Crisis de los partidos políticos en América Latina (página 2)

1. MARCO TEÓRICO.

El sistema político y el régimen político

En un sentido bastante amplio, un sistema político es el conjunto de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad, comportamientos, creencias, normas, actitudes y valores que mantienen o subvierten el orden del que resulta una determinada y, por lo general, desigual y conflictiva distribución de utilidades. Y sus elementos básicos son:

1. La comunidad política, compuesta por:

• Las personas o los grupos que son activos y pueden llegar a incidir en el sistema
• Las doctrinas, incluídas las de origen religioso
• Las ideologías y las creencias dominantes en la comunidad
• Las estructuras de canalización de demandas o estructuras intermedias: partido, sindicatos, corporaciones, gremios.

1. El régimen político ó "ámbito espacio-temporal de carácter político que, en función de los condicionamientos que sufre por su inserción en un sistema global (que integra los sistemas económicos y sociales mediatos ?nacionales? e inmediatos ?internacionales?), determina distintas formas estatales, dotadas de elementos y factores propios que, a su vez, expresan formas generales de organización de la vida política, configurando una concepción específica de la existencia humana y ciertos modos de ejercicio de la dominación política. Consiste en:

• Las ideologías, los valores, los principios o las creencias que influyen en las normas, las reglas o de juego o las estructuras de autoridad que pueden iguales o diferentes a las de la comunidad política.
• Las normas y reglas de juego

1. Las estructuras de autoridad:

• Las estructuras de decisión.
• Las estructuras de refuerzo.
• Las autoridades que ocupan y dan vida a las estructuras de autoridad.

Los partidos políticos

En el marco de un régimen político de poliarquía, es decir, en el que predomine la libre e igualitaria competencia por el poder mediante reglas conocidas y asumidas por la mayoría a través de procesos electorales periódicos, la institucionalización, la intermediación y la profesionalización resultan elementos indispensables que son desempeñados por los partidos políticos, como claros ejes que entrelazan de una manera estable y previsible a la sociedad con dicho régimen político. De una revisión profunda de la literatura aparece que existe una suerte de consenso acerca de las funciones básicas que cumplen los partidos políticos, entre las que cabe destacar:

• La de proporcionar a poder a los dirigentes;
• La de competencia electoral;
• La de reclutamiento de elites para hacer operativo el sistema político;
• La de socialización política en tanto brindan y explicaciones a los ciudadanos acerca de cómo comprender la realidad; y
• La de representación y articulación de intereses de grupos sociales.

Independientemente del modelo o concepción de partido del que se parta o se sostenga, las funciones de articulación y de agregación de intereses, de legitimación, de socialización, de representación y participación, y de formación de una elite dirigente, con mayor o menor intensidad, son vitales para el sistema político.

El sistema de partidos

Un partido político es un grupo de individuos que, compartiendo ciertos principios programáticos y asumiendo una estructura organizativa mínima, vincula a la sociedad y al régimen político de acuerdo con las reglas establecidas para obtener posiciones de poder o influencia mediante elecciones.

Se entiende por sistema de partidos el conjunto de partidos en un determinado Estado; y los elementos que caracterizan su estructura (cantidad de partidos, las relaciones entre sí, tanto respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas relacionales; y sus respectivas ubicaciones ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar las formas de interacción; las relaciones con el medio circundante, con la base social y el sistema político.

Conforme a esta definición, el análisis del sistema de partidos se concentra principalmente en tres ámbitos: su génesis, su estructura y su función o capacidad funcional. Se trata de explicar la configuración de los diferentes sistemas de partidos desde una óptica genética, desde factores institucionales y de otra índole que influyen en ella, y desde criterios de conformidad de los sistemas de partidos con objetivos principales, como por ej. resolver problemas de gobernabilidad, de consolidación de la democracia o problemas de políticas públicas, por ejemplo, problemas sociales.

En lo que a América Latina se refiere, el estudio de los partidos políticos ha estado concentrado más en asuntos vinculados con el ambiente en el que han participado los partidos más que en los procesos y actividades de carácter interno.

Dado que los partidos no se comportan en un vacío, sino que se encuentran inmersos en medio de otros actores y en vinculación con las instituciones que les rodean, se ha preferido centrar la mirada en la relación de los partidos con su entorno, tanto en su papel en los procesos de cambio político experimentados por los países de la región ?donde en muchos casos las estructuras partidistas han ejercido como frente de avanzada de la democratización o como factor de consolidación de los emergentes regímenes políticos-, así como también en su interacción en el marco del sistema de partidos y su anclaje en la sociedad civil o en su vinculación con las instituciones del sistema político.

Quizá el cristal más común para observar a los partidos es el estudio de éstos como sistemas de partidos; es decir, la idea de que los partidos juegan entre sí, interactúan y compiten, con sus particularidades y diferencias, con la intención de llegar y permanecer en el poder. Esta idea nos lleva a hablar del bipartidismo, multipartidismo, polarización ideológica, "familias de partidos" y su relación con sistemas electorales.

Con la reiterada realización de procesos electorales, los autores concentraron aún más su análisis en el rendimiento electoral de los partidos y en aquellos aspectos vinculados a su participación en los comicios, por ejemplo, la realización de campañas electorales y sondeos de opinión. Pero las dificultades que las organizaciones partidistas encontraban para satisfacer las demandas ciudadanas en escenarios de crisis económica, de apatía y desencanto con la actividad política, condujo a la emergencia de "outsiders" políticos, personalidades que si bien alcanzaban el poder de mano de los partidos, actuaban al margen de ellos. Esto llevó a algunos estudiosos a referirse a la crisis de representación de los partidos y condujo la investigación hacia el surgimiento de nuevos mecanismos de representación que buscaban suplantar a los partidos como estructuras de intermediación política entre los ciudadanos y el Estado o a apelaciones simbólicas tradicionales por parte de nuevos líderes, llamados neopopulistas.

Es claro que los partidos políticos y los procesos electorales están vinculados. No es posible concebir la idea de partidos políticos sin la idea de elecciones o viceversa. Además, el desarrollo y estudio de los partidos políticos se liga al de la democracia representativa.

Los partidos se sitúan por excelencia en las interconexiones de las instituciones y de los agentes societales, y son instituciones, reglas e individuos, que están en una parte muy sensible del sistema político.

En cuanto a América Latina, la vinculación de los partidos políticos ha sido muy estrecha con el desarrollo de la política y, por ende, con sus sistemas políticos, desde sus inicios; es decir, desde el siglo XIX. A su vez, la política latinoamericana ha pasado por distintas etapas y ha tenido partidos políticos ad hoc, que han estado implicados en estas etapas (caudillistas, revolucionarios, militares, notables, populistas, pluralista).

Los partidos políticos y la democracia

La concepción del Estado democrático, tanto en su versión de democracia representativa, como de la directa, se asienta sobre una relación bilateral entre ciudadanos y Estado. La naturaleza de la democracia, tal y como la conocemos hoy, estriba en la apropiación por parte del pueblo del poder político y de allí surge la necesidad de nombrar representantes para que, proviniendo de y a nombre del pueblo le administren su original poder. Sin embargo, en la práctica histórica, esta relación bilateral pasa a adquirir crecientemente un carácter trilateral: ciudadano-partido político-Estado, de tal manera que el ejercicio de la soberanía popular ya solo es posible mediante la mediación de los partidos.

