América latina: entre sombras y luces (análisis)

CAPITULO 1:

Acreedores aterrorizados

El 21 de marzo de 1983 se celebraba en la Ciudad de Panamá la XXIV Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo.

Y el orador dijo:

"Debemos sepultar al liberalismo del siglo pasado, a Liberalismo manchesteriano. Que un nuevo liberalismo nazca, un liberalismo moderno, un neoliberalismo…"

Con esas palabras culminaba el discurso del banquero que allí representaba a uno de los 100 bancos que, entre 1974 y 1982, se habían convertido en los principales acreedores de América Latina. Con el término Neoliberalismo se pretendía abrir un camino que permitiese seguir cobrando las deudas de los países de América Latina que ya habían confesado que no podían seguir pagando.

El 13 de agosto de 1982, México anuncia públicamente que ya no tenía recursos para continuar pagando su deuda externa. A este se une Brasil seguidamente de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, la República Dominicana y casi toda Centroamérica, también confesaban su insolvencia.

Para México la crisis financiera por la que atravesaba se había originado una década antes cuando Israel sale triunfante en la Batalla de Yom Kipur, este hecho significó una derrota comercial para Estados Unidos y para los países que habían apoyado militarmente a Israel, contra los cuales el mundo árabe impuso un embargo en sus ventas de petróleo. El embargo –que sería respaldado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP-inició la gran escalada en los precios del petróleo que perduró hasta el año de 1980.

Un incremento radical en los precios del petróleo, era un fenómeno desconocido hasta ese entonces. A lo largo de muchos años y hasta la batalla del Yom Kipur, el precio internacional del petróleo se había mantenido en alrededor de dos dólares por barril. No obstante, a raíz del embargo y en pocos meses, su precio trepó hasta colocarse en un nivel cuatro veces superior. Al principio se creía que el incremento solo sería un fenómeno temporal; creencia que se apoyaba en la certeza de que ningún embargo en la venta de productos primarios podía tener éxito.

El embargo del petróleo logró multiplicar su precio 20 veces, hasta alcanzar una cotización de cuarenta dólares por barril en los mercados internacionales. La multiplicación del ingreso de los países petroleros superó varias veces la poca capacidad de consumo del mundo árabe. Al principio los ingresos sobrantes se destinaron casi de manera exclusiva a incrementar sus reservas monetarias; reservas que como resultado de una reacción humanamente lógica, pronto empezaron a generar inmensas cuentas particulares y estatales en los bancos más grandes de Estados Unidos, Europa y Japón. Estos hechos dan origen a un nuevo instrumento financiero: los petrodólares, la acumulación de estos comenzó a manifestarse de manera discreta en 1974, pero en 1975 se tornó agresivamente visible. Los saldos depositados en los bancos transnacionales crecieron desde 82 mil millones a principios de 1975 hasta 440 mil millones en 1980. Es decir, los depósitos de petrodólares se quintuplicaron en apenas cinco años. Pero el captar depósitos solo constituye la mitad de la actividad bancaria. La otra mitad que redondea el negocio, consiste en prestar esos depósitos para poder cobrar intereses. No obstante el negocio no podía ser ensamblado en sus dos mitades porque los países del primer mundo ejercían un férreo control sobre el flujo internacional de capitales, lo cual impedía que el dinero que con fluidez entraba a engrosar los depósitos, pudiera salir con la misma fluidez a engrosar los préstamos. Así, para lograr consolidar las utilidades bancarias se empezó a presionar para que los gobiernos no solo incentiven la libre entrada de los petrodólares, sino que también legalicen su libre salida en calidad de préstamos. El pragmatismo se impuso entre 1975 y 1980. A lo largo de ese quinquenio Alemania suprimió los limites al pago de intereses sobre depósitos de no residentes y, además, les otorgó el derecho a invertir en bonos estatales; Francia eliminó los obstáculos a la repatriación de capitales y suprimió el 10 por ciento de impuesto a las transacciones en euro-francos; Inglaterra extirpó los controles cambiarios sobre el movimiento de capitales y, además, facultó a varias empresas extranjeras para que puedan abrir oficinas y realizar actividades financieras en el mercado de Londres; Estados Unidos impuso la Ley de Tratamiento Nacional, la misma que faculta que la banca extranjera pueda invertir en territorio norteamericano. En la actualidad –principios del Siglo XXI-más de la tercera parte de los activos bancarios en Norteamérica son propiedad de extranjeros; y, finalmente, en 1979 el hermético Japón aprobó el Estatuto Gensaki, el cual autoriza que los extranjeros puedan poseer activos financieros dentro del Japón y en Yenes.

