votos
2010-08-13
Fuente: Diario La Tarde
Ayer la Asamblea aprobó la nueva Ley que regirá a los servidores públicos.
Con 108 votos a favor se aprobó ayer la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en la Asamblea Nacional, justo un día después de que el presidente de la República, Rafael Correa expusiera la urgencia con la que se necesitaba esta norma.
Según Correa con ella se podría cambiar inequidades en los sueldos de maestros y médicos sobretodo de la zona rural para asegurar en regiones como la Amazonía la presencia vital del sector salud y educación.
Se hicieron cambios a la ley que envió el Ejecutivo, que según asambleístas como Jorge Escala (MPD), y Paco Moncayo (Alianza Libertad) garantizan los derechos de los servidores públicos. "Logramos introducir el derecho a la estabilidad, a la organización de los servidores públicos, a la capacitación, a la actualización, mejoramiento del profesional o servidor público, mejorar la calidad del servicio para la ciudadanía", dice Escala.
Con él concuerda Moncayo, pues considera que por su estructura es una ley moderna, "que recoge todos los aspectos para que el empleado tenga en su carrera como servidor público opciones de mejorar, que crezca como persona, que acompañe el crecimiento institucional y personal".
Y es que antes de la aprobación, el proyecto pasó por un proceso de socialización dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la de Seguridad, en donde se llegó a una votación unánime para su presentación ante el pleno ayer.
Nívea Vélez, presidenta de la Comisión y legisladora de PAÍS aseguró que los puntos más discutidos fueron los que tenían que ver con la nacionalidad de los servidores públicos. "No podemos contradecir lo que dice la Constitución, pero hemos puesto para los extranjeros los mismos requisitos que se necesitan para sufragar. Al menos estar cinco años de forma permanente dentro del país", comenta.
Pero a la presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora, el tema de las evaluaciones le causa preocupación. "La evaluación debe de ser un proceso natural en el trabajo del servidor público, es decir la evaluación se debe de convertir en la oportunidad para mejorar, corregir errores, falencias que son frutos justamente de todas las políticas que han aplicado en el pasado", dice.
El cambio fundamental de la propuesta original, dice Vélez, está en la garantía de la calidad de servicios públicos, pues ahora la norma se basa en la motivación y no en la sanción. "No se podrán registrar nombramientos que no hayan sido el fruto de un concurso de méritos y oposición, en cualquier entidad del sector público de la Función Ejecutiva".
Entre los puntos que más destacan en la Losep, están las jornadas especiales para quienes trabajan en condiciones de riesgo como los que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad o enfermedades terminales. Su horario será de seis horas con la misma remuneración.
Licencias de maternidad de hasta tres meses
Así también el periodo de lactancia materna se amplió de nueve a doce meses y la licencia con remuneración por parto, a doce semanas (tres meses).
Para Escala uno de los pocos puntos en los que no concuerda es en la supresión de la contribución que se hacía por concepto de multas o sanciones al Consejo Nacional de Servidores Públicos (Conasep). "Eso ha sido eliminado, pero sin embargo demuestra la sensibilidad de la Conasep de poner por delante este interés general de la ciudadanía y sobre todo en el hecho de precautelar las conquistas y derechos de sus agremiados", sostiene.
Para el ex Alcalde de Quito, Paco Moncayo, algo que le genera dudas son los costos de la ley dentro del presupuesto general del Estado, sin embargo, dice que no hay que hacer juicios previos. "No es malo pagar bien a los empleados, lo malo es que hay cuatro o cinco veces los empleados que realmente se necesita", afirma.
En un balance general para los entrevistados, la nueva ley que regirá a los servidores públicos, es una demostración de los resultados a los que se puede llegar con consensos.
Polémica por nueva Ley
16/Agosto/2010
Fuente: El Comercio
La posibilidad de que personas de otras nacionalidades puedan ser servidores públicos, genera reacciones.
La aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) ha generado preocupación en varios sectores, que critican que la normativa deje la puerta abierta al ingreso de extranjeros a la función pública, lo cual creen podría disminuir las oportunidades laborales de los nacionales y eventualmente causar inconvenientes al país.
La normativa estipula que los extranjeros pueden realizar funciones en calidad de servidores públicos, siempre y cuando hayan residido en el país, por al menos cinco años.
Esto, según Nívea Vélez (Ind.), presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, se introdujo en la Ley para no contravenir el artículo 9 de la Constitución, que señala: "Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano, tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas….".
Según Vélez, en la norma no se podía hacer una "discriminación" entre ecuatorianos y extranjeros, por lo que ahora el reglamento, cuya elaboración está a cargo del Ejecutivo, tendrá que determinar los límites para el ingreso de extranjeros al sector público.