En el diseño de la democracia representativa, los partidos políticos ocupan un lugar secundario e instrumental, siendo su función primordial la de constituirse como uno de los vehículos que facilitan al ciudadano-elector escoger a sus representantes.

Sin embargo, con el desarrollo de la ??democracia y la creciente complejidad de las sociedades contemporáneas, este rol tiende a modificarse sustancialmente.

En primer lugar porque los partidos ya sea de hecho o con sanción legal van adquiriendo el monopolio de esa instrumentalidad y en la práctica se convierten en el vehículo exclusivo para acceder a la representación del pueblo en los órganos del Estado.

En segundo lugar, porque los partidos prolongan en el tiempo su papel de instrumentos del mecanismo electoral y pasan a asumir un creciente control sobre el ejercicio de la representación popular, sometiendo a los representantes del pueblo a la disciplina partidaria.

Y, en tercer lugar, los temas sustantivos del quehacer político pasan a ser definidos, asumidos y resueltos por los partidos políticos.

En consecuencia, los órganos del Estado como lugares del ejercicio de la representación, tienden a vaciarse de contenido y el Parlamento sólo se deja constancia de decisiones ya adoptadas en otros ámbitos, resultando entonces a un Estado de partidos o a una partidocracia, en lugar de un Estado democrático. La partidocracia es así una desviación del papel que corresponde a los partidos políticos en la democracia representativa; se ubica así en el contexto de la discusión de las relaciones entre sociedad civil y sociedad política; alude a una abusiva apropiación de espacios políticos por parte de los partidos políticos en una determinada sociedad y se identifica cuatro características principales como los rasgos definitivos del fenómeno:

1. Monopolio de nominaciones: Si los partidos tienen la exclusividad ?de hecho o legalizada? de las nominaciones para cargos de elección popular, esto les permite garantizar sus intereses postulando a los cargos públicos a personas que no se convertirán en una amenaza a los mismos una vez adquieran el poder a través del voto popular.
2. Control sobre representantes electos: El nivel de disciplina partidaria al que son sometidos los representantes electos se convierte en otro indicador del nivel de partidocracia en un régimen político.
3. Patrimonialismo partidarista: Una de las características más salientes y criticadas de los partidos políticos son sus prácticas patrimonialistas, entendidas estas como los diversos mecanismos mediante los cuales los partidos políticos hacen uso de su posición institucional para apropiarse y/o repartirse recursos o partes del gobierno.
4. Partidización de la sociedad civil: En la partidocracia el horizonte de la participación política esta circunscrito a los partidos políticos; esto quiere decir que la relación entre partidos y organizaciones de la sociedad civil se desarrolla como una relación asimétrica en que el partido es el polo dominante y tiende a partidizar las organizaciones sociales, de tal manera que éstas o quedan "alineadas" a un partido político o son el campo de batalla en el que los partidos luchan por controlarlas, produciendo graves divisiones en su interior.

1. ORÍGENES DE LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA.

El sistema político se mantiene sobre la base de dos ejes de actuación:

• Legitimidad, en la cual se basan los títulos del poder; y
• Eficacia, en tanto el sistema político tiende, a través de productos del propio sistema político denominado políticas públicas, a intentar resolver los problemas de los individuos que se encuentran en ese sistema.

Desde el fin de la guerra fría, las sociedades occidentales han venido experimentando un proceso creciente de desencanto respecto a las instituciones públicas y a todo lo relacionado con el manejo del Estado que se ha manifestado por una crisis de representatividad y de eficacia del Estado.

Existen dos explicaciones complementarias acerca de la crisis del sistema de partidos en América Latina que, por razones metodológicas, expondré por separado.

Una enfatiza la débil institucionalidad del sistema político latinoamericano, se centra en las causas de la crisis en las características de éste así como en la desigual y asimétrica integración de las economías latinoamericanas en el sistema económico mundial y resalta la crisis de representatividad del sistema.

La otra combina la descripción del fenómeno de fragilidad del sistema con una visión negativa de sus resultados en términos de eficacia económica, aunque en función con sus propias características políticas y, por lo tanto, pone énfasis en una causa económica estrucutural y resalta la crisis de eficacia del Estado.

Características del sistema político latinoamericano: Débil institucionalidad del sistema político

Esta explicación señala que, en primer lugar, no se puede hablar de un sistema político latinoamericano, al menos no de un sistema único y homogéneo, dada la diversidad de subsistemas políticos poco congruentes unos con los otros y poco relacionados entre sí, así como la heterogeneidad e incoherencia e incoherencia interna de los mismos. Como consecuencia de esto, se observa una inestabilidad, dada principalmente por las sucesivas crisis internas. Las pautas de comportamiento político no son constantes en ellos y, por ende, tampoco lo son en el sistema político.

Dentro del proceso político latinoamericano, la mayoría de los sistemas no responde a las reglas preestablecidas de juego, instituídas principalmente en sus constituciones. Existe una desvinculación entre lo propuesto jurídicamente en sus normas fundamentales y lo que se contempla en sus realidades. Existe una tensión constante entre el formalismo e informalismo de la política.

Existen en los sistemas nacionales latinoamericanos juegos de poder en los que actúan no sólo actores internos sino también actores que, en muchos casos, son contendientes por el poder con mayor influencia que los internos. El juego de poder en la política latinoamericana hace que el sistema sea bastante inestable y, por lo tanto, impredecible. Lo único predecible resulta la inestabilidad y el hecho de que esta inestabilidad es cíclica, es decir, que en algunos momentos se observa una tendencia hacia el mantenimiento del status y en otros hacia el reformismo.

Los partidos políticos latinoamericanos son en su mayoría caudillistas. Son partidos muy vertebrados en torno de su personalidad.

Brilla por su ausencia una tradición o una cultura política de legitimidad del Estado por las reglas de procedimiento que se siguen en la selección de gobernantes y en la toma de decisiones; esto es, la ausencia de una tradición de legitimidad legal-racional del Estado democrático, lo cual conduce a un doble vínculo de dependencia: el Estado depende en su legitimidad de su capacidad para ofrecer mejoras económicas a un conjunto de actores sociales que, a su vez, dependen del Estado sustancialmente para mantener su posición económica y social. Tal como lo explica Marcelo Cavarozzi, la legitimidad del Estado en estas sociedades depende de un mito fundacional o de su capacidad para ofrecer resultados (redistribuir ingresos), o de una combinación de ambas posibilidades, por lo que toda legitimidad se erosiona rápidamente en períodos de ineficacia estatal.

El proceso de los derechos políticos en América Latina ha sido muy lento, incluyendo la capacidad para crear verdaderos partidos políticos; esto es, ser agentes para ser objetos de derechos y deberes (poder elegir y ser elegible).