Como telón de fondo y en respaldo a esa nueva libertad para transferir capitales, oficialmente se empezó a proteger el dinero de todos aquellos que intervenían en el mercado: compradores, intermediarios y vendedores. Es decir, el sistema financiero pasaba a garantizar el funcionamiento de una gran caja fuerte, en la cual se podría custodiar los petrodólares hasta que sus dueños aprendieran a gastarlos.

Adicionalmente, el custodiar petrodólares proporcionaba a los bancos más agresivos la oportunidad de internacionalizar sus operaciones, lucrando al mismo tiempo de una atractiva utilidad. En la década de los 70, más de 400 bancos privados del primer mundo otorgaron préstamos al tercer mundo. Desde luego algunos bancos fueron más agresivos que otros y la mitad de la deuda de América Latina se originó en apenas 10 bancos: Manufactures Hanover, Chase Manhattan, Continental Illinois, First Chicago, Bank of America, Citicorp o Citibank, Bankers Trust, Chemical, Morgan Guaranty y el Lloyds Bank.

Adicionalmente, los gobiernos de América Latina podían financiar su déficit fiscal y comercial sin tener que cobrar nuevos impuestos, emitir dinero o crear aranceles. Es decir; sin generar ningún malestar entre los votantes. Desde luego, el monto de los préstamos no se establecía por la necesidad de financiamiento del deudor, sino por su capacidad de pago. Así, la deuda de los tres países que tenían una mayor capacidad de pago en virtud de sus exportaciones de petróleo –Venezuela, México y Ecuador– se incrementó en alrededor del 25 por ciento anual, mientras que para el resto de América Latina esa tasa no superó el 15 por ciento anual.

Los gobiernos árabes deseosos de adecuar la infraestructura productiva; y satisfacer las necesidades de vivienda, salud y educación de su gente; la aspiración de modernizar los servicios básicos otorgados por el soberano; y, quizás ocupando el centro de las prioridades, la febril tendencia por competir en una abierta carrera armamentista. Lo provocó una estampida en las necesidades de inversión, consumo y gasto de los países árabes. Así, para finales de los años 70, los gobiernos árabes habían aprendido técnicas muy ágiles para poder gastar rápidamente su dinero. Tan ágiles que, en 1981, varios gobiernos de los países petroleros alcanzaron su primer déficit en más de una década.

Por otro lado y en dirección contraria, el Primer Mundo se había educado para consumir menos petróleo. El caso más patético de esa educación se reflejó en el sinuoso camino recorrido por el primer avión supersónico de pasajeros civiles, el Concorde, que llegó a constituir el símbolo del poderío tecnológico del primer mundo. Para su fabricación Francia e Inglaterra crearon una empresa binacional: la Aerospatiale. La venta de los primeros pasajes se publicitó él hasta entonces inconcebible sueño de volar desde Europa a América en apenas cuatro horas. Sobre la base de tan prometedoras perspectivas, en una primera etapa la empresa Aerospatiale proyectó construir 120 aviones Concorde. Pero la demanda cayó drásticamente y solo pudieron venderse en total 13 aviones: siete a Inglaterra y seis a Francia. A pesar de que la campaña publicitaria lograba promocionar de manera muy convincente todas las realidades virtuales que el Concorde ofrecía en cada viaje, en la práctica tuvo más peso un pequeño detalle que no había sido previsto en las etapas del diseño, construcción y ensamblaje del Concorde: el vertical incremento en el precio de la gasolina. Cuando el Concorde fue concebido, el petróleo era un bien abundante y barato. Por lo tanto, el precio del combustible no mereció ninguna atención en su diseño y ensamblaje. Como era previsible, el aumento vertical del precio del petróleo generó un incremento también vertical en el costo de operación y en el precio de los pasajes del Concorde. En consecuencia, los aviones permanecían en tierra por falta de pasajeros. La permanencia del Concorde en tierra fue complementada con las otras estrategias creadas por el mundo industrializado para consumir menos petróleo: automóviles más livianos y motores más pequeños; edificios con ventanas herméticamente cerradas para ahorrar calefacción en invierno y aire acondicionado en verano; implantación obligatoria de horarios diferenciados de trabajo para utilizar más luz solar; y, en general, la adaptación de nuevos insumos para sustituir petróleo. Esas estrategias dieron muy buen resultado. La demanda de petróleo disminuyó y, por lo tanto, su precio y los ingresos de los exportadores. Así, al empezar los 80, la banca internacional constató que los petrodólares estaban fluyendo en dirección inversa: los países petroleros gastaban más; los países industrializados consumían menos; los depósitos decrecían; las arcas bancarias se secaban y el sistema financiero se hundía en una fuerte depresión. Para salir de esa depresión la teoría económica recomienda subir las tasas de interés. Si estas trepan lo suficiente, se asume que la gente ahorrará más y por tanto depositará más. En efecto, entre 1981 y principios de 1982, las tasas de interés lograron superar la hasta entonces histórica barrera del 20 por ciento.