Cabe recordar que el nuevo articulado se aplica únicamente para tres de los cinco poderes del Estado, los cuales son: Ejecutivo, de Transparencia y Control Social y Electoral, dejando de lado al Judicial y Legislativo, que mantienen su autonomía.Para el asambleísta Leonardo Viteri (PSC), quien es médico de profesión, la Losep va a generar una "competencia desleal" en contra de los profesionales ecuatorianos, debido a que en el país es necesario estudiar hasta diez años, como en el caso de los galenos, para obtener un título profesional, contrario a lo que sucede en otros países, según Viteri, donde los requisitos para titularse son menores.
El legislador opina que se debería dar la oportunidad de trabajar en el sector público a los extranjeros, siempre y cuando sus países de origen mantengan convenios de reciprocidad con el Ecuador.
En este criterio concuerda el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, quien cree que la Ley debe tener en su reglamento, una disposición que abra la puerta sólo a los extranjeros, cuyo país de origen dé un trato similar a los nacionales. "Si por ejemplo en los Estados Unidos, un ecuatoriano puede trabajar en la empresa de correos, sin nacionalizarse, por qué no podría hacerlo aquí, previo concurso de oposición y méritos. Pero, si no se le deja trabajar al ecuatoriano allá, aquí tampoco se lo debería hacer", subrayó Espinoza.De su lado, el constitucionalista Mauricio Gándara, asegura que la Losep es una "apertura innecesaria del país", que "limita las posibilidades de trabajar a los cientos de miles de buenos profesionales ecuatorianos que están en el desempleo".Además, según Gándara, si esta Ley no tiene un reglamento claro, podría traer problemas y citó el caso de Venezuela, donde según dijo, hay denucias de que militares cubanos se han introducido en las Fuerzas Armadas de esa nación y accedido a información restringida, lo cual, si llegara a pasar en el Ecuador, sería "peligroso".
El experto manifiesta que detrás de esta Ley está la política gubernamental de "libre movilidad de las personas", que según dice, consiste en permitir el libre tránsito de los extranjeros en el país, con el ánimo de "sensibilizar" a las demás naciones del mundo, para que tengan un trato similar con los ecuatorianos, lo cual cree no se ha conseguido, por cuanto cada país tiene motivos para limitar el acceso de extranjeros.
En tanto, el asambleísta Línder Altafuya (MPD), quien se autocalifica como uno de los "principales impulsadores" de la nueva Ley, asegura que no se puede quitar a los extranjeros la posibilidad de ser funcionarios públicos, ya que la Carta Política así lo determina.
Altafuya cree que será beneficioso que exista competencia por un cargo público, por cuanto serán los concursos de oposición y méritos los que determinen cuáles son los profesionales mejor capacitados para una función, independiente de su nacionalidad y aclara que sectores estratégicos, como el militar o electoral, tienen reglamentaciones propias, que limitan a los extranjeros. (PJV)
Servidores públicos piden que no se vete su Ley
2010-08-20
Fuente: Radio Tarqui
La Asociación de Servidores Públicos del Ecuador, aspiran a que el presidente Rafael Correa no vete la Ley de Servicios Públicos, aprobada hace poco en la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asoc. De Servidores, Miguel García, asegura que a pesar de tener varias contradicciones en el texto de Ley, si cumple y respeta los derechos de trabajadores.
Uno de los problemas que identificaron los analistas de esta ley, es que no todos los servidores públicos están amparados bajo el mencionado cuerpo legal, algo que crearía división
Esta ley entrará en análisis en los próximos días, cuando el presidente Correa regrese de su periodo de vacaciones.
Correa: "Todos los servidores públicos tendrán que regirse por la nueva ley de servicio público"
28 de Agosto de 2010
Fuente: el ciudadano.gov.ec
Presidente Correa durante su Enlace Ciudadano 185
El Presidente Correa anunció que vetará la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, porque existen empleados como los de los Gobiernos Autónomos o la Contraloría, que están siendo excluidos injustificablemente.
"El mayor problema con el que nos llega la ley es que se excluye de ésta a los Gobiernos Autónomos descentralizados ¿qué significa esto?, que si los funcionarios públicos del Gobierno Central entran ganando 800 dólares, acá les pueden pagar 1600 o lo contrario les pueden pagar solo 240 y eso es discriminatorio", indicó el Mandatario.
Visiblemente molesto agregó, "pero también se excluye a la Contraloría del Estado, eso es pura y simple presión, ¿cómo puede ser que se den estas cosas?, ¿porqué excluir a la Contraloría?, ¿porqué ellos pueden tener otro estatus en cuanto a servidores públicos, otra escala de sueldos, quién puede justificar eso?".
Rechazó la presión que aseguró debieron ejercer los empleados del organismo ante la Asamblea Nacional para conseguir esta prebenda. ¿Cómo pueden suceder esas cosas? ¿Qué me expliquen porque la Contraloría está exceptuada de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa?", cuestionó el Jefe de Estado.
"No hay explicación es pura presión. Vamos a vetar eso compañeros", agregó.
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