La política en América Latina es más de participación que de representación. Los partidos políticos tienden más a ser canales de participación de la gente que a representarla. Sumado a lo anterior, en América Latina existe un alto grado de polarización ideológica, y los partidos políticos acaparan la política.

En ese sentido, las elecciones en América Latina son solamente una herramienta para medir el poder y no un medio para determinar quien gobierna, dada la diversidad de contendientes por el poder que existen en el sistema político, mucho de los cuales participan sin necesidad de apoyo popular o cualquier otro tipo de apoyo. En consecuencia, los resultados electorales son siempre tentativos, al menos hasta que se conozca la reacción de los otros contendientes. De hecho, un partido político, aun cuando triunfe constantemente en las elecciones, puede ser suprimido de manera regular por aquellos que lo consideran como una amenaza para su posición dentro del sistema político.

Los partidos políticos están cada vez más fuera de la realidad política. Los políticos luchan por el poder y mantenerse en el gobierno, especialmente después de la caída del Muro de Berlín en 1989 y la consecuente victoria a medias de la democracia y triunfo absoluto del mercado que hace que los sectores militares ya no sean importantes para que los sectores neoliberales accedan al poder y pongan en práctica sus políticas -con diferentes grados de moderación- y para que en América Latina existan gobiernos confiables.

De un lado, la democracia, pese a no estar consolidada, parece ya no tener enemigos y no compite con otras alternativas de legitimidad y, de otro, los partidos se han transformado en los árbitros de la "democracia" -más electoral que real- y garantes de los sectores liberales. En consecuencia, su grado de representación es cada vez menor y los ciudadanos encuentra que tiene más posibilidades de obtener respuesta a sus demandas a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG) o las organizaciones de la sociedad civil antes que de los partidos políticos os su propio Estado, especialmente en los temas vinculados a derechos humanos, desempleo, pobreza, etc.

Tradicionalmente, la manifestación más contundente en América Latina ha sido la huelga. Hoy no lo es más, al menos, no por sí sola. La alta movilidad financiera, la flexibilidad del mercado laboral, la inestabilidad del trabajo y la creciente autonomización del capital con respecto al trabajo han hecho que la huelga deban agregarse manifestaciones públicas en forma de manifestación que, junto con los paros laborales, adquieren una importante capacidad desestabilizadora. Igualmente, la fuga de capitales es una manifestación política nacida de las reglas del mercado en tanto reflejan un voto de desconfianza hacia el régimen político.

La violencia, por otra parte, no ha dejado de cumplir un papel, aunque ya no con fines directamente políticos sino con el objetivo de demostrar capacidad de poder.

La política latinoamericana ha vivido en los últimos veinte años transformaciones muy importantes. Los grandes terremotos que se han producido son el desarrollo irrestricto de la poliarquía, llegando a todos los países de América Latina, excepto Cuba; y la transformación de la matriz de la política latinoamericana, en donde el Estado tenía un papel central en la misma, ha sido prácticamente sustituida por el mercado.

El capitalismo político.

Las sociedades capitalistas latinoamericanas se caracterizaron por el hecho de que sus estructuras fundamentales fueron construidas desde la política y de que se desplegara un tipo de capitalismo político que implicó que dichas sociedades fueran en parte creadas, y en parte organizadas radicalmente, desde el Estado.

A la altura de la segunda guerra mundial, cuando el modelo político de los principales países de América Latina se hallaba en un momento de definición (como lo estaba en Europa, aunque aquí el juego entre democracia, fascismo y comunismo se estuviera decidiendo por la fuerza), los actores sociales en auge eran los procedentes de la industrialización para la sustitución de importaciones.

El crecimiento económico latinoamericano se había apoyado hasta la primera guerra mundial en las llamadas exportaciones tradicionales (agropecuarias o extractivas) en las que la región poseía impecables ventajas comparativas desde la más ortodoxa perspectiva ricardiana.

Las caídas del comercio internacional que trajeron las dos guerras mundiales y la crisis de los años 30 crearon condiciones favorables a una industrialización destinada al mercado interno, hasta entonces abastecido de bienes manufacturados a través de las importaciones, y que además se expande en este medio siglo a consecuencia del crecimiento numérico de las clases medias que es fruto inevitable del propio desarrollo de la urbanización y de la administración del Estado, y otra de cuyas manifestaciones es la crisis de las democracias oligárquicas.

Las oligarquías agroexportadoras mantenían una oposición frontal a la industrialización interna y, una vez "desmanteladas" o "adaptadas" o reacomodadas a los nuevos tiempos, las viejas clases propietarias no demostraron el deseable espíritu empresarial, sino que se limitaron a una lógica económica feudal, por lo que la industrialización latinoamericana no pudo partir de inversiones de capital endógeno suficientes para desarrollar desde el primer momento estrategias de competición en el mercado mundial. La industria nació en América Latina para cubrir limitados mercados locales, contando con una protección de facto ante la competencia internacional, a consecuencia de la guerra o de otros factores coyunturales.

La política, organizada en torno a la intervención y regulación del Estado, impregnó la mayoría de los espacios sociales. Y ello se produjo, entre otras razones, por la debilidad ?para algunos inexistencia- de la sociedad civil.

Sin embargo, el rápido crecimiento económico que las economías latinoamericanas vivieron desde la segunda guerra mundial hasta la crisis de la deuda, al comienzo de los años 80, no permitió en la mayor parte de los casos superar una profunda dualidad social, en la que, junto a sectores dinámicos y de niveles de vida tolerables o altos, se mantenía una extensa realidad socialmente marginal y económicamente estancada.

El Estado no eliminó las divisiones de clase ni trajo una reducción de las diferencias. Produjo una incorporación de los sectores medios y populares urbanos, y más restringidamente los rurales, a la política, lo cual ocasionó un proceso de integración nacional en el que los canales políticos cumplieron un papel preponderante. Así, las políticas estatales continuaron promoviendo intereses y respondiendo a los problemas de las clases capitalistas, sólo que ahora debían hacerlo ?gradual y contradictoriamente- articulándose dentro de un contexto de intercambio político que involucraba a otros sectores, especialmente clases medias y trabajadoras que incorporaron sus demandas a la política. El Estado se hizo inclusivo más no precisamente democrático.

La política, en este contexto, se estatizó y dadas las características del sistema político, socavó el desarrollo de los aparatos burocrático legal-racionales del Estado en tanto estos su racionalidad y eficiencia fueron reemplazadas por prácticas patrimonialistas y de clientelaje, recompensas y castigos que fueron distribuidos según criterios dominados por el particularismo y el escaso respeto a la ley. Esto debilitó la consolidación del sistema de negociación política que descansaba en los partidos políticos y en los mecanismos parlamentarios.

Por debajo de una aparente fortaleza del Estado, este fue debilitado mediante la usurpación de sus organismos por parte de diferentes actores sociales, especialmente los sectores capitalistas y por el signo particularista de sus disposiciones.

A su vez, los sistemas politicos no llegaron a consolidar reglas estables y la falta de consenso en torno a arreglos democráticos o autoritarios tuvo como corolario el establecimiento de una complicidad estructural tácita que favoreció el mantenimiento de una política híbrida. En el largo plazo, esta fórmula combinó, a veces en contextos de establidad institucional y a veces de inestabilidad, aspectos democráticos y autoritarios.