Pero contra esa política conspiraba el hecho de que, si bien las altas tasas de interés restringen la demanda de nueva deuda, también pueden impedir recuperar la deuda vieja. Esto último debido a que en la mayoría de contratos el pago de la deuda se pacta con tasas de interés variable. Es decir, el interés que se paga no es el que rige a la fecha en que se otorga el préstamo, sino el que rige el día en que se lo cancela. En otras palabras, el deudor conoce el monto que recibe pero desconoce el monto que tendrá que pagar. Así, si el incremento en los intereses es tan brusco como el ocurrido en 1981 y 1982, los depósitos bancarios en lugar de aumentar disminuyen por cuanto los deudores que no pueden cubrir sus deudas. Es decir, el deseado superávit se convierte en un indeseable déficit.

La deuda externa de México que alcanzaba los 80 mil millones de dólares, comprometía a más de la mitad del capital propio de las siguientes instituciones: Bank of America, Citibank, First Chicago, Manufactures Hanover, Continental Illinois y Chase Manhattan. Todos son bancos norteamericanos. Las peligrosas consecuencias que podrían generarse por el anuncio del gobierno mexicano provocaron una visible alarma entre los administradores de los mencionados bancos, quienes de inmediato se lanzaron a la tarea de evitar que sus accionistas entrasen en pánico y en humana reacción, todos a una y en tropel, tratasen de vender en el mercado todas sus acciones, tal y como había sucedido en la gran crisis de los años 30.

Teniendo como telón de fondo ese temor y utilizando como plataforma los preparativos de la reunión anual del FMI y del Banco Mundial –a efectuarse en Toronto un par de semanas después del anuncio de México-se designó un pesado equipo de trabajo integrado por los gerentes y los abogados de los bancos más grandes, así como por funcionarios del Banco Federal de la Reserva, del Banco Mundial, del FMI y de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, entre otros. La conformación de ese embrionario cartel de acreedores tenía dos objetivos, ambos igual de urgentes. El primer objetivo era el de agrupar los principales bancos y entidades acreedoras bajo un solo paraguas, comité o club, ante el cual tendrían que comparecer los deudores mexicanos. El segundo objetivo era el de lograr que el gobierno mexicano garantice los pagos de la totalidad de la deuda mexicana, tanto la del sector público como la del sector privado. El obtener que el gobierno mexicano incluya bajo la garantía del Estado la deuda del sector privado tenía una importancia vital para los acreedores. Por un lado, la deuda privada constituía la tercera parte del total de la deuda mexicana y, por otro lado, era casi imposible recuperar los préstamos otorgados a los bancos privados si estos –como en efecto sucedió-también decidían declararse insolventes.

Esos problemas, felizmente, podrían ser fácilmente resueltos si el gobierno se comprometía a garantizar el pago total de la deuda privada, con lo cual esta quedaría sólidamente respaldada por los ingresos de las solventes empresas estatales, por el oportuno incremento de los impuestos, aranceles y tarifas, así como por la explotación más acelerada de las enormes reservas de petróleo del subsuelo mexicano.

Los bancos transnacionales raramente otorgan sus préstamos directamente a las personas, familias o empresas que solicitan el dinero, sino que el crédito es concedido a través de un banco local que en calidad de intermediario financiero negocia con el potencial cliente, analiza su solicitud y su capacidad de pago, examina las garantías y, en definitiva, se responsabiliza de recuperar el préstamo. Así, jurídicamente, los deudores de la banca internacional no son los individuos, las familias o las empresas que solicitan el dinero, sino los bancos locales que tramitan y aprueban el préstamo. Ese procedimiento ofrece claras ventajas al prestamista transnacional. Por un lado, permite obviar su incapacidad para calificar la solvencia de pago del deudor; capacidad que si tiene el agente o banco local. Por otro lado, en la eventualidad de que el deudor quiebre o se declare insolvente, el banco local se encuentra en una posición mucho más idónea para realizar las acciones legales pertinentes a la recuperación del dinero. Sin embargo, cuando sobreviene una declaración nacional de insolvencia, las posibilidades de que la banca transnacional pueda recuperar los préstamos otorgados al sector privado son extremadamente remotas, por una sencilla razón: en la práctica lo único que posee son los papeles o promesas de pago suscritas por los bancos locales que pertenecen a un sistema financiero que ha sido declarado insolvente.

Adicionalmente, debe recordarse que los bancos son dueños solamente de una muy pequeña porción del dinero que prestan. Cuando un grupo de individuos, familias o empresas, deciden crear un banco, los integrantes de esa nueva sociedad solo aportan el dinero que se necesita para realizar los primeros gastos en las edificaciones, muebles, equipos, adecuaciones y personal que requiere un banco para empezar a operar.