Así, el sistema político latinoamericano ha oscilado entre los defensores del status quo, cuyo criterio ha estado íntimamente vinculado al criterio tradicional de desarrollo de ideología liberal, y los reformadores, cuyas aspiraciones los han movilizado hacia el cambio paulatino o radical. En la actualidad, pareciera que no existe un enlace entre la América Latina económica y la política. Por el lado económico, la región ha alcanzado niveles importantes de crecimiento económico y relativa estabilidad monetaria, ha crecido como mercado consumidor y venido avanzando lenta pero firmemente en la generación de procesos de integración que facilitarán el comercio. Desde la perspectiva política y social, sin embargo, se han observado situaciones preocupantes. Una de ellas es la crisis de representatividad y, por ende, del sistema de partidos políticos.

En tal sentido, la crisis de representatividad y, por ende, del sistema de partidos se produjo, en gran medida, por el hecho de que los partidos, en tanto elementos clave del sistema político e instituciones mediadoras entre los ciudadanos, sus organizaciones y el Estado, fueron mostrando una peligrosa tendencia hacia la "autonomización" relativa de la sociedad, llegando inclusive a operar como cuerpos independientes y no como representantes de sus electores, esto es, más como árbitros de la "democracia" -más electoral que real- y garantes de los sectores liberales.

En este contexto, la participación ciudadana y la búsqueda de respuestas sus demandas en las organizaciones de la sociedad civil surgió como una alternativa para la construcción del consenso social, así como un medio para equilibrar (balancear) el gran peso relativo que, producto de los vacíos de poder que se han venido creando en el sistema, detentaba la burocracia institucional.

Una causa económica estructural.

Sobre la base de los mismos hechos, cabe examinar brevemente la explicación ligada a la crítica que a lo largo de las dos últimas décadas se ha dirigido contra el Estado de bienestar, que ha abierto el camino a la privatización de servicios y actividades que hasta entonces habían pertenecido de manera exclusiva al ámbito de lo público y que ha significado que, ante la falta de atención a las necesidades sociales, las organizaciones de la sociedad civil -fundamentalmente el sector empresarial nacional o extranjero- hayan venido asumiendo responsabilidades importantes en esas áreas.

El problema, según esta visión, no se centra tanto en la debilidad institucional del sistema político y, por ende, su incapacidad intrínseca para lograr que el crecimiento económico reduzca las desigualadades, cino más bien en la dinámica económica y política que el modelo de sustitución de importaciones ?al que llama mercado internista- impuesta por los intereses sociales que se articularon en ella.

Rechaza que la incapacidad del crecimiento económico para poner fin a la dualidad social -considerado como el principal punto débil de un modelo dependiente de capitalismo- haya sido el mal originario. Sostiene que el problema ha sido la fundamental orientación del crecimiento hacia el mercado interno, siguiendo la dinámica de la llamada industrialización para la sustitución de importaciones. Esta orientación mercadointernista, sólo viable en economías cerradas, habría sido la clave de una incapacidad para dar continuidad al crecimiento en el marco de la nueva división internacional del trabajo que trajo consigo la crisis de los años 70, aunque en realidad la crisis sólo supuso el estallido, bajo el impacto de la elevación de los precios del petróleo en 1973, de desequilibrios cuyas raíces venían de la década anterior.

En este orden de ideas, el problema fue que esa industria mercadointernista creó a su vez sus propios intereses sociales e impuso a medio plazo su propia dinámica que hizo que los gobernantes, en un momento de equilibrio inestable, trataran de apoyarse en una alianza con estos actores que trajo como resultado una fórmula vaga y sin embargo descriptivamente eficaz: el populismo, al que describe como un gobierno que se apoya en los sectores de empresarios y trabajadores vinculados a la industrialización y en las clases medias que se benefician de ella, especialmente los funcionarios y profesionales que dependen del Estado, y en donde quedan fuera los grandes propietarios de la tierra, el campesinado que depende de ellos, y profesionales liberales que no dependen (o creen que no dependen) de ese proceso de modernización.

Esta matriz implica una dependencia de los actores sociales emergentes (clase trabajadora industrial, burocracia estatal, clases medias urbanas ligadas a la industrialización) respecto a la actuación del Estado, a la vez que éste depende de dichos actores para el mantenimiento de sus políticas, pues de ellos recibe una legitimidad facilmente erosionable en períodos de ineficacia estatal.

Para esta visión, el punto clave es la apuesta por una industria protegida frente a la competencia exterior y un régimen social de acumulación sustentado en la dinámica de la industrialización para la sustitución de importaciones. No era ?sostiene- difícil comprender que, partiendo de situaciones de baja capitalización, la apuesta contraria (por una industria competitiva) implicaba inicialmente moderación salarial, lo que no sólo habría contado inicialmente con la oposición de los trabajadores, sino también de los propios industriales, a los que se exigiría hacer crecer las inversiones más rapidamente que la rentabilidad, ya que sin crecimientos salariales significativos el mercado interno sólo registraría una lenta expansión. Es más, cuando el modelo contó con la posibilidad de inversiones extranjeras éstas diseñaron sus estrategias sobre situaciones casi de monopolio en el mercado interno, y sólo secundariamente para la exportación. Una vez puesta en marcha esta dinámica, era muy difícil que cualquier actor, social o político, pudiera corregirla.

Concluye en que, si bien no siempre la economía explica la política, sí parece que en este caso, dadas las condiciones de partida, era muy poco probable que los actores sociales y políticos pudieran actuar de forma radicalmente distinta a aquella en que de hecho lo hicieron.

Resulta interesante señalar, sin embargo, que esta visión ha dado lugar a interpretaciones equivocadas como aquella que culpa al dirigismo estatal de los males del modelo. La crítica simplista contra el Estado dirigista se planteó sobre todo desde los años 70, en un momento en que la administración y las empresas públicas ya no eran financiables, y al mismo tiempo la capacidad del Estado para cambiar la dinámica del modelo era mínima por la relación misma de los gobiernos con los actores sociales.

Esto llevó a los intentos de las dictaduras militares de los años 70 de conseguir autonomía estatal para cambiar el régimen social de acumulación reprimiendo a los actores sociales y suprimiendo a los actores políticos (los partidos) para salir del círculo vicioso en que había desembocado el crecimiento mercadointernista. La respuesta a la crisis de eficacia fue el autoritarismo militar. Pero aquí de nuevo surgió una interpretación simplista: la de que la salida vendría dada por la simple retirada del Estado de la economía y la consiguiente ampliación del papel del mercado como regulador social.

Para la visión que reseñamos, lo cierto era que el Estado no había sido demasiado fuerte, sino que había llegado a ser demasiado grande (para sus posibilidades financieras reales) precisamente porque era demasiado débil, es decir, porque carecía de la autonomía precisa respecto a los actores sociales para corregir el régimen social de acumulación. El Estado no era dirigista, sino seguidista: arrastrado por la dinámica de la sustitución de importaciones, era cautivo de los actores sociales surgidos de ésta, y crecía para satisfacer sus demandas, no según un proyecto autónomo de sociedad o de crecimiento económico.