Ese dinero inicial –que dependiendo del tipo de contabilidad practicado puede adoptar nombres como „capital patrimonial., „capital suscrito., „capital neto., „capital accionario., „capital bancario., „capital semilla. y otros-usualmente está sujeto a ciertos límites legales mínimos.

En 1981, el promedio de ese límite legal mínimo en los países de América Latina, incluyendo México, podía cubrir apenas el 8 por ciento del total del crédito entregado al sector privado. El restante 92 por ciento, debía concederse utilizando el dinero del público depositante o acudiendo a los créditos otorgados por la banca internacional. Como la deuda de México totalizaba 80 mil millones, de los cuales la tercera parte era deuda privada, los accionistas de los bancos acreedores podían llegar a perder cerca de 24 mil millones de dólares. Una perdida tan grande justificaba cualquier maniobra para tratar de evitarla. Con ese temor en mente, los acreedores contrataron un selecto grupo de funcionarios y ex-funcionarios públicos y privados, cuya misión consistía en ensamblar una serie de argumentos destinados a demostrar la conveniencia y los potenciales beneficios que todos lograrían obtener si es que el gobierno mexicano aceptaba garantizar o asumir el pago de la deuda externa privada. La ocasión más propicia para exponer esos argumentos debía presentarse en la asamblea anual del Banco Mundial y el FMI, programada a realizarse a partir del 6 de septiembre de 1982 en Toronto.

El martes 31 de agosto de 1982 y sin utilizar innecesarias sutilezas, el Presidente José López Portillo decretó la nacionalización de los bancos privados. La mañana siguiente, ante el Congreso, expresaba lo siguiente:2 "La banca privada mexicana ha pospuesto el interés nacional y ha fomentado, propiciado y aún mecanizado la especulación y la fuga de capitales… Obviamente, la nacionalización irá acompañada de la justa compensación económica a los accionistas….. Las decisiones tomadas son expresión vital de nuestra Revolución y su voluntad de cambio. Que nadie vea en ellas influencias de extremismos políticos. Las circunstancias externas e internas llevan una vez más al Estado, a sacar de la cantera de la Constitución inspiración y fuerza para progresar por el camino de la revolución nacional. El Estado mexicano nunca ha expropiado por expropiar, sino por utilidad pública". Se dice que en el mundo aún no se ha logrado inventar una medida de política económica que pueda satisfacer a todos. No obstante, con el decreto de nacionalizar los bancos mexicanos todo el mundo estaba feliz: primero, los dueños de los bancos locales recibían una justa compensación por entregar bancos endeudados que habían sido declarados en quiebra, sin que a nadie importe que esos mismos banqueros hayan mecanizado la especulación y la fuga de capitales; segundo, el Gobierno había logrado progresar por el camino de la revolución nacional estatizando deudas privadas; tercero, los bancos extranjeros de un solo plumazo habían logrado que sus pérdidas –originadas en préstamos libremente concedidos al sector privado-sean asumidas por el Estado y el petróleo mexicano; y, finalmente, aunque nadie supiera el motivo, el pueblo mexicano también estaba feliz.

Entre el jueves 2 y el domingo 5 de septiembre de 1982, más de 200 mil trabajadores y campesinos mexicanos arribaron a la Ciudad de México para, en la plaza del Zócalo y junto a la plana mayor del gobierno, festejar el patriótico renacimiento de la revolución nacionalista del PRI. Lamentablemente la fiesta duró poco. Aplacada la euforia surgía la inocultable realidad de que las pérdidas de los bancos acreedores no serían pagadas por el gobierno mexicano, ni por los individuos que recibieron los préstamos, ni por los técnicos que los analizaron, ni por los banqueros que los aprobaron, sino por quienes habían bailado en la Plaza del Zócalo. Pocos días después del festejo, apareció una caricatura que representaba al Presidente José López Portillo ataviado con un sombrero de cocinero, mientras sonriendo distribuía entre un famélico grupo de curiosos, los pedazos de la factura de lo que terminaba de comer el único y obeso cliente que se encontraba apoltronado en el centro de la cocina. La nota de pie decía: es tan generoso que regala hasta sus deudas.

Hasta el día de hoy se desconoce si el caricaturista quiso simbolizar la generosidad del cocinero o la del comensal.

A México se agregaban Brasil, Argentina y Chile, los nueve bancos más grandes de Norteamérica tendrían que ser legalmente declarados en quiebra. Por lo tanto, había llegado la hora de solicitar y, de ser necesario, exigir la ayuda soberana de los gobiernos y de los pueblos de América Latina.

El Presidente Reagan viaja a Brasil y es recibido por su homologo el General Figueiredo en el Palacio de Itamaraty la misma noche del primero de diciembre, aclaró el objetivo que tenía su visita utilizando las siguientes palabras:

"Los problemas que la deuda ocasiona a muchos países nos obliga a actuar juntos y así asegurar que tenemos las herramientas necesarias. Los recursos del Fondo Monetario Internacional constituyen una de las más importantes de esas herramientas. Estados Unidos ha propuesto incrementar las cuotas del FMI, para asegurar que esos recursos sean los adecuados a la demanda de los países… "

Nuestras economías están entrelazadas y podemos crecer actuando concertadamente y no aisladamente. Nada es más destructivo que la decisión unilateral que pueda tomar un país para individualmente cortar el comercio y los flujos financieros… Felicitamos a usted, Presidente Figueiredo, y a su fuerte liderazgo… Del estilo transparente y directo del discurso emergían tres sencillos consejos: el primero sugería al gobierno del Brasil –y a los otros gobiernos de América Latina-que acudan al FMI, cuyos funcionarios ya habían recibido las debidas ordenes de otorgar a los países deudores, en calidad de nuevos préstamos, los recursos necesarios para que puedan continuar pagando su deuda externa.

En el segundo consejo se exhortaba a reconocer la mutua dependencia entre las economías del norte y las del sur. Una década después, esa interdependencia sería más conocida con el nombre de globalización. Con el tercer consejo se prohibía de manera firme y directa, aunque usando un léxico diplomático, la posibilidad de que los países deudores manejen unilateralmente las políticas para el pago de la deuda, sino que tendrían que hacerlo de acuerdo a un plan previamente concertado por los propios acreedores.

Desde luego ningún presidente norteamericano se tomaría la molestia de visitar un país sudamericano con el único fin de enumerar tres consejos, pero calificarlos de otra manera sería machacar en el poder de quien los emitía. Por otro lado, aún en el caso de que en efecto hubieran sido meros consejos, ninguno de los gobernantes de los tres grandes deudores de Sudamérica –Brasil, Argentina y Chile-hubiera encontrado en sus propios países el apoyo suficiente como para atreverse a expresar una opinión contraría. En Chile, después de casi una década del férreo gobierno del General Pinochet, la mayoría de la gente le exigía un plebiscito. En Brasil, de entre todos los generales de esa época, al General Figueiredo el destino le tenía deparado el final más triste. En Argentina, el fracaso de los gobiernos de los generales Videla, Viola, Galtiere y Bignone, los conduciría a declarar la Guerra de las Malvinas y a su humillante derrota.

El FMI hasta fines de la década de los 70 había permanecido limitado a la discreta y apacible tarea de examinar datos estadísticos y elaborar índices económicos, en el Palacio de Itamaraty se lo ascendió a la categoría de juez supremo en el proceso de renegociación de los pagos de las deudas que debería comenzar a efectuarse entre los bancos acreedores y los países deudores. El FMI parecía cumplir con todas las condiciones de ecuanimidad e imparcialidad que debe tener cualquier juez: la diversidad de sus 182 países miembros parecía garantizar una perspectiva imparcial y universal; la ubicación de sus funcionarios guardaba ecuanimidad con el tamaño y número de sus países miembros; en sus 38 años de existencia, en el FMI no se había producido ninguna acción discriminatoria contra alguno de sus miembros; y, en general, sus recursos habían sido equitativamente distribuidos.

Mientras que en la Plaza del Zócalo la nacionalización de los bancos se festejó como un acto exclusivo del revolucionario gobierno mexicano, en un par de meses se hizo evidente que en Brasil, Argentina, Chile y quizá en otros países, se necesitaría aplicar la misma receta. Y fue esa evidencia la que transformó a los propios banqueros en revolucionarios defensores de la tesis de nacionalizar los bancos locales. El FMI se enfrentó a la decisión de autorizar o no que Brasil, Argentina y Chile, repitan el experimento de México y nacionalicen la banca.

En un primer bando se alinearon las fuerzas opuestas a nacionalizar la banca. Ocupando el liderazgo se encontraban los organismos financieros que tienen su sede en Washington. Junto a ellos, aunque no en un sitio demasiado llamativo, se ubicaron los gobiernos de Brasil, Argentina y Chile, probablemente tratando de justificar el hecho de que las tres dictaduras habían tomado el poder y permanecido en él, blandiendo una bandera de lucha contra los grupos de tendencia socialista, que pugnaban por nacionalizar la economía de América Latina.

En el segundo bando se congregaban los grupos económicos cuyas ganancias podían desaparecer si no se nacionalizaban los bancos. Por último, aunque parezca insólito, en este bando también se ubicaban los propios accionistas de los bancos amenazados con la nacionalización. Debido a la influencia económica y política que ejercían cada uno de los dos bandos, la disyuntiva de nacionalizar o no los bancos locales había dejado de ser un problema doméstico para transformarse en un problema continental.