1. LA CRISIS

Hasta los 80, el factor ideológico jugó un papel preponderante en la política pública latinoamericana y sobre la base de esto nacieron un buen número de partidos y movimientos. Pero, en los años 80 también se cerró en América Latina un ciclo determinado por la lógica del modelo de sustitución de importaciones que llega a hacerse inviable, como régimen social de acumulación, por la caída de los precios y cuotas de mercado de las exportaciones tradicionales y la falta de competitividad internacional de una industria dirigida exclusivamente al mercado interno.

El régimen social de acumulación entra en quiebra al no poder financiar la redistribución interna que era la clave del crecimiento: la consecuencia es un déficit creciente y estructural de la balanza de pagos. Este déficit se enmascara durante la década de los 70 gracias al crédito fácil que genera la inyección de petrodólares en los mercados financieros, pero a comienzos de los 80 la política de altos tipos de interés que trae la presidencia de Reagan en Estados Unidos hace estallar la crisis de la deuda y revela dramáticamente que América Latina ha vivido casi una década por encima de sus posibilidades.

El problema se ve agravado por el recurso a la inflación como mecanismo redistributivo a corto plazo para satisfacer las contrapuestas demandas de los actores sociales en una situación que objetivamente constituye un juego de suma nula. La deuda y la inflación sumadas crean las condiciones macroeconómicas de inestabilidad en las que la región debe afrontar el calvario de los años 80.

Los sistemas político latinoamericanos se encontraban ante dos cuestiones:

• Respecto a las expectativas sociales respecto al régimen: Si la eficacia en la resolución de problemas (en hallar una salida a la crisis económica, en este caso), no podría ser sustituida como fuente de legitimidad por la simple efectividad, es decir, por la simple capacidad de aplicar un programa y fijar reglas de juego estables para los actores sociales y económicos; y
• Respecto a la capacidad de intermediación de los actores sociales y políticos: Si se podría lograr una matriz de articulación de sociedad y Estado en la que el sistema de partidos se institucionalizara como mediador de intereses.

A partir de la crisis de la deuda se produjo un punto de inflexión en la política que, según señala Cavarozzi, se caracterizó por la desintegración ciudadana, la desubicación de los agentes políticos y el desencanto de la democracia.

El fenómeno de reducción de los márgenes de autonomía y la crisis de eficacia de los Estados latinoamericanos, vinculado especialmente al agotamiento de un conjunto de herramientas tradicionales de política económica, fue acompañado de una ola anti-política que había resultado de las traumáticas rupturas de las décadas anteriores y de una crisis de los actores sociales que se vieron perjudicados por un profundo desencantamiento de sus bases, que les resta fuerza para imponer giros drásticos en sus estrategias

La posibilidad de un Estado democrático depende de la credibilidad de los actores políticos (el sistema de partidos) y del Estado (de su efectividad y su eficacia). Dadas las circunstancias actuales, cabía temer que en general esta credibilidad sea crecientemente erosionada por la ausencia de expectativas de salida de la crisis económica. El mismo problema que afecta a los actores sociales (incapacidad para obtener resultados) afecta también a los políticos: una década de ajustes caóticos sin perspectivas de salir del túnel, y a menudo con alternancia de las principales opciones políticas en el gobierno, disminuyó seriamente la credibilidad de los partidos tradicionales como mecanismos de selección de liderazgo y como canales de representación de los intereses populares.

Desintegración de los ciudadanos

Se caracterizó por ser un fenómeno en el la política pierde sentido debido a que a la reducción de la importancia de los mercados de trabajo tradicionales y el deterioro de los servicios estatales, se sumó el descentramiento de la política que vio erosionada su capacidad de contribuir a la organización de la vida cotidiana de lo individuos.

Desubicación de los agentes políticos

Las modalidades de hacer política basadas en un modelo de Estado fuerte y centralista que, a pesar de sus defectos, habían imbuido de sentido la vida cotidiana a la vida de los ciudadanos, desaparecen y los agentes políticos ?particularmente en Perú y Venezuela– continúan actuando como si nada hubiera ocurrido. Reiteran comportamientos tradicionales que se desenganchan de la gente y apelan a símbolos e ideologías predominantes en el período anterior.

Desencanto de la democracia

Durante la década de los 80 se produjo, asimismo, un proceso de aprendizaje colectivo que contribuyó a la revalorización de la democracia. El imperio de la ley, los equilibrios resultantes del juego de las instituciones representativas y la previsibilidad de las políticas estatales aparecieron como virtudes de la política ante la mayoría de las ciudadanías latinoamericanas.

Sin embargo, pocos actores percibieron con claridad que el retorno a la democracia coincidió con el desmantelamiento del Estado centralizado, la crisis de la forma tradicional de hacer política, la crisis de eficacia y de deuda externa y la agudización de los problemas sociales y económicos a consecuencia de éstas, lo que ocasionó la desorganización de la política. Como consecuencia, significativas mayorías de las ciudadanías latinoamericanas empezaron a sentir que la democracia no solucionaba por sí misma los problemas sociales y económicos.

El hiperpresidencialismo y los "outsiders"

La respuesta política al desorden fue una versión moderna, "revisada, corregida y mejorada" de la vieja dolencia caudillista de los sistemas de partidos latinoamericanos: el hiperpresidencialismo que, si bien algunos casos regeneró las condiciones de orden y estabilidad perdidas en el período de desorganización de la política, también reforzó las tendencia de desintegración y pérdida de sentido de la política.

Los casos más típicos fueron los de Perú con Alberto Fujimori, Argentina con Carlos Ménem y, un poco más tardíamente, Venezuela con Hugo Chávez.

Un aspecto del hiperpresidencialismo está vinculado a la recomposición parcial de la capacidad política del Estado a través de la reconcentración de la autoridad en el Poder Ejecutivo que desacansa en un sentido generalizado de rechazo a la política partidaria y parlamentaria, y a la vez se alimenta de dicho rechazo. Esta reconcentración de autoridad se apoya algunos otros elementos como:

• la emergencia o reforzamiento de papeles tecnocráticos o estratégicos del hiperpresidente, especialmente en el ámbito de las políticas económicas;
• la pasividad o baja autonomía de los parlamentos;
• la transferencia formal de responsabilidades a los gobiernos locales que, sin embargo, no va acompañada por una descentralización real de la gestión de los recursos financieros; y
• el debilitamiento, a todo nivel, del poder judicial.

Otro aspecto es la promoción de estilos de hacer política que resultan funcionales con la apatía y el repliegue de la política. El hiperpresidente se convierte en el protagonista de la acción política frente a un ciudadano al que posicionan como consumidor y espectador. En ello juegan un importante papel los medios de comunicación que pasan a ocupar el papel de los partidos aunque sin la capacidad ni tiempo de reflexión de éstos dada la acelerada naturaleza de la noticia.

Un tercer aspecto es que, en el hiperpresidencialismo, de un lado, el espacio de negociación política resulta minimizado debido a la concentración de toma de decisiones en el Ejecutivo y, de otro, la política se transforma en un espectáculo que alimenta sensaciones de participación más que prácticas reales.

El estrechamiento del espacio de la negociación resta relevancia y legitimidad a la política partidaria y parlamentaria y coloca a sus agentes ?los políticos- en una posición marginal.

En este contexto, los únicos actores políticos que ven aumentar su credibilidad son opciones nuevas que parecen capaces de cambiar el sistema tradicional de partidos o partidocracia, como son denominadas. Estas opciones nuevas son llmadas los "outsiders" o "independientes", que son tanto aquellas formaciones políticas de carácter caudillista, aquellas que apelan al discurso anti-partido o aquellos liderados por personajes cuya procedencia es externa al sistema institucional y de partidos.

La refundación de los partidos.

La refundación o transformación de los sistemas políticos en América Latina antecede a los cambios organizativos de los partidos políticos. Mientras que la crisis de los partidos en Europa Occidental y Oriental encontró en los procesos de refundación una vía de relegitimación y renovación, en América Latina este proceso se dio mucho menos en los partidos y mucho más en los sistemas políticos. Para que surgieran y legitimaran opciones "independienetes" (outsiders) fue necesario introducir cambios en el sistema político que, en algunos casos, se realizaron por la vía de la negociación (Colombia, El Salvador y Nicaragua) y , en otros, por la autoritaria.

Con excepciones del Perú y Venezuela, las reformas constitucionales abrieron nuevas posibilidades a la participación. La no institucionalización de los cambios en las formas de representación y participación, así como en las ideologías y las creencias dominantes en la comunidad, así como en la legitimidad y credibilidad de las estructuras de canalización de demandas o estructuras intermedias (partidos y actores sociales como sindicatos), llevó a crisis como el autogolpe de Estado de Fujimori y el surgimiento del Chavismo en Venezuela.

2. PROBLEMAS Y SITUACIONES ACTUALES DE LOS PARTIDOS.

Lo más evidente en América Latina es la crisis del sistema de partidos. El punto de arribo mas extremo de estas crisis partidarias ha sido el derrumbamiento del sistema. Sin embargo, la situación mas generalizada es la reproducción de la crisis sin resolución en tanto no se ha podido constatar casos de renovaciones decisivas del sistema partidario.

Probablemente, la explicación se ubica en un doble nivel. Por un lado, la crisis partidaria esta asociada a la reconformación del Estado y a su pérdida de funciones en la reproducción de la sociedad. Por otro lado, a que los partidos no han logrado una lectura y una respuesta adecuadas a los cambios por los que atraviesa la sociedad civil.

Los partidos políticos son las instituciones con menor credibilidad, y cada vez cuentan con menos apoyo. Son objeto de las críticas de todos los medios de la sociedad. Además, muchos de ellos están inmiscuidos o relacionados con actos de corrupción.

En la medida en que el financiamiento de los partidos sea privado, ello impide transparencia. Cuanto más financiamiento público haya, menos corrupción va a existir.

Los partidos políticos están dominados y son dependientes de los medios de comunicación. La razón radica en que la política latinoamericana es presidencialista; esto es, que la necesidad de elegir a un presidente obliga a que se personalice la campaña en el candidato, lo que genera una campaña publicitaria en torno de un individuo, más que de ideas o proyectos.

Otra razón radica en que los medios de comunicación para muchos países de América Latina suplen los déficit en escolarización. Los medios influyen y penetran en sociedades con menor nivel de educación. Estos medios establecen la agenda y el programa de los partidos o gobiernos, lo que genera un crecimiento de la personalización política.

Los partidos políticos se han visto arrastrados en su función de representación.

Los partidos políticos presentan dificultades estructurales en su vida interna:

2. Problemas de reclutamiento. La gente con actividad, vocación política e idealismos se empieza a integrar a organizaciones no gubernamentales.
3. Problemas de financiamiento. Si los partidos políticos se financiaban con las aportaciones de militantes, ahora con menor número de afiliados sus ingresos han disminuido. Sumado a ello, si el Estado es pobre y la sociedad exige a las autoridades no gastar en partidos. Esto complica el panorama, debido a que se le deja lugar al financiamiento privado, generando mayores problemas de corrupción.
4. Problemas en la carrera política de los políticos.

Hay una crisis de liderazgo. En Sudamérica, cuatro de diez presidentes no pudieron terminar su mandato en los últimos 10 años: Mahuad en Ecuador, Cubas en Paraguay, De la Rúa en Argentina y, felizmente, Fujimori en el Perú. Hugo Chávez tuvo que enfrentar un golpe de Estado y aún hoy su situación es extremadamente frágil.

En los regímenes presidencialistas latinoamericanos, lo normal era que el Poder Ejecutivo tuviera su propia mayoría en el Congreso y que de esa manera gobernara. Pero, el aumento del número de partidos políticos determinó que al Ejecutivo le fuera difícil armar su mayoría. Entonces, se ha pasado de un presidencialismo simple a un presidencialismo de coalición, tal como ocurre en Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Y así será en Bolivia. Esta modalidad de régimen aún no institucionalizada ha venido a paliar, de facto, la carencia de ese delicado fusible que representa el primer ministro en los regímenes políticos parlamentarios, en donde el fracaso del jefe de gobierno no es siempre el fracaso del Jefe de Estado y una renovación de gabinete ministerial no significa necesariamente una crisis.

No obstante, estas coaliciones, sin embargo, sólo aseguran la gobernabilidad coyuntural en el Congreso, razón por la cual se hacen necesarios procesos de diálogo nacional.

En un escenario de transición (gobiernos efectivos, que fijan certidumbres, pero no eficaces, pues no han logrado aún un crecimiento económico prolongado), se ha planteado la tesis de que las nuevas democracias latinoamericanas tienden a convertirse en democracias delegativas.

La democracia asentada exige institucionalidad y reponsabilidad horizontal de los gestores, pero éstas no garantizan una salida real de la crisis si no existen alternativas, o si éstas pueden ser bloqueadas por los actores políticos y sociales en función de sus repertorios tradicionales de estrategias. Argentina, en los años de Alfonsín, no padeció tanto de su deficiente institucionalidad política como de la capacidad de veto de los actores sociales y del conservadurismo de las estrategias de sus actores políticos. El resultado fue el auge de la política plebiscitaria (o democracia delegada) con Menem.

Las características de las democracias delegativas recuerdan los rasgos tradicionalmente asociados a los regímenes populistas: se apoyan en un movimiento, no en un partido, el poder democrático se identifica con la Presidencia y se dan de lado como estorbos superfluos el Parlamento y el poder judicial, y en último término el elector se limita en ellas a designar plebiscitariamente a un caudillo, que se rodea de un equipo de tecnócratas a los que se pretende blindar frente a la presión de las demandas sociales o la interferencia de los partidos políticos. En este último rasgo, además, O'Donnell ve una clara continuidad respecto a anteriores regímenes burocrático-autoritarios.

En contraste con la democracias bien asentadas, las democracias delegativas adolecen de una fuerte incapacidad institucionalizadora, incapacidad para fijar reglas de juego estables (política, económica y socialmente), como la ausencia de responsabilidad y control horizontal de las decisiones del poder ejecutivo.