Además, cuando se celebró el baile del Zócalo en septiembre de 1982, México era el único país oficialmente declarado en moratoria. No obstante, antes de que finalice ese año también suspendieron sus pagos Brasil, Argentina y Chile y, poco después, seis países más. Para el mes de marzo de 1983, cuando se efectuó la reunión del BID en Panamá, 12 países de América Latina ya habían suspendido los pagos de su deuda externa.

El primer aspecto –ya lo vimos-fue solucionado por el Presidente Reagan durante su visita a Itamaraty cuando, el 1 de diciembre de 1982, reveló que el FMI ya había sido nombrado juez supremo de la deuda. Con relación al segundo aspecto, lo procedente hubiera sido que también se utilice al FMI como el paraguas bajo el cual puedan dialogar los dos litigantes. Pero existía un obstáculo de logística: la próxima Asamblea del FMI debía efectuarse recién en el mes de septiembre de 1983, fecha demasiado distante.

Esa distancia y la urgencia de resolver el problema, sugería que la ocasión más propicia para que los bandos se reúnan, se presentaría en la Asamblea Anual del BID, que ya había sido convocada para el 21 de marzo de 1983 en Panamá.

Utilizar como paraguas la asamblea del BID, además, ofrecía la ventaja diplomática de que -a diferencia del FMI-el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un perfil continental que es más adecuado para tratar un problema latinoamericano. Así y debido a la especial importancia que tendría esa reunión, a la lista inicial de asistentes integrada por los Gobernadores del BID y sus principales funcionarios, se agregaron los demás miembros del bando oficial., así como un sinnúmero de voceros de la banca, de los gremios y los organismos regionales y, desde luego, de los bancos acreedores. En base a esos antecedentes, desde principios de 1983 los acreedores –inspirados en el mecanismo ya utilizado por el gobierno mexicano-comenzaron a manejar sus contactos de „lobby. o „de pasillo., para lograr que en la agenda de Panamá se incluya el análisis de la conveniencia de nacionalizar los bancos domésticos que no podían pagar su deuda externa. La propuesta, obviamente, solo era formulada de manera verbal y con el carácter de informal. Sin embargo, desde un inicio fue rechazada por la mayoría de los principales directivos del FMI, del Banco Mundial y del propio BID.

El rechazo a nacionalizar la banca, se fundamentaba en el argumento de que ninguna forma de estatización era compatible con la filosofía del mercado liberal que supuestamente se estaba intentando implantar en las economías de Latinoamérica.

CAPITULO 2

El Club de los acreedores

La unión de los acreedores alrededor de un objetivo común se facilitaba por el hecho de que, desde hace varios años, entre ellos ya habían logrado organizar algunos gremios, incluyendo los siguientes: el "Club de París", que representa a los 17 países acreedores que tienen el mayor grado de bienestar y riqueza a nivel mundial; el "Club de Londres?, que protege los intereses de los principales bancos transnacionales y que actualmente ya no se reúne en Londres sino en Nueva York; y, el "Grupo Multilateral?, que aglutina al FMI, al Banco Mundial y a los principales bancos regionales, incluyendo al BID. Para mirar en perspectiva el sendero que tuvieron que transitar esos tres grupos hasta lograr una estrategia común, debemos recordar brevemente las circunstancias de su nacimiento y evolución.

El Club de París.

Este club se funda en 1956 cuyo objetivo era gestionar el cobro de la deuda de 700 millones de dólares que Argentina había contraído con varios países europeos. El origen de esa deuda se remonta a 1946, año en el que Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales. Una vez que asume el poder, Perón encuentra que Inglaterra adeudaba a la Argentina 500 millones de libras esterlinas por concepto de las toneladas de carne y de granos que habían sido entregadas a Inglaterra por Argentina durante la Segunda Guerra Mundial.