Así, el vertiginoso quehacer político en Perú, Brasil o Argentina, con la aparición de liderazgos caudillistas y extrasistémicos, sería consecuencia de políticas erráticas de los gobiernos, y éstas a su vez se explicarían por la ausencia de control parlamentario o del sistema de partidos sobre las decisiones del ejecutivo. La consecuencia inevitable de su carácter errático sería que estarían condenadas al fracaso, frustrando las expectativas populares y acelerando a su vez la volatilidad del voto, los liderazgos caudillistas y el carácter delegado de la democracia.

1. Cuando ubicamos la participación ciudadana en el contexto de la realidad latinoamericana, no puede obviarse el tránsito de los regímenes autoritarios a incipientes y aun precarias democracias que, entre su complicada agenda "adolescente", siguen debatiéndose en torno al papel que la sociedad civil y, más específicamente la participación ciudadana, debe desempeñar en estas sociedades. Inicialmente, los regímenes politicos neoliberales imperantes en los 80 y los 90 en América Latina concibieron la participación ciudadana prioritariamente como una forma de privatización, y por lo tanto, entendida en una función esencialmente económica, aunque con repercusiones en el campo de la política. Así, al reducir la participación ciudadana a la dimensión de una herramienta para la gestión eficiente, se amplía la carencia de la efectiva participación en el ámbito de lo político propiamente dicho.

   Y es que justamente la carencia de un efectivo ejercicio de participación ciudadana, ha provocado que en el proceso de transición exista un primer momento en el cual la ciudadanía, hasta entonces reprimida sistemáticamente, experimente una apatía absoluta de esa vinculación con lo público para luego dar paso a una rebeldía de la sociedad civil que estalla con fuerza de manera inorgánica, dando paso a tensiones largamente acumuladas que al expresarse arrasan no sólo con los mecanismos institucionales, sino que, de paso, ponen en evidencia una profunda crisis de representatividad política.

   Así, por ejemplo, los rasgos comunes de las crisis políticas ecuatoriana, venezolana, peruana y argentina son la existencia de agudos problemas sociales, incapacidad del gobierno para resolverlos, extendidas movilizaciones de protestas sin características ideológicas significativas que expresan más bien un estado de ánimo mezcla de ira y frustración, creciente pérdida de legitimidad del gobierno y de las instituciones democráticas que son percibidos como ineficientes y carencia de representatividad de los partidos políticos.

   Los partidos políticos, en los casos señalados, han sido sobrepasados, pues para su normal funcionamiento la democracia necesita de partidos sólidos que canalicen las inquietudes de la población. Fuera de ellos, como se ha demostrado en Perú y Venezuela, sólo existen montoneras inorgánicas que expresan posiciones meramente coyunturales. Las movilizaciones rupturistas expresan siempre un consenso de término, esto es la necesidad de acabar con un cierto estado de cosas que se rechaza, pero no expresan un consenso programático. En suma, estas movilizaciones se presentan en un contexto de crisis de gobernabilidad muy profunda ante la cual las personas no perciben salidas institucionales viables.

   Son los propios partidos y la misma actividad política los que no han sabido adecuarse de manera oportuna y eficiente al proceso de transformación social que viven nuestros países en términos de fortalecimiento de la sociedad civil, potenciamiento del sector privado en la economía y de un mundo infinitamente más abierto a la información en medio de un creciente desarrollo tecnológico de las comunicaciones.

   Más allá de la singularidad de cada proceso -y del juicio que pueda emitirse en cada caso- estas formas de cambio de gobierno están dando una señal inquietante: algo no anda bien en los mecanismos de participación y representación ciudadana en términos de canalizar las demandas de la sociedad civil; algo no anda bien en los métodos institucionales de resolución de conflictos que terminan siendo desbordados por las presiones sociales; algo no anda bien en las sociedades cuando las reacciones emocionales sustituyen a la racionalidad democrática.

   También se han promovido modos de representación alternativos, pero hasta el momento no se han propuesto otras formas de democracia que puedan operar sin el concurso de los partidos. En este sentido, en la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos, aún en aquellos que suelen ser considerados como sistemas de partidos de débil institucionalización, los partidos siguen siendo indispensables para el funcionamiento de los sistemas políticos democráticos y, sería inimaginable una democracia moderna sin partidos.

   Sin embargo, por una parte, la ciudadanía no encuentra formas de participación efectiva y transparente, por lo que ha vuelto sus ojos a la llamada sociedad civil, y, por la otra, la sociedad civil se presenta como una especie de nebulosa, en la cual encuentran cabida las más disímiles organizaciones y, por lo tanto, los más distintos intereses. No obstante esto, existe un interés creciente de parte de ciudadanos y ciudadanas por promover una redistribución del poder, producto de la cual se permita a la ciudadanía tener acceso a las decisiones que le afectan, así como también a participar en las instancias de control de la gestión estatal. Unos y otras desean una sociedad en la cual el Estado no sea el definidor exclusivo de las políticas, en el tanto se busca mejorar y profundizar la democracia.

   En las encuestas de opinión que se hacen en América Latina es una constante que los partidos (o más exactamente la forma partido) ha perdido legitimidad drásticamente. Se lo puede constatar también en los porcentajes de adherentes, militantes y simpatizantes tanto como en el reconocimiento social a su legitimidad. También en que los ciudadanos desasocian democracia y bienestar, aduciendo haber vivido situaciones sociales mejores durante el autoritarismo. Pero, a su vez, los mismos universos encuestados, siguen valorando positivamente a la función de la política organizada, llámese partido o no y a la función tolerante de la democracia frente a la exclusión y despotismo del autoritarismo.

   Los procesos de transnacionalización de nuestros países, parecen haber rebasado largamente a los partidos, los que no alcanzan a visualizarse con un rol en la globalización. No solo se trata de que mantengan vínculos internacionales (pertenencia organizativa,

2. PROCESO DE RECONFIGURACIÓN DE LAS FUERZAS Y DE LOS ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS.
3. CONCLUSIONES.