Por otro lado, en esos mismos años de guerra y ante la imposibilidad de importar maquinaria de Europa, Argentina se había endeudado en una cantidad similar pero en dólares por maquinarias y equipos comprados a Norteamérica. En vista de que Argentina tenía que pagar intereses por el monto adeudado a los Estados Unidos, mientras que no recibía ningún interés por su préstamo a Inglaterra, Perón solicitó consolidar los créditos entre los tres países con el objeto de que Inglaterra pague directamente a los Estados Unidos el correspondiente valor de la deuda que debía a la Argentina. A pesar de que la triangulación financiera es un mecanismo de negociación internacionalmente aceptado, el mecanismo se trabó en virtud de que Inglaterra dictaminó que pagaría su deuda únicamente con bonos denominados en libras esterlinas y, por otro lado, Estados Unidos dictaminó que solo aceptaría los pagos que sus deudores realicen en dólares. Ante la imposibilidad de pagar sus deudas con el mecanismo de triangulación, Perón decidió nacionalizar el servicio telefónico, los ferrocarriles, la producción y distribución de gas, así como otras industrias menores que jurídicamente pertenecían a varias empresas de capital inglés. Para indemnizar a los dueños de las firmas nacionalizadas, Perón decidió utilizar los bonos en libras esterlinas que habían sido entregados por Inglaterra en pago de la deuda. Además, con los ingresos generados por las tarifas de los servicios nacionalizados, empieza a cancelar su deuda a los Estados Unidos. Pero el proceso se detuvo en 1955, cuando Domingo Perón es derrocado por el General Pedro Eugenio Aramburu. El nuevo gobierno intenta reactivar el deteriorado comercio, para lo cual adquiere un nuevo préstamo externo para financiar sus importaciones de Europa. Así, contrata con varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de un año.

Pero como es obvio suponer, el presupuesto argentino –que por casi una década había logrado funcionar sin incrementar su deuda externa- encuentra insalvables dificultades para cancelar en el corto plazo de un año esa abultada nueva deuda de 700 millones de dólares. Ante esa imposibilidad, los países de la Comunidad Económica Europea deciden refinanciar la deuda de Argentina. Así, el Ministerio del Tesoro Francés organiza con varios de sus funcionarios radicados en París, una oficina para que efectúe las futuras gestiones de cobro a nombre de los países acreedores: es esta oficina la que eventualmente llega a ser conocida bajo el nombre de Club de París. Después de su fundación en 1956 y por casi tres décadas, las relaciones del Club de París con América Latina – además de las gestiones con Argentina- se limitaron a pocas y esporádicas actividades de renegociación con Brasil en 1961, con Chile en 1965 y con Perú en 1968. Sin embargo, a raíz de la reunión de Panamá en marzo de 1983, el Club de París se transformó en la Meca que en peregrinaje deben visitar puntualmente y por lo menos una vez cada año, todos los ministros de economía y finanzas de América Latina.

El Club de Londres.

El nacimiento de este Club comienza a gestarse el 31 de octubre de 1968, día en el cual se asocian el Citibank y su principal accionista, el Citicorp en virtud del visible éxito entre estos dos grandes bancos, pronto se le unieron otras entidades bancarias. Cuando la crisis financiera se destapó con la declaración de

México, esta asociación conocida como Steering Committee ya era un ser independiente y maduro, con capacidad para reaccionar ágil y eficientemente ante cualquier circunstancia; como en efecto reaccionó cuando tuvo que hacerlo -ya lo veremos- en Panamá. Las actividades de este club incluían las negociaciones con los deudores latinoamericanos, así como con los otros deudores de África, Asia y Europa del Este.

El Grupo Multilateral.

Este grupo está conformado por el FMI y el Banco Mundial en calidad de fundadores y socios principales. Actualmente se han integrado también los tres bancos regionales más importantes: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo.

El Fondo y el Banco, comparten los mismos 182 países miembros que tienen en la actualidad. Hasta el mes de agosto de 1982, el FMI mantuvo un crecimiento conventual dedicado exclusivamente a hacer honor a sus siglas. Es decir, a colectar las cuotas de sus miembros y con ellas mantener un fondo para financiar las necesidades monetarias de los países que tuviesen problemas en balancear su comercio internacional. El FMI supo cumplir su papel de manera eficiente, discreta y honesta, mientras otorgaba préstamos relativamente pequeños y recuperables. Por el contrario, el Banco Mundial mucho antes de la crisis del 82 ya había hecho sentir su presencia en los cinco continentes, especialmente entre 1968 y 1981 bajo la dirección del Coronel Robert McNamara, quien impulsó la más agresiva política de distribución de préstamos en la historia de esa institución. Para enfrentar la crisis de la deuda, el FMI, por intermedio de los „préstamos estructurales?, se encarga de fijar las tasas de interés, las tasas de cambio y el financiamiento presupuestario de los países deudores; el Banco Mundial, por intermedio de los „préstamos sectoriales?, se encarga de normar en los países deudores las políticas de ajuste al consumo, así como las políticas en „el lado de la oferta? o „políticas neoliberales?, como también se las denomina.

El Sindicato de Acreedores.

La alianza conformada por el Club de París, el Club de Londres y el Grupo Multilateral, tiene como objetivo fundamental el de persuadir a los gobiernos de los países deudores a adoptar las políticas necesarias para asegurar una suficiente disponibilidad de divisas con las cuales continuar pagando la deuda externa. Suele asumirse que la formación de este sindicato fue una acción cuidadosamente planificada entre los gobiernos de los países acreedores, los bancos prestamistas y los organismos multilaterales. El Grupo Multilateral rechazaban de plano la idea de nacionalizar más bancos, los miembros del Club de Londres creían que ese era el único camino disponible para recuperar el dinero adeudado por el sector privado.