1. Los partidos estructuran la competencia y dan forma a los resultados electorales, crean un universo conceptual que orienta a los ciudadanos y a las elites, ayudan a concertar acuerdos en torno a políticas gubernamentales (de manera coyuntural, pero lo hacen), establecen acciones para la actuación legislativa; proveen de cuadros a las instituciones y hacen operativo al sistema político.
2. A partir de los 80, los altos niveles de volatilidad electoral, la falta de legitimidad de los actores políticos tradicionales y el desalineamiento ideológico de partidos y votantes dibujaron un escenario difícil para garantizar la estabilidad del sistema de partidos y por el contrario promovieron su desintegración y la desintegración de los mismos partidos.
3. La década de los noventa ha presenciado la aparición constante de puras "fórmulas electorales" carentes de consistencia y continuidad al término de los procesos electorales. Este proceso se inserta en un fenómeno de mayor alcance que afecta a buena parte de los países de la región andina, bautizado como "informalización de la política". El éxito de las fórmulas electorales lideradas por "independientes" a lo largo de los noventa no incorpora un elemento distintivo en la historia política nacional tanto por su carácter de independientes como por su marcado discurso anti-partidista y a-político.
4. Una vez pasados los primeros momentos de la transición a la democracia surgidos tras la década de 1980, ya en los procesos poliárquicos rutinarios, los electores han continuado reconociendo a los partidos como referentes, a pesar de los sentimientos antipartidistas de las elites; de la apertura de muchos regímenes políticos para la participación de sectores independientes y de la desconfianza que grupos ciudadanos manifiestan tenerles. Se ha criticado a los partidos, se han promovido modos de representación alternativos, pero hasta el momento no se han propuesto otras formas de democracia que puedan operar sin el concurso de los partidos.
5. En un sistema de partidos inestable, y quizá premodernos, una alta volatilidad del voto, y una administración pública minada por la corrupción, la tarea prioritaria en la búsqueda de salidas para América Latina parece pasar por la reforma del Estado. Tanto si aceptamos o no que uno de los rasgos fatales de la matriz de centralidad estatal era la existencia de un Estado hipertrofiado, débil por su carencia de autonomía frente a los actores sociales, pero demasiado grande para sus posibilidades reales de actuación eficaz, parece obvio que en la búsqueda de un nuevo régimen social de acumulación es preciso avanzar en la construcción de un Estado pequeño y fuerte, capaz de influir realmente en la orientación de la inversión y en la fijación de certidumbres económicas, y a la vez capaz de impulsar políticas de redistribución y expandir el mercado interno por un mecanismo distinto del reparto de rentas estatales.
6. La recomposición de los sistemas nacionales de partidos encuentra obstáculos en el proceso de transición democrática mismo. Estos están casi siempre impelidos de una necesidad de urgencia, de quemar etapas y de encontrar fórmulas mágicas que, al final, colisionan con el hecho de que la institucionalización de la politica no es cosa de un día.
7. La política, en tanto construcción legitima de la autoridad y las decisiones publicas, no debe ser una actividad especializada, más aún cuando los partidos poco contribuyen a generar confianzas en la población acerca del sistema de representaciones. Un importante paso es reconocer, con objetividad, que el déficit de confianza se supera, con el aporte del capital social acumulado en la sociedad civil. El capital social refiere a las interacciones entre la gente (actores, ciudadanos, organizaciones, opiniones), que generan y transmiten confianza en las instituciones.
8. Desde la perspectiva que hemos adoptado, la participación política entendida como representación delegada de los intereses ciudadanos, no puede ser la forma única ni exclusiva de acceso a la política. La necesidad urgente, ahora, es encontrar formas complementarias entre participación social y participación política. Los sujetos sociales deben influir en las decisiones publicas sin perder su identidad. Los sujetos políticos deben adoptar decisiones publicas legitimas sin evadir a la responsabilidad. Los partidos políticos y la sociedad civil deberán reconocer recíprocamente como interlocutores válidos. Este es, quizás, el eje sobre el cual gira una de los elementos neurálgicos de la participación ciudadana, como resultado de una rearticulación de las relaciones Estado – sociedad.
9. Para que la democracia funcione, uno de los supuestos es el inevitable cumplimiento de la función-partido. Esto es, que se pueda lograr la cohesión frente a la dispersión social, conformar un discurso simbólico de naturaleza nacional, entender y transmitir la proyección estratégica y general de la sociedad y el Estado, y la operación concertada de la política.
10. La nueva ecuación entre Estado y sociedad requiere de la resolución previa de la ecuación (clásica) entre sistema social y sistema político
11. Los partidos necesitan adaptarse al proceso de globalización. No solo se trata de que mantengan vínculos internacionales (pertenencia organizativa, corresponsalías) sino que asuman su rol en la reconformación nacional de la política dentro de una base de creciente transnacionalización. Dicho de otro modo, se trata de que asuman la forma nacional desde la cual operar una materialidad económica y social transnacional (inversiones, exportaciones, migraciones, identidad).
12. La sociedad se ha alejado de los partidos por su ineficiencia (en la representación de intereses sociales) o por su asociación con la corrupción. En América Latina, los partidos se enfrentan a una seria crisis de confianza y representatividad, debido en parte a la falta de transparencia (puerta abierta a la corrupción) en el financiamiento de la actividad política. Con el reestablecimiento de la democracia en América Latina, y la consiguiente rehabilitación de los procesos electorales como elemento central de la competencia por el poder político (se celebraron más de 100 elecciones entre 1978 y 1996), los partidos pueden recuperar su papel de actores centrales de la política.
13. El tránsito hacia un nuevo orden político y social en la región lleva implícita una doble exigencia de reconocimiento y apertura. De una parte, reconocimiento gubernamental de la existencia de sectores confrontados por fuera de las instituciones ?incluyendo a los partidos- y de la legitimidad, como interlocutores válidos en el proceso de reducción de las tensiones y conflictos sociales. Y de otra, apertura de los canales del sistema para permitir que estos sectores revinculen y diriman los escenarios ´naturales´ de la institucionalidad sus contracciones y conflictos".
14. En definitiva, de lo que se trata entonces es de determinar si, dentro de la modernización del Estado, tiene verdadera cabida su transformación democrática.

BIBLIOGRAFÍA

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5. Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg. Organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca. Febrero de 2001.
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11. Andrés Benavente y Jorge Jaraquemada. "América Latina: rebeldía social y política. ¿Qué conclusiones deja el quiebre institucional de Venezuela?"
12. Martha Lucia Pinzón "La búsqueda de nuevas formas de participación política en América Latina". Publicado en Summit of the American Center. Web: http://www.americasnet.net/Commentators/Martha_Pinzon/pinzon_65_spa.htm
13. Andrea Casafreda. "El fenómeno de "los independientes" y el sistema competitivo de partidos en el Perú. Alejandro Toledo, ¿una ventana a la renovación?". El fenómeno de "los independientes" y el sistema competitivo de partidos en el Perú. Publicado en Magazine DHIAL, una publicación editada por el Instituto Internacional de Gobernabilidad, en el marco del Proyecto LAGNIKS (Red y Sistema latinoamericanos de Información y Conocimiento sobre Gobernabilidad y Desarrollo Humano), con el patrocinio del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Generalitat de Catalunya (Gobierno Autónomo Catalán).
14. Carlos Raimundi y Mariano Tilli. Cuaderno de reforma política Nº 3: Financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales.
15. Luis Verdesoto Custode1. Documento de referencia Panel V. "Relación de los partidos politicos con la sociedad civil y los medios de comunicación".
16. Héctor Oliva. "Partidos políticos en Perú: la frustración de la participación política mediante la vía partidaria organizada". Publicación editada por el Instituto Internacional de Gobernabilidad, en el marco del Proyecto LAGNIKS (Red y Sistema latinoamericanos de Información y Conocimiento sobre Gobernabilidad y Desarrollo Humano), con el patrocinio del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Generalitat de Catalunya (Gobierno Autónomo Catalán).
17. Artículos de opinión de varios autores.

Autor:

Julio Alvarez Sabogal