Esa discrepancia entre acreedores no había podido ser resuelta, por lo menos a la luz pública, en los seis meses transcurridos desde la declaración de insolvencia de México y la reunión de Panamá. Así, desde un punto de vista humano, sí se justificaba la indignación del banquero orador que acusaba de liberales manchesterianos a los acreedores que se oponían a nacionalizar más bancos.

El club de Deudores.

De conformidad al tamaño de la deuda de cada país se podían diferenciar cuatro grupos: el primero integrado por México, con una deuda superior a los 80 mil millones de dólares, Brasil con 83 mil millones, Argentina con 43 mil millones y Venezuela con 32 mil millones. Un segundo grupo podría formarse con Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Costa Rica, países que tenían deudas de tamaño intermedio, entre los tres mil y los quince mil millones de dólares. Un tercer grupo formado por Paraguay, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y la República Dominicana, con deudas de alrededor de 2 mil millones de dólares cada uno. Y, un cuarto grupo, el formado por aquellos países que, no obstante su ubicación geográfica, sus gobiernos preferían excluirlos de la geopolítica de América Latina, tales como Belice, las Guayanas holandesa, inglesa y francesa, Haití y las colonias caribeñas. En el caso de Cuba, resultaba osado inscribirla en alguno de esos grupos. Por un lado, Cuba no constaba en la información financiera entregada por el FMI, el Banco Mundial o el BID. Por otro lado, quizás precisamente por esa falta de información, se presumía que Cuba no tenía ninguna deuda pendiente con la banca internacional. De todas maneras, cualquier elucubración habría resultado inútil. Ningún delegado cubano había sido invitado a la reunión de Panamá.

Al principio creímos que los 4 países ubicados en el primer grupo -México, Brasil, Argentina y Venezuela- serían los más entusiastas en apoyar una negociación conjunta. Al tener las deudas más grandes, en una acción global cosecharían los mayores beneficios. No obstante, la situación particular de sus gobernantes los predisponía en contra de nuestra propuesta. En el caso de México, la nacionalización había convertido a su gobierno en la vedette mimada por la banca internacional. Esa luna de miel podría agriarse al integrar un bloque con el resto de América Latina. En el caso de los regímenes militares de Brasil y Argentina, estos se encontraban en franca retirada y, es de suponer, preferían que sean sus sucesores quienes asuman la responsabilidad de unirse con otros gobiernos civiles. Por último, en el caso de Venezuela, a pesar del gran tamaño de su deuda, esta podía ser fácilmente amortizada con sus abultados ingresos petroleros. Por lo tanto, su gobierno no visualizaba ninguna ventaja para integrarse al resto de América Latina. El cuarto grupo también tenía que descartarse, por cuanto sus países se excluían de la geopolítica de América Latina o porque oficialmente carecían de deuda externa. Así, nuestra tarea tendiente a tratar de unificar a los deudores alrededor de una propuesta global, tendría que concentrarse en los catorce países que conformaban el segundo y tercer grupo. De acuerdo a la nómina de los participantes, cada delegación estaba presidida por el "Gobernador ante el BID?, que había adquirido ese status por ser el ministro de finanzas de su país. En cada delegación, además, participaba algún funcionario técnico que, por su trabajo, era quien más conocía las cifras y la problemática de la deuda externa. Decidimos que nuestro primer contacto debía efectuarse a través de esos funcionarios técnicos porque -así suponíamos- su conocimiento los tornaba sensibles a las ventajas económicas que cada país obtendría al ser parte de una estrategia común.

Nuestro primer objetivo se limitaba a conseguir que los jefes de delegación o "gobernadores?, acepten asistir a una sesión conjunta en donde -así esperábamos- pudiésemos persuadirlos de la conveniencia de analizar entre todos la posibilidad de formar un Consorcio de Deudores que, eventualmente, fuese capaz de negociar con el Sindicato de Acreedores en un mismo nivel jerárquico, diplomático, técnico y político.

La mayoría de los funcionarios que contactamos expresaron estar dispuestos a asistir a dicha reunión. Además, ofrecieron informar lo más pronto posible a sus „gobernadores? sobre el propósito que tendría la reunión a fin de que tuviesen tiempo para, desde Panamá, comunicarse con sus respectivos países en caso deseasen realizar cualquier consulta técnica o política. De esta manera, cada delegación podría contar con algún criterio oficial de manera previa a la reunión que, así se programó, se efectuaría a las tres de la tarde del jueves, antes de la clausura de la Asamblea del BID.

La propuesta.